DEPARTAMENTO
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Presentación:
Rodolfo
R. Geneyro
Documentos:
Rubén
Geneyro
Cronología:
Lidia
Aguirre, Silvia Garrido, Amos Grajales, Cristina Logar, Alejandro
Marriezcurrena, Manuela Moccero, Claudia Pereyra, Miguel Tenaglia
PRESENTACION
¿Hacia una Década de Resignación?
Cuando ha
trasncurriddo más de una década de gobiernos democráticos en la región, no se
duda respecto de su legitimidad de origen; ni de la funcionalidad de la
democracia como sistema para que estos países sean considerados interlocutores
en los ámbitos de la institucionalidad internacional donde se intenta
estructurar la convivencia mundial en la globalización.
A partir
de esa certeza, necesariamente deben analizarse los hechos generados en esta
etapa democrática en el marco interno de las propias sociedades
latinoamericanas, ya que el fortalecimiento de la legitimidad política formal
se encuentra indisolublemente vinculado a la convicción popular de que los
gobiernos representan sus intereses generales, es decir que se cumple con los
parámetros que exige imperativamente la ética de la representación
democrática.
El año
1995, reflejado en este anuario, muestra la profundización de la
"transformación neoliberal" mediante políticas continuas de ajustes
estructurales que implícitamente contienen como ventaja comparativa la
heterogeneidad de sus estructuras socioeconómicas, donde los sectores atrasados
cumplen un rol pasivo que posibilita la consolidación de los sectores
minoritarios que tienen la dinámica y modernidad que exigen los mercados
globalizados.
Este
proceso, en buena medida, se cimienta sobre una creciente neutralidad pública (ej:
privatizaciones, achicamiento del aparato burocrático del Estado,
desregulación) para posibilitar que los equilibrios económicos se produzcan por
la acción de los mercados, y a partir de ello evolucionar hacia una
modernización con criterios de eficientismo técnico y sustento tecnológico
tendiente a obtener la competitividad que las economías nacionales necesitan
para poder competir a nivel mundial. Esa fórmula que se presenta como
indiscutible, naturalmente omite consideraciones de bienestar en términos
totalizadores desde la perspectiva social.
La
magnitud de tal "transformación" económica de la región no resulta
neutra para el conjunto de actores sociales, en tanto, se modificaron
drásticamente las formas de participar en la generación de riqueza con el
consiguiente deterioro en los ingresos de amplios sectores de la población.
En ese
marco, se generaliza la tendencia que establece una diferencia, en aumento,
entre quienes acceden al proceso productivo capitalizando su posicionamiento
referencial anterior, ya sea por condiciones económicas o de capacitación
propias, respecto de quienes pierden sus empleos o no logran incorporarse al
mercado laboral 1.
Teniendo
en cuenta esa evaluación, y la observación de la evolución de las políticas en
ejecución, cabe señalar que a las heterogeneidades que caracterizan a
Latinoamérica, se le adicionan las divergencias producidas por la compleja
vinculación que tienen los distintos actores sociales con el renovado sistema
económico.
De esta
manera, las democracias latinoamericanas se enfrentan a la cuestión de la
distribución equitativa de los costos y beneficios de la transformación que
están llevando adelante, y no sólo como valor político, sino como una demanda
concreta de amplios sectores populares. Demanda de difícil solución, ya que en
"las propuestas actuales de reforma de las estructuras económicas
probablemente no conseguirán más que una <equidad restringida>, es decir
avances para sectores de la población que ya disfrutan del algún grado de
acceso real a las nuevas posibilidades empresariales y de empleo, más bien que
la <equidad universal> en que los estratos que ahora están empobrecidos y
en desventaja podrían participar" 2
Sin
dudas, la multiplicidad de divergencias de intereses apuntadas en función del
reposicionamiento de los actores socio-económicos repercute sobre su percepción
de la democracia, en tanto la segmentación social provoca el debilitamiento de
los esquemas de representación de intereses preestablecidos.
La
particular vinculación entre: fragmentación social -crisis de representación-
revalorización del comportamiento económico por sobre el social, están
transformando a las sociedades latinoamericanas en sociedades de mercado,
donde "ya no sería la economía el subproducto de la política sino al revés,
con lo cual una lógica economicista suplantaría a una lógica politicista de la
democracia. Bien conocido es el fraseo de esa nueva retórica: el mercado como
organizador de la sociedad, no sólo como de recursos sino como dispositivo
moral, como ordenador cultural y como la política, en una secuencia en que lo
privado reemplaza no sólo lo estatal, sino, y sobre todo, lo público" 3
De esta
forma, las "nuevas políticas", no sólo han desactivado al Estado en
su rol económico tradicional en América Latina, sino también en su función de
garante de la cohesión social de la sociedad a la que representa. Ante ello, se
plantean dos interrogantes fundamentales, por una parte, si existen formas de
reanudar el crecimiento en condiciones de mayor equidad; y por otra, si los
gobiernos podrán superar las "debilidades" político-económicas que
genera su accionar, para sostener la legitimidad democrática que la región
requiere para su desarrollo.
Las
Debilidades del Modelo
El debate
sobre la aptitud del modelo de época para provocar un desarrollo sostenido de
los países latinoamericanos es permanente en términos teóricos, pero ese debate
de ideas no ha frenado una implementación generalizada del mismo en la región.
De esa forma, la discusión se modifica sustancialmente, ya que si los hechos
demuestran la disfuncionalidad del modelo, sus críticos tendrán que generar un
sistema de ideas que permita una adecuación progresiva de las estructuras
socio-económicas generadas en estos años a un esquema donde las sociedades
compatibilicen todo el mercado posible con políticas estatales activas, tanto
en el plano económico como en el institucional, que tiendan a concretar el
objetivo del desarrollo sostenible con la equidad que la población exige.
Para
llegar a esa etapa pareciera que resta un largo camino, pero que necesariamete
va a transitar por el convencimiento de las actuales elites gobernantes de las
debilidades que el modelo manifiesta en su actual estado de ejecución.
Si bien
podría caracterizarse al plano social y a la estructuración de un nuevo Estado
como carencias del modelo imperante, en una primera aproximación y por
su significación deben mencionarse las dos "debilidades" que en el
discurso neoliberal están ausentes: las derivadas de la política económica y
las que erosionan la legitimidad de la política como sostén de la democracia.
a) Las debilidades de la economía: En estos años de la década,
han sido una constante, los reclamos sectoriales por la forma en se han visto
afectados por la política de ajustes estructurales, pero 1995 marcó un hecho de
mucha mayor significación en lo que se refiere al debate sobre la viabilidad de
ese proceso económico: la crisis de la economía mexicana.
México, durante la gestión del Pte. Salinas de Gortari, se fue
transformando en una referencia cuando se mostraba el camino de las reformas
estructurales. Y, el ejemplo era válido, por que este país tenía singularidades
en su sistema político-económico, que previamente podían ser considerados como
obstáculos de gran envergadura para encarar los cambios económicos, dado que
junto a la hegemonía política del PRI se había consolidado durante décadas una
estructura económica fuertemente vinculada al Estado.
El avance de la liberalización de la economía mexicana que trajo
aparejado un gradual programa de reformas políticas con mayores garantías para
la oposición política, fue convirtiendo a México en una suerte de paradigma de
la modernización latinoamericana.
Pero el ejemplo mexicano sufrió un duro golpe en los inicios del año,
cuando se desató el colapso de su economía. Como causas de esa situación se
destacan: la crisis del sistema bancario -detonante del conflicto-, déficit en
la balanza comercial, crecimiento continuo del déficit público; y aumento de la
inflación.
Las expresiones del presidente E. Zedillo para describir la crisis son
elocuentes de la "confianza" que se tenía en los mecanismos del
mercado para equilibrar los desajustes de la economía: "El saldo negativo
en la cuenta corriente llegó a ser demasiado grande... El tamaño del déficit de
la cuenta corriente, la volatilidad de los flujos de capital, hicieron muy
vulnerable a nuestra economía...Hay que reconocer que hubo una subestimación
del problema". "Debemos ajustarnos lo más pronto posible y evitar
que la inflación transitoria que causará la devaluación se vuelva
permanente." 4.
La respuesta a la crisis, en una primera etapa consistió, en la puesta
en marcha de un plan de estabilización para frenar la inflación y reducir el
déficit externo; plan que tuvo como principal sustento un apoyo externo
privilegiado, al concretarse el "programa de rescate" con provisión
de fondos del FMI y de sus socios del NAFTA-EE.UU. y Canadá-. Fondos que le
permitieron a México enfrentar la grave crisis financiera, pero con
indisimulables exigencias, que llegaron hasta la resignación mexicana respecto
de la libre facultad en el manejo de su propia política petrolera. Es decir, un
"rescate" que implicó para México la pérdida de buena parte de la
autonomía que todo país posee en términos globales, al ser virtualmente
controlada su política económica por el FMI y por el Tesoro de los EE.UU..-
El segundo paso, que debió instrumentar el gobierno mexicano, se
vinculó a la necesidad de contar con un amplio consenso para poner en marcha el
nuevo plan de ajuste, ya que las consecuencias sobre la actividad económica
necesariamente serían marcadamente recesivas. En ese marco, se concretó El
Acuerdo de Unión para Superar la Emergencia Económica, firmado por el
gobierno, los sindicatos y los empresarios; acuerdo que estableció:
- Congelamiento de precios y tarifas. Los empresarios sólo podrán
aumentar sus productos si hay incrementos en los costos de las importaciones.
- Aumento salarial para 1995 del 4%, más una bonificación del 3% por
productividad.
- Línea de crédito para el sector agrícola y las pequeñas empresas.
- Reducción de u$s 4.000 millones en el gasto público.
- Creación de las condiciones para una recuperación de la actividad
económica.5
Ese programa de estabilización provocó una marcada recesión, ya
"que el producto bruto interno caerá en 1995 cerca del 6 por ciento y ya
se pronostican bajas del 3 por ciento para 1996. Se trata de una de las
recesiones más prolongadas e intensas del país azteca. Esta crisis supera a la
que se padeció en los años ochenta, que desembocaron en la crisis de la deuda
externa. Como los indicadores retrotraen la economía a los niveles anteriores a
1985, podría afirmarse sin lugar a equívocos que ya se configura otra
"década perdida", 6 7
El denominado "efecto tequila" extendió sus consecuencias
negativas al resto del continente, y no sólo porque la desconfianza de los
mercados internacionales provocó la salida de capitales externos de tipo
especulativo de la región, sino también, porque los problemas que derrumbaron
la economía mexicana se presentan, en mayor o menor medida, en el resto de los
países latinoamericanos, con la excepción de Chile que se distingue por su alta
tasa ahorro interno, y porque al haber sido el primer país que produjo reformas
estructurales neoliberales, en los últimos años viene desarrollando una
política que no oculta la necesidad de superar los déficits que plantea el
modelo.
El presidente Eduardo Frei expresa esa decisión cuando afirma: "Yo
estoy convencido de que el sistema capitalista (ref. al capitalismo salvaje) no
es el sistema para nuestros países. El capitalismo no resuelve el problema de
los más pobres; y el mercado, por sí mismo, tampoco. La cuestión es definir
cómo crecer en una economía social de mercado que incorpore el componente
social. Necesitamos un sistema económico que compatibilice desarrollo con
justicia y equidad. Sociedades con un 30 por ciento de gente en la
marginalidad pueden apostar por el mercado, pero teniendo en cuenta el factor
social. Y eso no podemos hacerlo por la vía capitalista".
Y, define el marco de un cambio progresivo, en la perspectiva que
"Nuestros países, que no son industrializados pero que tampoco están en el
mundo de los países pobres deben resolver su salto al desarrollo. Y eso es
factible con una economía social de mercado. En la medida que el sector privado
adquiera más preponderancia como el gran promotor del desarrollo económico, el
Estado debe asumirse como garante del bien común a través de la regulación; de
una regulación no restrictiva sino promotora de nuevas oportunidades" 8.
b) las debilidades de la política: Planteados los interrogantes
que presenta el proceso de reformas económicas, surge la necesidad de analizar
el comportamiento del elemento central de la democracia, como lo es, su solidez
política.
Esa solidez, no presenta fisuras si se la observa desde la perspectiva
de contar con un clara y absoluta aceptación social como sistema de gobierno; nadie
pone en tela de juicio a la democracia. Pero tal adhesión al sistema no se
corresponde cuando se plantea el nivel de credibilidad en los actores políticos
del sistema, incluidos los partidos gobernantes, reflejando una
indisimulable crisis de representantividad.
Esa situación distanció al ciudadano de la política, cuando esa la
misma debiera ser el factor dinámico esencial para perfeccionar la
institucionalidad democrática. "La gente se siente impotente
políticamente. Les interesa la política pero no ven cómo podrían afectarla. Los
ciudadanos piensan que han sido marginados de la vida política por la manera
como ésta funciona, por la forma como se presentan los temas de debate en
términos, a veces, ininteligibles para el común de la gente. Ya no creen en los
precarios medios que existen para expresar sus opiniones, manifestaciones,
encuestas, cartas. Creen que estos procedimientos no son sino juegos de
apariencia y no opciones serias para que la opinión pública se haga sentir. Se
sienten además, perdidos frente a las opciones electorales y llegan a
cuestionar la utilidad del voto. No ven cómo pueden participar." 9
El desprestigio creciente de los actores políticos no se relaciona sólo
con los resultados carentes de equidad de las políticas económicas que se
indicaran anteriormente, sino a partir de comportamientos concretos y
enfrentados con la ética democrática.
Esos comportamientos disvaliosos se evidencian en los siguientes casos,
que no son los únicos, pero que cuentan con la entidad suficiente como para ser
tomados como ejemplo de este tipo de situaciones:
a) México: el gobierno mexicano no sólo debió enfrentar el agudo
problema económico ya señalado, también debió hacerlo con la aparición de
pruebas ciertas sobre los altos niveles de corrupción en la gestión
gubernamental del hegemónico PRI.
Por un lado, la comprobación fehaciente que la violencia fue un
instrumento utilizado en las disputas internas del PRI, como fueron los casos
de los homicidios del candidato presidencial Luis Donaldo Colossio y del
secretario general de la agrupación, José Ruiz Massieu, delitos en los que se
atribuyó directa responsabilidad a Raúl Salinas de Gortari, hermano del
ex-presidente.
Por otro, a esas imputaciones, se le sumaron las maniobras delictivas
de carácter económico que se fueron imputando a la familia del ex-presidente. La
gravedad de las acusaciones generaron hechos políticos difíciles de imaginar
poco tiempo antes, como ser el pedido de juicio político por "traición a
la patria" planteado por el opositor Partido de la Revolución Democrática
(PRD) contra Carlos Salinas de Gortari, junto al pedido de expulsión del
ex-mandatario de las filas del PRI formulado por los legisladores oficialistas.10
b) Brasil: Después de la traumática salida del gobierno del
ex-presidente Fernando Collor, ya en la presidencia de Fernando. H. Cardoso se
renovaron las denuncias contra la clase política, en un primer caso por la
adjudicación con vicios de irregularidad a una empresa norteramericana del
sistema de vigilancia por radar del Amazonas.
Y, Hacia fines del año, tomó estado público una serie de documentos
("carpeta rosa") donde se detallan las contribuciones ilegales que el
Banco Económico de Bahía había realizado para las campañas de figuras
prominentes de la política brasileña, entregando fondos para unos 40 dirigentes
políticos, en violación de las leyes electorales que establecen que son los
partidos políticos, y no sus dirigentes, los que pueden recibir contribuciones
para financiar las campañas 11
c) Uruguay: El proceso democrático uruguayo se ha destacado por
un creciente equilibrio, tanto en lo que se refiere al caudal electoral de las
tres fuerzas políticas nacionales, como por el funcionamiento institucional del
sistema.
En 1995, ese marco se vió alterado por denuncia públicas de corrupción
contra miembros del equipo del ex-presidente Lacalle. En la Justicia se
encontraban radicadas: una relativa al supuesto tráfico de influencias en el
Banco de Seguros -que hasta 1994 monopolizaba ese servicio-; otra, sobre sobre
presuntas irregularidades en la privatización del Banco Pan de Azúcar, y la
restante sobre pago de sobreprecios en compras estatales realizadas en el
exterior.
En medio de esas investigaciones judiciales, a mediados de año, surgió
en el Parlamento una denuncia sobre un supuesto chantaje por parte de un sector
del Partido Nacional que habría condicionado sus votos a una ley a cambio de
suavizar un informe de la Comisión Parlamentaria que investigaba maniobras, de
tipo especulativas y de enriquecimiento ilícito con inmuebles del estado
uruguayo, de la representación de este país en la comisión Técnica Mixta de
Salto Grande.12
d) Colombia: El hecho de corrupción más grave planteado en la
región, por estar directamente afectado el propio presidente de la nación, se
produjo en Colombia, cuando se denunció que Ernesto Samper recibió fondos
provenientes del narcotráfico para financiar su campaña política.
Cuando el gobierno intentó enmarcar las denuncias en un plano
estrictamente político, fueron surgiendo evidencias que generaron la renuncia
del ministro de Defensa y coordinador de la campaña electoral, Femando Botero y
su posterior detención, junto con la de un gran número de dirigentes y
legisladores del oficialista Partido Liberal.
Las investigaciones judiciales fueron acrecentando las pruebas que
comprometen a buena parte de la dirigencia política colombiana en ese tipo de
operaciones financieras, a partir de allí, se fueron produciendo duros
enfrentamientos institucionales entre el Poder Ejecutivo, funcionarios
judiciales y el Parlamento.
En el plano internacional, además de la creciente impresión de
ilegitimidad en el proceso electoral que culminó con la proclamación de E.
Samper, se incrementó la presión de los EE.UU. en un claro respaldo a las
denuncias presentadas contra el presidente colombiano. Como réplica a esa
presión, el gobierno de Colombia acusó a la embajada norteamericana y a la DEA
de "conspirar contra el presidente Emesto Samper, al crear y fomentar un
clima de especulaciones e inestabilidad". 13
En el ámbito interno, sectores del propio partido Liberal, de la
oposición política, empresarios, e incluso la Iglesia Católica pidieron
insistentemente, y si éxito, la renuncia del presidente, como la única forma de
reestablecer la credibilidad en el sistema político colombiano.
Cambio
o Resignación
El
escenario de escepticismo que conforma la interacción entre las
"debilidades" antes indicadas, sin embargo encuentra un aspecto
positivo cuando se observa la acción política de los gobiernos de Paraguay y
Chile ante la presión de sectores militares. En los dos casos, que representan
procesos de democratización similares, en lo que hace a los condicionamientos
claramente planteados por las fuerzas armandas hacia los gobiernos civiles, los
conflictos se resolvieron iniciando el camino para desarticular los
instrumentos de presión utilizados por esos sectores autoritarios.
En el
caso paraguayo, los condicionamientos son asumidos por el gobierno en función
de la estrecha relación que une al Partido Colorado oficialista y las fuerzas
armadas, de tal forma que las amenazas de desestabilización parecieran estar
vinculadas a las contiendas políticas internas del partido gobernante. Pero, de
cualquier manera, la presión militar, personalizada en la figura del general
Lino Oviedo, encontró límites firmes en la oposición política paraguaya y
fundamentalmente en el ámbito internacional, desde donde se actúa decididamente
para evitar el que los planteos militares trasciendan en el plano
institucional.
El
proceso chileno, en cambio, aparece como profundo e irreversible como queda
simbolizados en algunos hechos, ya sea por la firme decisión de la Corte
Suprema de encarcelar militares de alto rango (general Manuel Contreras y
brigadier Pedro Espinoza) o por la aparición de importantes fisuras en la
coalición derechista en el Parlamento (UDI y Renovación Nacional).
Y, en la
acción gubernamental concreta, la decisión de transformar la institucionalidad
que establece los condicionamientos para el sistema democrático, se reflejan en
tres proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento: a) Designación de
jueces especiales para tratar el tema de los desaparecidos durante la
dictadura; b) Reforma de la ley castrense otorgando al presidente la facultad
exclusiva de remoción y promoción de oficiales de las fuerzas armadas; c) Modificación
del Tribunal Constitucional, del Consejo de Seguridad Nacional y eliminación de
la figura de senador vitalicio.
Más allá
de que la globalización se entienda como un sistema que reduce la autonomía de
los Estados para desarrollar políticas internas, las "debilidades"
que el neoliberalismo presenta en América Latina obliga a debatir sobre la
cuestión de la gobernabilidad de estas sociedades, en la medida que no existan
rectificaciones de importancia en los aspectos económicos y políticos del modelo,
en tanto "la gobernabilidad democrática precisa la construcción paciente y
progresiva de acuerdos mínimos; el esfuerzo para volver más convergentes los
intereses; la creatividad para subordinar lo que divide a lo que une. En suma
reside en una adecuada organización de la política y la participación" 14
Como lo
expresaramos en otro trabajo 15, la profundidad de este tipo de replanteos
requiere imprescindiblemente el establecimiento de una institucionalidad de
suficiente nivel político y capacidad operativa que permitan integrar
eficazmente la política con la economía.
Ante la
crisis, esa relación de congruencia es la única que evita rupturas que pueden
hacer irreversibles los perjuicios producidos por los desequilibrios que
caracterizan la actualidad latinoamericana. Ya, que como lo expresa, A. Toffler
"si los sistemas político y económico tienen profundas disimilitudes, el
uno acabará por destruir al otro". 16
Para
avanzar en ese camino debe deternerse la desarticulación política en las
sociedades latinoamericanas, porque el mantenimiento de tal situación se
convertirá en un obstáculo determinante para poder modificar las estructuras
socio-económicas derivadas de las políticas neoliberales. No debe perderse de
vista que, de la misma manera, que el "economicismo" desprestigió la
validez de los postulados políticos, si no se plantean pautas de transformación
desde la política, es probable que la economía desacredite a la democracia.
De esto
último, deriva el interrogante si de la década de los noventa no se convertirá
en la "década de la resignación", porque no surgiría otra definición
para describir una época donde prevalece el empobrecimiento de amplios sectores
sociales bajo el proyecto de adaptarse a la globalización junto al divorcio
entre los votantes y sus representantes políticos.
Ese
interrogante pareciera tener una afirmación como respuesta, salvo que se
produzcan las rectificaciones que hagan posible un nuevo contrato social, en la
expresión de Norberto Bobbio 17, donde el liberalismo y la democracia
acuerden que para compatibilizar la libertad y el desarrollo sostenible en
América Latina es necesario preveer cláusulas que garanticen los principios de
la justicia distributiva.
Rodolfo R. Geneyro
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1
Sunkel dice al respecto: "por desgracia, entregados al juego espontáneo
del mercado, los primeros tienden a ser menos que los segundos, dado el
crecimiento de la población y la fuerza de trabajo, las severas exigencias de
reestructuración derivadas de las políticas de liberalización, privatización y competencia
internacional, la masiva incorporación de tecnología que hace uso intensivo del
capital, el insuficiente esfuerzo de inversión, y la falta de calificaciones,
educación y hábitos laborales de gran parte de la población activa".
SUNKEL Osvaldo, "La consolidación de la democracia y del desarrollo en
Chile", en Rev. de la CEPAL nro.47 pág. 44; ed. Naciones Unidas, Santiago
de Chile, agosto de l992.
2 Wolfe
Marshall, "Perspectivas sobre la equidad" en Rev. de la CEPAL nro.44
pág. 23; de. Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de l991.
3
PORTANTIERO, Juan Carlos, "Revisando el camino: las apuestas' de la
democracia en Sudamérica", en Rev. Sociedad nro.2 pág. 28; Ed. Fac. de
Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires, mayo de l993
4 Clarín
30-12-94.
5 Clarín
4-1-95.
6
MUCHNIK Daniel, Es significativo que esta nueva fase del "tequilazo"
se haya producido después que las fuerzas vivas mexicanas firmaran el Pacto
para la Recuperación Económica, que establece metas de crecimiento del 3 por
ciento para 1996, una inflación que no supere el 25 por ciento anual y una
serie de incentivos fiscales para favorecer la producción y el empleo.
Es que
el Pacto es, por ahora, una expresión de deseos porque está oprimido por el
peso de la deuda, que no deja margen para el optimismo. Ahora son muchos los
que reconocen el equívoco de la estrategia económica arbitrada en tiempos de
Salinas de Gortari y de Pedro Azpe, quienes desdeñaron el significativo déficit
comercial y el endeudamiento en que estaba incurriendo México para poder
mantener su peso sobrevaluado y las ganancias bursátiles." En "México
sigue en plena recesión", Clarín 19/11/95
7
Clarín 2/12/95 "El país vive la peor recesión del último medio siglo con
niveles récord de aumento de la desocupación y la pobreza, cierre de fábricas y
caída del poder adquisitivo" ... "El así llamado "efecto
Tequila" sumió a América latina -en especial a la Argentina y el Brasil-
en una grave crisis, y a México en la peor recesión de los últimos 50 años:
unas 14.000 empresas quebraron, más de dos millones de personas pasaron a
engrosar los ya abultados índices de desempleo y el poder de compra se redujo
en un 30 por ciento"
8
Clarín 9/4/95.
9
CEPEDA ULLOA Fernando, "Algunas instituciones claves para la
gobernabilidad" en "Estudios Internacionales" nro. 105, pág.
114; ed. lnst. de Estudios Internacionales de la Univ. de Chile; Santiago 1994.
10 Clarín
1/12/95, donde se indica que "La demanda del PRD fue presentada ante
la Cámara de Diputados y se basa en la privatización en 1990 de la empresa
de Teléfonos (Telmex). "El saqueo más escandaloso al patrimonio del pueblo
de México", según denunció el líder de la agrupación, Cuauhtémoc Cárdenas.
El dirigente cen-troizquierdista aseguró que entre otras irregularidades Telmex
fue valorada en 8.500 millones de dólares cuando en realidad costaba 30.000
millones"
11
Clarín 9/12/95, "La lista de políticos beneficiados, encontrada en un
cofre del banco, induye, además de Serra, al ministro de Medio Ambiente
-Gustavo Rause- y a varios conspicuos aliados del gobierno en el Parlamento:'
el senador Antonio Carlos Maga-lhaes (ex gobernador y hombre fuerte del estado
de Bahía) y a su hijo Luis Eduardo, presidente de la.Cámara de Diputados, ambos
del Partido del Frente Liberal (PFL). Igualmente comprometidos aparecen el ex
presidente y actual titular del Congreso, José Sairney y el también senador y
ex ministro de Hacienda, Antonio Delfim Netto."
12
Clarín 25/8/95 Los afectados eran el ex ministro de Economía y ex presidente
del Banco central de Uruguay, Enrique Braga, el ex asesor presidencial Daniel
cambón, el ex presidente del Banco de Seguros del Estado, Julio Grenno en los
dos primeros casos, en el de Salto Grande el Diputado León Morelli quien fuera
presidente de la de la delegación uruguaya en el organismo binacional.
13
Clarín 28/9/95. El Ministro del interior, Horacio Serpa, después de un atentado
sufrido por el abogado defensor de E. Samper afirmó que: "Si a mí me
preguntan si hay intereses por fuera del país dedicados a crear circunstancias
de desestabilización, yo pienso que sí, y cuando me preguntan si es la DEA, yo
digo que me suena bastante", dijo el ministro. Serpa fue aún más lejos.
"Yo he sabido que hay altos funcionarios de la Embajada norteamericana que
en las reuniones sociales hacen toda clase de conjeturas y especulaciones y
preguntan si va a caer el presidente y cuándo va a ocurrir" .
15
GENEYRO Rodolfo R., "La transformación política, el imperativo del fin de
siglo en América Latina"; Rev. Relaciones Internacionales, IRI,
Mayo 1995.
16
TOFFLER Alvin, "El cambio del poder", pág. 288; ed. Plaza &
Ja-nes,Barcelona 1991.
17
BOBBIO Norberto, "El futuro de la democracia", FCE, Buenos Aires
1993.