CRONOLOGIA DOCUMENTAL

Informe de Comité de Derechos Humanos

 

Dinamarca

El Comité expresó su satisfacción en virtud de la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto tendiente a abolir la pena de muerte.

Tomó nota con agrado la ampliación de la jurisdicción del ombudsman, la creación a nivel nacional de distintas instituciones destinadas a la protección de los derechos humanos como el Consejo de Igualdad de Condiciones y la Junta de Igualdad Social y la amplia difusión y capacitación en materia de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden publico.

En cuanto a las minorías étnicas y lingüísticas, consideró favorable el reconocimiento de sus derechos sin discriminación, la creación de un sistema para investigar las denuncias contra la policía y la adopción de medidas jurídicas a fin de garantizar la igualdad del ejercicio de los derechos de la mujer. Solicitó la revisión de los medios de represión utilizados por la policía en manifestaciones multitudinarias.

Se mostró preocupado por la situación del pueblo indígena en Groenlandia, el cual ha sido desplazado de sus tierras por la instalación de una base militar con la consiguiente restricción de sus derechos.

En materia de recomendaciones instó al Estado a incorporar internamente las disposiciones del Pacto, garantizando así su aplicación directa. Sugirió que se examinen las disposiciones relativas a la residencia de familias extranjeras a fin de hacer efectivos los derechos consagrados en el Pacto.

Instó a la revisión de los plazos de prisión preventiva, del confinamiento en celda solitaria y del régimen de detención de los delincuentes, especialmente los enfermos mentales.

Subrayó, finalmente, la importancia de divulgar el Pacto y de presentar los informes solicitados por el comité en el plazo establecido.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Hong Kong)

El Comité acogió con agrado la labor de la delegación, compuesta en su mayoría por funcionarios del gobierno de Hong Kong, como también los informes detallados presentados por las organizaciones no gubernamentales, útiles para el análisis de la situación de los derechos humanos en el lugar. Se manifestó partidario de la presentación de informes por parte de Hong Kong, una vez que se encuentre definida la soberanía en favor de la República Popular China, por considerar que los tratados de derechos humanos se transfieren con el territorio y los Estados siguen obligados por el Pacto ratificado por el Estado predecesor.

Instó al gobierno del Reino Unido a garantizar la continua y efectiva aplicación de las disposiciones del Pacto de conformidad con la Declaración Conjunta y la Ley Federal.

Por último, recomendó al gobierno del Reino Unido que garantice a la población de Hong Kong el disfrute de sus derechos hasta el día 30 de junio de 1997.

Suiza

El Comité consideró sumamente importante que el Pacto forme parte de la legislación interna y que tanto particulares como los tribunales puedan invocar las disposiciones directamente. Expresó su satisfacción por la ratificación del Protocolo Facultativo y por el retiro de las reservas realizadas a algunos artículos.

Celebró la ampliación de las causales de discriminación acogidas por la jurisprudencia del Tribunal Federal, la incorporación al Código Penal Federal de disposiciones que reprimen la incitación al odio o a la discriminación racial de cualquier tipo, y la creación de una Comisión Federal sobre el racismo. Manifestó su agrado por el desarrollo de medidas tendientes a promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres mediante una ley que acelere los procesos por actos discriminatorios y la anulación de los despidos arbitrarios por esta causa.

Consideró como una falencia la extensión de los plazos de incomunicación y las malas condiciones en que se cumple la prisión preventiva.

Manifestó su inquietud en torno al sistema de adopción que se realiza en el extranjero, en virtud del cual debe hacerse una petición de adopción plena en Suiza que se extenderá por dos años y que faculta a los padres adoptivos a renunciar a la misma.

Por ultimo, observó la ausencia de disposiciones en materia de minorías a nivel constitucional.

Entre las sugerencias realizadas destacó el retiro de las reservas que restringen la garantía de no discriminación en todas las esferas, especialmente respecto de la mujer, realizando campañas educativas o de otra índole.

Instó al gobierno a hacer efectivas las garantías procesales en materia de detención, asistencia legal y control médico ante casos de apremio sufrido tanto por nacionales como extranjeros, y a establecer un sistema de denuncias a tal efecto.

Solicitó que se adecue la legislación interna a fin de garantizar la libre expresión tanto de nacionales como de extranjeros, en este último caso mediante intérpretes.

Gabón

El Comité manifestó el apoyo al gobierno a fines de establecer una democracia multipartidista y pluralista, por la supresión del sistema de sindicato único, y por la intención de establecer por ley una comisión nacional de derechos humanos encargada de su promoción y protección.

Consideró como motivos de preocupación, la no incorporación a nivel constitucional de algunos instrumentos en materia de derechos humanos, entre ellos el Pacto. También destacó la falta de salvaguardias e información sobre aquellos derechos que no pueden suspenderse durante la vigencia del estado de excepción.

Solicitó se garanticen el respeto de las disposiciones sobre el debido proceso, en particular, sobre la duración de detenciones, y se adapte la legislación a fin de abolir la pena capital. Creyó necesaria la capacitación de la policía en materia de derechos humanos y la transformación de la misma en un cuerpo civil que no dependa del Ministerio Militar de Defensa. Instó al Estado parte a adoptar medidas tendientes a garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Finalmente, expresó su preocupación por la situación de extranjeros y refugiados, quienes ven limitado su derecho a la libre circulación, como así también por la situación de las minorías quienes carecen del derecho a desarrollar su vida cultural, a profesar y practicar su religión y a emplear su propio idioma.

Con relación al tratamiento de los reclusos recomendó el respeto de las garantías contenidas en el Pacto al igual que la adopción de un sistema que agilice la investigación de denuncias de malos tratos por parte de los funcionarios policiales.

Como corolario recomendó la difusión de programas de derechos humanos en todos los idiomas hablados en el país y destinados a todos los sectores de la sociedad.

Perú

Consciente de la fuerte actitud discriminatoria hacia la mujer, el Comité estimó sumamente importante la creación del Ministerio de la Mujer y otros órganos afines cuyo objetivo es garantizar la igualdad de trato. Asimismo, consideró favorable la ratificación de instrumentos que sanciona la violencia hacia la misma.

Recibió con agrado la creación del Tribunal Constitucional y la Defensoría del pueblo, encargada entre otros aspectos del asesoramiento en caso de violencia y abuso contra niños y adolescentes.

Consideró como un grave retraso la exclusión del Pacto de la Constitución y la consiguiente desprotección de derechos en él consagrados, así como el manejo que de la Constitución a hecho el Estado parte, a fin de incumplir las obligaciones internacionales.

Destacó como preocupante la falta de legislación en materia de indemnización a quienes hayan sufrido violaciones a sus derechos, por la situación de los encarcelados sin un debido proceso y por aquellos que cumplan una condena impuesta por los tribunales militares. Por último se preocupó por las condiciones de detención de los procesados y condenados quienes son agrupados por criterios socioeconómicos.

Con motivo del reconocimiento del Protocolo Facultativo, se solicitó el envío de informes sobre las medidas tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos a los habitantes y la implementación de sanciones en caso de su violación.

Asimismo, instó a revisar las disposiciones de los códigos civil y penal en materia de matrimonio, la violación, el abuso sexual y la violencia contra la mujer a fin de que concuerden con las disposiciones del Pacto.

Considerando que Perú ha sido afectado por actividades terroristas y disturbios internos, recomendó que se asegure a los partidos políticos la actuación directa en el proceso de democratización mediante el ejercicio de los derechos inherentes a su actividad.

Alemania

En virtud de la reunificación alemana, el Comité se mostró complacido por el hecho de que la antigua República Democrática Alemana pueda disfrutar de los derechos reconocidos por el Pacto. Consideró loable la labor del Tribunal Constitucional Federal en cuanto a la protección de quienes han sufrido violaciones a sus derechos, la aprobación de leyes sobre igualdad de trato con la intención de erradicar las causas de discriminación hacia la mujer y por la acción del Estado a fin de oponerse al racismo, antisemitismo y xenofobia, todavía no logrado en su totalidad.

Destacó como positivo que el Estado haya facilitado la residencia de refugiados de Bosnia y garantizado la repatriación mediante el gobierno de dicho país y el ACNUR.

Manifestó su preocupación por las denuncias de apremios ilegales padecidas por minorías étnicas y extranjeros, y por la inexistencia de un efectivo mecanismo de investigación. Lamentó la formulación de una reserva hecha al Protocolo que excluye la competencia del Comité frente a casos de discriminación de cualquier índole.

Para finalizar, recomendó la adopción de programas de educación y capacitación en derechos humanos a fin de garantizar el respeto de lo establecido en el Pacto.

Bolivia

Si bien el gobierno se encuentra en un período de transición política, el Comité tomó nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Estado con el fin de afianzar el sistema democrático mediante la promulgación de la Constitución de 1994 con normas tendientes a proteger derechos civiles y políticos, la creación de un marco jurídico apropiado para sancionar la violación de las mismas. Destacó también la abolición de la pena de muerte, la calidad punible de la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Fue favorable la reinstalación del Ministerio de Justicia y la creación de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos.

Expresó su preocupación por la suspensión de las garantías durante el estado de sitio, la ineficacia de los medios de represión en caso de violación de los derechos personales y la falta de una ley de indemnización de las víctimas. Sintió especial preocupación por la violación de gran número de garantías procesales, como los principios de inocencia y de defensa, al igual que la falta de independencia del poder judicial.

Se preocupó por los frecuentes actos de discriminación en materia laboral que sufre la mujer y se interesó por la punibilidad del aborto. También repudió la explotación y el abandono de niños y la restricción en el ejercicio de los derechos a la libre asociación, reunión y expresión de los miembros de los sindicatos.

Instó al establecimiento de los mecanismos necesarios para lograr la concordancia de la legislación interna con el Pacto en materia de protección y educación en derechos humanos, especialmente de los miembros del ejército, abogados, etc.; también recomendó la investigación de denuncias por violencia policial y la situación penitenciaria.

Por último, exhortó al gobierno a adoptar los medios tendientes a garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la preservación a su cultura, idioma y su religión.

Georgia

El Comité consideró sumamente importante el hecho de que el Gobierno, si bien ha sufrido las consecuencias del antiguo régimen totalitario, haya logrado la entrada en vigor de la Constitución de 1995, y expresó su satisfacción por la creación del Tribunal Constitucional.

Destacó como motivos de preocupación la situación de la mujer, la cual sigue siendo objeto de discriminación en las esferas política y socioeconómica y por el hecho de que sea víctima de abortos mal practicados.

El tema de la ejecución de penas capitales concentró la atención en virtud de ser aplicables a un gran número de casos, a muchos de los cuales no les corresponde dicha pena. También preocupó la inobservancia de las garantías procesales, especialmente la que establece la posibilidad de revisión ante una instancia superior, la relación entre el Ministerio Fiscal y los jueces, por considerarla violatorio del principio de imparcialidad e independencia del poder judicial.

Entre las recomendaciones realizadas puntualizó la necesidad de garantizar la legitimidad y autoridad del Comité de Derechos Humanos y Relaciones Etnicas y de establecer como será el vinculo con el Defensor del Pueblo.

Instó a investigar y sancionar las denuncias por apremios policiales, revisar condenas dictadas con bases en confesiones obtenidas mediante torturas y modificar con carácter de urgencia la situación penitenciaria. Recomendó firmemente la modificación del Código Penal a fin de derogar las normas que facultan el sometimiento a juicio de los opositores políticos.

Finalmente, sugirió la adopción de medidas de protección hacia los menores, las mujeres y los trabajadores, como también establecer un programa de acción a fin de promover y proteger los derechos humanos.

Colombia

El Comité celebró el interés del Estado por proteger los derechos inherentes a la personalidad humana mediante la incorporación de instrumentos internacionales como legislación interna, la ratificación de tratados sobre derecho humanitario y el establecimiento de distintas oficinas como las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Reconoció la importancia de la aprobación de un nuevo Código de la Policía al igual que la reestructuración operada en la materia. Asimismo, acogió con agrado la tarea desplegada en materia de desapariciones forzadas de personas y la concesión de recursos para casos de violación y la aprobación de leyes para indemnización de las víctimas.

Habida cuenta de que el Estado sigue siendo víctima del conflicto armado, deploró la práctica de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones por parte de fuerzas armadas y grupos paramilitares. Manifestó su preocupación por la grave situación de violencia y discriminación padecida por la mujer y el elevado número de muerte por abortos.

Consideró muy grave la suspensión de las garantías de los derechos durante el estado de sitio. Por considerar extremadamente preocupante estas situaciones, recomendó el establecimiento de un proceso de reconciliación nacional y la capacitación en materia de derechos humanos de todas las fuerzas de seguridad. Especialmente, instó al Estado parte a garantizar la protección y el libre ejercicio de los derechos inherentes a la actividad de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas entre otros. Solicitó que se deslinde la jurisdicción de los tribunales civiles y militares, a fin de que cada uno actúe en la esfera de su competencia. Exhortó al Gobierno a que preste atención a la situación de los detenidos a fin de otorgarles un trato digno.

Por último, exigió que se adopten todas las medidas a fin de hacer efectiva la protección de los niños involucrados en conflictos guerrilleros, como así también de los indígenas que sufran esa situación.