Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1994

LOS NUEVOS TERMINOS DE LA

SEGURIDAD EN AMERICA LATINA.

Por Carlos Morales(*)

(*) Periodista y alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales (U.N.L.P.)

"Frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas"

Dr. Ramón Carrillo. Escrito sobre una de las paredes del Hospital de Santa Victoria Este (Salta),en el extremo norte del país.

 

INTRODUCCION

El concepto de seguridad internacional, entendido como aquel valor que implica la defensa de bienes colectivos para garantizar la paz, la integridad y la independencia de la población y el territorio que los Estados aspiran a conservar y desarrollar, ha sufrido una importante transformación en su alcance y significación a partir de la reinstauración y temprana maduración del sistema democrático latinoamericano.

Cuando ya ha transcurrido la primer década de libre y pleno funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho, los pueblos en América Latina, a través de sus gobernantes, se aprestan a enfrentar nuevos desafíos y realidades, directamente relacionados con la idea de seguridad vigente en nuestra sociedad: la problemática del tráfico y consumo de drogas; las epidemias del Cólera y del Síndrome de Inmuno Deficiencia (SIDA); los estallidos sociales y los nuevos movimientos de reivindicación económica y de grupos étnicos minoritarios; el terrorismo; los resabios militaristas condicionantes del sistema democrático; y, la explotación y destrucción de recursos humanos y naturales, entre otros.

No cabe duda de que, por detrás de este amplio espectro de complejos fenómenos sociales y políticos, están presentes como determinantes principales el subdesarrollo y toda la angustiante realidad de la pobreza en que aún se encuentran inmersos amplios sectores de la población latinoamericana. A ello se suma, la incapacidad de las clases políticas gobernantes para organizar, administrar y plantear alternativas reales y efectivas para el cambio estructural del sistema político y económico regional.

Todo ésto, en un contexto internacional de profundas mutaciones como es la transformación del sistema internacional a nivel político y económico desde la pasada década de los ochenta:

La caída del "Muro de Berlín" y el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas (U.R.S.S.) con el consecuente repliegue de la alianza socialista; la lenta consolidación de un sistema de tipo multipolar liderado militarmente por los Estados Unidos (E.E.U.U.), pero con ascendentes nuevos centros de poder económico-político en el sudeste asiático, bajo el liderazgodel Japón, y en la Unión Europea, bajo el liderazgo de la Alemania unificada.

El triunfo del sistema capitalista y del paradigma de la economía de mercado permite, entre otras cosas, el predominio de las compañías transnacionales en la economía mundial, proceso de globalización que ha llevado a un debilitamiento del poder relativo de los Estados, en particular de los países subdesarrollados. Según el World Investment Report 1993, publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las 37 mil empresas transnacionales existentes actualmente (frente a 7 mil en 1970) colocaron productos entre sí en sus mercados domésticos y fuera de sus países de origen por 5.5 billones de dólares, muy por encima de los 4 billones que el mundo negoció en mercaderías y servicios durante 1992. A ésto se añade el acelerado proceso de regionalización que se produce a través de los respectivos acuerdos de libre comercio cuales son, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (NAFTA), el SEAN en el sudeste asiático, y en nuestra región, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que permitirán la creación de verdaderos megamercados libres de cualquier forma de barrera arancelaria, lo que producirá un incremento del comercio internacional, el abaratamiento de la producción y la elevación de los niveles de consumo.

Sin embargo, la economía mundial todavía atraviesa una pronunciada crisis económica que se expresa en una elevada recesión y en el incremento de los índices de desempleo en los países industrializados. Esto ha permitido el resurgimiento de movimientos xenófobos, de los nacionalismos y los integrismos religiosos en Europa y en el Medio Oriente. Mientras tanto, los modelos económicos neo-liberales de mercado han logrado estabilizar las economías en crisis de América Latina, racionalizar la administración del Estado y de sus cuentas fiscales, pero ésto, a pesar de los altos costos sociales debido a la fuerte concentración geográfica y social de la riqueza.

Si en el pasado los problemas relacionados con la seguridad regional tenían su origen y causa principal en la realidad externa de cada país, fundamentalmente como "hipótesis de conflicto" militar entre algunos Estados de la región, o, en el marco de la denominada "Doctrina de Seguridad Nacional", en la lucha armada contra el comunismo internacional y los "grupos subversivos", hoy la Democracia permite, y obliga, a relacionar la seguridad con otros aspectos, en algunos casos, completamente opuestos a aquellos defendidos por los gobiernos dictatoriales, de la realidad política y social de este tiempo. Los nuevos términos de la seguridad están relacionados con problemáticas socioeconómicas y políticas que también afectan el pleno desarrollo y la supervivencia de los sistemas políticos y económicos de la región.

El lapso de un año, 1993, resulta relativamente corto para fenómenos que evolucionan y tienen comportamientos de muchos años de duración. Sin embargo, el presente resumen anual intentará describir, analizar e interpretar dichos fenómenos implicados con la seguridad, que efectivamente sucedieron en este año, no sólo para ver cómo y por qué ocurrieron, sino para intentar establecer cuáles serán los escenarios posibles de la seguridad regional en los próximos años.

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS TRADICIONALES ACERCA DE LA SEGURIDAD

Según la investigadora venezolana Felicia Saturno Hartt la complejidad del planteamiento de la seguridad exige realizar una revisión crítica de las percepciones analíticas que han intentado abordar dicha cuestión. La mayoría, explica Saturno Hartt "han destacado o privilegiado aspectos referidos a asuntos militares o político estratégicos, pero desde enfoques unidimensionales que han definido sólo el ámbito interno de las políticas de los Estados". O bien, "lo han aislado de otros ámbitos que bien han explicado problemáticas definitivas, cayendo entonces en generalizaciones de la realidad específica"(1).

Saturno Hartt propone tener en cuenta y evitar la siguiente serie de tergiversaciones acerca de la seguridad:

1. Considerar a la seguridad como uno de los aspectos propios y únicos de una doctrina de mantenimiento de los regímenes de corte autoritario (Ej. Doctrina de la Seguridad Nacional. Parámetro geopolítico).

2. Encarrilar sus múltiples dimensiones a un objeto único y a hipótesis de puro conflicto, o de dos bloques irreductibles de poder antagónicos en situación de guerra total (conflicto Este-Oeste).

3. Considerarla el fin último del Estado.(Estado de excepción).

4. Creer que forma un par indivisible con el término defensa. Sin considerar el papel de sectores como los científicos, culturales y políticos, entre otros.

5. Suscribirse al problema del orden, tanto externo como interno, y no a deficiencias estructurales y/o debilidad institucional de los aparatos estatales.

6. Desvirtuar sus contenidos y fines políticos.

7. Descontextualizarla del devenir político-estratégico a escala mundial (Relación con el Nuevo Orden Internacional post-Guerra Fría).

8. No considerar cuestiones de seguridad los problemas sociales contemporáneos, producto de la transnacionalización de situaciones de diverso tipo, emanadas o producidas por una diversidad de actores y relaciones existentes, además del Estado, como el tráfico de drogas, el desabastecimiento de alimentos, la dependencia tecnológica, los problemas de salud, etc.

Este enfoque alternativo plantea la necesidad de "formular proposiciones metodológicas de una idea de seguridad propia y particular de la realidad del III Mundo, donde las relaciones sociales y políticas combinan una situación particular, donde las consecuencias del Nuevo Orden Internacional tienen otras repercusiones"(2).

"Son intensos problemas de seguridad desde nuestro contexto -apunta Saturno Hartt-, las deficiencias sanitarias, las insuficiencias de los sectores educativos, y el control de las transnacionales (lícitas o ilícitas), que no sólo desarrollan toda una dinámica económica, sino formas de penetración ideológica, que van desde los aspectos informativos a los de salud"(3).

Como veremos más adelante, la aplicación de este enfoque alternativo a la problemática de la seguridad regional nos permitirá privilegiar una visión político-social de los fenómenos en cuestión antes que la tradicional visión estratégico-militar. Los fenómenos del tráfico y consumo de drogas, la epidemia del Cólera, los estallidos sociales o las nuevas guerrillas indigenistas están ligados a un "conjunto de situaciones provocadas por un conglomerado de actores y relaciones sociales de diverso tipo que plantean retos, amenazas y peligros no territoriales"(4).

"Los problemas de la seguridad de los estados no se circunscriben sólo al ámbito material de la amenaza exterior, a la prevención de la sorpresa estratégica, la reducción del grado de incertidumbre y la capacidad de las relaciones para adaptar y seleccionar las decisiones y políticas destinadas a aumentarla". La nueva visión de la seguridad "no puede limitarse a una simple supervivencia, porque sería una simplificación inconsistente de los objetivos estatales. La vulnerabilidad y la indefensión de los Estados tienen su expresión, tanto en el plano estratégico como en el económico, social, cultural y político"(5).

En este sentido resulta imprescindible ampliar la visión restringida de la integridad territorial con la de la seguridad de la población, teniendo en cuenta que su problemática debe ser conducida y solucionada a través de medios políticos, haciendo uso de la cooperación e integración regionales, y no simplemente, por medio del control y el uso de la fuerza o la represión. Actualmente, hemos ingresado en un proceso en el cual, la consolidación y el éxito de los mecanismos de integración económica determinarán el futuro rol que jueguen nuestras naciones en el nuevo orden mundial de las próximas décadas. Esto crea la necesidad de pensar qué características y bases debería tener un nuevo sistema de seguridad regional. Este sistema de seguridad tendrá que permitir la superación del actual modelo basado exclusivamente en la idea de una alianza colectiva contra una eventual agresión militar extracontinental (Tratado de Río de Janeiro de 1948, y el Protocolo de Reformas del T.I.A.R. de 1975), sustentado en los principios de las Naciones Unidas y el deber jurídico de legítima defensa colectiva reconocida por la Carta de las N.U. (Art. 51 y Cap. VIII), pero, donde el miembro permanente enn el Consejo de Seguridad, los Estados Unidos, tienen el privilegio del veto respecto de las demas partes del acuerdo, lo que establece una relación asimétrica entre las naciones americanas. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, establecido en el marco de la Organización de Estados Americano (O.E.A) basado en el Artículo 51 de la Carta "no fue un sustitutivo adecuado de una auténtica seguridad colectiva; por el contrario, exacerbaba las desconfianzas y las tensiones que fueron característica de la pasada división del mundo y disminuía la posibilidad de una aplicación imparcial y efectiva de un régimen de sanciones contra la agresión"(6).

Según el jurista internacional Eduardo Jiménez de Aréchaga, uno de los requisitos fundamentales de un auténtico régimen de seguridad es que no exista una identificación anticipada de amigos y de enemigos, que funcione imparcialmente contra cualquier agresor en apoyo de todo Estado que haya sufrido un ataque armado (7). A lo que puede añadirse, un concepto más diversificado y multidemensional, que abarque dentro de la problemática de seguridad regional, junto a los aspectos estratégico-militares, los fenómenos socioeconómicos, transnacionales, sanitarios, políticos y culturales. Resultado que, la seguridad internacional y el mantenimiento de la paz en la región no se sustenten unicamente en términos militares e incluyan las dimensiones sociales, lo que debería expresarse en la formulación de nuevas normas y mecanismos adoptados por un consenso generalizado de los Estados americanos.

LA EPIDEMIA DEL COLERA EN LA ARGENTINA.-

Como un ejemplo concreto de la situación provocada por la epidemia del Cólera a nivel regional, analizaremos brevemente el caso que se está produciendo en la República Argentina. El 25 de enero de 1992, en el paraje La Merced perteneciente al Area Operativa(8) de Santa Victoria Este, ubicado en la Provincia de Salta, se inicia la epidemia del Cólera en esta nación. En aquel momento, la población aborigen situada en el margen derecho del río Pilcomayo fue la más intensamente afectada (con una tasa de ataque en la región del 32 por 1000), por las condiciones de marginalidad y extrema pobreza en que viven. A partir de aquella fecha, y luego de haber transcurrido los primeros dos años de la epidemia, el problema continúa planteando interrogantes acerca de cómo enfrentar integral y efectivamente el flagelo y sobre las soluciones que en el corto, mediano y largo plazo puedan revertir las condiciones económicas y sociales en cuyo contexto se produce esta enfermedad.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA EPIDEMIA

Las condiciones de extrema pobreza y saneamiento ambiental, la vecindad con la República de Bolivia, las migraciones, y el momento epidemiológico en zonas vecinas, son algunos de los factores que determinan la aparición, desarrollo y endemicidad de la epidemia del Cólera.

Con la aparición de esta enfermedad de la pobreza se ha puesto al descubierto la grave situación socioeconómica de las regiones del Noroeste y Noreste argentino, de las condiciones de vida de las comunidades aborígenes del río Pilcomayo y del río Bermejo, de las inmigraciones clandestinas, del incumplimiento de las leyes laborales por parte de los sectores sociales dueños de los medios de producción, de las necesidades insatisfechas de un 50% de la población, y de la crisis de los sistemas de salud pública provincial y nacional.

Los grupos aborígenes Tobas, Matacos, Chorotes, Chiriguanos, Chané, Chulupíes, Tapietes, Wichis, y otros que están diseminados mayormente en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia (Salta) suman una población aproximada de 25.900 habitantes. Estos tienen como actividad principal la caza, la pesca, la recolección de frutas y la artesanía. A ellos se suman como principales grupos de riesgo, los trabajadores "golondrina", inmigrantes de la vecina Bolivia, que son ocupados para la siembra y cosecha en los cañaverales y los tabacales de Jujuy y Salta en condiciones de explotación y hacinamiento.

Extensas zonas rurales de la Provincia de Salta están caracterizadas por una baja densidad de población, aislamiento geográfico y cultural, depresión socio-económica e inaccesibilidad a los servicios de salud. La calidad de vida y el nivel de salud tienen los siguientes indicadores:

- altas tasas de mortalidad general e infantil.

- altas tasas de mortalidad materna y perinatal.

- alta agresividad del medio ambiente contaminado.

- precariedad de las viviendas.

- altas tasas de incidencia de enfermedades transmisibles: hídricas, tuberculosis, chagas, paludismo.

- altas tasas de desnutrición infantil.

- bajo consumo en los servicios de atención médica.

Según datos proporcionados por los informes de situación elaborados por el Comando Operativo Cólera y su Comisión Técnica y Logística con base en la ciudad de Tartagal (Salta)(9), hasta el 17 de enero de 1994 se notificaron 1927 casos de Cólera en la Provincia de Salta y un total aproximado de más de 2600 casos en todo el país. En la mencionada provincia, la más afectada del país, se han registrado 59 defunciones con una tasa de letalidad promedio de 2.57%. A nivel nacional las defunciones suman 81 con una tasa de letalidad promedio de 1.6%. Tomando como referencia los valores sugeridos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad en un establecimiento de salud organizado podría reducirse al 1%, índice que no se ha podido alcanzar en ninguna de las etapas de la epidemia, observándose un importante incremento de los casos notificados desde la primera etapa y un paulatino alejamiento de la tasa de letalidad esperada a nivel internacional.

Hoy la epidemia se ha extendido a las provincias de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. De esta manera el rápido y devastador avance del Cólera a través del extenso territorio latinoamericano configura una perspectiva poco alentadora para la seguridad de su población. La cantidad creciente de infectados y muertos por la epidemia, el riesgo potencial por las deficientes instalaciones sanitarias suburbanas, y la persistencia de la enfermedad en el tiempo, confirman que el Cólera es un problema de largo plazo que está poniendo en riesgo la integridad misma de la población, que es uno de los principales componentes de todo Estado. Sus efectos van más allá de los estrictamente sanitarios, alcanzando a las economías de nuestros países en desarrollo cuya producción agropecuaria pierde mercados a nivel internacional por la sospecha que provoca la epidemia. Así, la propagación que se produce de un país a otro, y de una región a otra, resulta prácticamente imposible detenerla mientras no mejoren las condiciones sanitarias y económico-sociales que generan la enfermedad.

Podemos ver que aquellos fenómenos sociales que tienen como determinantes principales a situaciones económicas de subdesarrollo, como pueden ser el Cólera, los estallidos sociales, el crecimiento demográfico desmedido, las migraciones clandestinas o el tráfico y consumo de drogas, plantean problemáticas y conflictos de seguridad en tanto que pueden llegar a afectar el funcionamiento de los sistemas políticos y económicos vigentes en la región. En este sentido la seguridad se convierte en un valor concreto y específico, cuya complejidad debe resolverse enn el marco del sistema democrático, teniendo enn cuenta las realidades particulares de cada nación, y a través de políticas concretas adoptadas por medio del consenso. Para ello es necesario la participación conjunta y responsable de todos los sectores sociales y políticos de la sociedad, teniendo en cuenta que cada uno de ellos pertenece y tiene derecho a igual trato y atención por parte del Estado.

EL TRAFICO Y CONSUMO DE DROGAS EN AMERICA LATINA

La problemática del tráfico y consumo de drogas sigue siendo, en 1993, otra de las amenazas que afectaron la seguridad internacional en América Latina. La multiplicidad de actores e intereses involucrados en la producción y comercialización de la cocaína, continúan agravando la situación, sin que todavía hayan obtenido, resultados positivos, ninguna de las estrategias nacionales e internacionales que han pretendido enfrentar a este negocio ilícito transnacional.

Las principales consecuencias que se presentan sobre la vida de los Estados de la región se han hecho evidentes en los últimos años por los devastadores efectos que se producen en la salud de la población, por la creciente corrupción y dependencia generadas por sus cuantiosas ganancias, y, por el impacto financiero producido sobre algunas de las economías de los países latinoamericanos. El tráfico de drogas afecta a las estructuras mismas de los Estados, poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones del sistema democrático. Se trata de una problemática de Estado, que perjudica a una comunidad nacional y regional en los diversos planos económico, social, político y cultural. El último informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicado en Viena, Austria, afirma que la corrupción en los órganos del Estado y la falta de leyes que impidan el blanqueo del dinero proveniente del tráfico ilegal de psicofármacos son dos de los más grandes escollos para la lucha eficaz contra el narcotráfico. Este organismo internacional, creado a partir de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, esta encargado de controlar el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre drogas. La Junta sostiene que se trata de "un problema del que no se libra ninguna sociedad, ya que las antiguas divisiones entre países productores, consumidores y de tránsito se han quebrado". Además, reclamó la modificación de las disposiciones sobre los sectores bancarios, empresariales y oficiales, y un mayor control de las zonas de puertos francos.

Según el investigador Bayardo Ramirez Monagas, "la transnacional de las drogas no responde a ninguna cultura, país, soberanía, integridad o ideología. Se inserta en cualquier territorio que le sirva para realizar sus propósitos"(10). Y en tanto fenómeno social que afecta la seguridad regional, "aumenta la vulnerabilidad externa e interna, actúa en contra del orden y debilita la capacidad de respuesta porque introduce una cultura desviada"(11).

A partir de este enfoque, la problemática de las drogas resulta ser un tema central de la política internacional latinoamericana contemporánea, tanto porque en este continente están los principales productores mundiales de hojas de coca y cocaína, de heroína y de marihuana, como porque sus efectos van más allá de las fronteras nacionales e incluye a casi todos los países de la región.

LA SITUACION EN EL AÑO 1993

El tráfico ilícito de drogas es un problema reciente en América Latina, surge como tal en los años '60, y se inicia en forma masiva con la marihuana en los años '70; luego, en los años '80, irrumpe el tráfico de cocaína, controlado, al igual que la marihuana, por organizaciones de carácter transnacional. Durante casi la totalidad de estos 20 años fue considerado como un problema marginal, subalterno, por lo que los Estados de la región, no desarrollaron políticas ni estrategias conformes con sus particulares realidades históricas.

En el mes de marzo de 1993, la nueva administración demócrata del presidente norteamericano Bill Clinton, decidió cambiar la estrategia de lucha contra el tráfico de cocaína a nivel mundial ante el fracaso de la denominada "guerra contra las drogas", impulsada por los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan y George Bush desde mediados de la década de los _80. Dicha estrategia privilegió la dimensión militar del asunto, concentrando sus acciones y recursos en combatir la producción de hojas de coca y de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia. La nueva política norteamericana, enmarcada en el plan de reducción del déficit fiscal y la política de concentración en los problemas de política interna de esa nación, recortará los recursos utilizados en el mencionado combate para destinarlos a planes de educación y lucha contra el tráfico y consumo de drogas en los Estados Unidos.

Desde 1991, los presidentes de los países andinos involucrados en esta problemática vienen reclamando modificaciones en la política antidrogas, privilegiando la visión de la sustitución de la producción de hojas de coca por otros productos agropecuarios (tesis "Coca por desarrollo"). A pesar de esto, el mercado de estos productos alternativos ha resultado poco alentador para los campesinos productores frente a las altas tasas de rentabilidad ofrecidas por la coca.

El presupuesto de la _guerra contra las drogas_ durante la presidencia de George Bush alcanzó los 12.000 millones de dólares (tres veces la deuda externa pública de Bolivia), invertidos en organismos especializados como la Agencia de coacción contra las drogas (DEA), la Central de Inteligencia (CIA), y en el adiestramiento militar de fuerzas especiales en los países andinos. Sin embargo, los resultados han sido prácticamente nulos: el cultivo de hojas de coca en Perú y Bolivia se mantiene en el mismo nivel; la producción de cocaína se ha incrementado; y, sólo en Colombia se ha logrado capturar a algunos de los jefes de la mafia asociada al tráfico de drogas.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en el mes de abril, el comercio internacional de la cocaína se convirtió, desde los años _80, en una de las industrias más prósperas por su alto grado de desarrollo. La producción de cocaína pasó de 20.000 toneladas en 1980 a 150.000 toneladas en 1985 y 225.000 toneladas en 1991. Las ventas globales de cocaína, marihuana y heroína ascendían en 1990 a 122.000 millones de dólares, el 70 por ciento de los cuales se reciclan hacia el circuito financiero internacional. La O.M.S. ha dejado de considerar a la cocaína como un "mal menor" entre las narcodependencias, para admitir que resulta imprescindible contar con estudios serios sobre sus derivaciones farmacológicas, físicas y psíquicas en el individuo.

El año pasado, el hecho más espectacular relacionado con el negocio de la cocaína fue la muerte del "zar de la droga", Pablo Escobar Gaviria, ocurrido el 2 de diciembre, a manos del Ejército y la Policía de Colombia. El jefe del Cartel de Medellín fue acribillado a balazos en una vivienda de esa ciudad. Acusado en más de veinte procesos judiciales de ser responsable directo o indirecto de la muerte violenta de 5.000 personas, Escobar llegó a ser una de las treinta personas más ricas del mundo y dirigió, junto con Gonzalo Rodríguez Gacha, una de las guerras más sangrientas de América Latina a fines de la década de los _80. En ella fueron asesinados cinco candidatos presidenciales, seis periodistas, varios jueces y jefes militares, y decenas de atentados causaron miles de muertos en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Bucamaranga. De las 800 toneladas de cocaína que ingresan anualmente a los Estados Unidos, 450 provenían de Escobar a través de sofisticadas redes de transporte que incluían aviones, barcos y hasta pequeños submarinos. Este criminal internacional y "padrino" de las barriadas pobres de Medellín tuvo en jaque a la seguridad del Estado colombiano durante los últimos diez años.

A pesar de la muerte de Pablo Escobar, el tráfico de cocaína en el mundo no disminuirá, ya que la banda rival -el Cartel de Cali- controla el 75 por ciento de las operaciones. Esto demuestra que las estrategias basadas exclusivamente en la represión, que excluye una visión global del fenómeno, no logran mejores resultados en el largo plazo. En la mayoría de los casos la militarización ha fomentado espirales de violencia, terror y miedo. Además, ésta puede llegar a ser un dinamizador de tendencias autoritarias, de represión social y desligitimación estatal. El presidente colombiano César Gaviria ha acabado con el Cartel de Medellín, pero no con el hampa de la droga, ni tampoco con la guerra triangular de las bandas rivales y el Estado. Colombia, pese a que aún no se ha desprendido de la violencia, dejó de ser el país sangriento de la época del presidente Virgilio Barco, que enfrentó frontalmente al Ejército contra los traficantes de droga. Hoy, ha quedado el Cartel de Cali, que en esto años ha ido aprendiendo de los errores de Escobar para montar su propia estrategia y hacirse del monopolio del tráfico de cocaína en Colombia.

Otro ejemplo de cómo el asunto de las drogas va adquiriendo dimensiones incontrolables, por el choque de intereses diversos y racionalidades opuestas, es el caso del enfrentamiento entre bandas de traficantes fuertemente armados en las favelas de Río de Janeiro (Brasil). Equipados con armas modernas y sofisticadas, los denominados "Comando Rojo" y "Tercer Comando", se enfrentaron en junio pasado por el control de la venta de marihuana y cocaína, sin que la policía pueda intervenir. En la Rocinha -la mayor favela de América Latina, con cerca de 300.000 habitantes- aparecieron los diez primeros muertos. El 30 de agosto un escuadrón paramilitar asesinó a treinta personas en la favela de Vigario Geral, donde la semana anterior jefes traficantes de droga habían asesinado a cuatro policías militares.

Las estadísticas de la violencia en Río de Janeiro revelan un panorama calificado por varios analistas como de "guerra civil larvada": cada año, 61 personas de cada 10.000 mueren en forma violenta. En el curso de 1992, 7635 personas murieron a consecuencia de enfrentamientos o crímenes en el Estado de Río. En 1993 han muerto más de 8.600 personas, lo que equivale a un homicidio por hora. Con respecto a la violencia ejercida contra los niños de la calle, en 1992 fueron ejecutados 424 niños, en su mayoría por "escuadrones de la muerte" y por bandas relacionadas con el tráfico de drogas. Desde 1992 en Brasil se han sucedido tres masacres organizadas: el 3 de octubre de 1992, un centenar de policía fusiló a quemarropa a 111 detenidos en el penal de Carandirú. El 23 de julio de 1993, 8 niños de la calle fueron masacrados frente a la Iglesia de la Candelaria por una banda de policías militarizados. El 18 de agosto del mismo año, la Fundación Nacional del Indio anunció la matanza de 73 indios yonomies en el Estado amazónico de Roraima, en la frontera con Venezuela.

El Estado parece desbordado, incapaz de controlar a los delincuentes y a las propias fuerzas policiales que, como la Policía Militar, son sinónimo de violencia, arbitrariedad y corrupción. Las fuerzas del tráfico ilícito de drogas cuestionan la territorialidad del Estado, creando verdaderos "territorios libres" y debilitando el poder constituído del gobierno del presidente Itamar Franco, acosado, además, por una profunda crisis económica y política.

En Argentina se realizaron cinco importantes operativos antidrogas durante 1993:

- el 14 de abril, efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires, agentes de la DEA y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), detuvieron a 25 personas en un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de estupefacientes en la localidad de Mercedes. En el denominado "operativo paraíso blanco" se secuestraron 108 kilogramos de cocaína, 20 automóviles y armas de colección. La droga iba a ser comercializada en el mercado interno y en Austria, vía Italia. La "pasta básica" era importada de Bolivia.

- el 4 de mayo, en Capital Federal, efectivos policiales frustraron una importante operación para exportar 55 kilogramos de cocaína a España. Detuvieron a 4 personas. La cocaína de máxima pureza era proveniente de Bolivia para su posterior exportación a Europa.

- el 18 de noviembre, la Policía Federal en Comodoro Rivadavia (Chubut) logró desbaratar una importante red de traficantes del sur del país. Detuvieron a 20 personas e incautaron 1.200 gramos de cocaína de máxima pureza.

- el 25 de noviembre, efectivos de la Policía Federal y bonaerense desbarataron a una organización de traficantes de no menos de 15 personas en Capital Federal y el conurbano de Buenos Aires. Incautaron 117 kilogramos de cocaína procedente de Cochabamba (Bolivia) por un valor cercano a los 10 millones de dólares. Este fue el operativo antidroga más importante de los dos últimos años.

- el 3 de diciembre, como continuación del operativo anterior, la Policía Federal detuvo a 12 personas, incautó 8 kilogramos de cocaína, 415.000 dólares y 19 vehículos. La organización trabajaba desde hace años y exportaba la droga a Roma (Italia).

Por su parte, efectivos del Escuadrón de Gendarmería Nacional asentado en la ciudad de Tartagal (Salta) informaron(12) que en 1993 se decomisaron 35 kilogramos de cocaína de máxima pureza, en operativos realizados en la frontera norte, principal paso de la droga desde Bolivia. La baja cantidad de cocaína incautada se debe a los pocos medios materiales con que cuenta esa unidad militar y a los altos índices de rentabilidad que significa pasar la droga para los traficantes: una persona puede cobrar hasta 500 dólares por pasar 1 kilogramo de cocaína. En Tartagal el precio de 1 kilogramo de cocaína de máxima pureza está valuado en 7.500 dólares, y en Buenos Aires, en más de 10.000 dólares. Esta situación habla de que la economía del tráfico de cocaína tiene un efecto dinamizador en el corto plazo. Esta actividad ilícita resulta un gran empleador por su perfil intensivo en mano de obra barata y poco calificada, y por los efectos multiplicadores que genera: produce una distribución perversa del ingreso, pero que en términos relativos, alcanza a dar máximas condiciones de vida a los agentes económicos ubicados en las cadenas más bajas y empobrecidas del ciclo coca-cocaína (campesinos productores, pisacocas y pequeños traficantes).

Como vemos, el tráfico de drogas se está convirtiendo en un efectivo agresor de las estructuras políticas y sociales de algunos Estados medianamente desarrollados como lo son Colombia, Brasil y Argentina. La situación es aún más grave en países de menor desarrollo como Perú, Ecuador o Bolivia, donde esta transnacional ilícita distorciona "de facto" una parte importante de sus economías a través de las divisas que se blanquean en los circuitos financieros y ocupando a un importante sector de la población. En la región andina, la ayuda económica para el desarrollo y el crecimiento genuino resulta una condición primordial para resolver el problema del tráfico de cocaína. En este contexto, adquiere mayor importancia el control nacional e internacional de armas y precursores, y la fiscalización del movimiento financiero a nivel internacional que el control de la producción de hojas de coca.

La tendencia general parece mostrar que la dinámica de este negocio empieza a ocupar las estructuras de Estados de desarrollo intermedio donde los mercados financieros son más importantes por su magnitud y existen condiciones favorables para su expansión ante la ausencia de controles efectivos sobre el origen y la cantidad de los capitales que ingresan en dichos países. Resulta, entonces, una problemática de seguridad en América Latina, porque vulnera la soberanía política y económica, y porque su poder económico esta desafiando el orden social y político que tanto a costado a los ciudadanos latinoamericanos.

LOS NUEVOS INMIGRANTES, ACUSADOS DE TODO MAL

Los fenómenos sociales que hemos intentado desarrollar como parte de la problemática de la seguridad regional en la década de los años '90, también han puesto en evidencia la presencia latente de una serie de prejuicios nacionalistas y de sentimientos xenófobos hacia aquellos nuevos inmigrantes provenientes de países limítrofes que, por razones económicas, optan por radicarse en la República Argentina. La epidemia del Cólera, el tráfico de drogas, el contrabando y el creciente desempleo son fácilmente relacionados por algunos sectores de la sociedad y por funcionarios de gobierno con el aumento que se viene produciendo en los últimos años de trabajadores bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños y peruanos.

Esto ha llevado a que en la conversación cotidiana, en los medios masivos de comunicación y en el discurso de algunos funcionarios aparezcan expresiones que reflejan una actitud de desconfianza y rechazo hacia estos extranjeros. Esta situación muestra que, en una sociedad donde todavía no se ha superado la propia crisis económica y aún están pendientes graves problemas sociales, encontrar causantes para dichos problemas en los extranjeros puede resultar el camino más corto y peligroso.

Las migraciones laborales tanto como la epidemia del Cólera o el Tráfico de drogas, son fenómenos sociales independientes de gran complejidad, que tienen determinantes comunes por ser parte de la problemática del subdesarrollo, pero, que, sin embargo, deben ser interpretados y eventualmente resueltos a través de políticas sociales y económicas integrales, eligiendo estrategias de cooperación regional de acuerdo con las posibilidades reales de cada país, y en un proceso solidario de asistencia recíproca. Argentina siempre ha sido un país receptor de inmigrantes y en su historia ellos jugaron un papel fundamental en la construcción de su comunidad nacional. Por ello, explica la historiadora argentina Hilda Sábato, "en una etapa de creciente exclusión y disgregación sociales como la que vivimos actualmente, vale la pena revisar su historia. Este es un tema clave para pensar en cómo revertir esa tendencia y construir una sociedad integradora, menos excluyente. La situación que viven hoy muchos inmigrantes bolivianos, chilenos o paraguayos es sólo un ejemplo más de una marginalidad cada vez más extendida. Pensar en su incorporación es pensar en cambiar las bases mismas de esta sociedad fragmentada"(13).

LA DEFENSA, UNA DIMENSION DE LA SEGURIDAD

El enfoque utilizado para analizar la seguridad regional a lo largo de este trabajo no pretende excluir, en modo alguno, el desafío que significa para nuestros países pensar la defensa nacional y regional de la soberanía y la integridad territorial en el marco del sistema democrático actualmente en vigencia. En este sentido es imprescindible reflexionar acerca del rol que deben desempeñar las Fuerzas Armadas y los medios militares, para desarrollar un sistema defensivo acorde con nuestra realidad y de efectividad para la defensa de los intereses de las naciones latinoamericanas.

Los acelerados cambios producidos a nivel mundial han generado un importante debate universal sobre el nuevo rol de la institución militar como área esencial del Estado. Algunos objetivos que se deben alcanzar en la región son la modernización y la reestructuración de las instituciones castrenses, pero, salvo excepciones, todavía no se han implementado polílicas racionales y operativas que tiendan a redimensionar los cuadros militares en relación con las nuevas necesidades y demandas que la sociedad está exigiendo.

En el caso argentino, y debido a la política de alineamiento con los Estados Unidos, se han hecho conseciones importantes en materia de defensa como ha sido el abandono del proyecto del Misil Condor II, que pretendía, además, tener aplicaciones civiles de suma importancia. "Se trata de evitar que países del Tercer Mundo accedan a tecnologías avanzadas y de esta manera compitan con los países centrales en áreas sensibles donde éstos aspiran a conservar el monopolio absoluto", explican el diputado nacional Conrado Storani (h.) y el especialista Lic. Angel Tello (14). "La idea del nuevo orden está intimamente asociada al control que se debe establecer sobre la tecnología que pueden llegar a desarrollar las naciones del Tercer Mundo"(15).

Este impedimento en el desarrollo de tecnología propia tiene su correlato, por demás paradójico, en la compra por casi 100 millones de dólares de tecnología obsoleta y de 36 aviones Skyhawk A4M de los Estados Unidos, que datan de la II Guerra Mundial. Estas políticas de alineación incondicional hacia afuera, que provocan divisiones vergonzosas hacia adentro, "sólo contribuyen a desencuentros y fracturas internas que entorpecen un clima de estabilidad y armonía necesario para el crecimiento económico y de la credibilidad internacional", afirma Tello (16). Por lo que "es imprescindible para nuestros intereses, el mantenimiento de una relación sólida con los Estados Unidos y la participación conjunta en acciones destinadas al mantenimiento del orden internacional y el Estado de derecho. Pero esto será así, en tanto y en cuanto nuestro pueblo pueda realizarse plenamente y no tan sólo un tercio de la población acceda a los beneficios del consumo del primer mundo, mientras todos los demás sobreviven como pueden en la postergación más absoluta"(17).

Por su parte, resulta auspicioso el incremento de la participación de las Fuerzas Armadas en las misiones multinacionales de paz auspiciadas por las Naciones Unidas. Hasta el momento, Argentina mantiene un batallón de 800 efectivos en Croacia como parte de los "cascos azules", algunos observadores en Angola, más de cien hombres en Somalía y un grupo de observadores de la Fuerza Aérea en Mozambique. Recientemente, el presidente de la República Carlos Menem ha comprometido la presencia de 150 nuevos efectivos militares en la conflictiva región de Bosnia en el contexto de la guerra interétnica en la ex Yugoslavia. Sin embargo, el problema fundamental que enfrentan dichas expediciones es el financiamiento, muy restringido por parte de los organismos internacionales. También se debe resolver el tema salarial que tendría un reconocimiento de no más del 10 por ciento, debido a las restricciones del presupuesto nacional. Las privatizaciones de empresas militares han logrado cierto avance (TAMSA, SOMISA) y algún fracaso, como fue el caso de FORJA, aunque éstas continuarán su curso como parte de la política de reestructuración del aparato del Estado.

El debate acerca del rol de las Fuerzas Armadas en la política nacional y regional de defensa continúa abierto y en él deben participar todos los sectores de la sociedad. "El objetivo -afirma Tello (18)-, es definir, con el mayor grado de precisión, cuáles son los intereses nacionales que habrá que defender, quién o quiénes los amenazan, y qué instrumento militar debe desarrollar el Estado para afrontar el desafío que la realidad le asigna".

Finalmente, podemos concluir que la problemática de la seguridad regional en los años noventa incluye una mulitiplicidad de dimensiones y aspectos interdependientes. En general, se trata de un fenómeno de naturaleza política y social, que exige respuestas de la misma índole. En este complejo proceso, el estudio científico de las relaciones internacionales debe aportar sus ideas e instrumentos para encarar su resolución con responsabilidad, encontrando en la cooperación y el diálogo internacional el mejor y más seguro de los caminos.

Notas

(1) SATURNO HARTT, Felicia. "La idea de seguridad y una aproximación al problema social del tráfico y consumo de drogas". En: AA.VV. La cuestión de las drogas en América Latina. Ed. Monte Avila, Caracas (Venezuela), 1991.

(2) Ibidem. Pág, 133.

(3) Ibidem. Pág, 133.

(4) VIVAS G., Freddy. Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales, citado por SATURNO HARTT, op. cit.

(5) RANGEL V., José. Seguridad, Defensa y Democracia. Un tema para civiles y militares, citado por SATURNO HARTT, op. cit

(6) Jiménez de Aréchaga, Eduardo. El Derecho Internacional Contemporáneo. Ed. Tecnos, 1980.

(7) Ibidem.

(8) Areas Operativas se denominan a las unidades de organización sanitaria en que se ha dividido la provincia.

(9) Informe Epidemiológico 1992-1993. Mortalidad - Letalidad I, II, III Etapas. Salta.

(10) RAMIREZ MONAGAS, Bayardo y otros. "Reflexiones para el análisis del problema del tráfico y consumo de drogas en América Latina". En: AA.VV. La cuestión de las drogas en América Latina. Ed. Monte Avila, Caracas (Venezuela), 1991.

(11) Ibidem. Pág, 92.

(12)Entrevista personal realizada especialmente para este trabajo.

(13) Clarín, 17/2/1994.

(14) Storani, Conrado H (h) y Tello, Angel Pablo. Las hipótesis de conflicto (II parte). Guerra del Golfo, Nuevo Orden Internacional, Defensa Nacional. Ed. H. Cámara de Diputados de la Nación, Bs. As. , 1991.

(15) Ibidem. (pág. 55)

(16) Ibidem. (pág. 63)

(17) Ibidem. (pág. 63)

(18) Ibidem. (pág. 67)