Dr. Alfredo Bruno Bologna *

* Director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR). Profesor de Política Internacional en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro de la Carrera del Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

EI comienzo de la década de 1990 sorprende a América Latina con el resurgimiento de golpes de Estado que se han producido en Haití, Venezuela y Perú. Estos acontecimientos que parecían superados a partir de la década pasada donde una ola de gobiernos democráticos volvió a cubrir el mapa de la región, es motivo de un amplio debate en medios académicos y políticos. Si bien las características de los golpes mencionados fueron diversas, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comenzó a estructurar un andamiaje jurídico para evitar la repetición de estos hechos.

Es interesante rescatar la existencia en la Carta de la OEA la formulación de la solidaridad en el marco de instituciones democráticas, esta disposición sin embargo era letra muerta. Como bien afirma el Secretario General del organización, Joao Clemente Baena Soares: "Hace unos años como todos sabemos, las interrupciones de la institucionalidad democrática pasaban inadvertidas o eran toleradas". (1)

Adelantándose a los acontecimientos y con el fin de consolidar el proceso democrático que se había iniciado en América Latina, la Organización de Estados Americanos en su XXI Asamblea General Ordinaria realizada en Santiago de Chile en junio de 1991, aprueba la resolución 1080 que con el título de" Democracia Representativa" explícita el procedimiento que debe instrumentarse en caso de que se produzca un Golpe de Estado en la región.

En la misma Asamblea General de la OEA, los cancilleres firman el compromiso de Santiago con la Democracia y la renovación del Sistema Interamericano en el que declaran:

"Su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de libre determinación y no intervención"

Debo señalar que el Compromiso de Santiago incluye con muy buen criterio su determinación de continuar en la elaboración y desarrollo de una agenda relevante de la Organización para dar adecuada respuesta a los nuevos desafíos y requerimientos en el contexto mundial y regional.

En el último párrafo del Compromiso reitera los conceptos de democracia representativa con mayor énfasis sobre otros temas enunciados en el mismo: ..."los Estados miembros de la OEA, en nombre de sus pueblos declaran su más firme compromiso político con la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, así como para el éxito del proceso de cambios y renovación que requiere el sistema interamericano en el umbral del siglo XXI".

La resolución 1080 del 5 de junio de 1991 aprobada en la XXI Asamblea General de la OEA, reunida en Santiago pone de manifiesto en sus considerandos las tendencias que se continúan sucediendo dentro de la OEA, cuando expresa que se debe compatibilizar el principio de no intervención con el criterio de consolidar la democracia.

Entre las cuestiones que pueden afectar el normal desenvolvimiento de la democracia, se señala "que subsisten en la región serios problemas políticos, sociales y económicos que pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos". Es importante mencionar, que la consolidación de la democracia, así como la estabilidad política de los gobiernos de la región, esta vinculada a los impactos negativos que se producen en ella, como consecuencia de la situación económica y social por la cual esta atravesando América Latina.

Lo más relevante de esta resolución es que arbitra los medios para el caso de que se produzca un Golpe de Estado. En este sentido se le atribuye autoridad al Secretario General para que examine la situación, decida y convoque a una reunión ad hoc de ministros de Relaciones Exteriores o a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dando para ello un plazo de 10 días. (2)

Esto es parte de un debate aún no resuelto por los Estados miembros de la OEA que abarca distintas posturas que van desde la aceptación del principio de no intervención en los asuntos internos hasta el empleo de la fuerza. El presente trabajo trata de replantear este debate a la luz de los Golpes de Estado en Haití, Venezuela y Perú.

Para ello se comenzará analizando en primer lugar las causas de los Golpes de Estado en los países mencionados, teniendo en consideración la postura de los golpistas y las opiniones y acciones de los especialistas, partidos políticos y grupos de presión que se oponen a la ruptura institucional democrática. Luego se observará el impacto que producen los Golpes de Estado en los Organismos Internacionales, en especial, en la OEA y el Grupo de Río. Si bien en este caso, no se puede hablar del Grupo de Río como un organismo internacional tradicional, no se puede soslayar la influencia del mismo en la región ante los acontecimientos mencionados.

En los dos aspectos citados, países donde se produce el Golpe de Estado y posición de los demás países en los organismos internacionales, se trabajará con elementos que nos brinda la teoría de la decisión.

En cada uno de los Estados se analizará la estructura y el proceso decisiorio. Por estructura entendemos con Herman la integración de uno o varios actores gubernamentales domésticos que tienen capacidad de tomar una decisión y una vez concretada no se la puede revertir. En cambio en el proceso decisorio participan actores gubernamentales y no gubernamentales del país o del exterior, en una mezcla de influencias mutuas que tienen como objetivo que el gobierno implemente una decisión determinada.

De cualquier manera, como es lógico suponer, la decisión final o "unidad última de decisión" recae sobre la estructura gubemamental. (3)

Se tendrán en cuenta también en este trabajo las variables externas e internas que afectan o influyen en el sistema político en los tres casos citados de Golpes de Estado. Si bien en ocasiones se hace difuso separar los dos ámbitos, creo que se debe trabajar sobre esas diferencias e influencias "intermísticas". (4) Se evaluará la acción de los actores no gubernamentales transnacionales en la política interna de los mismos. Considerando el rol preponderante que tuvo la Argentina al proponer la reforma de la Carta de la OEA, para que el organismo tuviera una participación más activa frente a los Golpes de Estado, se profundizará el accionar de la Cancillería frente a la reforma y la actitud adoptada ante la ruptura de los procesos democráticos. En este sentido se determinará si existió una sola política exterior en la estructura gubernamental y si se implementó una política coherente frente a los Golpes de Estado producidos en Haití, Venezuela y Perú.

Los Golpes de Estado mencionados se pueden tipificar de la siguiente manera:

GOLPE DE ESTADO EN HAITÍ. 1991

El primer hecho que cuestiona el supuesto de "nunca más golpes de Estado" en América Latina se produce en Haití el 30 de setiembre de 1991, cuando es derrocado el Presidente Constitucional Jean-Bertrand Aristide, luego de siete meses de ejercicio en el gobierno y de haber accedido a través de elecciones democráticas, caso no muy común en ese país. Las causas de este Golpe Militar son explicadas por el general Raoul Cedras, cabeza visible del mismo: "Durante los siete meses del gobierno de Aristide, el ejército colaboró plenamente con el Presidente, pero había señales que nos indicaban que el Ejecutivo no marchaba en la dirección marcada por la Constitución. La Justicia no funcionaba como poder independiente, según marca la Constitución. EI Parlamento no funcionaba. Además, la creación de un cuerpo de seguridad paralelo que podía llegar a reemplazar al ejército. El presidente no daba señales de querer respetar la Constitución". (5)

Hemos subrayado en el texto la reiteración de la palabra Constitución que parecía tener muy en cuenta el general Cedras, cuando a través del Golpe no se vulnera algún artículo de la Carta Magna sino que la totalidad de los derechos están suspendidos. No es mi intención en este trabajo establecer las causas del Golpe de Estado, pero me parece indudable que la creación de un cuerpo especial adiestrados por personal suizo, y la no confirmación por parte del Presidente de nueve nombramientos propuestos por el ejército para el Alto Comando, motivaron a la plana mayor del mismo tomar la decisión del Golpe de Estado. La postura más dura frente a este golpe se produce por parte de Argentina, quien anuncia a través del Presidente, Carlos Saúl Menem y su canciller Guido Di Tella que el país está dispuesto a intervenir militarmente en Haití, para reponer en el cargo al Presidente Jean-Bertrand Aristide. Luego de calificar de "asesinos" a los golpistas, el Presidente Menem, justifica la intervención militar argentina teniendo en consideración el siguiente argumento: "El principio de no intervención tuvo su razón de ser en otras épocas, pero hoy ha dejado de ser absoluto para pasar a ser relativo. Hoy el mundo se ha convertido en interdependiente" (6)

Por su parte el canciller Di Tella fundamentaba el envío de tropas en las siguientes razones: "Para quienes interpretan que se estará violando el principio de injerencia en los asuntos internos de los Estados. Digo que antes de esa consideración está el principio de no permitir la violación de los derechos humanos". (7) Estos conceptos son ampliados unos días después por el Canciller Di Tella: "Argentina pretende liderar en el continente una enérgica réplica a esta o cualquier otra aventura golpista. Es una actitud coherente con la política de sostener y defender la democracia en cualquier sitio y con todos los medios. Pero, además, la iniciativa argentina -que no descarta de ningún modo la opción militar asume el espíritu de la Doctrina Betancourt que propicia el no reconocimiento de los regímenes de facto, posición a la que deben volver con mayor vigor los Estados americanos". (8)

Dentro de Argentina una actitud más cautelosa con relación al envío de tropas la demostró el Ministro de Defensa, Antonio Erman González, quien manifestó: "Mi opinión personal es que debemos obrar con la máxima prudencia y respeto por los problemas internos de cada uno de los países latinoamericanos. Solo podríamos llegar a una intervención si es convocada por la OEA, dentro de las obligaciones y derechos que tenemos en esa organización" (9) La propuesta de la cancillería argentina, que partía de lo sucedido en Haití, tendría su formulación como iniciativa para modificar la Carta de la Organización de Estados Americanos. A partir de ello se genera toda una especie de "teoría de la intervención" para asegurar la democracia y que incluía como principio general dotarla de unas atribuciones parecidas a las de las Naciones Unidas. Se elaboran una serie de pautas para implementar entre las que se menciona: marginar de la Organización al país miembro que se haga responsable de violaciones a los principios democráticos; la OEA debería tener capacidad para organizar misiones civiles de paz; e incluso fuerzas similares a las de los "cascos azules" de las Naciones Unidas, que en algunos casos pueden ser necesarias. Según Di Tella, todo esto implica la necesidad de ir adaptando las relaciones internacionales entre los países hacia una concepción más supranacional. (10) El 9 de octubre de 1992, Argentina hizo una presentación formal en la OEA proponiendo una modificación en la Carta que contemplara contar con fuerzas de paz a fin de defender la democracia.

México se opuso a la idea de militarizar a la OEA. EI Secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solanas, agregó que la OEA había sido creada bajo un concepto de cooperación diferente y que en tal sentido no podía ser comparada con las Naciones Unidas, que sí cuenta con la capacidad de crear misiones militares multinacionales de paz.

Si bien en el caso de Haití no hubo otras manifestaciones de intervención militar, medios de prensa de los Estados Unidos acompañaban la actitud de la Argentina. El diario "The New York Times" aseguraba que la fuerza internacional que enviará Estados Unidos a Haití estará bajo la autoridad de la O.E.A. La iniciativa norteamericana era analizada por los países de América Latina y el Caribe. (11)

Como consecuencia de la Res.1080 aprobada por la OEA en Santiago de Chile, se convoca a una reunión ad hoc de Ministros de Relaciones Exteriores que se celebra en Washington entre los días 3 y 8 de octubre de 1991. El primer procedimiento de la OEA para el caso Haití, fue buscar una solución negociada para reponer en el cargo al Presidente Aristide. Ante la negativa de los militares golpistas, el organismo regional aprobó una resolución por la cual se le impone un embargo comercial. En su XXII período de sesiones de la Asamblea General de la OEA celebrada en Nassau, Bahamas en mayo de 1992 se incrementan las medidas tomadas oportunamente por la organización.

Las medidas adicionales aprobadas en Nassau tienen como fundamento extender y profundizar la verificación del embargo comercial a Haití a través de una Comisión Especial del Consejo Permanente de la OEA y efectuar consultas con la Comunidad Europea para concertar la aplicación de otras medidas que hagan más efectivo el embargo comercial. Solicitaba a los miembros de la OEA denegar acceso a sus puestos de cualquier navío que no es el embargo y se asegure que no se use el transporte aéreo para tal fin. Exhortaba también a los miembros negarle visas a los partidarios del Golpe de Estado y congelar los activos que pudieran tener bajo su jurisdicción. Pedía intensificar la ayuda humanitaria que se suministra a Haití a través de entidades privadas. Señala en el documento la grave preocupación de la OEA por las continuas violaciones de los derechos humanos que han sido documentadas por la Comisión Especializada.

El Secretario General de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, profundiza en las "causas" que motivan las interrupciones democráticas y advirtió que no es suficiente reaccionar ante los Golpes de Estado que erosionan las estructuras institucionales, sino que es igualmente importante crear condiciones y establecer incentivos que puedan contribuir a evitar cualquier interrupción futura del quehacer democrático. La distribución desigual de las oportunidades, que se hace cada vez más notoria, amenaza la estabilidad del proceso democrático. La situación en Haití no se modificó a pesar de las medidas pacíficas tomadas por la OEA, como el embargo comercial y las misiones especiales de Ministros de Relaciones Exteriores que visitaron el país. Estas misiones especiales fueron muy mal recibidas por la población, en una acción que se consideraba preparada por los militares. Una nueva gestión diplomática se inició a fines de 1992 con el nombramiento del ex canciller argentino Lic. Dante Caputo, como representante del Secretario General de las Naciones Unidas corroborada por actitud semejante del Secretario General de la O.E.A. Preocupa a las Naciones Unidas la persistencia y empeoramiento de las violaciones a los derechos humanos, particularmente las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzosas y las denuncias de torturas. (12)

El ex canciller Caputo elaboró un plan a largo plazo para solucionar la crisis en Haití. Este solamente tendría como objetivo restituir en el cargo al Presidente Aristide, sino que además contempla una plan económico de reconstrucción, cuya cifra estimada sería de mil millones de dólares, garantías de no juzgar a los militares golpistas, un nuevo orden judicial y una nueva fuerza de policía, Debe valorarse la tarea de Caputo en Haití en la medida de que el plan propuesto no sólo trata de restituir en el cargo al presidente electo, sino que apunta a soluciones estructurales y de fondo, como por ejemplo un plan de ayuda que beneficiarán la economía, normalizará la justicia y la policía.

El Presidente Aristide exhortó a la Comunidad Internacional a brindarle apoyo, inclusive a través de una fuerza militar de las Naciones Unidas, para retornar a su país a fin de seguir adelante con el proceso democrático iniciado en las primeras elecciones de diciembre de 1990. (13)

En este caso el Presidente depuesto estaba de acuerdo con el empleo de la fuerza pero en el ámbito de las Naciones Unidas. Luego de mantener una reunión con líderes del ejército y del Gobierno haitiano, el ex canciller Dante Caputo, logró que por primera vez, desde 1991, estuvieran en condiciones de dialogar el Presidente exiliado Jean Bertand Aristide y las fuerzas armadas.

Una resolución destinada a obligar al gobierno militar a dialogar se aprueba el 16 de junio de 1993 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la misma se establece un embargo de petróleo, armas y activos fijos. Por su parte el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, anuncia el 18 de junio de 1993 que sería conveniente enviar una fuerza multilateral para evitar los enfrentamientos entre los dos bandos. Esta postura fue apoyada por varios países, y el 29 de junio el presidente Menem ratificó que la fuerza multilateral debería estar bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas. Finalmente el 3 de julio de 1993 se firma en Nueva York un acuerdo, bajo la mediación del ex-canciller Caputo, entre el presidente derrocado Jean-Bertrand Aristide y el General Raoul Cedras por el cual se prevée un período de transición que finalizará el 30 de octubre de 1993 con el regreso al poder del presidente Aristide. (14)

Un clima de inestabilidad política se vivió en el mes de octubre por una serie de atentados y el asesinato del principal colaborador del presidente Aristide, Antoine Izmery. Este clima de inestabilidad es provocado, según Aristide, por los jefes del ejército y la policía, para bloquear los acuerdos del 3 de julio.

LOS FRUSTRADOS GOLPES DE ESTADO EN VENEZUELA

Una segunda tipología de golpes de Estado en América Latina estaría representada por el caso venezolano.

Venezuela muestra dos características propias: por un lado, con motivo del primer intento de Golpe de Estado se analizó, a través de algunos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la posibilidad de una intervención directa por parte de fuerzas conjuntas y por otra parte se debe mencionar que finalmente la solución se logra mediante mecanismos de jurisdicción interna. El 4 de febrero de 1992 se produce un golpe de Estado que tenía por finalidad derrocar al Presidente Carlos Andrés Pérez.

Si bien el mismo fue abortado, con posterioridad se escucharon distintas versiones fundamentalmente en Estados Unidos proponiendo para estos casos la intervención militar, La idea fue propiciada por el embajador de los Estados Unidos ante la O.E.A., Luigi Einaudi, en una visita realizada a mediados de marzo a Caracas, para estudiar las repercusiones del Golpe. Esta iniciativa fue retomada por el diario "The New York Times" que en su editorial expresaba que ha llegado la hora de crear una fuerza militar interamericana que podría intervenir para proteger a los gobiernos democráticos de caer en manos de terroristas armados, citando los casos de Haití, y Venezuela. De cualquier manera el diario advertía que la creación de una fuerza interamericana tenía mas posibilidades de concretarse si Estados Unidos asumía en la misma un bajo perfil. Los Estados Unidos, como principal fuerza militar del hemisferio, están idealmente preparados para ciertas tareas logísticas y de reconocimiento, pero el control político de la misma necesita ser plenamente compartido. Estas propuestas norteamericanas tuvieron un amplio rechazo en diversos sectores de Venezuela.

El ex-Presidente de ese país Luis Herrera Campins manifestaba su preocupación porque un diario de la influencia y la capacidad de información que tiene "The New York Times" haga esta propuesta que se supone no es propia sino que está tomada de las altas esferas gubernamentales. Por su parte el general Alberto Miller Rojas afirmó que los venezolanos no se quedarían impasibles ante una eventual intervención norteamericana (15) La oposición a la propuesta norteamericana se manifestó también a nivel oficial.

El Ministro de Defensa, general Fernando Ochoa Antich expresó que las fuerzas venezolanas rechazarían categóricamente la intervención de cualquier organización o país extranjero, aun en caso de un nuevo golpe militar. (16) Es interesante conocer cuales han sido los motivos por los cuales se produce este intento de Golpe de Estado en Venezuela.

Uno de los líderes golpistas declara que querían luchar en favor de las clases populares y en contra de los gobiernos corruptos de AD (Acción Democrática) y COPEI (Demócrata Cristiano), y declara que no hay otra forma de luchar contra quienes robaron las arcas del tesoro para enriquecerse y favorecer a los poderosos y a los ricos de Venezuela.

La legitimidad de un gobierno, según el entrevistado, no reside en la forma en que llega al poder sino en la forma en que se ejerce. (17) Para los militares golpistas venezolanos el fin justifica los medios. No interesa como se llega al poder sino que se hace con él. Frente a este intento de Golpe de Estado se reunieron en Caracas, los Ministros de Relaciones Exteriores del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de Río) el 8 de febrero de 1992 y emitieron una declaración en la cual expresaban, su más enérgico repudio a estos gravísimos acontecimientos que pretendieron desconocer la legitimidad de un gobierno elegido por la voluntad soberana del pueblo y alertar la plena vigencia del estado de derecho.

Renovaron el compromiso indeclinable de sus gobiernos con la defensa de los derechos humanos y la democracia representativa. Los ministros destacaron la eficaz, inmediata y vigorosa reacción regional e internacional contra este intento de subvertir el orden institucional y democrático, lo que puso de manifiesto la fortaleza de la democracia representativa de la región. Se debe recordar que Panamá, uno de los miembros fundadores del Grupo de Contadora, se encuentra suspendido de asistir a las reuniones del Grupo de Río, desde que se alteró la vigencia del sistema democrático en 1988. En noviembre de 1992 se produce en Venezuela el segundo Golpe de Estado, que de igual manera que el anterior fue abortado. Es importante en este punto establecer comparaciones con el intento de Golpe de Estado de febrero. Poco después de producirse el primer Golpe de Estado, se puede detectar una ruptura entre el gobierno y las fuerzas armadas. En una conferencia pronunciada en la Universidad de Carabobo, el general de división Carlos Santiago Ramírez, advirtió que existe una importante fuerza militar que se opone al gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez y que la misma está dispuesta a acabar con los vicios del sistema democrático venezolano.

Ramírez expresó que llegó el momento de la más alta clarinada política, ideológica y humana para el gran acercamiento y acción entre el pueblo y los militares. Lo que va a lograr el pueblo con la ayuda de los militares del pueblo o por su propia cuenta es una nueva forma de vida. Es un pueblo que ya no se contentará con renuncias presidenciales sino que alcanzará hasta destrozar todas las majestades empaquetadas y ensorberdecidas que lo pisotean y humillan. (18) El General de la Fuerza Aérea venezolana, Francisco Efraín Visconti, manifestó que el intento de Golpe de Estado fue planeado desde el 27 de febrero de 1992, cuando se produjo en Caracas una asonada que fue violentamente reprimida por las fuerzas armadas: "En ese momento nos empezamos a preguntar qué tipo de democracia teníamos y por qué, si nuestro gobierno es demócrata, teníamos que matar a nuestros hermanos, a nuestras familias" El General de la Fuerza Aérea, criticó a los Partidos Políticos que se convirtieron en centros de dirección autoritaria vertical y dogmática, en vez de democratizarse. (19) Según las afirmaciones de dos oficiales golpistas asilados en Perú, el escritor Arturo Uslar Pietri sería el mentor intelectual del Golpe Militar. Es por ello importante conocer la opinión del eminente escritor venezolano, quien es la cabeza visible de un grupo de políticos y intelectuales conocidos como los notables.

La postura económica del escritor venezolano, es que hay que salir de aquella economía paternalista que subsidiaba todo y que ya no puede hacerlo porque el petróleo no alcanza. Se debe ir en serio a una economía de mercado y dejar de despilfarrar como lo hace el actual gobierno. Entre los principales problemas económicos que enfrenta Venezuela, Uslar Pietri, menciona la corrupción y la existencia de gigantescas fortunas y oligopolios que se han creado en torno al Estado. Admite la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, ya que las circunstancias que llevaron a los dos golpes anteriores no han cambiado. (20) En un artículo de su autoría, Uslar Pietri, establece una distinción entre gobiernos democráticos y gobiernos pretendidamente democráticos. Es interesante conocer las características de esta segunda forma de gobierno. Según el escritor, los gobiernos pretendidamente democráticos, cumplen lo ritos externos del sistema, como son las elecciones periódicas, el mantenimiento de ciertos derechos ciudadanos y la celebración de elecciones intervenidas, pero que están muy lejos de respetar plenamente los derechos humanos, de garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y de mantener una actitud aceptable de lucha contra la corrupción. (21)

Se hace muy difícil a mi entender, poder determinar con precisión si se respetan plenamente los derechos humanos en cada país, si existe independencia de poderes y mantener una actitud aceptable de lucha contra la corrupción. En los casos mencionados deberían actuar los mecanismos jurisdiccionales internos del propio Estado. En el caso de corrupción, un excelente ejemplo del funcionamiento democrático de las instituciones lo realizó en nuestra región, Brasil, donde el Congreso suspendió al presidente Fernando Collor de Mello, quién luego renunció para no enfrentar el juicio político del parlamento, Finalmente, a pesar de que los rumores de un nuevo Golpe de Estado todavía inquietan a la opinión pública, los venezolanos encontraron los medios jurisdiccionales internos para lograr una solución dentro del sistema. El fiscal general de Venezuela, Ramón Escovar Salom, impulsó el juicio por malversación y peculado contra el presidente, Carlos Andrés Pérezy de peculado contra el ex presidente Jaime Lusinchi, El 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia resolvió someter a juicio al presidente Carlos Andrés Pérez, y autorizó al Senado para enjuiciarlo por corrupción. Esta decisión produjo automáticamente la suspensión del primer mandatario. El 1º de junio de ese año, luego de la presidencia interina del titular de la Cámara Alta, senador Octavio Lepage, el parlamento venezolano, elige al senador independiente Ramón Velásquez como presidente previsional hasta el 2 de febrero de 1994. Estos acontecimientos tendrían como culminación, la destitución de Carlos Andrés Pérez, como presidente de Venezuela, el 31 de agosto de 1993.

Los legisladores del partido Acción Democrática se abstuvieron en la votación referida por considerar que el acto era inconstitucional y antijurídico ya que no había hasta ese momento sentencia contra el presidente Pérez. Existe coincidencia por parte de varios autores, que la causa principal del actual estado de crisis de la política venezolana proviene del petróleo, sobre todo a partir del alza de precios de la década del setenta. Los recursos económicos del crudo no fueron administrados adecuadamente desde entonces. (22) A esto debe agregarse, el divorcio existente entre los partidos políticos y la sociedad, que ha tenido varias manifestaciones, como el alto porcentaje de abstención en las elecciones y la reciente aprobación, en agosto de este año 1993, por el Congreso de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público. Esta ley elimina la malversación de fondos públicos como delito penal. Venezuela fue un caso especial dentro de los Golpes de Estado en América Latina ya que los mismos no lograron su objetivo. De cualquier manera en las dos ocasiones se reunió el Consejo Permanente de la OEA y emitió sendas resoluciones de condena al golpe y de solidaridad con el Presidente Carlos Andrés Pérez. (23) Además de las manifestaciones de apoyo al proceso democrático por parte de la OEA, el Presidente venezolano no pudo asistir a la Vl Reunión Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Buenos Aires los días 1 y 2 de diciembre de 1992. En este encuentro, los restantes presidentes del Grupo Río, reiteraron su más firme solidaridad con el Presidente de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, el gobierno y el pueblo y ratificaron su condena al nuevo intento de interrupción violenta del orden constitucional, destacando su apoyo irrestricto a la democracia venezolana.

GOLPE DE ESTADO EN PERU.

El 5 de abril de 1992 se produce otro Golpe de Estado en América Latina que tiene las características señaladas de conjunción cívico-militar. El Presidente de Perú Alberto Fujimori, anuncia en ese día la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la militarización del país. Fujimori había asumido la presidencia el 28 de julio de 1990 luego de haber triunfado en la segunda vuelta frente al ilustre novelista peruano, Mario Vargas Llosa.

Lo notable del caso peruano era que ninguno de los dos candidatos provenían de las filas de los partidos políticos tradicionales. Fujimori creó para esta elección un movimiento "Cambio 90-Nueva Mayoría" sin estructura partidaria para todos los cargos electos. De tal manera que el Congreso estaba dominado por las fuerzas de la oposición. Según Fujimori, el Golpe de Estado fue promovido por él mismo. En una entrevista televisiva, Fujimori aseguró que si no hubiera tomado ninguna medida el 5 de abril de 1992, el derrocado sería él. Es por ello que califica estos acontecimientos como antigolpe. Cuales son las causas aducidas por Fujimori para tomar una determinación de este tipo. El presidente peruano manifestaba: "No había democracia en Perú, era la dictadura de una cadena de corrupción que se da en el Poder Legislativo y Judicial; lo que hemos hecho es romper esa cadena para llegar precisamente, a la democracia" (24) Esta postura es abiertamente criticada por el ex presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, fundador del partido conservador populista Acción Popular que apoyó en las elecciones la candidatura del escritor Vargas Llosa, quien expresa que el parlamento era pluralista. Tipifica el golpe de estado como algo insólito: "Al violar varios artículos de la Constitución con su decisión de disolver el Congreso, Fujimori ha renunciado por su propia voluntad a la legitimidad de su origen constitucional para convertirse en un anacrónico dictador. Generalmente entran gobiernos de facto que después se legalizan. Esto ha sido al revés, entró legalmente y ahora (o está desnaturalizando, desconociendo su propio título" (25) La actuación del Congreso frente al gobierno de Fujimori, también fue respaldada por el vicepresidente primero de Perú, Máximo San Román, quien en una reunión de la OEA expresó que el parlamento había aprobado el 90 % de los proyectos del Presidente. (26) El escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, manifiesta en una entrevista periodística, que la realidad peruana explica que haya pasado esto. (27)

El General peruano Edgardo Mercado Jarrin, expresó un juicio crítico con relación a los políticos de su país, diciendo que existe un rechazo generalizado a los mismos. Efectúa una comparación entre los sueldos de tos militares y los políticos establecido entre los 200 para unos y 2.500 para otros. Los políticos, según el militar retirado, se pasaban meses debatiendo un proyecto sin ninguna responsabilidad y se aprovechaba de su situación para hacer, por ejemplo, frecuentes viajes al extranjero. Muchos han comparado al golpe peruano con el gobierno de Bordaberry en Uruguay en 1973. Mercado Jarrin establece claramente que existen grandes diferencias. "Bordaberry fue un presidente uruguayo civil puesto por los militares para que en realidad gobiernen los militares. En Perú ha habido una cosa atípica porque fue un golpe pensado y organizado por el presidente civil, que contó con el apoyo de las fuerzas armadas. Esto fue un golpe donde las fuerzas armadas no buscaron una injerencia política. La prueba es que aquí no hay ministros militares. Cada vez más las decisiones fundamentales son tomadas exclusivamente por Fujimori. Aquí no hubo una "bordaberrización" sino una "fujimorización", y eso es porque las propias fuerzas armadas han aceptado darle ese caríz" (28)

Días después de sucedido el golpe de Estado, se reúne en Washington el 13 de abril el Grupo de Río que anuncian a través de una declaración que Perú no participará en las reuniones del Mecanismo de Consulta y Concertación Política, hasta tanto no se den en ese país las condiciones de plena vigencia del sistema constitucional y de la democracia representativa. (29) La postura de los países miembros del Grupo no fue uniforme. El canciller de México, Fernando Solanas, intentó sin éxito que la declaración no se difundiera y logró atrasarla para que el Presidente Fujimori presentara el pedido de retiro del Grupo de Río de manera tal que esta resolución no apareciera como una sanción. Con la misma celeridad se convoca a una reunión de cancilleres de los países miembros de la organización de los Estados Americanos que se celebra en Washington el 14 de abril de 1992. En la reunión de la OEA se presenta un problema de procedimiento ante la doble representación del Gobierno peruano. Se encontraba presente el canciller Augusto Blacker Miller en representación del Presidente Fujimori y asistió a la reunión el vicepresidente primero del Perú, Máximo San Román. La delegación argentina pretendió que San Román hablara desde s u banca. Ante la cerrada negativa de México y sus aliados, se aprobó que San Román hablara en una reunión a puertas cerradas antes del encuentro formal. De esta manera los cancilleres tuvieron la oportunidad de conocer las dos posturas existentes. Existieron también disputas menores con referencia al proyecto del texto de resolución ya que se presentaron dos versiones : por una parte el Grupo de Río y por otra, una propuesta de Costa Rica con el respaldo de los países del Caribe y de América Central. Se desechó el texto que expresaba que la OEA "reiteraba el enérgico rechazo" del golpe. El organismo regional deploró el Golpe de Estado y resolvió enviar una delegación encabezada por el Secretario General de la OEA. Joao Baena Soares acompañado por el presidente de la Comisión ad hoc de cancilleres, el Dr. Héctor Gros Espiell. Es interesante mencionar que en esta ocasión, al contrario de lo sucedido con Haití, la organización no aplicó sanciones económicas. Los argumentos esgrimidos en esta oportunidad tendrían dos variantes: a) Una medida de este tipo perjudicaría la economía peruana, afectando la salida democrática. Este argumento no es diferenciable con lo sucedido en Haití donde las condiciones económicas no son mejores que las de Perú; b) El segundo argumento fue de mayor fundamento, el embargo contra Haití, transcurridos seis meses, no había modificado la situación institucional en ese país. Medidas de acción directa por parte del gobierno de los Estados Unidos: a) Si bien existió en América Latina y otros países un rechazo unánime de condena al Golpe de Estado, con distintos grados de flexibilización en sus comunicados, la reacción bilateral más contundente provino del gobierno norteamericano, quien anunció la suspensión de la ayuda militar y económica y la revisión del programa anti-drogas.

EI Secretario Adjunto para asuntos interamericanos de los Estados Unidos, Bernard Aronson, anticipó en Lima que debe descartarse que Perú pueda volver a recibir la ayuda norteamericana por 164 millones de dólares para el ano fiscal que terminó, y la del próximo, a menos que cumpla con las condiciones impuestas por la OEA. (30) b) Otro elemento de presión sobre el gobierno de Perú, considerado como el segundo paso para restablecer las instituciones democráticas en ese país, fue la actitud del Presidente de los Estados Unidos, George Bush, de mantener una conversación telefónica entre ambos mandatarios por espacio de treinta y cinco minutos. El presidente Bush advirtió a su colega peruano la necesidad de recuperar lo antes posible el sistema constitucional y democrático del Perú. (31) c) Una tercera medida de acción directa tomada por el gobierno norteamericano fue la de suspender los vuelos de apoyo de la lucha antidroga. Esta decisión fue anunciada por Washington el 28 de abril de 1992. A pesar de estas medidas, dentro del gobierno de los Estados Unidos se pueden apreciar distintas posturas que son analizadas por el periodista Leslie H. Gelg del diario "The New York Times" como de doble mensaje. En la intimidad de la Casa Blanca la idea de Fujimori de "legitimar" el autogolpe con un plebiscito no es completamente rechazada. Aunque no es lo ideal, esta fórmula de golpe democrático con plebiscito podría ser la única manera de conservar legitimidad y de sentar las bases para levantar una democracia auténtica en el futuro. Washington seguirá censurando públicamente a Fujimori, pero en privado lo instará a que trate de obtener un mandato (popular), mediante un referéndum realmente libre sobre una serie de reformas constitucionales fundamentales. Se concluye que en un mundo lleno dirigentes democráticos terriblemente vulnerables se hace necesario atemperar la pureza de los principios con el pragmatismo. (32)

Debe consignarse que las relaciones entre los dos países entraron en un clima más tenso como consecuencia del ataque de cazas peruanos a un avión de los Estados Unidos, producido el 25de abril de1992, que dejó como saldo un muerto y varios heridos. El presidente de Perú pidió disculpas personalmente al presidente de los Estados Unidos y prometió investigar lo sucedido. Bush aceptó las disculpas del presidente Fujimori. La situación institucional se modificó cuando el vice-presidente primero, Máximo San Román, juró como presidente constitucional, el 21 de abril de1992. San Román proponía el 28 de abril de ese ano como solución a la crisis del país, la renuncia de Fujimori y de todas las autoridades elegidas en los comicios generales de 1990, ante una Asamblea Constituyente que entraría en funciones el 28 de julio. EI proyecto incluía las dimisiones del propio San Román como "presidente constitucional", la del segundo vicepresidente, Carlos García y García, y la de todos los legisladores. La propuesta de San Román preveía que la asamblea elija un gobierno de transición, reforme la constitución y convoque a elecciones generales, de manera que las nuevas autoridades pudieran asumir el primero de abril de 1993. (33)

Frente a la presencia de dos gobiernos establecidos en el Perú, se pudo comprobar, que había un reconocimiento de la sociedad internacional al Presidente Fujimori. Ante estos acontecimientos, la Iglesia Católica peruana se manifestó a través del Presidente de la Conferencia Episcopal, José Dameri, obispo de Cajamarca. Solicitó al presidente Alberto Fujimori y a sus oponentes, que dialoguen para acabar con la crisis. Demandó una acción enérgica para restablecer la democracia en Perú, porque el enfrentamiento generado por el Golpe solo favorece a terroristas y narcotraficantes. (34)

EI diálogo propuesto por la Iglesia Católica entre Fujimori y San Román no se concretó. La acción diplomática llevada a cabo por el canciller uruguayo, Dr. Hector Gross Espiell y por el propio Secretario General de la Organización, Joao Clemente Baena Soarez no lograron establecer acuerdos entre el Presidente Fujimori y sus oponentes. EI caso peruano fue motivo de una nueva consideración en la Organización de Estados Americanos, cuando celebro su XXII Asamblea General en mayo de 1992 en Nassau, Bahamas. Sorpresivamente, apremiado por los condicionantes externos a su gobierno, se hace presente en la Asamblea el Presidente Fujimori. En esta ocasión se comprometió a que en un plazo no mayor de cinco meses, un congreso constituyente libremente elegido por el pueblo se reúna para reformar la Constitución. Fujimori, quien habló el 18 de mayo de ese año, afirmó que no pretende la abolición de los partidos políticos sino su democratización interna, así como poner fin al control que ejercen sobre los gremios de trabajadores, asociaciones profesionales y empresariales y otras organizaciones comunitarias. Luego de graves acusaciones contra los partidos políticos peruanos, aseguró que lo que está en juego en Perú no es la democracia sino la partidocracia. Según Fujimori, en no más de cinco meses el establecimiento de un Congreso Constituyente democrático garantizará la vigencia del principio de equilibrio de poderes. Las expectativas generadas en la OEA sobre la supuesta reducción de plazos para el retorno a la democracia, quedaron sin respuesta. Según el canciller uruguayo, Hector Gross Espiell la propuesta hecha conocer por Fujimori podría constituir la base de un diálogo y, por este camino, un campo de entendimiento para lograr el objetivo esencial de lograr llegar rápidamente a un régimen constitucional y democrático. (35) La Organización de Estados Americanos, resolvió instar al gobierno peruano para el restablecimiento democrático "en el más breve plazo" y prorrogó la misión diplomática que encabeza el canciller uruguayo con la intención de promover el diálogo entre el gobierno y los partidos opositores. La XII Asamblea General de la OEA vuelve a ratificar su apoyo a los gobiernos democráticos, a través de la Declaración de Nassau del 19 de mayo de 1992. En el numeral 5 de la declaración se expresa el "rechazo más enérgico y categórico a cualquier atentado al orden democrático institucional en cualquiera de los Estados miembros". Los destinatarios de esta declaración son fundamentalmente Haití, Perú y Venezuela. El 13 de noviembre de 1992, el Presidente Fujimori afirma que abortó un golpe que incluía su asesinato. De acuerdo a la información periodística tres generales de ejército en situación de retiro y un comandante bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico fueron detenidos tras fracasar en un intento por tomar la Comandancia General del Ejército y el 30 el Palacio de Gobierno. Según el comunicado del gobierno, el intento de golpe estaba destinado a impedir la realización de las elecciones para un Congreso Constituyente previsto para el 22 de noviembre. (36) Sobre este Golpe de Estado, es interesante conocer la evaluación que hace del mismo el General Edgardo Mercado Jarrin: " ...el Ejército peruano, como pocos en América Latina, tiene un gran sentido de la disciplina. Los militares se suman o no a un golpe de estado por una cuestión de disciplina. Y si el frustrado intento de golpe de Estado de la semana pasada hubiera sido dirigido por el Comandante General del Ejército no le quepan dudas de que se hubieran sumado todas las fuerzas."(37)

De acuerdo al compromiso del Presidente Fijimori, se realiza en Perú el 22 de noviembre de 1992 la primera consulta electoral después del Golpe de Estado, para elegir una Asamblea Constituyente. Once millones de peruanos eligieron a 80 ciudadanos para integrar un Congreso Constituyente democrático que se instalará el 3 de enero de 1993. Las funciones del mismo son: reformar la Constitución de 1979 y cumplir funciones legislativas y fiscalizadoras del gobierno. El Congreso Constituyente Democrático expirará cuando finalice el mandato el Presidente Fujimori, o sea el 28 de julio de 1995. Antes de la realización de estas elecciones, el General Mercado Jarrin opinaba que las mismas legitiman el Golpe de Estado del 5 de abril de 1992. "Hay veedores de la OEA fiscalizando todo el proceso electoral. El que no participe el APRA y Acción Popular no les quita validez a estos comicios. Personalmente opino que estos dos partidos tradicionales no concurren a las elecciones porque juntos no obtendrían ni el diez por ciento de los votos. EI grado de abstención o los votos nulos y en blanco no van a quitar el respaldo con que cuenta Fujimori. De aquí en adelante veo al presidente asentándose en el poder con una mayoría parlamentaria que va a favorecer su acción."(38)

Debe destacarse que los dos principales partidos de Perú, el Partido Aprista cuyo lider es el ex Presidente Alan García y Acción Popular del ex Presidente Fernando Belaunde Terry, desistieron de participar en los comicios para no convalidar lo que calificaban como "dictadura" de Fujimori. El resultado de las elecciones dió un amplio triunfo a "Cambio 90 Nueva Mayoría" alianza que respalda al Presidente Fujimori con casi el 40 % de los votos. Otra lectura de este elección la realiza el escritor Mario Vargas Llosa quien afirma que casi el 45% de peruanos -21 % de ausentes y 24 % de electores que votaron en blanco o anularon su voto demostrando de este modo su oposición al presidente Fujimori. En la XVI Asamblea General Extraordinaria de la OEA, realizada en Washington el 14 de diciembre de 1992 aprobó una resolución en la cual se manifestaba "que con la elección del 22 de noviembre de 1992 del Congreso Constituyente Democrático y su próxima instalación se formalizó, un paso importante en el proceso del restablecimiento del orden institucional democrático en el Perú". El Secretario General de la OEA. Joao Clemente Baena Soarez, informó, en esa oportunidad, que las elecciones peruanas para el Congreso Constituyente Democrático fueron limpias y correctas. Esta resolución fue votada por unanimidad de los miembros de la Organización. La elección peruana y su convalidación por la OEA fue motivo de una seria disputa, entre el escritor Mario Vargas Llosa y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. (39) El 30 de diciembre de 1992 quedó instalado el Congreso Constituyente Democrático bajo la presidencia del ex Ministro de Energía y Minas, Jaime Yoshiyama.

Yoshiyama convocó a los congresistas para continuar con la lucha emprendida por el gobierno de Fujimori para erradicar la corrupción y la violencia de los grupos guerrilleros izquierdistas. EI ex Ministro dijo: "Hoy más que nunca, el país necesita un clima de concordia para que todos los que nos adherimos al sistema democrático podamos brindar nuestros aportes para derrotar al gran enemigo común que es el terrorismo" (40)

El Congreso Constituyente Democrático aprobó el 5 de enero de 1993, una ley de restablecimiento de la institucionalidad democrática que establece que el presidente de la República, elegido en 1990, es el jefe constitucional del Estado y personifica a la Nación. La ley fue aprobada por 49 votos contra 28. El vicepresidente del Congreso y ex canciller de Fujimori, Carlos Torres y Torres, manifestó que la aprobación de la ley no supone legitimar al gobierno porque eso se dió en las elecciones del 22 de noviembre de 1992, donde triunfó la coalición gubernamental "Cambio 90Nueva Mayoría". Lo que queremos, según Torres, es restablecer el orden jurídico y legal, no solo interno sino también a nivel internacional" (41) El 26 de agosto de 1993 el Congreso Constituyente Democrático aprobó la nueva constitución del Perú, aunque la misma no entrará en vigencia hasta el referéndum que se efectuará el 31 de octubre de 1993. De cualquier manera es necesario indicar cuales son las principales modificaciones incorporadas a la Carta Magna que modifica la Constitución vigente de 1979. Entre ellas se pueden mencionar: a) Uno de los nuevos temas es la reelección inmediata del presidente de la Nación. EI texto anterior preveía la reelección pero después de transcurrido un período de cinco años de gobierno. b) Se incluye la pena de muerte para los convictos de terrorismo. La Constitución de 1979 establecía también la pena capital pero para delitos de traición a la patria en caso de guerra. c) Se modifica el Congreso bicameral que existía en el país desde la independencia. Existirá un Congreso unicameral de 120 miembros. d) Otorga poderes extraordinarios al presidente de la Nación, ya que podrá disolver el Congreso en situaciones de crisis y designar embajadores y ascensos en las fuerzas armadas sin ratificación legislativa.

Con relación a la reelección presidencial el Partido Popular Cristiano, liderado por el alcalde de Lima, Luis Bedoya y el Movimiento Independiente de izquierda se han manifestado en contra por considerar que si se aprueba en el referéndum esta disposición, el país avalaría una dictadura constitucional. Referido a la pena de muerte el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Alberto Luis Ruiz Eldrege, sostuvo que la aplicación de la pena de muerte a los terroristas resultará contraproducente para Perú, porque no resolverá la situación de violencia y en cambio, tendrá una repercusión internacional desfavorable. Recordó que Perú es firmante del Tratado de San José de Costa Rica, que proscribe la aplicación de la pena de muerte, y aclaró que el gobierno, para aplicarla, tendrá que denunciar el Tratado mencionado. Por su parte Amnistía Internacional deploró, el 11 de junio de1993, la imposición de la pena de muerte y pidió que la OEA exprese su total repudio. Con esta inclusión constitucional, Perú socavaría gravemente la protección del derecho a la vida, principio consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Debe destacarse además que otras instituciones se han opuesto al referéndum del 31 de octubre, como por ejemplo, el Colegio de Periodistas de Perú, la Confederación General de Trabajadores de Perú, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento Independiente de Izquierda entre otros. Las apreciaciones hasta aquí desarrolladas merecen una reflexión final sobre los acontecimientos sucedidos en el Perú y los factores externos que influyeron en él.

La tradición democrática de Perú luego de doce años de gobierno se vió alterada por el Golpe de Estado. La estructura partidaria que llevó al poder al Ingeniero Agrónomo, Alberto Fujimori, "Cambio 90", desapareció del escenario político antes de que Fujimori asumiera la presidencia, esa estructura volvió a conformarse para las elecciones del C.C.D. Estos datos permiten sacar conclusiones para el resto de América Latina.

Se deben realizar grandes esfuerzos para la formación de los nuevos dirigentes políticos. Ninguno de los candidatos a las elecciones generales presidenciales provenían de estructuras partidarias tradicionales. Los evidentes éxitos en el campo militar y económico logrados al año del golpe, hacen dudar si los mismos no podían haber sido logrados dentro del marco constitucional previsto. La detención de los cabecillas de los grupos guerrilleros "Sendero Luminoso" y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, fundamentalmente el líder del primero de ellos, Abismael Guzmán, justificaría para algunos el Golpe de Estado. Sin embargo, para otros, la detención no tiene nada que ver con el Golpe porque es el fruto de un trabajo de inteligencia iniciado hace anos. Según la apreciación del corresponsal del diario "La Nación" en América Latina, algunos advierten que la estructura militar de la organización terrorista "Sendero Luminoso" sigue intacta. (42)

En el aspecto económico se manifiesta que el Golpe hizo retrasar los créditos destinados a Perú a causa de la oposición del FMI y la presión de Estados Unidos, por la ruptura institucional y la no vigencia de los derechos humanos. Pero es indudable que el sistema internacional logró aminorar los espacios de movimiento del gobierno de Fujimori según sus planes originarios. En este sentido le tocó a la OEA un papel importante en este campo y debe expresarse que también ayudó el bloqueo de créditos comerciales a Perú por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Aún queda mucho por hacer, ya que las intenciones del gobierno peruano son la de llamar un referéndum para votar la reelección y la inclusión de la pena de muerte.

Finalmente merece una reflexión la posición asumida por Argentina frente a este Golpe de Estado. Se parte del supuesto que la postura de la Cancillería argentina no fue la misma para los casos de Haití y Perú. En la XXII Asamblea General de la OEA, celebrada en Nassau, Bahamas, el 20 de mayo de 1992, el canciller argentino, Guido Di Tella, propuso que la OEA tuviera "potestades intrusivas" similares a las de Naciones Unidas, para poder defender mejor a la democracia. Si la OEA tuviera potestades parecidas a las de la Organización de las Naciones Unidas, como obligar al embargo y poder conformar cuerpos militares de paz, sería "mucho más efectiva", Aún no hay consenso para una medida tal, pero mostró confianza de que la Reforma de la Carta de la OEA dispuesta en Nassau, sería un paso inicial en esa dirección. (43)

En una entrevista periodística, efectuada al canciller Di Tella el 7 de abril de 1992, se cuestiona si existe una condena más suave a Perú con relación a Haití. El Canciller expresa que nuestra posición es igual de contundente, condena clara y reclamo de que se restituya el orden constitucional. Para eso, en términos prácticos, podemos apoyarnos en dos cuestiones. Por un lado, Fujimori habló de medidas temporales. Entonces lo que hay que hacer es acotar la temporalidad. Por otra parte anunció que llamaría a una Asamblea Constituyente. Esto parecía contraponerse a la idea de crear una fuerza interamericana para casos de Golpes de Estado. El canciller Di Tella expresó: "Es que no es eso lo que proponíamos para la OEA, Nuestro diagnóstico es si la OEA sirve solo para exhortar, será un organismo débil. Por eso nos interesaba dotar a la OEA de un menú de alternativas, con diferentes grados de intrusividad.

Hoy, según su carta, la OEA no puede disponer siquiera medidas de sanción comercial de cumplimiento obligatorio. No tiene, como las Naciones Unidas, la chance de un cuerpo de cascos azules para mantenimiento de la paz, ejemplo de fuerza intrusiva para separar contendientes, como en el caso de Yugoslavia. Ahora, pensar en una fuerza militar que desembarque en un país ante un intento de golpe o ante un Golpe me parece un ejercicio de fantaciencia." Se le pregunta si alguna vez no lo sedujo la creación de un cuerpo de paz, semejante al de Naciones Unidas y el canciller respondió: "No. Queríamos un menú disponible, pero pensar que la OEA tiene que contar con un regimiento de paracaidistas democráticos sería tomar la discusión a la farra" (44) Como colofón del accionar dispar de la diplomacia argentina en los casos de Haití y Perú se puede recurrir a las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Ingeniero Guido Di Tella: "No somos completamente tontos como para actuar de la misma forma ante Haití, Perú o hipotéticamente Brasil. En la política internacional pesa el poder relativo del país en cuestión y los vínculos políticos y geopolíticos que lo unen con la Argentina" (45) Queda evidenciado que el accionar argentino frente a los Golpes de Estado se mide de acuerdo a las relaciones que tengamos con ellos, y el poder relativo del país. Como conclusión se extrae que si el país es pequeño y nuestras relaciones son insignificantes, en esos casos Argentina aplica de manera más contundente las normas establecidas por las Organizaciones Internacionales o en algunas ocasiones propone una intervención militar directa al margen de los mismos, como en el caso de Haití. Contrario sensu, si el país es importante y las relaciones que mantenemos con el mismo son de significación, en este caso de debe actuar más moderadamente.

CONSIDERACIONES FINALES

La acción originada por la OEA a través de la XXI Asamblea General de la Organización realizada en Santiago de Chile en junio de 1991, en favor de la consolidación del sistema democrático en América Latina debe valorarse debidamente. Cuando aún no se habían producido Golpes de Estado en la región, como los de Haití, Venezuela y Perú, la OEA, elabora en Santiago, el 4 de junio de 1991, un documento "Compromiso de Santiago con la Democracia y la renovación del Sistema Interamericano" por el cual reafirman que la democracia representativa es la forma de gobierno de la región y que su ejercicio efectivo, consolidación y perfeccionamiento son prioridades compartidas. Este solo dato de apreciación de la situación por la cual estaba atravesando la región no hacia más que afirmar los postulados establecidos en la misma Carta de la OEA, cuyos principios en muchas ocasiones se habían dejado en suspenso. Pero en una decisión sin precedentes de la OEA se aprueba un resolución por la cual, por primera vez, se llevan a la práctica los postulados de tantas declaraciones retóricas en defensa de la democracia. En la XXI Asamblea General de la OEA se aprueba la resolución 1080 sobre " democracia representativa", en Santiago el 5 de junio de 1991. Se dan facultades al Secretario General de la OEA para que convoque en forma inmediata al Consejo Permanente en caso de que se produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo. La resolución agrega en su artículo 2 que los Ministros de Relaciones Exteriores luego de analizar colectivamente los hechos, podrían adoptar las decisiones que se estime apropiadas, conforme a la Carta y al derecho internacional. El mandato de esta resolución deja las manos libres a los Ministros de Relaciones Exteriores para que tomen cualquier tipo de medidas frente a un Golpe de Estado. Este procedimiento es realmente importante ya que no se deben ceñir a medidas que estén estipuladas en alguna normativa especial. Debe elogiarse este procedimiento abierto, ya que muchas veces las normas estipuladas para estos casos, en una sociedad internacional dinámica, quedaban desactualizadas. La única limitación prevista en la resolución 1080 es la Carta de la Organización y el derecho internacional. Creo que en el ánimo de la Asamblea General influyó el hecho de consolidar los frágiles procesos democráticos iniciados en América Latina. Este procedimiento de reunión inmediata fue efectivo para considerar dentro de la OEA los casos de Golpes de Estado, como se puede apreciar en el trabajo. El segundo paso dado por la OEA dentro de esta línea de consolidación de la democracia, es la Declaración de Nassau aprobada en la XXII Asamblea General celebrada en esa ciudad de Bahamas, el 19 de mayo de 1992. La situación de la región había cambiado con relación a la XXI Asamblea de Santiago. Se habían producido Golpes de Estado en Haití y Venezuela. Es por ello que en esta Declaración se expresa el rechazo más enérgico y categórico a cualquier atentado contra el orden democrático institucional en cualquiera de los Estados miembros. Es indudable que a pesar de las reuniones y acciones concretas llevadas a cabo, aún este programa de la OEA no muestra sus frutos. Pero debe precisarse la singularidad y excepcionalidad del hecho que por primera vez la OEA se reúne en varias oportunidades con el objeto de considerar el tema de la ruptura del sistema democrático. El tercer paso progresivo dentro de la OEA se efectúa en Washington el 14 de diciembre de 1992. En la XVI Asamblea General Extraordinaria se aprueba el artículo 8 (bis) referente al tema de la suspensión de un Estado miembro de la Organización, que expresa: "Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta..."(43)

La XVI Asamblea General Extraordinaria, toma en consideración también la propuesta mexicana de elaborar un texto de reforma a la Carta de la OEA con referencia al problema de la pobreza crítica en la región. La suspensión de un miembro de la Organización en el cual se haya producido un Golpe de Estado es un método efectivo en un marco donde la Organización esté tomando cada vez mas injerencia. Esta propuesta argentina, aprobada en la OEA, deberá aplicarse en los casos futuros de Golpes de Estado. Es por ello que debe tenerse en cuenta cual será la efectividad de la misma ante el derrocamiento de un gobierno democráticamente constituido. La resolución aprobada por 29 de los Estados miembros de la OEA tuvo el voto en contra de México y las abstenciones de Trinidad-Tobago, Bahamas y El Salvador. Pareciera que este es el punto clave donde se manifiestan las dos tendencias con relación al principio de no intervención. Como se podrá observar a continuación, México expresa su oposición al artículo 8 bis de la Carta de la OEA en varias ocasiones y con diversos argumentos: El embajador de ese país en la OEA, Daniel de la Pedraja, manifestó que la propuesta orientada a la exclusión de Estados en nuestra Organización solo la debilitaría y desnaturalizaría; la OEA ha sido concebida como sociedad entre gobiernos soberanos con objetivos de cooperación y respeto mutuos, que se perderían si este cuerpo cercenara, por decisión propia, a sus miembros. El representante mexicano agregó que las diferencias en la evolución de los casos de Haití y Perú demuestran la ventaja de mantener un diálogo que permita avanzar en el logro de los objetivos comunes en favor de la democracia. (43)

Ampliando estas consideraciones el embajador de México en la XVI Asamblea Extraordinaria de la OEA celebrada en Washington el 14 de diciembre de 1992, Alejandro Carrillo Castro, manifestaba que su país ofrecerá su definitivo apoyo a toda iniciativa en favor de la democracia, pero discrepa con posiciones que pretendan conseguir dicho objetivo por la vía de la exclusión o suspensión de cualquiera de sus Estados miembros. Una excesiva acción de la OEA, sea con la mejor de las intenciones, podría retrotraer a la Organización hacia indeseables etapas de intervencionismo. (47) Por su parte, el Coordinador general de Asesores del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Hector Manuel Ezeta, plantea la cuestión de debate entre las posturas supranacional y jurisdicista o restrictiva. Con referencia específica a la modificación de la Carta de la OEA, el mencionado autor, expresa que la propuesta argentina de suspensión inmediata del organismo de aquellos países en los que se presenta una interrupción indebida del orden constitucional estará encuadrada dentro de la tendencia supranacional. Por razones de fondo y procedimiento, México ha rechazado este tipo de propuestas y por ello esta tendencia de su país la ubica como jurisdicista o restrictiva. Interesa por lo tanto saber en profundidad cuales son los argumentos que esgrime el asesor del Secretario de Estado: "La revisión de la agenda de la OEA y el fortalecimiento de su papel regional tendrán que darse en el marco de sus principios constitutivos y en torno de sus capacidades de coordinación y cooperación. De acuerdo con su propia Carta, ninguna de sus disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Es a éstos a los que corresponde elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en forma que más les convenga; asimismo, todos tienen el debe de cooperar ampliamente entre sí para promover su desarrollo, limitar los armamentos convencionales y contribuir a la efectividad de un sistema de solución pacífica de controversias. La promoción y consolidación de la democracia representativa deberá darse dentro del respeto al principio de no intervención (Artículo 2). Es en este cuadro normativo, y no fuera de él, en el cual tendrá que sustentarse la proyección de la OEA para fin de siglo" (48) Debe agregarse en esta parte, las opiniones de otros escritores o juristas que se inscriben en la tendencia de la aceptación del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. El eminente escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri se opone abiertamente a la resolución aprobada por la OEA de modificar la Carta de la Organización. Creo entender que se equivoca al mencionar que la proposición llega a incluir la formación de una fuerza militar multilateral para intervenir, en cada caso, en el país en que ha aparecido un régimen de facto. (49)

Como se vió oportunamente, el empleo de la fuerza, no esta contemplado en el artículo 8 bis. Otros funcionarios como el ex canciller uruguayo, Héctor Gros Espiell tambien defienden en este caso el principio de no intervención. En varios artículos sostiene que la "democracia no se impone desde fuera, solo puede ser resultado de la voluntad de cada pueblo". (50) El canciller chileno, Enrique Silva Cimma al hacer referencia a la llamada ley Torricelli de profundizar el bloqueo comercial y económico a Cuba, manifiesta que la recuperación de la democracia en ese país es un problema interno,(51) Chile sin embargo votó favor de la incorporación del art. 8 bis en la OEA. En el marco de la situación conflictiva de Perú, el ex presidente Fernando Belaunde Terry, se manifiesta en oposición a violar el principio de no intervención: " Soy partidario que los asuntos internos se resuelvan internamente. Aunque me afectara políticamente, yo nunca he apelado a sanciones externas porque creo que ello puede perjudicar al pueblo peruano. Puede haber otros grupos que estén en ese camino, pero Acción Popular, no, Acción Popular quiere enfrentar este conflicto internamente" (52) En el otro extremo de este pensamiento anti-intervencionista, encontramos al canciller argentino, Guido Di Tella quien ha expresado que algunos principios de no intervención ya han caducado porque hay conceptos supranacionales, como el de poner en juego los derechos humanos y los principios democráticos que no solo nos dan autoridad para opinar sobre lo que pasa en esos países, sino que nos obligan a actuar. (53) No es intención de este trabajo entrar en el debate sobre el principio de no intervención y su posible reglamentación o codificación. La decisión de la OEA al incluir el artículo 8 bis nos parece correcta. La suspensión de Estados a nivel internacional ha traído consecuencias perjudiciales para el Estado excluido. Además de la suspensión del Estado, creo necesario que se haga un seguimiento de su situación institucional a fin de colaborar con el objetivo de su reinserción democrática. La suspensión no debe llevar a la OEA a desinteresarse del caso y dejarlo marginado de las acciones de la organización que podrían tener como consecuencia una vía sin retorno al sistema democrático. Si bien este procedimiento está contemplado en el artículo 8 bis, en muchas ocasiones la suspensión ha sido motivo de olvido del país castigado, que se ve forzado a tomar otras actitudes que comprometen incluso a la propia organización.

Notas y Citas Bibliográficas