1.– Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, reunidos en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, los días 23 y 24 de agosto de 1997, reafirmamos los principios, objetivos y valores compartidos por los países de América Latina y el Caribe, orientados a asegurar la paz y el bien común; a defender la democracia representativa y a construir un proyecto conjunto, fundado en la cooperación y la integración, para mejorar la condición de vida de nuestros pueblos, dentro del respeto a la soberanía, la autodeterminación y la igualdad jurídica de los Estados.

2.– Reunidos nuevamente bajo tales principios y objetivos, reiteramos nuestro reconocimiento al valioso aporte del Grupo de Río a la integración, la unidad y la solidaridad regionales, y al efecto refrendamos el compromiso y la voluntad de nuestros gobiernos de fortalecer y preservar al Grupo de Río como el mecanismo más representativo de consulta y concertación política de la Región, así como un interlocutor privilegiado de América Latina y el Caribe frente a otras regiones y países.

3.– En esta oportunidad, comprobamos con satisfacción el progresivo cumplimiento de los compromisos asumidos desde la creación del Mecanismo, especialmente en el impulso y la concertación de acciones orientadas a la defensa, fortalecimiento y consolidación de la democracia en nuestra Región.

4.– Como gobernantes comprometidos con la vigencia plena e irrestricta de las instituciones y el estado de derecho, debemos impulsar iniciativas capaces de superar los desafíos actuales, para promover eficazmente los valores éticos y los principios democráticos en la sociedad.

5.– Convenimos que es indispensable estimular la participación efectiva y responsable de los ciudadanos en la vida pública, contribuir al fortalecimiento de los partidos políticos, promover las organizaciones civiles y su aporte en la discusión en los temas de interés público, teniendo en cuenta la diversidad existente en su interior, en un marco de respeto y pluralismo. En este contexto, consideramos necesario orientar de forma conjunta esfuerzos de ciudadanos y autoridades para lograr mayores niveles de transparencia en la gestión pública, el respeto a las instituciones democráticas y la efectiva participación social.

6.– Ratificamos nuestro compromiso de luchar contra el narcotráfico y sus delitos conexos, el terrorismo y la corrupción, que constituyen flagelos que amenazan la estabilidad democrática y la seguridad pública; así como el de promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la persona humana.

7.– Por ello, nos comprometemos a seguir cooperando para la prevención de estos delitos, a través del constante perfeccionamiento de nuestras legislaciones nacionales y de las instituciones judiciales, poniendo un especial énfasis en la prevención por medio de la educación.

8.– Estamos convencidos de que un renovado impulso a la Educación integral e integradora para la Democracia en América Latina y el Caribe en un contexto de creciente interdependencia, desarrollo tecnológico y globalización, contribuirá a fortalecer la cultura cívica democrática basada en la vigencia plena y efectiva de los derechos humanos. Expresamos asimismo, nuestra adhesión a valores tales como la tolerancia, la solidaridad la equidad y el respeto a la diversidad e identidad cultural de nuestros pueblos, que permitirán defender y consolidar la gobernabilidad democrática, como factor de desarrollo y de socialización de valores, como impulsor de la movilidad y la promoción social de las personas y, finalmente, como medio esencial de cohesión e integración sociocultural.

9.- Especial importancia tienen en esta materia las Declaraciones de Bariloche y de Viña del Mar, emitidas en las V y VI Cumbres Iberoamericanas, respectivamente.

10.-En este contexto, y para dar mayor impulso a la cultura cívica democrática, acordamos adoptar las siguientes medidas:

a) Incorporar en los proyectos educativos nacionales, objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles, para la formación de personas éticas, con conductas solidarias y de probidad. Por tanto, se deberá favorecer la participación de docentes, familiares y estudiantes, en la tarea de concebir y poner en práctica los proyectos orientados a formar ciudadanos democráticos.

b) Instruir a los Ministros competentes a que identifiquen las posibles fuentes de cooperación, tanto regional como internacional, en el tema de la Educación para la Democracia. En consecuencia, debe concederse especial atención al fortalecimiento de las dinámicas de cooperación e intercambio de experiencias existentes en esta materia como un aporte fundamental para la plena consolidación y profundización de la democracia. Asimismo, se establecerán mecanismos idóneos para la puesta en marcha de programas que colaboren al mejoramiento de la formación y alienten los intercambios a nivel de jóvenes y sus organizaciones en la región.

c) Fortalecer y ampliar la enseñanza de la historia, orientando su enfoque hacia el conocimiento, la comprensión y unión de los pueblos, para que contribuya a la cultura política de la sociedad, la interculturalidad y la propia identidad.

d) Promover, dentro de sus competencias, la participación activa de los medios de comunicación social y sus profesionales de la Región, para el fortalecimiento de la cultura cívica democrática a través del establecimiento de formas de cooperación e intercambio de experiencias.

e) Formular un planteamiento conjunto sobre la Educación para la Democracia, con miras a la II Cumbre Hemisférica de Chile, en abril de 1998, donde la Educación será uno de los temas centrales del debate. Esperamos igualmente, que las reflexiones del Grupo de Río en este ámbito, puedan ser de utilidad en las deliberaciones sobre los valores éticos de la democracia en la VII Cumbre Iberoamericana de Venezuela.

11.-Reafirmamos nuestra convicción de que un sostenido proceso de desarrollo económico y social es fundamental para la estabilidad democrática y nos permitirá mejorar las condiciones de vida de las personas. Asimismo, consideramos que el comercio constituye un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos, el que se ha visto favorecido por reformas económicas implementadas en la Región, las cuales deben ser acompañadas de políticas orientadas a facilitar la mayor participación de la sociedad en los beneficios del crecimiento económico.

12.-Reiteramos nuestro compromiso para lograr el efectivo cumplimiento de la Declaración de Principios, del Plan de Acción y los acuerdos obtenidos en la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en diciembre de 1996, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los cuales constituyen un importante aporte hemisférico para conducir las acciones nacionales e internacionales sobre la materia, atendiendo de manera integral a los objetivos económicos, sociales y ambientales. Por tanto, exhortamos a las agencias, organismos e instituciones financieras internacionales a continuar colaborando hasta alcanzar el desarrollo de nuestros países.

13.-Destacamos igualmente la aprobación del Programa adoptado en el XIX Período Extraordinario de Sesiones de la ONU para promover la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra, a fin de evitar un retroceso en el cumplimiento de los compromisos de la comunidad internacional con el desarrollo sostenible.

14.-Coincidimos con los principios del regionalismo abierto, en el marco del sistema multilateral de comercio, libre, no discriminatorio y transparente, que favorezca el ingreso de nuestras economías al sistema económico internacional. En este contexto, instamos a los países miembros de la OMC a cumplir los acuerdos asumidos en la Ronda Uruguay del GATT, en orden a mejorar el funcionamiento del sistema multilateral de comercio, lo que facilitará los flujos comerciales entre nuestra región y el resto de los países.

15.-Valoramos los procesos de integración y libre comercio que se vienen desarrollando en América Latina y el Caribe, de carácter bilateral y subregional. Los progresos alcanzados por MERCOSUR, la Comunidad Andina, el G-3, el Mercado Común Centroamericano, el CARICOM y otros esquemas de integración, constituyen un estímulo para el ulterior desarrollo del libre comercio dentro del marco de un regionalismo abierto.

16.-Reafirmamos nuestro compromiso de concluir las negociaciones para establecer el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), a más tardar en el año 2005. Por ello, apoyamos iniciar negociaciones en ocasión de la II Cumbre de las Américas a celebrarse en Santiago de Chile, en abril de 1998. también, desarrollar en los próximos meses una estrategia conjunta regional, en el marco de los trabajos del ALCA, para garantizar el éxito de la Cumbre de Santiago.

17.-Reconocemos la importancia de la protección de los derechos laborales y de la relación del comercio con el medio ambiente. Sin embargo, consideramos que estos temas deben ser tratados exclusivamente en los foros multilaterales correspondientes: la Organización Internacional del Trabajo para los asuntos laborales y el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para la relación de los asuntos ambientales y el comercio internacional, según lo decidido en la Reunión de la OMC en Singapur en noviembre de 1996.

18.-Consideramos necesario crear condiciones propicias que al estimular las inversiones en las zonas más deprimidas de la Región, conduzcan a un crecimiento vinculado con el desarrollo humano.

19.-Reiteramos nuestra satisfacción por los avances en materia de integración en América Latina y el Caribe, señalando que la misma no debe ser concebida como un instrumento limitado a incrementar el comercio, sino como un proceso de desarrollo armónico de la Región en su conjunto, que beneficie a todos los niveles de la Sociedad.

20.-Comprobamos que el diálogo político mantenido a lo largo de estos últimos años entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, ha favorecido una mejor relación y la creación de nuevos mecanismos de cooperación.

21.-Asimismo, acogemos con beneplácito la iniciativa de celebrar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea y de nuestra Región. La concreción de esa idea representará un avance cualitativo en la profundización de nuestras relaciones birregionales, para lo cual se requiere de un trabajo preparatorio conjunto de definición de alcances y contenidos.

22.-Ratificamos nuestro compromiso de participar en la VZI Cumbre Iberoamericana convocada por Venezuela, para los días 8 y 9 de noviembre de 1997, convencidos de que la reflexión respecto a "Los Valores éticos de la Democracia" ofrece una significativa oportunidad para profundizar y fortalecer la democracia en nuestros países.

23.-Asignamos gran importancia a la realización de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas que se celebrará los días 18 y 19 de abril de 1998, en Santiago de Chile, seguros, como estamos, de que dicho Encuentro permitirá obtener decididos y concretos avances en el camino de la cooperación e integración en las Américas.

24.– Manifestamos nuestro compromiso con esta valiosa iniciativa destinada a profundizar el diálogo y las consultas a nivel hemisférico y destacamos la importancia de la concertación del Grupo de Río para contribuir a asegurar el buen éxito de la misma.

25.-Reafirmamos la importancia del Congreso Universal del Canal de Panamá a celebrarse del 7 al 10 de septiembre de 1997, como un foro abierto a toda la Comunidad Internacional, que se propone introducir un mecanismo de consulta en el examen concreto del papel que debe desempeñar el Canal de Panamá en el siglo XXI y los planes de expansión de sus servicios, que promueve el Gobierno de Panamá a través de la Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá. Asimismo, expresamos nuestra convicción de que los resultados del Congreso contribuirán a la expansión del comercio mundial, al crecimiento económico intrarregional y promoverán la cooperación internacional sobre la base del principio de que el Canal Interoceánico de Panamá estará abierto, en un plano de igualdad y estricta neutralidad, a todos los usuarios y economías del mundo.

26.-Reconocemos la importancia de emprender una reforma institucional de las Naciones Unidas, a fin de que sus órganos y métodos de trabajo respondan a las nuevas realidades de la comunidad internacional y a la participación que le corresponde a América Latina y el Caribe en la Organización.

27.-Reiteramos nuestro firme rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales, por constituir una violación a la soberanía nacional, principio fundamental del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Este tipo de medidas afecta negativamente en el ámbito de las relaciones internacionales, al comercio, a las inversiones y a la cooperación.

28.-Instruimos a nuestros Ministros y representantes a continuar el trabajo conjunto respecto a las acciones unilaterales, concentrando una especial atención en la labor de seguimiento de los avances que se presentan en la materia."

29.-Reafirmamos que la lucha contra el narcotráfico requiere un enfoque integral y una acción concertada a nivel hemisférico, sustentada en la cooperación internacional, en un marco de responsabilidad compartida entre todos los países de la Región. La lucha contra este flagelo y sus delitos conexos debe llevarse a cabo de conformidad con el pleno respeto a las leyes de cada país y en base a las convenciones internacionales en la materia. Por esta razón, nos congratulamos por la firma de la "Estrategia Antidrogas en el Hemisferio", mediante el cual los países del Continente Americano nos hemos comprometido a través de medidas concretas a hacer frente a este problema.

30.-Registramos con preocupación que el consumo y uso indebido de estupefacientes ha aumentado mundialmente, en forma significativa. Por tal razón, consideramos necesario un análisis de las estrategias antidrogas en el marco de los instrumentos internacionales vigentes en la materia, que partiendo de un enfoque integral haga énfasis entre otros aspectos, en los relacionados con los programas tendientes a la reducción de la demanda.

31.-Asimismo, registramos con preocupación el aumento de la fabricación y consumo de drogas sintéticas, fenómeno que requiere de una mayor atención por parte de la comunidad internacional.

32.-Expresamos nuestra satisfacción por el trabajo que desenseña el Grupo Ad -Hoc sobre drogas, el cual deberá continuar sus labores hasta definir una posición conjunta de los países miembros del Grupo de Río para el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas ilícitas, en 1998. Consideramos que dicho Grupo debe concentrar su atención en definir propuestas específicas y acciones concretas a fin de reducir la demanda ilícita de drogas en todos los países, promover programas de desarrollo alternativo al cultivo ilícito de drogas y fórmulas para combatir con eficacia el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y el desvío de precursores químicos para fines ilícitos.

33.-Resaltamos la necesidad de incrementar los recursos, de fuentes bilaterales y multilaterales, destinados a la financiación de programas y proyectos de desarrollo alternativo, incluyendo en los mismos los aspectos sociales y económicos del fenómeno del narcotráfico, a fin de atender las necesidades de las comunidades involucradas en cultivos ilícitos.

34.-Reafirmamos lo expresado por el Grupo, así como por la Conferencia Interamericana Especializada sobre Terrorismo de 1996, en el sentido de que los actos terroristas constituyen delitos comunes graves y una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos.

35.-Asimismo, recordamos el comunicado del 23 de abril del corriente año del Grupo de Río, en el que manifestamos nuestra complacencia por la liberación de los rehenes en Lima, Perú.

36.-Igualmente celebramos las gestiones realizadas por el Gobierno de Colombia por razones humanitarias, que culminaron con la liberación, por parte de un grupo guerrillero, de 70 soldados de ese país.

37.-Nos comprometemos a fortalecer el marco jurídico y político, así como a desarrollar los mecanismos de cooperación judicial entre nuestros países, con el propósito de combatir eficazmente el terrorismo.

38.-Expresamos nuestra satisfacción por la entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que constituye el primer instrumento internacional para combatir este delito a través de mecanismos de cooperación, que coadyuven a la defensa de nuestras instituciones democráticas, y reafirmamos nuestra voluntad política de continuar buscando mecanismos adicionales para seguir luchando contra ese flagelo.

39- En este contexto, subrayamos la importancia de la VII Conferencia Internacional Anticorrupción que se realizará en Lima, entre los días 7 y 11 de setiembre del año en curso.

40.-Decididos a continuar avanzando en la consolidación de la Región como un área libre de minas terrestres antipersonales, acordamos participar activamente en el "Proceso de Ottawa" para la prohibición de las minas antipersonales y nos comprometemos a trabajar mancomunadamente con miras a convertir a nuestra Región en la primera del planeta libre de este tipo de armamentos.

41.– Consideramos que América Latina y el Caribe tienen un papel fundamental que desempeñar en la aplicación plena y eficaz de los instrumentos que regulan la posesión, construcción y transferencia de armas de destrucción masiva y reiteramos la firme decisión de mantener nuestra región libre de las mismas y de carreras armamentistas.

42.-Manifestamos nuestro compromiso de poner en práctica medidas de consulta y de fomento de la confianza, teniendo a la vista la necesidad de profundizar el diálogo y la cooperación políticos con el propósito de crear condiciones de mayor transparencia, estabilidad y seguridad entre ellas, un proceso de consultas sobre la limitación y el control de armas convencionales, conforme se reconoce en la Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, aprobada en noviembre de 1995.

43.– Expresamos nuestro apoyo al objetivo de concluir exitosamente las negociaciones en marcha sobre la Convención contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, a fin de que este relevante instrumento interamericano pueda ser abierto a la firma en 1997, como un compromiso sustantivo de todos los países del Continente Americano en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y la violencia, razón por la cual esperamos cobre vigencia a la brevedad posible.

44.-Subrayamos la responsabilidad de los Estados de origen y destino de migrantes en cuanto a fortalecer la cooperación en materia migratoria. En tal sentido, instamos a adoptar, de común acuerdo, medidas tendientes a asegurarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos, así como su bienestar social y económico.

45.-Expresamos nuestra profunda preocupación ante las crecientes manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación, tratos inhumanos y degradantes de que son víctimas los trabajadores migrantes en algunos países y, al efecto, coincidimos en la necesidad de promover compromisos para asegurar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

46.-Destacamos las iniciativas que actualmente han sido planteadas respecto a este tema en las Naciones Unidas, a través de las Resoluciones adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos y en la Organización de los Estados Americanos, así como los instrumentos bilaterales que puedan concluir los Estados involucrados.

47.-Hemos intercambiado opiniones sobre El llamamiento a un Nuevo Orden Global Humano basado en un desarrollo centrado en las personas y reconocemos que el concepto sitúa el bienestar y la Equidad social de los pueblos en el centro del desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional.

48.-Tomamos nota de la iniciativa del CARICOM para establecer un Fondo de Integración Regional en el ámbito de las negociaciones para la conformación del área de Libre Comercio de las Américas, como un mecanismo para aliviar el problema existente de desequilibrios entre los países más desarrollados y las economías más pequeñas del hemisferio.

49.-Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Grupo de Río nos congratulamos de que el Acuerdo de Paz Firme y Duradera en Guatemala, firmado lado el 29 de diciembre de 1996, se está cumpliendo en los términos establecidos. En este sentido, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos financieros internacionales para que continúen apoyando el proceso de pacificación en ese país, particularmente a través de la atención a los sectores más afectados por el conflicto, encontrando fórmulas adecuadas que permitan agilizar las condiciones de ayuda hacia ese país y lograr una mayor fluidez de recursos.

50.-Manifestamos nuestra satisfacción por el crecimiento del sector turístico en nuestras economías y por su importante contribución a la Región en términos de empleo, inversiones e integración entre los pueblos. En ese sentido, apoyamos las iniciativas emprendidas por la Comisión de Turismo de América del Sur (COTASUR) para la creación de un Programa de Promoción Conjunta del Turismo (PROSUR), así como las iniciativas de cooperación que busquen promover ese importante sector en toda América Latina y el Caribe.

5I- Por la relevancia que otorgamos a los temas: "Defensa de la Democracia", "Reforma de las Naciones Unidas" y "Medidas Unilaterales", decidimos incorporar Declaraciones específicas al respecto.

52.-Instruimos a nuestros Cancilleres para que efectúen un seguimiento de las decisiones adoptadas por el Grupo, a través de la Secretaría Pro Tempore y la Troika.

53.-Acodamos llevar a cabo la XII Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 4 y 5 de septiembre de 1998.

54.-Los Jefes de Estado y de Gobierno presentes en Asunción expresamos nuestros agradecimientos y felicitaciones al Señor Presidente de la República del Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, a su Gobierno y al pueblo de Paraguay por su hospitalidad, así como por la excelente organización y conducción de la XI Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política.

FIRMADA en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en tres textos originales en los idiomas español, portugués e inglés, siendo todos ellos igualmente auténticos, a los veinte y cuatro días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y siete.

Carlos Saúl Menem PRESIDENTE DE ARGENTINA

Fernando Henrique Cardoso PRESIDENTE DEL BRASIL

Hugo Bánzer Suárez PRESIDENTE DE BOLIVIA

Eduardo Frei Ruiz-Tagle PRESIDENTE DE CHILE

Ernesto Smper Pizano PRESIDENTE DE COLOMBIA

Clemente Rohee CANCILLER DE GUYANA

Ernesto Zedillo Ponce de León PRESIDENTE DE MEXICO

Juan Carlos Wasmosy Monti PRESIDENTE DEL PARAGUAY

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DEL URUGUAY

Fabian Ernesto Alarcón Rivera PRESIDENTE DEL ECUADOR

José Delmer Urbizo CANCILLER DE HONDURAS

Ernesto Pérez Balladares PRESIDENTE DE PANANA

Alberto Fujimori PRESIDENTE DEL PERU

Rafael Caldera PRESIDENTE DE VENEZUELA

Los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la XI Cumbre del Grupo de Río, en Asunción, reafirmando lo manifestado en la Declaración de Río de Janeiro, en septiembre de 1994, sobre el proceso de ampliación y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, declaramos lo siguiente:

1. Reafirmamos nuestra plena adhesión a los principios del multilateralismo, en particular a la igualdad soberana de los Estados y el respeto del orden jurídico como elementos centrales de las Naciones Unidas. Subrayamos en ese contexto la necesidad de reforzar la capacidad de la Organización de las Naciones Unidas para enfrentar los nuevos desafíos de la realidad internacional. En ese sentido, recibimos con beneplácito la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas de proponer a la Asamblea General un Programa amplio de reforma, presentado el 16 de julio último. Apoyamos, en particular, los esfuerzos tendientes a fortalecer la eficacia de la Secretaría General y el énfasis que se da en el mismo a las actividades de promoción del desarrollo económico y social.

2. Por todo esto, consideramos que las reformas que habrán de llevarse a cabo constituyen un paso fundamental para la adaptación de las instituciones internacionales a los nuevos desafíos que confronta la comunidad internacional.

3. Asimismo, tomando en consideración la importancia que en la actualidad han alentado los procesos de reforma de la Organización, seguiremos atentos a la evolución de los mismos y, al efecto continuaremos realizando las consultas correspondientes.

4. Reiteramos los términos de la Declaración Presidencial de Río de Janeiro de 1994 que expresó la gran importancia que atribuimos al proceso de ampliación y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para corregir los desequilibrios de su composición actual, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y conferir más transparencia a la conducción de sus trabajos, reflejando de una manera más legítima y representativa el conjunto de los países miembros de la Organización.

Asimismo, reafirmamos que por su tradición jurídica y contribución a la causa de la paz, la región de América Latina y el Caribe debe estar contemplada en cualquier ampliación del Consejo de Seguridad.

5. A tal efecto, manifestamos que la región deberá llenar los puestos que le asignen mediante un proceso cuyo resultado goce no sólo de validez jurídica, sino también de legitimidad política, otorgando una real y efectiva igualdad de posibilidad democrática de acceso a dichos puestos.

6. Reafirmamos que la reforma del Consejo de Seguridad debe observar los principios de distribución geográfica equitativa y la igualdad soberana de los estados.

7. Expresamos también que no sería aceptable una reforma que resulte de un tratamiento discriminatorio entre países desarrollados y países en desarrollo.

8. Teniendo en cuenta la observancia de los principios democráticos así como la superación de las circunstancias históricas existentes en 1945, reafirmamos que el ideal es avanzar hacia la eliminación total del veto. Como primer paso se debe limitar su uso estrictamente a los asuntos contemplados en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

9. Destacamos la importancia que se asigna a la transparencia en los trabajos y en el proceso de toma de decisiones del Consejo de Seguridad. Tomamos nota con agrado de ciertas mejoras recientes en lo relativo a sus procedimientos y métodos de trabajo. Consideramos que se deberían celebrar más reuniones públicas y de orientación, entre otras, en las ocasiones en las que el Secretario General o sus enviados especiales presentasen informes.

Asimismo, se debería invitar a los Estados no Miembros a participar en sus consultas oficiosas de acuerdo a las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la Carta. Apoyamos otras medidas sugeridas en el marco de la Asamblea General, con miras a mejorar la transparencia y la legimitidad del accionar del Consejo de Seguridad.

10. Consideramos que la ampliación, la reforma de los métodos de trabajo y la cuestión del veto forman parte integral de la reforma del Consejo de Seguridad y deben ser partes del mismo acuerdo.

11. A la luz de las consideraciones anteriores y tomando en cuenta la dinámica y la importancia política del tema, hemos decidido instruir a nuestros Cancilleres a que mantengan un diálogo amplio sobre dicho tema, que tome en consideración el interés regional y que busque entendimiento sobre la materia.

Asunción, 24 de agosto de 1997."

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río hemos llevado a cabo un profundo intercambio de puntos de vista sobre la necesidad de preservar y fortalecer la democracia representativa, cuyo valor es compartido por todos sus integrantes y su ejercicio efectivo constituye una obligación para sus Estados Miembros.

2. Estamos convencidos que la democracia representativa es el fundamento de la legitimidad de los sistemas políticos, y condición indispensable para la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, así como para el proceso de integración hemisférica en que se encuentran comprometidos nuestros países.

3. Coincidimos en que la eliminación de la pobreza extrema, el logro de la justicia social, la promoción de formas de participación ciudadana, al igual que el mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar general de nuestros pueblos son objetivos permanentes de nuestros países, los cuales pueden ser más fácilmente alcanzados a través de la cooperación y coordinación entre gobiernos democráticos.

4. Reiteramos que la promoción y la observancia de los valores éticos y el respeto de los derechos humanos son el fundamento y razón de ser de la legitimidad de los sistemas políticos, y que sólo la democracia garantiza efectivamente su vigencia.

5. Reafirmamos que toda agresión a la democracia de un país de la región constituye un atentado contra los principios que fundamentan la solidaridad de los Estados americanos.

6. Por ello, en la búsqueda de la preservación de la democracia representativa y la plena vigencia de las instituciones, acordamos que, en caso de producirse en cualquiera de los países miembros del Grupo de Río, hechos que alteren el Estado de Derecho o impliquen una ruptura del orden constitucional, la Secretaría Pro Tempore convocará a una reunión de Ministro de Relaciones Exteriores para examinar la situación.

Asunción, 24 de agosto de 1997."

1. Los Jefes de Estado del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río-, reunidos en Asunción, Paraguay, los días 23 y 24 de agosto de 1997, en ocasión de la XI Cumbre del Grupo de Río, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al derecho internacional como norma de conducta de los Estados en sus relaciones internacionales, consagrado como principio en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

2. Rechazamos una vez más la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales, por constituir acciones que violan la igualdad jurídica de los Estados, los principios de respeto y dignidad de la soberanía nacional, la no intervención en los asuntos internos de otro Estado y que amenazan la convivencia entre los Estados. Estas medidas afectan negativamente, en el ámbito de las relaciones internacionales, al comercio, a las inversiones y a la cooperación. Tales medidas, como la Ley Helms-Burton y las recientes iniciativas para ampliar sus alcances, las evaluaciones en materia de derechos humanos, los procesos de certificación en la lucha contra el narcotráfico, los criterios sobre cuestiones medioambientales y los intentos por condicionar la cooperación a las formas de votación de los países en los organismos internacionales, erosionan las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.

3. Nos comprometemos a seguir concertando posiciones en estas materias en los foros regionales e internacionales, así como a contribuir en los trabajos del Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional, con el objetivo de profundizar la cuestión de la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales, fortalecer el multilateralismo, a través de la aplicación de los convenios internacionales suscriptos por los Estados, y guiar la conducta externa de nuestros países sobre la base del derecho internacional.

4. Ratificamos nuestra disposición para un diálogo constructivo en esta materia así como el firme compromiso para fortalecer la cooperación multilateral.

Asunción, 24 de agosto de 1997."