A propósito de la ejecución del general Qasem Soleimani

La ejecución del general iraní Qasem Soleimani por parte de las FFAA de los EEUU tiene que ser comprendida como un paso más en la escalada de la tensión entre los Estados Unidos e Irán, desde que en 2015 Washington rompiera unilateralmente el acuerdo nuclear al que Occidente, la ONU y Teherán arribaron tras arduas negociaciones.

El general Soleimani era la cara visible de la creciente influencia de la Revolución Islámica en la región y una pieza clave en la política exterior iraní. Este escenario desató una nueva Guerra Fría entre Teherán y Riad, en la cual Irán (con el activo acompañamiento ruso) tiene a muchos países de la región alineándose a sus intereses: Irak, Siria, Líbano, Yemen, enfrentándose a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar (¿nuevamente en su eje tradicional?) e Israel. Una manera brutal de disminuir esa creciente influencia ha sido, por lo tanto, la ejecución del general Soleimani.

Por otro lado, cabe recordar que el 2020 es año electoral en Estados Unidos. El presidente Donald Trump acaba de llevar a cabo una acción del manual republicano de cara a las elecciones: endurecer las posiciones frente a un enemigo al cual, desde 1979, Washington recurre de manera sistemática. No está de más recordar que junto a Irak y Corea del Norte, Irán es protagonista recurrente del “Eje del Mal”.

Es ingenuo catalogar a esta ejecución como una aventura irresponsable de Washington. No lo es. Es una acción meditada y llevada a cabo con frialdad. Una decisión táctica consistente con la estrategia de enfrentar a Irán para borrar su influencia en una región caliente desde siempre, para la estabilidad global. De allí que la escalada del precio del petróleo, por ejemplo, beneficie a las explotaciones no convencionales en los Estados Unidos y perjudique sensiblemente a China (principal consumidor de lo producido en la región) y agrave las consecuencias de las sanciones económicas impuestas a Teherán, donde en el frente interno el moderado Hasan Rohani, enfrenta sus propias movilizaciones populares hace más de un mes por el encarecimiento del combustible.

Las consecuencias aparecen como difíciles de mensurar en este escenario, donde nuestro país permanece marginado de las decisiones adoptadas por los principales actores de la realidad internacional, pero sabiendo que nuestra respuesta ante la escalada en la crisis desatada condiciona indisimulablemente nuestro futuro inmediato.

Más allá de las especulaciones cortoplacistas, no podemos menos que condenar el acto de fuerza llevado a cabo por los Estados Unidos. Las acciones de Washington encajan (sin forzar en absoluto ninguno de los tipos) en lo que el Derecho Internacional define como “agresión” (resolución 3314 de 1974), con el agravante de que se llevó a cabo en un tercer país (Irak) sin conocimiento del mismo. Estas ejecuciones no son nuevas y a ellas han echado mano en reiteradas ocasiones muchos de los actores: EE.UU. (sin distinciones partidarias, tanto demócratas como republicanos), Reino Unido, Rusia, Turquía, Israel, Arabia Saudita, entre otros. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre: su repetición no disminuye la gravedad de la violación de los Derechos Humanos básicos que ellas implican.

Las repercusiones son imprevisibles, aunque difícilmente impliquen reacciones simétricas por parte del régimen de los ayatolas (mucho más racional de lo que Occidente lo presenta), pero llegarán. Están a la vuelta de la esquina.

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