Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1997 CRONOLOGIA DOCUMENTAL

 

CRONOLOGIA DOCUMENTAL
N
aciones Unidas

Informe del Comité de los Derechos del Niño

 

Líbano.

Celebró que se haya creado el Consejo Superior de la Infancia, administrado por el Ministerio de Asuntos Sociales, congratulándose de que el mismo haya decidido llevar a cabo un estudio acerca de la situación de la legislación en el Líbano, en relación con la Convención de los Derechos del Niño.

Acogió complacido que se halla establecido la Comisión Parlamentaria para la Protección de la Infancia.

Se congratuló de que la mención infamante de «ilegitimo» se eliminara de las cédulas de identidad, registros de nacimientos y de todos los demás documentos oficiales.

Expresó su satisfacción por las mesas redondas y los cursos de enseñanza organizados para instruir y formar a los maestros, así como los planes para capacitar a los policías, trabajadores sociales y otros profesionales sobre los derechos del niño.

Expresó su inquietud por la insuficiencia de las medidas tomadas a fin de garantizar un mecanismo permanente y eficaz de coordinación y vigilancia de la Convención de los Derechos del Niño.

Señaló que, sigue habiendo leyes incompatibles con las disposiciones de la Convención y de otros tratados.

Expresó su preocupación por la aparente discriminación con que es tratado un hijo de padres de distinta nacionalidad, si quiere solicitar ciudadanía libanesa.

Le inquietó la práctica generalizada del matrimonio precoz y de las elevadas tasas de mortalidad infantil, así como los perjuicios que causa a la salud de las niñas la maternidad precoz y los matrimonios consanguíneos.

Señaló la necesidad de que se lleven a cabo nuevas reformas en el sector de la educación escolar a fin de mejorar la calidad de la enseñanza y prevenir la deserción.

Señaló la necesidad de nuevas reformas en materia de justicia de menores y tratamiento de delincuentes juveniles, en particular en lo que hace a la corta edad para la responsabilidad penal, la no separación de los presos infantiles de los adultos y la no disponibilidad de asistencia letrada.

Le preocuparon los informes acerca de los niños que trabajan en la calle o en el servicio doméstico.

Señaló la necesidad de que se redoblen los esfuerzos para proteger a los niños en situaciones especialmente difíciles, como los niños abandonados y los apátridas.

Recomendó que se modifique la edad mínima de responsabilidad penal, la de contraer matrimonio y para el trabajo infantil.

Recomendó que se establezca un mecanismo permanente y multidisciplinario destinado a coordinar y vigilar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.

Sugirió al Gobierno que lleve a cabo campañas públicas para hacer frente eficazmente a la persistencia de las actitudes discriminatorias, en particular respecto de las niñas.

Recomendó la elaboración de nuevos programas destinados a formar al personal que está en contacto con los niños, como trabajadores sociales, policías, y funcionarios de la administración de justicia.

Recomendó enfáticamente que se garantice el respeto de los derechos de la niña, especialmente en lo que se refiere a prevenir el matrimonio precoz.

Recomendó al Gobierno que haga hincapié en la educación pública y el sistema de asistencia social.

Acogió con beneplácito las medidas adoptadas para reformar el sistema escolar y mejorar la calidad de enseñanza, e invito a que se adopten medidas relativas a la educación gratuita y obligatoria para los niños.

Celebró que se haya adoptado la política de no permitir los castigos corporales en las escuelas u otras instituciones oficiales, y recomendó que se examine a fondo el problema de la violencia en el hogar.

Sugirió que se elaboren programas especiales para los niños con discapacidades, a fin de determinar sus necesidades sociales, psicológicas, físicas y de otra índole, e instruir a los padres sobre la mejor forma de atenderlos. Recomendó que se hagan nuevos esfuerzos para alentar a las escuelas a que garanticen la participación de estos niños en todas las actividades.

Instó al Estado Parte a que estudie detenidamente la posibilidad de hacer mayor hincapié en la recuperación y reintegración psicosocial de las «víctimas pasivas» de la violencia y de los conflictos armados en el Líbano.

Recomendó a que se tomen nuevas medidas para proteger a los niños contra los trabajos peligrosos, como la ratificación de los convenios pertinentes de la O.I.T..

Invitó al Estado a que se lleve a cabo una reforma amplia del sistema de justicia de menores. Se debería velar en especial, señaló, por que la medida de privación de la libertad se utilice únicamente como último recurso y por el periodo más breve posible, por la protección de los niños privados de la libertad y por que los procesos cuenten con las debidas garantías.

El Comité recomendó que los organismos e instituciones internacionales pertinentes, así como todos los gobiernos, cooperen con las autoridades libanesas en los esfuerzos de reconstrucción que se están haciendo para superar la devastación provocada por tantos años de guerra.

Zimbabwe.

Se congratuló de la adopción reciente de la enmienda número 14 de la Constitución, que prohibe la discriminación por motivos de sexo. Tomó nota de las iniciativas tomadas para dar a conocer los derechos del niño, entre las que figuran la organización de un parlamento de los niños, el fomento de los consejos juveniles y la figura del alcalde infantil. Puso de relieve la creación de un Comité Interministerial de Derechos Humanos y Derecho Internacional, que coordinara las actividades de los distintos ministerios y departamentos de Gobierno con el objetivo de aplicar la Convección.

Valoró positivamente la creación de la oficina del Ombudsman, y aplaudió la decisión de que se amplíe su mandato, a fin de dar cabida en él a las supuestas violaciones de los derechos del niño cometidas por miembros de las fuerzas de defensa, de policía y funcionarios de los centros correccionales.

Acogió con beneplácito las medidas para mejorar las condiciones de vida y mitigar la pobreza. Celebró la atención prestada por el Gobierno a la campaña contra el SIDA que se está organizando en el sistema educativo. Acogió con beneplácito la iniciativa de crear tribunales que no traumaticen a las víctimas, con el objeto de proporcionar un asesoramiento especial para la rehabilitación de las víctimas infantiles de abusos sexuales.

El Comité tomó nota de que Zimbabwe tuvo hasta 1980 un régimen no democrático en el que la legislación y las políticas aprobadas y ejecutadas promovían la segregación y discriminación raciales en la sociedad.

Le inquietó que el Estado Parte no haya emprendido, todavía, una reforma jurídica global con fines a lograr que su legislación se adapte plenamente a la Convención.

Señaló con preocupación que las medidas legislativas adoptadas para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación son insuficientes. Indicó, en este sentido, que el principio de no discriminación no se aplica a los profesionales, ni a las instituciones privadas, lo que implica derogaciones en esferas importantes como la adopción, el matrimonio, el divorcio e impide, entre otras cosas, que las niñas tengan derecho a heredar.

Nepal.

Acogió con beneplácito los esfuerzos del Gobierno para establecer mecanismos destinados a velar por las cuestiones relativas a la infancia y a los derechos del niño. Tomó nota con satisfacción del reciente establecimiento de un Consejo Nacional para el desarrollo del niño y de la mujer en la Secretaria de la Comisión Nacional de Planificación.

Tomó nota con beneplácito de que el Estado Parte haya adoptado un Plan Nacional de Acción y formulado un Programa Nacional de Acción para el niño y su Desarrollo en el decenio de 1990.

E l Comité observó que Nepal es uno de los países más pobres del mundo, en donde la mitad de la población vive en la pobreza más absoluta, que afecta principalmente a los grupos más vulnerables e impide el disfrute de los derechos del niño.

Le inquietó el abismo resultante entre la legislación vigente y su aplicación práctica.

Manifestó su preocupación porque el Estado Parte no haya tenido en cuenta cabalmente en su legislación o en sus políticas los principios generales de la Convención.

Le preocupó especialmente las medidas insuficientes adoptadas para velar por la aplicación del principio de no discriminación, tal como se refleja en la preferencia de los hijos varones. Asimismo le inquieto las diferencias de edad para el matrimonio de las niñas y los niños. También manifestó su inquietud ante una norma del la Ley de Infancia que permite que los padres, miembros de la familia y maestros peguen al niño «si se considera que es por su bien».

Le alarmó que el Gobierno no conceda prioridad a velar por el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales del niño hasta el máximo de los recursos de que disponga.

Le inquietaron las escasas medidas adoptadas para garantizar la inscripción de los nacimientos, y las repercusiones negativas que eso entraña para el disfrute de los derechos fundamentales del niño.

Le preocupó la elevada tasa de abandono escolar, sobre todo de las niñas de las zonas rurales, y el alto porcentaje de trabajo infantil.

Manifestó su profunda preocupación por que la enseñanza primaria no sea obligatoria para todos. Le inquietó también el alto grado de analfabetismo de los niños y los adultos.

Le alarmó que aún no se hayan adoptado las medidas apropiadas para prevenir y combatir realmente cualquier forma de malos tratos y castigos físicos de los niños en la familia.

Le preocupó el elevado número de niños que por la pobreza extrema y la violencia o el maltrato en la familia se ven obligados a vivir en las calles, no gozan de sus derechos fundamentales o están expuestos a diversas formas de explotación.

Le inquietó que muchos niños se vean obligados a trabajar a pesar de su corta edad, entre otros en el sector no estructurado, como el servicio domestico.

Se encontró profundamente preocupado por la falta de una legislación y de políticas especificas par combatir el problema de la venta y trata de niños y en especial de las niñas.

Le inquietó el fenómeno cada ves mayor de la prostitución infantil que afecta en particular a los niños de las castas más bajas. Le alarmó, también, que no se hayan tomado disposiciones para luchar contra él y la falta de medidas de rehabilitación y por la escasez de medidas para hacer frente a la situación de los niños toxicómanos.

Un gran tema de preocupación fue el sistema de la administración de la justicia de menores, en particular la baja edad en la responsabilidad penal, la disposición que permite encadenar a los niños enfermos mentales y la definición jurídica de la tortura que no es compatible con la Convención.

Para combatir eficazmente las actitudes tan arraigadas de discriminación y las tradiciones negativas respecto de las niñas, animó al Estado Parte a iniciar una campaña de información pública general y bien estructurada a fin de promover los derechos del niño en el seno de la sociedad, y, en especial de la familia.

Sugirió que se establezca un sistema de vigilancia interdisciplinaria a fin de evaluar los progresos alcanzados y las dificultades halladas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.

Con relación a los derechos económicos, sociales y culturales recomendó que se preste especial atención a la necesidad de asignar partidas presupuestarias hasta la máxima de los recursos de que se disponga.

Recomendó que se tomen las medidas necesarias para reducir la tasa de abandono de niñas y evitar que se dediquen a trabajar sin tener la edad necesaria y para respaldar el acceso a los servicios básicos de los niños en las zonas rurales y de los discapacitados en todo el país.

Para promover la protección de los niños refugiados, alentó al Estado Parte a estudiar la posibilidad de ratificar la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

Recomendó que el Gobierno adopte todas las medidas apropiadas para combatir toda forma de maltrato y abuso sexual del niño, incluidos los cometidos en el seno de la familia.

Instó a que se garantice el derecho de todos los niños de Nepal a la supervivencia, teniendo en cuenta aquellos que viven en las calles.

Con relación al problema del trabajo infantil sugirió que Nepal estudie la posibilidad de ratificar el Convenio Nº 138 de la O.I.T. sobre la edad mínima de admisión al empleo y revise toda la legislación nacional pertinente, a fin de ajustarla a las disposiciones de la Convención.

En la esfera de la administración de justicia de menores recomendó una reforma jurídica que tenga en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, principalmente prestando atención a elevar la edad mínima de responsabilidad penal, establecer tribunales de menores, cumplir la legislación en vigor, prevenir la delincuencia juvenil, establecer alternativas a la privación de la libertad, proteger los derechos del niño privado de la libertad; revisar con urgencia la ley que permite el encarcelamiento de niños con trastornos mentales.

Guatemala.

Tomó nota de la aprobación del Acuerdo sobre la Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Consideró digna de felicitación la ratificación por Guatemala del Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la O.I.T..

Tomó nota de la firma del Acuerdo Global sobre derechos humanos, del Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, y por la creación de la Misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).

Opinó que más de 30 años de conflicto armado en el país ha dejado una herencia de violaciones a los derechos humanos e impunidad y un ambiente de temor e intimidación que socava la confianza de la población en los mecanismos y procedimientos que garantizan los derechos humanos.

Señaló que las elevadas tasas de pobreza y analfabetismo y la discriminación contra la población indígena y quienes viven en la pobreza, contribuyen a que las violaciones a los derechos humanos sean moneda corriente.

Manifestó que el conflicto armado ha causado problemas también en lo que se refiere a los refugiados, las personas desplazadas internamente y las que han regresado al país.

Le preocupó que no se haya otorgado prioridad a la aplicación de los principios y disposiciones de la Convención, especialmente el hecho de que el Código de Menores contenga disposiciones incompatibles con la Convención.

Le preocupó que la legislación nacional no prohiba la pena capital ni la prisión perpetua sin la posibilidad de puesta en libertad, como también la inexistencia de una edad mínima de responsabilidad penal. Señaló la incompatibilidad con la Convención de la edad mínima para contraer matrimonio fijada a las niñas, que difiere de la de los niños.

Le preocupó la adecuación de las medidas adoptadas para asegurar la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, habida cuenta de las disparidades históricas que afectan a los niños indígenas y a los que viven por debajo del umbral de la pobreza, así como a las niñas.

El Comité se alarmó por el elevado número de niños víctimas de casos de violencia.

Pese a la mejora en los últimos años de la atención maternoinfantil, siguió preocupado por las tasas relativamente elevadas de mortalidad materna, infantil y de menores de 5 años de edad, también el que la mayoría de los niños en edad escolar no asistan a la escuela y, en cambio, trabajen tanto en el sector estructurado como en el no estructurado.

Le preocupó hondamente el sistema de justicia de menores, en especial por la falta de formación especializada del personal de la justicia de menores.

Recomendó al Estado Parte a que siga encaminando sus esfuerzos a aprobar un código de la infancia y de la adolescencia,a adoptar medidas legislativas que adapte la legislación interna a las disposiciones de los arts. 37 y 40 de la Convención, estableciendo entre otras cosas, una edad mínima de responsabilidad penal. Recomendó además que se fije la edad de conclusión de la enseñanza obligatoria en los 15 años, y considere la posibilidad de elevar la edad mínima del empleo a los 15 años y que se revise la legislación sobre la edad de matrimonio de los niños, a fin de elevarla y que sea la misma para niñas y niños.

El Comité consideró urgente formar y educar en los principios y en las disposiciones de la Convención a todos los profesionales que trabajan con niños o en favor de estos.

Instó a desarrollar y ejecutar una campaña exhaustiva de información publica para combatir los malos tratos a los niños en la familia y la sociedad, y la utilización de los castigos corporales en las escuelas.

Recomendó que el Estado Parte centre más sus esfuerzos en la enseñanza obligatoria y primaria gratuita, en erradicar el analfabetismo y en la enseñanza bilingüe de los niños indígenas.

Instó a que se preste asistencia social a las familias para ayudarlas a criar a sus niños, a fin de disminuir el internamiento de menores. Recomendó que se vea la conveniencia de solicitar la cooperación de las organizaciones internacionales pertinentes para resolver los problemas de salud reproductiva de las mujeres. También es necesario, opinó, poner mas empeño en obtener la participación activa de los niños discapacitados en la comunidad.

Le han preocupado mucho los problemas de los niños traumatizados por las consecuencias del enfrentamiento armado y la violencia en la sociedad, exhortando a estudiar la posibilidad de llevar a cabo proyectos específicos para niños, en un entorno que fomente la salud, la autoestima y la dignidad del niño.

Chipre.

Acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por el Gobierno para revisar el marco jurídico nacional a fin de armonizarlo con las disposiciones y principios de la Convención. A este respecto observó con agrado que se este examinando en la actualidad la Ley de Delincuentes Juveniles con objeto de introducir reformas. Tomó nota con beneplácito de que se ha abolido la pena de muerte para los delitos comunes y de que el Parlamento esté estudiando la aprobación de una ley que prohiba la pena capital para los actos de alta traición.

Acogió con satisfacción la creación del comité central para la vigilancia de la aplicación de la Convención e los Derechos del Niño.

Felicitó al Estado Parte por la buena predisposición para colaborar con el sector de las O.N.G.s..

Observó que a raíz de los acontecimientos de 1974, que dieron lugar a la ocupación de una parte del territorio de Chipre, el Estado no esté en condiciones de ejercer el control sobre todo su territorio, no pudiendo velar en consecuencia por la aplicación de la Convención.

Le inquietó la falta de conformidad de las disposiciones de la Convención en algunas cuestiones relacionadas con la definición de niño, y en particular, la atribución de responsabilidad penal a partir de la edad de siete años y el hecho de que los niños entre 16 y 18 años de edad sean considerados adultos en el sistema de justicia penal, para la comisión de delitos.

Expresó su preocupación por el hecho de que el Estado no haya tenido en cuenta en su legislación y decisiones los principios generales de la Convención.

Se inquietó por la aparente persistencia de actitudes discriminatorias hacia los niños nacidos fuera del matrimonio, en lo que respeta al derecho del apellido y la nacionalidad.

Consideró que se ha prestado una atención insuficiente a la tarea de lograr que los niños participen en las decisiones, en particular en el seno de la familia, y en los procedimientos administrativos y judiciales que les afecten.

Se encontró especialmente preocupado por las consecuencias de los matrimonios precoces.

Le preocupó que aumente el número de niños que trabajan en el servicio doméstico en condiciones ilegales, siendo vulnerables a todo tipo de abusos, incluidos el abuso y explotación sexuales. Así como el sistema de administración de la justicia de menores, en particular de la incompatibilidad con los arts. 37 y 40 de la Convención.

Recomendó al Estado Parte una reforma legislativa destinada a garantizar que la legislación se adapte a los principios generales y disposiciones de la Convención.

Recomendó asimismo que se tome en consideración la necesidad de facilitar la participación del niño y el respeto de sus opiniones en las decisiones que lo afectan, especialmente en la familia, la escuela y los tribunales.

Sugirió que se tomen iniciativas específicas para dar a conocer la Convención y sus principios entre los grupos profesionales que trabajan con niños y para ellos.

Aconsejó que se adopten las medidas necesarias para que los niños nacidos fuera del matrimonio gocen de todos sus derechos fundamentales.

Instó a que el Gobierno reúna información e inicie un estudio importante para conocer mejor el problema de la desatención y maltrato de los niños, y a establecer programas sociales para evitarlo.

En el ámbito de la justicia de menores, exhortó a continuar la reforma del ordenamiento jurídico, teniendo en cuente la Convención de los Derechos del Niño.

Indicó que se debería prestar particular atención a elevar la edad de responsabilidad penal y a velar por que las personas de 16 a 18 años de edad gocen de todos los derechos reconocidos en la Convención.

China.

Tomó nota del Programa General concebido a nivel nacional, que se está aplicando como seguimiento de los objetivos fijados en la Declaración y Plan de Acción aprobados en 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia.

Elogió los progresos logrados por el Estado Parte en su lucha por reducir la mortalidad neonatal y la de los niños menores de 5 años. Resultó también meritorio el compromiso por proteger, promover y respaldar la lactancia materna.

Tomó nota de la Ley de Enseñanza obligatoria, la Ley de Protección de Menores y de Protección de Discapacitados, y la labor emprendida por el Movimiento de Ayuda al Inválido.

Manifestó que la herencia histórica de ciertas tradiciones feudales en determinadas zonas del país, y la persistencia de otras actitudes perjudiciales está afectando negativamente a la vida de los niños y su sano desarrollo.

Le inquietaron las diferencias existentes entre las zonas rurales y urbanas y entre las diversas regiones en cuanto a la dotación de servicios sociales y el acceso a ellos.

Opinó que medidas inadecuadas tomadas en el campo de la seguridad social pueden desembocar en una dependencia excesiva de los padres respecto de los hijos para que cuiden de ellos. Señaló que esto pudo haber contribuido a la perpetuación de prácticas y actitudes tradicionales perniciosas como la preferencia por los hijos varones, en detrimento de niñas y niños discapacitados.

Consideró insuficientes las medidas tomadas para dar a conocer las disposiciones y los principios de la Convención entre los adultos, incluidos los profesionales que trabajan con y para los niños, y los niños propiamente dicho.

Al tomar nota de las medidas adoptadas para afrontar la discriminación, expresó su preocupación por la persistencia de prácticas que pueden provocar casos de infanticidio selectivo.

Opinó que existen serias dudas en cuanto a la eficacia de las medidas tomadas para garantizar que todos los niños sean inscriptos en el registro civil, a través del registro de familia.

Subrayó que se debe garantizar el respeto del derecho del niño a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Le preocupó enormemente la situación de los niños atendidos en las instituciones de asistencia social. Observó que las elevadísimas tasas de mortalidad en esas instituciones están suscitando un sentimiento de alarma.

Le preocupó el número de niños que aún no están escolarizados, que la calidad de la educación es inferior y que no se están haciendo esfuerzos suficientes para desarrollar un sistema educativo bilingüe.

Expresó su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos de la minoría religiosa tibetana. Le dió la impresión de que ha sido muy desafortunada para la población tibetana, la injerencia estatal en la creencia y ritos religiosos.

Siguió preocupado porque la legislación nacional parece permitir que los niños entre 16 y 18 años puedan ser condenados a muerte con un plazo de suspensión de la ejecución de dos años. Opinó que la imposición a niños de la pena capital con suspensión de la ejecución constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante.

Le preocupó el sistema de justicia de menores en este país. Expresó su preocupación con respecto al acceso de los padres a sus hijos detenidos en espera de juicio, las posibilidades de asistencia letrada, el tiempo asignado a la defensa, así como el respeto al principio de inocencia y de nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.

Le inquietó el incremento producido en los últimos años de los secuestros y raptos de niños y la insuficiencia de las medidas tomadas para prevenir y combatir los problemas de la venta, trata y explotación sexual de los niños.

El Comité alentó, respecto de la reserva hecha al art. 6 de la Convención, a que sea revisada con miras a retirarla.

Recomendó que se emprenda una revisión global de la estructura de la legislación del país, sirviendo de orientación las disposiciones y principios de la Convención.

Exhortó a la máxima divulgación de los principios y disposiciones de la Convención, utilizando también los medios de comunicación de masas.

Sugirió que se incluyan temas sobre los principios y disposiciones de la Convención en los programas de formación de una amplia serie de profesionales que trabajan con o para los niños.

Aconsejó que se revisen los criterios vigentes para la aplicación del art. 4 de la Convención.

Recomendó que debe corregirse la dependencia excesiva de las familias con respecto a sus niños, en especial para que atiendan a sus padres en la vejez y que debe prestarse mayor atención al tema de brindar oportunidades a los niños para que participen, se escuchen sus opiniones y se los tenga en cuenta.

Sugirió dedicar más atención a controlar la eficacia de los procedimientos de denuncia con que cuentan los niños, sobre abusos o falta de asistencia, e investigar estas violencias, tanto sean domésticas o en instituciones o centros de detención.

Sugirió que se invite a los dirigentes de todos los sectores a desempeñar un papel más activo en las iniciativas encaminadas a prevenir y eliminar la discriminación contra las niñas.

Si bien la incidencia de discapacidades es baja en la población infantil, los niños discapacitados han sido víctimas de abandono y discriminación. En este sentido recomendó al Estado Parte a seguir investigando las medidas necesarias para prevenir y combatir la discriminación por motivo de discapacidad.

Instó a que se tomen medidas enérgicas y de carácter amplio para combatir el abandono y el infanticidio de las niñas, así como la trata, venta y rapto o secuestro de éstas. Destacó que la falta de inscripción en los registros de las niñas recién nacidas constituye uno de los principales factores que repercuten en el desequilibrio de la proporción de niños y niñas, aunque reconoce los esfuerzos hechos por el Estado Parte.

Propuso una revisión de las medidas destinadas a velar por que los niños de la Región Autónoma del Tíbet, y de otras zonas en que viven minorías, tengan garantizadas las máximas oportunidades de adquirir conocimientos acerca de su propia lengua y cultura, así como de aprender la lengua china.

Con relación a la Justicia de menores, recomienda que se revisen a fondo las disposiciones legislativas, administrativas y los procedimientos en vigor, para cerciorarse de que se ajustan a los principios y disposiciones de la Convención.

En cuanto a las cuestiones de trabajo infantil, alentó al Estado Parte a estudiar la posibilidad de adherirse al Convenio N° 138 de la O.I.T., sobre la edad mínima para el empleo.