Revista de Relaciones Internacionales Nro. 14

La gobernabilidad, el medio ambiente

y el desarrollo sustentable

 

Daniel Alberto Sabsay*

* Profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Especialista en temas ambientales.

I.- La reforma de 1994 y la dogmática constitucional

 

El constituyente reformador le imprimió importantes modificaciones a los contenidos dogmáticos de nuestra Ley Fundamental. Estas consistieron en la incorporación de un segundo capítulo a la primera parte de la Constitución, titulado "Nuevos Derechos y Garantías" (arts. 36 al 43), como así también en la adición de nuevos incisos al artículo 75 relativos a las atribuciones del Congreso, entre los que queremos destacar: el régimen de los tratados internacionales (incs. 22 y 24) y la denominada "nueva cláusula del progreso" del inc. 19, entre otros). De este modo se ha operado, ante todo, un serio cambio en el "techo ideológico" de nuestra Carta Magna, al que se le han agregado los principales componentes que caracterizan al sistema internacional de los derechos humanos, y, en lo relativo al tema que vamos a desarrollar, la ampliación del catálogo de los derechos con la inclusión de los denominados de tercera generación (arts. 41 y 42 C.N :) o "derechos de incidencia colectiva"(art. 43 C.N :) .

Nos hemos ocupado de hacer esta breve mención relativa al nuevo perfil del sistema de derechos y garantías de orden constitucional, pues consideramos que por tratarse de tal, cada uno de sus elementos debe ser necesariamente analizado e interpretado dentro del marco sistémico general en el que se inserta y del que forma parte conjuntamente con los restantes componentes del mismo.

Queremos destacar que el sesgo reformador en nuestra materia reconoce antecedentes importantísimos en el derecho público de nuestro país, ya que la etapa del constitucionalismo provincial que se inicia en 1986 con la reforma de las leyes fundamentales de gran parte de las provincias argentinas, le imprimió un sentido semejante al de la Constitución nacional, al régimen de derechos y garantías contenido en sus respectivos textos. Nos parece importante destacar el desarrollo que hacen de nuestra materia la constituciones del Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y de la Ciudad de Buenos Aires, las que le han dedicado capítulos especiales y sus textos diseñan modelos particularmente amplios y generosos, de conformidad con los postulados de un constitucionalismo francamente garantista y de modalidades avanzadas de democracia participativa.

Estas modificaciones han redundado en una gran ampliación de los contenidos dogmáticos con rango constitucional. Una serie de artículos ingresados con la reforma, tienden básicamente a modificar y aumentar el plexo de derechos, libertades y garantías individuales. Este acrecimiento se visualiza no sólo a través de artículos que explicitan o expresan muchos de los que eran considerados "derechos implícitos" con base en el art. 33 de la C.N., sino también por la norma del art. 75, inc. 22, que otorga jerarquía constitucional a once instrumentos internacionales en materia precisamente de derechos humanos (Alice, 1995:3).

Efectuada esta puntualización nos interesaremos por el régimen de protección del medio ambiente, en particular, como reza el título del presente trabajo. Comenzaremos con una referencia a los antecedentes del nuevo artículo 41, para luego ocuparnos de él, del amparo colectivo, como garantía de ese derecho, todo lo cual nos permitirá concluir con un esbozo del modelo de gobernabilidad que este tipo de asuntos exige a fin de lograr un régimen eficaz encaminado al logro del desarrollo sustentable.

 

 

II.- El artículo 41 de la Constitución Nacional

 

De conformidad con los principios consagrados por la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Ambiente Humano que tuvo lugar en Estocolmo en 1972 y siguiendo la línea adoptada en todas las constituciones sancionadas a partir de esa fecha, el constituyente reformador introdujo en nuestra Ley Fundamental la cuestión ambiental. Así, el art. 41 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado en aras a la obtención de un desarrollo sustentable, conjuntamente con el deber correlativo de preservarlo. Asimismo, se determinan claros mandatos en dirección de las autoridades y se fijan criterios para la distribución de las competencias en el interior del estado federal. La concreción del programa constitucional debe surgir del dictado de normas, de la fijación de políticas, del ejercicio del poder de policía, etc. La recepción del principio del desarrollo sustentable o derecho intergeneracional implica -en la interpretación constitucional- la obligación de garantizar que aquellos que heredarán el ambiente deben vivir en condiciones como mínimo tan buenas o mejores que las presentes a fin de facilitar su desarrollo efectivo (Tawil. 1995: 50).

El art. 41 citado en su primer párrafo consagra el derecho humano al medio ambiente al que califica de "sano, equilibrado,...", a través de estos calificativos se engloban las características de las que hemos hablado con anterioridad. Al mismo tiempo se fija un objetivo en el tiempo -la satisfacción de "las necesidades (...) de las generaciones futuras"- que pone de manifiesto la incorporación de la noción de desarrollo sustentable que hoy en día ubica a la variable ambiental como necesaria en la toma de toda decisión que haga al desenvolvimiento de una comunidad organizada. En la Constitución se habla de actividad productiva, en realidad se apunta a un tipo de modelo de desarrollo que haga viable la vida en el planeta en el presente y en el futuro. Este es el sentido que tanto la citada declaración de las Naciones Unidas como la estrategia de la Unión Internacional para la Naturaleza le dan a la expresión.

 

 

 

III.- La gobernabilidad deseada para el desarrollo sustentable

 

La concreción de un modelo como el que persigue la citada cláusula constitucional exige de una serie de requisitos, sin cuya presencia, objetivos tan ambiciosos serán de muy difícil por no decir de imposible concreción en el futuro. Esto es así, puesto que el planteo pone en juego las modalidades de producción, de consumo, de uso de los recursos naturales, el orden de prioridad de los valores sociales, etc. Se trata de cambios que necesariamente afectan intereses, modifican comportamientos, cambian pautas culturales. Todo ello sólo podrá lograrse a través de un enorme esfuerzo conjunto en el que deberán estar empeñados los más diversos sectores de la sociedad. La nueva realidad requiere del logro de consensos, detrás de los cuales seguramente encontramos acuerdos producto de transacciones intersectoriales.

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo -ECO92-, entre los veintisiete principios que la misma contiene, determinó:

Principio 3 - El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Principio 10 - El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así, como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

La cláusulas transcriptas contienen los componentes de la gobernabilidad a que estamos haciendo referencia, de modo que a continuación nos iremos refiriendo de manera sucesiva a cada unos de ellos. Es de destacar que estos contenidos provienen de decisiones tomadas en sede internacional y asentadas en instrumentos de idéntica jerarquía. Por lo tanto su adopción no sólo debe ser considerada dentro del estrecho ámbito de los estados nacionales, sino también a nivel supranacional, ya sea internacional o regional. Consideramos que este esquema será de necesaria utilización para conciliar regímenes tan distintos como son los del derecho ambiental y del comercio internacionales.

 

III.1.- La participación

 

La gobernabilidad es la condición necesaria que debe imperar en el interior de una comunidad políticamente organizada para que las decisiones sean acatadas y a su vez se logre una administración eficaz de los intereses generales. Es decir que el acatamiento por parte de la mayoría de los miembros de una comunidad de una regla de comportamiento socialmente aceptada, reposa en el convencimiento de quienes la observan que ella es legítima, que obliga y que su aplicación redundará en algún tipo de beneficio para la sociedad. Ahora bien, para que todo esto sea posible deben organizarse canales institucionales aptos para que las personas puedan manifestarse, nos estamos refiriendo a la participación. La vida democrática moderna requiere de una intervención cada vez más activa de la población. Se necesita de la participación de los miembros de la comunidad. La idea de que los gobernados sólo actúan cuando se trata de elegir y luego valga la redundancia son gobernados por otros, sin que exista posibilidad alguna de interactuar con los gobernantes, ha quedado agotada. Ahora, al concepto de democracia representativa se le agrega la calificación de participativa.

La participación transforma al sistema democrático, le da otro dinamismo. Le concede un canal de relación permanente entre los gobernantes y los gobernados. La actuación conjunta permite que las decisiones sean más razonadas, que sean el producto de un mayor consenso, que se conozcan mejor los problemas que aquejan a una sociedad y que se busquen de manera mancomunada las posibles soluciones. La participación permite que se transparente la actuación del gobierno, evitándose de manera efectiva gran parte de los comportamientos corruptos. Asimismo, ante la aparición de conductas reprochables se facilita la asunción de responsabilidades y eventualmente la aplicación de sanciones.

Se deben encontrar vías adecuadas para impedir que la destrucción de los ecosistemas provoque a la larga la inhabitabilidad del planeta. La evolución del concepto de defensa del ambiente ha puesto de manifiesto que la solución no se limita a la actitud de conservar a todo precio. La mera conservación puede importar "quietismo", no desarrollo, es decir que por otra vía la subsistencia también se haría imposible para amplias franjas de la población. Nos encontramos frente a una complicada disyuntiva que de un modo u otro produce consecuencias indeseadas. Dado que, por un lado, si se siguen produciendo y explotando recursos sin tener en cuenta los daños que se provocan al medio ambiente, sobrevendrá, entre muchas otras consecuencias no queridas, el agotamiento de los recursos y en consecuencia a la larga el fin de la humanidad. Pero, por otro lado, el temor a que esto último suceda no puede inducirnos a incurrir en el proceder opuesto, es decir, la detención de actividades en aras de preservar los recursos, pues ello, lleva a otro tipo de destrucción.

La preservación del medio ambiente recién cobra una posibilidad cierta cuando se la acopla al concepto de desarrollo. Entonces al incorporar el medio ambiente al desarrollo, se elabora un nuevo concepto del mismo, en el cual se introduce la variable ambiental. El límite a toda acción de desarrollo estaría dado por la no afectación del ambiente, dentro de parámetros previamente establecidos. Esta posición es la que da nacimiento a la noción de desarrollo sustentable

Este fenómeno que parece de fácil explicación y de rápida comprensión, sin embargo demanda enormes esfuerzos para poder ser puesto en práctica. Su aplicación obliga a un trabajo conjunto de los gobiernos y las sociedades y dentro de éstas de los distintos sectores que las componen, a efectos de corregir errores, cambiar actividades, ajustar procederes. Todo esto no surgirá por generación espontánea, sino que demandará concesiones y revisiones de parte de todos los sectores involucrados en los distintos procesos de producción, de creación, de educación, de consumo, etc.

Para que se puedan lograr todos estos cambios es necesario conseguir una aceptación y previo a ello una comprensión de todo el fenómeno, de parte de aquellos que se verán obligados a observar y perseguir las transformaciones. De este modo conseguiremos consenso sobre esta realidad y luego en relación con las medidas que haya que adoptar. Nos encontramos en una situación que obliga a renunciamientos, a la necesidad de que cada cual tenga que dar algo. Además cada obra, actividad, acción que se emprenda, deberá ser efectuada teniendo en cuenta que ellas no produzcan determinado tipo de consecuencias negativas para el medio ambiente. Dichas consecuencias no se limitan a nuestra realidad actual, sino que deben considerar también a los futuros habitantes del planeta. El carácter intergeneracional o la intergeneracionalidad es una de las características que presenta la protección del medio ambiente y en particular su vinculación con el desarrollo. Su formulación plantea uno de los dilemas más acuciantes de la época actual, cual es el de asegurar posibilidades de supervivencia a nuestros descendientes.

En definitiva, para encontrar consensos se debe buscar el modo de compartir el tratamiento de estas cuestiones. Para poder hacerlo se deben concretar los canales de participación más adecuados a esos efectos. La materia ambiental y la gestión de los recursos naturales han permitido, a lo largo de las últimas décadas, una cada vez más importante presencia ciudadana en todas las decisiones que atañen a estas dos cuestiones.

La legislación y las prácticas de las democracias más desarrolladas así lo demuestran. Esto ha sido posible gracias a un rol muy activo de la sociedad civil, liderado en gran parte por organizaciones no gubernamentales. Asimismo se ha producido a través de ciertos mecanismos como las audiencias públicas y la administración coparticipada, entre muchos otros, que han procurado la creación de espacios propicios para la concreción de distintos tipos de participación.

 

III.2.- El acceso a la información

 

La publicidad de los actos de gobierno constituye una de las piedras angulares del Estado de Derecho. Sin embargo, desde los albores del constitucionalismo la concreción de dicho principio de parte de quienes son los naturales obligados a dar tal información ha adolecido de serias falencias. En efecto, el hecho de dar o no dar al conocimiento público un determinado acto de gobierno y su fundamentación ha sido considerado en la práctica una suerte de potestad "graciosa", ubicada dentro de la esfera de discrecionalidad de los propios responsables en brindarlo.

Semejante interpretación desconoce un hecho fundamental de la realidad y que consiste en determinar a quien le pertenece la información pública. La definición al respecto no da lugar a muchas alternativas, estamos frente a un saber que por ser público le corresponde a los gobernados y que de ningún modo puede permanecer de manera injustificada en el conocimiento exclusivo de los gobernantes. A través de este mecanismo se posibilita un mayor control de la actuación de los gobernantes. Pero además de ello, en el marco de una democracia participativa el detentar la información apropiada constituye un requisito sine qua non para poder intervenir en la marcha del gobierno desde la sociedad. El axioma según el cual "el pueblo quiere saber de que se trata", acá adquiere una magnitud distinta, ya que sólo quien conoce puede participar de manera eficaz y alerta.

El derecho de libre acceso a la información tiene antecedentes muy lejanos en el tiempo. Así, tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca de 1766 sobre libertad de prensa, en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 expresa en su artículo 11 que "la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos de los hombres". Son los EE.UU. quienes en 1966 dictan la primera ley completa sobre esta problemática. Se trata de la "Freedom of Information Act" según la cual toda agencia gubernamental debe responder a cualquier pedido específico de información sobre los archivos, fichas, informes, etc. dentro de un período limitado de tiempo. Cada ente debe llevar un índice de la información de alcance público que trate sobre posiciones adoptadas o promulgadas, publicándolo trimestralmente. Estas bases aparecen en la década del 70 en las legislaciones de Francia, Canadá e Italia.

La constitucionalización del derecho surge en Europa en las leyes fundamentales de Grecia (art. 10), Portugal (art. 268) y España (art. 105). La directiva N 90/313 de la Unión Europea de acceso a la información ambiental de carácter público, se ocupa de esta cuestión. Estamos frente a un derecho de incidencia colectiva que actúa a su vez como una garantía de la participación, cuya consagración ha venido de algún modo de la mano de la protección del medio ambiente.

La Argentina no ha quedado al margen de este proceso y es así como varias de nuestras constituciones provinciales han incorporado el derecho de libre acceso a la información estatal a sus textos. Entre ellas, las leyes fundamentales de Buenos Aires (art. 28) y del Chubut (art. 13). Es de destacar las experiencias producidas en la materia en esta provincia patagónica cuyo derecho público prevé, igualmente, una ley específica (Ley 3764 de "Libre acceso a las fuentes de información y publicidad de los actos de gobierno").

 

III.3.- El acceso a la justicia

 

El derecho constitucional va dando respuesta desde su óptica a una altísima gama de intereses generales, públicos, fraccionados, pero ciertos y con jerarquía, que requieren de una protección de marcado carácter preventivo como es característico en el derecho ambiental y en todo lo relacionado con la calidad de vida de los habitantes, que como se ha visto incluye el derecho a la salud y a la debida atención médica. Se trata de una coparticipación colectiva de intereses.

Cómo proteger entonces la lesión a los bienes de tipo colectivo? Surge entonces la necesidad de ampliar la clásica trilogía. Deben ingresar los intereses difusos en la jerarquía constitucional. En la especie se tiene parte en un interés colectivo y supraindividual, ello constituye la faz subjetiva de la cuestión. Es decir que si bien no se puede demostrar un perjuicio personal o actual, de todos modos quien participa de esta suerte de relación consorcial, compuesta por todos los damnificados actuales o potenciales, puede invocar una suerte de "cuota parte" que en tanto partícipe en la cuestión le da derecho a recurrir a la justicia.

El art. 43 de la Constitución nacional en su 2 párrafo reconoce legitimación a tres sujetos diferentes:

a) El "afectado": Este término resulta por demás enigmático y ha dado lugar a diversas interpretaciones. Por una parte, una visión restringida, estima por afectado a aquel que es titular de un derecho subjetivo. Por otra parte, la posición amplia, piensa que una interpretación conjunta de los términos "afectado" y "derechos de incidencia colectiva en general", permite suponer una consagración de la legitimación para actuar a cualquier afectado en reclamo de derechos colectivos. Para el análisis de este tema recomendamos la lectura de los siguientes autores: Favorables a la postura amplia: Walsh, J. R.: "El medio ambiente en la nueva Constitución argentina". La Ley, Suplemento de Derecho Ambiental, Año 1, N 1 (6/12/94). Sostienen una interpretación similar, entre otros: Bidart Campos, Germán J.: "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", Tomo VI, "La reforma constitucional de 1994", Ediar, Bs. As. 1995 y "La legitimación procesal activa en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución", El Derecho, 6/2/96; Morello, A.M.: "El amparo después de la reforma constitucional, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, 1994, n 7; Gozaíni, O. A.: "La noción de afectado y el derecho de amparo", El Derecho del 22/11/95.

Sagüés, Morello y B. Campos entienden que con la palabra "afectado" se cubre la legitimación para amparar intereses difusos (de incidencia colectiva general). Se debe acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, de conformidad con figuras similares del derecho anglosajón, para constituirse en defensor de derechos de incidencia general o supraindividuales. El derecho subjetivo está reservado para la primera parte del artículo, en cambio en la segunda es evidente que no se contemplan agresiones o daños de carácter personal o particular, sino que se está aludiendo a derechos supraindividuales de incidencia colectiva, que no son otros que los llamados intereses difusos.

En la vereda de enfrente, es decir favorable a la doctrina restringida que asimila al afectado con el titular de un derecho subjetivo y por lo tanto que persigue la satisfacción de un interés legítimo se ubican principalmente Cassagne, quien considera que: "si bien la cláusula constitucional permite interponer esta acción a toda persona (art. 43, 1 parte), la segunda parte de dicho precepto exige como requisito, para el acceso al proceso de amparo individual, que se trate de un afectado, es decir, de una persona que haya sufrido una lesión sobre sus intereses personales y directos, por lo que no cabe interpretar que la norma ha consagrado una suerte de acción popular al que, salvo los supuestos de excepción contemplados (Defensor del Pueblo y Asociaciones de interés público) la cláusula permita la legitimación de los intereses difusos o colectivos en cabeza de los particulares" (Cassagne. 1995:3) y en el mismo sentido (Barra:1994:1043).

b) Defensor del Pueblo: su habilitación es una resultante del papel que cumple este nuevo actor institucional como instancia pública de defensa de los intereses generales. Por lo tanto su potestad de acceder a la justicia en la defensa de intereses colectivos no plantea dificultad interpretativa alguna.

c) Asociaciones registradas: En este punto el proyecto con media sanción del Senado reglamentario de las nuevas cláusulas constitucionales establecía criterios tan restrictivos que sin lugar a dudas vulneraba la Ley Fundamental. A las limitaciones de tipo formal que hacían a cuestiones de registración de la organización, se sumaba la exclusión de sindicatos y de partidos políticos. Además, una asociación para poder actuar debía tener por objetivo la defensa de sólo un interés colectivo. Afortunadamente dicho dictamen fue modificado en Diputados con un criterio de mucha mayor amplitud para nuestra figura.

El amparo, luego de la reforma constitucional del 94, ha obtenido un nuevo perfil institucional que lleva a una importante ampliación de la figura, la que hoy comprende dos tipos distintos: uno de corte individual y otro colectivo. La segunda modalidad constituye per se uno de los aspectos más innovadores de la labor del constituyente de reforma. En efecto, las características de los derechos cuya protección se persigue con su interposición, como así también las consecuencias que ello provoca en materia de legitimación para el acceso a la justicia, llevan a modificar las concepciones tradicionales en la materia. De lo contrario, no se podrían obtener los objetivos perseguidos con su institucionalización, lo que importaría considerar que las normas constitucionales no han sido creadas para ser cumplidas.

 

III.4- La relación entre los distintos niveles de gobierno

 

Una problemática ambiental encaminada al desarrollo sustentable requiere de una articulación particular entre niveles de gobierno. Desde el ámbito nacional resulta dificultoso dar cumplimiento al mandato constitucional derivado del párrafo 3 del art. 41. Parece fácil llegar a un planteo teórico de la cuestión, la que luego se verá entorpecida cuando de lo que se trata es de transformar en normas el programa constitucional. Cuál será la línea divisoria entre las potestades nacionales y las provinciales?, este interrogante constituye de alguna manera la pregunta "del millón" en este campo. Nos parece difícil su determinación si no existe con anterioridad una base consensuada entre niveles de gobierno. Esta necesidad nos parece auspiciosa en la medida que nos ubica en el marco de un federalismo de "concertación" a favor del cual nos pronunciamos, no sólo por un problema de fidelidad con determinadas convicciones, sino fundamentalmente porque creemos que este es el modelo que asegura mayor eficacia en la aplicación y la observancia de las normas ambientales.

La reglamentación legislativa del art. 41 no puede concretarse en una única norma, no se trata de una nueva materia a codificar. Este no ha sido el deseo del constituyente, de lo contrario, hubiese incluido la materia ambiental entre los códigos del art. 75, inc. 12. Pero, además, desde el punto de vista práctico, creemos que este instrumento no se corresponde con las características de la materia ambiental. Consideramos que ella requiere de modalidades que con suficiente elasticidad puedan ir "aggiornándose" en el tiempo. En consecuencia, será útil la readaptación de estándares a las situaciones cambiantes que imponga cada coyuntura. Por otra parte, creemos que dichos estándares deberán estar contenidos en distintas normas, cada una de las cuales se referirá a los diferentes medios -agua, aire, suelo, etc.- o a materias específicas que requieran un tratamiento por separado, ya sea por su naturaleza o porque importen la reglamentación de tratados internacionales.

En nuestra opinión la cláusula ambiental de la Constitución requiere una tarea en distintos tiempos. En primer lugar, se debería dictar una suerte de ley general, cuyo contenido tratase fundamentalmente sobre las siguientes cuestiones:

- Política ambiental argentina

- Instrumentos de la Política Nacional del Ambiente.

- Autoridad de Aplicación

- Determinación de Competencias.

- Procedimientos para la resolución de conflictos interjurisdiccionales.

También consideramos de incumbencia nacional lo relativo a daño ambiental, responsabilidad y seguros especiales. Pero, por sus características creemos conveniente que estos aspectos sean objeto de una norma particular. Es igualmente de la competencia del Congreso nacional la sanción de los delitos ambientales, los que a nuestro criterio deberían formar parte de un capítulo especial del Código Penal.

Por último, luego de que haya quedado elaborada la norma general a que hacemos referencia con anterioridad, se podrá comenzar a trabajar sobre cada materia especial. Y, para cada una de ellas deberán determinarse los "presupuestos mínimos", tarea que ya no ofrecerá serias dificultades, pues dichos eventuales escollos deberían quedar zanjados con la aplicación de los criterios contenidos en la norma general, los que han sido el objeto de una concertación intrafederal que le aportará el consenso necesario para legitimar y hacer aplicables las reglas que se dicten en consecuencia.

El municipio constituye una comunidad ideal para la participación y la gestión ambiental tendiente al desarrollo sustentable. Esto es así porque sin lugar a dudas cuando los grupos sociales son más pequeños, quienes los integran se encuentran directamente interesados e involucrados en las cuestiones que se suscitan en su interior. Dentro de una familia o de un club barrial, cada uno de sus miembros experimenta un deseo natural de participar de un modo u otro en la toma de las decisiones, o de colaborar en la solución de los problemas que puedan producirse en su seno. Todo integrante del grupo sabe que los problemas colectivos no le son ajenos y que la solución de esas cuestiones está ligada, de alguna manera, a su propia suerte, a su destino. El municipio, por sus dimensiones y por la relación de proximidad que se da entre su población y las cuestiones a resolver, posibilita una mayor y más espontánea participación de sus habitantes en los asuntos públicos. Además, en la órbita municipal, el ciudadano puede vivir de manera directa el funcionamiento de las instituciones de gobierno.

Esta mecánica también guarda una necesaria proyección con los niveles supra-nacionales, en dichos ámbitos debe tenerse especialmente en cuenta la necesidad de conciliar los aspectos de tratamiento global, dada su trascendencia, con los de formato local que coadyuvan al logro de un proceso de toma de decisiones más participativo y de una aplicación más efectiva de las mismas.

 

 

Bibliografía consultada

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