{"id":23452,"date":"2022-09-30T09:01:43","date_gmt":"2022-09-30T09:01:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=23452"},"modified":"2022-09-28T09:39:42","modified_gmt":"2022-09-28T09:39:42","slug":"a2022-derecho-internacional-articulos-issin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2022\/09\/30\/a2022-derecho-internacional-articulos-issin\/","title":{"rendered":"A2022 Derecho Internacional Articulo Issin"},"content":{"rendered":"
Departamento de Derecho Internacional<\/div>\n

Art\u00edculos<\/p>\n

Jurisdicci\u00f3n universal en Argentina: investigaci\u00f3n sobre cr\u00edmenes internacionales contra la poblaci\u00f3n rohingya<\/p>\n

Victoria Issin[1]<\/sup><\/a><\/div>\n
\n

Las violaciones a los derechos humanos que sufre a gran escala la poblaci\u00f3n rohingya en la Rep\u00fablica de la Uni\u00f3n de Myanmar (en adelante, Myanmar) ha provocado la reacci\u00f3n de la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales y el inicio de varios procedimientos en el plano del derecho internacional. Uno de ellos es el iniciado recientemente en el plano local argentino bajo el principio de jurisdicci\u00f3n universal. El objeto de este trabajo es exponer brevemente los hechos que motivaron a esta decisi\u00f3n y los fundamentos del decisorio que respaldan el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n universal.<\/p>\n

Antecedentes<\/p>\n

La poblaci\u00f3n rohingya es una minor\u00eda \u00e9tnica, mayormente musulmana, asentada en el Estado de Rakhine (o Arak\u00e1n), en Myanmar, pr\u00f3xima a la frontera con Bangladesh. Si Myanmar es \u201cun mosaico de etnias, lenguas, y religiones\u201d, el 90% de su poblaci\u00f3n profesa la religi\u00f3n budista, por lo que el resto de las confesiones son consideradas como minoritarias (Urbano, 2020, p. 310).<\/p>\n

Desde la aprobaci\u00f3n de la Ley sobre Ciudadan\u00eda de 1982, donde la poblaci\u00f3n rohingya result\u00f3 excluida de los 135 grupos \u00e9tnicos oficiales del pa\u00eds, la poblaci\u00f3n sufre \u2212hasta el d\u00eda de hoy\u2212 otras restricciones a sus derechos: la falta de documentaci\u00f3n, la restricci\u00f3n en su libertad de movimiento, falta de acceso a hospitales o escuelas y la prohibici\u00f3n de profesar su religi\u00f3n (Cerda Due\u00f1as, 2015, p. 73).<\/p>\n

En el a\u00f1o 2012 se produjo un aumento en las tensiones entre la poblaci\u00f3n rohingya y la etnia de Rakhine que result\u00f3 en el abandono de miles de rohingyas de sus hogares y su consecuente instalaci\u00f3n en campamentos de refugiados en Bangladesh. Desde entonces el \u00e9xodo de la etnia musulmana es continuo (ACNUR, 2018). A esta situaci\u00f3n, se adiciona la brutal respuesta del Tatmadaw (ej\u00e9rcito de Myanmar) del a\u00f1o 2017 a algunos ataques del grupo armado Ej\u00e9rcito de Salvaci\u00f3n Rohingya de Arak\u00e1n, que si bien el gobierno asegura que se limitan a perseguir a los terroristas que perpetraron ataques, tanto Naciones Unidas[2]<\/sup><\/a>\u00a0como distintas ONG[3]<\/sup><\/a>\u00a0condenaron el accionar oficial y sostienen que se trata de una limpieza \u00e9tnica (Urbano, 2020, pp. 312-313) Todas estas situaciones discriminatorias y violaciones a sus derechos fundamentales han generado que casi un mill\u00f3n de rohingyas se encuentren diseminados en varias partes del mundo (ACNUR, 2022)<\/p>\n

La situaci\u00f3n ha escalado a una gravedad tal que en 2017 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por medio de la resoluci\u00f3n 34\/22, decidi\u00f3 establecer el Mecanismo Independiente de Investigaci\u00f3n para Myanmar para establecer los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y de seguridad de dicha naci\u00f3n. Particularmente, se pretenden investigar los abusos en el estado de Rakhine que incluyen detenci\u00f3n arbitraria, tortura y tratos inhumanos, violaci\u00f3n y otras formas de violencia sexual, asesinatos extrajudiciales o arbitrarios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y destrucci\u00f3n ilegal de bienes.<\/p>\n

En los informes publicados en 2018, luego de constatar patrones de violaciones y abusos graves de los derechos humanos, el mecanismo inst\u00f3 a investigar y procesar a los l\u00edderes del Tatmadaw por genocidio y cr\u00edmenes de lesa humanidad perpetrados, pero tambi\u00e9n a otras fuerzas de seguridad (Urbano, 2020, p. 319). A esta situaci\u00f3n, debe adicionarse la toma del poder por parte del personal militar de Myanmar en febrero de 2021, lo que la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos consider\u00f3 \u201cun profundo rev\u00e9s para el pa\u00eds\u201d nacido de la impunidad y de \u201cla hist\u00f3rica falta de control civil sobre el poder militar, la desproporcionada influencia del mismo sobre las estructuras pol\u00edticas y econ\u00f3micas del pa\u00eds, y el fracaso continuo para rendir cuentas de una forma real por cr\u00edmenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante d\u00e9cadas\u201d (ACNUDH, 2021).<\/p>\n

La gravedad y urgencia de la crisis del pueblo rohingya ha provocado la puesta en marcha de varios procedimientos en el plano internacional en un intento de evitar que estos cr\u00edmenes queden en la impunidad y obtener rendici\u00f3n de cuentas por parte de los responsables. Por un lado, en noviembre de 2019 la Republica de Gambia present\u00f3 ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud para iniciar procedimientos y disponer medidas provisionales contra la Rep\u00fablica de la Uni\u00f3n de Myanmar por violaciones a la Convenci\u00f3n para la Sanci\u00f3n y Prevenci\u00f3n del crimen de Genocidio[4]<\/sup><\/a>. La presentaci\u00f3n de Gambia supuso la primera vez que un pa\u00eds sin conexi\u00f3n directa con los presuntos cr\u00edmenes utiliza su pertenencia a la Convenci\u00f3n contra el Genocidio para presentar un caso ante la Corte Internacional de Justicia.<\/p>\n

Tan solo unos d\u00edas despu\u00e9s, la Sala de Cuestiones Preliminares III de la Corte Penal Internacional autoriz\u00f3 a la fiscal\u00eda a iniciar una investigaci\u00f3n en relaci\u00f3n a los cr\u00edmenes de su competencia, cometidos \u2212al menos en parte\u2212 en el territorio de Bangladesh, o en el territorio de cualquier otro Estado Parte dado que Myanmar no ha ratificado el Estatuto de Roma[5]<\/sup><\/a>. Esta decisi\u00f3n result\u00f3 sumamente satisfactoria y \u201chumanizadora\u201d en tanto fue la primera vez en que la Corte se entendi\u00f3 competente aunque la conducta no se haya desplegado en su totalidad en el territorio de un Estado parte, ofreciendo la posibilidad de constituir un instrumento de resoluci\u00f3n de problemas sociales graves que est\u00e1n siendo objeto de una justa condena por parte de la sociedad civil internacional (Carrillo Santarelli, 2018, p. 2)<\/p>\n

Adem\u00e1s, en noviembre de 2019, se presentaron ante la justicia argentina el se\u00f1or Maung Tun Khin, la organizaci\u00f3n \u201cBurmese Rohingya Organisation UK\u201d (en adelante, BROUK) y seis mujeres identificadas como N.J.N.H., R.K.N., N.B.G.M., B.J.S.H., N.B.Z.H. y S.J.; denunciando la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de derecho internacional cometidos por personas que respond\u00edan a las autoridades de Myanmar o que contaban con su complacencia, present\u00e1ndose como querellantes, encontr\u00e1ndose afectados en calidad de miembros de la comunidad rohingya.<\/p>\n

Los hechos<\/p>\n

Los delitos denunciados en Argentina fueron cometidos \u00edntegramente en Myanmar, en el estado de Rakhine, lugar en el que se llevara a cabo un ataque generalizado y sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil de la comunidad rohingya. En ese sentido, la solicitud a t\u00edtulo personal de Maung Tun Khin se ha sustentado en su pertenencia a la comunidad rohingya, perseguida por las autoridades gubernamentales de su pa\u00eds que llev\u00f3 a su exilio a Inglaterra en los a\u00f1os 90. Adem\u00e1s, es presidente de la BROUK, organizaci\u00f3n no gubernamental vinculada a la promoci\u00f3n de los derechos humanos y, en particular, en el resguardo de los derechos del pueblo rohingya arakano de Myanmar, que tambi\u00e9n solicit\u00f3 participar en calidad de querellante. Por \u00faltimo, las mujeres identificadas como N.J.N.H., R.K.N., N.B.G.M., B.J.S.H., N.B.Z.H. y S.J, se presentan como v\u00edctimas directas, en tanto alegan haber sido agredidas sexualmente en el marco de dicho ataque y son, a su vez, familiares de personas fallecidas como consecuencia de la represi\u00f3n dirigida contra miembros de aquella comunidad.<\/p>\n

Es destacable mencionar que todas las partes est\u00e1n representadas por el Dr. Tom\u00e1s Ojea Quintana, abogado argentino especializado en derechos humanos, quien fue Relator Especial sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en Myanmar de 2008 a 2014, consultor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia, abogado en la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y actual Relator Especial sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea.<\/p>\n

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n\u00ba 1 orden\u00f3 desestimar la denuncia y proceder al archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder (conforme al art\u00edculo 180, \u00faltimo p\u00e1rrafo, del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n); y rechaz\u00f3 las solicitudes de Maung Tun Khin y la BROUK para presentarse en calidad de querellantes. Interpuesto el recurso de apelaci\u00f3n, y elevadas las actuaciones a la Sala I de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, se celebr\u00f3 la audiencia que prescribe el art\u00edculo 454 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n, en la que participaron los recurrentes y los pretensos querellantes.<\/p>\n

Desde un campo de refugiados en Bangladesh, las v\u00edctimas pudieron prestar declaraci\u00f3n a distancia sobre las agresiones sexuales que sufrieron, constituyendo \u2212quiz\u00e1s\u2212 la primera vez que pudieron expresar ante la justicia las atrocidades de las que fueron v\u00edctimas durante a\u00f1os. Adem\u00e1s, se presentaron en calidad de amicus curiae <\/em>Roberto Durrieu y las organizaciones Robert F. Kennedy Center of Human Rights y Fortify Rights, brindando argumentos de derecho internacional, constitucional y de los derechos humanos, en apoyo a las pretensiones de los apelantes.<\/p>\n

Con fundamento en los argumentos que expondr\u00e9 en las siguientes p\u00e1ginas, la C\u00e1mara decidi\u00f3, en primer lugar, revocar la decisi\u00f3n de primera instancia por cuanto no hizo lugar a la solicitud de Maung Tun Khin, BROUK y de N.J.N.H., R.K.N., N.B.G.M., B.J.S.H., N.B.Z.H. y S.J. y, en consecuencia, tenerlos como querellantes; en segundo lugar, revocar la decisi\u00f3n por la cual se desestimaron y archivaron las actuaciones por imposibilidad de proceder, y disponiendo la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite a los efectos de que se profundice la investigaci\u00f3n y, por \u00faltimo, la C\u00e1mara dispuso que las presentaciones formuladas por los amicus curiae<\/em> sean analizadas por la jueza de grado.<\/p>\n

Jurisdicci\u00f3n universal en Argentina<\/p>\n

La decisi\u00f3n de la C\u00e1mara recuerda que nuestro pa\u00eds ha receptado el principio de jurisdicci\u00f3n universal en el plano constitucional, en virtud del art\u00edculo 118 de la Carta Magna que habilita a la persecuci\u00f3n de delitos que se cometan fuera de los l\u00edmites de la Naci\u00f3n, cuando atenten contra el derecho de gentes. Tambi\u00e9n se fundamenta en las obligaciones asumidas por el Estado argentino en los diversos tratados internacionales de jerarqu\u00eda constitucional, plasmados en el art\u00edculo 75, inciso 22 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

En este sentido, como primer se\u00f1alamiento, cabe ratificar \u201cla vinculaci\u00f3n existente entre la paz y seguridad internacional y los derechos humanos\u201d (Alca\u00f1iz, 2015, p. 120). Al respecto, recuerda V\u00e1zquez Serrano (2020, p. 24) que \u201cexiste un amplio n\u00famero de tratados internacionales que, a trav\u00e9s de diversas f\u00f3rmulas, establecen la jurisdicci\u00f3n universal para\u00a0 los\u00a0 Estados que son\u00a0 parte\u00a0 y\u00a0 para\u00a0 determinados\u00a0 cr\u00edmenes\u00a0 internacionales\u201d. Ejemplos de ello se encuentran en la Convenci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y la Sanci\u00f3n del Genocidio (1948), la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Represi\u00f3n y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973), la Convenci\u00f3n contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984), la Convenci\u00f3n internacional para la protecci\u00f3n de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), entre muchas otras. Se\u00f1ala la autora que la f\u00f3rmula que se repite en el cuerpo de estos tratados estipula \u201cLa presente Convenci\u00f3n no excluye ninguna jurisdicci\u00f3n penal adicional ejercida de conformidad con las leyes nacionales\u201d (Serrano, 2020, p. 24).<\/p>\n

En la misma l\u00ednea, la C\u00e1mara tuvo en cuenta que los delitos denunciados se encuentran contemplados en instrumentos como la Convenci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio (ratificado en nuestro pa\u00eds a trav\u00e9s del Decreto-Ley 6.286) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado y ratificado en nuestro pa\u00eds por la ley 25.390 e implementado por la ley 26.200), en los que resultan punibles los cr\u00edmenes de genocidio y de lesa humanidad.
\nEn este sentido, la C\u00e1mara hecha luz a la cuesti\u00f3n citando a Werle (2011, p. 135) y se\u00f1alando que el principio de jurisdicci\u00f3n universal resulta procedente en la medida en que:<\/p>\n

\u201cLos cr\u00edmenes contra el derecho internacional se dirigen contra los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. De esta naturaleza universal de los cr\u00edmenes de derecho internacional se deriva que la comunidad internacional sea en principio competente para perseguir y castigar estos cr\u00edmenes, con independencia de d\u00f3nde, por qui\u00e9n, o contra qui\u00e9n haya sido cometido el acto. Por ello, la comunidad internacional est\u00e1 facultada para protegerse contra agresiones a sus valores elementales, tambi\u00e9n con los mecanismos del derecho penal\u201d.<\/div>\n

Las organizaciones Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights y Fortify Rights, le recordaron a la C\u00e1mara que a nivel internacional, la Rep\u00fablica Argentina ha sentado su posici\u00f3n en reiteradas oportunidades en relaci\u00f3n con la utilizaci\u00f3n de este instituto. As\u00ed, ha sostenido que \u201clos delitos m\u00e1s graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, y es deber de los Estados ejercer su jurisdicci\u00f3n penal contra los responsables de esos delitos\u201d, recordando que \u201cen algunas circunstancias, cuando los Estados con responsabilidad primaria no pueden o no desean ejercer jurisdicci\u00f3n, otros Estados que no tienen una vinculaci\u00f3n directa con el delito pueden cubrir ese vac\u00edo sobre la base del ejercicio de la jurisdicci\u00f3n universal para impedir la impunidad\u201d (AGNU, 2019).<\/p>\n

La Rep\u00fablica Argentina detall\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n universal es uno de los componentes esenciales del sistema de justicia penal internacional y hab\u00eda recurrido a este principio en varias ocasiones, en aplicaci\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 118 de su Constituci\u00f3n (Informe del Secretario General de Naciones Unidas, 2018). El principio de jurisdicci\u00f3n universal fue utilizado al momento de iniciar investigaciones de delitos considerados delicti jus gentium<\/em> cometidos fuera de Argentina, supeditadas a que se determinara que los cr\u00edmenes no hab\u00edan sido juzgados o que no era posible juzgarlos.<\/p>\n

Por lo tanto, en consonancia con las propias declaraciones de la Rep\u00fablica Argentina, el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n universal no exige ning\u00fan v\u00ednculo o nexo con el Estado en el que ocurrieron los hechos, err\u00f3nea conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el tribunal de primera instancia. La C\u00e1mara se\u00f1al\u00f3 que:<\/p>\n

\u201cSi bien no se ignoran las circunstancias se\u00f1aladas por la juez de grado en torno a las dificultades que acarrear\u00eda la pesquisa y el juzgamiento de sucesos acaecidos en un pa\u00eds geogr\u00e1ficamente lejano, con un idioma y una cultura distinta (…) no puede dejar de ponderarse la existencia de dispositivos de colaboraci\u00f3n para la recolecci\u00f3n de pruebas los que, en principio, facilitar\u00edan la compleja tarea\u201d.<\/div>\n

Respecto a ello, el Mecanismo Independiente de Investigaci\u00f3n para Myanmar se ha dirigido expresamente al juzgado de origen, indicando que se encontraba a disposici\u00f3n para compartir informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y pruebas relevantes; siempre en un marco de confidencialidad y seguridad de las fuentes. A estos efectos, en abril de 2022, una vez reanudado el proceso, el jefe del Mecanismo Internacional Independiente de Investigaci\u00f3n sobre Myanmar, Nicholas Koumjian, visit\u00f3 Argentina y record\u00f3 que la preparaci\u00f3n de archivos para compartir con procesos internacionales o nacionales es parte de su mandato, para ayudar a juzgar a los responsables de los delitos[6]<\/sup><\/a>. Adem\u00e1s, este organismo se hab\u00eda pronunciado con anterioridad, alentando a los Estados a investigar activamente y enjuiciar los delitos cometidos en Myanmar ante sus respectivos tribunales nacionales, bajo el principio de jurisdicci\u00f3n universal (MIIM, 2018, p\u00e1rr. 1657).
\nContinuando, la C\u00e1mara consider\u00f3 que:<\/p>\n

\u201cEn definitiva, la gravedad de los hechos investigados y la violaci\u00f3n de normas ius cogens permiten que \u00e9stos sean ventilados en nuestro pa\u00eds. No solo por el car\u00e1cter internacional de los delitos presuntamente cometidos, sino porque (…) del derecho consuetudinario internacional surge que la investigaci\u00f3n y\/o eventual juzgamiento de este tipo de cr\u00edmenes es responsabilidad primaria de los estados (…) Es por ello que archivar las actuaciones, sin una m\u00ednima profundizaci\u00f3n de los acontecimientos denunciados, no podr\u00eda ser admitido\u201d.<\/div>\n

Dichas afirmaciones resultan coincidentes con el criterio de la Sala IV de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, en ocasi\u00f3n de resolver sobre el caso Salmer\u00f3n Rub\u00e9n Amor Benedicto s\/ recurso de casaci\u00f3n, presentado por una v\u00edctima del franquismo. All\u00ed, uno de los magistrados consider\u00f3 que, al igual que lo que ocurre en este caso, la calificaci\u00f3n del hecho denunciado era precisamente:<\/p>\n

\u201cAquello que la Constituci\u00f3n Nacional le garantiza poder peticionar que las autoridades diluciden en resguardo de la tutela de sus derechos; derechos que el Poder Judicial habr\u00e1 defraudado irremediablemente si no puede ofrecer m\u00e1s que una negativa fundada en razones puramente formales\u201d (voto del Juez Hornos, p\u00e1g. 42).<\/div>\n

De all\u00ed que una decisi\u00f3n que cierre las barreras del foro a las v\u00edctimas de la comunidad rohingya sin una indagaci\u00f3n genuina y prudente de las posibles conexiones entre el hecho denunciado y el ataque sistem\u00e1tico y generalizado contra la poblaci\u00f3n civil y los perjuicios sufridos por el Sr. Maung Tun Kin, la BROUK y las seis mujeres v\u00edctimas de violencia sexual, en su calidad de miembro de la comunidad afectada, es una decisi\u00f3n inconsistente con el prop\u00f3sito fundamental del ejercicio de la jurisdicci\u00f3n universal. Los hechos que denuncian los querellantes resultan ser, precisamente, el fundamento de la subsistencia de la acci\u00f3n penal y la posibilidad de ejercer a su respecto la jurisdicci\u00f3n universal.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/p>\n

En el seno de la Corte Internacional de Justicia, el representante legal de Gambia, Paul Reichler, se\u00f1al\u00f3 que \u201cla justicia nunca es pronta en Myanmar, pero nunca ha sido m\u00e1s fuerte el clamor por ella\u201d[7]<\/sup><\/a>.
\nLa decisi\u00f3n de la C\u00e1mara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal constituye un nuevo paso en la b\u00fasqueda de justicia para las v\u00edctimas de la comunidad rohingya. Si bien la sentencia no avanz\u00f3 en la calificaci\u00f3n de los hechos, el acercamiento al tipo de delitos denunciados permit\u00eda analizar la pretensi\u00f3n de constituirse en parte querellante tanto de la organizaci\u00f3n como de su presidente, y las seis mujeres que lograron escapar a Bangladesh. A miles de kil\u00f3metros, la justicia argentina resolvi\u00f3 abrir una causa penal para investigar los cr\u00edmenes a los que fueron sometidos, bajo el entendimiento de que la jurisdicci\u00f3n universal no admite condicionamientos de idioma o de cultura.<\/p>\n

La justicia argentina se encuentra bajo los ojos de la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y los miembros de una de las poblaciones m\u00e1s marginalizadas y vulnerables de este siglo. El Poder Judicial federal debe ejercer su rol fundamental en el respeto y garant\u00eda de los derechos (y obligaciones) consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos que fueron suscriptos por el Estado argentino, justamente, para ser cumplidos por \u00e9ste. En palabras de Michelle Bachelet \u201cMientras prevalezca la impunidad, la estabilidad en Myanmar ser\u00e1 una ficci\u00f3n. La rendici\u00f3n de cuentas a los militares sigue siendo crucial para cualquier soluci\u00f3n en el futuro; el pueblo lo exige de forma abrumadora\u201d (ONU Noticias, 2022).<\/p>\n<\/div>\n

Notas<\/p>\n

[1]<\/sup><\/a>\u00a0Estudiante avanzada de la carrera de Abogac\u00eda en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Integrante del Departamento de Derecho Internacional (IRI-UNLP). Correo electr\u00f3nico de contacto: victoriaissin@gmail.com<\/a><\/u>
\n[2]<\/sup><\/a>\u00a0V\u00e9ase ACNUDH (2017). Declaraci\u00f3n de apertura, 36\u00b0 sesi\u00f3n del Consejo de Derechos Humanos, recuperado de: https:\/\/www.ohchr.org\/en\/press-releases\/2017\/09\/un-high-commissioner-human-rights-zeid-raad-al-hussein-highlights-human?LangID=E&NewsID=22044<\/a><\/u>.
\n[3]<\/sup><\/a>\u00a0 V\u00e9ase Amnesty International (2014). Myanmar: Scorched-earth campaign fuels ethnic cleansing of Rohingya from Rakhine State<\/a><\/u><\/em>;\u00a0 Human Rights Watch (2017), 40 Rohingya Villages Burned Since October \u2013 Satellite Imagery Shows New Destruction in Rakhine State<\/a><\/u><\/em>; Fortify Rights (2017), \u201cThey Tried to Kill Us All\u201d Atrocity Crimes against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar<\/a><\/u><\/em>.
\n[4]<\/sup><\/a>\u00a0V\u00e9ase Corte Internacional de Justicia, Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, The Gambia v. Myanmar, 11 de noviembre de 2019. Recuperado de: https:\/\/www.icj-cij.org\/public\/files\/case-related\/178\/178-20191111-APP-01-00-EN.pdf<\/a><\/u>
\n[5]<\/sup><\/a>\u00a0V\u00e9ase Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares III, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People\u2019s Republic of Bangladesh\/Republic of the Union of Myanmar, 14 de noviembre de 2019. Recuperado de: https:\/\/www.icc-cpi.int\/sites\/default\/files\/CourtRecords\/CR2019_06955.PDF<\/a><\/u>
\n[6]<\/sup><\/a>\u00a0En el marco de la conferencia \u201cDe tribunales a mecanismos: la evoluci\u00f3n de las estrategias de la justicia internacional<\/a><\/u><\/em>\u201d en la Universidad de Buenos Aires.
\n[7]<\/sup><\/a>\u00a0V\u00e9ase Corte Internacional de Justicia, Audiencias p\u00fablicas sobre las objeciones preliminares planteadas por Myanmar en el caso Gambia c. Myanmar, 28 de febrero de 2021. Recuperado de: https:\/\/media.un.org\/en\/asset\/k1y\/k1yp5d4jki<\/a><\/u><\/p>\n

Referencias bibliogr\u00e1ficas<\/p>\n

Carrillo Santarelli, N. (2018). La decisi\u00f3n \u201chumanizadora\u201d de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional sobre competencia y jurisdicci\u00f3n frente a algunos cr\u00edmenes cometidos de forma transnacional: el caso de los Rohingya expulsados hacia Bangladesh. Revista Electr\u00f3nica de Estudios Internacionales, (36), DOI: 10.17103\/reei.36.14.<\/p>\n

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