Organización de Estados Americanos
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Capítulo 2: Bases Jurídicas y Actividades de la CIDH en el año 2000
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la CIDH” o “la
Comisión”) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(“la OEA”) con sede en Washington, D.C. Su mandato se encuentra en la Carta de
la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH es uno de
los dos órganos del sistema interamericano responsables de la promoción y la
protección de los derechos humanos; el otro es la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
2. La CIDH representa a todos los
Estados miembros de la OEA y está compuesta por siete miembros que actúan independientemente,
sin representar a ningún país en particular. Los miembros de la CIDH son
elegidos por la Asamblea General de la OEA por un período de cuatro años que
puede ser renovado. La CIDH se reúne en períodos ordinarios y extraordinarios
de sesiones varias veces por año. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH cumple las
tareas que le delega la Comisión y le brinda apoyo jurídico y administrativo en
el desarrollo de su labor.
3. En abril de 1948, la OEA aprobó
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá,
Colombia, el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter
general. La CIDH fue creada en 1959 y celebró su primer período de sesiones en
1960.
4. En 1961, la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación de derechos humanos de varios
países. Desde entonces, la Comisión ha realizado 78 visitas a 23 Estados
miembros. Sobre la base de las investigaciones realizadas in loco, la CIDH ha publicado hasta la fecha 51 informes especiales
de países.
5. En 1965, la CIDH fue autorizada expresamente para examinar denuncias
o peticiones vinculadas a casos específicos de violación de los derechos
humanos. Para el año 2000, la Comisión había recibido miles de peticiones, que
dieron lugar a más de 12.000 casos, concluidos o pendientes. Los informes finales de la CIDH publicados
en relación con esos casos individuales, se encuentran en los Informes Anuales
de la Comisión o en informes separados de países.
6. En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Convención entró en vigor en 1978. A mayo del año 2000, había sido ratificada
por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname,
Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados
ratificantes han acordado respetar y garantizar. La Convención también crea la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y define las funciones y
procedimientos de la Comisión y la Corte. Aparte de considerar las denuncias de
violaciones de la Convención Americana por los Estados que son partes de ese
instrumento, la CIDH tiene competencias, de acuerdo con la Carta de la OEA y
con su Estatuto, para considerar denuncias de violación de la Declaración
Americana por los Estados miembros de la OEA que no son partes de la Convención
Americana.
7. La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y
defensa de los derechos humanos. En cumplimiento de su mandato, la Comisión:
1. Recibe, analiza e investiga
peticiones individuales en las que se alegan violaciones de los derechos
humanos, de acuerdo con los artículos 44 y 51 de la Convención.
2. Observa la situación general de
derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales en
relación con la situación en Estados específicos, cuando lo considera
pertinente.
3. Realiza visitas in loco a los países para realizar un
análisis más profundo de la situación general y/o investigar una situación
específica. Estas visitas habitualmente dan lugar a la preparación de un
informe sobre la situación de derechos humanos observada, el cual se publica y
remite a la Asamblea General.
4. Estimula la conciencia pública
en relación con los derechos humanos en las Américas. Con ese fin, realiza y
publica estudios sobre temas específicos, tales como las medidas que deben
adoptarse para garantizar una mayor independencia judicial; las actividades de
los grupos armados irregulares; la situación de derechos humanos del menor y de
la mujer, y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
5. Organiza y realiza conferencias,
seminarios y reuniones con representantes de los gobiernos, las instituciones
universitarias, los grupos no gubernamentales, etc., para difundir información
y fomentar el conocimiento en relación con cuestiones vinculadas al sistema
interamericano de derechos humanos.
6. Recomienda a los Estados
miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de
los derechos humanos.
7. Solicita a los Estados que
adopten “medidas cautelares” para evitar un daño grave e irreparable a los
derechos humanos en casos urgentes. La Comisión también puede solicitar que la
Corte ordene “medidas cautelares” en los casos urgentes que planteen peligro a
personas, inclusive cuando no se ha presentado un caso ante la Corte.
8. Presenta casos ante la Corte
Interamericana y comparece ante ella en el litigio de los casos.
9. Solicita opiniones consultivas a
la Corte Interamericana en relación con aspectos interpretativos de la
Convención Americana.
8. Actualmente la Comisión está
tramitando unos 950 casos individuales. Cualquier persona, grupo u organización
no gubernamental puede presentar una denuncia ante la Comisión en la que alegue
la violación de un derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y/o la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La
denuncia puede ser presentada en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales de
la OEA (inglés, francés, portugués o español) y puede ser presentada en nombre
de la persona que plantea la denuncia o en nombre de un tercero.
9. Durante el período materia del presente informe, la Comisión se
reunió en cuatro ocasiones: en el 106º período ordinario de sesiones, del 22 de
febrero al 10 de marzo de 2000; en el 107º período extraordinario de sesiones,
entre el 12 y el 16 de junio de 2000; en el 108º período ordinario de sesiones,
del 2 al 20 de octubre de 2000, y en el 109º período extraordinario de
sesiones, del 4 al 8 de diciembre de 2000. [1]
10. En el 106º período ordinario, la Comisión consideró y
aprobó el Informe Anual de 1999, que posteriormente fue presentado a la
Asamblea General de la OEA, en el trigésimo período ordinario de sesiones,
celebrado en Windsor, Canadá, en junio de 2000.
11. La Comisión también examinó numerosas peticiones
individuales sobre violaciones de los derechos humanos en las que se alega la
responsabilidad internacional de Estados miembros de la OEA. Aprobó un total de
52 informes sobre peticiones y casos individuales y celebró 41 audiencias sobre
casos individuales, la situación general de derechos humanos en diversas
naciones del continente, medidas cautelares, recomendaciones de seguimiento y otras
cuestiones en las que tiene competencia. Además, la Comisión celebró una serie
de audiencias y reuniones de trabajo con peticionarios y representantes de
Estados miembros de la OEA para promover la solución amistosa de las denuncias.
12. También en el curso
de este período de sesiones la CIDH aprobó la versión final de su Informe sobre
la situación de derechos humanos de las personas que buscan asilo dentro del
sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado. En este
informe se incluye información recibida antes, durante y después de la visita
de la Comisión a Canadá, realizada en octubre de 1997, por invitación del
Gobierno canadiense, con el propósito de examinar el sistema de ese país para
la determinación de la condición de refugiado, conjuntamente con los recursos
internos correspondientes a que pueden acceder las personas que buscan asilo en
Canadá.
13. La CIDH siguió recibiendo información de su Relator
Especial para la Libertad de Expresión, Dr. Santiago Canton, en relación con la
situación de libertad de expresión en diversos Estados del continente. La
Comisión también estudió las recientes iniciativas de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA y del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Derechos Humanos creado en
San José, Costa Rica, en noviembre de 1999, por los ministros de relaciones
exteriores de varios Estados del continente.
14. En el curso del período de sesiones, la Comisión tuvo
oportunidad de reunirse con el Dr. Pedro Nikken, Presidente del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y con el Director Ejecutivo Adjunto,
Dr. Charles Moyer, para analizar cuestiones de interés mutuo, como la
cooperación en la promoción de los derechos humanos y el proceso de
fortalecimiento del sistema interamericano. La Comisión también tuvo el placer
de recibir al Dr. Leo Valladares, Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de Honduras y Presidente de la Federación Iberoamericana de
Defensores del Pueblo, para abordar diversos asuntos de interés común
relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos en el
continente.
15. Además, durante este período de sesiones la Comisión
aprobó una recomendación sobre la “Erradicación del reclutamiento y la
participación de niños en los conflictos armados”, en la que se condenaron las
prácticas de protagonistas estatales y no estatales que violan los derechos
humanos del niño, como la “conscripción” de niños y adolescentes por las
fuerzas armadas y grupos disidentes armados. La Comisión también aceptó una
invitación del Gobierno de la República Federativa del Brasil para celebrar el
siguiente período extraordinario de sesiones en ese país.
16. La Comisión celebró el 107º período extraordinario de
sesiones en Brasilia y São
Paulo, Brasil, por invitación del Gobierno de la República Federativa
del Brasil. En el curso del período extraordinario de sesiones, la Comisión se
reunió con autoridades y organizaciones brasileras, incluido el Presidente de
la República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, asistió a seminarios sobre el
sistema interamericano para la promoción y la protección de los derechos
humanos y celebró reuniones para examinar casos individuales, asuntos de
carácter general y otras cuestiones vinculadas a la enmienda de su Reglamento.
17. Asimismo, entre sus actividades, la Comisión firmó un
acuerdo de cooperación con la Suprema Corte de Justicia del Brasil y examinó
asuntos de derechos humanos y su actual situación en el continente y en el
Brasil, en el contexto de dos seminarios públicos al que asistieron autoridades
gubernamentales, especialistas y dirigentes de organizaciones de derechos
humanos brasileras. Además, por invitación del Gobierno del Estado de Río de
Janeiro, una delegación especial de la CIDH asistió en esa ciudad a la firma,
por el Gobernador Anthony Garotinho, de una ley adoptada por la Asamblea
Legislativa del Estado por la que se otorga una pensión vitalicia a las
personas víctimas de las matanzas de Vigario Geral y Candelaria ocurridas en
1993 y a sus familiares. En esa
ocasión, 28 niños de la calle fueron asesinados por agentes de la policía
militar.
18. Además, la Comisión tuvo el honor de asistir al
otorgamiento de la Gran Cruz de la Orden de Río Branco a su Presidente, Dr.
Hélio Bicudo, en reconocimiento a su larga y meritoria lucha por la democracia
y los derechos humanos. La condecoración fue otorgada por iniciativa del
Presidente de la República del Brasil.
19. Durante este período de sesiones, la Comisión también
consideró y aprobó varios informes sobre casos individuales y continuó el
examen de la reforma del Reglamento de la Comisión, como parte del proceso de
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.
20. Durante el 108º período ordinario de sesiones, la Comisión
siguió estudiando numerosas comunicaciones individuales en que se alegaba la
violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana y/o la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y a este respecto
aprobó un total de 50 informes. La Comisión también celebró 52 audiencias
sobre: casos individuales, la situación
general de derechos humanos en distintos países del continente, medidas cautelares,
seguimiento de recomendaciones y otros asuntos de su competencia. Asimismo, la
Comisión celebró una serie de audiencias y reuniones de trabajo con
peticionarios y representantes de los Estados miembros de la OEA para promover
la solución amistosa de denuncias, y consideró pedidos de medidas cautelares de
la Comisión y de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
21. Asimismo, en el curso de este período de sesiones, la
Comisión consideró y aprobó una Recomendación sobre Asilo y Delitos
Internacionales, en la que se recomendó a los Estados miembros de la OEA
abstenerse de otorgar asilo a toda persona que fuera presunta autora material o
intelectual de delitos internacionales. Análogamente, la Comisión consideró y
aprobó una Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión preparada por
el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Dr. Santiago
Canton, con miras a lograr una protección más efectiva de este derecho, que la
Comisión considera fundamental para la consolidación y el desarrollo de la
democracia.
22. Además, el 18 de octubre de 2000, a pedido de los Jefes de
Gobierno de la Comunidad del Caribe, el Secretario General de la OEA convocó
una reunión entre la Comisión y representantes de los países del CARICOM,
encabezada por el Procurador General de Jamaica, el Honorable Arnold Joseph
Nicholson. Durante la reunión se intercambiaron opiniones sobre procedimientos
y jurisprudencia de la Comisión en relación con el sistema de peticiones, así como
sobre los métodos para fomentar la comprensión y cooperación entre los Estados
miembros del CARICOM y la Comisión.
23. Como parte de su programa de trabajo durante el período de
sesiones, la Comisión continuó la consideración de la reforma de su Reglamento
con miras a fortalecer el sistema interamericano de protección y promoción de
los derechos humanos. Además, el Presidente de la CIDH, Dr. Hélio Bicudo,
participó en la sesión celebrada el 19 de octubre de 2000 por la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, para continuar el diálogo sobre el
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y el Dr. Juan
E. Méndez, Segundo Vicepresidente y Relator para los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y sus Familias, participó en una reunión de dicha
Comisión, vinculada a esa área temática. Durante el período de sesiones, la
Comisión también aceptó una invitación del Gobierno de la República de Chile
para celebrar una sesión extraordinaria en ese país en el año 2001.
24. En el 109º período extraordinario de sesiones, la Comisión
continuó el examen de peticiones individuales sobre violaciones de los derechos
humanos y aprobó varios informes, logró sustanciales acuerdos de solución amistosa
y deliberó sobre la visita “in loco”
de la Comisión a Haití, del 21 al 25 de agosto de 2000 (véase más adelante).
25. En el curso de este
período de sesiones, la Comisión también concluyó las enmiendas a su
Reglamento, dentro del contexto de los empeños por fortalecer el sistema
interamericano de derechos humanos. Estas reformas fueron precedidas de
intensas consultas con los Estados miembros de la OEA, organizaciones no
gubernamentales y otros representantes de la sociedad civil y expertos independientes.
El texto final fue posteriormente publicado en enero de 2001 y entrará en
vigencia el 1º de mayo de 2001.
26. Las enmiendas al
Reglamento son las siguientes:
incorporación de un procedimiento para la admisibilidad de las peticiones como
etapa separada, a fin de determinar si las mismas cumplen los requisitos
establecidos y adoptar una decisión mediante un informe público;
reducción de los plazos de las etapas de admisibilidad y méritos en el trámite
de las peticiones;
una disposición que aclara las normas que rigen las medidas cautelares en el
nuevo Reglamento, a la luz de las prácticas corrientes;
consolidación del marco jurídico para controlar la implementación de las
recomendaciones formuladas en los informes sobre casos individuales y sobre la
situación de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA;
una disposición en la que se afirma que los casos de los Estados miembros que
han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana y no han
aplicado las recomendaciones del informe aprobado por la Comisión de acuerdo
con el artículo 50 serán presentadas a aquel órgano, excepto en los casos en
que se adopte decisión en contrario bien fundamentada por mayoría absoluta de
sus miembros, sobre la base de criterios prescritos, incluida la posición del
peticionario, la naturaleza y gravedad de la violación, la necesidad de sentar
jurisprudencia en el sistema o de
aclararla, el posible efecto de la decisión en los sistemas jurídicos de
los Estados miembros y la calidad de las pruebas disponibles;
una disposición que permite la participación del peticionario y la víctima en
la etapa previa a la decisión de remitir el caso a la Corte, y
una disposición que define el marco legal para establecer oficinas y grupos de
trabajo de los relatores, incluido un grupo de trabajo sobre admisibilidad,
para facilitar el cumplimiento de las tareas de la Comisión.
27. Además, el 6 de diciembre de 2000 la Comisión convocó una
conferencia en la Secretaría General de la OEA, con la participación de
representantes de los Estados, varios sectores de la sociedad civil, la
Secretaría General de la OEA y los órganos responsables de la promoción y
protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. La conferencia
se centró en varias propuestas formuladas para fortalecer el sistema
interamericano de derechos humanos y, específicamente, determinar si la posible
enmienda de la Convención Americana podría contribuir al fortalecimiento o
debilitamiento del sistema. A este respecto, existió consenso entre los
oradores en cuanto a que todo proceso destinado a fortalecer el sistema sólo
lograría resultados si era producto del acuerdo entre todos los sectores involucrados
en el proceso, incluidos los Estados, la sociedad civil y los órganos del
sistema. También se convino que en todo proceso de fortalecimiento debía
tenerse en cuenta la necesidad específica de otorgar a los órganos del sistema
interamericano de derechos humanos los recursos financieros y humanos
necesarios para su debido funcionamiento, de hacer universal el sistema entre
todos los Estados miembros de la OEA y dar debida prioridad, dentro de los
órganos políticos de la OEA, al control de la implementación de las
recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano. Además,
los participantes descartaron toda enmienda de la Convención Americana a esta
altura de la evolución del sistema, por considerarlo inadecuado e inclusive
contraproducente.
28. En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión realizó
una visita in loco del 21 al 25 de
agosto de 2000 a Haití, por invitación del Gobierno de ese país. Efectuada
cinco años después de su última visita, el evento tenía el propósito de
observar la situación de derechos humanos en Haití y establecer lazos más
estrechos entre la Comisión, el Gobierno haitiano y la sociedad civil, para
fomentar sus empeños cooperativos en aras de la protección y promoción de los
derechos humanos en ese país. La delegación de la Comisión estuvo integrada por
su Presidente, Dr. Hélio Bicudo; los Miembros de la Comisión Dr. Peter Laurie y
Dr. Julio Prado Vallejo; el Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana; el
Secretario Ejecutivo Adjunto, Dr. David J. Padilla; las Especialistas en
Derechos Humanos Dra. Bertha Santoscoy y Dra. Raquel Poitevien Cabral; la
Intérprete de la OEA Sra. Rose-Marie Brierre; el funcionario del Departamento
de Información Pública de la OEA Sr. Luiz O. Coimbra y las Asistentes
Administrativas señoras Martha Keller y Gloria Amanda Molina.
29. En el curso de la visita, la CIDH se reunió con su
Excelencia el Presidente de la República, Sr. René G. Préval y otros altos
funcionarios del país, y con funcionarios legislativos y judiciales. También se
reunió con varios sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones
de derechos humanos y otros grupos del ámbito social y humanitario,
representantes de la Iglesia Católica, presuntas víctimas de violaciones de los
derechos humanos, periodistas y representantes de otras organizaciones
internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Además, la Comisión visitó la
Penitenciaría Nacional y el Fuerte Nacional, un centro de detención de mujeres
y jóvenes.
30. En el curso de su visita, la Comisión recibió denuncias de
violaciones de los derechos humanos en Haití y reunió otros datos abundantes y
complejos a ser examinados en la sede de la Comisión, con miras a preparar un
informe analizando la situación de derechos humanos en el país. El informe
contendrá las conclusiones y recomendaciones de la Comisión, basadas en su
visita, y será publicado al concluir los procedimientos reglamentarios de la
Comisión.
31. El 22 de marzo de 2000, la Comisión y la Organización
Internacional de Migración firmaron un Acuerdo de Cooperación institucional
destinado a consolidar y racionalizar los empeños continentales por mejorar la
promoción y protección de los derechos de los emigrantes en general y,
especialmente, de los trabajadores migratorios y sus familias. Este Acuerdo
estableció las bases de una serie de actividades conjuntas para promover la
observancia y protección efectiva de los derechos humanos de los emigrantes en
las Américas por parte de la CIDH y la OIM.
32. Los días 26 y 27 de abril de 2000, el Miembro de la
Comisión Robert K. Goldman visitó Santafé de Bogotá, Colombia, para participar
en una reunión especial del grupo de trabajo creado para dar seguimiento al
proceso de solución amistosa en el Caso Nº 11.227, vinculado al partido
político Unión Patriótica. Durante la visita, el Sr. Goldman se reunió con el
Ministro de Relaciones Exteriores y el Director de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos de la Oficina del Procurador General; asimismo, mantuvo
contactos con representantes de organizaciones de derechos humanos y realizó
actividades de promoción en centros universitarios.
33. El 2 de junio de 2000 la Comisión aprobó el Informe sobre
la Sitiuación de Derechos Humanos en Perú. Este informe fue preparado sobre la
base de información y documentos recibidos antes, durante y después de la
visita in loco de la CIDH a la
República del Perú, del 9 al 13 de noviembre de 1998, por invitación del
Gobierno de ese país. Entre los asuntos abordados en el informe corresponde
señalar el estado de la democracia y el régimen de derecho en Perú, incluido un
estudio sobre la estructura del Estado, la situación actual de la
administración de justicia y las obligaciones internacionales del Perú, así
como la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país
y la situación del sistema penitenciario nacional. Como parte de sus
conclusiones, la Comisión comprobó falta de independencia judicial, graves
restricciones a la libertad de expresión, acoso e intimidación de opositores
políticos y serias irregularidades en las elecciones que a la sazón acababan de
celebrarse. La Comisión reclamó el establecimiento del régimen de derecho en
Perú y la organización de elecciones libres e imparciales que satisfagan las
normas internacionales aplicables.
34. En un acto público realizado en Ciudad de Guatemala el 9
de agosto de 2000, con la presencia del Decano Claudio Grossman, Primer
Vicepresidente de la CIDH y Relator para Guatemala, y del Embajador Jorge E.
Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión, el Estado guatemalteco, por medio
del Presidente de la República, Dr. Alfonso Portillo, reconoció su
responsabilidad en 10 casos de violación de los derechos humanos pendientes en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado guatemalteco también
prometió garantizar que el procedimiento de solución amistosa incluiría una
compensación adecuada y/o asistencia a las víctimas y a sus familias, y
“controlar y promover la investigación de los actos materia de esta
declaración, para procesar por la vía penal y administrativa a las personas
que, en el cumplimiento de las funciones oficiales o incurriendo en abuso del
poder del Estado, se presuma hayan participado en la violación alegada”.
35 El 18 de octubre de 2000 se inauguró la nueva Biblioteca
Rómulo Gallegos de la CIDH, con la presencia del Observador Permanente de
España ante la OEA, Embajador Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga. Las mejoras a
la biblioteca de la Comisión fueron posibles gracias a la generosa colaboración
financiera del Gobierno de España, iniciada en 1999. La biblioteca es una
fuente de información especializada que la Comisión ofrece gratuitamente a la comunidad
de derechos humanos de las Américas.
36. Durante el período materia del presente informe, la
Comisión tuvo el placer de comprobar la ratificación de varios tratados de
protección de los derechos humanos en las Américas por algunos Estados miembros
de la OEA.
37. El Representante Permanente de Costa Rica depositó el
instrumento de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura el 8 de febrero de 2000, siendo éste el decimosexto Estado
que ratifica la Convención.
38. El 25 de febrero de 2000, Guatemala depositó su
instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, con lo que asciende a 8 el número de Estados partes de
dicho instrumento. Guatemala también depositó su instrumento de ratificación
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como
Protocolo de San Salvador, el 6 de octubre de 2000, con lo que asciende a 12 el
número de Estados que han ratificado dicho tratado.
39. El 4 de junio de 2000, en el curso del trigésimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, se realizó una
ceremonia en la que Barbados aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62 de la
Convención Americana, con lo que asciende a 21 el número de Estados miembros de
la OEA que han aceptado esta competencia de la Corte.
40. Además, el Gobierno del Paraguay pasó a ser parte del
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, al depositar su instrumento de ratificación de
dicho Protocolo el 7 de diciembre de 2000.
41. La Comisión continuó en el año 2000 el programa de
capacitación “Becas Rómulo Gallegos”. El programa ofrece capacitación en el
sistema interamericano para la protección y promoción de los derechos humanos a
jóvenes abogados de los países del continente, los cuales son seleccionados
anualmente por concurso. Los aspirantes tienen que poseer un demostrado
compromiso con los derechos humanos y sólidas calificaciones universitarias.
Actualmente la Comisión cuenta con cinco becas Rómulo Gallegos.
42. Los Miembros de la Comisión, el Secretario Ejecutivo, el
Secretario Ejecutivo Adjunto y los abogados de la Secretaría participaron en el
Quinto Concurso Anual de Tribunales Simulados sobre el sistema interamericano
de derechos humanos, en mayo de 2000, organizado por la Facultad de Derecho de la American
University, en Washington, el cual desde el primer concurso realizado en
1996 ha contado con la participación de más de 500 estudiantes y docentes que
representan a 55 universidades de más de 20 países, incluidos Argentina,
Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
43. A lo largo del año
2000, la Comisión y la Secretaría participaron también en numerosas
conferencias internacionales sobre el sistema interamericano de derechos
humanos y temas conexos, inclusive cuestiones de género, los derechos de los
refugiados y las funciones de los defensores del pueblo. En el curso de estos
eventos, Miembros de la Comisión y personal de la Secretaría participaron en
diversas actividades, inclusive paneles de discusión, seminarios de
capacitación para jueces, funcionarios policiales y judiciales y defensores del
pueblo, y en seminarios relacionados con el fortalecimiento de los sistemas
regionales de protección de los derechos humanos.
44. Además, en diciembre
de 2000 la Comisión Interamericana tuvo el placer de aceptar un ofrecimiento
del Gobierno de Granada de ser sede del primero de dos seminarios en la región
del Caribe sobre el sistema interamericano de derechos humanos. El seminario,
que fue posteriormente convocado por la Comisión los días 1º y 2 de febrero de
2001, en colaboración con la Red de Derechos Humanos del Caribe, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, la Secretaría del Commonwealth y el
Gobierno del Reino Unido, tuvo el propósito de promover los instrumentos y
mecanismos de derechos humanos del sistema interamericano en la región del
Caribe. La Comisión también decidió celebrar un segundo seminario en la región
occidental del Caribe, probablemente a mediados de 2001.
45. La Comisión siguió litigando una serie de materias ante la
Corte Interamericana de Derechos humanos.
46. Durante el período
que abarca este informe, la Comisión presentó los siguientes casos contenciosos
a la Corte Interamericana: Caso Nº 11.528 (Barrios Altos) contra la República
del Perú; Caso Nº 11.787 (George Constantine y otros) contra la República de
Trinidad y Tobago; Caso Nº 12.148 (Peter Benjamin y otros) contra la República
de Trinidad y Tobago; Caso Nº 11.752 (Walter David Bulacio) contra la República
Argentina, y Caso Nº 11.603 (19 comerciantes) contra la República de Colombia.
Con la presentación de los casos mencionados ante la Corte Interamericana, la
Comisión tiene actualmente 30 casos ante esa instancia.
47. También durante el
año 2000, la Comisión participó en numerosas audiencias públicas ante la Corte.
En el 47º período ordinario de sesiones de la Corte, del 24 de enero al 4 de
febrero de 2000, la Comisión participó en audiencias sobre: la interpretación
de la sentencia de la Corte en el Caso Cesti Hurtado (Perú); los méritos en el
caso Baena Ricardo y otros (Panamá) y en las objeciones preliminares en el Caso
Trujillo Orozo (Bolivia). En el 48º período ordinario de sesiones de la Corte,
del 7 al 18 de agosto de 2000, la Comisión participó en audiencias sobre: un
pedido de medidas provisionales en nombre de haitianos y dominicanos de
ascendencia haitiana en la República Dominicana; reparaciones en el caso Cesti
Hurtado (Perú); objeciones preliminares en el Caso Hilaire (Trinidad y Tobago),
y reparaciones en el Caso Paniagua Morales y otros (Guatemala). En el curso del
24º período extraordinario de sesiones y del 49º período ordinario de sesiones
de la Corte, del 12 al 25 de noviembre
de 2000, la Comisión participó en audiencias sobre: medidas provisionales en la
materia de la Comunidad Paz de San José de Apartado (Colombia); méritos en el
Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni (Nicaragua); méritos en el Caso
Ivcher Bronstein (Perú) y méritos en el Caso Tribunal Constitucional (Perú).
48. Durante el período
comprendido por el presente informe, la Comisión también tomó nota de varias
sentencias de la Corte sobre los méritos en casos a su examen durante el año
2000, incluidos: la sentencia sobre méritos en el Caso Durand y Ugarte (Perú)
dictada el 16 de agosto de 2000; la sentencia sobre méritos en el Caso Cantoral
Benavides (Perú), dictada el 18 de agosto de 2000, y la sentencia sobre méritos
en el Caso Bámaca Velásquez (Guatemala), dictada el 25 de noviembre de 2000.
49. Los días 5, 6, 8 y 9 de febrero de 2000, representantes de la Comisión participaron en dos reuniones de expertos celebradas en la sede de la Corte, como parte del seguimiento de las conclusiones alcanzadas en el Seminario celebrado por la Corte en noviembre de 1999 sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el umbral del siglo XXI. El objetivo de las reuniones de expertos fue intercambiar ideas sobre el actual proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos; a las reuniones también asistieron actuales y ex miembros de la Corte y juristas especializados de las Américas y de Europa.
50. Durante el trigésimo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, celebrado en Windsor, Canadá, en junio de 2000, la Comisión
estuvo representada por su Presidente, Dr. Hélio Bicudo, el Primer
Vicepresidente, Decano Claudio Grossman, el Segundo Vicepresidente, Dr. Juan
Méndez, y el Secretario Ejecutivo, Embajador Jorge E. Taiana. El Presidente de
la Comisión se dirigió a la Asamblea General en relación con la situación
general de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y presentó
oficialmente el Informe Anual 1999 de la Comisión. La Comisión también divulgó
públicamente, en el curso de la Asamblea General, el Informe sobre la Situación
de Derechos Humanos en Perú, el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos
de las Personas que buscan Asilo dentro del Sistema Canadiense de Determinación
de la Condición de Refugiado y el Informe sobre la Situación de Derechos
Humanos en la República Dominicana.
51. La Asamblea General
aprobó varias resoluciones en la esfera de los derechos humanos y el derecho
humanitario. Dada su importancia para la promoción y defensa de los derechos
humanos en las Américas y para la consolidación del sistema interamericano, se
reproducen a continuación las siguientes resoluciones:
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS:
El informe del Consejo Permanente
sobre la evaluación y el perfeccionamiento del sistema interamericano de
protección y promoción de los derechos humanos, presentado en cumplimiento de
la resolución AG/RES. 1633 (XXIX-O/99) (CP/doc.3302/00); y
l informe del Presidente de la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en relación con el diálogo sobre el
sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos
(CP/CAJP-1610/00 rev. 2), celebrado en el marco de dicha Comisión, el cual
identifica los diversos temas abordados, así como los consensos y divergencias
existentes en torno a los mismos;
TENIENDO PRESENTE que los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos han proclamado en el
artículo 3 de su Carta constitutiva, como uno de sus principios, el respeto de
los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza,
nacionalidad, credo o sexo;
CONSCIENTE de que la promoción y
la protección internacional de los derechos humanos reviste naturaleza coadyuvante
y complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Miembros y
tiene como fundamento la libertad y la dignidad de la persona humana; y
CONSIDERANDO:
Que los Jefes de Estado y de
Gobierno expresaron en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas,
(Santiago, 1998) la necesidad de fortalecer y perfeccionar el sistema
interamericano de derechos humanos mediante iniciativas concretas;
Que, en ese sentido, la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos inició un diálogo sobre el sistema
interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, en el cual
participaron, además de los Estados Miembros de la Organización, la Corte y la
Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, así como representantes de organizaciones no gubernamentales
dedicadas a la protección de los derechos humanos;
Que en noviembre de 1998 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en carta dirigida a los ministros
de relaciones exteriores de los Estados Miembros de la OEA, solicitó ideas y
sugerencias sobre el proceso de reforma a todas las partes interesadas del
sistema interamericano de derechos humanos y que, en un seminario convocado en
San José, Costa Rica, en noviembre de 1999, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos también promovió la presentación de sugerencias en torno a la reforma
de sus procedimientos;
Que los importantes progresos
alcanzados en el Diálogo de referencia han sido posibles, entre otras razones,
gracias a la apertura, transparencia y participación constructiva de los
Estados, y a la decisión de incorporar en el mismo a los órganos del sistema,
así como al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a representantes de
organizaciones no gubernamentales, cuya participación se distinguió,
igualmente, por su objetividad, equilibrio y espíritu de cooperación;
Que los días 10 y 11 de febrero
de 2000, en San José, Costa Rica, se reunió el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre
Derechos Humanos, creado por los Ministros de Relaciones Exteriores que
participaron en los eventos conmemorativos del aniversario de la Convención
Americana de Derechos Humanos y del establecimiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas en esa
reunión;
Que la consolidación de un
sistema de derechos humanos sólido, eficaz y apto para enfrentar los retos
futuros depende, entre otros, del cumplimiento de las decisiones de los órganos
interamericanos de protección de los derechos humanos de conformidad con la
Convención Americana, así como de la construcción de un entorno político de
confianza mutua entre los distintos actores, que facilite un diálogo
permanente, continuo y abierto, dirigido a la identificación e implementación
de las medidas y acciones necesarias para perfeccionar y fortalecer el sistema
interamericano de protección y promoción de los derechos humanos;
Que es indispensable por lo
tanto, que el diálogo sobre el sistema interamericano de derechos humanos
continúe desarrollándose entre los Estados Miembros de la Organización, con la
participación de la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos,
así como las organizaciones no gubernamentales involucradas, para continuar con
los esfuerzos encaminados a la construcción gradual de consensos en torno al
perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos
humanos;
Que los esfuerzos gubernamentales
en el ámbito hemisférico dirigidos al perfeccionamiento y fortalecimiento del
sistema interamericano de derechos humanos, incluida la posibilidad de evaluar
los instrumentos jurídicos correspondientes y los métodos y procedimientos de
trabajo de la Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, deben
estar destinados a fortalecer la vigencia y protección de los derechos humanos
en el Hemisferio; y
Que para tales efectos, es
indispensable que todos los Estados Miembros firmen, ratifiquen o adhieran,
según sea el caso, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; al
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Protocolo Adicional relativo
a la Abolición de la Pena de Muerte; así como a los siguientes instrumentos
interamericanos de derechos humanos: la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
RESUELVE:
1. Continuar con el proceso de
perfeccionamiento y fortalecimiento del sistema interamericano, a través del
diálogo sistemático y permanente entre los Estados, los órganos del sistema y
los demás actores relevantes, dirigido a la construcción gradual de consensos
en torno a las circunstancias actuales del sistema, así como los obstáculos y
deficiencias por superar, con miras a garantizar la vigencia y protección de
los derechos humanos en el Hemisferio.
2. Encomendar al Consejo
Permanente que continúe desarrollando el diálogo sobre el sistema
interamericano de derechos humanos, con miras a su perfeccionamiento y
fortalecimiento, asegurando la participación de la Corte y la Comisión
Interamericanas de Derechos Humanos y en el que se invite asimismo a otras
entidades, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y a
representantes de organizaciones no gubernamentales interesadas en continuar
contribuyendo a dicho proceso.
3. Encomendar al Consejo
Permanente que, en el marco del diálogo sobre el sistema interamericano,
promueva la participación de aquellas instituciones nacionales involucradas en
la promoción de los derechos humanos, tales como los Defensores del Pueblo,
Defensores de los Habitantes, Procuradores o Comisionados de Derechos Humanos
(Ombudsman) u otras figuras equivalentes.
4. Encomendar al Consejo
Permanente que en los próximos ejercicios financieros promueva el aumento
substancial de los recursos asignados a la Corte y a la Comisión
Interamericanas, sobre la base del reconocimiento de que la protección y
promoción de los derechos humanos son una prioridad principal de la
Organización.
5. Instar a los Estados Miembros
de la Organización a que:
a. Otorguen la mayor prioridad política a la universalización del
sistema interamericano, a través de la firma, ratificación o adhesión, por
todos los Estados Miembros de la Organización, de la Convención Americana de
Derechos Humanos y los demás instrumentos interamericanos de derechos humanos,
considerando el reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte
Interamericana y alentar a los Estados que aún no lo hayan hecho, a adoptar las
medidas de carácter interno necesarias para permitir la firma, ratificación o
adhesión de dichos instrumentos;
b. Adopten las medidas legislativas o de otra índole, según el caso,
que sean necesarias para asegurar la aplicación de las normas interamericanas
de derechos humanos en el ámbito interno de los Estados;
c. Adopten las medidas necesarias para cumplir con las decisiones o
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Convención Americana, en
el caso de aquéllos Estados que reconocen su competencia obligatoria;
d. Realicen sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el principio
de buena fe; y
e. Otorguen el tratamiento que corresponda a los informes anuales de la
Corte y de la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, en el marco del
Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización, a fin de hacer
efectivo el deber de los Estados de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que emanan de los instrumentos del sistema.
6. Recomendar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que, atendiendo su solicitud de recibir
ideas y sugerencias sobre el proceso de reforma y en el marco de las normas que
regulan sus competencias y de su autonomía reglamentaria establecida por la
Convención Americana de Derechos Humanos en lo que se refiere a los procedimientos
seguidos en la tramitación de casos individuales, considere la posibilidad de:
a. Definir
los criterios que aplica para la apertura de casos;
b. Resolver las cuestiones de admisibilidad de peticiones individuales
mediante la apertura de una etapa procesal independiente y necesaria, emitiendo
el pronunciamiento correspondiente a través de resoluciones en las que, de
manera sucinta, manifieste su determinación y sin que su publicación prejuzgue
la responsabilidad de los Estados;
c. Realizar todos los esfuerzos necesarios para que la tramitación de
casos individuales se realice de la manera más expedita posible y para que cada
una de las distintas etapas procesales, en particular la de admisibilidad, esté
sujeta a plazos que respondan a criterios de razonabilidad. Asimismo, considere la definición de
criterios para determinar la conclusión de casos por inactividad del
peticionario;
d. Continuar promoviendo la vía de la solución amistosa, como un
mecanismo idóneo para lograr la conclusión favorable de los casos individuales;
e. Establecer los criterios mínimos necesarios que deberían ser
acreditados por un peticionario a efecto de que la CIDH solicite a un Estado la
adopción de medidas cautelares, teniendo en cuenta las circunstancias y
características del caso;
f. Definir los criterios que sigue la Comisión para determinar el envío
de casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y
g. Establecer un marco de referencia que permita a la Comisión
determinar la creación de nuevas relatorías, definir con claridad su mandato y
designar al relator correspondiente.
7. Recomendar a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que, atendiendo su solicitud de recibir
ideas y sugerencias sobre el proceso de reforma y en el marco de las normas que
regulan sus competencias y de su autonomía reglamentaria establecida por la
Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que se refiere a los
procedimientos seguidos en la tramitación de casos individuales, considere la
posibilidad de:
a. Permitir la participación directa de la víctima, en calidad de
parte, en los procedimientos seguidos, a partir del momento que el caso es
sometido a su competencia, teniendo en cuenta la necesidad tanto de preservar
el equilibrio procesal, como de redefinir el papel de la CIDH en dichos procedimientos
(locus standi).
b. Desarrollar disposiciones reglamentarias que prevengan la
duplicación de procedimientos, en los casos sometidos a su competencia, en
particular la producción de la prueba, teniendo en cuenta las diferencias de
naturaleza entre la Corte y la Comisión.
8. Transmitir a la Corte y a la
Comisión Interamericanas de Derechos Humanos la presente resolución.
9. Solicitar al Consejo
Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la presente
resolución a la Asamblea General en su trigésimo primer período ordinario de
sesiones.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
La
Asamblea General,
Recordando
sus resoluciones AG/RES. 1270 (XXIV-O/94), AG/RES. 1335 (XXV-O/95), AG/RES.
1408 (XXVI-O/96), AG/RES. 1503 (XXVII-O/97), AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98) y
AG/RES. 1619 (XXIX-O/99);
Habiendo
considerado el informe del Secretario General presentado en cumplimiento
de la resolución AG/RES. 1619 (XXIX-O/99) (CP/CAJP-1649/00) y el informe del
Consejo Permanente relativo a la promoción y respeto del derecho internacional
humanitario (CP/doc.3314/00);
Profundamente
preocupada por las persistentes violaciones del derecho internacional
humanitario que tienen lugar en el mundo y en particular por la suerte de la
población civil que es objeto creciente de ataques en contravención de las
normas fundamentales aplicables;
Recordando
que es obligación de todos los Estados respetar y hacer respetar, en todas las
circunstancias, las normas establecidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y,
cuando corresponda, para aquellos Estados que son parte, las normas contenidas
en sus Protocolos Adicionales de 1977;
Subrayando
la necesidad de fortalecer las normas del derecho internacional humanitario,
mediante su aceptación universal, su más amplia difusión y su aplicación;
Consciente
de la necesidad de sancionar a los responsables de los crímenes de guerra y de
lesa humanidad, así como otras violaciones graves del derecho internacional
humanitario;
TENIENDO
EN CUENTA en este contexto el significado histórico de la adopción en
Roma del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Reconociendo
una vez mÁs los esfuerzos permanentes del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) para promover y difundir el conocimiento del derecho
internacional humanitario y las actividades que lleva a cabo en su condición de
organización imparcial, neutral e independiente, en toda circunstancia;
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN las
recomendaciones hechas en 1995 por el Grupo de Expertos encargado de
identificar los medios prácticos para promover el pleno respeto del derecho
internacional humanitario y la aplicación de sus normas, en particular, la
relativa al establecimiento de comités o comisiones nacionales para asesorar y
asistir a los gobiernos en lo que respecta a la difusión y aplicación del
derecho internacional humanitario;
RECONOCIENDO el importante papel
que estos Comités o comisiones nacionales están desempeñando para asegurar la
incorporación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales en la
legislación interna de los Estados Miembros, así como de los demás instrumentos
de derecho internacional humanitario, con el fin de velar por su adecuado
cumplimiento y difusión; y
Expresando
su satisfacción por la creciente cooperación entre la Secretaría General de la
Organización y el CICR, como resultado del Acuerdo firmado el 10 de mayo de
1996, que ha contribuido a las labores de difusión del derecho internacional
humanitario en las Américas,
RESUELVE:
1. Expresar su beneplácito ante el incremento del número de Estados
Miembros que, en el curso del último año, han ratificado o adherido a varios
instrumentos de derecho internacional humanitario, destacando el caso de la
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción de 1997.
2. Exhortar a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a que
consideren ratificar o en su caso adherir a los Protocolos I y II de 1977
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.
3. Exhortar asimismo a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a
que consideren firmar y ratificar, según el caso, el Estatuto de la Corte Penal
Internacional.
4. Exhortar igualmente a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho,
a que consideren ratificar o, en su caso, adherir a los siguientes instrumentos
relativos a las armas de naturaleza tal que puedan ser excesivamente nocivas o
tener efectos indiscriminados:
a. La Convención
sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales
que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, de
1980, y sus Protocolos;
b. La Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonal y sobre su Destrucción, de 1997; y
c. La Convención para la
Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, de 1954.
5. Destacar la importancia de que los Estados, al poner en práctica el
conjunto de normas del derecho internacional humanitario, presten especial
atención a las siguientes disposiciones:
a. La mayor difusión
posible del derecho internacional humanitario entre las fuerzas armadas y
fuerzas de seguridad, mediante su incorporación en los programas oficiales de
instrucción y en la formación de cuadros permanentes de las fuerzas armadas en
la materia (Artículo 83 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra);
b. La promulgación de la
legislación penal necesaria para sancionar a los responsables de los crímenes
de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario
(Artículo 86 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra);
c. La promulgación de la
legislación para reglamentar la utilización de los emblemas protegidos bajo el
derecho internacional humanitario y sancionar los abusos (Artículo 38 y
reglamento anexo del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra); y
d. La obligación, al
momento de estudiar, desarrollar, adquirir o adoptar una nueva arma, de
determinar si su empleo sería contrario al derecho internacional humanitario, y
en tal caso no incorporarla al uso de las fuerzas armadas y de las fuerzas de
seguridad, ni fabricarla para otros fines (Artículo 36 del Protocolo Adicional
I a los Convenios de Ginebra).
6. Instar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, a que, con
el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, estudien la conveniencia de
establecer comités o comisiones nacionales de aplicación y difusión del derecho
internacional humanitario.
7. Instar a los Estados Miembros y a todas las partes en conflicto a
que respeten la imparcialidad, neutralidad e independencia de la acción
humanitaria conforme a los principios rectores aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 46/182 del 19 de diciembre de
1991 y aseguren la protección del personal de las organizaciones humanitarias.
8. Invitar a los Estados Miembros a que continúen cooperando con el
Comité Internacional de la Cruz Roja en sus diversos ámbitos de responsabilidad
y que faciliten su labor, recurriendo en particular a sus servicios de
asesoramiento para apoyar los esfuerzos de los Estados encaminados a la
aplicación del derecho internacional humanitario.
9. Solicitar al Secretario General que presente un informe al Consejo
Permanente sobre el cumplimiento de esta resolución antes del trigésimo primer
período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO sus resoluciones
AG/RES. 1022 (XIX-O/89), AG/RES. 1479 (XXVII-O/97), AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98)
y AG/RES. 1610 (XXIX-O/99);
TENIENDO EN CUENTA las
Directrices para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en
las actividades de la OEA, aprobadas por el Consejo Permanente mediante su
resolución CP/RES. 759 (1217/99);
CONVENCIDA que la adopción de una
declaración sobre los derechos de las poblaciones indígenas fortalecerá el
reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos de éstas y
contribuirá al desarrollo de actividades pertinentes de la Organización de los
Estados Americanos en esa esfera;
CONSIDERANDO que, en cumplimiento
de la resolución AG/RES. 1610 (XXIX-O/99), el Grupo de Trabajo Encargado de
Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de las
Poblaciones Indígenas, se reunió del 8 al 12 de noviembre de 1999; y
HABIENDO EXAMINADO el informe del
Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas
(GT/DADIN/doc.5/99),
RESUELVE:
1. Solicitar al Consejo Permanente que renueve el mandato al Grupo de
Trabajo para que continúe la consideración del Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas y celebre, por lo
menos, una segunda reunión antes de su trigésimo primer período ordinario de sesiones,
de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros
recursos.
2. Recomendar al Grupo de Trabajo que mantenga las modalidades
acordadas para una adecuada participación de representantes de comunidades
indígenas, en sus labores, con el propósito de que sus observaciones y
sugerencias puedan ser consideradas.
3. Solicitar al Instituto Indigenista Interamericano y al Comité
Jurídico Interamericano que sigan brindando la asesoría necesaria al Grupo de
Trabajo.
4. Solicitar asimismo a la Secretaría General que dé la difusión
necesaria a las labores del Grupo de Trabajo y considere las medidas necesarias
para promover una participación más representativa de organizaciones de
comunidades indígenas del Hemisferio en el Grupo de Trabajo.
5. Solicitar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el
cumplimiento de la presente resolución a la Asamblea General en su trigésimo
primer período ordinario de sesiones.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO su resolución AG/RES.
1667 (XXIX-O/99) en la que encomendó al Instituto Interamericano del Niño que
aborde en forma sistemática el problema de la participación de niños en
conflictos armados;
ALARMADA por el reclutamiento, la
participación y la utilización de niños en conflictos armados y notando que, en
la actualidad, más de 300,000 niños menores de 18 años participan en conflictos
armados en todo el mundo;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por el
hecho de que los niños son, con demasiada frecuencia, objetivo deliberado y
víctimas colaterales de las hostilidades en el contexto de los conflictos
armados y padecen traumas duraderos en el ámbito físico, emocional y
psicológico;
RECONOCIENDO que en tales
situaciones los niños se ven privados, entre otros, de una debida protección;
TOMANDO NOTA de las
recomendaciones contenidas en la Declaración adoptada por la Conferencia
Latinoamericana y del Caribe sobre el Uso de Niños como Soldados, que se
celebró en Montevideo, del 5 al 8 de julio de 1999;
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO los
esfuerzos internacionales recientes para abordar el reclutamiento forzoso de
niños, incluyendo la aprobación en 1998 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, del Convenio 182, de 1999, de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil,
incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en
conflictos armados y la adopción en el año 2000 del Protocolo Facultativo a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativo a la
participación de éstos en conflictos armados;
RECORDANDO las normas del derecho
internacional humanitario que protegen a los niños en situaciones de conflictos
armados;
HABIENDO CONSIDERADO el Informe
Anual del Instituto Interamericano del Niño (CP/doc.3278/00) y en particular
las resoluciones de su Consejo Directivo sobre ese tema,
RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros que consideren firmar y ratificar el
Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados.
2. Instar asimismo a los Estados Miembros, que aún no lo hayan hecho, a
firmar y ratificar, a la mayor brevedad, el Convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo
infantil.
3. Formular un llamamiento con la urgencia que el caso amerita a todas
las partes que participan en situación de conflicto armado para que respeten
las normas del derecho internacional humanitario que protegen a los niños.
4. Apoyar los esfuerzos de los países involucrados en favor de la
desmovilización de los niños soldados, así como la rehabilitación y
reintegración social de los niños afectados por los conflictos armados.
5. Solicitar al Instituto Interamericano del Niño que siga ocupándose
activamente de este tema e identifique una instancia de responsabilidad con el
fin de dar seguimiento a esta resolución.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTA la resolución AG/RES. 1671
(XXIX-O/99) “Defensores de los Derechos Humanos en las Américas”: Apoyo a las tareas que desarrollan las
personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y
protección de los derechos humanos en las Américas, que encomienda al Consejo
Permanente a que continúe estudiando la materia objeto de la citada resolución,
en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
HABIENDO EXAMINADO el informe del
Consejo Permanente sobre dicho tema;
CONSIDERANDO:
Que durante la presentación del
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente
a 1999, se verificó un intercambio de opiniones y puntos de vista entre la
Comisión y los Estados Miembros sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos en la región;
Que en el citado Informe Anual la
CIDH señaló que “durante 1999 han continuado los actos de amedrentamiento,
desapariciones y atentados, en algunos casos fatales, perpetrados contra
personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos”
expresando su grave preocupación al respecto y “consideró que los Estados
Miembros deben adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la
integridad personal y la libertad de expresión de quienes han asumido la tarea
de trabajar por el respeto de los derechos fundamentales, conforme con el
compromiso colectivo expresado en la resolución (AG/RES. 1671 (XXIX-O/99))”;
Que la CIDH ha venido realizando
tareas y adoptando medidas para la protección de los derechos fundamentales de
los defensores;
RECORDANDO:
Que en las Cumbres de las
Américas los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que “el respeto y
promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos
los individuos constituye una preocupación primordial para nuestros gobiernos”;
Que la Asamblea General de la
Organización se ha pronunciado previamente y en el mismo sentido sobre esta
materia “reiterando a los Estados Miembros para que otorguen las garantías y
facilidades necesarias a las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos, a fin de que puedan continuar contribuyendo a la promoción y defensa
de los derechos humanos y respeten la libertad e integridad de los miembros de
tales organizaciones” (AG/RES. 1044 (XX-O/90));
Reconociendo
la importante tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los
defensores de los derechos humanos en las Américas, y su valiosa contribución
para la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales;
PREOCUPADA de que en las Américas
persisten situaciones que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las
tareas de las personas, grupos u organizaciones que trabajan por la promoción y
protección de los derechos fundamentales; y
CONSCIENTE de la importancia de
promover la observancia de los propósitos, principios y normas fundamentales
enunciadas en los instrumentos del sistema interamericano e internacional sobre
esta materia,
RESUELVE:
1. Reiterar su respaldo a la
tarea que desarrollan tanto en el plano nacional como regional los Defensores
de los Derechos Humanos y reconocer su valiosa contribución para la promoción,
protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en las
Américas.
2. Deplorar los actos que directa
o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los Defensores
de los Derechos Humanos y exhortar a los Estados Miembros a que intensifiquen,
de acuerdo con sus legislaciones nacionales, los esfuerzos para la adopción de
medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y la
libertad de expresión de los mismos, de conformidad con los principios y normas
reconocidas internacionalmente.
3. Invitar a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a que continúe prestando la debida atención
a la situación de los Defensores de los Derechos Humanos en las Américas y, al
Consejo Permanente a que, en el marco del Diálogo sobre el fortalecimiento y
perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, promueva el
análisis del tema.
4. Exhortar a los Estados
Miembros y a los órganos y organismos del sistema interamericano de derechos
humanos a que intensifiquen los esfuerzos para la difusión de los instrumentos
interamericanos y resoluciones de la Organización que protegen y garantizan las
tareas de los Defensores de los Derechos Humanos, así como de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre “el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidas”.
5. Encomendar al Consejo
Permanente que de seguimiento a la presente resolución y presente a la Asamblea
General, en su trigésimo primer período ordinario de sesiones, un informe sobre
su cumplimiento.
(Aprobada en la primera
sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS el informe anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presentación del
Presidente de la Comisión, así como las observaciones y recomendaciones del
Consejo Permanente al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CP/doc.3325/00); y
CONSIDERANDO:
Que los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos han proclamado en su Carta constitutiva,
como uno de sus principios, el respeto de los derechos fundamentales de la
persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo;
Que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, tiene como función principal, de acuerdo con la Carta de la
OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promover la observancia y
defensa de los derechos humanos;
Que los Jefes de Estado y de
Gobierno expresaron en la Declaración de la Segunda Cumbre de las Américas,
(Santiago, 1998) que “El respeto y promoción de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de todos los individuos constituye una preocupación
primordial de nuestros gobiernos”; y
Que los Estados Miembros han
reafirmado el vínculo indisoluble entre derechos humanos, democracia y
desarrollo,
RESUELVE:
1. Tomar nota del informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y agradecer su presentación.
2. Recibir con beneplácito el informe del Consejo Permanente con relación
a las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros al Informe Anual
de la CIDH y transmitirlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que
continúe promoviendo la observancia y defensa de los derechos humanos, de
conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4. Reconocer el trabajo realizado por la Comisión en este campo; y
exhortar a los Estados Miembros a que continúen prestándole su colaboración y
apoyo a dicha labor.
5. Instar a los Estados Miembros de la OEA, que aún no lo hayan hecho,
a que otorguen la mayor prioridad política a la consideración de la firma,
ratificación o adhesión, según sea el caso, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, considerando el reconocimiento de la competencia obligatoria de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
6. Encomendar al Consejo Permanente que en los próximos ejercicios
financieros promueva un aumento substancial de los recursos asignados a la
Comisión, sobre la base del reconocimiento de que la protección y promoción de
los derechos humanos constituye una prioridad fundamental de la Organización.
7. Solicitar al Consejo Permanente que informe oportunamente a la
Asamblea General sobre el cumplimiento de esta resolución.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTAS las observaciones y
recomendaciones del Consejo Permanente sobre el informe anual de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CP/doc.3326/00) y la presentación que de
dicho informe hiciera el Presidente de la Corte;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 54 f) de la Carta
de la Organización de los Estados Americanos establece como atribución de la
Asamblea General la consideración de las observaciones y recomendaciones que
eleve el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 91 f) de la Carta
sobre los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización;
Que el artículo 65 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”
establece que la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos, un informe sobre su labor en el año
anterior y que, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes,
señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos;
Que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos presentó su informe anual al Consejo Permanente y éste ha
remitido a la Asamblea las observaciones y recomendaciones al mismo;
Teniendo
en cuenta que, por su especial naturaleza, la denuncia de los
instrumentos jurídicos interamericanos de derechos humanos y el retiro del
reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte, afectan al sistema
regional en su conjunto; y
Considerando
que la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte sólo puede ser
hecha incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos, de conformidad con el artículo 62.2 de la
Convención Americana,
RESUELVE:
1. Acoger y transmitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
las observaciones y recomendaciones que el Consejo Permanente de la
Organización hizo al informe anual.
2. Reiterar que los fallos de la Corte son definitivos e inapelables y
que los Estados Partes de la Convención se comprometen a cumplir las decisiones
de la Corte en todos los casos en que sean parte.
3. Instar a los Estados que han denunciado la Convención Americana de
Derechos Humanos o que han retirado su reconocimiento de la competencia
obligatoria de la Corte a que reconsideren sus decisiones.
4. Instar a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan hecho a
que otorguen la mayor prioridad política a la consideración de la firma,
ratificación o adhesión, según el caso, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, considerando el
reconocimiento de la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
5. Encomendar al Consejo Permanente que en los próximos ejercicios
financieros promueva un aumento substancial de los recursos asignados a la
Corte, sobre la base del reconocimiento de que la promoción y protección de los
derechos humanos constituye una prioridad fundamental de la Organización.
6. Expresar su reconocimiento a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la labor desarrollada en el período que comprende este informe.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
La
Asamblea General,
VISTOS:
El informe del Consejo Permanente
sobre los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familias (CP/doc.3327/00), en cumplimiento de la resolución AG/RES. 1611
(XXIX-O/99);
El informe anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama que todas las personas
son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta
Declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;
Que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional;
Que la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, establece el deber de los Estados de garantizar los derechos
previstos en dicha Convención a los trabajadores migratorios y a los miembros
de sus familias que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción, sin
distinción de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opiniones
políticas, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, posición
económica, propiedad, estado civil, nacimiento u otros;
Que muchos trabajadores
migratorios y sus familias se ven forzados a abandonar sus lugares de origen en
busca de mejores oportunidades de vida;
La Opinión Consultiva OC-16,
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al derecho a
la información sobre la asistencia consular, en el marco del debido proceso, en
los casos de extranjeros detenidos por autoridades del Estado receptor;
CONSCIENTE de la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores migratorios y sus
familias, debido, entre otras cosas, a su tránsito internacional, a que no
viven en sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan a raíz de
diferencias culturales, especialmente de idioma y costumbres, así como por la
frecuente desintegración familiar que su situación conlleva; y
TENIENDO PRESENTES la Declaración
y el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas,
RESUELVE:
1. Reafirmar que los principios
y normas consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se aplican a todas las
personas, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias.
2. Instar a los Estados Miembros, que aún no lo hayan hecho, a que
otorguen la mayor prioridad política a la consideración de la firma,
ratificación o adhesión, según sea el caso, a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y consideren seriamente la firma, ratificación o adhesión a la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.
3. Instar a los Estados
Miembros a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de
todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias,
como los previstos en los instrumentos mencionados.
4. Reiterar enfáticamente el deber de los Estados de velar por el pleno
respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963, particularmente con relación al derecho que tienen los extranjeros, sin
importar su condición migratoria, a comunicarse con un funcionario consular de
su Estado en caso de ser detenidos y la obligación a cargo del Estado en cuyo
territorio ocurre la detención, a informar al extranjero sobre dicho derecho.
5. Recomendar
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe prestando la
mayor atención a aquellos casos en que los derechos humanos de los trabajadores
migratorios o de sus familias sean vulnerados.
6. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en
virtud de los importantes avances registrados a la fecha, presente el informe
sobre la situación de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de
sus familiares, antes del trigésimo primer período ordinario de sesiones de la
Asamblea General, y, para tales efectos, invitar a los Estados Miembros a
continuar colaborando con la Comisión.
7. Pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
proporcione al Relator Especial para la cuestión de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y miembros de sus familias, los medios necesarios y
adecuados para el desempeño de sus funciones.
8. Invitar a los Estados Miembros, observadores permanentes, órganos,
organismos y entidades del sistema interamericano u otras fuentes, a contribuir
al Fondo Voluntario de la Relatoría Especial para la cuestión de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y miembros de sus familias.
9. Recomendar al Consejo
Interamericano para el Desarrollo Integral que brinde apoyo a proyectos y
actividades en favor de todos los trabajadores migratorios y sus familias, como
manifestación de la solidaridad interamericana, elemento fundamental para el
desarrollo integral de los Estados Miembros.
10. Solicitar a los Consejos de la Organización que informen a
la Asamblea General en su trigésimo primer período ordinario de sesiones, sobre
el cumplimiento de la presente resolución en sus respectivas áreas de
competencia.
(Aprobada en la
primera sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO que en su vigésimo
cuarto período ordinario de sesiones, celebrado en Belém do Pará, Brasil, la
Asamblea General de la OEA decidió adoptar por aclamación, en su sesión
plenaria del 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer;
VISTA la resolución AG/RES. 1456
(XXVII-O/97) “Promoción de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará” a través de la cual la
Asamblea General de la OEA alienta a los Estados Miembros a tomar las medidas
pertinentes para asegurar la incorporación de los principios y objetivos de la
Convención a sus sistemas jurídicos, a fin de eliminar la discriminación y
desigualdad que aún existan en sus leyes nacionales;
CONSIDERANDO que la resolución
AG/RES. 1626 (XXIX-O/99) “Primer informe bienal sobre el cumplimiento de la
resolución AG/RES. 1456 (XXVII-O/97) “Promoción de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará”, alienta a
los Estados que aún no lo hayan hecho, a ratificarla;
TENIENDO PRESENTE la resolución
CIM/MINIS/doc.20.rev.1, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará” adoptada
en la Primera Reunión de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel Responsables
de las Políticas de la Mujer en los Estados Miembros, celebrada en Washington,
D.C., el 27 y 28 de abril de 2000;
DESTACANDO que hasta la fecha 29
países han ratificado la Convención de Belém
do Pará, poniendo de manifiesto su absoluto rechazo y preocupación hacia todo
acto de violencia contra la mujer;
RECONOCIENDO que, si bien en el
Hemisferio se están llevando a cabo esfuerzos tendientes a poner en práctica
los objetivos de esta Convención, la violencia persiste y tiene una magnitud
que hace indispensable continuar con la puesta en práctica de estrategias para
que la mujer esté libre de este flagelo;
TENIENDO EN CUENTA las
recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre la condición de la Mujer en las Américas, sometido a la
consideración de la Asamblea General en su vigésimo octavo período ordinario de
sesiones;
CONSIDERANDO que en los Planes de
Acción de la Primera y la Segunda Cumbre de las Américas, nuestros Gobiernos se
comprometieron a tomar medidas para eliminar toda forma de violencia contra la
mujer; y
RECORDANDO que la Convención de
Belém do Pará afirma que, “la violencia contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos
y libertades”,
RESUELVE:
1. Instar a los Gobiernos de los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, que aún no lo
hubieren hecho, a que ratifiquen o adhieran a la “Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belém do Pará”.
2. Expresar su reconocimiento a
los Gobiernos del Hemisferio que han tomado medidas para reforzar y adecuar sus
legislaciones a fin de erradicar la violencia contra la mujer.
3. Alentar a los Estados Miembros
a continuar promoviendo medidas a fin de erradicar la violencia contra la mujer
en todas sus formas, en la esfera pública y privada, conforme a los objetivos
establecidos en el Plan Estratégico de Acción de la CIM, en los Planes de Acción
de la Primera y Segunda Cumbre de las Américas, y del Programa Interamericano
sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e
(Aprobada en la
cuarta sesión plenaria,
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO:
Que mediante sus resoluciones
AG/RES. 774 (XV-O/85), AG/RES. 838 (XVI-O/86), AG/RES. 951 (XVIII-O/88),
AG/RES. 1021 (XIX-O/89), AG/RES. 1039 (XX-O/90), AG/RES. 1040 (XX-O/90),
AG/RES. 1103 (XXI-O/91), AG/RES. 1170 (XXII-O/92), AG/RES. 1214 (XXIII-O/93),
AG/RES. 1273 (XXIV-O/94), AG/RES. 1336 (XXV-O/95), AG/RES. 1416 (XXVI-O/96),
AG/RES. 1504 (XXVII-O/97) y AG/RES. 1602 (XXVIII-O/98) expresó su preocupación
por aquellas personas de las Américas que, como refugiados, repatriados o
desplazados internos, requieren la protección de sus derechos fundamentales y
asistencia humanitaria;
Que, en apoyo a la campaña
mundial de la Oficina de la Alta Comisionada para los Refugiados para promover
la adhesión a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados,
que el próximo año cumple su cincuenta aniversario; al Protocolo de 1967 sobre
el Estatuto de los Refugiados, así como a la Convención de 1954 sobre el
Estatuto de los Apátridas y a la Convención para Reducir los casos de Apatridia
de 1961, esta Asamblea aprobó la resolución AG/RES. 1693 (XXIX-O/99), mediante
la cual se exhorta a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, a ratificar
estas convenciones internacionales y a adoptar una legislación nacional en
desarrollo de las mismas; y que, además, la mencionada resolución solicitó al
Secretario General que, informe sobre los progresos registrados en seguimiento
a dicha resolución al próximo período ordinario de la Asamblea General; y
Que, el Secretario General en su
informe ofrece información detallada en lo que respecta al número de Estados
Miembros que aún no se han adherido a los referidos instrumentos
internacionales, señalando al mismo tiempo algunas lagunas significativas en el
ámbito legislativo nacional,
RESUELVE:
1. Reiterar el llamado a los
Estados Miembros para que, en el más breve plazo posible, la totalidad de los
Estados americanos adhieran a uno, otro o ambos instrumentos internacionales
sobre refugiados, y adopten la legislación nacional necesaria en la materia y
se incremente el número de países parte de las Convenciones sobre Apatridia.
2. Solicitar a los Estados
Miembros que informen al Secretario General de los avances obtenidos en
cumplimiento de esta resolución, facilitando de esta manera la presentación por
parte del Secretario General de un informe complementario sobre el tema ante
esta Asamblea General en el trigésimo primer período ordinario de sesiones.
[1] Para más detalles sobre los períodos de sesiones de la Comisión en
el año 2000, véanse los comunicados de prensa de 2000 en la página de internet
de la Comisión: www.cidh.org
[2] La Delegación de Trinidad y
Tobago manifestó que no apoya la resolución. La reserva de Trinidad y Tobago aparece
transcripta en el acta de la correspondiente sesión (CP/ACTA-1234/00).