CRONOLOGIA
DOCUMENTAL
Naciones Unidas
Chipre.
El Comité
acogió con agrado los esfuerzos, políticas y planes que se estaban llevando a
cabo para eliminar la discriminación contra la mujer.
Reconoció
que los mayores obstáculos para la aplicación de la Convención eran las
actitudes y prácticas sociales basadas en las ideas tradicionales y estereotipadas
sobre el papel que corresponde, respectivamente, al hombre y a la mujer.
Acogió con
agrado la afirmación del Estado de que los efectos de la ratificación de la
Convención habían sido considerables, en particular, había servido de marco a
la política orientada a reducir la desigualdad y había constituido un
instrumento útil para las organizaciones de mujeres que perseguían el cambio.
Recibió
con agrado la enmienda introducida en la Constitución, por la que se crearon
tribunales civiles especiales que serán los competentes en materia de derecho
de familia.
Tomó nota
con satisfacción del alto nivel alcanzado por las mujeres y las niñas, y valoró
el programa de educación orientado a crear conciencia sobre la igualdad y a
eliminar estereotipos tradicionales basados en el género, especialmente entre
las mujeres de zonas rurales.
Acogió con
agrado la introducción de la legislación en relación a la violencia contra la
mujer en la familia, en particular, la aclaración de que la violación conyugal
constituye un delito. Asimismo, acogió con beneplácito el establecimiento de
servicios de asesoramiento y la contribución del Gobierno para financiar un
centro de auxilio para las víctimas de violencia.
Tomó nota
con reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Gobierno para hacer
frente a los problemas de discriminación contra la mujer en la televisión, la
radio y la publicidad, incluidos los programas sobre cuestiones de interés para
la mujer, la participación de la mujer en las emisiones y la imagen de la mujer
presentada en los medios de difusión.
Observó
con gran preocupación la información suministrada sobre la trata internacional
y la explotación sexual de mujeres, y sobre el hecho de que el Gobierno
presente la baja tasa de fecundidad como razón para mantener las restricciones
penales respecto del aborto.
Recomendó
al Gobierno, sobre la base del compromiso contraído en la Cuarta Conferencia
Internacional sobre la Mujer, medidas para fortalecer los mecanismos nacionales
al servicio de la mujer, incluidos su estructura administrativa, su
presupuesto, sus recursos humanos y su poder ejecutivo.
Alentó a
proseguir con los esfuerzos para rectificar la legislación discriminatoria
contra la mujer y señaló a la atención del Gobierno la recomendación general nº
19 del Comité, sobre la enmienda al Código Penal en lo que respecta a la
violencia contra la mujer.
Instó a
tomar medidas urgentes, con arreglo al art. 4 de la Convención, a fin de
aumentar sustancialmente la presencia de la mujer en todas las esferas de la
vida pública y política, así como promover su posición en los niveles
directivos de la administración pública y el servicio diplomático.
Por último
recomendó al Gobierno que ponga en práctica programas especiales de
sensibilización y formación en cuestiones de género para todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y, especialmente, a los jueces con
competencia en cuestiones de familia.
Islandia.
El Comité
felicitó al Gobierno de Islandia por las enmiendas introducidas en la
Constitución y por la promulgación de la ley sobre Igualdad de Condición, si
bien advirtió que la no incorporación de la Convención a la legislación interna
redundaba negativamente en la aplicación de sus principios.
Acogió con
beneplácito el hecho de que en los procedimientos ante el Comité de Quejas, la
carga de la prueba de una acusación de discriminación por motivos de sexo,
hubiera pasado de la demandante al presunto perpetrador. Asimismo, encomió
también la aprobación de una ley por la cual el Tesoro Nacional se encargaría de
pagar la indemnización por daños y perjuicios a las víctimas de violencia, así
como la constitución de un Comité de hombres cuyo objetivo era sensibilizar a
la población masculina acerca de los problemas derivados del comportamiento
violento.
Tomó nota
con satisfacción del adelanto de la mujer en la educación en general, que se
manifestaba en el hecho de que ella representa aproximadamente el 50% de los
egresados universitarios y de que se haya establecido en la universidad un
centro de estudios sobre la mujer.
Expresó
profunda preocupación por las grandes diferencias entre los salarios del hombre
y de la mujer, tanto en el sector público como en el privado, y el hecho de que
esto pudiera explicarse sólo por razones de género. Asimismo, lamentó que las
mujeres de zonas rurales tuvieran, en general, menos oportunidades de empleo
fuera del hogar que los hombres o que las mujeres de zonas urbanas.
El Comité
consideró que la modificación de la ley sobre licencia de maternidad no era
suficiente para lograr un mayor equilibrio en las responsabilidades familiares
de hombres y mujeres, por lo que recomendó que el Gobierno desarrollase otros
mecanismos que amplíen la participación de los hombres en las tareas domésticas
y la crianza de los hijos.
Instó al
Gobierno a tomar medidas tales como: instruir al personal judicial acerca de la
Convención; enmendar la ley sobre Igualdad de Condición para asegurar una
representación de al menos el 40% de cada sexo en los organismos públicos;
incorporar en los programas de enseñanza la educación sobre derechos humanos
con carácter obligatorio; y a considerar a la violencia contra la mujer una
cuestión de salud pública, facilitando a las entidades que prestan servicios
primarios en esta área, la notificación de casos de violencia.
Paraguay.
El Comité
reconoció la existencia de factores que obstaculizan la aplicación de la
Convención. Entre ellos destacó: las limitadas capacidades económicas del país
y la dependencia de la producción agropecuaria; la existencia de elevadas
proporciones de población en situación de pobreza y exclusión; las secuelas
institucionales y culturales de la prolongada dictadura; y la existencia de una
sociedad muy tradicional y jerarquizada.
Observó la
consagración en la nueva Constitución del principio de igualdad entre hombres y
mujeres; así como la creación de una Secretaría de la Mujer a cargo de la
coordinación de las políticas públicas para este sector de la población.
Asimismo,
acogió con agrado la importancia que el Gobierno le asignaba a su compromiso
con la Plataforma de Acción de Beijing y, particularmente, la iniciativa de
adoptar el enfoque del género en las políticas y programas, así como
sensibilizar en ese sentido al personal de la administración.
Reconoció,
además, las iniciativas y esfuerzos que habían realizado las organizaciones no
gubernamentales por ampliar la participación política de la mujer, establecer
una ley de cupos y obligar a todos los partidos políticos a fijar un número
mínimo de mujeres en sus listas electorales.
Manifestó
preocupación ya que, pese a los avances logrados en algunos códigos, la
legislación civil y penal requería modificaciones importantes que consagraran
los derechos establecidos en la Convención y los que se derivaban de la
Constitución.
Lamentó el
carácter limitado del mandato y de la escasez de recursos proporcionados a la
Secretaría de la Mujer, y la aparente inferioridad de jerarquía político
administrativa respecto de otros ministerios. En tal sentido, el Comité se
mostró extrañado por la exclusión de la Ministra de la Secretaría de la Mujer
de las reuniones del gabinete de Ministros, lo cual configuraba una suerte de
acto discriminatorio.
Expresó su
preocupación por los elevados índices de mortalidad materna y de abortos
practicados en condiciones sumamente riesgosas, así como por la alta tasa de
fecundidad y por las limitadas posibilidades de acceso a servicios básicos de
salud y de planificación familiar.
En
relación a la violencia contra la mujer, lamentó la insuficiencia de
disposiciones legales para combatirla, para proteger a las víctimas y para
sancionar a los agresores. En ese mismo orden de ideas, brindó considerable
atención a la crítica situación en materia de prostitución y las proporciones
alarmantes que este hecho registraba entre niñas y mujeres muy jóvenes, así
como en las fallas legales que prevalecían en materia de adopciones, las cuales
contribuían a la permanencia de un indeseable tráfico internacional de niñas y niños.
Instó al
Estado Parte a continuar las iniciativas dirigidas a actualizar y
compatibilizar la legislación nacional con el principio constitucional de
igualdad y con los artículos de la Convención.
Recomendó
la adopción de medidas para enfrentar el elevado índice de mortalidad materna y
la incidencia del aborto clandestino y examinar la posibilidad de revisar las
medidas punitivas de la ley sobre abortos, de conformidad con la Plataforma de
Acción de Beijing.
Por
último, instó a una amplia difusión de la Convención entre las mujeres, y en
especial, entre las indígenas y las campesinas.
Etiopía.
El Comité
expresó su reconocimiento por el hecho de que Etiopía hubiese ratificado la
Convención, al igual que otros instrumentos internacionales de derechos humanos,
y que hubiera aceptado la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing sin
reservas.
Determinó
que los principales factores y dificultades que afectaban la aplicación de la
Convención eran la pobreza, las altas tasas de natalidad, y el desempleo.
Expresó su
reconocimiento por la voluntad política de implementar programas para el
adelanto de la mujer y por la creación de centros de coordinación en los
órganos políticos de adopción de decisiones en los planos nacional, regional y
local. Estimó, sin embargo, que si no se definían claramente las esferas de
competencia de los dichos mecanismos, y si no se conseguía la necesaria
financiación, las iniciativas podrían verse obstaculizadas.
Observó
con profunda preocupación la práctica generalizada de la mutilación genital
femenina, así como la incidencia de la violencia contra mujeres y niñas y la
insuficiencia de medidas para erradicarla. Asimismo, mostró inquietud por la
prevalencia de la prostitución y la promiscuidad entre los varones, factor que
aumentaba la propagación del SIDA.
Tomó nota
de la escasa representación de las mujeres en los niveles más altos de decisión
y expresó dudas acerca de la eficiencia de las medidas que pudieran tomarse
para erradicar la pobreza, mientras el porcentaje de mujeres en el gobierno se
mantuviera tan bajo.
Recomendó
al Estado parte tomar medidas tendientes a: implementar programas de
sensibilización y medidas jurídicas a fin de abolir la práctica de la
mutilación genital femenina; implementar programas de capacitación orientados a
rehabilitar a las prostitutas e impartir conocimientos para que hallen nuevas
fuentes de ingreso; incrementar el número de mujeres en las posiciones de
decisión en los poderes públicos; y garantizar a las mujeres y hombres
infectados con el VIH la igualdad en el disfrute de los derechos humanos.
Por
último, instó a no escatimar esfuerzos para lograr un entorno estable y
pacífico sostenible a fin de reconstruir el país y crear las condiciones
necesarias para el desarrollo sostenible y la integración de la mujer.
Bélgica.
El Comité
acogió con satisfacción la intención del Estado parte de retirar las reservas a
la Convención respecto de la sección b) del art. 7 en relación con las
funciones reales, y del art. 15 en relación con los bienes propios de la mujer
casada de las zonas rurales.
Encomió la
orientación multicultural de los programas gubernamentales sobre la mujer en
que se respetaban las identidades culturales en el marco general de un sistema
federal.
Expresó su
satisfacción por la aclaración que hizo el Gobierno de la definición de
violación en el matrimonio, y por su campaña para combatir la violencia contra
la mujer mediante la movilización de los medios de difusión. Asimismo, expresó
su reconocimiento por los subsidios que aportaba a los refugios para las
víctimas de la violencia y a los programas de capacitación encaminados a
sensibilizar a los organismos encargados de hacer cumplir las leyes en relación
con la violencia contra la mujer.
Acogió con
agrado la aprobación de una ley contra la trata de personas, la prostitución y
la pornografía, de aplicación extrateritorial, que constituyó una medida
decisiva para hacer frente a la cuestión de la explotación sexual de la mujer.
Tomó nota
con interés de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y
de la observancia de la confidencialidad al prestar asesoramiento a las mujeres
que podían optar o no por ese procedimiento, como así también por la
información suministrada en cuanto a que no se había producido un aumento en el
número de solicitudes de abortos.
Expresó su
preocupación por la persistente diferencia salarial y la segregación en el
lugar de trabajo entre hombres y mujeres, por las altas tasas de desempleo
entre las mujeres, lo que daba lugar al fenómeno de la feminización de la
pobreza, como así también por la discriminación de la mujer en materia de
seguridad social y tributación. En relación a ese tema, observó también, el
alto número de mujeres, en comparación con los hombres, con empleos de jornada
parcial, y la discriminación oculta que ello representaba.
Recomendó,
para hacer frente a la cuestión de la diferencia salarial, reevaluar y
reclasificar los puestos de trabajo con miras a aumentar el nivel de los
empleos desempeñados por mujeres, así como adoptar medidas para abordar la
discriminación oculta en materia de seguridad social y tributación entre
diferentes grupos de mujeres y equilibrar el número de mujeres y hombres que
trabajan a jornada parcial.
El Comité
recomendó que en los próximos informes debían presentarse programas o proyectos
que atiendan a las necesidades de las mujeres migratorias y otros grupos
vulnerables; datos concretos acerca de las políticas gubernamentales de acción
afirmativa; como así también información sobre las consecuencias de la legislación
contra la trata de personas.
Cuba.
El Comité
tomó nota de los efectos negativos del embargo económico en el país, lo que
unido a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de sus
aliados socialistas, tenía graves repercusiones en la economía cubana. Como
consecuencia, algunos de los programas encaminados a promover la igualdad de
oportunidades y a erradicar los estereotipos de género, se habían recortado o
suspendido y la situación alimentaria había empeorado considerablemente.
Observó
que la legislación cubana era progresista en sus disposiciones, ya que afirmaba
la igualdad de sexos y la discriminación era tipificada como delito. Asimismo,
tomó nota con satisfacción que el Gobierno brindara apoyo a la Federación de
Mujeres Cubanas, que nucleaba el 90% de las mujeres en el país.
Advirtió
que había aumentado notablemente el número de mujeres en todos los niveles y
esferas de la educación, en una amplia gama de ocupaciones, incluidas la
ciencia y la tecnología, la medicina, los deportes, etc, y, en particular, en
la formulación de la política en los planos local, nacional e internacional.
Observó
que había habido una disminución sostenida de la mortalidad materna, debido en
gran medida a la mejora en la atención a las embarazadas y de los niños en los
primeros años de vida. Asimismo, tomó nota de que se había proclamado como
derecho humano fundamental la libertad de decidir el número y el espaciamiento
de los nacimientos.
Observó
que los estereotipos de género perduraban a pesar de los elevados índices de
matriculación escolar y que las tareas domésticas y el cuidado de los niños
seguían siendo responsabilidad de las mujeres.
Tomó nota
con cierto escepticismo de que, según las informaciones suministradas, la
violencia doméstica fuera poco frecuente y no se considerara un problema
social. Asimismo, expresó su preocupación por el resurgimiento de la
prostitución en el país, como consecuencia de la expansión del turismo y de los
problemas económicos a que hacían frente las mujeres.
Lamentó que
la situación económica provocada por el embargo económico haya producido una
grave escasez de productos esenciales como medicamentos y anticonceptivos, lo
que había planteado problemas a la población en general y a las mujeres en
particular.
Recomendó al
Gobierno reactivar los programas que habían resultado satisfactorios en la
lucha contra los prejuicios y los estereotipos sexistas, ya que ayudaban a
elucidar las actitudes de hombres y mujeres que había que modificar, sobre todo
en cuanto a la necesidad de compartir el cuidado y la educación de los niños,
en consonancia con el art. 5 de la Convención y con la recomendación general nº
21.
Alentó al
Gobierno a activar los programas de difusión para la prevención de las
enfermedades venéreas, especialmente el VIH/SIDA, dirigidos a las jóvenes,
fundamentalmente las que se dedicaban a la prostitución, con arreglo a la
recomendación general nº 15.
El Comité
señaló la necesidad de que se ampliara la participación de la mujer en los
niveles más altos del poder político y sugirió que se continuara procurando que
las ellas tuvieran una voz efectiva en las decisiones que afectaban sus vidas.
Hungría.
El Comité
tomó nota de que la recesión económica y la aparición de ideas
neoconservadoras y neoliberales habían hecho que empeore considerablemente la
situación general del país, lo que había producido que se esté retrasando la
aplicación de la Convención y el cumplimiento del Estado parte de los
compromisos contraidos durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
Tomó nota
con satisfacción de que la Constitución y la legislación de Hungría
garantizaban la igualdad de derechos de la mujer sin ninguna discriminación, y
apreció las reformas legislativas y estructurales del Gobierno para garantizar
el derecho social y político de la mujer y, en particular, la ley de protección
del embrión, que había hecho disminuir considerablemente el número de abortos
provocados.
Consideró
satisfactoria la enseñanza que se impartía sobre los derechos humanos -entre
ellos los derechos de la mujer- en los programas de las escuelas primarias,
secundarias y en las universidades.
Acogió
favorablemente el hecho de que Hungría colaborase con instituciones
internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización
Internacional del Trabajo en el marco del perfeccionamiento de los recursos
humanos, lo que en particular ofrecía oportunidades a la mujer para mejorar su
situación. Asimismo, tomó nota con interés del aumento de organizaciones no
gubernamentales de mujeres, las cuales mantenían entre sí relaciones de
solidaridad con el fin de que la mujer cobrase conciencia de sus derechos.
Expresó su
preocupación por el hincapié excesivo que se hacía de la función de madre de la
mujer, sin equilibrarla con su papel de ciudadana, y lamentó que la cuestión de
la mujer no fuese prioritaria para el Gobierno, los partidos políticos y la
opinión pública.
Tomó nota
con inquietud de que se habían duplicado, entre 1983 y 1993, los actos de
violencia y los delitos sexuales contra la mujer, instando a producir el
material legislativo destinado a reprimir esos delitos.
Recomendó
al Estado parte que velase por la aplicación de las disposiciones de la
Convención y que cumpliese los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia
Mundial en relación al hecho de establecer un mecanismo nacional de alto nivel
encargado de definir y coordinar una política en favor del adelanto de la
mujer.
Instó al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias a fin de: mejorar la representación
de la mujer en todos los ámbitos de la vida política y pública; propiciar la
planificación de la familia y reducir la tasa de abortos; rehabilitar y
reinsertar a las prostitutas en la sociedad; ofrecer protección social a las
mujeres de las minorías y a las refugiadas; facilitar la creación de una red de
organizaciones no gubernamentales de mujeres para reforzar sus actividades; y
finalmente difundir de manera eficiente la Convención y las recomendaciones del
Comité.
Ucrania.
El Comité
reconoció la existencia de una extraordinaria crisis económica que afectaba al
país como resultado de la transición a una sociedad democrática orientada hacia
el mercado y signada por los ajustes estructurales. También tomó nota de la
grave crisis ecológica derivada de diversos factores, entre ellos, el incidente
de Chernobyl. Estimó, que los dos hechos conspiraban contra la aplicación de la
Convención y el disfrute de los derechos humanos de la mujer.
Consideró
que la celebración de una audiencia parlamentaria en 1995, a fin de analizar
concretamente las cuestiones vinculadas con la Convención, ponía de manifiesto
la importancia que el Gobierno le asignaba a la misma, así como a la labor del
Comité.
Asimismo,
observó con satisfacción que Ucrania había ratificado todos los principales
tratados de derechos humanos y que había aprobado una nueva ley sobre los
efectos de los acuerdos internacionales, en virtud de la cual aquellos que
hubieran sido ratificados pasaban automáticamente a ser parte de la legislación
interna.
Consideró
también destacable, el hecho de que el Gobierno hubiera asumido compromisos en
la Conferencia de Beijing sobre importantes cuestiones vinculadas con los
problemas de la vida familiar que enfrentaban las mujeres como consecuencia de
la transición económica, y que hubiera establecido organismos regionales para
supervisar la ejecución de esos proyectos.
Observó
con preocupación que, pese a la existencia de varias entidades que se ocupaban
de las mujeres y los niños, el Gobierno no había formulada una política clara y
concreta en favor de la mujer, ni había proporcionado al mecanismo nacional
encargado de esas cuestiones específicas, de los medios necesarios para que
actuara eficazmente.
Lamentó la
persistencia de los estereotipos sexuales y la sobreprotección laboral, que
sólo tenían por efecto restringir sus oportunidades económicas y no constituían
medios legítimos para promover la salud reproductiva de la mujer.
Asimismo,
tomó nota del limitado acceso que tenían las mujeres de las zonas rurales a
métodos eficaces, asequibles y aceptables de planificación familiar. lo que
provocaba que un número considerable de mujeres recurrieran a abortos en
condiciones de riesgo.
Expresó
también preocupación, por el hecho de que la tasa de actividad económica de la
mujer hubiera declinado en forma significativa en los últimos años. Las mujeres
constituían del 80% al 90% de los desempleados, lo que se debía a la reducción
del papel del sector público como principal empleador de las mujeres, y a que
el incipiente sector privado no contrataba a mujeres.
Recomendó
que, habida cuenta de la incorporación a la legislación interna de todos los
tratados internacionales ratificados por el país, se estableciera de forma
obligatoria la educación en materia de derechos humanos para los jueces y los
miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Instó al
Gobierno a que examinara y modificara la legislación que permitía las
actividades de servicios de índole sexual, así como a adoptar las medidas
necesarias para enjuiciar a los delincuentes y brindar apoyo a las víctimas
mediante servicios de educación y rehabilitación.
Rwanda.
El Comité
señaló entre los principales factores que obstaculizaban la aplicación de la
Convención: la debilidad de los mecanismos estatales para mantener
efectivamente el proceso de paz; el difícil proceso de reconciliación nacional;
el derrumbamiento de la infraestructura pública y de los sistemas privados de
apoyo; el gran número de refugiados y personas desplazadas internamente; el
gran número de milicianos y civiles todavía armados; y la economía arrasada
junto con la extrema pobreza.
Tomó nota
con interés de la creación de una oficina de promoción del adelanto de la
mujer, así como de un centro de coordinación para brindar asistencia jurídica,
proporcionar apoyo y elaborar programas en los que se tuvieran en cuenta las
diferencias de trato por razón del sexo.
Manifestó
su consternación por el profundo trauma sicológico sufrido por las violaciones
masivas de mujeres y niñas durante el genocidio, lo que había provocado una
enorme propagación del VIH/SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual.
Sostuvo
que la comunidad internacional -incluidos los organismos de Naciones Unidas y
los gobiernos- debían prestar apoyo en gran escala para mitigar la pobreza e
instaurar programas de educación encaminados a eliminar las violaciones de
derechos humanos y a reconstruir Rwanda.
Consideró
que hombres y mujeres debían tener igual representación en el Tribunal
Internacional para Rwanda, el cual debía ocuparse también de los derechos de la
mujer. Asimismo, manifestó que debía crearse una dependencia de protección de
los testigos en la Oficina del Fiscal de crímenes de guerra, a fin de proteger
a quienes diesen testimonio acerca de violaciones, actos de violencia sexual y
otros delitos.
Sugirió
que el personal de la dependencia de vigilancia de la Operación de Derechos
Humanos en Rwanda debía recibir educación y capacitación en todo lo relativo a
las agresiones sexuales y a las violaciones individuales y sistemáticas, como
así también que se hiciera hincapié en la diversidad de experiencias y en la
familiaridad con la cultura y el idioma de Rwanda.
Por
último, consideró necesario organizar un debate que tenga por finalidad
alcanzar el consenso sobre la repatriación de los refugiados y las personas
internamente desplazadas en Rwanda, y sostuvo que la comunidad internacional
sólo debería alentar la repatriación de los refugiados cuando desde la propia
Rwanda hubiera claros indicios que hicieran aconsejable esa medida.
Informe
del Alto Comisionado para las Naciones Unidas
Cooperación para los derechos humanos
A - Cooperación con los gobiernos.
Dialogó
con los gobiernos para la promoción y la protección de los derechos humanos,
tanto en la Sede de las Naciones Unidas, como en el curso de visitas a los
países. El principal objetivo de este diálogo fue conseguir resultados
concretos. Señaló que el aliento y la persuasión son los instrumentos más
eficacias de que puede valerse para alcanzar algún resultado.
También
prestó especial atención a la cooperación de los gobiernos con el programa de
derechos humanos de las Naciones Unidas y sus mecanismos, incluidos los órganos
creados en virtud de tratados y los relatores especiales, así como otros
mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos.
Asimismo,
consideró el Alto Comisionado, que su papel es de mediador, por lo que no
intenta sustituir a órgano existente alguno.
Alentó la
ratificación de pactos internacionales de derechos humanos y prestó asistencia
en forma de asesoramiento de expertos, asistencia técnica, cooperación y
desarrollo de las infraestructuras de derechos humanos.
Realizó
visitas oficiales a Bosnia y Herzegovina, Croacia, el Gabón, Indonesia, la
República Federativa de Yugoslavia y Túnez.
B - Cooperación con organismos y programas de
las Naciones Unidas en apoyo de los derechos humanos.
Señaló
como primordial que los organismos y programas de las Naciones Unidas aumenten
su cooperación en la esfera de los derechos humanos. Se comprometió, en
consecuencia, a facilitar este proceso mediante el establecimiento de canales
de información en la esfera de los derechos humanos.
Como
ejemplos de ello, manifestó que el UNICEF proporciona valiosa asistencia en la
preparación de actividades en favor de los niños, y que las mismas han
producido medidas concretas en cuanto a reformas legislativas, establecimiento
de mecanismos de supervisión, difusión de la Convención sobre los Derechos del
Niño y la inclusión de información sobre derechos humanos en los programas
escolares.
También
destacó el papel de la oficina del ACNUR que colaboró con la oficina del Alto
Comisionado/Centro de Derechos Humanos en diversas esferas, entre las que
destacó la estrecha relación de trabajo entre el personal sobre el terreno,
como por ejemplo en la ex Yugoslavia, donde el ACNUR proporcionó información
para los informes sobre derechos humanos que preparó el Relator Especial.
También en Ruanda, el ACNUR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos actuaron en virtud de un memorando de entendimiento en el
que se bosquejaron esferas de cooperación, en particular con respecto a la
vigilancia de la situación de las personas que regresan en régimen de detención
y las condiciones para el regreso de los refugiados.
Asimismo
señalo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prestó más atención a
muchas esferas de los derechos humanos que afectan al sector sanitario, como lo
demuestra la designación de un funcionario de categoría superior, a nivel de
Director Adjunto, como coordinador de las cuestiones relativas a los derechos
humanos y que está utilizando con mayor frecuencia el concepto de seguridad
sanitaria en los contextos de políticas sanitarias y derechos humanos.
C - Cooperación con foros regionales.
Se
establecieron relaciones de trabajo con la Organización de la Unidad Africana
(OUA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión de las
Comunidades Europeas, el Consejo de Europa, y la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE). Asimismo siguió facilitando el proceso
gradual de establecer mecanismos regionales de derechos humanos en Asia.
Prestó
apoyo a la primera Conferencia Regional sobre Instituciones Nacionales
Africanas de derechos humanos y en colaboración con la OUA y la Comisión
Económica para Africa (CEPA), organizó una reunión de expertos gubernamentales
de alto nivel de la región de Africa sobre la ratificación de los tratados de
los derechos humanos y la presentación de informes sobre su aplicación.
En Bosnia
y Herzegovina, se realizaron actividades de cooperación con la OSCE, en
relación con la aplicación del Acuerdo de Paz de Dayton, y otras en algunos
países miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Asimismo cooperó con
la Comisión Europea en el contexto de programas para Ruanda, Burundi y
Colombia.
D - Cooperación con instituciones nacionales.
Reconoció
que las instituciones nacionales cumplen un papel importante para garantizar la
aplicación de los derechos humanos a nivel nacional y son un suplemento
efectivo y corrector de los órganos estatales. Como así también que sirven para
cubrir el vacío que suele separar a los individuos más vulnerables y de
condición más precaria de los medios tradicionales de protección.
Se
realizaron actividades de asistencia para la creación de instituciones
nacionales en Letonia y Moldova, el asesoramiento sobre leyes para establecer
comisiones nacionales de derechos humanos en Sri Lanka, Tailandia, Georgia y
Nepal y proyectos para establecer instituciones en Papua Nueva Guinea.
E - Cooperación con instituciones académicas.
Cooperó
estrechamente con instituciones académicas y de investigación y señaló que
desde el último informe se firmaron acuerdos generales de cooperación con el
Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) y la
Comisión Andina de Juristas (Perú).
Manifestó
que un acontecimiento positivo son las consultas que realizan las instituciones
con el Alto Comisionado con respecto a sus planes de investigación y formación.
F - Asociación con organizaciones no gubernamentales.
Hizo
hincapié‚ en que la colaboración con la sociedad civil, en particular con las
ONG, es fundamental para el programa de derechos humanos y reconoció que no
habría podido realizar adecuadamente su tarea sin los datos proporcionados por
las ONG.
Así
trabajó en estrecha colaboración con estas organizaciones en Ruanda y en la ex
Yugoslavia.
La puesta en práctica de los derechos humanos
A - La aplicación
Señaló que
la mundialización del interés por los derechos humanos, impulsó a la comunidad
internacional a incluir entre sus principales preocupaciones la de convertir en
realidad el respeto de los derechos humanos.
Manifestó,
asimismo, que el debate de la Comisión de Derechos Humanos confirmó la
tendencia abrumadora hacia los derechos humanos, la democracia y el desarrollo
en el mundo contemporáneo.
El Alto
Comisionado planteó cuestiones relativas a la aplicación de los derechos
humanos en su diálogo con los gobiernos, subrayando la necesidad de
reconsiderar las recomendaciones adoptadas por la Comisión y hechas por sus
mecanismos. Cabe señalar, destacó, que en muchos casos la respuesta de los
gobiernos indicó que están dispuestos a reaccionar de manera constructiva a la
voluntad de la Comunidad Internacional. Lamentó que estos llamamientos no
siempre den los resultados esperados. En cumplimiento de su mandato y guiado
por su responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos de todos, el
Alto Comisionado seguirá ocupándose de casos particulares y, llegado el caso,
recurrirá a contactos directos con los gobiernos y otras partes pertinentes
para alcanzar resultados concretos.
B - Medidas preventivas y correctivas.
Entre las
prioridades del programa de derechos humanos ocupó un lugar prominente el
desarrollo de medios para prevenir las violaciones de los derechos humanos.
La
comunidad internacional instó encarecidamente a que las actividades de derechos
humanos se centren en las medidas preventivas.
El
fortalecimiento de las actividades preventivas en la esfera de los derechos humanos
fue prudente no sólo en términos humanos sino también desde el punto de vista
económico. Por ejemplo, el costo anual de la Operación de Derechos Humanos en
Ruanda fue equivalente a los gastos para las actividades de un único día de la
Misión de las Naciones Unidas de Asistencia a Ruanda (UNAMIR).
El Alto
Comisionado subrayó la necesidad de una mayor responsabilidad por las
violaciones de los derechos humanos como dimensión indispensable de toda
estrategia preventiva. Señaló que, son alentadores, los arreglos de las crisis
que cada vez incluyen más recomendaciones relativas a los derechos humanos y a
la responsabilidad de quiénes perpetran tales violaciones. El Acuerdo de Paz de
Dayton para Bosnia y Herzegovina fue un ejemplo reciente de ello. Manifestó
también, que el rechazo de la impunidad, el establecimiento de comisiones para
determinar la verdad y la implementación de una jurisdicción penal
internacional permanente no sólo deben responder al sentido común de justicia
sino que son ejemplos de las medidas que contribuirían a reducir las
violaciones de los derechos humanos. Un tribunal penal internacional permanente
sería el eslabón que falta en el derecho internacional.
C - Transición a la democracia
El
programa de derechos humanos de las Naciones Unidas siguió prestando asistencia
a los países en transición hacia a la democracia, la gran mayoría de los cuales
son beneficiarios del programa de cooperación técnica.
En enero
de 1995 se estableció una oficina del Alto Comisionado/Centro de Derechos Humanos
en Malawi que proporcionó asistencia clave al Comité‚ Interministerial sobre
derechos humanos y democracia, permitiéndole adoptar el primer plan de acción
nacional de derechos humanos de ese país. Recientemente, la Oficina también
impartió formación en la esfera de los derechos humanos para personal de la
policía, el ejército y las instituciones penitenciarias.
También se
proporcionó asistencia técnica y servicios de asesoramiento a los países en
transición de Europa oriental y central.
D - Programa de cooperación técnica
Un examen
general de las actividades del programa ha permitido al Alto Comisionado
desarrollar la siguiente orientación de política: el programa debe concentrarse
en los países o regiones en transición hacia la democracia; deben considerarse
con carácter prioritario las solicitudes de cooperación con respecto a
programas que fortalecen las capacidades nacionales para la promoción y
protección de los derechos humanos, así como a programas que se ocupan de
mandatos dimanados de la Declaración y el Plan de Acción de Viena y de órganos
legislativos de las Naciones Unidas, como la promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales, planes nacionales de acción e instituciones
nacionales; también se debe dar prioridad a los proyectos de cooperación
técnica que responden a las necesidades de los países menos adelantados.
Se
hicieron esfuerzos especiales para cumplir plenamente el compromiso del Alto
Comisionado para con los derechos económicos sociales y culturales y el derecho
al desarrollo e integrar una perspectiva de género.
La labor sobre el terreno en la esfera de los
derechos humanos.
A - Introducción
Las
actividades de derechos humanos sobre el terreno, ya sean en forma de
operaciones o de oficinas sobre el terreno, fueron una de las principales
innovaciones en la aplicación de los programas de derechos humanos de los
últimos años.
Esta
flexibilidad de la intervención en la esfera de los derechos humanos es uno de
sus puntos más fuertes. La experiencia ya obtenida demuestra que la aplicación
efectiva de los derechos humanos se ve muy facilitada por las actividades in
situ. Por consiguiente, el programa ha avanzado mucho desde el momento en que
los problemas de derechos humanos se trataban exclusivamente en salas de
conferencia y desde escritorios en Ginebra y Nueva York, hasta encararlos en
las zonas en que se producen. Mientras que en 1992 no había actividades de
derechos humanos sobre el terreno, la Oficina del Alto Comisionado/Centro de
Derechos Humanos desempeña, actualmente, ocho operaciones de esa índole.
B - Actividades sobre el terreno en curso.
Bosnia y
Herzegovina, Croacia, República Federativa de Yugoslavia y ex República
Yugoslava de Macedonia.
Apoyó el
proceso de paz en Bosnia y Herzegovina mediante la aplicación de un programa en
tres puntos que se aplicó en la Conferencia de Paz de Londres en diciembre de
1995 y que incluyó: a) formar al personal internacional (oficiales de la Fuerza
Internacional de Policía (IPTF) en Bosnia y Herzegovina, oficiales de la
Policía Civil de las Naciones Unidas en la región de Eslavonia Oriental en
Croacia; y supervisores de los derechos humanos de la OCSE que se desplegaron
en Bosnia y Herzegovina); b) asistir al Alto Representante, responsable de los
aspectos civiles de la aplicación de la paz, con un número de expertos en
derechos humanos que proporcionan experiencia jurídica relativa al derecho
internacional en la esfera de los derechos humanos y su relación con los
instrumentos jurídicos europeos, a su vez garantizan que los casos de violaciones
de los derechos humanos se presenten a las autoridades internacionales
pertinentes, y asesoran sobre la redacción de directrices para los supervisores
de los derechos humanos y las elecciones; c) mantener el apoyo al trabajo del
Relator Especial y al experto encargado del proceso especial relativo a las
personas desaparecidas en la ex Yugoslavia.
El Alto
Comisionado visitó Bosnia y Herzegovina, Croacia y la República Federativa de
Yugoslavia en mayo de 1996. Contó con la asistencia de las oficinas de derechos
humanos de las Naciones Unidas en las ciudades de Sarajevo, Banja Luka (Bosnia
y Herzegovina), Zagreb, Vukovar (Eslavonia Oriental), Belgrado y Skopje.
Desde
noviembre de 1995, la Relatora Especial ha dirigido numerosas misiones en el
territorio de la ex Yugoslavia, asimismo, presentó un informe amplio sobre la
situación de los países de la región a la Comisión de Derechos Humanos, en
julio de 1996 un informe especial sobre derechos humanos y las elecciones en
Bosnia y Herzegovina y en noviembre de 1996 una relación actualizada de los
acontecimientos generales en materia de derechos humanos.
El experto
en personas desaparecidas del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o
involuntarias, en el informe que presentó a la Comisión, hizo hincapié‚ en el
problema de las fosas comunes en Bosnia y Herzegovina y pidió a las partes y a
la comunidad internacional que intensificaran sus esfuerzos para aclarar la
suerte de los desaparecidos, recurriendo a todos los medios posibles, incluidas
las exhumaciones de los restos mortales cuando fuera necesario.
Burundi
El Alto
Comisionado pudo desplegar cinco observadores de los derechos humanos en la
Operación de los Derechos Humanos en Burundi que reunieron testimonios e
información sobre alegaciones relativas a incidentes, masacres, asesinatos,
desapariciones forzadas y detenciones o arrestos arbitrarios. Las visitas a los
centros de detención y a las cárceles permitieron a los observadores darse
cuenta de las alarmantes condiciones penitenciarias a causa del hacinamiento,
el poco espacio de las instalaciones, los problemas sanitarios y la difusión de
enfermedades contagiosas.
El Relator
Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos
humanos de Burundi, realizó su tercera visita al país e hizo hincapié‚ en que
se ha dado muerte a centenares de miles de personas incluidos mujeres, niños y
ancianos. Señaló una falta general de seguridad y que el país se encontraba
sumido en un clima de angustia, odio y exclusión; que la impunidad envenenaba
las relaciones humanas y ponía en peligro las iniciativas que tienen por objeto
sacar al país de la situación en que vive.
Camboya
El Alto
Comisionado realizó su segunda visita a Camboya, donde firmó con el Ministro de
Relaciones Exteriores un memorando de entendimiento de dos años con el Gobierno
de Camboya para la aplicación de actividades de cooperación t‚cnica de derechos
humanos.
Señaló que
el Centro de Derechos Humanos en Camboya representa el programa más amplio de
cooperación técnica en la esfera de derechos humanos, ya que mantiene oficinas
en Phnom Penh y en las provincias de Siem Reap, Battambang y Kompong Cham. Se
aplica con la cooperación del Gobierno de Camboya y presta colaboración técnica
al Gobierno, al parlamento, al poder judicial y a las organizaciones no
gubernamentales, en particular en la esfera de la educación y formación en
derechos humanos.
El Alto
Comisionado hizo un llamamiento a favor del respeto del derecho a la vida, que
no puede aceptar derogación alguna.
Ruanda
Con la
retirada de la Misión de la Naciones Unidas de Asistencia a Ruanda (UNAMIR), la
Operación de Derechos Humanos en Ruanda sigue constituyendo la presencia más
numerosa de las Naciones Unidas en ese país. Es esencial que la comunidad
internacional mantenga su compromiso con el Gobierno y el pueblo de Ruanda para
garantizar que se aplique plenamente el mandato de la Operación. Ésta ha
desempeñado la función más importante en la promoción y la protección de los
derechos humanos en Ruanda, mediante la investigación de anteriores violaciones
del derecho humanitario y los derechos humanos, incluido el genocidio; la
vigilancia e información sobre las violaciones a los derechos humanos en
cooperación con las autoridades locales; el establecimiento de medidas de
creación de confianza para facilitar el regreso de los refugiados y permitir la
reconstrucción de la sociedad civil; la prestación de cooperación técnica para
reconstruir la administración de justicia, para permitir el enjuiciamiento
efectivo de violaciones de derechos humanos; y la contribución para liberar
presos que podrían haber sido arrestados y detenidos sin una base jurídica
adecuada.
Zaire
El 21 de
agosto de 1996 se firmó en Ginebra el Protocolo del Acuerdo entre el Gobierno
del Zaire y el Alto Comisionado. El Acuerdo contempló la creación de una
oficina en Kinshasa con dos expertos de derechos humanos que vigilarán la
situación de los derechos humanos y asesorarán a las autoridades
gubernamentales, así como a las organizaciones no gubernamentales.
C - Actividades sobre el terreno de
planificación.
Colombia
El
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos pidió al Alto Comisionado que
procediera, a iniciativa del Gobierno de Colombia y previa identificación de
fuentes adecuadas de financiación, a establecer lo antes posible una oficina
permanente en Colombia para ayudar a las autoridades de este país a preparar
políticas y programas para la promoción y protección de los derechos humanos y
observar las violaciones de estos derechos, presentando informes analíticos al
Alto Comisionado.
Representantes
del Gobierno de Colombia y de la Oficina del Alto Comisionado examinaron en
Ginebra las disposiciones del proyecto de acuerdo sobre la oficina de Colombia.
Desafíos a los derechos humanos
A - Igualdad y no discriminación
Eliminación
de la discriminación racial
Organizó
un seminario para evaluar la aplicación de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Dicho seminario se
centró en la discriminación de los inmigrantes, los refugiados y las minorías
‚étnicas y en la propaganda en pro del racismo y el antisemitismo en los medios
modernos de comunicación, entre ellos el Internet. En el seminario se subrayó
la importancia que tiene la educación como medio para erradicar la
discriminación y el racismo y se recomendé que los Estados parte tomaran
medidas en ese sentido.
La mujer
La
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer visitó Polonia para
estudiar a fondo las causas y consecuencias de la cuestión del tráfico y la
prostitución forzada de mujeres en la región de Europa Oriental. Asimismo,
visitó Brasil por la cuestión de la violencia doméstica contra la mujer y
presentó a la Comisión de Derechos Humanos un marco de legislación modelo sobre
la violencia doméstica que deben observar los gobiernos.
Los niños
En su
discurso ante el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los
Niños, en Estocolmo, el Alto Comisionado manifestó la esperanza de que la
sensibilidad mundial acerca de los delitos cometidos contra los niños,
fortalezca las medidas que se tomen para poner fin a este fenómeno y propuso
cinco maneras concretas de conseguir un cambio: hacer que los propios niños
participen de las campañas para poner fin a su explotación; informar a los
adultos de los derechos de los niños; establecer reformas jurídicas para
protegerlos; castigar a los violadores de los derechos de los niños; y cooperar
a todos los niveles para combatir la violencia sexual comercial.
La
Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, visitó la República Checa para tratar
esa cuestión. La Oficina del Alto Comisionado/Centro de Derechos Humanos
organizó una misión en Viet Nam para formular un proyecto de administración de
justicia de menores.
Las
minorías
El Alto
Comisionado celebró el creciente compromiso de la comunidad internacional para
con la protección de las minorías. Sugirió que un programa de actividades internacionales
debe concentrarse en conseguir, esencialmente, la creación de un ambiente de
tolerancia y comprensión entre distintas comunidades.
Las
poblaciones indígenas
El
Gobierno del Canadá sirvió de anfitrión a un seminario acerca de derechos sobre
tierras que se celebró en Whitehorse (Yukón) donde se conversó sobre el proceso
de negociación y las medidas jurídicas para la demarcación, titularización y
protección de tierras.
El Alto
Comisionado pidió a la comunidad internacional que reconozca, proteja y
promueva los derechos de las poblaciones indígenas para alcanzar la plena
participación de este sector de la población en la vida política, económica y
social a todos los niveles de la sociedad.
Las
personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana
El Alto
Comisionado organizó con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/SIDA (UNAIDS), una segunda consulta internacional sobre el VIH/SIDA y los
derechos humanos, que tuvo lugar en Ginebra.
El
documento final tuvo directrices concretas, orientadas hacia la acción, sobre
todo a los gobiernos, acerca de la promoción y el respeto de los derechos
humanos en el contexto del VIH/SIDA.
B - La tortura
El Alto
Comisionado hizo un llamamiento a todos los gobiernos instándolos a que
contribuyeran al Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para
las Víctimas de la Tortura, debido a que se encontraba en una situación
financiera alarmante. Posteriormente se recibieron más de dos millones de
dólares. La Junta determinó que se destinaran a 96 solicitudes de asistencia,
la suma total disponible. Los proyectos seleccionados proporcionan asistencia
médica, psicológica, social y jurídica a víctimas de la tortura y a sus
familiares
D - Desapariciones forzadas
El Alto
Comisionado señaló que, desgraciadamente, la práctica sistemática de actos que
acarrean desapariciones forzadas se ha difundido a muchas regiones del mundo.
En consecuencia manifestó que los Estados deben tomar medidas efectivas para
aplicar los principios de la Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas.
El derecho al desarrollo como derecho humano
A - La Perspectiva del derecho al desarrollo
El Alto
Comisionado señaló que la Comisión de Derechos Humanos aprobó por primera vez
consensuadamente la resolución 1996/15 titulada «El derecho al desarrollo» y
que ello es un logro muy importante que refleja el compromiso de los Estados
Miembros de prestar apoyo a la satisfacción de este derecho.
Manifestó,
asimismo. que el concepto del derecho al desarrollo debe contribuir a combatir
la exclusión y la alienación social, económica y política, y que los Estados,
como principales actores en el logro del derecho al desarrollo deben garantizar
el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fortalecer
la democracia y garantizar una administración pública honrada y transparente y
una administración de justicia eficiente e imparcial.
Mecanismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas
La
Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoció la necesidad de adaptar los
mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a las necesidades
actuales y futuras en la promoción y la protección de los derechos humanos.
La
Asamblea General encomendó al Alto Comisionado la responsabilidad específica de
reformar los m0ecanismos específicos de derechos humanos de las Naciones
Unidas. El objetivo general de la reforma consiste en hacerlos: a) más
efectivos y eficientes en función de los costos; b) capaces de actuar
rápidamente y de responder de manera adecuada a situaciones de derechos
humanos; c) más fuertes, mediante la cooperación internacional, sobre la base
de la confianza recíproca y d) más transparentes y comprensibles para el mundo
exterior. El Alto Comisionado subrayó que el ajuste de un órgano u organismo
determinado a las necesidades en evolución sigue siendo responsabilidad
principal del organismo en cuestión, y que la Oficina del Alto
Comisionado/Centro de Derechos Humanos proporciona apoyo analítico y de
organización.
Informe
del ACNUR
Preparación, Intervención y Asistencia en
Situaciones de Emergencia
Se
impartió capacitación a un nuevo grupo de auxiliares del ACNUR para las
situaciones de emergencia, que fueron destinados a Daguestán, Osetia del Norte,
Ghana, Guinea, Malí, Togo
Myanmar,
Rwanda y el Zaire. Las listas de recursos humanos para tales situaciones, tanto
de personal interno del ACNUR como de personal externo, integraron las
disposiciones adoptadas para la preparación y respuesta ante situaciones de
contingencia. Procuró que se aplicara a la planificación de emergencia el
«criterio de coordinación interinstitucional», la cual fue organizada por el
ACNUR en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos, con el que determinó
las regiones o países en que conviene hacer una planificación de emergencia y
las prioridades entre ellos. Estableció una base de datos de la capacidad de
emergencia de las organizaciones no gubernamentales y de conjuntos de servicios
gubernamentales.
Los gastos
de atención y manutención ascendieron al 60% de los gastos totales del ACNUR.
Repatriación Voluntaria
El Comité
Ejecutivo concentró su atención en lo relativo a las condiciones necesarias
para asegurar que la repatriación voluntaria sea verdaderamente una solución
duradera a la difícil situación de los refugiados.
Asentamiento Local
Se
promovió la autonomía socioeconómica y la integración de los refugiados de los
países de asilo, para que el ACNUR puede ir suprimiendo progresivamente su asistencia
de atención y manutención. Los proyectos entraron en dos categorías:
actividades agrícolas y no agrícolas.
Reasentamiento
Emprendió
un proceso de consultas para establecer un diálogo periódico con los gobiernos
de los principales países de reasentamiento y los principales organismos que se
ocupan del mismo. Disminuyó el número de candidatos al reasentamiento desde el
acuerdo de paz de Dayton.
Previó un
manual para el presente tema y para reforzar su programa de capacitación de
funcionarios de reasentamiento junto con asociados gubernamentales y
organizaciones no gubernamentales.
Conclusiones sobre las Mujeres Refugiadas
Participó
en las reuniones preparatorias de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
y en la propia Conferencia, para asegurar que en la Plataforma de Acción se
reflejaran los problemas de las mujeres refugiadas.
Cubrió
tres puestos de coordinador regional en lo relativo a las mujeres refugiadas y
en el segundo semestre de 1996, cubrió un cuarto. Creó un grupo de referencia
presidido por el Alto Comisionado Adjunto que se encarga de apoyar la
aplicación sobre el terreno de la Plataforma de Acción de Beijin. Convocó en
Ginebra un simposio sobre las persecuciones de carácter sexistas para resaltar
la situación específica de las mujeres solicitantes de asilo. Desarrolló un
módulo de capacitación para sensibilizar a las refugiadas acerca de los
derechos humanos.
Conclusiones sobre los Niños Refugiados
El 14 de
marzo de 1996 se firmó un Memorando de Acuerdo entre el ACNUR y el UNICEF. Su
objeto fue reforzar la colaboración y coordinación entre los dos organismos y
promover respuestas coordinadas en las esferas de interés común. Las
actividades operacionales se centraron en la situación de emergencia en Rwanda
y Burundi. Al primero de enero de1996, más de 28.000 niños de la región de Los
Grandes Lagos habían sido reunidos con sus familias, pero unos 78.000 seguían
estando clasificados como niños no acompañados .Se presentó a la Asamblea General
un informe sobre la asistencia a los menores refugiados no acompañados
(A/50/555).
Conclusiones sobre Medio Ambiente
El Comité
Ejecutivo adoptó una nueva política sobre medio ambiente con cuatro principios
básicos: adoptar un criterio integrado; prevenir en vez de curar; ser eficaz en
relación con los costos y potenciar los beneficios generales y lograr la
participación de los refugiados y las poblaciones locales. Se insistió en la
utilización sostenible de los recursos naturales en torno a los campamentos de
refugiados.
Conclusiones sobre Refugiados, Repatriados y
Desarrollo
La
asistencia para la rehabilitación a corto plazo proporcionada por el ACNUR para
facilitar la reintegración económica y social de los refugiados que regresan
debe tener como base una estrategia más amplia de recuperación y reconstrucción
que asegure que se pase ininterrumpidamente de la recuperación inicial al
desarrollo sostenible. Reforzó sus vínculos operacionales con los organismos y
asociados que tienen la competencia y la capacidad necesarias para afrontar el
problema de los efectos de la influencia de los refugiados sobre los recursos
de desarrollo de los países de asilo, así como las necesidades polifacéticas de
los países en que se reintegran refugiados. Conjuntamente con el PNUD, el ACNUR
acordó un marco para la adopción de iniciativas interinstitucionales destinadas
a promover una transición sin tropiezos para pasar de la asistencia humanitaria
al desarrollo humano sostenible.
Gestión y Ejecución de los Programas
El ACNUR
impartió cursos específicos para cada país. Organizó dos seminarios regionales,
sobre la inscripción de refugiados; capacitó a funcionarios en materia de
estrategias técnicas y programas informáticos para la inscripción de
refugiados. Examinó sus métodos de funcionamiento para mejorar la ejecución, la
rendición de cuentas y los resultados y aumentar su capacidad de contracción y
expansión en respuesta a las solicitudes operacionales.
Conclusiones Regionales
Africa
Informó
que existen 1.684.640 refugiados rwandeses en el Zaire, la República Unida de
Tanzanía y Burundi, y que se estabilizó la situación en los campamentos de la
región africana de los Grandes Lagos.
En Rwanda
fue prioritaria la construcción de viviendas .
En Burundi
hubo nuevas corrientes de refugiados hacia el Zaire y la República Unida de
Tanzanía, así como en el propio Burundi. En enero de 1996, la Alta Comisionada
se trasladó a Burundi y recomendó que se instale un comité conjunto de
seguridad.
El
gobierno de Tanzanía cerró las fronteras; la Alta Comisionada acordó con las
autoridades del Zaire que toda repatriación tendría carácter de voluntario,
pero se acelerarían los movimientos de regreso. Se aprobó una declaración en
que se trazaron las líneas generales de las medidas para apresurar la
repatriación de los refugiados a Rwanda y propiciar el proceso de paz en la
región.
Las
posibilidades de autonomía económica son escasas en la subregión de Africa
Central.
El número
de refugiados de Sierra Leona en Guinea y Liberia aumentó significativamente a
causa de la guerra civil.
La
situación en el Togo mejoró y como consecuencia aumentó el número de retornos.
Lo mismo ocurrió en Malí y se repatrió un buen número de tuareg.
La mayoría
de los programas de asistencia que se efectúan en la subregión son de atención
y manutención.
La
política oficial de asignación de tierras a los refugiados, en la subregión de
Africa Oriental, permitió reducir gradualmente la asistencia de atención y
manutención y establecer asentamientos locales. Proveyó asistencia para mejorar
la capacidad profesional de los refugiados a fin de acelerar el proceso de
rápida reintegración cuando vuelvan a su lugar de origen y en unos pocos casos
el reasentamiento en terceros países.
Los
preparativos del puente aéreo para repatriar desde Kenya a 3.000 refugiados
etíopes llegó a su etapa final y la operación comenzó en el primer trimestre de
1996.
El ACNUR
conjuntamente con el PNUD estableció un marco para las iniciativas
interinstitucionales que contribuyan a facilitar la transición de la asistencia
humanitaria al desarrollo humano sostenible, en
preparación
a la retirada de la presencia del ACNUR en Mozambique.
América
En los
Estados Unidos de América se introdujeron modificaciones y se dio el último
toque a dos proyectos de ley de inmigración. El ACNUR manifestó su preocupación
por diversas disposiciones de esos proyectos que probablemente menoscaben los
principios de protección.
El Alto
Comisionado insistió en prevenir futuras corrientes de refugiados de
Centroamérica. Se ocupó de cuestiones jurídicas relacionadas con los
repatriados, la integración local y la protección internacional. Fortaleció la
capacidad de los gobiernos para hacer frente a las cuestiones relacionadas con
los refugiados y, como medida de prevención, reforzó las instituciones
regionales de derechos humanos. Continuó ocupándose de la repatriación
voluntaria de casos individuales y el proceso jurídico de integración de los
refugiados que optaron por quedarse en el país de asilo.
Unos 9.500
refugiados guatemaltecos volvieron de México a pesar de persistir los problemas
de seguridad, en particular la matanza de Xamán de 11 repatriados, la escasez
de tierras para los repatriados y la falta de un acuerdo de paz. Aumentó el
número de quienes desearon repatriarse en México debido a la posibilidad de
integración y las causas ya enumeradas. Con el programa de asistencia en los
estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo se mejoró la productividad de los
asentamientos de refugiados gracias a programas conjuntos de crédito y formación
en el empleo orientado a la autosuficiencia de los refugiados.
Después de
la expedición de los documentos de inmigración, se espera reubicar en Campeche
y Quintana Roo a la mayor parte de los refugiados que están en Chiapas. La
mitad de los refugiados guatemaltecos en México está formada por niños nacidos
allí que por derecho constitucional son considerados nacionales mexicanos.
La llegada
de solicitantes de asilo de fuera del continente aumentó en Sudamérica y el
Caribe. Aunque el ACNUR siguió alentando a la repatriación voluntaria como la
mejor solución permanente en la subregión, también se prestó apoyo para la
integración local.
Asia
Previó la
repatriación de 50.000 personas que quedaron en cinco campamentos de
Bangladesh. Tuvo libre acceso a los refugiados para supervisar su bienestar y
su integración socio económica. Para julio de 1997, reducirá gradualmente sus
actividades operacionales en el estado de Rajine.
La
repatriación de refugiados de Sri Lanka desde la India fue obstaculizada por la
reanudación de las hostilidades, lo cual precipitó el desplazamiento interno de
más de 350.000 personas desde la península de Jaffna. No se encontró solución
para los 89.000 solicitantes de asilo y refugiados bhutaneses que hay en Nepal.
En Camboya
los repatriados vulnerables continuaron estando marginalmente integrados a
causa de la constante inseguridad y de su limitado potencial de ingresos.
Prestó socorro a más de 113.000 desplazados internos.
Aumentó el
número de refugiados en China. El ACNUR apoyó los planes de crédito rural con
fondos rotatorios . Seis camboyanos y cincuenta y nueve lao regresaron de China
a su país de origen. Más de 2.500 mon regresaron del campamento de Payaw
(Tailandia), a lugares de reasentamiento en el Estado de Mon después que el
gobierno de Myanmar y el Partido del Nuevo Estado de Mon concertaron un acuerdo
de cesación del fuego. El ACNUR pidió a los gobiernos que permitan mayor acceso
a los refugiados de Myanmar que están en Tailandia y a los repatriados que se
encuentran en Myanmar, para supervisar sus condiciones de asilo y confirmar el
carácter voluntario y la seguridad de su repatriación.
En
Indochina disminuyó la repatriación voluntaria de no refugiados vietnamitas y
lao. El Comité Directivo de la Conferencia Internacional Sobre Refugiados
Indochinos acordó que el Plan General de Acción se daría por concluido el 30 de
junio de 1996. Reafirmó que la única opción viable para los no refugiados
vietnamitas era regresar a Viet Nam con arreglo a los procedimientos de
repatriación voluntaria o retorno organizado. El ACNUR investigó todas las
denuncias de malos tratos de repatriados y no descubrió ningún caso de
persecución.
Europa
Como parte
de una estrategia global en la región, el ACNUR participó activamente en los
procesos legislativos de los países de Europa central. Participó en la
supervisión de los acuerdos de readmisión que se firmaron con países de la
Unión Europea y entre Estados de Europa Central.
Armenia
promulgó una ley de nacionalidad que permite que los refugiados de origen
étnico armenio puedan obtener la nacionalidad armenia.
Unos
60.000 tártaros de Crimea carecían de nacionalidad o se encontraron en una
situación similar a la de los refugiados lo que puede determinar la
intervención del ACNUR.
En Turquía
tuvo como objetivo a largo plazo ayudar al gobierno a establecer un
procedimiento satisfactorio de determinación del estatuto de refugiado.
Disminuyó
el número de solicitantes de asilo en Europa occidental. El ACNUR preparó un
plan de operaciones para el retorno y repatriación rápidos, pacíficos,
organizados y graduales a Bosnia y Herzegovina.
Organización
de los Estados Americanos
En el seno
de la OEA, se destaca la Resolución 1404 de la Asamblea General, y los aspectos
salientes de los informes producidos por la Comisión y la Corte Interamericanas
de Derechos Humanos sobre su actividad durante 1996. En el marco de una
revisión del sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
realizado un seminario de expertos celebrado en Washington del 2 al 4 de
diciembre de 1996, con la participación de miembros de ambos órganos
protectivos y de otros órganos de la OEA, delegados gubernamentales y
representantes de organizaciones no gubernamentales.
Informe
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Asamblea General
En el mes
de junio de 1996, en Panamá, la Asamblea General de la OEA adoptó la Resolución
1404 por la cual se aprueba el informe anual de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos correspondiente al año 1995.
Los puntos
principales de la Resolución destacan que la Asamblea General toma nota del
informe, insta a la CIDH a continuar promoviendo la observancia y defensa de
los derechos humanos; reconocer a la CIDH el trabajo realizado; exhortar a los
Estados que no lo hayan hecho, a que incorporen la enseñanza de los derechos
humanos en los diferentes niveles educativos; tomar nota de los comentarios y
observaciones realizadas por los Estados al informe 1995 de la CIDH; tomar nota
también de los progresos alcanzados en la efectiva observancia de los derechos
humanos por parte de los Estados, particularmente en los esfuerzos puestos en
la promoción, observancia y defensa; expresar su preocupación por la subsistencia
de situaciones que afectan la plena vigencia de los derechos humanos; exhortar
a todos los Estados que no lo han hecho, a ratificar todos los instrumentos
interamericanos de derechos humanos, y también a considerar la posibilidad de
aceptar la competencia contenciosa de la Corte; instar a los Estados miembros a
que den impulso a la eliminación de cualquier discriminación contra la mujer, y
a garanticen y den especial vigilancia a la protección de los derechos humanos
de poblaciones indígenas, menores en condiciones de riesgo, refugiados,
personas con discapacidad, trabajadores migrantes y sus familias, detenidos y
prisioneros, poblaciones minoritarias, y víctimas de discriminación racial;
exhortar a los gobiernos a que sigan cooperando con la CIDH para la realización
de visitas in loco; condenar enérgicamente todas las formas de racismo,
discriminación racial o religiosa, xenofobia e intolerancia; e instar a la CIDH
a establecer un diálogo con gobiernos, organizaciones indígenas, el Instituto
Indigenista Interamericano y juristas especializados, para que el proyecto de
Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refleje
las preocupaciones de esos sectores.
Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1996
Este
informe ha sido aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
su 95 Período Ordinario de Sesiones celebrado del 24 de febrero al 14 de marzo
de 1997; y elevado a la Consideración de la Asamblea General de la OEA, junio
de 1997, Lima, Perú.
El Informe
1996 contiene siete capítulos.
El
Capítulo Segundo se refiere a las actividades generales llevadas a cabo por la
CIDH durante 1996, detallando las cuatro sesiones realizadas, la elección de
nuevos miembros, y la designación del Dr. Jorge Taiana como secretario
ejecutivo.
También
destaca las visitas realizadas por la CIDH a distintos países: sobre México, la
Comisión ha podido realizar una evaluación global sobre la situación mexicana
en materia de derechos humanos.
Sobre los
Estados Unidos, la CIDH visitó distintos centros penitenciarios para evaluar
las condiciones de detención, y realizará un informe completo sobre la
situación de Lompoc (California), Leavenworth (Texas), y Allenwood
(Pennsylvania).
En torno a
Venezuela, también ha sido visitado el país para observar la situación
existente en algunas prisiones de Caracas, Miranda, Carabobo y Maracaibo, la
cual es descrita como compleja y delicada.
La misión
especial de la CIDH a República Dominicana se realizó para investigar el caso
Cabrera (10.832); la misión especial a Argentina tuvo por objeto impulsar la
solución amistosa del caso Guardatti (11.217) y del caso Garrido y Baigorria
que se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la misión
especial a Guatemala representó a la CIDH en la celebración de los Acuerdos de
Paz.
En torno a
las medidas cautelares, la CIDH ha solicitado a los Estados la adopción de
varias acciones, en particular México, Brasil, Ecuador, Guatemala, Colombia,
República Dominicana, Honduras y El Salvador. Asimismo, la CIDH ha solicitado
medidas a los Estados Unidos por un caso relativo a una condena a muerte.
En cuanto
a las medidas provisionales, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que
adopte o prorrogue (según el caso) medidas respecto al caso Alemán Lacayo
(Nicaragua), a cuatro casos de la República de Guatemala, un caso relativo a
Colombia, y en el caso Loayza Tamayo (Perú).
El
Capítulo Tercero contiene decisiones adoptadas por la Comisión sobre una serie
de casos individuales que le han sido presentados, sobre Argentina (2, uno de
ellos inadmisible), Colombia (2, uno de ellos inadmisible), Costa Rica (1
inadmisible), Cuba (1), Chile (3), Ecuador (2), Estados Unidos (2, uno
inadmisible), Guatemala (10), Honduras (1 inadmisible), Jamaica (1), México (5,
uno inadmisible), y Nicaragua (1).
En el
informe se destacan los tres siguientes casos:
El caso X
e Y contra Argentina, sobre inspecciones vaginales para el ingreso a un centro
de detención legal, la Comisión ha considerado que dicha práctica es contraria
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y recomendó al Estado que
adopte la legislación necesaria para ajustar sus disposiciones a dicho tratado,
y que las víctimas sean compensadas adecuadamente.
El caso
Martorell contra Chile, sobre libertad de expresión, en el cual el Estado ha
sido encontrado responsable de violar el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, al prohibir mediante resolución de la Corte Suprema, el
ingreso, distribución y circulación del libro "Inmunidad
diplomática".
El
proceder de la CIDH en el asunto (en particular en la confección del informe
correspondiente al artículo 50 de la Convención, ha motivado a Chile a elevar
un pedido de Opinión Consultiva a la Corte.
El caso
Diana Ortiz contra Guatemala, la Comisión encontró responsable al Estado de
violar en perjuicio de la víctima el derecho a la integridad personal, a la
libertad personal, a las garantías judiciales, a gozar de protección para la
honra y dignidad, a la libertad de conciencia y de religión, a la libertad de
asociación y a la protección judicial.
La
representante de la víctima ha solicitado a la CIDH que no eleve en caso ante
la Corte Interamericana, basado en razones emocionales y psicológicas,
derivadas del martirio al cual aquella había sido sometida. La CIDH accedió al
pedido, y decidió dar publicación al informe del caso.
El
Capítulo Cuarto se refiere al estado de la preparación de la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que hubiere iniciado con
una ronda de consultas en octubre de 1995. Durante 1996 también se realizaron
numerosas consultas nacionales y regionales.
El
proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
se aprobó en febrero de 1997.
El
Capítulo Quinto destaca secciones sobre la evolución de la situación de
derechos humanos en cuatro países: Colombia, Cuba, Guatemala y Perú.
La parte
relativa a Colombia realiza una descripción de la información general sobre el
país en 1996, destacando los esfuerzos del Estado para combatir las
violaciones, pero destaca que los asesinatos políticos y delitos comunes
cobraron la vida de 26.710 personas durante el año; se destacan medidas
positivas adoptadas por el gobierno a nivel legislativo (ley 288 de
indemnización para víctimas cuyos casos en que algún organismo internacional
haya concluido que Colombia ha violado los derechos humanos y recomendado la
indemnización), y el trabajo realizado por la Unidad de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación; asimismo, se subraya el funcionamiento de la
acción de tutela (artículo 86 de la Constitución), y el establecimiento de la
oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La
CIDH destaca a continuación la tramitación de casos individuales contra
Colombia. Luego caracteriza la situación de los derechos humanos en 1996,
resaltando la impunidad y denegación de justicia, las propuestas para reformar
la Constitución Nacional, que se traducían en contrarreformas a los avances de
la Constitución de 1991, la falta de tipificación del delito de desaparición
forzada de personas, el funcionamiento de los estados de emergencia, el
funcionamiento de los grupos paramilitares, y ciertas actividades de los grupos
armados irregulares. Luego, se mencionan las violaciones a los derechos humanos
cometidas contra personas que trabajan en el campo de los derechos humanos,
activistas políticos y sindicalistas; la situación de desplazamiento forzoso
interno, y la situación de los indígenas y las minorías raciales. La parte
concluye que a pesar de los esfuerzos del Estado, la situación sigue siendo
extremadamente seria, y que las violaciones a los derechos humanos han
aumentado, junto a la violencia parapolicial, sin que los organismos del Estado
reaccionaran siempre apropiadamente, generando impunidad y denegación de
justicia, y realiza recomendaciones al gobierno.
La parte
relativa a Cuba comienza subrayando la competencia de la Comisión respecto a
dicho Estado. Considera que el Estado ha adoptado algunas medidas favorables,
como permitir la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU y de cuatro organizaciones no gubernamentales, la ratificación de la
Convención Contra la Tortura de la ONU y el acuerdo cubano canadiense sobre
derechos humanos. Sin embargo, la CIDH no considera que haya una mejora
sustantiva de los derechos humanos, partiendo del sistema político que permita
un pluralismo ideológico y partidario. La CIDH recibió numerosas denuncias
sobre violaciones a los derechos civiles y políticos que discrepan con la
política de gobierno, particularmente penas privativas de libertad,
detenciones, amenazas, pérdidas de trabajo y registros domiciliarios. Sobre los
Derechos Civiles y Políticos el Informe destaca la falta de libertad de
expresión, asociación y reunión. En torno a la libertad de prensa, se menciona
la persecución de los sectores que se opongan al partido gobernante; el derecho
a la justicia y al debido proceso están lesionados por la subordinación que de
hecho y de derecho subsiste por parte de la administración de justicia al poder
político. Se han recibido numerosas denuncias que dan cuenta de violaciones del
derecho a la vida. Los derechos de residencia y de tránsito también se
encuentran lesionados: la legislación sigue sin reconocer el derecho de una
persona a salir del propio país y a regresar al mismo. La situación carcelaria
en Cuba es grave en cuanto al tratamiento de reclusos. La grave situación
económica por la que atraviesa el país también ha afectado los sectores de salud,
alimentación y vivienda. La Comisión finaliza formulando recomendaciones al
Estado.
La parte
correspondiente a Guatemala destaca los acontecimientos políticos de 1996,
particularmente los acuerdos entre el Gobierno y la Unión Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, y la verificación de los derechos humanos de la misión
de Naciones Unidas (Minugua). El Presidente de la República ha decidido
disolver las patrullas de autodefensa civil, autoras de numerosas violaciones a
los derechos humanos. Se observa con preocupación que en algunas comunidades se
forman grupos sucesores similares. Las fuerzas armadas continúan desempeñando
un papel importante en actividades contra el delito que corresponden a la
policía. La Comisión observa que se avanzó un poco respecto a la situación
socio económica, aunque se estima que el 80% de la población vive en la
pobreza, y un 59% en condiciones de pobreza extrema. El sistema judicial de
Guatemala continúa siendo, en gran parte, incapaz de administrar justicia en
forma oportuna y eficaz.
El Informe
subraya la necesidad de adoptar mecanismos para combatir la impunidad respecto
a las previas violaciones a los derechos humanos, Se adoptaron decretos
legislativos que extienden la pena de muerte, a pesar de la interdicción de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Preocupa una serie de amenazas y
actos de violencia contra periodistas en conexión con su trabajo. El Informe
analiza la situación de los derechos laborales, del niño, de los pueblos
indígenas y de la mujer. Asimismo, finaliza con recomendaciones al Estado y
expresando que continuará observando con mucho interés la situación de los
derechos humanos de Guatemala.
La parte
relativa a Perú menciona algunos progresos para disminuir ciertas violaciones
de derechos humanos. Se destaca la preocupación por las dos leyes de amnistía
para el personal militar, policial o civil que fue objeto de denuncia,
investigación, acusación, juicio o condena, o que cumplía condenas por
violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 1995. El Estado de Emergencia
en Perú no se aplica de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos,
en lo relativo al respeto absoluto de los derechos cuyo ejercicio no es
suspendible. La Comisión observa con preocupación la prorroga de la legislación
que autoriza a los tribunales sin rostro, lo cual impide que se garantice la
independencia e imparcialidad de los tribunales. Los tribunales regularmente
admiten dentro del proceso declaraciones obtenidas mediante procesos coactivos,
y algunas sentencias se basan únicamente en confesiones obtenidas mediante el
uso de tortura. Ciertas disposiciones de la legislación antiterrorista (
extensión de la pena de muerte para algunos delitos, transferencia de
jurisdicción de tribunales ordinarios a tribunales militares, facultad de
detención policial bajo régimen de incomunicación ) son incompatibles con la
Convención Americana. La CIDH valora la creación de la Oficina del Defensor del
Pueblo, y la creación de una Comisión para evaluar casos y recomendar indultos
al Presidente, así como el inicio de funciones del Tribunal Constitucional. El
Informe destaca el incumplimiento, por parte del Estado, de Decisiones de la
CorteIDH. Finaliza con Recomendaciones al Estado.
El
Capítulo Sexto informa la situación respecto a las condiciones de detención en
el continente. La Comisión ha comenzado a preparar su Informe en la materia.
Sobre los
progresos del proyecto para promover y proteger el derecho de la mujer a estar
libre de discriminación, el Informe detalla las actividades desarrolladas por
la Comisión. También lo hace respecto a la situación de los trabajadores
migrantes y sus familias, proponiendo la preparación y compilación de un
cuestionario que se remitirá a todos los Estados miembros de la OEA, la
realización de visitas a los lugares donde halla un número considerable de
trabajadores migrantes para obtener una evaluación directa de la situación.
En el
Capítulo Séptimo, la CIDH presenta recomendaciones a los Estados miembros de la
OEA sobre las áreas en las cuales deben adoptarse medidas para la cabal
observancia de los derechos humanos, destacando la adopción de medidas para
avanzar y consolidar la administración de justicia, para proteger los derechos
del niño, para contrarrestar y erradicar la discriminación por razón de sexo, y
para revisar la propuesta de "Declaración Americana sobre derechos de los
Pueblos Indígenas".
La CIDH
solicita a los Estados que evalúen los efectos de la discriminación racial, que
adopten las medidas necesarias para corregir las condiciones inhumanas que
existen en las prisiones y reducir el número de detenciones preventivas, que
desarrollen programas de capacitación al personal del sector público en normas
de derechos humanos, que se fortalezcan las instituciones nacionales de
derechos humanos .
Finalmente,
la CIDH solicita que los Estados que no han ratificado la Convención Americana
sobre Derechos Humanos lo hagan, que los Estados partes en la misma que no
aceptaron la competencia contenciosa de la Corte, procedan a ello, y que los
Estados parte de la Organización que aún no han ratificado o adherido a los
Tratados del sistema interamericano de derechos humanos, lo realicen.
Informe
Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1996
Presentado
en Junio de 1997 a la Asamblea General de la OEA, celebrada en la ciudad de
Lima (Perú), siendo aprobado por la misma, en uso de sus atribuciones.
A la luz
de dicho Informe, destacan las siguientes actividades de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH, en lo sucesivo), correspondientes
al año 1996:
a) Sometimiento de cuatro nuevos casos
contenciosos a la competencia de la Corte:
- Caso
Benavides Cevallos contra el Ecuador: por hechos ocurridos a partir de
Diciembre de 1985, consistentes, conforme a la demanda de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante, CIDH ), en privación ilegal
de libertad, sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes,
asesinato y violación de garantías judiciales en perjuicio de la víctima,
Consuelo Benavides Cevallos. Se encuentra en etapa de tratamiento del fondo del
asunto.
- Caso
Cantoral Benavides contra el Perú: conforme a la demanda, el señor Luis Alberto
Cantoral Benavides fue privado ilegalmente de su libertad, sometido a tratos
crueles, inhumanos y degradantes, además de ver violadas sus garantías
judiciales, habiendo sido enjuiciado dos veces por los mismos hechos. En etapa
de excepciones preliminares.
- Caso
Durand y Ugarte contra el Perú: referido a hechos ocurridos a partir de los
días 14 y 15 de Febrero de 1986 que, según la demanda, consistieron en la
desaparición de Norberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, tras el motín
acaecido en el centro carcelario al que preventivamente fueron conducidos
después de su detención por supuesta participación en actos terroristas. El 17
de Julio de 1987 fueron declarados inocentes y se ordeno su inmediata puesta
libertad, por el 6 Tribunal Correccional de Lima. Se encuentra en fase de
excepciones preliminares.
- Caso
Bámaca Velásquez contra Guatemala: corresponde a hechos referidos, de
conformidad con la demanda, a la supuesta desaparición, tortura y ejecución
extrajudicial de Efraín Bámaca Velásquez, acaecidos a partir del 12 de Marzo de
1992 y perpetrados por miembros de las fuerzas armadas de Guatemala tras un
enfrentamiento armado. En sede de estudio sobre el fondo.
b) Casos que, durante 1996, la CorteIDH ha
seguido tramitando conforme a su competencia contenciosa:
-
Aloeboetoe y otros contra Suriname: en etapa de cumplimiento de sentencia
- Gangaram
Panday contra Suriname: igualmente, en etapa de cumplimiento de sentencia. Ni
en éste asunto, ni el anterior mencionado, la Corte ha recibido comunicación
oficial alguna del Gobierno sobre el estado de cumplimiento de las sentencias
sobre reparaciones recaídas.
- Neira
Alegria y otros contra el Perú: también en etapa de cumplimiento de sentencia.
La Corte leyó en sesión pública la sentencia sobre reparaciones el 20 de
Septiembre de 1996, de día 19 de igual mes y año, fijando en US$ 154.040,74 el monto
total de indemnizaciones debidas a los familiares de las víctimas, a satisfacer
por el Estado en el plazo de seis meses.
-
Caballero Delgado y Santana contra Colombia: en fase de reparaciones,
habiéndose celebrado la audiencia correspondiente a la misma el 7 de Septiembre
de 1996.
- Genie
Lacayo contra Nicaragua: en etapa de tratamiento del fondo del asunto.
- El
Amparo contra Venezuela: la sentencia sobre reparaciones de fecha 19 de
Septiembre fue leída por la Corte el día 20 de igual mes y año. La Corte fija
en ella el total de indemnizaciones debidas a los familiares de las víctimas y
víctimas sobrevivientes, que ascienden a US$722.332,20, concediendo al Estado
seis meses para su pago. Se encuentra en fase de cumplimiento de Sentencia.
-Loayza
Tamayo: en fase de entendimiento del fondo del asunto. La CorteIDH dictó
sentencia sobre excepciones preliminares el 31 de Enero de 1996, desestimando
unánimemente la excepción preliminar opuesta por Perú, acerca de falta de
agotamiento de vías previas en la jurisdicción interna.
- Castillo
Páez contra el Perú: en etapa de tratamiento del fondo del asunto. El recurso
de nulidad contra la sentencia de excepciones preliminares dictada en este caso
el 10 de Septiembre de 1996, a medio de la cual eran desestimadas, unánimemente,
las opuestas por el Gobierno peruano, fue desechado por improcedente el 10 de
Septiembre de 1996. El mismo día son también desechadas las tachas y objeciones
de comparecencias de testigos formuladas por dicho Gobierno.
- Paniagua
Morales y otros contra Guatemala: el 25 de enero la CorteIDH dicta sentencia
sobre excepciones preliminares, decidiendo, por seis votos contra uno,
desestimar las opuestas por Guatemala y continuar conociendo del caso.
- Garrido
Baigorria contra la Argentina: tras el reconocimiento de responsabilidad por
parte del Estado, de la que, unánimemente, toma nota la Corte en su sentencia
de 1 de Febrero, otorga a las partes un plazo de seis meses para llegar a un
acuerdo sobre reparaciones e indemnizaciones, reservándose la facultad de
revisar y aprobar dicho acuerdo y, de no adoptarse, continuar el procedimiento
al respecto.
- Blake
contra Guatemala: la CorteIDH dicta, el 2 de Julio de 1996, sentencia a medio
de la cual rechaza las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno
guatemalteco, a saber: incompetencia de la Corte para conocer el caso,
incompetencia por razón de la materia y violación por parte de la CIDH del
artículo 29 inciso d) de la Convención Americana.
- Suárez
Rosero contra el Ecuador: en etapa de conocimiento del fondo del asunto.
c) Casos finalizados:
Mediante
resolución de 10 de Septiembre de 1996, la CorteIDH pone término a los casos
Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, contra Honduras y resuelve su comunicación
a la Asamblea General de la OEA. Ello por cuanto tanto el Gobierno hondureño
como la CIDH dieron por cumplidas las sentencias de indemnización compensatoria
e interpretación emanadas de la Corte.
d) Sometimiento de seis nuevas Medidas
Provisionales a la Corte:
- Caso
Alemán Lacayo respecto de Nicaragua: mediante solicitud de la CIDH de 2 de
febrero de 1996, que tramita el asunto, al efecto de proteger la vida e
integridad personal del señor Arnoldo Alemán Lacayo, candidato presidencial en
la República de Nicaragua en ese momento.
- Caso
Suárez Rosero respecto del Ecuador: la Corte resolvió levantar las medidas
urgentes solicitadas por el Presidente de la Corte, el 12 de Abril de 1996,
ampliadas por resolución del mismo el día 24 de igual mes y año, por cuanto el
Gobierno del Ecuador acreditó documentalmente, el 26 de marzo, la excarcelación
del señor Suárez Rosero. La Comisión desistió, mediante escrito de 10 de junio,
de la solicitud de medidas provisionales de 15 de Marzo de 1996.
- Caso
Vogt respecto de Guatemala: la adopción de Medidas Provisionales es solicitada
por la CIDH el 28 de Marzo de 1996, a fin de proteger la vida e integridad
personal del Padre Daniel Joseph Vogt, sacerdote católico en Guatemala.
- Caso
Serech y Saquic respecto de Guatemala: solicitada la adopción de Medidas
Provisionales por la CIDH el 12 de Abril de 1996, en protección de la vida e
integridad personal de personas relacionadas con el proceso de investigación de
los hechos relativos a los asesinatos de los pastores Pascual Serech y Manuel
Saquic.
- Caso
Loayza Tamayo respecto del Perú: la CIDH solicita la adopción de Medidas
Provisionales el 30 de Mayo, a fin de que se dejen sin efecto las medidas de
aislamiento celular e incomunicación impuestas a María Elena Loayza Tamayo.
- Caso
Giraldo Cardona respecto de Colombia: la solicitud de la CIDH, de fecha 18 de
Octubre, pretende la adopción de Medidas Provisionales en favor de la esposa e
hijas del abogado José Giraldo Cardona, Presidente del Comité de Derechos
Humanos del Departamento de Meta, así como para miembros de dicho Comité y
otras personas gravemente amenazadas de muerte a raíz del asesinato del señor
Girarlo Cardona. Ello por haber resultado ineficaces las medidas cautelares
pedidas por la Comisión al Gobierno de Colombia en favor de aquel y de los
miembros del citado Comité.
e) Nueve Medidas Provisionales en trámite ante
la Corte:
- Caso
Colotenango respecto de Guatemala: Tras la revisión de los informes que habían
presentado la República de Guatemala y la CIDH sobre las Medidas Provisionales
requeridas por el Tribunal en el caso, en trámite a la Comisión, la Corte
decide prorrogar la vigencia de las mismas por un plazo de seis meses el 1 de
Febrero de 1996. Decisión que vuelve a adoptar el 10 de Septiembre.
- Caso
Caballero Delgado y Santana respecto de Colombia (caso en trámite ante la
Corte)
- Caso
Carpio Nicolle respecto de Guatemala: La Corte decide, el 10 de Septiembre de
1996, mantener las Medidas Provisionales ordenadas por resolución de 19 de
Septiembre de 1995, que fueran prorrogadas por resolución de 1 de Febrero de
1996. También la CorteIDH requiere al Gobierno de Guatemala a fin de que éste
informe, cada dos meses, sobre las medidas adoptadas en el caso y de que la
CIDH remita sus observaciones al respecto.
- Caso
Blake respecto de Guatemala (caso en trámite ante la Corte).
- Caso
Vogt respecto de Guatemala: el 12 de Abril de 1996 el Presidente de la Corte
requiere al Gobierno a fin de que adopte las medidas necesarias para proteger
la vida e integridad personal del padre Vogt, en evitación de daños irreparables,
así como para la investigación de los hechos perpetrados en su contra y castigo
de los responsables de los mismos. En fecha 27 de Junio la CorteIDH resuelve
ratificar la resolución emanada del Presidente de la misma en todos sus
extremos.
- Caso Serech
y Saquic respecto de Guatemala: escuchados los alegatos del Gobierno y la CIDH
la Corte resuelve, el 28 de Junio de 1996, ratificar en todos sus extremos la
resolución de 24 de Abril, por la que requirió al Gobierno de Guatemala para
que adoptase las necesarias medidas para protección de la vida e integridad
personal de una serie de personas relacionadas con los hechos, en evitación de
daños irreparables a los mismos. También para que investigara los hechos
perpetrados en su contra y castigase a los responsables de ello.
- Caso
Alemán Lacayo respecto de Nicaragua: unánimemente, la CorteIDH requirió al
Gobierno para la adopción de las medidas conducentes a la protección de la vida
e integridad personal del señor Alemán Lacayo, a fin de evitarle irreparables
perjuicios, así como para la investigación de los hechos denunciados ,
depuración dela responsabilidad por los mismos e informe a la Corte, con
carácter mensual, acerca de las medidas adoptadas. También requirió a la CIDH
para que remita a la Corte sus observaciones sobre tal información.
- Caso
Loayza Tamayo respecto del Perú (caso en trámite ante la Corte): el 13 de
Septiembre de 1996, la Corte requiere al Gobierno para que modifique la
situación de encarcelación de María Elena Loayza Tamayo, para la adecuación de
tal condición al artículo 5 de la Convención Americana y a su resolución de 2
de Julio. También para que se dé tratamiento médico idóneo a la señora Loayza
Tamayo.
- Caso
Giraldo Cardona respecto de Colombia.
f) Solicitud de Opinión Consultiva por parte
del Gobierno de Chile:
Conforme a
lo prevenido en el artículo 64.1 de la Convención, el Gobierno de Chile sometió
a la Corte, el 13 de Noviembre de 1996, una solicitud de opinión consultiva,
consistente en que emita su parecer acerca de si la Convención Interamericana
de Derechos Humanos tiene facultades, conforma a los artículo 50 y 51 de la
misma, para modificar un informe previamente aprobado por unanimidad, cuya
publicación había ordenado y notificado a las partes intervinientes.
g) Otros asuntos:
- La Corte
emitió, el 2 de febrero, una resolución de ordenación procedimental, en
relación a la admisión de pruebas durante la resolución de asuntos sometidos a
su jurisdicción, estableciendo que "sólo admitirá las pruebas señaladas
en la demanda y su contestación y en escrito de oposición a las excepciones
preliminares" y, excepcionalmente, en casos de fuerza mayor,
impedimento grave o hechos supervinientes para la utilización de una prueba,
" podrá ... admitirla en momento distinto a los antes señalados, siempre
que se garantice a la parte contraria al promovente el derecho de
defensa".
- El 27 de
Junio de 1996, la CorteIDH dicta Resolución a fin de resolver problemas de
quórum, por la que "la recepción de prueba testimonial y pericial en
los procedimientos que se ventilan ante ella podrán verificarse con la
presencia de uno o varios de sus miembros, en audiencia pública en la sede de
la Corte o in situ".
- En el
XXXIV Período Ordinario de Sesiones de la Corte, la misma aprueba la reforma integral
de su Reglamento, en vigor a partir de 1 de Enero de 1997. Destaca, entre otros
puntos, el otorgamiento de participación autónoma a las víctimas o sus
representantes de los casos, exclusivamente en la etapa de reparaciones,
pretendiéndose mejorar además la sistematización de las distintas materias.
Entre
otras actividades de los miembros de la Corte destaca la participación de los
mismos, esto es, sus siete jueces y dos secretarios, en el Seminario sobre el
Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que, a
iniciativa de la CIDH, se celebró en la sede de la OEA en Washington del 2 al 4
de Diciembre de 1996. Seminario tendente a la reflexión sobre el
Perfeccionamiento del Sistema Interamericano en materia de Derechos Humanos.
Unión
Europea
Durante el
año 1996 la Unión Europea (en adelante UE), a través de sus instituciones y
otros medios de acción, ha venido realizando una importante labor en favor de
los derechos humanos y libertades fundamentales tanto dentro como fuera del
territorio comunitario.
Acciones
dentro de la UE
Resolución del Parlamento Europeo sobre las
malas condiciones de detención en las cárceles de la UE (DO C32 de 5.2.1996)
Se llamó
la atención a los Estados miembros para que den ejemplo al resto del mundo de
su comportamiento respetuoso con los derechos humanos, aplicando diligentemente
las normas mínimas de 1973 aprobadas por el Consejo de Europa sobre las
condiciones de detención en las cárceles europeas, sobre todo en lo referente a
las reclusas.
Resolución del Parlamento Europeo sobre las
sectas (DO C78 de 18.3.1996)
Se mostró
preocupado ante la proliferación dentro de la UE de sectas con conexiones
transfronterizas que se dedican a actividades clandestinas, peligrosas,
ilegales y atentatorias contra los derechos humanos. Instó a las autoridades
nacionales a que utilicen los instrumentos de cooperación policial y judicial
operativos en el ámbito comunitario para evitar que, bajo el estatuto
privilegiado de organismos religiosos, estas sectas se dediquen a actividades
criminales.
Acción
común en el ámbito de la cooperación judicial sobre la lucha contra el racismo
y la xenofobia (DO L185 de 24.7.1996)
Resolución del Parlamento Europeo sobre
Auschwitz (DO C141 de 13.5.1996)
Se alertó,
a través de la condena de una manifestación neonazi celebrada el 6 de abril en
aquel campo de concentración, del resurgimiento del racismo, la xenofobia y el
antisemitismo en Europa.
Resolución del Parlamento Europeo sobre
Patrick Kelly (DO C141 de 13.5.1996)
Se
recomendó a las autoridades del Reino Unido que accedan, por razones
humanitarias, a trasladar desde Irlanda del Norte a la República de Irlanda a
este recluso del IRA, condenado en 1992 a 25 años de cárcel y que se encuentra
gravemente enfermo.
Resolución del Parlamento Europeo sobre los
ataques al derecho a la vida de los minusválidos (DO C166 de 10.6.1996)
Se
preocupó y advirtió a la Comisión Europea para que no se apliquen ni divulguen
las tesis aceptadas en algunos círculos científicos de que los minusválidos no
tienen un derecho ilimitado a la vida.
Resolución del Parlamento Europeo sobre la
detención de Raghbir Singh Johal (DO C198 de 8.7.1996)
Se condenó
la detención, sin haber aportado prueba alguna que la justifique, del
Secretario General de la Federación Internacional de la Juventud Sikh que se
encuentra en prisión sin cargos desde el 29.3.1995 a la espera de ser expulsado
del país.
Resolución del Consejo y de los representantes
de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre
el Año europeo contra el racismo 1997 (DO C237 de 15.8.1996)
Se previó
la organización de múltiples actividades para fomentar la lucha contra el
racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el interior de la UE.
Resolución del Parlamento Europeo sobre el
respeto de los derechos humanos en la UE en 1994 (DO C319 de 28.10.1996)
A la vista
del Dictamen 2/94 del TJ del 28.3.1996 que considera que la Comunidad no tiene
competencia para adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, el PE pidió
a la Conferencia Intergubernamental que efectúe los cambios necesarios para
hacerlo posible. Asimismo pidió a los Estados miembros, entre otros extrem0os,
que supriman definitivamente la pena de muerte en sus legislaciones, que no
extraditen detenidos a Estados en los que puedan ser condenados a esa pena
capital, que consideren como un crimen tanto el proxenetismo como el abuso de
menores al que se dediquen sus nacionales en el extranjero y que formen a los
funcionarios policiales y de prisiones sobre el comportamiento a observar en
casos de interrogatorio. Del mismo modo el PE llamó la atención especialmente sobre
el necesario respeto en los Estados miembros de derechos fundamentales como el
respeto de la vida privada y familiar, de la reputación, del domicilio y de las
comunicaciones privadas, el derecho a la objeción de conciencia al servicio
militar, la libertad sindical, el derecho a gozar de un medio ambiente no
contaminado, a la protección de los datos de carácter personal y a la no
discriminación por razón del sexo, la raza, la lengua, la religión o la opinión
política.
Resolución del Parlamento Europeo sobre el
proyecto de Convenio para la protección de los derechos humanos y de la
dignidad humana respecto de las aplicaciones de la biología y de la medicina
(DO C319 de 28.10.1996)
En virtud
de este proyecto, elaborado en el seno del Consejo de Europa, el PE, consideró
indispensable que se fijen normas éticas en el ámbito de la biomedicina y que
se condenen los experimentos con embriones humanos o con personas incapacitadas
y las consecuencias peligrosas de las intervenciones sobre el genoma humano.
Resolución del Parlamento Europeo sobre los
menores víctimas de violencia (DO C319 de 28.10.1996)
Se instó a
los Estados a realizar acciones comunes de cooperación en materia judicial y
policial, para desmantelar las redes organizadas de prostitución infantil que operan
tanto dentro como fuera de la UE, y a actuar eficazmente contra el turismo
sexual.
Asimismo
pidió a la Conferencia Intergubernamental que se incluya, en el futuro Tratado
revisado, un capítulo sobre los derechos humanos de los menores.
Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo de 20.11.1996 relativa a la trata de mujeres con fines de
explotación sexual (COM (96)567)
Se anunció
una estrategia europea multidisciplinar en colaboración con todos los actores
interesados (ONG, servicios sociales, jueces, policía, etc.) para combatir la
trata de mujeres (con intercambio de información entre autoridades policiales y
judiciales comunitarias sobre las redes criminales y la normativa aplicable,
etc.) y ayudar a las víctimas (con permisos de estancia temporales para
permitirlas testificar en los procesos, con campañas de información preventiva,
de acogida, de ayuda médica, de rehabilitación, etc.).
Acción
común del Consejo en asuntos de justicia e interior (DO L322 de 12.12.1996)
sobre un programa de cuatr0o años de intercambios de experiencias, información
e iniciativas entre los responsables de la lucha contra la trata de seres
humanos y la explotación de los niños dotado con 6.5 millones de ecus.
Conclusiones del Consejo del 6-12-1996 sobre
la creación de un Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos.
Por
último, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido ocasión
de pronunciarse sobre la (imposibilidad de adhesión de la Comunidad Europea al
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales firmado en Roma en 1950 (en adelante CEDH). Lo ha hecho a través
del Dictamen 2/94 de 28.3.1996 (Rec.I-1996/3, pp.1759-1790), en el que
consideró que en el estado actual de evolución del Derecho comunitario europeo
la Comunidad no tiene competencia para adherirse a dicho Convenio. Ninguna
disposición del Tratado constitutivo de la Comunidad confiere a las
instituciones la competencia expresa para adoptar normas sobre derechos humanos
(incluidas las normas internacionales convencionales como el CEDH). Tampoco se
puede considerar atribuida a la Comunidad una competencia implícita para
realizar tal adhesión, puesto que esto implicaría un cambio sustancial del
actual régimen comunitario de protección pretoriana de los derechos humanos, la
inserción de la Comunidad en el sistema insti0tucional del CEDH, un cambio de
tal envergadura constitucional que sólo podría realizarse previa modificación
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Acciones fuera de la UE
Ante la
persistencia de graves violaciones de los derechos humanos y los principios
democráticos en numerosos países, la UE ha proseguido en 1996 su acción ante
los países afectados, tanto mediante gestiones confidenciales (más de cien)
como a través de resoluciones públicas de condena de estas prácticas por el
Parlamento Europeo (en adelante PE).
A efectos
de una más clara exposición de las resoluciones adoptadas podemos clasificarlas
en dos grupos: el primero comprende aquellas acciones relativas a violaciones
puntuales o generales cometidas en o por un país concreto; el segundo las
relacionadas con problemas propios de la protección internacional de los
derechos humanos.
Resoluciones por países
Afganistán
Resolución
del PE sobre Afganistán (DO C32 de 5.2.1996)
Se condenó
las atrocidades cometidas por las partes en el conflicto armado interno que
vive aquel país y se instó a los Estados miembros de la UE a decretar un
embargo de armas inmediato y a continuar asistiendo a este país para erradicar
del mismo las minas terrestres.
Resolución
del PE sobre Afganistán (DO C347 de 18.11.1996)
Tras la
toma del poder por los talibanes se pidió a las partes que se declare el alto
el fuego, se desmilitarice Kabul y que se haga respetar el derecho
internacional humanitario. Se condenó el adoctrinamiento forzoso del pueblo, la
discriminación contra las mujeres y otras violaciones de los derechos humanos,
y determinó que hasta que no desaparezcan, se suspenderá la ayuda que no sea de
emergencia por parte de la UE y de sus Estados miembros. Reiteró la necesidad
de un embargo de armas y suministros.
Arabia Saudí
Resolución
del PE sobre Arabia Saudí (DO C32 de 5.2.1996).
Se invitó
a este país a tomar medidas urgentes para mejorar la protección de los derechos
humanos.
Argelia
Resoluciones
del PE sobre la libertad de prensa en Argelia (DO C96 de 1.4.1996; DO C261 de
9.9.1996).
Se
condenaron los ataques a periodistas, la censura y la represión contra medios
de comunicación en aquel país y se pidió a las instituciones comunitarias que
les ayuden en la tarea de producción para la posterior difusión de las
noticias.
Armenia
Resolución
del PE sobre las elecciones en Armenia (DO C362 de 2.12.1996).
Se
denunciaron las infracciones a la ley electoral detectadas por los observadores
internacionales y se pidió la repetición de las elecciones en las zonas
afectadas por tales irregularidades.
Bangladesh
Resolución
del PE (DO C347 de 18.11.1996).
Se instó al
dialogo del Gobierno de Bangladesh con la población autóctona reprimida de las
colinas de Chittagong y se pidió una comisión de investigación que aclare las
circunstancias de la desaparición de la Secretaria General de la Federación de
Mujeres de las Colinas, K. Chapma, en junio de 1996.
Belarús
Resolución
del PE sobre la libertad de opinión en Belarús (DO C166 de 10.6.1996).
Se pidió
la liberación de unas 200 personas detenidas por las milicias especiales
belarusas por manifestarse en el décimo aniversario de la catástrofe de
Chernóbil y se recordó que el respeto de los derechos humanos es condición
previa para llevar a buen término los acuerdos comerciales y de cooperación
comunitarios con aquél país.
Resolución del PE sobre la prohibición a las
ONG de prestar ayuda médica a los niños víctimas de la catástrofe de Chernóbil
(DO C198 de 8.7.1996).
Se pidió a
las autoridades belarusas que permitan la distribución directa de medicamentos
por las ONG a los niños víctimas de la catástrofe de Chernóbil, en vez de tener
que confiársela al Gobierno.
Resolución
del PE (DO C347 de 18.11.1996).
Se pidió
al Presidente y al Parlamento bielorrusos que terminen su confrontación y se
esfuercen en impulsar las reformas democráticas y económicas en el país y el
respeto de los derechos humanos, como condición previa a la 0conclusión del
acuerdo mixto de asociación y cooperación y a la aplicación del acuerdo
comercial comunitario con aquél país.
Resolución
del PE (DO C20 de 20.1.1997).
Se
condenaron las tentativas del Presidente Lukashenko de establecer un régimen
autoritario y se denunciaron las irregularidades cometidas en el referéndum
constitucional de noviembre. Asimismo se anunció la intención de suspender
todos los acuerdos de cooperación y los programas de ayuda a aquel país
(excepto el programa TACIS) hasta que no se den garantías de respeto de los
derechos humanos y los principios democráticos.
Brasil
Resolución
del PE sobre la violación de los derechos constitucionales de los pueblos
indígenas de Brasil (DO C65 de 4.3.1996).
Se pidió
la revisión del proceso de parcelamiento de tierras indígenas y se condenó la
congelación del mismo por las autoridades brasileñas. Asimismo exigió que se
atienda a la situación de estas poblaciones en los informes políticos,
económicos y comerciales entre la UE y Brasil.
Resolución
del PE sobre las violaciones de derechos humanos en Brasil (DO C166 de
10.6.1996).
Se condenó
la matanza de 25 campesinos manifestantes por la policía militar en el Estado
de Pará el 17.4.1996 y se pidió que se castigue a los responsables. Al mismo
tiempo felicitó al Gobierno federal brasileño por la urgencia mostrada en dar
curso al proyecto de ley que prevé el traslado de la jurisdicción militar a la
civil de los litigios por crímenes cometidos por policías militares en
servicio.
Bulgaria
Resolución
del PE sobre la escasez de cereales en Bulgaria (DO C347 de 18.11.1996)
Se invocó
la responsabilidad moral que tiene la Comunidad respecto a la población
búlgara, tras la firma del acuerdo de asociación con aquél país, y se pidió a
la Comisión y al Consejo la puesta en marcha de un programa de ayuda
alimentaria urgente.
Bután
Resolución
del PE sobre la deplorable situación de los refugiados de habla nepalí
originarios de Bután (DO C96 de 1.4.1996)
Se pidió
al Gobierno de este país respete los derechos de esta minoría y permita el
regreso de los más de 1000.000 butaneses que se encuentran refugiados en Nepal
e India.
Chile
Resolución
del PE sobre la amnistía concedida a los supuestos secuestradores de Carmelo
Soria (DO C198 de 8.7.1996).
Se lamentó
por la decisión del Tribunal Supremo de aquel país de sobreseer el caso del
asesinato durante la dictadura de Pinochet del funcionario internacional
español C. Soria y pidió que se haga justicia.
China
Resolución
del PE sobre las condiciones en que se hallan los orfanatos chinos (DO C32 de
5.2.1996).
Ante las
revelaciones aportadas por el informe de enero de 1996 de la Organización Human
Rights Watch/Asia, pidió a la UE que aborde esta cuestión en las negociaciones
de la Conferencia de Pekín sobre los derechos humanos de ese mismo mes, y a las
autoridades chinas que permitan el conocimiento de esta situación e impidan los
malos tratos a los niños regidos en estos establecimientos públicos.
Resolución
del PE sobre la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas relativa a China y Tíbet (DO C141 de 13.5.1996).
Se pidió a
los Estados comunitarios que actúen de acuerdo con EEUU en el seno de la
organización universal respaldando la citada resolución.
Resolución
del PE sobre los derechos humanos en el Tíbet (DO C166 de 10.6.1996).
Se condenó
la represión y las violaciones de la libertad religiosa del pueblo tibetano por
las autoridades chinas, cuya última expresión han sido los ataques a los manifestantes
contra la prohibición de exponer retratos del Dalai Lama extendida también a
las escuelas y domicilios privados.
Resoluciones
del PE (DO C198 de 8.7.1996; DO C362 de 2.12.1996).
Se
condenaron las continuas violaciones de derechos humanos cometidas por las
autoridades chinas, se pidió la libertad de los presos por delitos de opinión
como Wei Jingsheng o el disidente Wang Dan -para quienes se solicitó un juicio
justo- y el cierre de los campos de trabajo. Asimismo se recomendó la revisión
de la política actual de la UE respecto a China para que se incida en el
respeto de los derechos humanos y no sólo en los intereses económicos para las
partes.
Chipre.
Resolución
del PE (DO C261 de 9.9.1996).
Se
denunció el asesinato, al parecer por motivos políticos, del escritor
turcochipriota K. Adali, y se pidió apoyo para las fuerzas progresistas y
democráticas turcochipriotas en su esfuerzo por pacificar el conflicto por la
ocupación de la isla, que impide un rápido ingreso del país en la UE.
Resolución
del PE (DO C347 de 18.11.1996).
Se condenó
el asesinato del grecochipriota P.Kakoulis por las fuerzas turcas de ocupación,
y se advirtió al Gobierno turco que sus relaciones con la UE también dependen
de su actitud hacia Chipre, recordándole la suspensión de la cooperación
financiera y del programa de ayuda MEDA en lo que afecta a Turquía para
promover un cambio de actitud respecto al fomento de la democracia y de los
derechos humanos.
Colombia.
Resolución
del PE sobre Colombia (DO C96 de 1.4.1996).
Se expresó
preocupación por los efectos nocivos que tienen sobre el pueblo colombiano las
medidas antidroga que los Estados Unidos mantienen e instó a seguir luchando
contra esta lacra en todos los ámbitos.
Resolución
del PE sobre la situación en Colombia (DO C347 de 18.11.1996).
Se
condenaron las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas
militares y paramilitares y por la guerrilla, se pidió que estas violaciones de
los militares sean conocidas por la jurisdicción civil y que no se pongan
trabas al trabajo del Procurador General ni al inicio de las actividades de la
Oficina del ACNUDH en Bogotá.
El Salvador
Resolución
del PE (DO C362 del 2.12.1996).
Se pidió
al Presidente Calderón que se investigue la posible relación de los asesinatos
del 20 de octubre con los antiguos "escuadrones de la muerte", que se
den medios a la Procuraduría de los derechos humanos para realizar su labor y
que se suprima la pena de muerte, a fin de que las elecciones de marzo de 1997
se celebren en un clima favorable.
Eslovaquia
Resolución
del PE sobre el caso F. Gaulieder (DO C20 de 20.1.1996).
En el
presente caso, un diputado fue privado forzosamente de su mandato parlamentario
tras haber explotado una bomba cerca de su domicilio sin una investigación
adecuada del suceso.
Estados Unidos de América
Resolución
del PE sobre el encarcelamiento de la señora Baraldini (DO C65 de 4.3.1996).
Se abogó
por el traslado inmediato desde los EEUU de esta detenida, cuya salud está muy
deteriorada, a una cárcel italiana.
Etiopía
Resolución
del PE (DO C261 de 9.9.1996).
Se
reconocieron los progresos realizados en la protección de los derechos humanos,
pero se mostró preocupación por las detenciones de profesores etíopes en el
ejercicio de su libertad de expresión y asociación.
Filipinas
Resolución
del PE (DO C261 de 9.9.1996).
Se
condenaron los malos tratos al padre S. Cullen y se pidió protección para su
vida y la de los que como él se dedican a luchar contra la pornografía y la
prostitución infantil.
Georgia
Resolución
del PE (DO C362 del 2.12.1996).
Se pidió
al Presidente Chevarnazde que no permita las condenas a muerte de
parlamentarios de la oposición y personalidades democráticas georgianas y
soliciten la presencia de observadores imparciales en esos procesos.
Guatemala
Resolución
del PE sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala (DO C65 de
4.3.1996).
Se
reconoció el esfuerzo del Gobierno de este país por pacificarlo y
democratizarlo y pidió el apoyo activo de la UE a este esfuerzo.
India
Resolución
del PE sobre la detención de rehenes en Cachemira (DO C32 de 5.2.1996).
Se condenó
al grupo independentista Al Faran por la toma de rehenes norteamericanos a los
que mantiene secuestrados e instó a la UE y a los EEUU a presionar
enérgicamente ante los Gobiernos indio y afgano para obtener su liberación.
Indonesia
Resolución
del PE sobre la situación en Papúa occidental (DO C96 de 1.4.1996).
Se pidió
al Ejército indonesio que retire sus fuerzas para facilitar la liberación de
los rehenes (entre ellos 6 nacionales de Estados comunitarios) que están
retenidos desde el 8 de enero por el Movimiento de Liberación de Papúa, y que
esta se haga ante observadores internacionales.
Resolución
del PE sobre la situación en Timor oriental (DO C198 de 8.7.1996).
Se condenó
la represión militar indonesia a la autodeterminación del pueblo timorense y
las violaciones de la libertad de culto y de opinión y se pidió a los Estados
miembros la suspensión de toda asistencia militar y venta de armas a Indonesia.
Resolución
del PE sobre los derechos humanos en Indonesia (DO C319 de 28.10.1996).
Se condenó
el asalto el 27.7.1996 de la sede central del Partido Democrático Indonesio por
tropas militares y paramilitares y la represión a los periodistas por informar
de estos hechos y se reiteró el pedido de suspensión de toda ayuda militar y
venta de armas de los Estados miembros a aquel país.
Irán
Resoluciones
del PE sobre la "fatwa" contra Salman Rushdie (DO C65 de 4.3.1996; DO
C261 de 9.9.1996).
Se pidió
al Gobierno iraní un compromiso de no persistir en el intento de ejecutar esta
condena a muerte y de disuadir a los ciudadanos iraníes de hacerlo.
Resolución
del PE (DO C96 de 1.4.1996).
Se
condenaron los asesinatos de opositores iraníes en territorio comunitario y se
pidió a los Estados miembros que refuercen su protección, como así también se
pidió al Gobierno iraní que anule todas las penas de muerte por apostasía que
ha impuesto, y que restablezca la libertad de culto.
Malasia
Resolución
del PE sobre la presa de Bakun (DO C141 de 13.5.1996).
Se invitó
a las autoridades responsables del desplazamiento de casi 10.000 indígenas para
construir una central hidroeléctrica y que se informe y se consulte a los
afectados.
Marruecos
Resolución
del PE (DO C181 de 24.6.1996) sobre la situación de los derechos humanos en
Marruecos.
Se
manifestó que el respeto por los derechos humanos debe ser garantizado para
poder aplicar el acuerdo euromediterraneo de asociación, en la que también se
abogó por una solución negociada al conflicto del Sahara occidental.
Myanmar
Resoluciones
del PE (DO C166 de 10.6.1996; DO C261 de 9.9.1996).
Se pidió a
las instituciones y Estados comunitarios que presionen a las autoridades
militares de Myanmar para que se democratice el país y se garantice el respeto
de los derechos humanos (derechos políticos, libertad religiosa, supresión del
trabajo forzoso, libertad de expresión, etc.) a través del aislamiento político
y de la aplicación de sanciones económicas en materia comercial, turística y de
inversiones.
Resolución
del PE sobre la prohibición de la Liga Nacional para la Democracia (DO C198 de
8.7.1996).
Se pidió a
los Estados miembros que contribuyan a aislar política y económicamente al
gobierno autoritario de la antigua Birmania, que continua reprimiendo los
esfuerzos de los demócratas birmanos por instaurar un Estado de derecho.
Conclusiones
del Consejo de la UE del 16.7.1996 en las que se invitó a las autoridades
birmanas a restaurar la democracia, al tiempo que se les exigió una explicación
completa sobre la muerte en situación de detención arbitraria del cónsul
honorario de Noruega, J.L.Nichols, a quien no se le pudo hacer llegar su
medicación por prohibición del Gobierno birmano.
Resolución
del PE (DO C347 de 18.11.1996).
Se mostró
preocupación por el destino de más de 80.000 refugiados obligados a exiliarse
de los Estados de Shan y Karenni y por el posible fracaso del plan del ACNUR de
repatriar a 250.000 refugiados de Bangladesh a Myanmar. Asimismo aplaudió la
decisión de 15 empresas extranjeras de renunciar a toda inversión en aquél
país, entendiendo que estas inversiones no benefician al pueblo birmano, sino
que contribuyen a sostener al gobierno militar.
Propuesta
de la Comisión para la adopción por el Consejo de un Reglamento por el que se
suspende el beneficio de las preferencias generalizadas al sector industrial
birmano por consentir prácticas de trabajos forzados, siendo esta la primera
propuesta de retirada de este beneficio por violación de los derechos humanos
(DO C35 de 4.2.1997)
Nigeria
Resolución
del PE (DO C166 de 10.6.1996).
Se instó a
liberar a todos los presos de conciencia y se condenó la represión que sufre la
etnia ogoni en el país, al tiempo que se pidió la imposición de un embargo de
petróleo y armas y que se garantice que las empresas petroleras europeas
respeten los derechos humanos de la etnia ogoni en cuya región operan.
Resolución
del PE sobre el asesinato de la Sra. Abiola (DO C198 de 8.7.1996).
La Sra.
Abiola era esposa del vencedor en las elecciones presidenciales de 1993, hoy
encarcelado, que se había convertido en la defensora de la causa de su esposo y
la valedora de las fuerzas de oposición democráticas del país. Se pidieron
sanciones inmediatas y efectivas contra el gobierno nigeriano.
Conclusiones
del Consejo de la UE del 16.7.1996 en las que reiteró su preocupación por la
situación general de los derechos humanos en Nigeria y amenazó con nuevas
medidas contra el gobierno autoritario, a pesar de las últimas iniciativas de
liberación de algunos presos políticos, de reanudación del diálogo con la
Commonwealth y de la creación de una comisión de derechos humanos.
Resolución
del PE (DO C362 del 2.12.1996).
Se reiteró
la condena por la cruel persecución sufrida por los demócratas nigerianos y se
insistió en la conveniencia de declarar un embargo internacional de petróleo
para obligar a la Junta Militar a restaurar la democracia.
Pakistán.
Resolución
del PE sobre la situación en la provincia de Sindh (DO C65 de 4.3.1996).
Se
condenaron las violaciones de derechos humanos que se producían en los
disturbios generalizados en aquella provincia pakistaní por el enfrentamiento
de las facciones del Movimiento de la Comunidad Mohadjir con las fuerzas de
seguridad.
Rumania.
Resolución
del PE sobre el agravamiento de las penas contra los homosexuales en Rumania
(DO C319 de 28.10.1996).
Se pidió
al Jefe del Estado rumano, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros
que presionen para impedir que entren en vigor las disposiciones que endurecen
las penas contra cualquier relación homosexual consentida entre adultos en
aquel país.
Resolución
del PE sobre la situación infantil (DO C20 de 20.1.1996).
Consideró
que debe ser mejorada, a efectos de una próxima adhesión de este país en la UE.
Rusia
Resoluciones
del PE sobre el caso de Alexandre Nikitin ( DO C65 de 4.3.1996 y DO C319 de
28.10.1996).
Se pidió a
las autoridades rusas explicaciones sobre todas las imputaciones contra este
científico colaborador de una ONG medioambiental noruega, acusado de espionaje
por los servicios de seguridad rusos, sobre su libertad provisional y las
garantías de un juicio justo.
Sierra Leona
Resolución
del PE sobre Sierra Leona (DO C32 de 5.2.1996).
Se instó
al restablecimiento de un gobierno civil tras el golpe de Estado del 16.1.1996,
a la destitución y el juicio de los responsables de torturas, malos tratos y
ejecuciones ilícitas y a la celebración de elecciones pacíficas y limpias.
Sudán
Resolución
del PE (DO C347 de 18.11.1996).
Se
condenaron la continuación de la guerra civil y las violaciones masivas de
derechos humanos y se instó a la comunidad internacional a mantener las
sanciones contra el Gobierno sudanés y a la UE a no reanudar su cooperación
hasta que no se llegue a un acuerdo de paz y se permita la ayuda humanitaria a
la población no musulmana.
Túnez
Resolución
del PE (DO C166 de 10.6.1996).
Se
criticaron las limitaciones impuestas a la oposición democrática y las
violaciones de derechos humanos por las autoridades tunecinas, que a largo
plazo pueden alentar los movimientos extremistas como ha ocurrido en otros
países de la zona.
Turquía
Resolución
del PE (DO C198 de 8.7.1996).
Se recordó
al nuevo Gobierno turco su deber de hacer cumplir el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos reformando su legislación interna,
amnistiando a los condenados en virtud de leyes contrarias al mismo y
eliminando los malos tratos en las cárceles. Asimismo pidió un cese de las
actividades militares en el sureste del país y una solución política negociada al
problema kurdo. Recordó que el respeto de las libertades fundamentales y de las
obligaciones internacionales va unido al avance en la unión aduanera entre la
UE y Turquía.
Resolución
del PE sobre la libertad religiosa en Turquía (DO C347 de 18.11.1996).
Ante las
numerosas violaciones de la diversidad de cultos (en otras, el atentado contra
el Patriarcado Ecuménico, la intención de transformar la iglesia de Santa Sofía
en mezquita, etc.), pidió la colaboración del Gobierno turco para que se
condene toda forma de ataque y se coopere al mantenimiento de los monumentos
religiosos.
Resolución
del PE (DO C20 de 20.1.1997).
Se abogó
por la libertad de prensa y la libertad de expresión no garantizadas en aquél
país.
Venezuela
Resolución
del PE sobre la explotación minera en Amazonas (DO C347 de 18.11.1996). Se
animó al Gobierno venezolano a combatir la explotación minera y forestal
clandestina cuyas devastaciones tienen consecuencias sanitarias y
medioambientales perjudiciales para las poblaciones indígenas cuyos derechos
deben ser protegidos.
Vietnam
Resolución
del PE sobre los balseros vietnamitas (DO C261 del 9.9.1996)
Se condenó
la violencia contra los deportados y solicitantes de asilo, se invitó al ACNUR
a examinar cada caso para evitar que los refugiados sean devueltos a Vietnam y
se instó a las autoridades vietnamitas a que no penalicen por abandono del país
a los que regresan.
Zaire
Resolución
del PE sobre la situación en Zaire (DO C65 de 4.3.1996).
Se pidió a
los Estados miembros de la UE que dirijan su ayuda a este país, de manera que
contribuya al proceso de pacificación y democratización del mismo, que pasa por
el regreso de los refugiados a los países vecinos, la reinserción de los
militares en la vida civil y el desmantelamiento de la burocracia corrupta.
Resolución
del PE sobre la situación de los refugiados en el este de Zaire (DO C347 de
18.11.1996).
Se pidió
la creación de pasillos humanitarios ante los combates del ejército zaireño
contra los rebeldes banyamulengues y se pidió protección para los refugiados de
Estados vecinos en su huida del territorio zaireño.
Antigua Yugoslavia
Resolución
del PE (DO C96 de 1.4.1996).
Se pidió
al Gobierno serbio que garantice la libertad de información en la campaña
electoral y se apoyó el establecimiento de medios de comunicación
independientes, así como se invitó a la UE a tomar medidas para facilitar un
retorno seguro y rápido de los refugiados bosnios a sus hogares.
Resolución
del PE (DO C261 de 9.9.1996).
Se mostró
su indignación por la detención arbitraria de T. Matanovic, ministro de culto
de Prijedor, y sus padres y se pidió al Consejo que pida su liberación
inmediata y advierta a las autoridades serbias que los acuerdos de Dayton
prohiben las violaciones contra derechos de minorías nacionales o religiosas.
Resolución
del PE sobre la necesidad de detener a los criminales de guerra (DO C261 de
9.9.1996).
Felicitó
al Tribunal penal internacional que ha ordenado la detención de acusados por
crímenes de guerra como R. Karadzik y R. Mladic, e invitó al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas a dar instrucciones a los jefes de la IFOR para
que den prioridad a la detención de los presuntos criminales con más graves
cargos. Asimismo pidió a la UE, la OTAN y la OSCE que den apoyo político y logístico
a la intervención del IFOR.
Resolución
del PE sobre la situación en Croacia (DO C347 de 18.11.1996).
Se pidió
una investigación sobre los crímenes cometidos principalmente contra serbios en
la Krajina y que se deroguen las modificaciones de la legislación penal que
eximen a los líderes del país de las críticas públicas.
Resolución
del PE sobre el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (DO
C362 de 2.12.1996).
Se pidió a
las autoridades serbias, bosnias y croatas que adopten urgentemente el Estatuto
de dicho Tribunal y cooperen activamente con él, supeditando sus relaciones con
la Comunidad Europea a dicha cooperación.
Resoluciones por materias
Resolución
del PE sobre la trata de seres humanos (DO C32 de 5.2.1996).
Se
pidieron medidas más eficaces por parte de la UE en la lucha contra este
fenómeno, que afecta particularmente a la política de desarrollo y a las
relaciones con los países de la Europa central y oriental.
Resolución
del PE sobre la no participación de las mujeres originarias de algunos países
en los Juegos Olímpicos de Atlanta del verano de 1996.
Resolución
del PE sobre la constitución del Tribunal Penal Internacional Permanente (DO
C319 de 28.10.1996).
Se instó a
los Estados miembros y al Consejo a que actúen de común acuerdo para impulsar
en la Asamblea General de las Naciones Unidas la convocatoria de una
conferencia diplomática para constituir este Tribunal antes de 1999.
Resolución
del PE relativa a la Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto
de los principios democráticos y los derechos humanos en los acuerdos entre la
Comunidad y terceros países (DO C319 de 28.10.1996).
Se pidió a
la Conferencia Intergubernamental incorporar una disposición por la que se
incluya una cláusula sobre derechos humanos en todos acuerdos con terceros
países, así como disposiciones sobre el procedimiento de respuesta a las
violaciones graves de los derechos humanos. Propone que el Consejo decida por
mayoría, no por unanimidad, la suspensión de acuerdos por estos motivos.
Resolución
del PE sobre los derechos humanos en el mundo en 1995/1996 y la política de la
UE en materia de derechos humanos (DO C20 de 20.1.1997).
El PE
requirió resultados concretos en esta materia, como por ejemplo la instauración
de medidas vinculantes para casos de violaciones de tales derechos en algún
Estado que celebre un acuerdo con la Comunidad, la inclusión de la defensa
eficaz de estos derechos en una rediseñada Política Exterior y de Seguridad
Común tras la Conferencia Intergubernamental o la creación de un centro de
prevención activa de las crisis y de un Tribunal Penal Internacional
Permanente.
Consejo
de Europa
En el
ámbito de esta organización, creada en 1949, es donde se ha desarrollado la
labor más eficaz en el campo de la protección de los derechos humanos en
Europa. Esta tarea es especialmente destacada en el campo de los derechos
civiles y políticos donde existe un mecanismo de control pionero en lo que a
protección de derechos del individuo se refiere.
El estudio
de la labor de la Organización durante el año 1996, lo realizaré centrándonos
en los diversos instrumentos convencionales adoptados en su seno.
a) Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adoptado en Roma el 4 de
noviembre de 1950.
El
Convenio, que entró en vigor en 1953, instaura un sistema de protección de los
Derechos Civiles y Políticos muy valioso desde la perspectiva del acceso del
individuo al mecanismo.
Es
destacable, desde el punto de vista de la utilidad de la Convención, el amplio
seguimiento que ha tenido la Convención como demuestra que 34 Estados la hayan
ratificando al 31 de diciembre de 1996. Al Convenio de Roma de 1950 se le
añaden una serie de Protocolos Adicionales, concretamente 11, que han tenido un
diverso seguimiento entre los Estados parte. Estos Protocolos modifican la
Convención tanto en aspectos materiales como en aspectos procesales. Así, los
Protocolos 1, 4, 6 y 7 amplían el listado de derechos protegidos por la
Convención, mientras que el resto de Protocolos modifican aspectos de la
estructura organizativa establecida por el Convenio. Todos los Protocolos, con
excepción del décimo y undécimo que exigen ratificación por todos los Estados
Parte en el Convenio, han entrado en vigor.
Dos
Protocolos que merecen especial atención son los Protocolos números 9 y 11. En
el primero de ellos se permite, de forma innovadora, el acceso del individuo
ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este Protocolo, que está en
vigor, ha sido ratificado por Dinamarca y Estonia a lo largo del año 1996 con
lo que se alcanza la cifra de 23 Estados obligados por el mencionado Protocolo.
El
Protocolo nº 11 es ciertamente importante en el apartado institucional al
instaurar un Tribunal Permanente y único a partir de la unión de la Comisión y
el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esta normativa, tendiente a
agilizar el procedimiento, precisa de la ratificación de todos los Estados
parte en la Convención de 1950 para su entrada en vigor. Durante el pasado año,
se obtuvieron las ratificaciones de Albania, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo,
San Marino y España. Con ellos, al 31 de diciembre de 1995, habían ratificado
el Protocolo 27 de los 34 Estados necesarios para su entrada en vigor.
En el
campo procesal, nos referiremos a la gran cantidad de demandas o aplicaciones
recibidas por la Comisión Europea de los Derechos Humanos. Las demandas
declaradas admisibles han sido, exactamente, 624. Esta cantidad es inferior a
la del año anterior en un 23%, mientras que las que han sido declaradas
inadmisibles han sido 2777, lo que supone un total de 595 demandas más que en
el año precedente. Estas cifras nos muestran que, si bien la introducción de
demandas ha aumentado, también es cierto que su desestimación por parte de la
Comisión también ha aumentado. Es previsible que estas cantidades aumenten de
forma importante cuando Rusia ratifique la Convención de Roma de 1950. Ello
traerá consigo una dilatación de los plazos, ya de por sí largos, en los que se
tramita una demanda. Esta necesidad de agilización será, en mi opinión, uno de
los retos que deberán afrontar los Estados parte.
Respecto a
los Estados que han sido objeto de un mayor número de demandas declaradas
admisibles, durante 1996, destacaremos a Italia (370, 60% del total), Francia
(75, 12%), Turquía (37, 6%), Austria (32, 5%) y Reino Unido (26, 4,1% del
total).
Es preciso
destacar que todas las demandas introducidas lo han sido en aplicación del art.
25 del Convenio, es decir, han sido demandas particulares. No se presentó,
durante el pasado año, ni una sola denuncia interestatal de las previstas en el
art. 24 de la Convención.
Si
numéricamente ha sido Italia el Estado más demandado, cualitativamente Turquía
también se ha destacado no ya por la cantidad, sino por la gravedad de las
acusaciones que sobre su Estado recaen. Así, ha sido acusado, entre otras
infracciones, de violaciones sobre: derecho a la vida; prohibición de practicar
torturas; atentar contra la libertad de pensamiento, conciencia y religión;
etc...
Estadísticamente
hablando, el mayor porcentaje de demandas admitidas en el mecanismo del Consejo
de Europa responden a violaciones del art. 6 del Convenio de Roma de 1950
referido al derecho a un juicio en un plazo razonable, por lo tanto se dirigen
contra la duración excesiva de los procesos internos.
En cuanto
a la labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hemos de destacar que en
el pasado año ha dictado un total de 47 sentencias. De ellas, 28 han condenado
a Estados por la comisión de alguna violación del Convenio, 16 han absuelto a
los Estados demandados y 3 no han resuelto sobre el fondo del asunto por
diversas causas (acuerdo amistoso, no agotamiento de los recursos internos,
etc...)
La
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, en lo relativo a las sentencias
condenatorias de los Estados, versa sobre los siguientes aspectos:
* Art. 3 de la Convención
La
vulneración de este artículo referida a la prohibición de torturas y
tratamientos inhumanos o degradantes ha motivado las sentencias recaídas en los
asuntos Chahal c. el Reino Unido y Ahmed c. Austria, adoptadas el 15 de
noviembre de 1996 y el 17 de diciembre de 1996, respectivamente.
Ambos
casos establecen condenas que podríamos calificar de condicionales. Es decir,
basándose en deportaciones propuestas por los Estados demandados en la persona
de los demandantes a sus respectivos países -India y Somalia-, el Tribunal de
Estrasburgo estableció que si las deportaciones propuestas llegaran en última
instancia a realizarse, existiría violación del artículo 3, en cuanto a que
concurren en los casos motivaciones que llevan a creer en la existencia de
riesgos reales de que el expulsado sea sometido a tortura o a penas o tratos
inhumanos o degradantes en el país de destino.
* Art. 5 de la Convención de Roma de 1950
Las previsiones
contenidas en este artículo han fundamentado tres sentencias del Tribunal de
Estrasburgo durante el pasado año 1996. La primera de las sentencias, la
recaída en el asunto Amuur c. Francia del 25 de junio de 1996, estimó la
existencia de una violación del párrafo 1 del mencionado artículo 5 referido al
derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad.
En la
segunda sentencia, referida al asunto Chahal c. Reino Unido del 15 de noviembre
de 1996, el Tribunal estimó la concurrencia de una violación al apartado 4 del
presente artículo al señalar que se había violado el derecho a un recurso ante
un tribunal para que se pronuncie, en breve espacio de tiempo, acerca de la
licitud o ilicitud de la detención.
En el
asunto Scott c. España del 18 de diciembre de 1996, el Tribunal condenó al
Estado español sobre la base de una excesiva duración de la detención, cuatro
años y dieciséis días, vulnerando con ello lo dispuesto en el artículo 5,3.
* Artículo 6 del Convenio de Roma de 1950.
Como en
anteriores crónicas mencionamos, este artículo ha servido de base jurídica para
la mayoría de las sentencias
emitidas
por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. A lo largo del año recién
finalizado, quince han sido las sentencias que han empleado el artículo 6, con
carácter único o en conjunción con otros artículos, como fundamento de sus
sentencias condenatorias.
Concretamente,
el párrafo primero del mencionado artículo referido al derecho a un juicio
equitativo es el más empleado por el Tribunal como base jurídica para sus
fallos.
* Artículo 8 de la Convención de Roma de 1950
Este
artículo, que protege el derecho al respeto a la vida familiar, ha constituido
la base de dos sentencias del Tribunal de Estrasburgo: sentencia, del 15 de
noviembre de 1996, en el asunto Calogero Diana c. Italia y sentencia, adoptada
el 15 de noviembre de 1996, en el caso Domenichini c. Italia. Ambos fallos se
refieren a la censura de la correspondencia de un detenido con su abogado.
* Artículo 10 de la Convención Europea.
El presente
artículo establece la libertad de expresión como derecho protegido por el
Convenio. Violaciones de la citada libertad motivaron la adopción de la
sentencia del 27 de marzo de 1996 habida en el asunto Goodwin c. Reino Unido,
donde se dirigió una orden contra un periodista obligándole a revelar sus
fuentes de información y, posteriormente, se le impuso una multa por
desobedecer la mencionada orden.
* Artículo 13 de la Convención.
En cinco
ocasiones decidieron los jueces invocar la violación de este artículo, de forma
única o en conjunción con otros preceptos, como fundamento de sus sentencias.
El derecho
a un recurso efectivo ante la autoridad nacional ha sido así violado en las
siguientes sentencias: sentencias del 15 de noviembre de 1996, recaídas en los
asuntos Chahal c. Reino Unido; Diana c. Italia; y Domenichini c. Italia y
sentencias del 18 de diciembre de 1996 recaídas en los asuntos Efstratiou y
otros c. Grecia y Valsamis c. Grecia.
* Artículo 1 del Protocolo nº1
Durante el
año 1996, tres han sido las sentencias que se referían a violaciones de este
artículo que incluye la protección de la propiedad privada.
Referidas
a aspectos conexos con la expropiación, los asuntos Katikaridis y otros c.
Grecia y Tsomtsos y otros c. Grecia han concluido con sentencias del 15 de
noviembre de 1996, recogiendo violaciones del mencionado precepto. En ellas, se
consagraba la imposibilidad de obtener una reparación completa por la
expropiación de determinadas partes de los inmuebles situados al borde de una
carretera, en razón de la existencia de una presunción irrefutable según la
cual la plusvalía derivada de los trabajos de acondicionamiento de la carretera
constituían indemnización suficiente.
En la
tercera sentencia, asunto Loizidou c. Turquía, del 18 de diciembre de 1996, se
refiere a una denegación de acceso e injerencia en los derechos de propiedad
del demandante en el norte de Chipre.
Hasta el
momento hemos mostrado las sentencias condenatorias adoptadas por el Tribunal
con indicación de los preceptos sobre los que descansaban las mismas. Podemos
apreciar, a contrario sensu, la inexistencia en la jurisprudencia del Tribunal
de 1996 de violaciones al derecho a la vida; a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión; libertad de reunión pacífica y de asociación, etc.
Fruto del
estudio que hemos realizado de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos, extraemos que el Reino Unido como destinatario de 6
sentencias condenatorias y Grecia e Italia con 4 sentencias condenatorias cada
uno representan los países que tienen el discutible privilegio de haber
acaparado el mayor número de condenas durante el pasado año 1996.
b) Carta Social Europea, suscrita en Turín, de
18 de octubre de 1961.
Adoptada
como un instrumento para la protección de los derechos económicos, sociales y
culturales su eficacia dista mucho de la lograda en el seno del Convenio de
Roma de 1950. Su entrada en vigor se produjo el 26 de febrero de 1965 y en la
actualidad cuenta con 20 Estados parte. Cabría mencionar diversas causas para
justificar la tibieza de los mecanismos de protección establecidos por la Carta
de Turín, pero quizás una de las más remarcables es la inexistencia de órganos
jurisdiccionales y, con ellos, de auténticas decisiones de obligatorio
cumplimiento para los Estados Parte. Otra laguna considerable deriva de la
carencia de la que adolece la Carta en lo referente a previsiones que permitan
reclamaciones individuales. Por último, destacar que el listado de derechos
protegidos se halla en la Parte II de la Carta, pero no se exige que los
Estados reconozcan de forma global toda la Parte II, sino que existe un sistema
que permite la elección de un cierto número de derechos por los cuales los
Estados se obligan.
De todo lo
dicho, se extrae que el único sistema de control existente en la Carta Social
Europea es la protección intergubernamental por la vía de informes.
Precisamente en este ámbito, el Comité de Ministros ha formulado una serie de
recomendaciones a los Estados que durante 1995 presentaron los informes
preceptivos.
Para
corregir algunas de las deficiencias mencionadas, se adoptó, el 21 de octubre
de 1991, un Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea de Turín. Este
Protocolo que durante el pasado año 1995 ha sido aprobado por Francia y
ratificado por Austria e Italia, no ha entrado todavía en vigor.
En esa
misma línea, el 9 de noviembre de 1995, se adoptó un Protocolo que prevé un
sistema de reclamaciones colectivas.
Este
Protocolo prevé la posibilidad de que una serie de organizaciones puedan
plantear reclamaciones cuando estimen que una Parte Contratante ha aplicado de
forma insatisfactoria la Carta Social Europea.
Por
último, es preciso mencionar la adopción, el 2 de abril de 1996, de una Carta
Social Europea revisada. El mencionado texto, que todavía no entró en vigor, no
implica la denuncia del texto original de la Carta Social Europea, sino que su
utilización se restringe a inaplicar las disposiciones de la Carta y de su
Protocolo en relación al Estado que se obligue por el nuevo texto.
c. Convenio Europeo para la prevención de la
tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes. Estrasburgo, 26 de
noviembre de 1987.
Esta
Convención, con un ámbito material restringido a la prohibición de las
prácticas enunciadas en su denominación, tiene, en la actualidad, un
seguimiento amplio como lo demuestra que 32 Estados, durante el año 1996
Albania y Estonia, hayan ratificado sus disposiciones.
A esta
Convención le han seguido dos Protocolos que no se hallan todavía en vigor.
El mecanismo
de control previsto por la Convención se caracteriza por ser un sistema no
judicial de carácter preventivo a través de un mecanismo de visitas que lleva a
cabo el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos
inhumanos o degradantes. Este Comité de carácter técnico e independiente tiene
como cometido principal, examinar el trato a las personas privadas de libertad.
Las
visitas pueden tener un carácter periódico o, por el contrario si las
circunstancias así lo aconsejan, pueden tener un carácter ad hoc. En el
desarrollo de las mismas, están facultados para acudir a todos los lugares
donde se encuentren personas detenidas por una autoridad pública. Tras las
mencionadas visitas, el Comité puede formular las recomendaciones que estime
oportunas a los Estados, en aras de reforzar la protección de las personas
privadas de libertad contra la tortura o tratos inhumanos o degradantes.
El Comité
dentro de su plan de visitas para verificar el cumplimiento del Convenio viajó,
durante el pasado año a Suiza, Alemania, Chipre, Polonia, Turquía, Dinamarca,
Francia, Portugal, Grecia e Italia.
Además,
durante el pasado año 1996 se hicieron públicos los informes en los cuales el
Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos
inhumanos o degradantes se refería a las visitas por él realizadas a Francia
(1994), Hungría (1994), Antillas Neerlandesas (1994), España (1991, 1994),
Reino Unido (1994), Malta (1995), Austria (1994), Portugal (1995), Bulgaria
(1995) e Irlanda (1993).
Por
último, el Comité, haciendo uso de la prerrogativa que le confiere el art. 10,2
de la presente Convención, realizó el 6 de diciembre de 1996 una declaración
pública relativa a Turquía con el fin de «incitar a las autoridades turcas a
adoptar las medidas decisivas para que los principios fundamentales inscritos
en la Constitución de la República de Turquía sean traducidos en la realidad de
los hechos».
d. Otros ámbitos de actuación
Para
finalizar con el estudio efectuado sobre la labor del Consejo de Europa en
materia de derechos humanos durante el pasado año 1996, haré referencia a otros
aspectos destacables de la labor de esta organización.
En primer
lugar, quiero referirme a la Convención marco para la protección de las
minorías nacionales adoptada el día 10 de noviembre de 1994. Este texto,
todavía no en vigor, contiene una serie de reglas no directamente aplicables,
sino que el desarrollo de las mismas ha de tener lugar a través de las
legislaciones nacionales. El mecanismo de control establecido por la Convención
descansa en un sistema de informes presentados por los Estados en torno a las
medidas que han adoptado para la protección de las mencionadas minorías. Al 31
de diciembre de 1996, solamente siete Estados habían ratificado la Convención.
Otras
esferas de actividad del Consejo de Europa han sido: la igualdad de sexos, a
través del Comité director por la igualdad entre mujeres y hombres; la lucha
contra la discriminación racial, a través de la Comisión Europea contra el
racismo y la intolerancia; y los medios de comunicación, a través del Comité
director sobre los medios de comunicación de masa.
Por
último, quiero destacar la adopción de dos importantes convenciones, la
Convención europea sobre el ejercicio de los derechos de los niños hecha en
Estrasburgo el 25 de enero de 1996 y la Convención sobre los derechos humanos y
la biomedicina adoptada, el 19 de noviembre de 1996, en Oviedo (España).
Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)
Para
describir la tarea desempeñada por la OSCE, antigua Conferencia para la
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), en el campo de la protección de los
derechos humanos es preciso efectuar una serie de consideraciones preliminares
que nos ayuden a situar en su justo contexto las actividades realizados durante
el año 1996.
En primer
término, desde una perspectiva histórica, observamos que la CSCE fue creada en
la década de los setenta como un elemento para la distensión y el acercamiento
entre los bloques occidental y oriental. Junto a los aspectos militares, los
treinta y cinco Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Helsinki estimaron
como componente necesario de la distensión el respeto a los derechos humanos,
lo que motivó su inclusión como el Principio VII del Decálogo del Acta Final de
Helsinki de 1 de agosto de 1975.
En la
lógica revisión de sus prioridades para adaptarlas a los nuevos retos y
problemas impuestos por los acontecimientos que se han desarrollado durante la
última década en el marco de las relaciones internacionales, la OSCE centra su
actuación actual en tres grandes ejes temáticos:
-
consolidar valores comunes y construir sociedades civiles;
- prevenir
conflictos locales, restaurar estabilidad y llevar la paz a zonas de conflicto;
- superar
los déficits en materia de seguridad y evitar la creación de nuevas divisiones
promoviendo un sistema cooperativo de seguridad.
Desde un
ámbito espacial, es realmente significativa la amplia participación lograda
como queda patente al comprobar que la casi totalidad de los Estados europeos,
excepción hecha de la República Yugoslava suspendida por el conflicto de
Bosnia, y Estados Unidos y Canadá forman parte de la misma. Así, con la
inclusión de Andorra durante el año 1996, nos encontramos con una organización internacional
que aglutina a cincuenta y cinco Estados cubriendo un área que va desde
Vladivostok hasta Vancouver.
En el
objeto de la presente crónica nos centraremos en el campo de la protección de
los derechos humanos. Uno de los aspectos reseñables en la materia, como
señalamos anteriormente, es la conexión que en los planteamientos de la OSCE se
ha establecido entre los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales. Así, la CSCE en sus primeros instrumentos ya
señalaba que un país que violara sistemáticamente las libertades fundamentales
de sus ciudadanos no sería depositario de la confianza de la comunidad
internacional y, como consecuencia de ello, debería incluso entenderse como una
potencial amenaza a otros países.
Partiendo
de dicha premisa inicial, el sistema de protección de los derechos humanos
establecido en el marco de esta Organización, antes Conferencia, para la
Seguridad y Cooperación en Europa ha evolucionado en una doble vertiente:
externa e interna. Externa para que, a medida que avanzan y se perfeccionan sus
cometidos en materia de derechos fundamentales, se regulen sus relaciones con
otras organizaciones internacionales con competencias sobre la materia, esto
es, el Consejo de Europa, la Organización de las Naciones Unidas y, en menor
medida, la Unión Europea. La evolución interna, por su parte, ha desembocado en
una serie de reformas tanto en el listado de derechos protegidos, como en los
mecanismos de protección, tendientes a facilitar a la organización una capacidad
de respuesta eficaz frente a los cometidos encomendados.
En esta
línea, la Organización ha creado en su estructura un entramado institucional
con competencias específicas en materia de derechos humanos. Así, además de los
órganos generales -Cumbres, Consejo Ministerial, Consejo Superior, etc.-,
hallamos algunos con competencias específicas en materia de derechos
fundamentales. Entre ellos destacaremos a:
- Alto
Comisionado para las Minorías Nacionales(ACMN), creado en 1992 para responder a
las tensiones étnicas con potencial suficiente para convertirse en un conflicto
en el ámbito espacial de la OSCE. Su sede se encuentra en La Haya.
- Oficina
para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OIDDH). Este
órgano, denominado en su origen Oficina para las Elecciones Libres, se halla
establecido en Varsovia y entre sus
cometidos se encuentra el de promover los derechos humanos, la democracia y el
imperio del derecho. Se encuentra enmarcado en el concepto más amplio de
dimensión humana.
- Misiones
OSCE. Con la finalidad básica de servir como instrumento para la prevención de
conflictos y la gestión de crisis, incluyen a menudo en sus mandatos
disposiciones relativas a derechos humanos.
Expuesta
sucintamente la dinámica institucional, observamos que la misma se basa en
mecanismos de control y protección ciertamente políticos e intergubernamentales
lo que nos permite calificarlo como un sistema sumamente endeble donde las
obligaciones se basan más en inspiraciones morales que en normas jurídicamente
obligatorias. En todo caso no es nuestro deseo el mostrarnos en exceso críticos
con esta Organización puesto que en la materia que abordamos cuantos esfuerzos
vengan a sumar deben ser bien recibidos, con independencia del deseo que nos
inunda de que el grado de eficacia de los mismos alcance niveles
significativos. En todo caso, la crítica contemporánea va ligada a la
pervivencia de lo criticado, lo que nos lleva a concluir que el mero hecho de
plantear observaciones negativas sobre un sistema es, en último término, un
reconocimiento de su existencia y vigencia.
Para
finalizar con este breve acercamiento voy a referirme a la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de los Estados participantes de la OSCE que tuvo lugar en
el pasado mes de diciembre de 1996 en Lisboa. En ella, los Estados se
encomendaron a la solución de los gravas problemas que en materia de dimensión
humana concurren en la actualidad como, por ejemplo, la migración involuntaria,
la no democratización, las amenazas a la independencia de los medios de
comunicación, el fraude electoral y las manifestaciones de nacionalismo
agresivo, racismo, chauvinismo, xenofobia y antisemitismo.
Precisamente,
en materia de medios de comunicación, a iniciativa del gobierno alemán, se ha
encomendado al Consejo Permanente la elaboración de un mandato que concluya con
el nombramiento, no antes del Consejo Ministerial que se celebrará en
Copenhague en diciembre de 1997, de un representante de la OSCE sobre la
libertad de los medios de comunicación.
A
continuación pasaré a enumerar de forma detallada las actividades realizadas
por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa durante 1996.
Dicha labor la vamos a agrupar en dos ámbitos, coincidiendo con la terminología
empleada por la propia institución:
a) Pronta alerta, prevención de conflictos y
gestión de crisis
En esta
área de actuación, una de las principales de la OSCE, cabe destacar el
establecimiento de misiones de larga duración de la OSCE en diversos países.
Las misiones OSCE desplegadas durante el pasado año 1996 han sido las de:
Kosovo, Sandjak y Vojvodina (República Federativa de Yugoslavia -Serbia y
Montenegro-); Skopje (antigua República de Macedonia); Georgia; Estonia;
Moldavia; Letonia; Tadyikistán; Sarajevo; Ucrania; Bosnia-Herzegovina y
Croacia.
En el
mandato de estas misiones se incluyen tareas que varían desde, por ejemplo, la
asistencia al país de que se trate en el proceso de transformación democrática
hasta la estabilización de situaciones posteriores a conflictos, prestando su ayuda
para el proceso de reconciliación nacional. En todo caso en dichos mandatos
suelen incluirse cometidos vinculados a derechos humanos. Así, los asuntos
referidos a la Dimensión Humana, a la democracia y a la construcción del
imperio de la ley son elemento esencial e indispensable en sus funciones. En
ellas, es igualmente frecuente la colaboración con otras organizaciones
internacionales activas en el marco de sus respectivas competencias como lo
demuestra la colaboración habida con el Consejo de Europa y la Organización de
las Naciones Unidas.
La más
relevante de las misiones desplegadas sobre el terreno por la OSCE es, sin
duda, la Misión a Bosnia-Herzegovina. Establecida el 8 de diciembre de 1995,
entre sus cometidos se hallan principalmente los siguientes:
-
Supervisar la preparación y realización de elecciones libres e imparciales.
-
Participar en actividades encaminadas a facilitar la vigilancia del control de
armamentos y los arreglos destinados a fomentar la confianza y la seguridad.
- Vigilar
la situación en materia de derechos humanos.
En este
último cometido, la Misión, merced al establecimiento de oficinas auxiliares y
el nombramiento de observadores, pudo informar acerca de las violaciones de
derechos humanos y la situación de derechos humanos en general, con atención
especial a los derechos humanos relacionados con la materia electoral. Ello se
complementó con actividades de promoción, tales como el establecimiento de
contactos con organizaciones locales de derechos humanos y el desarrollo de
diálogos entre importantes colectivos locales.
En una
vertiente mucho más concreta, la Misión apoyó a los tres defensores de los
derechos humanos de la Federación de Bosnia-Herzegovina, representantes de los
tres grupos étnicos principales.
Por
último, en aplicación del Acuerdo de Dayton se creó un órgano nacional con
carácter internacional durante sus primeros cinco años de vida, la Comisión de
Derechos Humanos. Ésta se compondrá a su vez de un Defensor de los Derechos
Humanos, cargo que en la actualidad ostenta la suiza Sra. Gret Haller, y por
una Cámara de Derechos Humanos con catorce integrantes que representan a los
principales actores de la Federación.
Además de
las misiones de larga duración de la OSCE, también podemos señalar otras
actuaciones sobre el terreno como, por ejemplo, el Grupo de Asistencia de la
OSCE a Chechenia , con el cometido de acercar a las partes en el conflicto, y
el Representante Personal del Presidente en ejercicio de la OSCE para el
conflicto en el área que es objeto de la Conferencia de Minsk.
b) Protección de las minorías nacionales.
Como
indiqué anteriormente, la OSCE actúa en este campo a través del Alto
Comisionado para las Minorías Nacionales (ACMN). Este órgano funciona como un
instrumento para identificar y promover la pronta solución de las tensiones
étnicas que podrían poner en peligro la paz, la estabilidad o las relaciones
entre los Estados participantes en la OSCE.
El
procedimiento empleado por este organismo consiste en un mecanismo de visitas a
aquellos lugares donde se han detectado problemas concernientes a la materia de
su competencia, es decir, problemas referidos a las minorías nacionales.
Las
visitas que efectúa el ACMN tienen por objeto, normalmente, conocer sobre el
terreno la situación, dialogar con los representantes de las minorías
afectadas, reunirse con las autoridades gubernativas estatales para, en último
término, elaborar un informe. Dicho informe contiene un resumen de los asuntos
tratados en el viaje del Alto Comisionado, así como un análisis a modo de
conclusión de la situación constatada que, en ocasiones, se concreta en una
formulación de recomendaciones.
Durante el
año 1996, el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales realizó las
siguientes visitas: Croacia, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Rumania, Eslovaquia y Ucrania.
Los
principales problemas que se abordaron durante las mencionadas visitas abarcan
un amplio abanico de temas que tienen como común denominador las relaciones
interétnicas.
Entre las
cuestiones que tuvo que afrontar Mr. Max van der Stoel, Alto Comisionado desde
la puesta en marcha de esta institución el 1 de enero de 1993 hasta la
actualidad, se hallan las relativas a las diferencias entre las autoridades nacionales
y regionales, las perspectivas para la repatriación de personas que pertenecían
a minorías nacionales a zonas en las que habían vivido anteriormente, los
problemas relacionados con la posibilidad de obtener la ciudadanía y, por
último, cuestiones relativas a la educación, en especial, la posibilidad de que
los miembros de las minorías reciban educación en su lengua materna.
c) La Dimensión Humana.
Este
término, acuñado de forma particular por la organización objeto de nuestro
estudio, fue definido como las responsabilidades incluidas en el Acta Final de
Helsinki y en otros documentos de la CSCE relativos al respeto de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales, los contactos humanos y otros
asuntos de un marcado carácter humanitario.
Uno de las
carencias derivadas de las obligaciones que los instrumentos implantadores de
la Dimensión Humana incluyen es, como apuntamos anteriormente, la falta de
carácter jurídico vinculante (legally binding) de las mismas lo que nos sitúa
ante compromisos de naturaleza política.
En este
campo, referido a los esfuerzos de la Organización por mejorar los mecanismos
de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la
OSCE se ha sustentado, en gran medida, en uno de sus organismos: la Oficina de
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH).
Las
actividades desarrolladas durante el año 1996 se han dirigido a ámbitos de
actuación específicos. Así, el apoyo de la OIDDH a la Misión de la OSCE
multiplicó de forma significativa el trabajo de este órgano. Concretamente, en
tres aspectos se centró la asistencia de la OIDDH: el proceso electoral, los
defensores de los derechos humanos y el proceso de creación de una legislación
moderna.
Además de
esta amplia labor realizada en aplicación de los Acuerdos de Dayton, la OIDDH
ha participado en la vigilancia y supervisión de otros procesos electorales
como los celebrados en Albania, Rusia, Armenia, Lituania, Bulgaria, Moldovia,
Rumania, ex-República Yugoslava de Macedonia y de las elecciones municipales
celebradas en la República Federativa de Yugoslavia, aunque en este último caso
tras su celebración.
Dentro de
esta labor de observación, se controlan todos los factores que, en alguna
medida, puedan afectar al proceso electoral. Así, se verifica la correcta
implantación de la ley electoral, se comprueban los censos, la campaña
electoral, las votaciones, el recuento, etc.
Finalizados
los comicios, la OSCE redacta un informe donde deja constancia de la valoración
final que los mismos le han merecido. En ese informe se constatan, también, los
fallos detectados.
En el
desarrollo de la labor de supervisión de comicios, alcanzó gran notoriedad la
labor de la OSCE en el conflicto surgido de las elecciones municipales
celebradas en la República Federativa de Yugoslavia. En ellas, una delegación
de la Organización fue invitada por el Ministro de Asuntos Exteriores de dicha
República para que supervisara el resultado de dichas elecciones, tras una
anulación de los mismos por el gobierno serbio de Slobodan Milosevic. La OSCE
decidió que fuera el antiguo presidente del gobierno español, Felipe González,
quien en calidad de Representante Personal del Presidente en ejercicio de la
OSCE acudiera a Belgrado. El informe con el que concluyó su visita contenía
cinco puntos claves: la votación celebrada debía considerarse como válida; la
coalición opositora ganó en 13 ciudades y ocho distritos de la ciudad de
Belgrado, donde el gobierno serbio había anulado los resultados aludiendo a
irregularidades denunciadas por el Partido Socialista; el resultado de las
elecciones es favorable a los partidos gubernamentales con carácter global; se
pide a todas las fuerzas políticas que acaten los resultados; y, por último, se
pide a la OSCE que interceda ante Belgrado para que cumpla la voluntad
expresada en las urnas dentro del pleno respeto de los derechos humanos y los
principios democráticos.
Otro
instrumento relevante en el desarrollo de sus funciones es, sin duda, el de la
formación. En ejecución de la misma, la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos ha celebrado diversos seminarios, simposios y reuniones. Las
materias abordadas incluyen programas de capacitación, para jueces,
funcionarios, Organizaciones No Gubernamentales, medios de información, etc.; de
difusión de derechos humanos; apoyo a las Misiones; sobre migraciones de la
Confederación de Estados Independientes; y cuestiones relativas a las minorías
romaníes y sinti, esto son, los colectivos de gitanos.
Unión
Interparlamentaria
Resoluciones
de la 96ta Conferencia.
Promoción
del respeto protección de los derechos de la persona en general y de las
mujeres y niños en particular.
Exhortó a
todos los gobiernos, a los organismos de Naciones Unidas, a la Organización
Mundial del Comercio, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a
tomar medidas apropiadas para reexaminar sus políticas, reequilibrar el orden
económico internacional actual e instaurar relaciones equitativas entre todos
los países.
Subrayó
que los países acreedores deben tomar medidas eficaces para anular o aliviar la
deuda de los países en desarrollo y resolver a término sus problemas de
endeudamiento.
Instó a
todos los gobiernos a asegurar la protección de los derechos fundamentales, de
las mujeres y de las niñas tomando medidas eficaces para aplicar integralmente
la Declaración y el Programa de Acción de Pekín (septiembre 1995), y a todos
los parlamentos a dar cumplimiento a los compromisos que han tomado para poner
en marcha las recomendaciones realizadas.
Condenó
enérgicamente el reclutamiento y enrolamiento de niños en las fuerzas armadas o
grupos armados, considerándolos actos atroces que constituyen una violación de
los derechos humanos fundamentales y por los cuales los responsables deben ser
castigados.
Bregó por
que los Parlamentos Nacionales y los Gobiernos garanticen la enseñanza primaria
obligatoria y la atención medica para todos, en particular para las niñas y los
niños que pertenecen a grupos marginales.
Rechazó
todas las medidas coercitivas o unilaterales, políticas o jurídicas, aplicadas
por un país en contra de otro, dado que esas medidas sancionan a hombres,
mujeres y niños que son extraños a las controversias y a los intereses
políticos y que ellas deben ser consideradas como un atentado a los derechos
humanos.
Solicitó a
los Estados que tomen las medidas necesarias para proscribir la violencia
familiar y escolar y que eviten ampararse en las costumbres, las tradiciones o
la religión para sustraerse de su obligación de eliminar la violencia ejercida
contra mujeres y niños.
Comprometió
a los gobiernos a poner fin a la esterilización y al aborto forzado de las
mujeres, actos que constituyen en todos los casos una violación grave a su
integridad y son usados, en ciertos casos, como estrategias de depuración
étnica.
Prohibición
mundial de las minas antipersonales y la necesidad de un desminado con fines
humanitarios.
Consciente
de que las minas terrestres continúan impidiendo el regreso de los refugiados,
el desarrollo agrícola, la reconstrucción de la infraestructura de las
comunicaciones y el transporte después del fin de las hostilidades, observó con
preocupación que existen aún mas de 110 millones de minas antipersonales
diseminadas en mas de 60 países, de los cuales la mayor parte son países en
desarrollo, y que restan aun 100 millones en el arsenal nacional.
Consternada
por el hecho de que las minas terrestres hayan mutilado alrededor de 250.000
personas en el mundo, de las cuales el 90 % son civiles, esencialmente mujeres
y niños; por el hecho de que son fabricadas alrededor de 10 millones de minas
antipersonales y de que son colocadas 2 millones de nuevas minas cada año;
deploró el hecho de que las operaciones de desminado permitan neutralizar nada
más que 100.000 minas por año aproximadamente.
Solicitó a
los parlamentarios a que exhorten a sus gobiernos a prohibir las minas
antipersonales, a efectuar programas de destrucción de stocks existentes y a
apoyar los esfuerzos realizados en el plano internacional para concluir un
acuerdo internacional de prohibición general que tenga fuerza obligatoria.
Asimismo,
pidió a la comunidad internacional, por intermedio de las Naciones Unidas,
establecer un registro internacional sobre la transferencia y el comercio de
las minas antipersonales.
Bregó por
que los Estados expertos en desminado suministren asistencia y consejos
técnicos a los países que lo necesiten, y contribuyan así a la formación de
equipos locales de desminado; como así también que colaboren con los organismos
humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las
sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en sus
actividades, en particular, en sus programas de sensibilización acerca de los
peligros que presentan las minas y la ayuda a las víctimas.
Comprometió
a la Unión a trabajar, en cooperación con otros organizaciones internacionales,
para lograr una prohibición total de las minas antipersonales.
Políticas
y estrategias para asegurar el derecho a la alimentación a la hora de la
globalización de la economía y de la liberación de los cambios.
Observó
con preocupación que alrededor de 800 millones de personas sufren de
subalimentación crónica en los países en desarrollo y que alrededor de 200
millones de niños de menos de cinco años sufren carencias proteico energéticas.
Subrayando
la grave situación creada por la disminución de la producción alimentaria
mundial, el agotamiento de una gran parte de stocks y la merma de
aprovisionamiento a un nivel próximo al umbral crítico para la seguridad
alimenticia, marcó la necesidad de alentar y aumentar la producción
alimentaria, particularmente en Africa y en los países menos avanzados, a fin
de promover el crecimiento económico y el progreso social y contribuir
activamente a resolver problemas de hambre y de malnutrición.
Solicitó a
los países en desarrollo que se industrialicen mas rápidamente y que
diversifiquen sus estructuras económicas con el objetivo de acrecentar la
producción alimentaria agrícola, subrayando la importancia de financiar la
inversión en dicho sector, como así también la creación de estructuras de
comercialización y distribución necesarias, a fin de asegurar un
aprovisionamiento alimentario suficiente con una distribución justa de las
mercaderías.
Exhortó a
los países en desarrollo a adoptar políticas eficaces para contrarrestar los
efectos negativos de las fluctuaciones de los precios de las mercaderías
alimentarias sobre el mercado internacional.
Asimismo,
solicitó a todo los países, en el espíritu de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), liberalizar los mercados para facilitar los cambios de
productos agrícolas con los países pobres y crear excepciones especificas para
los países en desarrollo, en los cuales el sector agrícola juega un rol clave
en la economía nacional.
Reafirmó
que el derecho a la alimentación es uno de los derechos humanos fundamentales,
y reprobó toda utilización del tema como medio de presión político o económico
sobre otros países.
Derecho
Internacional Humanitario.
Tercer
Período de Sesiones de la Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las
Naciones Unidas sobre ciertas Armas Convencionales.
(Ginebra 22 de abril a 3 de mayo de 1996).
Después de
dos años de intrincadas negociaciones, y no obstante el apoyo prestado a la
prohibición total de las minas antipersonales por cerca de la mitad de los 51
Estados participantes, en la reunión final de la Conferencia de Examen de la
Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre ciertas Armas Convencionales,
sólo se aprobaron, finalmente, restricciones mínimas del uso de las minas
terrestres antipersonales. Nueve años después de la entrada en vigor del
Protocolo II, las minas antipersonales tendrán que ser detectables y las
esparcidas fuera de campos minados señalados, mediante aeronaves, piezas de
artillería u otros medios, tendrán que autodestruirse en el plazo de treinta
días. Sin embargo, se podrán seguir fabricando, exportando y usando, incluso de
manera indiscriminada, minas de larga duración.
Protocolo
sobre prohibiciones restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996.
Disposiciones Principales.
El 3 de
mayo de 1996, la Conferencia de examen aprobó el Protocolo enmendado sobre
Minas, armas trampa y otros artefactos, el que entrará en vigor seis meses
después de la fecha en que 20 Estados notifiquen su consentimiento en obligarse
por él.
Entre las
principales disposiciones generales se establece que: a) Se incorpora una
definición específica de minas antipersonales, las que están ahora sometidas a
controles más estrictos que las minas contracarro o antivehículo. Se las define
como : "toda mina concebida para que explosione por la presencia, la
proximidad o el contacto de una persona" ; b) Se amplía el ámbito de
aplicación del Protocolo a los conflictos armados no internacionales ; c)
La responsabilidad de la remoción de las minas incumbe a quienes las
coloquen ; d) Se establece que, en todas las circunstancias, se deben
confeccionar mapas y registrar el emplazamiento de todas las minas y no
únicamente de las colocadas con arreglo a un plan previo ; e) Se estipula
la protección del personal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de
otras misiones humanitarias ; f) Se prohibe la transferencia internacional
de minas antipersonales no detectables, y de todo tipo de minas a ningún
receptor distinto de un Estado ; g) Dispone que los Estados adopten
sanciones penales para prevenir y reprimir las violaciones del Protocolo ;
h) Los Estados parte deben mantener consultas anuales para examinar la aplicación
del Protocolo y preparar futuras conferencias de revisión.
En
relación a las nuevas restricciones del empleo de minas terrestres
antipersonales cabe citar : a) Se permite, como antes, la producción,
transferencia y empleo de minas antipersonales de larga duración (minas bobas),
a condición de que : 1) sean detectables y 2) sean colocadas en zonas
cercadas, marcadas y custodiadas, a fin de evitar que entren en ellas las
personas civiles (salvo cuando acciones militares directas del enemigo impidan
que una de las partes en conflicto tome esas precauciones) ; b) Como antes
se permite la producción, la transferencia y el empleo de minas antipersonales
de corta duración (minas inteligentes), siempre que cumplan las condiciones
siguientes : 1) las minas han de autodestruirse dentro de los 30 días
siguientes a su colocación, si se emplean fuera de zonas marcadas, cercadas y
custodiadas, 2) las que no se autodrestruyeran deberán desactivarse y 3) han de
ser detectables. Como puede observarse, las restricciones aprobadas constituyen
sólo un modesto progreso con respecto al derecho vigente.
La
Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la Licitud de la
Amenaza o del Empleo de las Armas Nucleares
El día 8
de julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia publicó su opinión
consultiva sobre "Licitud de la amenaza o del empleo de las armas
nucleares". La misma, había sido sometida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Para
muchos publicistas, la mencionada opinión consultiva de la Corte es una de las
más importantes que ha emitido desde su nacimiento, la que por otra parte tiene
notables repercusiones en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, y se
ha fundado por sobre todo en sus normas y principios.
A la
cuestión principal, la Corte respondió en el párrafo 2 E, apartado 2, que no
puede decir si "... la amenaza o el empleo de las armas nucleares es
lícito o ilícito en una circunstancia extrema de legítima defensa en la que
esté en juego la supervivencia misma de un Estado". Una de las
interpretaciones posibles que pueden avanzarse sobre este tópico, es que la
Corte no rechazó categóricamente la tesis sustentada por los Estados nucleares,
es decir, que en aquéllas circunstancias, no existe norma internacional alguna
que prohíba el emplo de las armas nucleares.
Son
particularmente interesantes los pasajes que se dedican a analizar la índole
consuetudinaria de ciertas normas internacionales, como así también a su
interpretación e interdependencia.
Así, la
Corte reconoce que el derecho internacional humanitario comprende tanto a las
normas que regulan la conducción de las hostilidades, como también a aquellas
que protegen a las personas en poder de la potencia adversaria.
Reitera el
carácter consuetudinario del IV Convenio de La Haya de 1907 y de su Reglamento,
como también de los Convenios de Ginebra de 1949 y de la Convenión para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Como
respuesta satisfactoria, la Corte sostuvo que los principios del derecho
internacional humanitaro que se aplican al desarrollo de los medios de combate
son derecho internacional consuetudinario y, consecuentemente, obligan a todos
los Estados sin importar su consentimiento.
Informe
1996 de Amnistía Internacional
El Informe
1996 de la prestigiosa organización Amnistía Internacional detalla las
violaciones a los derechos humanos producidas en 146 países del mundo durante
el año 1995; en particular los homicidios extrajudiciales, la tortura, la
desaparición forzada, la pena de muerte y las detenciones arbitrarias.
El enfoque
del Informe 1996 de Amnistía Internacional se centra en el llamado
"comercio del terror"; es decir, el comercio de armamentos y equipos
utilizados para cometer violaciones a los derechos humanos. Se subraya la
responsabilidad de algunos gobiernos como China, Rusia, Francia, Alemania, el
Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, España e Italia, en el suministro y
adiestramiento de personal policial, de seguridad o de ejércitos de otros
países.
Amnistía
Internacional destaca también la crisis por las que atraviesa el mundo en
materia de refugiados en los conflictos de Africa Central y en la ex
Yugoslavia, junto con la respuesta de Europa occidental donde los gobiernos han
puesto obstáculos a los refugiados.
Amnistía
Internacional hace hincapié en la necesidad de luchar contra la impunidad en el
mundo, y ha realizado una intensa campaña para la creación en el ámbito de
Naciones Unidas, de una Corte Penal Internacional con carácter permanente.
También,
el Informe 1996 de AI se centra en la preocupación que genera el hecho de las
violaciones producidas a defensores de los derechos humanos, quiénes se han
vuelto blanco de hostigamiento, amenazas, torturas, desapariciones y
ejecuciones extrajudiciales por su actividad en favor de la dignidad humana.
A lo largo
del Informe 1996 de Amnistía Internacional, se detalla la situación de derechos
humanos en varios países. En el continente americano, la situación de Perú,
Brasil, Colombia y Guatemala revela violaciones sistemáticas y reiteradas. En
los Estados Unidos, se hace hincapié en la pena de muerte vigente en varios
Estados, detención reiterada de activistas políticos en San Francisco, y la
aplicación de torturas y malos tratos en prisiones. En Cuba, el informe menciona
las violaciones a disidentes políticos, la situación en que se encontraban unos
seiscientos presos de conciencia, dos casos de aplicación de la pena de muerte
y cinco de ejecuciones extrajudiciales.
El
capítulo Argentino del Informe 1996 de AI subraya la impunidad y la falta de
investigación de violaciones a los derechos humanos producidas en el pasado, la
comisión de varios homicidios perpetrados por agentes de policía en
circunstancias que suponen ejecuciones extrajudiciales ("gatillo fácil"),
y la represión indiscriminada de huelgas y manifestaciones contra el gobierno.
Otros
capítulos de interés del informe 1996 de AI en cuanto a violaciones
sistemáticas y masivas de derechos humanos son los correspondientes a China,
Indonesia y Timor Oriental, Israel y los Territorios Ocupados, Rusia, México,
India y Arabia Saudita.
Anexo
Estado
de Ratificación de los Principales Instrumentos Internacionales
Pacto
Internacional de derechos civiles y Políticos (Naciones Unidas 136 ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron:
Belice, Kuwait, Sierra Leona y Tailandia.
Pacto
Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (ONU).
135
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron: Kuwait y Sierra Leona.
Protocolo
Facultativo al PIDCP (ONU).
89
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron: Malawi y Sierra Leona.
Segundo
Protocolo Facultativo al PIDCP, relativo a la abolición de la pena de muerte
(ONU).
29
ratificaciones. Durante 1996 no hubieron nuevas ratificaciones.
Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(ONU).
101
ratificaciones. Durante 1996 la ratificaron: Azerbaiján, El Salvador, Honduras,
Islandia, Kuwait, Lituania, Malawi y Zaire.
Convención
sobre los Derechos del Niño (ONU).
188
ratificaciones. Durante 1996 la ratificaron: .Andorra, Omán y Arabia Saudita.
Convención
Internacional sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminación Racial
(ONU):
148
ratificaciones. Durante 1996 la ratificaron: Azerbaiján y Malawi.
Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(ONU).
154
ratificaciones. Durante 1996 la ratificaron: Algeria, Botswana y Pakistán.
Convenio
Europeo para la protección de los Derechos Humanos (Consejo de Europa).
34
ratificaciones. Durante 1996 la ratificaron: Albania, Andorra y Estonia.
Protocolo
Nº 6, relativo a la pena de muerte (Consejo de Europa)
24
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaró Andorra..
Protocolo
Nº 9 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos humanos (Consejo
de Europa)
23
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron: Dinamarca y Estonia.
Protocolo
Nº 11, relativo a la restructuración del mecanismo de control establecido por
el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (Consejo de
Europa)
27 ratificaciones.
Durante 1996 lo ratificaron: Albania, Andorra, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Irlanda, Luxemburgo, San Marino y España.
Carta
Social Europea (Consejo de Europa).
20
ratificaciones. Durante 1996 no se produjeron nuevas ratificaciones.
Convenio
Europeo para la prevención de la Tortura y de las Penas y Tratos Inhumanos o
Degradantes (Consejo de Europa)
33
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron: Albania, Andorra y Estonia.
Convención
Americacna sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos).
25
ratificaciones. Durante 1996 no se produjeron nuevas ratificaciones.
Declaración
de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(OEA).
17
declaraciones. Durante 1996 no hubieron nuevas declaraciones de aceptación de
competencia de la Corte.
Protocolo
Adicional a la Convención Americana Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (OEA).
8
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron: Brasil, Mexico y Uruguay.
Convención
Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura (OEA)
13
ratificaciones Durante 1996 no se produjeron nuevas ratificaciones.
Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a la pena de
muerte (OEA)
4
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificó Brasil.
Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer. (OEA).
26
ratificaciones. Durante 1996 la ratificaron: Argentina, Belice, Chile,
Colombia, Rep. Dominicana, El Salvador, Guyana, Perú, San Vicente y Granadinas,
Trinidad y Tobago y Uruguay.
Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (OEA)
5
ratificaciones. Durante 1996 lo ratificaron: Argentina, Costa Rica, Panamá,
Paraguay y Uruguay. Entró en vigor el 29 de marzo de 1996.
Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Organización de la Unidad
Africana).
51
ratificaciones. Durante 1996 la ratificó Sudáfrica.
Carta
Arabe de Derechos Humanos (Liga de Estados Arabes)
No
contiene ratificaciones.
FUENTE:
Marie, Jean Bernard, Instrumentos Internacionales relativos a los Derechos
Humanos, Human Rights Law Journal-HRLJ, Estrasburgo, 1997