DEPARTAMENTO DE AMERICA DEL NORTE
Nora
Luzi, Anabella Busso
Documentos:
Nora
Luzi, Valeria Lieste
Cronología:
Alvaro
Herrero (Argentina - Méjico),
(Argentina - Estados Unidos); María Grisolía (Argentina - Canadá)
Presentacion
"Ahora, mirando al futuro, el paso más grande de todos, el umbral
del futuro más alto que ahora debemos cruzar y mi prioridad número uno para los
próximos cuatro años, es asegurar que todos los estadounidenses tengan la mejor
educación del mundo."
William Clinton, discurso ante la sesión conjunta de las cámaras del
Congreso sobre el estado de la Unión, 4 de febrero de 1997.
Casi 5
años han pasado desde que el Profesor Martín Weinstein del William Patterson
College de New York pronunciara la primer conferencia organizada por el
Departamento del Norte. Su tema de disertación fue "La Política Exterior
de los Estados Unidos hacia el Cono Sur en el marco del Proceso Eleccionario Presidencial
de los Estados Unidos". Se enfrentaban entonces en carrera presidencial el
republicano George Bush y el demócrata William Clinton. No imaginábamos
entonces que luego de un quinquenio, lo que fuera un proyecto de ámbito de
reflexión sobre la política exterior de y hacia América de Norte lograría
consolidarse y mantener un sólido crecimiento académico.
Los frutos
obtenidos en este sentido han sido muy importantes y es lo que quisiera destacar
en la presentación de este año. Debo entonces mencionar la excelente labor
realizada por la Dra. Valeria Lieste como preparadora del equipo ganador
del "II Congreso Interamericano de Derechos Humanos", organizado
por el Washington College of Law of the America University (Washington) el
año pasado, el galardón obtenido por el Dr. Alvaro Herrero quien ha
sido premiado por el Rotary Club -en conmemoración a los 50 años de su nacimiento-,
con el otorgamiento de una beca anual, la que consistirá en el financiamiento
de un programa de Master en los Estados Unidos el año próximo. Finalmente
el D.A.N. estuvo presente, a través de su Coordinadora, en el "1996 Summer
Institute on the Making of the U.S. Foreign Policy", en la Universidad
de Michigan, programa financiado totalmente por la Agencia de Información
de los Estados Unidos (USIA). Provenientes de Bangkok, Beijing, Bonn, Bruselas,
Caracas, Kiev, Lagos, Manila, Nueva Delhi, Panamá, Skopje, Tel Aviv, La Haya,
Valetta, Yaounde y Buenos Aires, los becarios con formación en Relaciones
Internacionales y Ciencia Política, discutieron durante un mes y medio acerca
de la política exterior estadounidense.
Los lectores
sabrán perdonar el orgullo con el que escribo estas líneas y quienes viven
las limitaciones presupuestaria de la vida universitaria argentina sabrán
comprender nuestra satisfacción por los pequeños grandes logros obtenidos.
Sin embargo
y para terminar, si la Argentina pretende entrar en el próximo milenio en
condiciones adecuadas de competitividad, resta mucho camino por andar. No
basta con la existencia de capacitados recursos humanos en las aulas universitarias.
El país debe garantizar las condiciones mínimas de desarrollo profesional
para que la opción más ventajosa de los profesionales que egresan de la Universidad
sea la permanencia y desarrollo en este país. Que nuestra prioridad número
uno sea lograr dicha permanencia
El trabajo
de investigación "El comercio en la Agenda Argentina-Estados Unidos:
un espacio de negociaciones complejas" fue realizado por Anabella
Busso junto a la Coordinadora del D.A.N., Nora Luzi. Por otra parte
la sección Cronologías estuvo a cargo de Alvaro Joaquín Herrero que
realizó las correspondientes Argentina-México y Argentina-Estados Unidos,
mientras que la cronología Argentina-Canadá estuvo a cargo de María Grisolía.
Asimismo la sección Documentos estuvo a cargo de Alvaro Herrero.
El
comercio en la Agenda Argentina-Estados Unidos: un espacio de negociaciones
complejas
A partir
de 1989 el gobierno de Menem inició una política de acercamiento a Washington
caracterizada por la mayoría de los autores como alineamiento automático.
Dicha política tenía como objetivo lograr el apoyo de los Estados Unidos a
la grave crisis económica argentina tanto en el plano bilateral como multilateral.
En concordancia con esta idea la política doméstica y la política exterior
se articularon con los grandes intereses estadounidenses a nivel global y
regional, esto es la difusión de la democracia a nivel mundial, la expansión
del modelo de economía de mercado y la vuelta a un sistema de seguridad colectiva.
Desde la perspectiva argentina esta situación implicó -entre otras- trabajar
sobre la reforma del Estado, la apertura de la economía, la adhesión a los
acuerdos de no proliferación y la defensa de la democracia.
Finalizado
el primer mandato se había consolidado un marco político caracterizado por el
acuerdo entre ambos países al que denominamos, siguiendo a Escudé, macro
relación bilateral. Sin embargo, el inicio del segundo gobierno va más allá de
los grandes acuerdos y en él, el gobierno nacional se enfrenta a la necesidad
de discutir temas puntuales de la agenda externa, entre los que se destacan las
cuestiones comerciales. La diferencia central en el esquema de negociación para
abordar las macro y micro relaciones bilaterales consiste en que en el segundo
caso no alcanza con la actitud unilateral de alineamiento por parte del país
más débil, sino que éste debe lograr concesiones por parte de los actores
estadounidense, tanto públicos como privados.
Esta
realidad implica que Argentina deberá enfrentar la defensa de sus intereses con
una fuerte voluntad política acompañada de una muy buena performance de
sus negociadores. Valga la reflexión del ex Primer Ministro canadiense, Pierre
Trudeau, cuando respondió sobre la problemática de convivir con los Estados
Unidos: «Es como vivir al lado de un elefante tan amigo que uno hasta se
acuesta con él, pero tiembla al menor movimiento». La relaciones comerciales de
Argentina con Estados Unidos durante 1996 fueron un caso típico de
micro-relaciones bilaterales y, además, estuvieron sujetas al movimiento del
elefante.
Balanza
Comercial.
El año
1990 marcó el inicio de una etapa de incremento comercial con los Estados
Unidos, a punto tal que éste llegó a convertirse en el segundo socio comercial
de nuestro país, pero el resultado de la balanza comercial devino ampliamente
desfavorable a la Argentina. Este resultado puede ser explicado parcialmente
por la desigualdad existente entre Argentina y Estados Unidos en cuanto a
tamaño y competitividad de sus economías, la ausencia de una tradición
exportadora en nuestro país y ciertas falencias en la política comercial
argentina. Sin embargo, la causa principal del cuadro deficitario se encuentra
en la política comercial aplicada por los Estados Unidos en función de sus necesidades
domésticas.
Dicha
política enfatiza la articulación y aplicación simultanea de estrategias ofensivas
y defensivas destinadas a lograr una reforma estructural en las relaciones
comerciales de Estados Unidos con sus socios tradicionales y con nuevos mercados.
En este sentido, los mayores ejemplos los encontramos en la utilización de
los instrumentos de política comercial previstos en la Section 301, Special
301 y Super 301 de la «Omnibus Trade Competitiveness Act of 1988». A través
de ellos se autoriza la implementación de mecanismos dirigidos a sancionar
a terceros países supuestamente infractores de reglas comerciales justas a
criterio de los Estados Unidos; y principalmente, el recurso a las negociaciones
comerciales, multilaterales o bilaterales, con la idea de posicionar exitosamente
los productos y las empresas estadounidenses en el mercado global. En la misma
dirección se inscriben, las facultades otorgadas al Representante Comercial
para que supervise la evolución de la política comercial de otros estados
y sus efectos reales y potenciales sobre los intereses estadounidenses en
cuestiones como el comercio de bienes y servicios; protección de la propiedad
intelectual; política de inversiones; etc., y eventualmente proponga la aplicación
de sanciones sobre los países que se resisten a modificar sus políticas comerciales1 . En este sentido,
las negociaciones con Carla Hills, Mickey Kantor y actualmente con Charlene
Barshefsky se inscriben entre las más duras que ha debido enfrentar el gobierno
de Menem.
Pasando
al plano bilateral ya en el año 1994 se incrementó la preocupación del gobierno
nacional sobre los resultados de la Balanza Comercial con Estados Unidos.
Durante ese año la relación comercial registró un fuerte déficit para el lado
argentino. Los datos indican que las importaciones nacionales fueron de 4466
millones de U$S mientras que las exportaciones se ubicaron en 1725 millones
de la misma moneda, alcanzando un déficit record de 3741 millones (Ver Cuadro
I en la sección Documentos). El único rasgo alentador en semejante rojo fue
el incremento de un 43% de las exportaciones nacionales con respecto al año
anterior.
En función
del mencionado nivel de déficit, durante 1995 se incrementaron los instrumentos
destinados a disminuirlo. Así fue como el diseño de estrategias de información
y capacitación para una mejor inserción de los empresarios pymes en el mercado
norteamericano, las reiteradas discusiones sobre propiedad intelectual y las
negociaciones sobre la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en el cierre
de la Ronda Uruguay (sobre carne, maní, pasta de maní, entre otros) destinados
a mejorar el acceso de productos argentinos al mercado estadounidense, ocuparon
el centro de la escena.
La
Subsecretaría de Relaciones Comerciales Internacionales reelaboró su propuesta
para mejorar el comercio con los Estados Unidos, hecha en 1994, a través del
«Plan de Promoción del Comercio Exterior para los Estados Unidos 1995». Para
ello se mantuvieron consultas con los Departamentos de Comercio Exterior de las
provincias, las Cámaras y Asociaciones empresariales, y las empresas, a la vez
que se incorporaron las conclusiones del Encuentro Nacional de Exportadores.
Como resultado se decidió concentrar el esfuerzo para promocionar un
determinado grupo de productos y se establecieron las herramientas de trabajo2 .
Sin
embargo, 1995 finalizó sin encontrar una resolución a la Balanza Comercial
negativa. Argentina exportó por valor de 1.803,5 millones de U$S e importó por
la suma de 4.206,6 alcanzando un saldo negativo equivalente a 2.403,1 millones
(Ver Cuadro II en la sección Documentos).
En 1996
las dificultades para solucionar el déficit de Balanza Comercial fueron superiores
a las del año anterior, dificultades puestas de manifiesto en las cifras correspondientes:
U$S 1958,2 millones para las exportaciones argentinas y U$S 4738,2 millones
para las importaciones estadounidenses (Ver cuadro III en la sección Documentos).
Al déficit se sumó la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con
Estados Unidos en el cierre de la Ronda Uruguay y la continuidad de las presiones
para modificar la ley de patentes.
Esta
situación fomentó el diseño y aplicación de nuevas estrategias de negociación
por parte del gobierno argentino las cuales se hicieron efectivas a partir de
octubre de 1996 y cuyos resultados podrán eventualmente analizarse en el
transcurso del presente año.
Esta
nueva estrategia de negociación articula la opinión de la representación
comercial argentina en Washington, la nueva gestión económica a cargo de Roque
Fernández, la Jefatura de Gabinete y, posteriormente, permeó el discurso del
Canciller Di Tella. Ella se basa en dos ideas centrales. La primera es no
aceptar más presiones sobre el tema patentes, principalmente en lo que se
refiere a la aplicación de una política de «linkage» que el Departamento de
Comercio realiza con el resto de los temas de la agenda comercial bilateral.
Los argumentos presentados por las autoridades nacionales se basan en que
Argentina es un país democrático, cuyo Congreso ha votado una ley de patentes
después de años de discusión, situación que inhabilita cualquier posibilidad
del Poder Ejecutivo para volver a presionar sobre el Legislativo. Por otra parte,
esta legislación es acorde con las pautas establecidas para propiedad
intelectual en el marco del cierre de la Ronda Uruguay.
La
segunda idea es poner sobre la mesa de negociación el peso de los números para
demostrar que la economía argentina es más abierta que la norteamericana, tanto
desde el punto de vista arancelario como para arancelario, cuestión que se
evidencia en el superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares
acumulado por los Estados Unidos en el período 92/95.
Los
principales argumentos técnicos y políticos de la iniciativa estaban volcados
en un memo reservado del que sólo poseían copias los Ministros Fernández,
Rodríguez, el Embajador Granillo Ocampo y el Representante Económico y
Comercial en Washington, Carlos Magariños.
Además de
las dos ideas centrales, el texto sostiene que es necesario modificar «la
actitud argentina de satisfacer, en la medida de lo posible, los pedidos
norteamericanos» situación que «parecía explicarse -en alguna medida- por el
renovado impulso a la relación bilateral iniciada en 1989 y por las
negociaciones para reestructurar la deuda externa»»Hoy parecen darse las
condiciones para buscar otro equilibrio en la relación con los Estados Unidos»
»Hoy no existe ninguna razón para considerar que los intereses de los lobbies
comerciales norteamericanos están estricta o especialmente vinculados con los
intereses financieros» «Dadas estas condiciones y reconociendo las diferencias
en la situación del comercio bilateral, la presentación en sociedad de la nueva
conducción económica podría aprovecharse para aumentar la presión con la
intención de solucionar temas pendientes de nuestro país». Por otra parte
sugiere la posibilidad de anunciar a los Estados Unidos que nuestro país puede
«llevar estos temas a los organismos multilaterales de comercio» y agrega «Una
actitud de este tipo podría, además de revertir la dinámica de la relación
comercial bilateral, producir cierto rédito político» ya que se podrían alinear
las posiciones con el Congreso y los productores argentinos «para dar batalla
en estos temas»3 .
La puesta
en marcha de la mencionada estrategia de negociación se concretó entre a
inicios de octubre de 1996, en ocasión de la visita que una delegación
argentina -presidida por el Ministro Fernández- realizó a Washington. Sin
embargo, por cautela, su aplicación estaba ligada con el nivel y carácter de
las presiones con que los funcionarios norteamericanos recibieran a los
argentinos. Pero, tal como lo imaginaba la delegación argentina, la acogida fue
típica de Kantor: dura y precisa. Los reclamos sobre patentes, ley de
confiabilidad y trabas a las exportaciones de textiles y calzados deportivos
saltaron abruptamente a la mesa de negociación. En este contexto las respuestas
de Fernández y Rodríguez respetaron estrictamente los contenidos del memo,
inaugurando una nueva etapa en las negociaciones comerciales bilaterales.
Desde una
perspectiva política esta nueva estrategia significó, además, poner distancia
con lo que había sido la gestión Cavallo y si bien no fue publicitada
oficialmente en sus primeros meses, actualmente ha ampliado su espacio de
aplicación desde la diplomacia bilateral a la multilateral, tal como lo
reflejan posiciones conjuntas de Argentina y Brasil en las negociaciones con
Estados Unidos para la puesta en marcha del ALCA.
Las
discusiones sobre el tema de la propiedad intelectual: más de lo mismo.
A inicios
de 1996 el Ejecutivo Nacional vetó parcialmente la última ley dictada por
el Congreso invalidando el art. 2 de aquélla por cuanto impedía al PEN la
reglamentación de la ley por decreto. El veto se fundamentó en el principio
de división de poderes. Al mismo tiempo el Jefe de Gabinete, Eduardo Bauzá
acordó con los diputados crear una comisión tripartita para analizar los alcances
de la medida. Tras este último veto la situación puede resumirse de la siguiente
manera: quedó definitivamente derogada la ley 111 y con ello se suprime el
sistema de reválida de patentes extranjeras. Esto implica que no se podrán
convertir patentes extranjeras en patentes argentinas para productos farmacéuticos
cuyas solicitudes fueran posteriores al 1 de enero de 1994. En marzo de 1996
se firmó el decreto reglamentario de la ley de patentes que prevé un plazo
de cinco años para que las compañías argentinas comiencen a pagar royalties
a los titulares de patentes de medicamentos, lo que era -y es- firmemente
rechazado por los Estados Unidos. A partir de aquí se consideró concluido
con ello todo proceso legislativo en lo que se refiere a «patentes».
En marzo
de 1996 el PEN elaboró un proyecto de ley de confidencialidad, el cual procura
proteger la información técnica que se entrega a los organismos de salud y
sanidad vegetal para comercializar medicamentos y productos químicos agrícolas.
No obstante los esfuerzos del gobierno nacional en el sentido de lograr la
aprobación del proyecto en el Congreso durante 1996, el Parlamento tomó su
tiempo antes de la aprobación del mismo.
Principales
temas de la agenda comercial en la actualidad.
Una de
las características comunes al tratamiento de los distintos temas de la agenda
comercial durante 1996, fue la falta de predisposición del gobierno de los
Estados Unidos para hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos comerciales
sectoriales alcanzados sea en el marco de la Ronda Uruguay del GATT o en negociaciones
comerciales fuera de aquélla. En la lectura política de esta actitud de Washington
aparecen dos ideas fuerza. En primer lugar, la disconformidad respecto de
la legislación argentina sobre propiedad intelectual. En segundo lugar, la
decisión de continuar presionando a la Argentina para que modifique dicha
legislación, a través de una política de vinculación de cuestiones que ata
la efectivización de las concesiones obtenidas en el GATT a nuevos avances
en el área de propiedad intelectual. Sin embargo, el gobierno argentino tal
como se señalara anteriormente y a diferencia de lo actuado en etapas anteriores,
decidió reclamar el cumplimiento de los acuerdos comerciales.
Analizando
lo acontecido durante 1996 cabe recordar que, en el cierre de la Ronda Uruguay,
Argentina negoció una serie de acuerdos bilaterales sectoriales con los Estados
Unidos, destinados a obtener un mayor acceso al mercado estadounidense para
determinados productos, entre los que se encuentran: carne fresca deshuesada;
maní; pasta de maní; queso y tabaco.
Con relación
al tema de las carnes, y después de un largo período de trabajo para
combatir la fiebre aftosa en gran parte de territorio nacional, nuestro país
obtuvo por parte de Estados Unidos el otorgamiento de una cuota de 20.000
tonelas para la exportación de carnes frescas deshuesadas. Esta situación
es altamente significativa porque posee varias implicancias: el acceso al
mercado del mayor importador mundial de carnes rojas (Estados Unidos importa
alrededor de 1,1 millón de toneladas anuales) después de haber tenido vedado
dicho ingreso por más de sesenta años; la superación de la tradicional división
entre circuito aftósico y no aftósico con sus implicancias sobre el nivel
de precios (en números aproximados la diferencia entre ambos circuitos ha
variado entre el 30 y 50 %); la posibilidad de ingresar a mercados de países
que siguen la política sanitaria riesgo cero de Estados Unidos (Japón, Taiwan,
México, Canadá) y que hoy representan el 50% del comercio internacional.
La
implementación efectiva de dicho acuerdo se encuentra supeditada a la
conclusión de trámites legales y administrativos de carácter doméstico en los
Estados Unidos, los cuales involucran específicamente al USDA (United States
Department of Agriculture), al APHIS, FSIS (Food Safety Inpection Service),
entre otros.
Las
autoridades argentinas estimaron en 1995 que la finalización de los mencionados
trámites no llevaría más de un año. Sin embargo, los Estados Unidos se han
tomado un tiempo considerablemente mayor, resultando claro que la demora en la
efectivización del ingreso de las carnes argentinas al mercado estadounidense
obedece a razones de la política comercial de este país y no a cuestiones
burocráticas. En este sentido, Washington ha realizado en múltiples ocasiones
un linkage entre los temas de propiedad intelectual y el resto de los
temas de la agenda comercial bilateral. A pesar de estos inconvenientes, el
gobierno argentino ha mantenido el tema sobre la mesa de negociaciones a lo
largo de 1996, existiendo posibilidades reales de que el acuerdo se concrete
durante de 1997.
Otro de
los acuerdos alcanzados es el incremento de la cuota argentina de maní
confitería. Cabe recordar que Estados Unidos tiene un Programa de Maní el
cual opera en la práctica como un impuesto sobre los productores argentinos.
El acuerdo alcanzado implica una cuota inicial para 1995 de 26.341 toneladas
métricas y se incrementa en 3512 tn adicionales por año hasta alcanzar las
43.901 tn en el año 2000.
Sin embargo,
la puesta en marcha del acuerdo se ha enfrentado con un inconveniente derivado
de la interpretación que hace Washington del Memorándum de Entendimiento,
firmado entre Argentina y Estados Unidos el 24 de marzo de 1994. El gobierno
nacional sostiene que el mismo concede a Argentina el derecho de la emisión de
los certificados de origen, lo que implica poder administrar directamente la
cuota obtenida. Por su parte, Estados Unidos alega que el Memorándum no
requiere que el gobierno de ese país exija la posesión de dichos certificados
como condición para la importación dentro de la cuota. Esta interpretación
tiene varias consecuencias negativas para las exportaciones argentinas de maní.
La
primera y más importante es que el acuerdo se está cumpliendo según la
interpretación de Washington: no se requiere al momento del ingreso del maní
certificado de origen argentino. Consecuentemente, la cuota de maní argentino
es completada, en gran parte, con maní de otro origen vía un proceso de
triangulación, en detrimento de los productores nacionales y del erario
público. Esta situación queda en evidencia al analizar la divergencia existente
entre los registros de la Aduana Nacional y los efectuados por las autoridades
de Estados Unidos.
En
segundo lugar, Argentina no pude garantizar el cumplimiento de las regulaciones
de Estados Unidos referidas a la calidad sanitaria y fitosanitaria del
producto.
En tercer
lugar, se impide un funcionamiento adecuado del mercado, ya que los
exportadores argentinos se ven imposibilitados de establecer contratos de
mediano y largo plazo con eventuales compradores estadounidenses. Esto se debe
a que ambas partes desconocen el valor del arancel que deberá pagar el maní al
momento de su ingreso al mercado. El arancel será sensiblemente menor si el
maní se ingresa como parte de la cuota asignada a la Argentina en el marco de
las negociaciones comerciales multilaterales señaladas anteriormente.
Durante
1996 y hasta la fecha la cuota obtenida por la Argentina continúa siendo
administrada por USTR sobre la base «primero llegado, primero servido», lo que
menoscaba la concesión obtenida en el marco de la renegociación de concesiones
previsto en el GATT. Por tal motivo, carnes y maní son temas pendientes de
resolución y han estado permanentemente entre los reclamos que presentó el
gobierno argentino al norteamericano.
En estrecha
relación con el tema de maní, se encuentra la situación de sus derivados,
en especial, la de pasta de maní.
Durante
las negociaciones de la Ronda Uruguay, los Estados Unidos exigieron, a fin de
otorgar nuevas concesiones respecto del maní, la consolidación de cuotas para
sus derivados, que a la fecha eran inexistentes. El gobierno argentino
consideró la aceptación de dichas cuotas teniendo en cuenta que la cuota
establecida para la pasta de maní ascendía a 3650 Tn (lo máximo exportado hasta
ese momento eran 3400 tn), el arancel a pagar bajaba al nivel que paga Canadá
como beneficiaria del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y
que incluía el establecimiento de una cuota para los países abarcados por el
Sistema Generalizado de Preferencias (vale aclarar que al momento de estas
negociaciones, Argentina gozaba ampliamente de los beneficios del SGP con los
Estados Unidos).
Durante
la Ronda Uruguay, Argentina logró una ampliación de 2000 tn en la cuota total
de quesos de 4800 tn que ya poseía para el mercado estadounidense,
obteniendo así un cupo total de 6800 tn. La cuota adicional que comenzó a
regir a partir del 1 de enero de 1995, no será reasignada a otros exportadores
sin previo consentimiento de la República Argentina.
Sin
embargo, los exportadores argentinos no cubrieron totalmente la cuota asignada
en la negociación internacional, situación que se vio agravada por la oferta, a
precios más bajos, de quesos provenientes de países de Europa Oriental. Este
hecho originó la posibilidad de concretar lo que se conoce como «globalización»
de la cuota. La misma se presenta cuando los importadores no pueden cubrir la
cuota asignada a un país con productos de dicho país y los importadores
solicitan al USDA, la reasignación de las cuotas individuales de los países
para permitir que la importación se realice desde cualquier origen. (Debe
tenerse presente que la cuota de cada país es asignada a los diferentes
importadores estadounidenses mediante las respectivas licencias de
importación).
En este
punto el gobierno argentino realizó una especie de intermediación, a la vez que
solicitó al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la demora
de los plazos para la globalización de la cuota argentina de quesos, instó a
los exportadores nacionales al cumplimiento de los niveles de venta
comprometidos.
Argentina
es el 13er. productor mundial de tabaco y el 10mo. exportador a escala
mundial, sobre ese total la tercera parte de la producción y la mitad de las
ventas se dirigían al mercado estadounidense. En 1993 Estados Unidos impuso
a través de la Ley de Reconciliación Presupuestaria restricciones a las importaciones
de tabaco, afectando las exportaciones argentinas en casi un 50% (en 1993
se exportaron U$S 62,5 millones que disminuyeron a U$S 38 millones en 1994).
Ante esta situación Argentina negoció en el marco de la Ronda Uruguay del
GATT una cuota arancelaria de 12.000 tn para el período 95/97, 11.000 tn en
1998 y 10750 tn a partir de 1999. El gobierno argentino consideró que si Estados
Unidos era el que imponía restricciones arancelarias nuestro país debía obtener
como mínimo la administración de la cuota a través de la emisión de los certificados
de origen. Por tal motivo durante las negociaciones llevadas a cabo en Washington
y ratificadas en Ginebra a través del Memorándum de Entendimiento y Cartas
Anexas firmadas el 9 de agosto de 1995, Estados Unidos accedió a la petición
argentina. Durante 1996 el gobierno nacional insistió a fin de que el compromiso
se hiciera efectivo.
Argentina
se abocó durante el año 1996 a la realización de estudios técnicos destinados
a la definición de áreas libres de cancrosis y otras enfermedades de cítricos
argentinos, con el objeto de ingresar en el mercado estadounidense aprovechando
las condiciones que brinda la contraestación. El objetivo del gobierno nacional
abarcaba una labor doméstica consistente en lograr que se aplicaran a la producción
los tratamientos aconsejados por el IASCAV y una tarea externa dirigida a
obtener una atención prioritaria del USDA en el momento en que el IASCAV estuviera
en condiciones de presentar los informes correspondientes.
Debido
a una modificación de la importancia estratégica otorgada al extracto de
quebracho, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos inició una
venta moderada de los stocks acumulados. Sin embargo en 1993 la política de
gradualismo desapareció y los volúmenes ofrecidos en licitaciones públicas
se incrementaron dramáticamente pasando de un promedio de 500 tn a 5000 tn
en el año 1994. Como era de esperar esto afectó las exportaciones argentinas
debido a la consecuente caída de los precios por debajo de las cotizaciones
del mercado mundial, originando la pérdida de uno de los principales mercados
para la colocación de dicho producto. En encuentros con representantes del
sector las autoridades nacionales acordaron insistir en una presentación oficial
con el propósito de evitar daños mayores y negociar una liberalización moderada
de los stocks existentes.
No
obstante ello la reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de cerrar
bases militares afectará los intereses de las industrias de procesamiento de quebracho
nacionales.
Referencia
aparte merece la apoyatura gubernamental realizada a las empresas nacionales
acusadas de dumping, tal el supuesto de la actual investigación sobre
los tubos llamados OCTC, para la cual se había fijado el 28 de julio de 1995
un margen de dumping para Siderca y otras empresas de 1,36%. Como resultado
de tales investigaciones la aplicación de un derecho antidumping del 1,36%
a los tubos para la industria petrolera exportados por Siderca, se encontraba
en 1996 a consideración de la Corte de Comercio Internacional de Nueva York,
donde el Departamento de Comercio es parte interesada4 .
Teniendo
en cuenta que el margen antidumping aludido está por debajo del mínimo del 2%
fijado por la Ronda Uruguay, puede concluirse que estas acciones se enmarcan en
el conjunto de presiones efectuadas por Washington, las que sugieren una
evidencia más de disconformidad con la legislación nacional respecto de temas
de propiedad intelectual.
La
inversión norteamericana en Argentina.
Los capitales
norteamericanos jugaron un rol muy significativo a lo largo de 1996. Sus aportes
habían sido importantes durante la primera etapa de las privatizaciones, pero
se desdibujaron en el marco de la suma de las inversiones europeas. Sin embargo,
en la etapa pos-privatización Estados Unidos se ha convertido en el inversor
extranjero por excelencia.
El marco
jurídico de la relación económica bilateral en lo que se refiere a inversiones
está dado por el Acuerdo de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones firmado
en 1991 y cuya modificación efectuada por ley 24.356 incluyó al sector de
minería como rubro amparado por aquél. Los datos brindados por el Centro de
Estudios para la Producción dependiente de la Secretaría de Comercio, Industria
y Minería indican que si se incluyen privatizaciones y sector financiero a
partir de 1990 se han concretado inversiones por U$S 10.661 millones, otras por
valor de U$S 6150 millones están en desarrollo y han sido proyectadas hasta el
año 2000 en la suma de U$S 2977 millones. Entre los sectores que lideran el
ranking de inversiones aparecen las comunicaciones; química y petroquímica;
comercio; alimentos y bebidas; oleoductos y gasoductos; electricidad, gas y
vapor; automotriz y autopartes; actividades extractivas y transporte aéreo
(Cuadro IV). Reafirmando esta tendencia la embajada argentina en Washington
señala que en números aproximados se han concretado unos U$S 8.000 millones en
inversiones entre 1991 y fines de 1996, a lo que hay que sumarle unos U$S 2000
millones de capitales financieros5 .
Sin embargo,
la continuidad de esta corriente de inversiones directas se mantendrá supeditada
a la evolución de otros temas centrales de la agenda bilateral: la lucha contra
la corrupción y la seguridad jurídica.
En
función de lo dicho anteriormente cabe recordar que el año 1996 no estuvo
exento de asperezas en la agenda económica bilateral, fundamentalmente en el
área de privatizaciones. La disputa que años anteriores había agrupado a
Cavallo y Cheek por una parte y a Senadores por la otra, cobró notoriedad con
el perfil cada vez más relevante de la figura del empresario Yabrán, acusado
por el ex-ministro de ejercer presiones sobre la ley de privatizaciones de la
Empresa Correo Argentino en favor de las suyas y en detrimento de las extranjeras,
particularmente de la Federal Express.
Iniciando
1996, el empresario telepostal hizo circular en los Estados Unidos un documento
con el que pretendía reivindicar su buen nombre, dañado severamente según
indica en aquél, por las acusaciones del Cavallo sobre su vinculación con las
mafias.
Independientemente
de las gestiones realizadas por Yabrán, la embajada de Estados Unidos en Buenos
Aires, mantuvo su posición en torno a la necesidad de garantizar una
competencia legítima e igualitaria para todas las empresas que pretendieran
participar del proceso licitatorio. Consecuentemente, en mayo de 1996,
Wenceslao Bunge- vocero oficial del empresario-, mantuvo una reunión con Ann
Patterson a cargo de los Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado,
durante la cual elevó sus quejas por expresiones del embajador Cheek que
habrían afectado intereses de Yabrán. Por su parte Cheek tomó con sorpresa y
desdén la crítica presentada ante el Departamento de Estado, mientras Lee
McClenny, encargado de Relaciones Públicas del área Latinoamericana del
Departamento de Estado, manifestó su apoyo al embajador en relación a la
propuesto.
Fuera
del ámbito de las privatizaciones uno de los casos más conflictivos fue lo
acaecido como consecuencia de la acción de corrupción descubierta en el caso
IBM-Banco Nación. Si bien, el tema está aún en manos de la justicia,
resulta evidente tanto el cobro de retornos por parte de funcionarios argentinos
como el hecho que la sucursal y la casa matriz de IBM estaban al tanto de
la operación. En este marco, la justicia argentina ha solicitado en dos ocasiones
durante 1996 (junio y octubre respectivamente) a la autoridades correspondientes
en Estados Unidos - invocando los términos del Tratado de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales- información sobre el movimiento de cuentas bancarias
en las que, según las evidencias, transitó parte del dinero ilegal. Hasta
el presente no se ha efectivizado la respuesta estadounidense. Esta situación
es preocupante en tanto marca una dicotomía entre la preocupación de la administración
Clinton por combatir la corrupción y la falta de predisposición para brindar
información para la resolución de un caso, donde además de argentinos, está
involucrada una de las más famosas empresas norteamericanas.
Por otra
parte y ya en la segunda etapa de privatizaciones, aparecieron algunos inconvenientes
vinculados con la privatización de los aeropuertos. La primera parte
de la operatoria fue un concurso para seleccionar la consultora encargada
de diseñar los pliegos, bases y condiciones de la privatización. Dicho concurso
fue ganado por la Unión de Bancos Suizos, mientras que Salomon Brothers -informada
sobre la existencia de un fallo dividido entre los miembros de la Comisión
de Selección- decidió impugnar la licitación, sin éxito. Superado este trámite,
durante junio de 1997 se operó la apertura del período de la venta de los
pliegos respectivos. Está por verse si las compañías estadounidense que habían
manifestado interés participarán o no del negocio.
Negociaciones
comerciales multilaterales: Area de Libre Comercio de las Américas.
De acuerdo
a las declaraciones del gobierno argentino, el objetivo de crear un área de
libre comercio para el año 2005 desde Alaska hasta Tierra del Fuego, involucra
una acción previa muy compleja. En este sentido, 1996 dejó en claro el compromiso
del gobierno argentino con el proyecto, el cual se vio reflejado en su activa
participación en cada uno de los grupos de trabajo consolidados en la Reunión
de Ministros de Comercio de Denver. Por otra parte desde el punto de vista
político y jurídico, el gobierno nacional consideró que los planes de acción
a seguir en el proceso de integración continental, en modo alguno podrán dañar
o afectar los procesos de integración en marcha y de los cuales Argentina
es parte, con especial atención al Mercado Común del Sur.
En
cumplimiento del cronograma establecido como consecuencia de la Cumbre de Miami
de 1994, el año 1996 fue testigo de la ll Reunión de Ministros de Comercio de
los países integrantes del ALCA, la que se desarrolló en Cartagena (Colombia)
en marzo de aquel año. A los Grupos de Trabajo creados en la l Reunión en
Denver en 1995, (acceso a mercados, procedimientos aduaneros y normas de
origen, normas y obstáculos técnicos al comercio, subsidios, antidumping y
derechos compensatorios, normas sanitarias y fitosanitarias, economías pequeñas
e inversiones) se sumaron los correspondientes a: servicios, compras
gubernamentales, propiedad intelectual y política de competencia.
La idea
de proteger Mercosur de eventuales efectos del proceso de integración
continental en caso que éste se llevara adelante en los términos y los plazos
que pretende Estados Unidos, ya había sido planteada a este país por los
estados signatarios de Mercosur en al Reunión del 4+1 realizada en Asunción del
Paraguay en mayo de 1995.
En esa
ocasión se puso de manifiesto las dificultades que conlleva la puesta en
práctica de las metas intermedias:» el Mercosur marcha con la velocidad que
puede, no con la que quiere; Brasil tiene en curso una reforma constitucional
que procura la apertura de su economía; Uruguay, como Argentina y Brasil han
optado por los plazos de transición que les brinda la Ronda Uruguay, o bien no
están dispuestos a negociar plazos más cortos si no hay una contrapartida
comercial equivalente (caso de las medidas aduaneras o de protección de la
propiedad intelectual)»6 . Además, en la Reunión se sostuvo que el
debate sobre cómo integrar las economías a nivel hemisférico involucra nuevas
problemáticas tal el caso del medio ambiente y la cuestión laboral. Por tanto
Argentina sostuvo: «Sin prejuzgar sobre una decisión definitiva debemos
enfatizar que no es admisible que se pretendan erigir nuevas barreras al
comercio so pretexto de argumentos ambientalistas o laborales»7 .
Estas
posiciones se plantearon nuevamente en la Reunión Hemisférica de Ministros de
Comercio llevada a cabo en Belo Horizonte en mayo de 1997, contrastando con las
que llevó Estados Unidos.
La
delegación de este país nuevamente insistió en su propuesta y planteó, tal como
ya había sido manifestado por funcionarios gubernamentales en distintos foros,
que ALCA debía concretarse sobre la base de acuerdos regionales comerciales existentes.
En este sentido cabe recordar que un mes antes de la Reunión en Belo Horizonte,
en ocasión de realizarse un foro sobre ALCA en la Universidad de Georgetown, el
Embajador Richard C. Brown, Coordinador de la Cumbre de las Américas en el
Departamento de Estado sostuvo que la búsqueda de un área de libre comercio las
Américas por parte de su país, «no es sólo una meta de política exterior, sino
que representa nuestros intereses nacionales cruciales» y agregó que: «ALCA se
basaría en acuerdos comerciales regionales ya existentes»8 .
Por otra
parte el Embajador señaló que quedaba mucho trabajo por hacer, básicamente
prepararse para las Cumbres venideras, pues en ellas se deberá negociar y
llevar a la práctica los términos del ALCA. Destacó que: «El punto de mayor
desacuerdo en la actualidad es el ritmo y la secuencia « de dichas
negociaciones9 .
Por su
parte las delegaciones Argentina y Brasilera aunaron criterios y dejaron en
claro que ALCA coexistiría con el Mercosur. Asimismo insistieron conjuntamente
con los otros estados de la región para que la administración Clinton obtuviese
del Congreso la autorización para negociar por la «vía rápida» (fast track).
Esto significa que la región tiene en claro que sólo la negociación con el
Poder Ejecutivo estadounidense permitirá la concreción del ALCA, pues una
eventual intervención del Congreso en el texto del acuerdo implicaría años de
negociaciones, discusiones y enmiendas las que no se condicen con la naturaleza
del proceso en cuestión. Negociar sin fast track de por medio implica
incluir indirectamente en la negociación a los lobbies estadounidenses con todo
su potencial.
Nora
Luzi
Coordinadora