Alcanzando el 30\u00b0 aniversario del que se constituyera como el mayor atentado terrorista de la historia nacional, es que recientemente se dio a conocer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declarando al Estado Argentino responsable no solo por no haber procurado la prevenci\u00f3n del ataque con la correcta implementaci\u00f3n de medidas razonables para dicho fin, sino por tampoco haber cumplido con el deber de investigar diligentemente y en un plazo razonable las circunstancias y actores que posibilitaron la perpetraci\u00f3n del mismo.<\/p>\n
Se puntualiza, en el mentado fallo, la violaci\u00f3n del derecho a la verdad hist\u00f3rica y a la informaci\u00f3n. La Corte destac\u00f3 que \u201ccontin\u00faa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanci\u00f3n para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuaci\u00f3n estatal la que ha impedido a las v\u00edctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n y el proceso penal.\u201d<\/p>\n
La cuesti\u00f3n referida al acceso a la documentaci\u00f3n fue tambi\u00e9n oportunamente tratada. El tribunal subray\u00f3 que el Estado argentino no garantiz\u00f3 el acceso a la documentaci\u00f3n sobre el atentado, involucr\u00e1ndose adem\u00e1s en maniobras de encubrimiento que impidieron una investigaci\u00f3n efectiva. Determin\u00f3 que estas acciones no s\u00f3lo violaron el derecho a la verdad, sino que tambi\u00e9n generaron obst\u00e1culos significativos para que las familias de las v\u00edctimas pudieran acceder a la informaci\u00f3n necesaria sobre el caso. La falta de una regulaci\u00f3n adecuada de las actividades de los servicios de inteligencia fue otro factor que contribuy\u00f3 a esta situaci\u00f3n.<\/p>\n
La mentada sentencia, cuyo arribo resultara posible gracias a la incansable labor de la Asociaci\u00f3n Civil Memoria Activa con el copatrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) y el Dr. Alberto Luis Zuppi, adem\u00e1s exige el arbitrio de medidas que deriven en reformas estructurales, al igual que compele al Estado para que articule la remoci\u00f3n de barreras para la investigaci\u00f3n. La Corte orden\u00f3 a Argentina remover todos los obst\u00e1culos legales y de facto que perpet\u00faan la impunidad en este caso, ya sea en relaci\u00f3n con el atentado mismo como con su encubrimiento. Estas acciones deben realizarse en un plazo razonable y con medidas de reparaci\u00f3n adecuadas, orientadas a establecer la verdad de lo ocurrido y ofrecer justicia a las v\u00edctimas y sus familias. Orden\u00f3, al mismo tiempo, una reforma normativa para regular el uso de informaci\u00f3n de inteligencia como prueba en causas judiciales afirmando que \u201clas autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la informaci\u00f3n para evitar aportar la informaci\u00f3n requerida por las autoridades judiciales o administrativas\u201d.<\/p>\n
De la mano de lo previamente esbozado, el tribunal internacional tambi\u00e9n dispuso la regulaci\u00f3n de procesos de desclasificaci\u00f3n y la garant\u00eda del acceso pleno de las v\u00edctimas a la informaci\u00f3n ya desclasificada, que deber\u00e1 ser conservada adecuadamente para su consulta por toda la sociedad. Asimismo, se orden\u00f3 la construcci\u00f3n de un archivo hist\u00f3rico p\u00fablico sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de v\u00edctimas.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la referida ausencia de un obrar diligente por parte del Estado, es que se hizo especial hincapi\u00e9 en el derecho a la integridad personal de los familiares: La Corte considera que las graves violaciones sufridas por las v\u00edctimas directas del atentado de la AMIA afectaron la integridad ps\u00edquica y moral de sus familiares. En el caso concreto, este sufrimiento que genera ya de por s\u00ed la p\u00e9rdida de un ser querido, producto de una falta al deber de prevenci\u00f3n del Estado, se\u00a0 vio\u00a0 acrecentado\u00a0 por las conductas estatales asumidas\u00a0 despu\u00e9s\u00a0 del\u00a0 atentado,\u00a0 en\u00a0 particular\u00a0 por\u00a0 sus\u00a0 grav\u00edsimas faltas al\u00a0 deber de investigar y\u00a0 las maniobras de\u00a0 encubrimiento,\u00a0 creando una situaci\u00f3n de impunidad que resulta directamente imputable a los agentes del Estado.<\/p>\n
En aditamento, mencionamos que la Corte exhorta al Estado a que ratifique la Convenci\u00f3n Interamericana contra Toda Forma de Discriminaci\u00f3n e Intolerancia y la Convenci\u00f3n Interamericana contra el Racismo, la Discriminaci\u00f3n Racial y Formas Conexas de Intolerancia.<\/p>\n
Si bien la presente opini\u00f3n est\u00e1 destinada al comentario del atentado que dej\u00f3 el saldo tr\u00e1gico de 85 muertos y m\u00e1s de 150 heridos en la sede de la entidad que articulaba la presencia de la comunidad jud\u00eda en la Argentina a trav\u00e9s de sus tareas sociales, educativas y religiosas, no podemos dejar de rememorar el ataque perpetrado contra la Embajada de Israel en el a\u00f1o 1992, con el que guarda un palmario v\u00ednculo hist\u00f3rico. La CorteIDH precis\u00f3: \u201cLa ausencia de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n a los responsables del atentado a la Embajada de Israel en 1992 creaba una situaci\u00f3n de impunidad que propici\u00f3 que se mantuviera latente una situaci\u00f3n de inseguridad\u201d. Continu\u00f3 explicando que, a sabiendas de la situaci\u00f3n de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad jud\u00eda, el Estado no adopt\u00f3 las medidas razonables para evitar dichos riesgos, violando su obligaci\u00f3n de prevenci\u00f3n\u201d y \u201ces responsable de la violaci\u00f3n a los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las v\u00edctimas del atentado\u201d.<\/p>\n
A 30 a\u00f1os del atentado al Edificio de la Asociaci\u00f3n Mutual Israelita Argentina ubicado en Pasteur al 633, contin\u00faa la larga lucha por la verdad y la justicia para las v\u00edctimas y la sociedad argentina.<\/p>\n
El referido pronunciamiento de la CorteIDH, despu\u00e9s de lo que se traduce en d\u00e9cadas de espera, incertidumbre e impunidad, infunde un soplo de esperanza en lo que a la realizaci\u00f3n del valor justicia respecta, permitiendo a la sociedad entera enarbolar el reclamo que otrora hubiera convocado a m\u00e1s de 150.000 personas a la Avenida de Mayo en aquel 21 de julio de 1994 en la Marcha de los Paraguas.<\/p>\n
Argentina se ha destacado a nivel internacional como un referente en el juzgamiento de los cr\u00edmenes m\u00e1s aberrantes que se cometieron a lo largo de su historia. Es este compromiso con la justicia el que ha consolidado a nuestro pa\u00eds como un modelo a seguir en la lucha contra la impunidad y en la protecci\u00f3n de los derechos humanos a nivel global.<\/p>\n
Solo nos queda exigir que se act\u00fae consecuentemente.<\/p>\n
Julia In\u00e9s Moras<\/em><\/strong> https:\/\/corteidh.or.cr\/docs\/comunicados\/cp_39_2024.pdf<\/a><\/p>\n
\nIntegrante
\nDepartamento de Derechos Humanos
\nIRI-UNLP<\/p>\nReferencias<\/h6>\n