(1) Coordinador del Dpto. de América Latina y el Caribe del IRI.

Cambiemos, cambiemos siempre. Renovemos, renovemos siempre, pero sabiendo qué, cómo y para qué cambiamos; qué, cómo y para qué renovamos"(Pte. Julio María Sanguinetti)

1.-LOS CONDICIONAMIENTOS.

Para analizar la proyección de América Latina en el actual contexto económico-político, debe ser reconocido el corte producido, en estos últimos años, respecto de las características predominantes en la subregión durante un largo período iniciado en los años '50.

Aquel estilo de desenvolvimiento socio-económico con singulares aspectos de espontaneidad en cuanto a su articulación interna, y pasividad en su inserción internacional materializada, esta última, a través de la actuación refleja respecto de los fenómenos económicos externos; determinó la indefinición de un tipo de desarrollo que no pudo superar las situaciones críticas del subdesarrollo: profundización de los desequilibrios socio económicos, vulnerabilidad externa, creciente desproporción en la distribución de los frutos del progreso económico, tanto en términos de propiedad como en términos salariales. Todo ello en medio de una marcada inestabilidad democrática.

En resumen, como lo expresa la CEPAL, "han existido vínculos funcionales entre la transformación económica y social, su dinamismo y la heterogeneidad. En esta forma, incorporación y marginalidad, modernización y heterogeneidad, tienden a reproducirse, y su coexistencia se convierte en una característica permanente del funcionamiento a este estilo de desarrollo"(2)

A partir de ese esquema, se fueron generando restricciones estructurales -falta de vertebración de las actividades productivas, ineficiencia, atraso tecnológico, deficiencia, tanto, en la gestión empresarial como pública, deficiente entrenamiento de la mano de obra, etc.- que eran "cubiertas" en los ciclos de expansión económica con instrumentos de intervención estatal. De esa forma, se conformó un Estado activo de carácter protector que asignaba recursos públicos para responder a las demandas de la sociedad, ya sea estableciendo estímulos a la actividad económica privada o incrementando paulatinamente el gasto público destinado a políticas sociales.

Pero ese Estado latinoamericano, que osciló entre el populismo, el desarrollismo y el neocolonialismo, al carecer de sustento democrático permanente, no se constituyó en el agente dinámico que la transformación de la Región requería. Ese "déficit" estatal explica que, pese al importante grado de intervención, no se llegara a conformar un sistema político con posibilidades de programar y controlar el desarrollo económico.

La tan mentada década perdida de los '80, síntoma definitivo del agotamiento del modelo imperante, con las gravosas consecuencias de estancamiento y endeudamiento externo, se constituyó, para América Latina, en el estadio intermedio hacia la necesaria conformación de un nuevo planteo que le posibilitara superar su crisis pero en un cuadro de nuevas reglas de relacionamiento internacional.

Como presupuesto central debía superarse la "tradición" de inestabilidad y transitoriedad que vinculaban a la economía con la política. Entonces el desafío democrático se tornaba complejo y urgente; por un lado, debía superarse el difícil tránsito del autoritarismo hacia la plenitud institucional y el respeto por los derechos humanos. Por otro, habría que emplear toda la energía social para terminar con "las tres grandes tolerancias de América Latina": hacia el déficit fiscal, hacia la ineficacia ligada al cierre de la economía, y hacia la desigualdad e inequidad social.(3)

Además, las nuevas democracias latinoamericanas también se encontraron ante los cambios que se fueron desencadenando en el sistema internacional, acelerando el proceso de globalización. Esa transformación en curso, con las dudas que plantea un orden internacional en transición, conlleva la necesidad de interpretar adecuadamente el grado de influencia que tiene el renovado escenario mundial sobre las decisiones nacionales, como imperativo para que sean factibles las nuevas estrategias de inserción internacional.

La globalización, para América Latina significa actuar en un plano de interdependencia asimétrica respecto de los países centrales, y esto equivale a tener en claro que "las relaciones interdependientes siempre implicarán costos, dado que la interdependencia reduce la autonomía; pero es imposible determinar a priori si los beneficios de una relación serán mayores que los costos. Esto dependerá tanto de los valores que animen a los actores como de la naturaleza de la relación. Nada asegura que las relaciones que denominamos <interdependientes> puedan caracterizarse como de beneficio mutuo" (4)

El renovado esquema de relaciones internacionales, más allá de no conformar un orden cierto en la actualidad, trajo aparejado el descrédito de la intervención estatal como instrumento de conducción del cambio democrático. Derivación concreta de ello, resultan los condicionamientos establecidos por los organismos financieros internacionales respecto a la formulación de las políticas internas para los países endeudados, sobre los que se exige una política de alineamiento con los postulados establecidos en el Consenso de Washington a partir de la reducción del aparato estatal -privatizaciones y disminución del gasto público- con la articulación de medidas de liberalización entre los sectores interno y externo.

Ese "nuevo orden mundial", tiene, entre sus objetivos, la materialización de un orden económico mundial donde la libre circulación de bienes, servicios, capitales y tecnología sea la regla. Para ello, se necesita establecer nuevos marcos que regulen la vinculación entre el mercado y el Estado, para disminuir la posibilidad de que comportamientos político-normativos nacionales entorpezcan el flujo internacional de factores.

En esa lógica, los países latinoamericanos realizan una "transformación neoconservadora" mediante la consolidación de ajustes estructurales, y encuentran nuevamente ventajas comparativas en la heterogeneidad de sus estructuras socioeconómicas, donde los sectores atrasados actuan funcionalmente para la consolidación de los sectores minoritarios que fortalecen su dinámica y modernidad en el nuevo esquema de interacción con los actores económicos transnacionales.

La neutralidad pública determina la preeminencia de los equilibrios del mercado, situación que permite avanzar hacia una modernización con criterios de eficientismo técnico y sustento tecnólogico omitiendo consideraciones de bienestar en términos totalizadores desde la perspectiva social.

Ante estos presupuestos, se plantean una serie de interrogantes sobre las consecuencias de este modelo en el comportamiento político latinoamericano. Interrogantes que deben ser respondidos como una exigencia, aun para quienes tienen intereses encontrados: para unos, porque está en juego su legitimación, para mantener la conducción y continuidad de estos procesos económicos; para otros, porque de ello depende, en buena medida, la posibilidad de construir una alternativa progresista para el inicio del siglo venidero.

2.- LOS OTROS RIESGOS.

Los riesgos de este proceso son varios, tanto desde la perspectiva económica como desde la social, pero esto último no puede significar que se omita el análisis sobre sus consecuencias en términos políticos. Puntualización realizada en función que se observa con preocupación, una creciente subordinación del régimen democrático respecto de poderes extra-estatales, internos y externos, con la consiguiente desvalorización de las formas democráticas de representación y de acción colectiva.

La preeminencia de la dimensión económica de la gobernabilidad por sobre las dimensiones política y social, surgió a partir del momento en el cual los países comprendieron que debían "adaptarse a las nuevas condiciones del sistema económico internacional, caracterizado tanto por cambios tecnológicos que demandan más flexibilidad dentro de las empresas y una mayor descentralización de la producción, como por mercados mundiales más competitivos e inestables". (5)

Tal adaptación, como la definen E.Tironi y R. Lagos, significó para América Latina la adopción generalizada de "políticas de ajuste estructural" apuntando a tres objetivos principales, que estos autores citando a P. Mosley y J. Toye, identifican como:

"a) Un objetivo de tipo financiero, que es el de proveer recursos a aquellos países que presentan agudos problemas de endeudamiento externo y balanza de pagos, pues el alivio a través de recursos de liquidez es en este caso requisito para la aplicación de reformas económicas más estructurales.

b) Un objetivo de ajuste macroeconómico, que persigue recuperar el equilibrio externo en el corto plazo a través del control de la demanda agregada (políticas de reducción del gasto). Las medidas en este campo apuntan a reducir el gasto del gobierno especialmente el gasto social y en infraestructura), dismimuir o eliminar subsidios, contraer la oferta de dinero y aumentar las tasas de interés real. Si bien el objetivo directo de estas políticas es restablecer el equilibrio externo, no puede pasarse por alto que ellas tienen efectos más generales.

c) Un objetivo de ajuste microeconómico, que apunta a mejorar la eficiencia económica a través de medidas sobre la oferta (políticas de reasignación del gasto) que procuran fomentar el crecimiento mediante la explotación de las ventajas comparativas y un uso más eficaz del capital y de los demás factores de producción. Con este fin, se busca modificar la estructura de precios relativos (salarios reales, tasas de interés, tipo de cambio) para incentivar la transferencia de recursos desde la producción de bienes no transables a la de bienes transables y, más en general, para aumentar el grado de respuesta de la oferta. Esto es lo que conduce a medidas como devaluaciones, liberalización comercial, eliminación de subsidios estatales, privatización de empresas públicas, eliminación del control de precios, etc." (6)

La reformulación planteada a partir de las distintas decisiones gubernamentales instrumentadas para concretar esos objetivos, generó modificaciones en el patrón de acumulación prevaleciente hasta ese momento; y el abandono paulatino del "intervencionismo" estatal en las economías nacionales, básicamente, a través de dos políticas como son: la venta de activos propios, y la eliminación de regulaciones estatales que establecían límites y/o controles para la inversión, la producción o las transacciones comerciales.

Lo expresado, permite afirmar que se ha superado el período donde el esquema político-institucional múltiple intentaba ser el gestor activo en la planificación y control de la actividad económica. Al culminar, esa etapa, con síntomas de agudización del subdesarrollo, quedó demostrada la escasa viabilidad de esa suerte de "estado de bienestar latinoamericano" caracterizado por el voluntarismo en su comportamiento político y la ineficacia para corregir los desquilibrios estructurales de sus economías.

La magnitud de tal "transformación" no puede resultar neutra para el conjunto de actores sociales, en tanto, se modificaron drásticamente las formas de participar en la generación de riqueza con el consiguiente deterioro en los ingresos de amplios sectores de la población.

En ese marco, se generaliza la tendencia que establece una diferencia, en aumento, entre quienes acceden al proceso productivo capitalizando su posicionamiento preferencial anterior, ya sea por condiciones económicas o de capacitación propias, respecto de quienes pierden sus empleos o no logran incorporarse al mercado laboral.

Como expresa O. Sunkel, "por desgracia, entregados al juego espontáneo del mercado, los primeros tienden a ser menos que los segundos, dado el crecimiento de la población y la fuerza de trabajo, las severas exigencias de reestructuración derivadas de las políticas de liberalización, privatización y competencia internacional, la masiva incorporación de tecnología que hace uso intensivo del capital, el insuficiente esfuerzo de inversión, y la falta de calificaciones, educación y hábitos laborales de gran parte de la población activa". (7)

De esta manera, cuando se debate sobre la inequidad en términos de la factibilidad de generar producción, es la consecuencia inmediata de las derivaciones generadas por un modelo cimentado sobre una fuerte concentración de la riqueza que desmasifica la economía.

Así, las proyecciones sobre la equidad en "las propuestas actuales de reforma de las estructuras económicas probablemente no conseguirán más que una <equidad restringida>, es decir avances para sectores de la población que ya disfrutan del algún grado de acceso real a las nuevas posibilidades empresariales y de empleo más bien que la <equidad universal> en que los estratos que ahora están empobrecidos y en desventaja podrían participar" (8)

Teniendo en cuenta esa evaluación, y la observación de la evolución de las políticas en ejecución, cabe señalar que a las heterogeneidades que caracterizan a Latinoamérica, se le adicionan las divergencias producidas por la compleja vinculación que tienen los distintos actores sociales con el renovado sistema económico.

Por un lado entre los partícipes del proceso económico aparecen aquellos que tienen una incorporación plena; otros cuya posibilidad de incorporación es factible en función de poseer cierto margen para intentar la reconversión de sus actividades; y aquellos que circunstancialmente se incorporan por mecanismo informales o precarios.

En el otro nivel de esa complejidad están aquellos excluidos que pueden aspirar a acceder al último nivel de "incorporación"; y los marginales identificados como aquellos que se encuentran excluídos estructuralmente tanto de las relaciones de producción prevalecientes como de la participación en el producto social. (9)

Esa reformulación de la estructuración social, para A. Barbeito y R. Lo Vuolo es consecuencia del sentido regresivo de este tipo de transformación. Fundamentan tal definición expresando que:"Por un lado, las transformaciones impuestas en el sistema económico han definido la destrucción y expulsión del mercado de gran parte de las fuerzas productivas. Por otro lado, se acotan los límites dentro de los cuales los sujetos pueden aspirar a ser integrantes plenos de la sociedad, tanto por el cercenamiento de los derechos sociales adquiridos, como por el vacío creado como resultado del desmantelamiento de las instituciones del Estado de Bienestar y la sostenida degradación de la capacidad laboral de gran parte de la ciudadanía. Ambos aspectos definen el sentido regresivo y excluyente del supuesto proceso de "modernización social" en que están inmersas nuestras sociedades." (10)

Sin dudas, la multiplicidad de divergencias de intereses apuntadas en función del reposicionamiento socio-económico de las poblaciones, repercute sobre sus comportamientos políticos, en tanto la fracturación provoca el debilitamiento de los esquemas de representación de intereses preestablecidos.

Las organizaciones obreras y empresarias como los partidos políticos, al no modificar sus "lógicas" de acumulación de poder, ven disminuida su capacidad de representación al no encontrar respuestas que logren un cierto nivel de homogeneización de intereses.

Ante ello, en las conducciones de tales estructuras, es común encontrar una actitud de subordinación a los intereses gubernamentales para intentar mantener su nivel de influencia en las decisiones nacionales.

La consecuencia inmediata de esa "mimetización" es la neutralización de la acción colectiva. Neutralización que, al producirse paralelalmente con el alto grado de concentración económica, genera una similar acumulación de la capacidad de decisión política.

En definitiva, es evidente que la fragmentación de la sociedad resulta un activo para el sistema de gobernabilidad que requiere el modelo económico vigente.

Ante este cuadro, avalando el predominio de la variable económica en la acción de gobierno, sus responsables con marcado dogmatismo, promueven constantemente la revalorización de los comportamientos tendientes al progreso exclusivamene individual; y de esa manera, autojustifican la abstención de políticas públicas en el campo de los intereses generales.

J.C. Portantiero al referirse a tal comportamiento gubernamental, dice que "ya no sería la economía el subproducto de la política sino al revés, con lo cual una lógica economicista suplantaría a una lógica politicista de la democracia. Bien conocido es el fraseo de esa nueva retórica: el mercado como organizador de la sociedad, no sólo como mejor asignador de recursos sino como dispositivo moral, como ordenador cultural y como sustituto de la política, en una secuencia en que lo privado remplaza no sólo lo estatal, sino, y sobre todo, lo público" (11)

De esta forma, las "nuevas políticas", no sólo han desactivado al Estado en su rol económico tradicional en América Latina, sino también en su función de garante de la cohesión social de la sociedad a la que representa.

3.- LAS RESPUESTAS ELECTORALES.

Las interpretaciones antes efectuadas son rechazadas por los conductores de las administraciones gubernamentales que llevan adelante las reformas económicas, en tanto, descartan que los costos "atribuidos" a su implementación sean obstáculo para la consolidación, en términos político-económicos, de la democracia en América Latina.

A partir de ello, para encontrar un cierto grado de objetividad en el debate, imperiosamente debe recurrirse a uno de los elementos esenciales de la legitimidad democrática: el comportamiento concreto de la sociedad latinoamericana en el campo de las decisiones electorales.

Durante los años 1993 y 1994, en general cumpliendo con los calendarios electorales previstos, se produjeron renovaciones de gobiernos democráticos en Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, (1993), Brasil, Colombia, México, y Uruguay (1994).

El principal interrogante que plantean los resultados de esos comicios se centra en el nivel de incidencia que pueden producir los cambios o la continuidad de los partidos gobernantes, respecto del escenario socio-económico antes indicado.

Los datos básicos que pueden compararse, en esa perspectiva caben ser reseñados de la siguiente manera:

BOLIVIA: el triunfo, en la elección presidencial, del candidato opositor Gonzalo Sánchez de Losada, no implicó modificaciones a una política económica "ortodoxa; ejemplo de ello, es el compromiso a profudizar la reforma del sector público mediante un plan de privatizaciones de empresas eléctricas y de telecomunicaciones, restricciones presupuestarias y descentralización.

El descontento popular con el mantenimiento de esas políticas, causaron la desarticulación del gabinete de coalición estructurado a partir del Pacto de Gobernabilidad conformado con otras fuerzas políticas como el MBL y la UCS; que culminó con la designación de un nuevo elenco gubernamental con clara preminencia del oficialista Movimiento Nacionalista Revolucionario.

BRASIL: El proceso electoral post destitución de Collor de Melo aparece como de alta conflictividad institucional. Así lo ejemplifica el conflicto de poderes entre el Ejecutivo por un lado con el Legislativo y el Judicial por el otro, cuando en marzo de 1994, el titular del máximo tribunal defendió la constitucionalidad del aumento que se autoconcedieron parlamentarios y jueces. Cuestión que, para el presidente Itamar Franco, significaba una afrenta al plan de estabilización económica.

Y relacionado con la elección en sí misma, teniendo en cuenta la particular conformación de la representación política brasileña, esa conflictividad queda reflejada en el reposicionamiento que provocó el fallo del Supremo Tribunal Federal cuando declaró inconstitucional la ley 8713/93. (12)

El citado dispositivo legal establecía restricciones para que los pequeños partidos presentasen candidatos a presidente y vice-presidente de la República, senador, gobernador y vice-gobernador. Para disputar la preferencia de los electores, los partidos debían haber tenido el 5% de los votos nacionales para la Cámara de Diputados en las elecciones de 1990 o poseer no menos del 3% de representantes en esa Cámara del Congreso. Esa última cláusula obligaba a que los partidos abrigasen bajo su leyenda por lo menos 15 diputados para poder presentarse al electorado en octubre. (13)

Para esa época, el candidato del PT Luiz Inacio Lula da Silva se encontraba, en inteción de voto, al frente de todas las encuestas, como clara respuesta a la crisis económica del gobierno de Itamar Franco.

Pocos meses después, y como consecuencia el éxito en la implementación del Plan Real en términos de política económica, se modificó totalmente la situación política preexistente. Entonces, la estabilización, se constituyó en un elemento de enorme gravitación para que Fernando Henrique Cardoso fuera electo presidente.

Cardoso, que obtuvo el 54,5% de los votos, encabezó una alianza formada por su Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB) con el Partido Trabalhista Brasileño (PTB) y el Partido Frente Liberal (PFL). El segundo lugar fue para Luiz Inacio Lula da Silva, quien obtuvo poco más que diecisiete millones de votos.

Por la estructura constitucional brasileña resultan de gran importancia los resultados electorales en los estados que forman la República Federativa. Por tal razón, el mapa de gobiernos estaduales aparece como un elemento determinante para establecer el nivel de factibilidad con que cuentan las propuestas políticas del nuevo gobierno nacional.

Desde esa perspectiva, el compromiso de los gobernadores electos en los estados política y económicamente más influyentes del Brasil resulta una variable imprescindible para la preservación del Plan Real. De allí, deviene la importancia de de los triunfos de Mario Covas (San Pablo), Eduardo Azeredo (Minas Gerais) y Marcello Alencar (Río de Janeiro), todos del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB); porque otorga a Cardoso la base de gobernabilidad que significa el control del centro económico y político del país.

El PSDB obtuvo, además de las gobernaciones mencionadas, los gobiernos de lo estado de Pará, Sergipe y Ceará. En Río Grande do Sul, se impuso el aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño.

El PT también salió fortalecido en estas elecciones. El principal partido de la oposición ganó por primera vez en su historia dos gobernaciones: Vitor Buaiz en Espíritu Santo, y el ex rector de la Universidad de Brasilia, Cristovam Buarque, la gobernación del Distrito Federal de Brasilia. (14)

Por su parte el El PMDB ganó los gobiernos de los estados de Goiás, Paraíbaba, Piauí y Rondonia, Alagoas, Mato Grosso do Sul y Río Grande do Norte.

En lo referente al Congreso, el PMDB sigue siendo el partido con mayor bancada en el Congreso: 107 de los 503 diputados y 22 de los 81 senadores. El oficialista PSDB -con sus aliados del PFL y PTB- sumó 184 diputados y 33 senadores. Por su parte, el PT aumentó también el número de diputados (de 36 a 45) y de senadores (de 1 a 5).

Esta compleja relación legislativa, determina que Cardoso deberá enmarcar su gestión en un marco de alianza dinámica con el PMDB, en caso contrario, por no contar con mayoría suficiente en el Congreso, arriesga la viabilidad del proyecto de reforma constitucional y del paquete de leyes que proponga desde el Ejecutivo. El posible respaldo del PMDB garantizaría a Cardoso el control del 66% de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y el 68% del Senado". (15)

Fernando H. Cardoso simboliza un liderazgo político inédito para América Latina, dado que es uno de los intelectuales "setentistas" más importantes del continente.

El mismo "Fernando Henrique", se ha definido como la izquierda posible, desde donde se complementan propuestas de flexibilización de monopolios estatales en áreas como las telecomunicaciones o las inversiones extranjeras junto a compromisos políticos expresados en la palabra presidencial como: "Si acaso fuera necesario acabar con los privilegios de pocos para hacer justicia a la inmensa mayoría de los brasileños, que no quepan dudas: estaré al lado de la mayoría" (16)

COLOMBIA: Al igual que en el Brasil, el proceso pre-electoral colombiano tuvo complejas situaciones institucionales.

Así, a fines de marzo de 1994, las elecciones presidenciales, previstas para el 8 de mayo, fueron aplazadas hasta el 29 del mismo mes, después que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley electoral.

A ello, además de las "sospechas" continuas sobre las vinculaciones del narcotráfico con algunos políticos, se le suma la indiferencia de la población respecto de los comicios. Situación ya puesta de manifiesto en las elecciones constituyentes de 1990, cuando se registró solamente la participación del 25% de los ciudadanos habilitados para votar. (17)

Después de un virtual empate, en la primera vuelta, entre el candidato oficialista del Partido Liberal -Ernesto Samper- y el conservador Andrés Pastrana, con una abstención cercana al 67% (18) sólo comparable con el 69% de absteción registrada en las elecciones legislativas a comienzos de 1994; Samper se impusó con el 50,3% de los votos contra el 48,6% de Pastrana, con una abstención del 55% del padrón electoral.

En la continuidad de las contiendas electorales, en el mes de octubre de 1994 al elegirse gobernadores y alcaldes, con una abstención del 75% de los habilitados para votar, los partidos mayoritarios recibieron una dura advertencia. Candidatos independientes, con incipientes estructuras políticas, obtuvieron amplios triunfos en importantes ciudades del país, incluida la capital, Bogotá.

El caso más relevante se registró en esa capital, donde por primera vez en la historia del país, su alcaldía quedó en manos de un candidato que no pertenece a ninguno de los dos grandes partidos. Antana Mockus, filósofo, matemático y ex-rector de la Universidad Nacional, quien se presentó como candidato independiente, resultó electo tras obtener el 65% de los votos.

Si bien el Partido Liberal logró 22 de las 32 gobernaciones en disputa y el Partido Conservador ganó ocho, mientras los movimientos independientes se quedaron con las dos restantes; el identificado como "voto de protesta" se expresó a nivel local, cuando los "extraños" la bipartidismo tradicional triunfaron en 10 de las 32 capitales de las distintas regiones del país. (19)

Más allá de esos resultados electorales, la repetición de datos negativos para los partidos políticos son evidentes, tal como lo demuestran: la mayoritaria abstención electoral; la continuidad de violencia originada en el narcotráfico; denuncias sobre la relación narcotráfico-política que incluyen al propio presidente; y el avance de candidatos independientes.

Ese conjunto de factores, marcan un sostenido ensombrecimiento de la legitimidad democrática del gobierno, y desmerecen los logros macroeconómicos de los últimos años, tanto desde la perspectiva nacional como la internacional reflejada, esta última, en los públicos y reiterados cuestionamientos formulados por el gobierno de los Estados Unidos en materia de represión al narcotráfico.

CHILE: La concertación de partidos de centro izquierda que llevó al gobierno a Patricio Alwyn, logró permanecer unida y de esa forma ganar nuevamente las elecciones con casi el 58% por ciento de los votos. Como consecuencia de ello, el El 11 de marzo de 1994 asumió, como presidente, Eduardo Frei.

Esta segunda etapa del gobierno de la coalición tiene la tarea política de finalizar la transición política dictadura/democracia, siendo para ello fundamental imponer a las fuerzas armadas su rol de subordinación institucional respecto de los poderes constitucionales.

Por otra parte, los objetivos conseguidos en términos macroeconómicos, y conforme los propios datos oficiales, indican, que en los últimos cuatro años 1.300.000 chilenos dejaron las bandas más bajas de la pobreza. Pero esas mismas cifras indican que aún hay 4.000.000 de pobres sobre una población de 13,5 millones.

Esa inequidad que caracteriza a la sociedad chilena actual, indica la necesidad de un replanteo concreto en términos de proyecto de país, y que el Presidente Frei aparece como dispuesto a llevar a cabo.

Conclusión que deviene de sus propias palabras, cuando expresa: "Yo estoy convencido de que el sistema capitalista no es el sistema para nuestros países. El capitalismo no resuelve el problema de los más pobres; y el mercado por sí mismo, tampoco. La cuestión es definir cómo crecer en una economía social de mercado que incorpore el componente social. Necesitamos un sistema económico que compatibilice desarrollo con justicia y equidad. Sociedades con un 30 por ciento de gente en la marginalidad pueden apostar por el mercado, pero teniendo en cuenta el factor social. Y eso no podemos hacerlo por la vía capitalista"

"...el capitalismo, lo que hace es mantener a los pobres en su condición de pobreza. Nuestros países, que no son industrializados pero que tampoco están en el mundo de los países pobres, deben resolver su salto al desarrollo. Y eso es factible con una economía social de mercado. En la medida que el sector privado adquiera más preponderancia como el gran promotor del desarrollo económico, el Estado debe asumirse como el garante del bien común a través de la regulación; de una regulación no restrictiva sino promotora de nuevas oportunidades" (20)

MEXICO: El proceso pre-electoral se vió condicionado por la agudización de la violencia política, Al conflicto de Chiapas se le sumaron los asesinatos del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colossio y del secretario general de la agrupación, José Francisco Ruiz Massieu. La magnitud de estos homicidios, en términos políticos, no sólo queda evidenciada por la representación que ejercían las víctimas, sino también porque formalmente fueron acusados importantes miembros del partido oficial de ser partícipes activos en tales conspiraciones.

Esa situación fue descripta como "la punta del iceberg de violencia sobre el que se desarrolló la vida mexicana en el último lustro: ciento de secuestros, más de 250 "asesinatos políticos" contra militantes de izquierda, levantamientos armados y la continuas venganzas entre los carteles del narcotráfico son algunos de los capítulos más salientes de una etapa signada por la intolerancia" (21)

Junto a las circunstancias descriptas, en la evaluación previa aparecían como datos significativos la importante reforma a ley electoral, propuesa por el PRI para garantizar la transparencia que nunca tuvieron los comicios mexicanos, y la evidente crisis del partido oficial.

Finalmente, las elecciones que contaron con un aumento notable de la participación popular, al votar el 77,73% de los habilitados comparado con el 50,74% de las elecciones de 1988, determinaron el triunfo del candidato oficial Ernesto Zedillo con el 50% de los votos, contra el 28% del Partido Acción Nacional y el 16,5% del Partido de la Revolución Democrática.

Pese a las denuncias de fraude, esos resultados, demuestran el mantenimiento del mayoritario apoyo al PRI como alternativa de gobernabilidad. El escritor Carlos Fuentes, explica las razones que motivan esa opción popular que apuesta, por sobre todas las cosas, a la "gobernabilidad" del país, diciendo:"...el meollo de la cuestión política mexicana. Se ha llegado al límite. El antiguo sistema no da para más. Ni social, ni política, ni económicamente, es sostenible. Mientras aseguró estabilidad y desarrollo a cambio de libertad democrática, fue tolerado y hasta admirado. Cuando su cosecha solo es crisis económica, inestabilidad, corrupción e impunidad de sus actores ¿para qué sirve?. Pero a esta pregunta, acto seguido, hay que añadir otra: ¿con qué sustituirlo?."

"La respuesta no se hace esperar. Con democracia. Pero la democracia la canalizan los partidos. Y aquí volvemos a la crisis actual: todos los partidos políticos mexicanos están en crisis y en proceso de recomposición". (22)

PARAGUAY: Las elecciones celebradas en 1993 ratificaron la continuación del proceso de transición política iniciado durante el mandato del Gral. A. Rodríguez. Un proceso que amenazó con provocar la ruptura el partido oficialista cuando debió elegir "democráticamente" al candidato a Presidente.

Juan Carlos Wasmosy al vencer en las elecciones internas, a la fracción mas cercana a las reivindicaciones del "stroessnerismo", cuyo candidato era el ex-canciller Argaña, aparecía como el representante del sector proclive a consolidar la opción democrática en lo político y a modernizar la economía paraguaya.

El resultado de las elecciones estableció una suerte de equilibrio institucional "insólito" en términos de la concepción política colorada. El Poder Ejecutivo bajo su poder y el Poder Legislativo con mayoría opositoria. Una oposición compartida por una "nueva opción" liderada por Caballero Vargas y por el Partido Liberal Radical de Laíno que ostenta como principal atributo una trayectoria anti-régimen desde la época de la dictadura.

Esa nueva composición política, tiene importantes desafíos para lograr la democratización real del Paraguay. Desde tal perspectiva, aparecen dos temas centrales de los cuales depende el éxito de ese objetivo. Por un lado, el ejercicio consensuado de la oposición parlamentaria; y por otro, la capacidad de Wasmosy de controlar los desvíos militares del partido oficial y reformular el rol de los militares en la democracia.

Sin dudas que, este último aspecto, sigue siendo la prioridad política del gobierno, muestra de ello son las palabras del primer mandatario expresadas después de un año de ejercicio de contención de la cuestión. En su mensaje de Navidad a la nación, exhortó a las fuerzas armadas a colaborar en la lucha contra las "mafias internacionales del narcotráfico, del contrabando de armas y del terrorismo". Añadiendo, "Las fuerzas armadas deberán reconstruir su propio rol, donde el enemigo ya no sea el país vecino o una ideología internacional o el adversario político visto como enemigo." (23)

URUGUAY: La restauración democrática en este país ya insinuaba una nueva dinámica en el sistema político, cuando a los a los partidos tradicionales -Partido Nacional y Partido Colorado- se le sumaba el crecimiento del Frente Amplio que reunía las voluntades de una izquierda renovada.

Se identifican las causas de ese fenómeno, un verdadero adelanto en la Región, en la circunstancia que, "los partidos tradicionales resurgían con una alta legitimidad. La mayoría de la sociedad consideraba el pasado, como un "paraíso perdido" que fue regido y orientado por esos partidos; la clara lucha de sus fracciones democráticas, ahora ampliamente mayoritarias, hacia olvidar debilidades e incapacidades ante la crisis del país; la opción por ellos era la contracara del régimen militar; finalmente el hecho de que en la pugna electoral no estuvieran en juego recursos prebendarios de poder hacia de la competencia un fenómeno exclusivamente político-ideológico". (24)

Diez años después y a sólo tres meses de las elecciones presidenciales, ese accionar político colectivo estableció claramente los límites para la actuación de las estructuras partidarias, al rechazar contundentemente -63% de los votos- el proyecto de reforma constitucional propuesta por un consenso casi unánime de los partidos políticos. "La iniciativa reformista estaba apoyada por los trece candidatos presidenciales a las elecciones generales de noviembre, por los 31 integrantes del Senado Nacional, por 98 de los 99 diputados y por los 19 intendentes de todo el país". (25)

Las posteriores elecciones presidenciales, con anuncios previos de los candidatos sobre la necesidad de un acuerdo post-electoral, confirmaron la decisión social de transitar la democracia con equilibrio político.

Así, lo demuestran los resultados. El ex-presidemnte Julio M. Sanguinetti resultó electo con el 31,4% de los votos, frente al 30,2% del oficialista Partido Nacional y el 30% del Encuentro Progresista. La composición legislativa determina igual situación: el triunfante Partido Colorado 11 senadores y 34 diputados; el Partido Blanco 10 senadores y 31 diputados; el Encuentro Progresista 9 senadores y 30 diputados, con el mantenimiento del Muncipio de Montevideo.

La consecuencia más importante de esos resultado es, sin dudas, el fin del tradicional bipartidismo uruguayo, culminado el proceso comentado al inicio.

Sanguinetti interpretó esa realidad, estableciendo un gobierno de "unidad" con el Partido Blanco concediendo a éste la conducción de cuatro ministerios estratégicos dentro del gabinete nacional (26)

Esa decisión presidencial materializa una concepción de la democracia, que en palabras de Sanguinetti implica actuar "con racionalidad, comprendiendo sus reglas, entendiendo las responsabilidades que nos impone sin paralizarnos por el temor de ahogarnos en la impaciencia. Tan maligno es el arrebato sindical como el conservadorismo empresarial, la demagogia política como el nihilismo periodístico, el utopismo económico como el inmovilismo social". (27)

VENEZUELA: La decisión de la Corte Suprema de ese país de autorizar el juzgamiento del mandatario Carlos Andrés Perez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos, se convirtió en un punto de inflexión en la política venezolana. No sólo por la gravedad institucional de la situación, sino también por recaer en un líder político con tradición de tal y con una estructura política muy poderosa, el partido Acción Democrática.

La posibilidad cierta de caer en el desprestigio absoluto, como le sucediera al APRA peruano con Alan García, impulsó el "abandono" del partido oficialista hacia "C.A.P.".

La idea de preservar el partido como alternativa de poder que sobrepasa la valoración ética de la conducta del gobernante no es novedosa en la partidocracia venezolana. "El crecimiento de la organización partidista ha hecho que ésta se convierta cada vez más en un fin en sí mismo y que la carrera del político de partido dependa más de su dominio de las técnicas para tener éxito en las contiendas internas que de su preparación global como probable gobernante. Los partidos se han convertido entonces en maquinarias electorales y en maquinarias pragmáticas de gobierno. De modo que no es fácil discernir la influencia que ejerce la ideología que se supone profesa el partido o las que tienen los intelectuales y técnicos del partido en la orientación de los gobiernos o de los órganos del Estado por ellos controlados. Pero, se puede presumir que esa influencia es escasa y se manifiesta esporádica y a veces imprevisiblemente". (28)

El conflicto derivado de la destitución de C.A. Pérez, estableció un escenario distinto al histórico péndulo bipartidista, iniciado con el gobierno de Rafael Caldera en 1969, cuyos extremos eran la Acción Democrática y el COPEI (29); ya que a los candidatos de esos partidos se le enfrentaba, como alternativa real, el ex-presidente Rafael Caldera con una nueva organización partidaria. Este viejo líder de la política venezolana, sin dudas comprendió la necesidad popular de encontrar un nuevo canal para vehiculizar la representación de sus intereses.

Finalmente, el 5 de diciembre de 1993 resultó electo R. Caldera. Un triunfo tan sorpredente como lleno de incógnitas. Las incógnitas que plantea el nuevo gobierno venezolano, con minoría parlamentaria, eran descriptas por Perez Llana de las siguiente forma: "El discurso de campaña de Caldera reflejó los ejes de una coalición electoral que ahora se pondrá a prueba, ya que el nuevo presidente prometió darle prioridad a la lucha contra la pobreza.El contexto económico no permite saber el cómo de esa política, sobre todo si se trata de cumplir con promesas de difícil concreción, v.g. no aumento de combustibles y eliminación de impuestos. El gabinete designado por Caldera refleja la naturaleza personalísima del Presidente, ya que éste apeló a extrapartidarios con protagonismo públicos en muchos casos. Las primeras reacciones frente al elenco ministerial ha sido auspiciosas desde la óptica de la gente, pero han multiplicado las dudas de la clase dirigente y, sobre todo, en el exterior".(30)

A partir de la breve reseña de datos realizada, se pueden establecer algunas pautas comunes entre las situaciones políticas comentadas. En primer lugar, aparecen proceso pre-electorales conflictivos, en los cuales, de una manera u otra, se advierten resquebrajamientos importantes, tanto, en las relaciones partidos políticos/sociedad, como en la vinculación intra-institucional (Parlamento/Poder Judicial/Poder Ejecutivo).

Asimismo, se observa que la falta de bienestar en términos de sociedad global junto a las evidencias de corrupción gubernamental, influyen decididamente en la disminución en la adhesión popular hacia los partidos tradicionalmente dominantes.

Esta última situación, se traduce en resultados electorales que generan equilibrios de capacidad de decisión institucional (Parlamentos, Gobernaciones), o activan la necesidad de establecer alianzas previas o conformar gabinetes de coalición, como mecanismos necesarios para preservar la gobernabilidad.

Y, quizás el dato más relevante, radica en que el descreimiento en las dirigencias políticas no ha significado disminución alguna en la ratificación plena del sistema democrático.

4.- UNA REFLEXION SOBRE CONFLICTOS Y REPLANTEOS.

El interrogante planteado, al iniciar el punto anterior, sobre la influencia de los resultados electorales en la continuidad de las políticas económicas, tiene una respuesta desde el nivel del compromiso planteado en los discursos presidenciales -por ej.: Frei, Cardoso, Sanguinetti - donde se advierte sobre la necesidad de iniciar un proceso de "cambio posible" en el cual la democracia política impulse la democratización de la economía.

La respuesta pendiente de las nuevas administraciones gubernamentales está en la forma que se canalizaran los reclamos sociales, ya no, planteados en términos teóricos sino en el plano de los conflictos sociales reales.

Esa conflictividad creciente ha registrado dos dimensiones, la sectorial y la nacional.

Muestra de las características de las primeras, está en la agudización de los conflictos campesinos; algunos, causados por imposibilidad de reconvertir sus producciones, como son los casos de Colombia y Bolivia, donde las exigencias de EE.UU. para destruir los cultivos de coca se chocan con violentas reacciones de los productores.

En el caso colombiano, incluso se llegaron a registrar bloqueos a la producción de petróleo; (31) y en Bolivia, donde la violencia de las manifestaciones contaron con el apoyo de algunos sectores eclésiasticos, obligó a entablar negociaciones con el gobierno que posibilitaran el establecimiento de una "tregua" para evitar que el conflicto se extienda a otros sectores. (32)

Otros reclamos de ese sector, están estrechamente vinculados con la desaparición de la competitividad de las producciones y el empobrecimiento absoluto de los productores rurales. En Paraguay, se registró el caso más importante, en función de la cantidad de población ocupada en el campo y el deterioro del precio del algodón. Las protestas registraron niveles de participación históricos para ese país, cuando 250.000 campesinos se concetraron frente al Congreso Nacional para protestar por la política agraria del gobierno. Estos reclamos contaron con el respaldo de la Iglesia Católica, partidos de oposición, centrales sindicales y estudiantes.(33)

El máximo nivel de conflictos registrados, ya quedan identificados con el grado de crisis económica nacional, como son los casos de Venezuela y México. En los dos casos los "números macroeconómicos" (para Venezuela principalmente el bienio 1991/1992) eran exhibidos como logros por los gobiernos precedentes. Asimismo, pese al diferente posicionamiento político de los actuales gobiernos respecto al modelo imperante, se produjeron respuestas drásticas ante la crisis. Rafael Caldera con el propósito de cambiar el rumbo, Ernesto Zedillo con la objetivo de preservar el modelo.

Los dos casos registran algunas causas comunes, como son crisis del sistema bancario -detonante de la crisis-, déficit en la balanza comercial, crecimiento continuo del déficit público; y aumento de la inflación. Las expresiones del presidente E. Zedillo para describir la crisis hubieran servido para Venezuela, y para otros países de la región, cuando decía: "El saldo negativo en la cuenta corriente llegó a ser demasiado grande...El tamaño del déficit de la cuenta corriente, la volatilidad de los flujos de capital, hicieron muy vulnerable a nuestra economía...Hay que reconocer que hubo una subestimación del problema". "Debemos ajustarnos lo más pronto posible y evitar que la inflación transitoria que causará la devaluación se vuelva permanente." (34)

Rafael Caldera optó por la intervención gubernamental al sistema financiero promulgando una "ley de emergencia bancaria"y, ante la creciente devaluación de la moneda nacional estableció junto a un sistema de control de cambio y precios, con reestruturación del gasto público. Todo ello, en medio de una fuerte disputa con el Parlamento, que alcanzó su punto más crítico cuando el Poder Ejecutivo suspendió temporalmente varias garantías constitucionales, entre ellas el derecho de propiedad, los derechos ciudadanos de libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libre circulación.

Después de un año, el gobierno se aprestá a poner en marcha un plan antiinflacionario acordado con sectores empresariales y laborales

Por su parte, el gobierno de Ernesto Zedillo, también mediante un acuerdo firmado con los sindicatos y los empresarios -"El Acuerdo de Unión para Superar la Emergencia Económica"- decidió: Congelar precios y tarifas, aumentos salariales reducidos, creación de líneas de crédito para el sector agrícola y las pequeñas empresas, reducción de u$s 4.000 millones en el gasto público.

Si bien, los instrumentos adoptados por estos países son semejantes, México cuenta con un apoyo externo privilegiado, al concretarse el "programa de rescate" con provisión de fondos del FMI y de su socios del NAFTA -EE.UU. y Canadá-. Fondos que le permiten enfrentar la grave crisis financiera, pero con indisimulables exigencias, que llegan hasta la resignación mexicana respecto de la libre facultad en el manejo de su propia política petrolera. Es decir, un "rescate" que implica para México la pérdida de buena parte de la autonomía que todo país posee en términos globales, al ser virtualmente controlada su política económica por el FMI y por el Tesoro de los EE.UU..-

De las sintéticas referencias expuestas, dado que no es el objeto de este artículo analizar los planes económicos, se puede observar que las crisis venezolana y mexicana por su dimensión, han determinado el punto inicial para nuevas políticas de ajuste.

Cuando todavía no se han terminado de evaluar los costos sociales del modelo económico aún vigente, se comienza un nuevo ciclo de mayor "esfuerzo". Por tal razón, ya no parece "muy acertado el acento hoy predominante de considerar por un lado a las políticas económicas y, por el otro, tratar de encontrar soluciones en unas estrategias sociales de diseño asistencialista. En realidad las políticas ejecutadas si bien han alcanzado la estabilidad, tropiezan, en el largo plazo con los problemas estructurales que se han agravado notoriamente. No se puede buscar soluciones en esta clase de visiones ambiguas o duales que separan, con cierto simplismo, lo económico de su esfera natural que es esencialmente social y política. De este modo se cae en privilegiar las actividades de tipo financiero sobre el resto, en períodos recesivos o de estancamiento productivo, contracción de los mercados internos y aumento de las deudas externas e internas. Para varios países de la región, la situación se dramatiza extremadamente puesto que no puede dejar de tenerse en cuenta la extensión de la pobreza en términos de mercado. La pobreza y más aún la extrema pobreza relativiza por hoy el éxito económico y lo invalida para mañana". (35)

La profundidad de este tipo de replanteo requiere imprescindiblemente el establecimiento de una institucionalidad de suficiente nivel político y capacidad operativa que permitan integrar eficazmente la política con la economía.

Ante la crisis esa relación de congruencia es la única que evita rupturas que pueden hacer irreversibles los perjuicios producidos por los desequilibrios macrosociales que caracterizan la actualidad latinoamericana. Ya, que como lo expresa, A. Toffler "si los sistemas político y económico tienen profundas disimilitudes, el uno acabará por destruir al otro". (36)

Para avanzar en ese camino los agentes básicos de las democracias, es decir los partidos políticos, deben redefinir sus comportamientos y objetivos para recomponer un pacto quebrado con la sociedad a partir que, esta última, percibe una gran diferencia entre sus intereses y los representados por los dirigentes políticos.

Esa diversidad desvinculó al ciudadano de la política. "La gente se siente impotente políticamente. Les interesa la política pero no ven cómo podrían afectarla. Los ciudadanos piensan que han sido marginados de la vida política por la manera como ésta funciona, por la forma como se presentan los temas de debate en términos, a veces, ininteligibles para el común de la gente. Ya no creen en los precarios medios que existen para expresar sus opiniones, manifestaciones, encuestas, cartas. Creen que estos procedimientos no son sino juegos de apariencia y no opciones serias para que la opinión pública se haga sentir. Se sienten además, perdidos frente a las opciones electorales y llegan a cuestionar la utilidad del voto. No ven cómo puede participar." (37)

Entonces, si la desarticulación política en las sociedades latinoamericanas no es neutralizada en corto tiempo, el mantimiento de tal situación se convertirá en un obstáculo determinante para poder modificar las estructuras socio-económicas derivadas de las políticas neoliberales. No debe perderse de vista que, de la misma manera, que el "economicismo" desprestigió la validez de los postulados políticos, si los partidos no logran transformar la política es pobable que la economía desacredite a la democracia.

Por ello, surge como un imperativo avanzar sobre las limitaciones del sistema de mercado y generar un renovado esquema de ideas progresistas, que con un estricto sentido de realismo, permita la reconstrucción del entramado democrático y de esa manera evitar que generaciones de latinoamericanos se conviertan en sujetos pasivos de la globalización.

Y, en esta oportunidad, no puede reiterarse la costumbre latinoamericana de producir ideas después que los hechos sucedieron, ya que nos encontramos ante el imperativo de anticipar las consecuencias en el campo político del modelo económico prevaleciente, y consecuentemente generar propuestas que posibiliten evitar una nueva crisis; caso contrario seremos meros observadores de un agudo descreimiento popular en la democracia, porque "los gobernados sólo seguirán siendo fieles a la democracia si ella les brinda utopías creíbles y sueños frescos". (38)

Notas:

(2) "Crisis y desarrollo en América Latina y el Caribe"; LC/L.333 -sem. 227/6- Rev. 1: 1° de julio de 1985, pág. 27.

(3) Conf. IGLESIAS Enrique, discurso pronunciado ante la "II Reunión Latinoamericana de exportadores exitosos"; Buenos Aires, 25 de julio de 1991.

(4) KEOHANE Robert O. y NYE Joseph S., "Poder e interdependencia -la política mundial en transición-", pág.23: ed.Grupo Editor Latinoamericano, Bs.As 1988.

(5) TIRONI Eugenio y LAGOS Ricardo, "Actores sociales y ajuste estructural" en Revista de la CEPAL nro.44 pág.40; ed. Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 1991.

(6) ob. cit. págs. 40/41.

(7) SUNKEL Osvaldo,"La consolidación de la democracia y del desarrollo en Chiles", en Rev. de la CEPAL nro.47 pág. 44; ed. Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 1992.

(8) Wolfe Marshall, "Perspectivas sobre la equidad" en Rev. de la CEPAL nro.44 pág. 23; ed. Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 1991.

(9) BAÑO Rodrigo, señala que "el concepto de marginalidad tuvo en sus orígenes un componente especial, por cuanto se identificó como marginales a quienes vivían en asentamientos precarios ubicados al "margen" de las ciudades, en "poblaciones callampas", "favelas", "barriadas", "pueblos jóvenes", u otros. Sólo más tarde se miró la marginalidad como una posición estructural ligada preferentemente a la inserción ocupacional; pero a la vez se asimiló implícitamente la marginalidad ocupacional a la espacial, aunque estudios empíricos realizados en los años sesenta muestran que la composición de las poblaciones populares es muchos más variada y que no necesariamente concentra la marginalidad estructural. De hecho, los estudios siguen haciéndose en "poblaciones", sin que la marginalidad estructural haya sido objeto de mayor análisis". En "Estructura socioeconómica y comportamiento colectivo"; Rev. de la CEPAL nro. 50 pág. 195; ed. Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 1993.

(10) BARBEITO Alberto C. y LO VUOLO Rubén M., "La modernización excluyente. Transformación económica y Estado de Bienestar en la Argentina"; pág. 147 ed. UNICEF/CIEPP/LOSADA, Buenos Aires 1992.

(11) PORTANTIERO, Juan Carlos, "Revisando el camino: las apuestas de la democracia en Sudamérica", en Rev. Sociedad nro.2 pág. 28; Ed. Fac. de Ciencias Sociales de la Univ. de Buenos Aires, mayo de 1993.

(12) Demostración de lo expresado es, que en las elecciones presidenciales de 1989. Así, como lo expresa Amaury De Souza: "Los resultados de las urnas reflejaron también, con gran claridad, la crisis del sistema partidista. Collor y Lula, que obtuvieron en conjunto casi la mitad de los votos válidos en la primera ronda, fueron apoyados por partidos que no tenían ni 5% de los curules del Congreso. En cambio, los candidatos de los partidos que tenían más de 61% de la representación en el Congreso -Ulysses Guimaraes, del PMDB, y Aureliano Chaves, del PFL- sólo obtuvieron 5% del voto popular". autor cit. "El sistema de partidos políticos", en "La sociedad, el Estado y los partidos en la actualidad brasileña" vol I, comp. Helio Jaguaribe; pág. 204 ed. FCE, México D.F. 1992

(13) O Estado de San Paulo 14-05-94.

(14) Clarín 17-11-95.

(15) Clarín 23-11-94.

(16) conf. discurso del 1-01-95 al asumir la Presidencia del Brasil.

(17) Clarín, 23-05-94; donde se agrega que "desde la década de los 40, la abstención electoral en Colombia osciló entre el 40 y 60%...En la última elección presidencial, que consagró a Gaviría, el 59% de los empadronados concurrieron a las urnas.

(18) Clarín, 31-05-94.

(19) Clarín 01-11-94.

(20) Clarín 9-04-95.

(21) Clarín 17-11-94

(22) Clarín, 8-03-95. El nivel de la crisis política de México, llevó a decir al "Business Week International", que "... la nominación de Zedillo podría resolver pocos problemas. Cierto es que Salinas freno el pánico ante la inestabilidad por su rápido accionar. Y aseguró que la disciplina de México seguiría siendo una alta prioridad. pero Zedillo, egresado de la Universidad de Yale en Economía, es un tecnocráta de carrera con casi ninguna experiencia política. Aunque es experto en reducir déficits y en idear complicados canjes de deudas, lo que el país ahora necesita en un líder valiente y un genio político" (pub. en El Economista 8-04-94).

(23) Clarín 26-12-94.

(24) RAMA Germán W., "La democracia en Uruguay, pág. 213; ed. GEL, Bs.As. 1987.

(25) Clarín, 30-08-94 pág. 26. En el comentario de Araceli Viceconte se añade, que "para el analista político Tomás Linn, pareciera que, ante la desconfianza, la gente hubiera dicho "no, por las dudas". Según explicó, "los uruguayos no desean cambios, un ajuste a la argentina ni privatizaciones oscuras". Así, esta aparente desconfianza no surgiría como un desafío al sistema, sino como un llamado de atención en defensa de los intereses populares".

(26) Ministerios de Defensa; Relaciones Exteriores; Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; y Trabajo y Seguridad Social.

(27) SANGUINETTI Julio M., "El temor y la impaciencia. Ensayo sobre la transición democrática en América Latina", pág. 99; ed.FCE, Bueno Aires 1991.

(28) GABALDON Arnoldo, "Sociedad, Estado y Partidos en la Venezuela de Hoy", en "La sociedad, el Estado y los partidos en la actualidad brasileña" vol II, comp. Helio Jaguaribe; pág. 89 ed. FCE, México D.F. 1992.

(29) AZNAR Luis, "Venezuela: Inestabilidad y crisis en una democracia consolidada"; en Rev. Sociedad nro.2 pág. 60; ed. Fac. de Cs. Sociales (UBA), Buenos Aires mayo de 1993.

(30) PEREZ LLANA Carlos,"La hora de la política" en "El Economista", Buenos Aires, 4-11-94 pág.17.

(31) Clarín del 02-01-95 :"Un millar de campesinos en huelga por destrucción de sus cultivos de coca en la zona fronteriza con Ecuador acenturaron hoy su protesta con cortes de rutas y tomas de instalaciones de la compañía petrolera colombiana, lo que afectó seriamente la producción del crudo.

Desde que se inició la huelga, hace 12 días, se han dejado de producir 72.000 barriles de crudo, debido a que los campesinos cerraron las válvulas y se produjo el estallido de algunos tubos del Oleoducto Trasandino.

(32) Clarín 11-11-94: "El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada anunció que Bolivia pedirá más de 2.000 millones de dólares a la comunidad internacional para un programa de rápida sustitución de los cultivos de hoja de coca.

El objetivo es convertir a la zona de El Chaparé, situada a unos 800 kilómetros de La Paz y epicentro de los mayores cultivos de coca del país, en un parque industrial con la participación del sector privado.

El presidente Boliviano se ha propuesto eliminar de raíz el problema de la coca, que domina la agenda de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. De manera sorpresiva, rompió la tregua que mantenía su gobierno con los miles de productores de coca y decidió erradicar las plantaciones, prometiendo a cambio un Plan Marshall para la región de El Chaparé, en Cochabamba".

(33) Clarín 16-08-94: "En la Legislatura los campesinos entregaron un documento en que se detallan sus reclamos: aumento del precio del algodón (el principal producto que exporta Paraguay), expropiación de latifundios improductivos, regularización de la situación de los campesinos asentados ilegalmente, condonación de deudas y ejecución de una reforma agraria efectiva. Según datos oficiales del Censo Agropecuario de los 24 millonesde hectáreas cultivables del Paraguay más del 40 por ciento están en manos de 351 propietarios, mientras 66.000 campesino no pueden reunir juntos ni siquiera el 1 por ciento del total de tierras".

(34) Clarín 30-12-94.

(35) VELASCO Romero, "Nuevos escenarios internacionales. Los desafíos para la política exterior latinoamericana", pág. 135; ed.ILDIS-UDAPEX, La Paz-, 1994.

(36) TOFFLER Alvin, "El cambio del poder", pág. 288; ed. Plaza&Janes, Barcelona 1991.

(37) CEPEDA ULLOA Fernando, "Algunas instituciones claves para la gobernabilidad" en "Estudios Internacionales" nro. 105, pág. 114; ed. Inst. de Estudios Internacionales de la Univ. de Chile; Santiago 1994.

(38) BRAUD Philippe, "El jardín de las delicias democráticas", pág. 269; ed. FCE; Bs. As. 1993.