Anuario de Relaciones Internacionales, Año 1999

Grupo Parlamentario Argentino
99° Conferencia Interparlamentaria

La prevención de los conflictos y el restablecimiento de la paz y de la confianza en los países que salen de una guerra; el regreso de los refugiados a su país, el reforzamiento del proceso de democratización y la aceleración de la reconstrucción.

Windhoek (Namibia), del 6 al 11 de abril de 1998

La 99° Conferencia Interparlamentaria.

1) .Consciente de que, a pesar de la puesta en práctica de mecanismos de prevención de conflictos y del éxito creciente de la diplomacia preventiva, continúan produciéndose conflictos armados y los procesos de normalización y de recuperación tras la guerra exigen ayuda y apoyo internacional permanente,

2) Profundamente preocupada por el hecho de que, debido a la lentitud de la normalización y de la recuperación de la guerra de diversas regiones en crisis del mundo, la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales estén amenazadas,

3) Recordando las resoluciones pertinentes aprobadas por la Unión Interparlamentaria, entre ellas las tituladas: "Respeto del Derecho internacional humanitario y apoyo a la acción humanitaria en los conflictos armados", "Prevención de conflictos, mantenimiento y consolidación de la paz: papel y medios de las Naciones Unidas y de los organismos regionales", "La protección de minorías cuestión universal y condición indispensable para la estabilidad, la seguridad y la paz" y "Cooperación para la paz y la estabilidad regionales y mundiales así como para el respeto de la soberanía y de la independencia de los Estados en todas sus formas", aprobadas respectivamente por la por la, 90°, 91°, 95° y 97° Conferencias Interparlamentarias"

4) Considerando que no solamente la guerra, la inestabilidad política y la opresión, sino también la miseria y las dificultades económicas desencadenan movimientos de refugiados, y consciente de que la pobreza, en particular cuando se añade a divisiones étnicas o políticas y a la opresión política ofrecen un terreno favorable para los que buscan fomentar una oposición violenta a los gobiernos,

5) Recordando asimismo las Conclusiones n° 18 (XXXI) de 1980, n° 40 (XXXVI) de 1985, n° 56 (XL) de 1989, n° 74 (XLV) de 1984, n° 80 (XLVII) de 1986 y n° 81 (XLVIII) de 1997 aprobadas por el Comité Ejecutivo del Alto Comisario de Naciones Unidas para los Refugiados para la protección internacional, y deseando además subrayar:

a) el derecho fundamental de los refugiados al regreso voluntario con seguridad y dignidad;

b) el derecho de los refugiados que regresan a su país de ejercer todos sus derechos constitucionales, incluidos todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948;

c) la necesidad para la comunidad internacional de proporcionar un apoyo adecuado para facilitar la reintegración de los repatriados, de las personas desplazadas al interior y fuera de su país y de los soldados desmovilizados,

6) Observando que la conducta democrática de los asuntos públicos, el gobierno transparente y responsable, el fortalecimiento de los procesos electorales, la continuación del desarrollo social y económico y el respeto de los derechos fundamentales de la persona no solo favorecen la prevención de los conflictos, sino también el restablecimiento de la paz en los países que salen de una guerra,

7) Reconociendo el papel preeminente que desempeña la Organización de Naciones Unidas y las organizaciones regionales en materia de prevención de conflictos y del restablecimiento de la paz, de desarrollo económico y social permanente y de promoción de los derechos humanos fundamentales,

8) Reconociendo asimismo la importancia de poner en práctica todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relativas a los conflictos;

9) Recordando los documentos pertinentes de Naciones Unidas, en particular "Agenda para la paz" y su suplemento, "Agenda para el desarrollo" y "Agenda para la democratización" establecidos por el Secretario General de la ONU, así como las resoluciones 52/18 y 52/129 de la Asamblea General, de fecha 15 de enero de 1998 y de 12 de diciembre de 1997, respectivamente.

10) Teniendo en cuenta la Declaración y el Programa de acción de Beijing aprobados por los Estados participantes en la cuarta Conferencia mundial sobre las mujeres organizada por Naciones Unidas en 1995, y convencida de que la instauración y el mantenimiento de la paz y de la seguridad exigen la total participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, de la prevención de conflictos y su solución, así como de todas las demás iniciativas de paz,

11) Subrayando la necesidad de consolidar la seguridad y la paz internacionales a través del desarme, especialmente el desarme nuclear que conduzca a la eliminación de todas las armas nucleares, y de imponer restricciones cuantitativas y cualitativas a la carrera de armamentos, y recordando a este efecto la resolución de la 85a Conferencia Interparlamentaria (Pyongyang, abril de 1991), titulada: "Necesidad de prevenir la proliferación de las armas nucleares y otras formas de destrucción masiva, de lograr la seguridad de todos los Estados y de reforzar las medidas de confianza en el marco del proceso de desarme"

12) Subrayando que la inmensa mayoría de ventas de armas a los países en desarrollo se realizan por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU,

13) Estimando que el restablecimiento de la paz, el regreso de los refugiados, la rehabilitación de la tierra e incluso la recuperación económica sería facilitada por la prohibición del uso, almacenamiento, producción y traslado de minas antipersonales y por su destrucción de conformidad con las resoluciones de la Unión Interparlamentaria sobre la cuestión (Beijing, septiembre de 1996 y El Cairo, septiembre de 1997),

14) Tomando nota con gran interés del contenido de la declaración hecha el 6 de abril en la Conferencia por el director General de la UNESCO, Don. Federico Mayor,

15) Comprobando cuánto importa promover todos los elementos constitutivos de una verdadera "cultura de la paz" y deseando que sea plenamente reconocido el derecho a la paz inherente a todo individuo y a toda sociedad, y fundamento de su cultura,

16) Exhortando a los parlamentos a desempeñar su verdadero papel legislando eficazmente para lograr los objetivos de la presente resolución y teniendo al ejecutivo por responsable de su acción a este respecto,

A. Conflictos y prevención de conflictos

1. pide que se establezca y ponga en práctica, por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales interesadas, un sistema internacional que permita prevenir las agresiones, abordando las causas profundas de los problemas, y pide encarecidamente a estas organizaciones que procedan, con este fin, a una reflexión profunda sobre las condiciones que se han de reunir y sobre los medios a utilizar para que la prevención de los conflictos se asegure de manera más eficaz que en el pasado;

2. pide insistentemente a todos los países apoyar al Secretario General de la ONU en sus esfuerzos de reforma y de refuerzo de los mecanismos de la Organización que intervienen en la prevención de los conflictos y la alerta rápida;

3. subraya la necesidad de evitar recurrir a criterios diferentes a los puestos en práctica mediante resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU;

4. insiste sobre el hecho de que ningún Estado o grupo cerrado de Estados tiene el derecho de monopolizar la solución de los conflictos en el mundo entero, en particular utilizando la amenaza de la fuerza o de la acción militar, y que toda tentativa en este sentido debe ser condenada por la comunidad mundial;

5. insta a los Estados que no lo hayan hecho todavía a firmar la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y traslado de minas antipersonales y sobre su destrucción (Ottawa, diciembre de 1997) y pide a los Estados firmantes que la ratifiquen lo antes posible para que pueda entrar en vigor rápidamente; e invita encarecidamente a los Estados a facilitar la puesta en práctica de la Convención, en lo que concierne, en particular, a las operaciones de limpieza de minas con fines humanitarios y de ayuda a las víctimas;

6. exhorta a los Estados a reafirmar que su violación en el marco de los conflictos armados constituye un crimen de guerra y, en algunos casos, un delito contra la humanidad y un acto de genocidio, como lo define la Convención de 1951 para la prevención y la represión del delito de genocidio, a tomar todas las medidas precisas para proteger a las mujeres y a los niños contra estos actos y a reforzar los mecanismos que permitan buscar a los culpables, procesarlos y castigarlos;

7. subraya la necesidad de establecer o restaurar el control civil sobre la sociedad como medida esencial hacia el restablecimiento de la paz y la confianza;

8. pide asimismo a los gobiernos y a todas las demás partes interesadas que pongan fin a las ventas de armas que conducen a guerras y conflictos;

9. subraya la importancia de las redes de ONG nacionales y regionales activas en el plano de la prevención de conflictos y del restablecimiento de la paz;

B Restablecimiento de la paz y de la confianza

1. condena el recurso a la fuerza militar contra los pueblos que ejercen su derecho a la autodeterminación;

2. emplaza a la Organización de Naciones Unidas a apoyar a las partes víctimas de conflictos, incluso si ellas no son sujetos de derecho internacional;

3. emplaza a las partes de los conflictos a entablar y mantener negociaciones directas, indispensables para la búsqueda de una solución pacífica;

4. está convencida de que el desarrollo de la democracia y la realización de los derechos humanos son los medios más seguros de prevenir los conflictos y de restablecer la confianza y la paz al salir de la guerra;

C Refugiados

  1. invita a todos los países, de origen y de asilo, a la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Refugiados (HCR) y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para permitir a los refugiados ejercer libremente su derecho a regresar, con seguridad y dignidad;
  2. pide a gobiernos y parlamentos que faciliten el regreso voluntario a su hogar, con el menor retraso, de los refugiados y personas desplazadas, así como su reinstalación e inserción; el desarme, la desmovilización y, asimismo, la formación y la reintegración en la vida civil de los antiguos combatientes, en particular de los niños soldados, así como la readaptación de las poblaciones traumatizadas, principalmente de las mujeres y de los niños;
  3. pide a la comunidad internacional que proporcione, a tiempo y con rapidez, ayuda humanitaria y apoyo a los países afectados por la afluencia de refugiados y personas desplazadas, y que les ayude sobre todo con el cuidado y mantenimiento de grandes poblaciones;
  4. pide a los gobiernos y parlamentos que consideren la adopción de medidas para garantizar la seguridad y los bienes de las personas desplazadas, incluidas las desplazadas al interior de su país, durante y después de su repatriación,
  5. invita encarecidamente a los gobiernos y parlamentos a condenar la utilización de refugiados como escudos humanos o como peones del tablero político en los conflictos armados,
  6. exhorta a los países donatarios a que promuevan la reconstrucción de las regiones afectadas por un conflicto, así como la integración de los refugiados que regresen a sus hogares, proporcionando ayuda generosa para garantizar la seguridad física, social, jurídica y material de los antiguos refugiados y de las personas desplazadas;
  7. recomienda a los organismos financieros internacionales que realicen acuerdos con condiciones generosas con los países que acojan a un número importante de refugiados;

D Procesos democráticos

1 subraya que el proceso de normalización exige ante todo la celebración, en cuanto sea posible, de elecciones libres y regulares en los países que salen de la guerra;

2 subraya que un parlamento libre y democráticamente elegido es condición indispensable para el refuerzo de la paz y para la prevención de nuevos conflictos;

3 pide a las partes y a las estructuras políticas que elijan sus dirigentes en función de su mérito;

4 concede la mayor importancia al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, a los derechos de las minorías y a la libertad de los medios de comunicación, como elementos principales para el refuerzo de los procesos democráticos,

5 exhorta a los gobiernos a incluir una asignatura sobre la tolerancia, los derechos humanos y la cultura de la paz en la educación oficial o privada;

 

E Reconstrucción

1. pide a los gobiernos y a los parlamentos que ayuden en la reconstrucción y desarrollo de infraestructuras y de capacidad productiva;

2. subraya la importancia de la reconciliación ínter-étnica para el proceso de normalización tras la guerra en los Estados multiétnicos.

99° CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA

Windhoek (Namibia), del 6 al 11 de septiembre de 1998

"Medidas de lucha contra los efectos devastadores del VIH/SIDA en los planos humano, económico y social"

La 99a Conferencia Interparlamentaria.

1) Recordando las precedentes resoluciones de la Unión Interparlamentaria relativas al VIH/SIDA, principalmente la de la 87a Conferencia (Yaundé, abril 1992),

2) Preocupada por la rapidez con la que la epidemia de VIH/SIDA se propaga en el mundo, principalmente en mujeres y niños,

3) Observando la creciente toma de conciencia sobre la gravedad del SIDA, enfermedad a la que cualquiera puede quedar expuesto, independientemente de su raza, edad, de la situación geográfica y del nivel de desarrollo económico o de bienestar social,

4) Subrayando el nefasto impacto del SIDA en los ámbitos social, económico y de desarrollo, que compromete el crecimiento económico mundial y amenaza la estabilidad política y social,

5) Reconociendo que encontrar equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de personas muy diversas es una enorme tarea legislativa a la que los parlamentos deben, sin embargo, hacer frente,

6) Sabiendo que las mujeres y los niños, así como los grupos desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico o jurídico, o los que no tienen estatuto legal, son menos conscientes de los riesgos de infección del virus del VIH/SIDA y, por tanto, más vulnerables, porque no tienen pleno acceso a la educación, a las atenciones sanitarias, a los servicios sociales v a otros medios de, prevención y de lucha, y consciente de que las consecuencias económicas y sociales de la epidemia de VIH/SIDA afectan a éstos de manera desproporcionada,

7) Convencida de que los poderes públicos, así como la sociedad en su conjunto, no deben escatimar esfuerzo alguno para evitar y contener la propagación del VIH/SIDA y atenuar el impacto de esta pandemia en el respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles.

8) Profundamente preocupada por la separación creciente producida entre los países desarrollados y en desarrollo desde el punto de vista de las posibilidades de localizar, catalogar, vigilar, tratar y asegurar la integración social de las personas que viven con el SIDA, hecho tanto más grave cuanto que la mayor parte de las personas afectadas viven en países en desarrollo,

9) Recordando a los Estados los compromisos que han tomado para promover y alentar el respeto a los derechos humanos en instrumentos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos sociales y culturales, el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación respecto a las mujeres, la Convención contra la tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes y la Convención relativa a los derechos del niño, así como las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración y el Programa de acción de Viena, la Declaración de Beijing y las resoluciones 1994/24 y 1997/52 del Consejo Económico y Social de la ONU, el Programa de acción de El Cairo, la Declaración de la Cumbre de París de fecha 1° de diciembre de 1994, la Declaración común de los Ministros de desarrollo del G-7 de fecha 1° de diciembre de 1997, y la Resolución de la Organización parlamentaria de la ASEAN (AIPO) sobre la protección de la salud y la lucha contra la propagación del VIH/SIDA aprobada en la 18a Asamblea General de la AIPO en Balí (Indonesia), en septiembre de 1997,

10) Consciente de que el VIH/SIDA no conoce fronteras y debe ser combatido mediante una acción común de la comunidad internacional y de organizaciones internacionales, en particular ONUSIDA y las organizaciones que la apoyan conjuntamente (Banco Mundial, FNUAP, OMS, PNUD, UNESCO, UNICEF),

11) Reafirmando los principales objetivos de la estrategia mundial del SIDA, aprobada por la OMS y por la Asamblea General de la ONU, a saber:

a) prevenir la infección del VIH;

b) reducir los efectos individuales y sociales de la infección;

c) movilizar y coordinar los esfuerzos nacionales e internacionales de lucha contra el SIDA.

12) Convencida de que es necesario actuar a escala mundial para asegurar que, a pesar de estar ya muy sobrecargados los presupuestos públicos, no se deben escatimar esfuerzos para reducir el número de nuevas infecciones,

13) Recordando que legislar sobre los derechos y obligaciones de las personas es una de las principales tareas de los parlamentos,

1. Exhorta a los parlamentarios a tener en cuanta la incidencia creciente que la epidemia de VIH/SIDA tiene sobre el desarrollo económico mundial y sobre la estabilidad social y política, y a tomar conciencia de las violaciones diarias que se producen de los derechos inalienables de los individuos,

2. Insta a todos los gobiernos, así como a las ONG, adoptar políticas de prevención del SIDA a largo plazo, oportunas, coherentes e integradas, poniendo en práctica programas de educación y de información específicamente adaptados a las necesidades de los diferentes grupos afectados, teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades culturales y religiosas, para hacer accesible a todos la información sobre las diversas vías de transmisión del SIDA e indicar los métodos que permitan evitar, o al menos reducir, el riesgo de infección;

3. Insta a los países más prósperos, conforme al principio de la solidaridad internacional, a ayudar a los países menos avanzados, a asumir las correspondientes cargas adicionales y a ofrecer apoyo financiero, ayuda técnica y apoyo social;

4. Pide a los gobiernos, a los organismos científicos y a la industria farmacéutica que cooperen a la financiación y refuerzo de la investigación sobre una vacuna contra el SIDA, como lo propone Iniciativa Internacional para una Vacuna contra el SIDA, e invita, principalmente a la industria farmacéutica, a invertir masivamente en esta investigación.

5. Pide negociaciones entre los países ricos y los países pobres a fin de definir los medios que permitan a cada enfermo beneficiarse del mejor tratamiento posible en el estado actual de los conocimientos médicos.

6. Pide a los países desarrollados, así como a las organizaciones internacionales y a las instituciones financieras internacionales, que destinen una parte de la ayuda al desarrollo de programas nacionales de lucha contra el SIDA de los países en desarrollo;

7. Exhorta a los gobiernos a garantizar la protección de los derechos humanos, poniendo en práctica las directivas aprobadas por la Segunda Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos (septiembre 1996). Una atención particular debe ser concedida a lo siguiente

a) Reexaminar y reformar las leyes existentes en materia de sanidad pública, a fin de velar para que éstas sean adaptadas a las cuestiones que plantea el VIH/SIDA, para que aquellas sean acordes con las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos (protección de la vida privada, confidencialidad, libertad y seguridad de todos) y para que las disposiciones concernientes a otras enfermedades transmisibles no sean aplicadas inadecuadamente

b) Reexaminar y reformar las leyes penales y los sistemas penitenciarios y velar para que estén de acuerdo con las obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, en particular con lo que concierne al VIH/SIDA;

c) Aprobar las leyes que consagran el respeto de los derechos humanos de las personas infectadas y afectadas por el VIH prohibiendo toda forma de discriminación en su contra, y afirmando su derecho a la enseñanza, al trabajo, a la vivienda y a los servicios sociales;

d) Asegurar el respeto de la vida privada, la confidencialidad y la ética en las investigaciones científicas sobre los seres humanos (consentimiento consciente, información y respeto de los individuos);

e) Velar para que los organismos públicos y el sector privado definan las reglas relativas al VIH/SIDA que traducen los principios de los derechos humanos en los códigos de responsabilidad y de práctica profesionales, y poner en practica mecanismos de vigilancia para asegurar su correcta aplicación;

8) Insta a los parlamentarios a defender la participación de todos los sectores de la sociedad, promoviendo la cooperación interinstitucional y multisectorial, incluidas las asociaciones entre sectores públicos y privados, como medio eficaz de hacer frente a la pandemia;

9) Insta a los parlamentarios a intensificar su acción legislativa, presupuestaria y de control en todos los campos de actividad que se relacionan con la prevención del VIH/ SIDA y a la lucha contra esta enfermedad;

10) Pide a ONUSIDA, en cooperación con la Secretaría de la Unión Interparlamentaria, que consulte a los parlamentos miembros de la Unión a fin de concluir el proyecto de guía sobre el VIH/SIDA, la ley y los derechos humanos y que lo difunda como instrumento de referencia para la adopción de normas legales, debiendo presentarse un informe sobre esta cuestión en la próxima Conferencia de la Unión en Moscú,

11) Exhorta a los legisladores a velar para que el problema del VIH/SIDA sea tenido en todo momento en consideración en los procesos de toma de decisiones, asociando a los mismos al mayor número posible de partes implicadas, incluyendo a las personas que viven con el SIDA y sus familiares, y a que prevean el reparto y la difusión de todas las informaciones pertinentes sobre las políticas y las cuestiones médicas y sociales;

12) Pide a los gobiernos que supriman las eventuales vías de contagio en el marco de los servicios sanitarios, a saber, utilizando exclusivamente sangre y derivados cuya salubridad esté garantizada, utilizando jeringuillas hipodérmicas desechables y asegurando un estricto cumplimiento de todas las reglas de higiene, incluido el establecimiento de programas de cambio de agujas y de jeringuillas, e invita a los países desarrollados a aportar su apoyo material y técnico a los países en desarrollo en este respecto; sobre el

13) Insta a los parlamentos de la Unión a crear grupos parlamentarios no partidistas VIH/SIDA para garantizar un diálogo continuo, consultas y debate, así como actividades de formación, con el fin de tener mejor conocimiento de la epidemia y de promover un consenso sobre la política nacional en materia de SIDA.

99° CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA

Windhoek (Namibia), del 6 al 11 de abril de 1998

"La situación en Kosovo - medidas adecuadas para asegurar una solución pacifica permanente de la crisis"

La 99a Conferencia Interparlamentaria,

1) Profundamente preocupada por la situación actual de Kosovo, provincia de la República Federal de Yugoslavia, que origina incertidumbre y una inquietud justificada en los países vecinos

2) Condenando la escalada de terrorismo y de represión durante las últimas semanas, que ha ocasionado gran número de muertos en Kosovo, entre los que figuran mujeres y niños.

3) Considerando la resolución 1160 del Consejo de Seguridad de la ONU de fecha 31 de marzo de 1998 como la base sobre la que deben considerarse eventuales medidas susceptibles de lograr un acuerdo duradero y pacífico de la crisis.

4) Teniendo en cuenta con satisfacción las declaraciones de los Ministerios de Asuntos Exteriores de Alemania, de Estados Unidos de América, de la Federación de Rusia, de Francia, de Italia y del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (el Grupo de contacto) de 9 y 25 de marzo de 1998,

5) Apoyando los esfuerzos y las decisiones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de los países vecinos, así como otras medidas tendentes a asegurar una solución pacífica y equitativa en Kosovo,

6) Consciente de los avances que se han producido en la aplicación de las medidas enunciadas en las declaraciones del Grupo de contacto de 9 y 25 de marzo de 1998, pero subrayando que estos progresos deben continuar,

7) Apoyando la misión que la Unión Europea y la (OSCE), acaban de confiar al ex primer ministro de España, Don Felipe González,

8) Afirmando el respeto del principio del mantenimiento de la soberanía y de la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia,

9) Convencida de que la situación de los Derechos Humanos en Kosovo y el riesgo de desestabilización creciente en el conjunto de la región de los Balcanes pueden tener consecuencias sobre los intereses legítimos de la comunidad internacional, no siendo la menor de ellas el movimiento de refugiados asociado a esta situación,

1 Exhorta a todas las partes del conflicto a atenerse al principio de la no violencia y abstenerse de actos de provocación.

2 Pide a las partes del conflicto que emprendan inmediatamente una mediación y cooperen sin condiciones con la comunidad internacional para resolver el conflicto;

3 Hace un llamamiento a todos los observadores exteriores para que se abstengan de apoyar las actividades terroristas proporcionando fondos, armas y otros materiales, o facilitando formación para su utilización;

4 Ve en los esfuerzos para consolidar una evolución positiva de los análisis sobre la crisis de Kosovo un objetivo importante de la comunidad internacional;

5. Expresa su adhesión a la resolución 1160 del Consejo de Seguridad de la ONU de fecha 31 de marzo de 1998 e insta a los parlamentos del mundo entero y a la Unión Interparlamentaria a utilizar todos los recursos a su alcance para que los gobiernos apliquen plenamente todas las disposiciones de la citada resolución, incluyendo la que prevé una verdadera autonomía administrativa de Kosovo;

6 Pide la retirada inmediata de las fuerzas especiales de policía serbio así como la detención de las operaciones dirigidas contra la población civil y las medidas de control excesivas;

7 Pide asimismo que todas las organizaciones humanitarias puedan tener libre acceso a Kosovo permanentemente.

99° CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA

Windhoek (Namibia), del 6 al 11 de abril de 1998

"La deuda exterior como factor Imitador de la inserción de los países del Tercer Mundo en el proceso de mundialización"*

La 99° Conferencia Interparlamentaria,

1) . Considerando la vertiginosa rapidez del proceso de mundialización, que afecta a todos los países sea cual sea su capacidad para hacer frente a aquél.

2). Consciente de que la carga de la deuda exterior limita las posibilidades del Tercer Mundo para integrarse convenientemente en el proceso de mundialización.

3) Considerando que puesto que los países deudores no se han negado nunca a eliminar su deuda, es indispensable que la Asamblea General de Naciones Unidas establezca mecanismos que les permitan efectuar este reembolso sin que su población sea penalizada.

4) Preocupada por la crisis económica en los países deudores en general, que agrava las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales, que, en última instancia, afecta principalmente a las poblaciones de estos países, y que tiene consecuencias particularmente nefastas sobre los niños, las mujeres, las poblaciones autóctonas y las minorías,

5) Sabiendo que las economías de los países acreedores se benefician grandemente de las exportaciones con destino a los países deudores,

6) Teniendo en cuenta la necesidad de dedicarse a los difíciles problemas Norte-Sur, así como a la cuestión de la responsabilidad recíproca, y convencida de que es posible enfrentarse eficazmente a la crisis de la deuda en el seno de una instancia mundial que reagrupe a todas las partes interesadas, acreedores y deudores, dado que el elevado peso de la deuda lleva, de forma persistente, a los países deudores a no poder atender sus obligaciones de reembolso, lo que es una amenaza para la economía mundial,

7) consciente de que, en un mundo afectado por el proceso de mundialización, más de mil millones de personas viven en la pobreza absoluta y son marginadas en la sociedad, viéndose así imposibilitadas para participar en la vida económica productiva,

8) Sabiendo que los intereses de la deuda de buen número de países sobrepasan la totalidad del presupuesto nacional que éstos consagran a la educación, a la vivienda, a la sanidad, al medio ambiente y a las actividades sociales y económicas correspondientes, y que absorben un porcentaje excesivo de sus ingresos anuales de divisas, privando así de los fondos necesarios a las iniciativas económicas y al desarrollo humano, lo que amenaza la estabilidad política y el desarrollo democrático, agravando los conflictos,

1 Reafirma el apoyo del sistema parlamentario mundial a los esfuerzos que hacen los países del Tercer Mundo para encontrar una solución viable y oportuna al problema de la deuda exterior -en parte gracias al refuerzo de la iniciativa FMI/Banco Mundial ((HIPC)) a favor de los países en desarrollo y apoya la cancelación o la fuerte reducción de la deuda con motivo del Jubileo del año 2000, a fin de que el nuevo milenio comience en mejores condiciones para las poblaciones afectadas.

2. Pide a los gobiernos de los países representados en la Unión Interparlamentaria, por medio de sus embajadores cerca de la Organización de Naciones Unidas, que susciten un debate en el curso de la próxima Asamblea General sobre el problema universal de la deuda;

3. Insta a la Comunidad Internacional a estudiar favorablemente, en el seno de la ONU, el concepto innovador de conversión de la deuda a favor de pagos en especie.

4. Pide a la Asamblea General de Naciones Unidas que trate de solicitar del Tribunal Internacional de Arbitraje de la Haya un dictamen sobre la manera en que se ha contraído una parte de la deuda.

5. Recomienda a los países del tercer mundo, mediante una gestión colectiva, adoptar los principios comunes para negociar y encontrar soluciones viables con las instituciones financieras internacionales y los países acreedores, de manera que se alcance una transferencia neta de recursos favorable a los países deudores, así como la modificación de condiciones a las que están sometidos;

6 Insta a los acreedores a que cooperen con los países deudores -en particular con los países pobres fuertemente endeudados - a fin de que puedan asegurar la atención de su deuda, teniendo en cuenta el hecho de que los recursos afectados por ella son desviados de la inversión en educación, sanidad y vivienda, lo que aumenta los alarmantes índices de pobreza que ostenta el tercer mundo; y subraya que los acreedores deben comprender que el progreso de las economías del mundo en desarrollo entrañará reajustes en el escenario internacional, del que lograrán, indudablemente, ventajas considerables;

7 Pide de nuevo que el BIRD/Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sean dotados de instituciones parlamentarias que observen y sigan sus actividades y que se aseguren de que sus políticas tienen en cuenta la responsabilidad conjunta de los países deudores y acreedores a fin de:

\ favorecer en el tercer mundo un desarrollo permanente, socialmente justo y respetuoso del medio ambiente, acentuando, en particular, los derechos humanos, la democracia y una reducción de los gastos militares;

\ asociar los países beneficiarios, y en particular a sus poblaciones, a todas las etapas de la planificación y de la realización de proyectos, para que éstos tengan una "dimensión humana" fundamental

\ evitar la degradación de las condiciones de vida y de los derechos fundamentales de los hombres, las mujeres y de los niños, asegurándoles servicios de sanidad y educación básicos, y aumentando la capacidad de producción.

 

ACCION PARLAMENTARIA PARA IA ENTRADA EN VIGOR Y LA APLICACION DE LA CONVENCION DE OTTAWA SOBRE LA PROHIBICION DE LAS MINAS ANTIPERSONAS

Resolución adoptada por el Consejo Interparlamentario durante su 162a sesión (Windhoek, 11 de abril de 1998)

El Consejo Interparlamentario

Refiriéndose a la resolución titulada "Respeto del Derecho Internacional Humanitario y Prohibición de las Minas Antipersonas", adoptada en su 161a sesión, celebrada en El Cairo en Septiembre de 1997,

1. Acoge con satisfacción la adopción de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonas y de su Destrucción, con ocasión de la sesión Prohibición Completa de las Minas Antipersonas: Conferencia de firma del Tratado y Foro de Acción Contra las Minas, celebrados en Ottawa del 2 al 4 de diciembre;

2. Ruega encarecidamente a todos los Gobiernos y Parlamentos que adopten las medidas necesarias para la ratificación de la Convención tan pronto como sea posible, con el objeto de asegurar que el tratado entre rápidamente en vigor, y obrar para que se adopten las leyes y reglamentos de habilitación necesarios para asegurar el pleno respeto de sus disposiciones,

3. Pide una vez más a todos los Estados y demás partes en conflictos armados, que contribuyan de manera continua a los esfuerzos internacionales para la limpieza de minas, y alienta una vez más a los Estados para que alimenten el Fondo de contribuciones voluntarias de Naciones Unidas para la remoción de minas;

4. Pide asimismo una vez más a los Gobiernos y a los Parlamentos de los países concernidos, que tomen medidas adicionales para promover programas de sensibilización sobre las minas (en particular programas concebidos en función de la edad y el sexo), con el fin de reducir así el número y aliviar la aflicción de las víctimas civiles;

5. Ruega también una vez más a los Gobiernos y los Parlamentos de los países concernidos, para que liberen los créditos suficientes para el tratamiento y la readaptación de las víctimas de las minas terrestres;

6. Exhorta a los miembros de la Unión Interparlamentaria a aportar respuestas detalladas al cuestionario que les envió el Comité Encargado de Promover el Respeto del Derecho Internacional Humanitario, para que este órgano subsidiario pueda así presentarle, en su 163a sesión (Moscú, septiembre de 1998), un informe completo de evaluación de la acción parlamentaria nacional sobre la cuestión de las minas antipersonas.