Asuntos contenciosos presentados a la Corte

El 17 de mayo de 1989 la República Islámica del Irán presentó una solicitud a la Secretaría de la Corte, a los efectos de que se incoara un procedimiento contra los Estados Unidos de América; en la solicitud se indicaba que la Corte tenía competencia en virtud de las disposiciones del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, de 1944, y el Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 1971.

En su solicitud, la República Islámica del Irán se refería a:

La República Islámica del Irán afirmaba que,

En su solicitud, el Gobierno de la República Islámica del Irán pedía a la Corte que declarase que:

El 13 de diciembre de 1989 la Corte, atendidas las opiniones expresadas por las Partes, fijó el 12 de junio de 1990 como plazo para la presentación de la memoria de la República Islámica del Irán y el 10 de diciembre de 1990 como plazo para la presentación de la contramemoria de los Estados Unidos de América (Reports 1989, pág. 132). El Magistrado Oda agregó una declaración a la providencia de la Corte (ibíd., pág. 135); los Magistrados Schwebel y Shahabuddeen agregaron opiniones separadas (ibíd., págs. 136 y 145).

Mediante providencia de 12 de junio de 1990, dictada a petición de la República Islámica del Irán, y después de haber recabado la opinión de los Estados Unidos de América, el Presidente de la Corte prorrogó hasta el 24 de julio de 1990 el plazo para la presentación de la memoria de la República Islámica del Irán y hasta el 4 de marzo de 1991 el plazo para la presentación de la contramemoria de los Estados Unidos de América (Reports 1990, pág. 86). La memoria se presentó dentro del plazo establecido.

El 4 de marzo de 1991, y dentro del plazo fijado para la presentación de su contramemoria, los Estados Unidos de América formularon algunas excepciones preliminares en relación con la competencia de la Corte. De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 79 del Reglamento de la Corte, se suspendió el procedimiento sobre el fondo, tras de lo cual había que fijar un plazo para que la otra Parte presentara una exposición escrita con sus observaciones y conclusiones sobre las excepciones preliminares. Mediante providencia de 9 de abril de 1991 (Reports 1991, pág. 6), la Corte, después de haber recabado la opinión de las Partes, fijó el 9 de diciembre de 1991 como plazo para que la República Islámica del Irán presentase sus observaciones y conclusiones.

La República Islámica del Irán designó al Sr. Mohsen Aghahosseini para que actuase como juez ad hoc.

Mediante providencias de 18 de diciembre de 1991 (ibid., pág. 187) y de 5 de junio de 1992 (Reports 1992, pág. 225), dictadas a raíz de las peticiones sucesivas de la República Islámica del Irán, y una vez recabada la opinión de los Estados Unidos de América, el Presidente de la Corte prorrogó hasta el 9 de junio y el 9 de septiembre de 1992, respectivamente, el plazo para la pesentación de las observaciones escritas y las conclusiones de la República Islámica del Irán sobre las excepciones preliminares. Esas observaciones y conclusiones se presentaron dentro del plazo previsto y se comunicaron al Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), junto con los alegatos antes presentados por escrito, en cumplimiento del párrafo 3 del Articulo 34 del Estatuto de la Corte y el párrafo 3 del Artículo 69 del Reglamento de la Corte. El Presidente de la Corte, en virtud de las mismas disposiciones, fijó el 9 de diciembre de 1992 como plazo para la presentación de las observaciones escritas por parte del Consejo de la OACI. Las observaciones de la OACI fueron presentadas dentro del plazo establecido.

Las vistas públicas para escuchar los argumentos orales de las Partes, que debían comenzar el 12 de septiembre de 1994, fueron aplazadas sine die por pedido conjunto de las Partes.

El 22 de febrero de 1991, el Gobierno de la República Portuguesa presentó una solicitud en la Secretaria de la Corte a los efectos de que se incoara un procedimiento contra el Commonwealth de Australia con motivo de una controversia relativa a "ciertas actividades de Australia con respecto a Timor Oriental".

En su solicitud Portugal señalaba que la Corte tenía competencia en virtud de las declaraciones formuladas por los dos Estados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte.

En la solicitud se afirmaba que Australia, al negociar con Indonesia un "acuerdo relativo a la exploración y explotación de la plataforma continental en la zona de la "falla de Timor", concertado el 11 de diciembre de 1989, al "ratificar [el acuerdo] y comenzar a aplicarlo", al promulgar "disposiciones internas al respecto", al "negociar la delimitación de esa plataforma" y al "rechazar cualquier negociación sobre esas cuestiones con Portugal", había causado "al pueblo de Timor Oriental y a Portugal daños jurídicos y morales particularmente graves, que plasmarán en daños materiales si se inicia la explotación de los recursos petrolíferos".

En su solicitud Portugal pedía a la Corte:

Mediante providencia de 3 de mayo de 1991 (Reports 1991, pág. 9) el Presidente de la Corte, después de haber recabado la opinión de las Partes, fijó el 18 de noviembre de 1991 como plazo para la presentación de la memoria de Portugal y el 1° de junio de 1992 como plazo para la presentación de la contramemoria de Australia. La memoria y la contramemoria fueron presentadas dentro de los plazos fijados.

Portugal y Australia designaron, respectivamente, al Sr. Antonio de Arruda Ferrer-Corrêia y a Sir Ninian Stephen para que actuasen como jueces ad hoc. A raíz de la renuncia del Sr. Ferrer-Corrêia, Portugal designó al Sr. Krzysztof J. Skubiszewski para que actuase como juez ad hoc.

Mediante providencia de 19 de junio de 1992 (Reports 1992, pág. 228), la Corte, después de haber recabado la opinión de las Partes, fijó el 1° de diciembre de 1992 como plazo para la presentación de la réplica de Portugal y el 1° de junio de 1993 como plazo para la presentación de la dúplica de Australia. La réplica se presentó dentro del plazo fijado.

Australia presentó su dúplica tras la providencia de 19 de mayo de 1993 (Reports 1993, pág. 32) por la cual el Presidente de la Corte, a petición de Australia, y una vez que Portugal hubo indicado que no tenía objeciones, había prorrogado hasta el 1° de julio de 1993 el plazo para la presentación de esa dúplica.

Se celebraron audiencias desde el 30 de enero hasta el 16 de febrero de 1995. En el curso de 15 vistas públicas la Corte escuchó declaraciones en nombre de Portugal y Australia.

El 30 de junio de 1995, en una vista pública, la Corte pronunció su fallo (Reports 1995, pág. 90). Haciendo hincapié en "que, para las dos Partes, el Territorio de Timor Oriental sigue siendo un territorio no autónomo cuya población tiene derecho a la libre determinación", la Corte dictó un fallo cuyo texto en la parte dispositiva es el siguiente:

Los Magistrados Oda, Shahabuddeen, Ranjeva y Vereshchetin anexaron opiniones separadas al fallo de la Corte (ibíd., págs. 107, 119, 129 y 135); el Magistrado Weeramantry y el Juez ad hoc Skubiszewski anexaron opiniones disidentes (ibid., págs. 139 y 224).

El 12 de marzo de 1991 el Gobierno de la República de Guinea-Bissau presentó una solicitud en la Secretaria de la Corte a los efectos de que se incoara un procedimiento contra la República del Senegal con motivo de una controversia relativa a la delimitación de todas las zonas marítimas entre los dos Estados. Guinea-Bissau indicó que la Corte tenía competencia en virtud de las declaraciones formuladas por ambos Estados con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto.

En su solicitud Guinea-Bissau recordaba que, mediante solicitud de fecha 23 de agosto de 1989, había sometido a la Corte una controversia relativa a la existencia y la validez del laudo arbitral emitido el 31 de julio de 1989 por el tribunal de arbitraje constituido para determinar la frontera marítima entre los dos Estados.

Guinea-Bissau afirmaba que la cuestión sometida al tribunal de arbitraje era la delimitación de las zonas marítimas pertenecientes a uno y otro Estado. No obstante, y según Guinea-Bissau, el fallo del tribunal de arbitraje de 31 de julio de 1989 no permitía delimitar definitivamente todas las zonas marítimas sobre las que tenían derechos las Partes. Además, cualquiera que fuese el desenlace del caso planteado ante la Corte, el fallo de ésta respecto del citado laudo no resolvería la cuestión de la delimitación real y definitiva de las zonas marítimas entre los dos Estados.

El Gobierno de Guinea-Bissau pedía a la Corte que declarase:

En su fallo de 12 de noviembre de 1991 en relación con el caso Laudo arbitral de 31 de julio de 1989 (Guinea-Bissau contra el Senegal) (Reports 1991, pág. 53), la Corte tomó nota de la presentación de una segunda solicitud, pero agregó que:

Habida cuenta de la solicitud y la declaración mencionadas, y al término de un procedimiento de arbitraje prolongado y arduo y de las presentes actuaciones ante la Corte, ésta considera que sería muy conveniente que los aspectos de la controversia que no fueron resueltos por el laudo arbitral de 31 de julio de 1989 se resolvieran a la mayor brevedad posible, tal como desean las Partes."

Una vez que los dos Gobiernos interesados hubieron tenido tiempo para examinar el fallo, el Presidente de la Corte convocó una reunión con los representantes de las Partes para el 28 de febrero de 1992; sin embargo, en esta reunión las Partes pidieron que no se fijara el plazo para los alegatos iniciales de la causa hasta la conclusión de las negociaciones sobre la cuestión de la delimitación marítima; estas negociaciones debían continuar por seis meses, en una primera instancia, y, si no hubieran tenido éxito, se celebraría una nueva reunión con el Presidente.

Al no haberse recibido indicaciones de las Partes sobre el estado de las negociaciones, el Presidente convocó una nueva reunión con los agentes el 6 de octubre de 1992. Los agentes afirmaron que se había avanzado un poco hacia la concertación de un acuerdo, y las dos Partes formularon una petición conjunta de que se autorizara un nuevo período de tres meses, con una posible prórroga de otros tres meses, para la prosecución de las negociaciones. El Presidente accedió y manifestó su satisfacción por los esfuerzos que hacían las Partes para resolver su diferencia por via de negociación, en el espíritu de la recomendación formulada en el fallo del 12 de noviembre de 1991.

Tras el intercambio de varias cartas relativas a la prórroga de los plazos, el Presidente volvió a convocar a los agentes de las Partes el 10 de marzo de 1994. En esa reunión, los agentes entregaron al Presidente el texto de un acuerdo denominado "Acuerdo de administración y cooperación entre los Gobiernos de la República de Guinea-Bissau y la República del Senegal", concertado en Dakar el 14 de octubre de 1993 y firmado por los dos Jefes de Estado. El Acuerdo, que dispone, entre otras cosas, que las dos Partes han de explotar conjuntamente una "zona marítima situada entre los acimutes de 268° y 220° trazados a partir del Cabo Roxo" (art. 1), y que se establecerá un "organismo internacional para la explotación de la zona" (art. 4), entrará en vigor, según su artículo 7, "una vez que se haya concertado el acuerdo relativo al establecimiento y funcionamiento del organismo internacional y que los dos Estados hayan intercambiado los instrumentos de ratificación de ambos acuerdos".

En sendas cartas de fecha 16 de marzo de 1994 dirigidas a los Presidentes de los dos Estados, el Presidente de la Corte comunicó a ambos su satisfacción y les informó de que el asunto se daría por resuelto, de conformidad con el Reglamento de la Corte, tan pronto como las Partes le hubieran comunicado su decisión de suspender las actuaciones.

El 8 de julio de 1991 el Gobierno del Estado de Qatar presentó una solicitud en la Secretaría de la Corte a los efectos de que se incoara un procedimiento contra el Gobierno del Estado de Bahrein

Qatar afirmaba que su soberanía sobre las islas Hawar se basaba plenamente en el derecho internacional consuetudinario y en las prácticas y costumbres vigentes en el lugar. En consecuencia, se había opuesto en todo momento a la decisión del Reino Unido de adjudicar las islas a Bahrein. Esa decisión fue adoptada en 1939, es decir, durante la época de la presencia británica en Bahrein y Qatar, que duró hasta 1971. A juicio de Qatar, esa decisión era inválida, excedía de las atribuciones del Gobierno británico en relación con los dos Estados y no era vinculante para Qatar.

En relación con los bajíos de Dibal y Qit’at Jaradah, en 1947 el Gobierno británico adoptó una nueva decisión a los efectos de delimitar los fondos marinos entre Bahrein y Qatar, lo que entrañaba un reconocimiento de que Bahrein tenía "derechos de soberanía" sobre los bajíos. En la decisión se decía que los bajíos no se debían considerar islas con aguas territoriales. Qatar había afirmado y afirmaba que era titular de derechos de soberanía sobre esos bajíos; no obstante, reconocía que se trataba de bajíos y no de islas. En 1964 Bahrein había sostenido que Dibal y Qit’at Jaradah eran islas con aguas territoriales y pertenecían a Bahrein, pretensión que Qatar habia impugnado.

En relación con la delimitación de las zonas marítimas de los dos Estados, el Gobierno británico, en la carta que dirigió a los gobernantes de Qatar y Bahrein para informarles de la decisión adoptada en 1947, consideraba que la línea de delimitación dividía los fondos marinos entre Qatar y Bahrein "de conformidad con principios equitativos" y que se trataba de una línea divisoria que se ajustaba prácticamente a la configuración del litoral de la isla principal de Bahrein y de la península de Qatar. La carta mencionaba dos excepciones relacionadas, respectivamente, con el régimen juridico de los bajíos y con las islas Hawar.

Qatar señalaba que no se oponía a la línea de delimitación que, según el Gobierno británico, se ajustaba a la configuración del litoral de los dos Estados y había sido trazada con arreglo a principios equitativos. Al igual que en el pasado, Qatar no aceptaba la reclamación formulada en 1964 por Bahrein (país que no había aceptado la mencionada linea de delimitación establecida por el Gobierno británico) de que se estableciese una nueva línea de delimitación de los fondos marinos de los dos Estados. Qatar basaba sus pretensiones en relación con la delimitación en el derecho internacional consuetudinario y en las prácticas y costumbres locales vigentes.

En consecuencia, el Estado de Qatar pedia a la Corte:

En su solicitud Qatar indicaba que la Corte tenía competencia en virtud de determinados acuerdos concertados entre las Partes en diciembre de 1987 y diciembre de 1990. Según Qatar, el objeto y el alcance del compromiso de aceptar esa competencia se basaban en una fórmula propuesta por Bahrein a Qatar el 26 de octubre de 1988, la cual fue aceptada por este país en diciembre de 1990.

Mediante cartas de fechas 14 de julio de 1991 y 18 de agosto de 1991, dirigidas al Secretario de la Corte, Bahrein impugnó los argumentos que había expuesto Qatar en favor de la competencia de la Corte.

En una reunión celebrada el 2 de octubre de 1991 para que el Presidente de la Corte recabara la opinión de las Partes, éstas se pusieron de acuerdo sobre la conveniencia de que se abordaran en primer lugar las cuestiones de la competencia de la Corte para entender del asunto y la admisibilidad de la solicitud. Mediante providencia dictada el 11 de octubre de 1991 (ibid., pág. 50), el Presidente de la Corte, decidió en consecuencia que, en la primera fase del procedimiento escrito, se abordarían esas cuestiones. En la misma providencia, el Presidente, de conformidad con el nuevo acuerdo concertado por las Partes en la reunión del 2 de octubre, fijó el 10 de febrero de 1992 como plazo para la presentación de la memoria de Qatar y el 11 de junio de 1992 como plazo para la presentación de la contramemoria de Bahrein. La memoria y la contramemoria se presentaron dentro de los plazos fijados.

Mediante providencia de 26 de junio de 1992 (Reports 1992, pág. 237), la Corte, después de haber recabado la opinión de las Partes, decidió que el demandante y el demandado presentasen, respectivamente, una réplica y una dúplica en relación con las cuestiones de la competencia y la admisibilidad. La Corte fijó el 28 de septiembre de 1992 como plazo para la presentación de la réplica de Qatar y el 29 de diciembre de 1992 como plazo para la presentación de la dúplica de Bahrein. La réplica y la dúplica se presentaron dentro de los plazos fijados.

Qatar y Bahrein designaron, respectivamente, al Sr. José Maria Ruda y al Sr. Nicolas Valticos para que actuasen como jueces ad hoc. Habida cuenta del fallecimiento del Sr. Ruda, Qatar designó al Sr. Santiago Torres Bernárdez para que actuase como juez ad hoc.

Las vistas públicas se celebraron entre el 28 de febrero y el 11 de marzo de 1994. La Corte dedicó ocho vistas públicas a escuchar las declaraciones formuladas en representación de Qatar y de Bahrein. El Vicepresidente de la Corte hizo preguntas a las dos Partes.

En una vista pública celebrada el 1° de julio de 1994, la Corte emitió un fallo (Reports 1994, pág. 112), en el que dictaminó que los canjes de notas entre el Rey de Arabia Saudita y el Emir de Qatar, de fechas 19 y 21 de diciembre de 1987, y entre el Rey de Arabia Saudita y el Emir de Bahrein, de fechas 19 y 26 de diciembre de 1987, asI como el documento denominado "Actas" que firmaron en Doha el 25 de diciembre de 1990 los Ministros de Relaciones Exteriores de Bahrein, Qatar y Arabia Saudita, constituían acuerdos internacionales que creaban derechos y obligaciones para las Partes; y que, en virtud de esos acuerdos, las Partes habían decidido someter a la consideración de la Corte la totalidad de la controversia, de la manera establecida en la fórmula de Bahrein. Tras dejar constancia de que tenía ante sí sólo la demanda de Qatar, en la que se planteaban las pretensiones concretas de ese Estado en relación con dicha fórmula, la Corte decidió conceder a las Partes la oportunidad de presentarle la totalidad de la controversia. Estableció el 30 de noviembre de 1994 como plazo dentro del cual las Partes podian tomar medidas, conjunta o separadamente, con ese fin y reservó para una decisión posterior toda otra cuestión.

El Magistrado Shahabuddeen anexó al fallo una declaración (ibíd., pág. 129); el Sr. Schwebel, Vicepresidente, y el Sr. Valticos, Juez ad hoc, anexaron opiniones separadas (ibid., págs. 130 y 132); y el Magistrado Oda anexó al fallo una opinión disidente (ibid., pág. 133).

El 30 de noviembre de 1994, fecha establecida en el fallo del 1 de julio, la Corte recibió del agente de Qatar una carta por la que se transmitía un "Acta de cumplimiento de los incisos 3) y 4) del párrafo 41 de la parte dispositiva del fallo de la Corte de fecha 1° de julio de 1994". Ese mismo dia la Corte recibió una comunicación del agente de Bahrein por la que se transmitía el texto de un documento titulado "Informe del Estado de Bahrein a la Corte Internacional de Justicia sobre las actividades de las Partes en cumplimiento del fallo de la Corte de 1° de julio de 1994".

Habida cuenta de esas comunicaciones, la Corte volvió a ocuparse del caso.

En una vista pública celebrada el 15 de febrero de 1995, la Corte pronunció un nuevo fallo sobre jurisdicción y admisibilidad (Reports 1995, pág. 6), cuyo texto en la parte dispositiva es el siguiente:

El Vicepresidente Schwebel, los Magistrados Oda, Shahabuddeen y Koroma, y el Juez ad hoc Valticos anexaron al fallo opiniones disidentes (ibid., págs. 27, 40, 51, 67 y 74).

Mediante una providencia de 28 de abril de 1995 (ibíd., pág. 83), la Corte, tras recabar las opiniones de Qatar y brindar a Bahrein una oportunidad para presentar las suyas, fijó el 29 de febrero de 1996 como plazo para que cada una de las Partes presentase una memoria sobre el fondo.

El 3 de marzo de 1992 el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia Popular y Socialista presentó dos demandas en la Secretaría de la Corte a los efectos de que se incoaran sendos procedimientos contra el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte y contra los Estados Unidos de América con motivo de una controversia sobre la interpretación y la aplicación del Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971; la controversia había surgido a raiz de las circunstancias concurrentes en el incidente aéreo que tuvo lugar a la altura de Lockerbie (Escocia) el 21 de diciembre de 1988.

En las demandas, la Jamahiriya Arabe Libia se refería a las acusaciones formuladas contra dos nacionales libios por el Lord Advocate de Escocia y por un gran jurado de los Estados Unidos, respectivamente, en el sentido de que esos dos nacionales habían colocado una bomba a bordo del vuelo No. 103 de Pan Am. De resultas de la explosión de la bomba, el avión fue destruido y murieron todas las personas que iban a bordo.

La Jamahiriya Arabe Libia destacaba que los actos denunciados constituían un delito tipificado en el artículo 1 del Convenio de Montreal, el cual, según Libia, era el único convenio que tenía vigencia para las Partes en relación con la controversia. Libia afirmaba haber cumplido plenamente las obligaciones que le incumbian en virtud de ese instrumento, en cuyo artículo 5 se exigía que los Estados pusieran a disposición de sus tribunales internos a los presuntos delincuentes que se encontrasen en su territorio en caso de que no fuesen extraditados. Al no existir ningún tratado de extradición vigente entre la Jamahiriya Arabe Libia y las otras Partes, el artículo 7 del Convenio obligaba a someter la cuestión a las autoridades competentes de la Jamahiriya Arabe Libia con miras a que se emprendiese la correspondiente acción penal.

La Jamahiriya Arabe Libia afirmaba que el Reino Unido y los Estados Unidos estaban actuando en violación del Convenio de Montreal al rechazar las gestiones realizadas por la Jamahiriya Arabe Libia para resolver el asunto en el marco del derecho internacional, incluido el propio Convenio, y que estaban presionando a la Jamahiriya Arabe Libia para que les entregase a los dos nacionales con objeto de juzgarlos.

En las demandas se indicaba que no habia sido posible arreglar las controversias planteadas mediante negociaciones y que las Partes no se habían podido poner de acuerdo a los efectos de someter la cuestión a arbitraje. Por ello, la Jamahiriya Arabe Libia había decidido someter las controversias a la Corte en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 del Convenio de Montreal.

La Jamahiriya Arabe Libia pedía a la Corte que declarase lo siguiente:

Ese mismo día, la Jamahiriya Arabe Libia presentó dos instancias a la Corte a los efectos de que se indicasen sin dilación las medidas provisionales siguientes:

En esas instancias, la Jamahiriya Arabe Libia también solicitaba que, hasta que se reuniese la Corte, el Presidente ejerciese las facultades que le confería el párrafo 4 del Artículo 74 del Reglamento de la Corte, en el sentido de que invitase a las Partes a actuar de manera que cualquier providencia de la Corte sobre las demandas de indicación de medidas provisionales presentadas por Libia pudiese surtir los efectos deseados.

En carta de 6 de marzo de 1992, el Asesor Jurídico del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, refiriéndose a la demanda concreta formulada por Libia en virtud del párrafo 4 del Artículo 74 del Reglamento de la Corte, en el sentido de que se indicasen medidas provisionales, señaló, entre otras cosas, que

La Jamahiriya Arabe Libia designó al Sr. Ahmed S. El-Kosheri para que actuase como juez ad hoc.

Al comienzo de la vista celebrada el 26 de marzo de 1992 para examinar la demanda de indicación de medidas provisionales, el Vicepresidente de la Corte, que desempeñaba las funciones de Presidente en relación con el caso, se refirió a la demanda formulada por la Jamahiriya Arabe Libia en virtud del párrafo 4 del Artículo 74 del Reglamento de la Corte y señaló que, tras haber examinado detenidamente todas las circunstancias de las que tenía conocimiento, había llegado a la conclusión de que no correspondía ejercer la facultad discrecional que esa disposición conferia al Presidente. En el curso de cinco vistas públicas celebradas el 26, 27 y 28 de marzo de 1992, las Partes en ambos casos pronunciaron sus alegatos en relación con la demanda de indicación de medidas provisionales. Un Miembro de la Corte hizo preguntas a los agentes de los paises que eran Partes en los dos casos y el Juez ad hoc hizo una pregunta al agente de Libia.

En una vista pública celebrada el 14 de abril de 1992 la Corte leyó las dos providencias sobre las demandas de indicación de medidas provisionales presentadas por la Jamahiriya Arabe Libia (Reports 1992, págs. 3 y 114), en las que se determinaba que, habida cuenta de las circunstancias del caso, no se podía exigir a la Corte que ejerciera su facultad de indicar esas medidas.

El Presidente interino Oda (ibid., págs. 17 y 129), y el Magistrado Ni (ibid., págs. 20 y 132) agregaron sendas declaraciones a las providencias de la Corte; los Magistrados Evensen, Tarassov, Guillaume y Aguilar Mawdsley anexaron una declaración conjunta (ibid., págs. 24 y 136). Los Magistrados Lachs (ibid., págs. 26 y 138), Shahabuddeen (ibid., págs. 28 y 140) anexaron opiniones separadas; y los Magistrados Bedjaoui (ibid., págs. 33 y 143), Weeramantry (ibid., págs. 50 y 160), Ranjeva (ibid., págs. 72 y 182), Ajibola (ibid., págs. 78 y 183) y el Juez ad hoc El-Kosheri (ibid., págs. 94 y 199) anexaron opiniones disidentes.

Mediante providencias de 19 de junio de 1992 (ibid., págs. 231 y 234), la Corte fijó el 20 de diciembre de 1993 como plazo para la presentación de la memoria de la Jamahiriya Arabe Libia y el 20 de junio de 1995 como plazo para la presentación de las contramemorias del Reino Unido y de los Estados Unidos de América, habida cuenta de que dichos plazos habían sido convenidos por las Partes en una reunión que celebraron el 5 de junio de 1992 con el Vicepresidente de la Corte, quien desempeñaba las funciones de Presidente en relación con los dos casos. La memoria se presentó dentro del plazo fijado.

Los dias 16 y 20 de junio de 1995, el Reino Unido y los Estados Unidos de América presentaron, respectivamente, excepciones preliminares a la competencia de la Corte para entender en las demandas incoadas por la Jamahiriya Arabe Libia.

En razón de lo establecido en el párrafo 3 del Artículo 79 del Reglamento de la Corte, cuando se plantean excepciones preliminares se suspende el procedimiento en cuanto al fondo. Los plazos dentro de los cuales la Jamahiriya Arabe Libia podrá presentar por escrito sus observaciones y conclusiones sobre las excepciones preliminares planteadas se fijarán no bien se celebre entre el Presidente de la Corte y los representantes de las Partes una reunión para recabar las opiniones de las Partes.

El 2 de noviembre de 1992, la República Islámica del Irán presentó en la Secretaría de la Corte una demanda de que se incoaran actuaciones contra los Estados Unidos de América por la destrucción de plataformas petrolíferas iraníes.

La República Islámica del Irán determinó que la Corte era competente a los efectos de estas actuaciones con arreglo al párrafo 2 del artículo XXI del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares suscrito entre los Estados Unidos y el Irán en Teherán el 15 de agosto de 1955.

En su demanda la República Islámica del Irán alegaba que la destrucción perpetrada por varios buques de guerra de la marina de los Estados Unidos, el 19 de octubre de 1987 y el 18 de abril de 1988, de tres complejos de producción petrolífera en el mar de propiedad de la empresa nacional petrolífera del Irán, y explotada por ésta con fines comerciales, constituía una violación fundamental de diversas disposiciones del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares, así como del derecho internacional. A ese respecto, la República Islámica del Irán se refirió en particular al artículo I y al artículo X, párrafo 1), del Tratado, en que se estipula respectivamente: "Se establecerá una relación de paz firme y duradera y una amistad sincera entre los Estados Unidos de América y el Irán" y "Entre los territorios de las dos Altas Partes Contratantes habrá libre navegación y comercio".

Por consiguiente, la República Islámica del Irán solicitó a la Corte que decretara y declarara:

Mediante providencia de 4 de diciembre de 1992 (ibid., pág. 763), el Presidente de la Corte, habida cuenta del acuerdo entre las Partes, fijó el 31 de mayo de 1993 como plazo para la presentación de la memoria de la República Islámica del Irán y el 30 de noviembre de 1993 para la presentación de la contramemoria de los Estados Unidos.

Mediante providencia de 3 de junio de 1993 (Reports 1993, pág. 35), el Presidente de la Corte, a petición de la República Islámica del Irán, y después que los Estados Unidos hubieron indicado que no tenían objeciones, prorrogó estos plazos al 8 de junio y 16 de diciembre de 1993, respectivamente. La memoria fue presentada dentro del plazo fijado.

El 16 de diciembre de 1993, dentro del plazo prorrogado para presentar la contramemoria, los Estados Unidos presentaron algunas objeciones respecto de la competencia de la Corte. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 79 del Reglamento de la Corte, se suspendió el procedimiento sobre el fondo; mediante providencia de 18 de enero de 1994 (Reports 1994, pág. 3), la Corte fijó el 1° de julio de 1994 como plazo para que el Irán presentara una exposición escrita con sus observaciones y conclusiones sobre las objeciones. La exposición escrita se presentó dentro del plazo fijado.

El 20 de marzo de 1993, la República de Bosnia y Herzegovina presentó a la Secretaría de la Corte una demanda de que se incoaran actuaciones contra Yugoslavia (Serbia y.Montenegro) por violación de la Convención sobre el Genocidio.

En la demanda se hacía referencia a diversas disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948, asi como de la Carta de las Naciones Unidas, que según las alegaciones de Bosnia y Herzegovina, habrían sido violadas por Yugoslavia (Serbia y Montenegro). Se hacía referencia asimismo a este respecto a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y a su Protocolo Adicional I, de 1977, a las Reglas de La Haya sobre la guerra terrestre, de 1907 y a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En la demanda se citaba el articulo IX de la Convención sobre el Genocidio, para justificar la competencia de la Corte.

En la demanda, Bosnia y Herzegovina pedían a la Corte que decretara y declarara que:

El mismo dia, el Gobierno de Bosnia y Herzegovina, señalando que:

presentó una instancia para que se recomendaran medidas provisionales en virtud del Artículo 41 del Estatuto de la Corte.

Las medidas provisionales solicitadas eran las siguientes:

Las audiencias sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales se celebraron los días 1° y 2 de abril de 1993. En dos vistas públicas, la Corte escuchó las observaciones orales de cada una de las Partes. Un Miembro de la Corte formuló preguntas a ambos agentes.

En una vista pública celebrada el 8 de abril de 1993, el Presidente de la Corte leyó la providencia sobre la solicitud de medidas provisionales presentadas por Bosnia y Herzegovina (Reports 1993, pág. 3), cuyo párrafo dispositivo estipula lo siguiente:

El Magistrado Tarassov, anexó una declaración a la providencia (ibid., págs. 26 y 27).

Mediante providencia de 16 de abril de 1993 (ibíd., pág. 29), el Presidente de la Corte, teniendo en cuenta el acuerdo concertado por las Partes, fijó el 15 de octubre de 1993 como plazo para la presentación de la memoria de Bosnia y Herzegovina y el 15 de abril de 1994 para la presentación de la contramemoria de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

Bosnia y Herzegovina eligió al Sr. Elihu Lauterpacht y Yugoslavia (Serbia y Montenegro) al Sr. Milenko Kreca para que actuasen como jueces ad hoc.

El 27 de julio de 1993 la República de Bosnia y Herzegovina presentó una segunda solicitud de indicación de medidas provisionales, en la que afirmaba que:

A continuación se solicitaban las siguientes medidas provisionales:

El 5 de agosto de 1993, el Presidente de la Corte envió un mensaje a ambas Partes con referencia al párrafo 4 del Artículo 74 del Reglamento de la Corte, que le facultaba, mientras se reunía la Corte, a "invitar a las Partes a actuar de manera que cualquier providencia de la Corte relativa a una solicitud de indicación de medidas provisionales surta los efectos deseados", y declaró:

El 10 de agosto de 1993, Yugoslavia presentó una solicitud, de fecha 9 de agosto de 1993, de indicación de medidas provisionales, en la que pedía que la Corte indicara la siguiente medida provisional:

Las vistas relativas a las solicitudes de indicación de medidas provisionales se celebraron los días 25 y 26 de agosto de 1993. En dos vistas públicas, la Corte escuchó declaraciones de cada una de las Partes. Los Magistrados formularon preguntas a ambas Partes.

En una vista pública celebrada el 13 de septiembre de 1993, el Presidente de la Corte leyó la providencia sobre la instancia relativa a la recomendación de medidas provisionales (ibid., pág. 325), por la que la Corte confirmó las medidas provisionales dictadas en su providencia de 8 de abril de 1993, y estableció que tales medidas debían aplicarse inmediata y efectivamente.

El Magistrado Oda anexó una declaración a la providencia (ibíd., pág. 351); los Magistrados Shahabuddeen, Weeramantry y Ajibola y el Juez ad hoc Lauterpacht anexaron sus opiniones a título personal (ibíd, págs. 353, 370, 390 y 407) y el Magistrado Tarassov y el Juez ad hoc Kreca anexaron sus opiniones disidentes (ibíd, págs. 449 y 453).

Mediante providencia de 7 de octubre de 1993 (ibíd., pág. 470), el Vicepresidente de la Corte, a petición de Bosnia y Herzegovina y después de que Yugoslavia (Serbia y Montenegro) hubiera expresado su opinión, prorrogó al 15 de abril de 1994 el plazo para la presentación de la memoria de Bosnia y Herzegovina y al 15 de abril de 1995 el plazo para la presentación de la contramemoria de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). La memoria fue presentada dentro del plazo fijado.

Mediante providencia de 21 de marzo de 1995 (Reports 1995, pág. 80), a pedido del agente de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), y después de escuchar la opinión de Bosnia y Herzegovina, el Presidente de la Corte prorrogó hasta el 30 de junio de 1995 el plazo para la presentación de la contramemoria de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

El 26 de junio de 1995, dentro del plazo prorrogado para presentar la contramemoria, Yugoslavia (Serbia y Montenegro) planteó algunas objeciones en el caso antes mencionado. Las objeciones están relacionadas, en primer lugar, con la admisibilidad de la demanda y, en segundo lugar, con la competencia de la Corte para entender en el caso.

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 79 del Reglamento de la Corte, al recibirse excepciones preliminares queda suspendido el procedimiento sobre el fondo; el procedimiento debe organizarse para examinar tales excepciones de conformidad con lo dispuesto en ese Artículo.

Mediante providencia de 14 de julio de 1995, el Presidente de la Corte, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por las Partes, fijó el 14 de noviembre de 1995 como plazo dentro del cual la República de Bosnia y Herzegovina podia presentar por escrito sus observaciones y pareceres sobre las excepciones preliminares planteadas por la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).

El 23 de octubre de 1992 el Embajador de la República de Hungría ante los Países Bajos presentó ante la Secretaría de la Corte una demanda de que se incoaran actuaciones contra la República Federal Checa y Eslovaca en una controversia relativa al proyecto de desvío del Danubio. En ese documento el Gobierno de Hungría, antes de exponer en detalles sus argumentos, invitaba a la República Federal Checa y Eslovaca a aceptar la competencia de la Corte.

Se transmitió al Gobierno de la República Federal Checa y Eslovaca una copia de la demanda, de conformidad con el párrafo 5 del Artículo 38 del Reglamento de la Corte, que estipula:

Tras las negociaciones celebradas bajo la égida de las Comunidades Europeas entre Hungría y el Gobierno de la República Federal Checa y Eslovaca (que el 1° de enero de 1993 se dividió en dos Estados distintos) los Gobiernos de la República de Hungría y de la República Eslovaca el 2 de julio de 1993 notificaron de forma conjunta al Secretario de la Corte un acuerdo especial suscrito en Bruselas el 7 de abril de 1993, para que se sometieran a la Corte determinadas cuestiones surgidas con motivo de las divergencias entre la República de Hungria y la República Federal Checa y Eslovaca en relación con la aplicación y rescisión del Tratado de Budapest del 16 de septiembre de 1977 sobre la Construcción y Explotación del sistema de represa Gabcíkovo-Nagymaros y la interpretación y puesta en práctica de la "solución provisional". En el Acuerdo Especial consta que la República Eslovaca es, a los efectos del caso, Estado sucesor exclusivo de la República Checa y Eslovaca. En el artículo 2 del Acuerdo Especial se indica:

La Corte, mediante providencia de 14 de julio de 1993 (Reports 1993, pág. 319) decidió que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3 del Acuerdo Especial y del párrafo 1 del Artículo 46 del Reglamento de la Corte, cada una de las Partes presentará una memoria y una contramemoria dentro del mismo plazo, y fijó el 2 de mayo de 1994 y el 5 de diciembre de 1994 como plazos para la presentación de la memoria y la contramemoria, respectivamente. La memoria y la contramemoria fueron presentadas dentro del plazo fijado.

Eslovaquia designó al Sr. Krzysztof J. Skubiszewski para que actuara como juez ad hoc.

Mediante providencia de 20 de diciembre de 1994 (Reports 1994, pág. 151), el Presidente de la Corte, teniendo en cuenta las opiniones de las Partes, fijó el 20 de junio de 1995 como plazo para la presentación de la réplica de cada una de las Partes. Esas réplicas se presentaron dentro del plazo establecido.

El 29 de marzo de 1994 la República del Camerún presentó a la Secretaría de la Corte una demanda a los efectos de que se incoaran actuaciones contra la República Federal de Nigeria en la controversia relativa a la cuestión de la soberania sobre la península de Bakassi, y se pedía a la Corte que trazara la frontera marítima entre los dos Estados, habida cuenta de que no se había establecido aún en 1975.

En la demanda se indicaba que la Corte tenía competencia en virtud de las declaraciones formuladas por el Camerún y Nigeria con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, mediante las cuales reconocieron dicha competencia como obligatoria.

En la demanda el Camerún se refiere a "una agresión cometida por la República Federal de Nigeria, cuyas tropas ocupan varias localidades camerunesas en la península de Bakassi", que redunda en "un grave perjuicio para la República del Camerún", y pide a la Corte que decrete y declare que:

El 6 de junio de 1994, el Camerún presentó a la Secretaría de la Corte una demanda adicional "a los efectos de ampliar el tema de la controversia" a una controversia ulterior relacionada esencialmente "con la cuestión de la soberanía sobre una parte del territorio del Camerún en la zona del lago Chad", al tiempo que pedía a la Corte que especificara de forma definitiva la frontera entre el Camerún y Nigeria desde el lago Chad hasta el mar. El Camerún pidió a la Corte que decretara y declarara que:

El Camerún pidió además a la Corte que hiciera de las dos demandas "un solo caso".

En una reunión celebrada el 14 de junio de 1994 entre el Presidente de la Corte y los representantes de las Partes, el agente de Nigeria indicó que su Gobierno no tenía objeción a que la demanda adicional se tratara como una enmienda a la demanda inicial, de manera que la Corte pudiera tratarla como un solo caso.

El Camerún designó al Sr. Kéba Mbaye y Nigeria al Príncipe Bola A. Ajibola para que actuasen como jueces ad hoc.

Mediante providencia de 16 de junio de 1994, la Corte, habida cuenta de que no había objeciones, fijó el 16 de marzo de 1995 como plazo para la presentación de la memoria del Camerún y el 18 de diciembre de 1995 como plazo para la presentación de la contramemoria de Nigeria. La memoria se presentó dentro del plazo establecido.

El 28 de marzo de 1995, el Reino de España presentó ante la Secretaría de la Corte una demanda de que se incoaran actuaciones contra el Canadá en relación con una controversia relativa a la Canadian Coastal Fisheries Protection Act (Ley de Protección de las Pesquerias Costeras del Canadá), en su forma enmendada el 12 de mayo de 1994, y al reglamento de aplicación de esa ley, y respecto de ciertas medidas adoptadas sobre la base de esa legislación, en particular el abordaje en alta mar, el 9 de marzo de 1995, de un barco pesquero, el Estai, que navegaba con pabellón de España.

En la demanda se indicaba, entre otras cosas, que mediante la ley enmendada "se trataba de imponer a todas las personas a bordo de buques extranjeros una prohibición amplia de pesca en la zona comprendida en la Organización de Pesquerias del Atlántico Noroccidental, es decir en alta mar, fuera de la zona económica exclusiva del Canadá"; que la ley "permite expresamente (artículo 8) el uso de la fuerza contra buques de pesca extranjeros en las zonas que el apartado 1 del artículo 2 llama sin ambiguedades ‘alta mar’"; que en el reglamento de aplicación de 25 de mayo de 1994 establece, en particular, "el uso de la fuerza por los buques de protección de la pesca contra los buques pesqueros extranjeros comprendidos en ese reglamento ... que infrinjan su mandato en la zona del alta mar comprendida en la esfera de acción del reglamento"; y que el del 3 de marzo de 1995 "permite expresamente [...] esa conducta en lo que respecta a los buques de España y Portugal en alta mar".

En la demanda se alegaba la violación de varios principios y normas de derecho internacional y se afirmaba que existia una controversia entre el Reino de España y el Canadá que iba más allá del ámbito de la pesca, y que afectaba gravemente el principio mismo de la libertad del alta mar y, además, constituía una gravísima violación de los derechos soberanos de España.

Para fundamentar la competencia de la Corte, en la demanda se hacía referencia a las declaraciones de España y el Canadá formuladas de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte.

Al respecto, en la demanda se afirmaba concretamente que:

Al tiempo de que se reservaba expresamente el derecho de modificar y ampliar los términos de la demanda, asi como los fundamentos invocados, y el derecho de pedir las medidas provisionales pertinentes, el Reino de España pedía que:

Mediante una carta de fecha 21 de abril de 1995, el Embajador del Canadá ante los Países Bajos informó a la Corte de que, a juicio de su Gobierno, la Corte carecía manifiestamente de competencia para entender de la demanda incoada por España en razón de lo establecido en el apartado d) del párrafo 2 de la Declaración, de fecha 10 de mayo de 1994, en la que el Canadá reconocía la jurisdicción obligatoria de la Corte.

Habida cuenta de un acuerdo relativo al procedimiento alcanzado entre las Partes en una reunión celebrada con el Presidente de la Corte el 27 de abril de 1995, el Presidente, mediante providencia de 2 de mayo de 1995, decidió que en el procedimiento escrito se debia abordar en primer lugar la cuestión de la competencia de la Corte para entender en la controversia, y fijó el 29 de septiembre de 1995 como plazo para la presentación de la memoria al Reino de España y el 29 de febrero de 1996 para la presentación de la contramemoria del Canadá.