Departamento de Medio Oriente<\/p>\n
Camila Far\u00edas<\/p>\n
La guerra en Gaza gener\u00f3 una serie de repercusiones por fuera del plano militar que poseen el potencial de modificar el entendimiento del conflicto tal como lo conocemos.<\/p>\n
A diferencia de la d\u00e9cada pasada, donde a excepci\u00f3n de ciertos hitos, el conflicto palestino-israel\u00ed se hall\u00f3 en un segundo plano, diversos actores encontraron en el nuevo escenario un terreno f\u00e9rtil para incrementar sus reclamos y proyectar sus intereses. Estas acciones buscan incidir de manera indirecta en el desarrollo del conflicto armado y en las distintas dimensiones sobre las que este repercute.<\/p>\n
Dentro de este marco, convergen variadas propuestas que evidencian un amplio abanico de reclamos que, en diversos casos, resultan contrapuestos. Por un lado, se encuentran aquellas que buscaron detener las operaciones militares israel\u00edes en la Franja de Gaza, investigar el accionar de funcionarios pol\u00edticos y militares israel\u00edes en el terreno b\u00e9lico, y obtener un mayor reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Muchas de estas demandas, se suscribieron al interior de procesos que investigaban hechos similares dentro de la denominada Cuesti\u00f3n Palestina<\/em>, tomando dicha base como plataforma. Otros, en cambio, utilizaron el nuevo contexto para promover estrategias renovadas de acci\u00f3n, dada la limitada influencia sobre el terreno b\u00e9lico.<\/p>\n Por otro lado, est\u00e1n las iniciativas que denuncian un v\u00ednculo directo entre la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Pr\u00f3ximo (UNRWA) y Hamas en Gaza, buscan el reconocimiento de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas, procuran evitar la sanci\u00f3n internacional de funcionarios israel\u00edes ante tribunales internacionales y, asimismo, reclaman la salida de estos organismos como la Corte Penal Internacional y ciertas comisiones de Naciones Unidas.<\/p>\n Si bien no es posible situar en un plano de igualdad la presi\u00f3n que se ejerce -o intenta- desde el \u00e1mbito internacional sobre la din\u00e1mica propia de la guerra, dado que, a pesar de los esfuerzos, no se logr\u00f3 detenerla, resulta fundamental analizar c\u00f3mo tambi\u00e9n en este espacio se evidencia una reconfiguraci\u00f3n del mapa del conflicto.<\/p>\n En el presente an\u00e1lisis se examinan una serie de medidas adoptadas durante el \u00faltimo a\u00f1o en el marco del conflicto, con foco en aquellas que introducen precedentes relevantes o nuevas modalidades de acci\u00f3n. En virtud del recorte temporal, las iniciativas de mayor impacto se desplegaron principalmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. En ese marco, tambi\u00e9n se contemplan las acciones de organizaciones civiles de alcance internacional que, adem\u00e1s de los actores estatales, buscaron canalizar sus demandas y proyectar sus intereses en estos organismos.<\/p>\n En primer lugar, las resoluciones destacadas de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) se encontraron estrechamente vinculadas a la solicitud de nuevas opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), as\u00ed como a la exigencia del cumplimiento de opiniones ya emitidas.<\/p>\n El 18 de septiembre de 2024, se aprob\u00f3 la RES-10\/24, patrocinada por 29 pa\u00edses, entre ellos Arabia Saudita, Argelia, Bahr\u00e9in, Bolivia, Chile, Colombia, Egipto y Palestina. Aprobada con 124 votos a favor, 14 en contra -entre los que se encuentran Israel, Argentina y Estados Unidos- y 43 abstenciones, exigi\u00f3 \u201cque Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado, que constituye un hecho il\u00edcito de car\u00e1cter continuado que genera su responsabilidad internacional, y que lo haga a m\u00e1s tardar 12 meses despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la presente resoluci\u00f3n\u2026\u201d <\/em>(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2024).<\/p>\n Aunque la resoluci\u00f3n pretendi\u00f3 dar cumplimiento a lo dispuesto en la Opini\u00f3n Consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, incorpor\u00f3 como novedad la fijaci\u00f3n de un plazo espec\u00edfico para la retirada, medida que no fue prevista en dicha opini\u00f3n consultiva. Israel rechaz\u00f3 la resoluci\u00f3n bajo el fundamento de que est\u00e1 omite sus leg\u00edtimas preocupaciones de seguridad.<\/p>\n En l\u00ednea con lo anterior, el 19 de diciembre de 2024, la AGNU emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n RES-79\/232, que solicita a la CIJ una nueva opini\u00f3n consultiva sobre los siguientes interrogantes: \u201c\u00bfCu\u00e1les son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y \u00f3rganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relaci\u00f3n con \u00e9l\u2026?\u201d <\/em>(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2024). Esta iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 12 en contra \u2013 entre ellos Israel, Argentina y Estados Unidos \u2013 y 22 abstenciones, y fue impulsada por los mismos Estados que hab\u00edan promovido la resoluci\u00f3n previamente mencionada.<\/p>\n La misma se inscribe en el contexto de la aprobaci\u00f3n, en octubre de 2024, por parte de la Knesset de dos leyes que limitan la actuaci\u00f3n de la UNRWA. La primera normativa proh\u00edbe expresamente al organismo operar dentro del territorio de Israel, restringiendo sus actividades y prestaci\u00f3n de servicios. La segunda, establece la prohibici\u00f3n de cooperaci\u00f3n de las autoridades israel\u00edes con el organismo, adem\u00e1s de la suspensi\u00f3n de beneficios fiscales y de las inmunidades diplom\u00e1ticas previamente reconocidas a sus empleados.<\/p>\n Cabe destacar que la Asamblea General ha emitido en toda su historia \u00fanicamente tres resoluciones donde se le solicita a la CIJ una opini\u00f3n sobre cuestiones relativas a Israel y Palestina. La primera data de 2003, mediante la RES-10\/14, cuando se solicit\u00f3 a la Corte una opini\u00f3n sobre las \u201cConsecuencias jur\u00eddicas de la construcci\u00f3n del muro en el territorio palestino ocupado\u201d<\/em> (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2003). La segunda solicitud tuvo lugar en 2022, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n RES-77\/247, en la que se requiri\u00f3 una opini\u00f3n sobre las \u201cConsecuencias jur\u00eddicas de las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusal\u00e9n Este\u201d<\/em>. Esta opini\u00f3n sirvi\u00f3 de base para la resoluci\u00f3n aprobada en septiembre de 2024. Por \u00faltimo, la tercera solicitud, mencionada recientemente, se encuentra a\u00fan en tr\u00e1mite.<\/p>\n En paralelo, se llevaron a cabo investigaciones al interior de Naciones Unidas, en respuesta a denuncias del Estado de Israel sobre la presunta vinculaci\u00f3n de empleados de la UNRWA con Hamas, particularmente con relaci\u00f3n a los ataques del 7 de octubre. Estas acusaciones llevaron a la suspensi\u00f3n temporal de financiamiento por parte de varios pa\u00edses, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Canad\u00e1, lo que afect\u00f3 gravemente las operaciones de UNRWA durante dicho per\u00edodo.<\/p>\n Las investigaciones fueron iniciadas por orden del secretario general, Ant\u00f3nio Guterres, en enero de 2024, y sus resultados fueron presentados pocos meses m\u00e1s tarde. Los procedimientos se estructuraron en dos instancias paralelas. Por un lado, se llev\u00f3 a cabo una investigaci\u00f3n independiente destinada a evaluar la neutralidad del UNRWA dirigida por Catherine Colonna, ex ministra de Asuntos Exteriores de Francia, en colaboraci\u00f3n con el Instituto Raoul Wallenberg de Suecia, el Instituto Chr. Michelsen de Noruega y el Instituto Dan\u00e9s de Derechos Humanos. Por otro lado, la Oficina de Servicios de Supervisi\u00f3n Interna (OSSI) de Naciones Unidas se encarg\u00f3 de determinar si existi\u00f3 una conducta indebida por parte de 19 empleados, conforme a infracciones del estatuto, el reglamento y los c\u00f3digos de conducta del organismo.<\/p>\n Si bien la investigaci\u00f3n y sus detalles se mantienen bajo car\u00e1cter confidencial, en agosto de 2024 la OSSI dio a conocer p\u00fablicamente algunos de sus resultados. De la totalidad de los casos indicados, uno fue reincorporado, nueve se cerraron por falta de pruebas, y en los nueve restantes se orden\u00f3 la rescisi\u00f3n de los contratos ante indicios no concluyentes, pero potencialmente fundados, de participaci\u00f3n en los ataques (UNRWA, 2024).<\/p>\n El representante de Israel ante Naciones Unidas calific\u00f3 los resultados como una verg\u00fcenza, al afirmar que su pa\u00eds hab\u00eda presentado informaci\u00f3n detallada sobre m\u00e1s de 100 empleados con presuntos v\u00ednculos directos con Hamas (Sharon & Magid, 2024).<\/p>\n En el transcurso del \u00faltimo a\u00f1o, la CIJ emiti\u00f3 una nueva opini\u00f3n consultiva e inici\u00f3 un procedimiento adicional, ambos a solicitud de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cabe destacar que las opiniones consultivas no tienen car\u00e1cter jur\u00eddicamente vinculante para los Estados.<\/p>\n De las tres solicitudes realizadas por la AGNU sobre el conflicto, la CIJ ha emitido dos opiniones consultivas y una se encuentra actualmente en tr\u00e1mite:<\/p>\n Sobre la opini\u00f3n de 2024, la Corte puntualiz\u00f3 que la expansi\u00f3n de asentamientos en Cisjordania y Jerusal\u00e9n Este se proyecta sobre la confiscaci\u00f3n de tierras p\u00fablicas y privadas palestinas. Esta situaci\u00f3n permite el desarrollo de los asentamientos israel\u00edes y la poblaci\u00f3n civil que reside all\u00ed en detrimento de la poblaci\u00f3n palestina. Asimismo, hizo hincapi\u00e9 en la diferencia normativa aplicada por Israel en estos territorios. En Cisjordania, los palestinos se encuentran sujetos a los tribunales militares israel\u00edes, mientras que, a los colonos, y los asentamientos, les rige la legislaci\u00f3n local de Israel, otorg\u00e1ndoles los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano israel\u00ed. En Jerusal\u00e9n Este sucede una situaci\u00f3n similar debido a que la ley interna civil israel\u00ed se aplica desde 1967 (Corte Internacional de Justicia, 2024).<\/p>\n A pesar de que Israel no posee control territorial de la Franja de Gaza desde 2005, la Corte consider\u00f3 que el pa\u00eds contin\u00faa ejerciendo ciertos elementos de autoridad sobre ese territorio, tales como: (i) el control fronterizo por aire, tierra y mar; y (ii) la restricci\u00f3n de movimiento de personas y bienes.<\/p>\n Como resultado, determin\u00f3 que las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas de Israel en los territorios palestinos ocupados -Cisjordania y Jerusal\u00e9n Este- son contrarias al derecho internacional; y que la continuada presencia de Israel en estos territorios ocupados es considerada ilegal.<\/p>\n En consecuencia, la Corte estableci\u00f3 que Israel est\u00e1 obligado a poner fin a su presencia ilegal, cesar inmediatamente toda nueva actividad de asentamiento y derogar las leyes que sostienen esta situaci\u00f3n il\u00edcita, adem\u00e1s de proporcionar una reparaci\u00f3n integral por los da\u00f1os ocasionados. Asimismo, los Estados miembros de la comunidad internacional deben cooperar con Naciones Unidas para respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinaci\u00f3n, abstenerse de reconocer como legal la situaci\u00f3n generada por Israel y no brindar apoyo que permita la continuidad de dicha situaci\u00f3n. Por \u00faltimo, Naciones Unidas debe evitar reconocer la ilegalidad como leg\u00edtima en sus relaciones con Israel y distinguir claramente entre territorio israel\u00ed y palestino, remitiendo a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para poner fin a esta situaci\u00f3n.<\/p>\n En simult\u00e1neo, contin\u00faa en tr\u00e1mite la demanda presentada por Sud\u00e1frica ante la CIJ, que acusa a Israel de violar la Convenci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Sanci\u00f3n del Delito de Genocidio. En octubre de 2024, Sud\u00e1frica present\u00f3 su memorial, y la CIJ concedi\u00f3 a Israel una pr\u00f3rroga para presentar su contra memorial hasta el 12 de enero de 2026. Desde la \u00faltima orden de medidas provisionales emitida el 24 de mayo de 2024, no se han dictado nuevas resoluciones en este proceso.<\/p>\n No obstante, lo anterior, la esfera que tuvo mayor repercusi\u00f3n fueron las medidas solicitadas por la Corte Penal Internacional. El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emiti\u00f3 de manera un\u00e1nime \u00f3rdenes de arresto contra\u00a0Benjam\u00edn Netanyahu, primer ministro de Israel,\u00a0Yoav Gallant, ex ministro de Defensa israel\u00ed, y\u00a0Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, ex comandante de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamas.<\/p>\n En un principio, las solicitudes de arresto requeridas por el fiscal\u00a0Karim Khan\u00a0inclu\u00edan al l\u00edder pol\u00edtico de Hamas,\u00a0Ismail Haniyeh, y su l\u00edder militar,\u00a0Yahya Sinwar. Sin embargo, luego de la confirmaci\u00f3n de sus muertes, en julio y octubre del a\u00f1o pasado, fueron retiradas.\u00a0Asimismo, con la confirmaci\u00f3n de la muerte de Al-Masri en febrero de 2025, su solicitud tambi\u00e9n fue retirada.<\/p>\n La decisi\u00f3n de emitir una orden de arresto contra un \u00fanico miembro de Hamas, quien al momento de la publicaci\u00f3n Israel se consideraba muerto, gener\u00f3 cr\u00edticas por su aparente falta de impacto real. Desde Israel se percibe que el peso de las acciones de la Corte recae principalmente sobre sus funcionarios, mientras que Hamas enfrenta una atenci\u00f3n mucho menor en t\u00e9rminos de responsabilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n El Primer Ministro de Israel y el ex Ministro de Defensa son acusados de ser responsables penalmente de cr\u00edmenes de lesa humanidad (asesinato, persecuci\u00f3n y otros actos inhumanos) y de guerra (vinculados a hacer padecer intencionalmente hambre a la poblaci\u00f3n civil como m\u00e9todo de hacer la guerra) cometidos desde el 08 de octubre de 2023 hasta, al menos, mayo de 2024. Por su parte,\u00a0Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri fue acusado de ser responsable penalmente de los cr\u00edmenes de guerra (asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, atentados contra la dignidad personal y violaci\u00f3n) y lesa humanidad (asesinato, exterminio, tortura, y violaci\u00f3n y otra forma de violencia sexual) desde, al menos, el 07 de octubre de 2023.<\/p>\n Israel impugn\u00f3 la jurisdicci\u00f3n de la Corte, argumentando que en 2002 notific\u00f3 su decisi\u00f3n de no adherir al Estatuto de Roma. A pesar de esto, la Sala rechaz\u00f3 este planteo al sostener que la aceptaci\u00f3n de Israel no era necesaria debido a que la CPI podr\u00eda ejercer la jurisdicci\u00f3n territorial sobre Palestina, que se convirti\u00f3 en Estado parte en 2015. Adem\u00e1s, record\u00f3 que la apertura de la investigaci\u00f3n fue notificada a Israel en 2021. Debido a esto, el 9 de mayo del 2025, Israel solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de arresto contra sus funcionarios, pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso mientras se resuelve la cuesti\u00f3n jurisdiccional y se opuso a la incorporaci\u00f3n de nuevos argumentos por parte de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n Desde la publicaci\u00f3n de las \u00f3rdenes se gener\u00f3 un revuelo en la comunidad internacional. El dictado de las \u00f3rdenes sent\u00f3 un precedente hist\u00f3rico, con el potencial de desencadenar una amplia gama de consecuencias jur\u00eddicas y pol\u00edticas. En el \u00e1mbito jur\u00eddico, los 124 Estados miembros de las CPI est\u00e1n obligados a acatarlas. Asimismo, la imprescriptibilidad de las \u00f3rdenes garantiza que no dependan de la voluntad de una sola administraci\u00f3n, lo que refuerza su impacto a largo plazo.<\/p>\n Pa\u00edses Bajos, Sud\u00e1frica, Jordania, Palestina, Irlanda y Colombia han apoyado la decisi\u00f3n y afirman que la ejecutar\u00e1n. En contraposici\u00f3n, los Estados que manifestaron su rechazo al arresto son los Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Chequia, Rumania y Hungr\u00eda. Esto se evidenci\u00f3 durante la visita oficial de Netanyahu a Budapest el 3 de abril de 2025, durante la cual no fue objeto de arresto, as\u00ed como en la intenci\u00f3n del gobierno h\u00fangaro de retirarse de la CPI, lo que representa un respaldo t\u00e1cito a Israel.<\/p>\n En el presente escenario, fueron las organizaciones civiles las que hallaron un terreno f\u00e9rtil para la diseminaci\u00f3n de sus demandas, que hasta entonces no hab\u00edan alcanzado la repercusi\u00f3n necesaria, limit\u00e1ndose \u00fanicamente a un plano ret\u00f3rico.<\/p>\n Entre ellas, se encuentran organizaciones que tienen afinidad con Israel que, ante la publicaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de arresto llevaron adelante distintas estrategias de acci\u00f3n. Por ejemplo, UK Lawyers for Israel, International Legal Forum y B\u2019nai B\u2019rith UK, presentaron en julio de 2024 un amicus curiae ante la CPI, argumentando la falta de jurisdicci\u00f3n del tribunal sobre Israel y respaldando la aplicaci\u00f3n de medidas firmes por parte de los aliados para proteger a sus funcionarios. A pesar de esto, estas acciones no tuvieron consecuencias concretas y la CPI continu\u00f3 con su investigaci\u00f3n sin modificaciones.<\/p>\n Asimismo, en paralelo a estas iniciativas legales, organizaciones como Shurat HaDin solicitaron al gobierno de Estados Unidos la aplicaci\u00f3n de la Ley de Protecci\u00f3n de Miembros del Servicio Estadounidense (American Service-Members\u2019 Protection Act) para proteger a los funcionarios frente a las investigaciones de la CPI. Esta normativa faculta a cualquier administraci\u00f3n estadounidense a negarse a cooperar con la Corte cuando esta investigue a ciudadanos estadounidenses o personas consideradas aliadas, como es el caso de Israel.<\/p>\n Si bien Estados Unidos expres\u00f3 sus cr\u00edticas contra las \u00f3rdenes durante la administraci\u00f3n de Joe Biden, no fue hasta el regreso de Donald Trump a la presidencia que se adoptaron medidas concretas. En este marco, el 6 de febrero de 2025, Trump firm\u00f3 la Orden Ejecutiva 14203, mediante la cual autoriz\u00f3 sanciones econ\u00f3micas y migratorias contra funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones dirigidas contra ciudadanos de Estados Unidos o de sus aliados, sin que estos Estados hayan reconocido la jurisdicci\u00f3n del tribunal. La disposici\u00f3n se materializ\u00f3 el 13 de febrero, con la inclusi\u00f3n del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN) de la OFAC, lo que implica la congelaci\u00f3n de activos y la restricci\u00f3n de ingreso a Estados Unidos (OFAC, 2025).<\/p>\n En la misma l\u00ednea, el 5 de junio de 2025, el gobierno estadounidense impuso sanciones a cuatro jueces de la CPI -miembros de la Sala de Cuestiones Preliminares y de la Sala de Apelaciones- por su participaci\u00f3n en esfuerzos para investigar, detener o procesar a nacionales de Estados Unidos o Israel sin el consentimiento de estos Estados.<\/p>\n En contraposici\u00f3n, la organizaci\u00f3n pro palestina Hind Rajab Foundation (HRF), impuls\u00f3 desde 2024 acciones legales para responsabilizar a miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y funcionarios del gobierno israel\u00ed por supuestos cr\u00edmenes cometidos en Gaza.<\/p>\n Las denuncias son presentadas ante los tribunales de diferentes Estados – Tailandia, Sri Lanka, Irlanda, B\u00e9lgica, Serbia, Argentina, Chile y Brasil- bas\u00e1ndose en el principio de jurisdicci\u00f3n universal, que permite a cualquier Estado investigar y sancionar delitos como genocidio, cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes de lesa humanidad, incluso si fueron cometidos fuera de su territorio. El objetivo es detener a los soldados que se encuentren vacacionando fuera de su pa\u00eds mediante un seguimiento constante de sus redes sociales, ante la imposibilidad de realizarlo en tribunales israel\u00edes.<\/p>\n El 8 de octubre de 2024, la organizaci\u00f3n modific\u00f3 su estrategia y present\u00f3 una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra mil soldados de las FDI, acus\u00e1ndolos de cr\u00edmenes de guerra, cr\u00edmenes de lesa humanidad y genocidio en Gaza.<\/p>\n Durante el \u00faltimo a\u00f1o, el conflicto palestino-israel\u00ed adquiri\u00f3 una relevancia mayor en comparaci\u00f3n con la d\u00e9cada pasada. Esto se evidenci\u00f3 no solo con la guerra en Gaza, sino tambi\u00e9n con las distintas repercusiones que tuvo en el plano internacional.<\/p>\n El renovado protagonismo del conflicto en la agenda internacional suele ser interpretado como una oportunidad para reabrir negociaciones o avanzar hacia el establecimiento del Estado palestino. No obstante, este retorno tambi\u00e9n implica poner sobre la mesa dimensiones hist\u00f3ricamente conflictivas de la causa palestina, que lejos de generar consensos, evidencian tensiones profundas y obst\u00e1culos persistentes.<\/p>\n El escenario internacional refleja, al igual que el \u00e1mbito b\u00e9lico, una polarizaci\u00f3n profunda de las agendas y una escasa posibilidad de encontrar un espacio de di\u00e1logo real entre las partes. Esta polarizaci\u00f3n no s\u00f3lo existe entre Israel y Palestina, sino tambi\u00e9n entre los actores del segundo y tercer nivel de acci\u00f3n.<\/p>\n La utilizaci\u00f3n de nuevas herramientas pol\u00edticas, la creaci\u00f3n de precedentes normativos y la b\u00fasqueda de apoyos en un contexto cada vez m\u00e1s polarizado demuestran que, lejos de ser irrelevante, el plano internacional resulta fundamental para entender los objetivos que persiguen las partes en cada \u00e1mbito.<\/p>\n En primer lugar, la mayor\u00eda de las medidas adoptadas buscan influir directa o indirectamente en aspectos del conflicto b\u00e9lico. Desde la presentaci\u00f3n de denuncias sobre supuestos v\u00ednculos entre Hamas y empleados de la ONU, hasta las investigaciones por cr\u00edmenes de guerra, las partes intentan obtener ventajas en distintos frentes.<\/p>\n En segundo t\u00e9rmino, las estrategias de acci\u00f3n parecen dividirse en dos planos: uno activo y otro defensivo. Mientras que las medidas afines a Palestina encuentran en este contexto hist\u00f3rico una oportunidad para visibilizar demandas largamente ignoradas y buscan maximizar sus logros, desde el fin de la guerra hasta la consolidaci\u00f3n del Estado palestino, las organizaciones m\u00e1s pr\u00f3ximas a Israel act\u00faan como un dique de contenci\u00f3n, fundamentando sus objeciones en la falta de consideraci\u00f3n hacia sus leg\u00edtimas preocupaciones de seguridad nacional, en un escenario donde han disminuido sus apoyos tradicionales.<\/p>\n Las acciones desplegadas en este \u00e1mbito han generado importantes precedentes normativos que, por el momento, carecen de un efecto concreto. Sus principales repercusiones permanecen en aquellos actores que cuentan con aliados con poder real, como Estados Unidos.<\/p>\n Sin embargo, resulta relevante se\u00f1alar que la mayor\u00eda de las medidas internacionales suelen tener un impacto a largo plazo, y no inmediato, lo que obliga a observar con atenci\u00f3n el efecto que tendr\u00e1n estas iniciativas en el futuro. Por ejemplo, las \u00f3rdenes de arresto emitidas por la CPI fueron posibles gracias al reconocimiento de su competencia por parte de Palestina en 2015, y a\u00fan resta conocer c\u00f3mo se resolver\u00e1 la demanda presentada por Sud\u00e1frica contra Israel, as\u00ed como la posibilidad de futuras iniciativas similares.<\/p>\n En conclusi\u00f3n, se observa una reconfiguraci\u00f3n del conflicto palestino-israel\u00ed en el \u00e1mbito internacional, marcada por la apertura de nuevos frentes de disputa y la consolidaci\u00f3n de posicionamientos que anteriormente no lograban visibilidad. Por un lado, temas hist\u00f3ricamente desatendidos obtuvieron un respaldo mayoritario en organismos internacionales; por otro, algunos Estados reforzaron sus alianzas tradicionales, mientras que nuevos actores impulsaron acciones in\u00e9ditas, como la denuncia formal de Sud\u00e1frica ante la Corte Internacional de Justicia. A su vez, instituciones centrales del sistema multilateral enfrentaron cuestionamientos internos de alto impacto.<\/p>\n Resta conocer el alcance concreto de estas transformaciones que a\u00fan permanecen abiertas. Su impacto depender\u00e1 tanto de la persistencia de las coaliciones que las sostienen como de la capacidad de los actores involucrados para traducir los avances institucionales en resultados pol\u00edticos duraderos.<\/p>\n Asamblea General de las Naciones Unidas. (2003). Resoluci\u00f3n ES-10\/14: Medidas israel\u00edes ilegales en Jerusal\u00e9n Este ocupada y en el resto del Territorio Palestino Ocupado<\/em>. https:\/\/docs.un.org\/es\/A\/RES\/ES-10\/14<\/a><\/u><\/p>\n Asamblea General de las Naciones Unidas. (2024). Resoluci\u00f3n A\/RES\/ES-10\/24: Opini\u00f3n consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusal\u00e9n Oriental, y de la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado<\/em>. Naciones Unidas. https:\/\/docs.un.org\/es\/A\/RES\/ES-10\/24<\/a><\/u><\/p>\n Asamblea General de las Naciones Unidas. (2024). Resoluci\u00f3n A\/RES\/79\/232: Obligaciones de Israel respecto a la presencia y actividades de las Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado<\/em>. Naciones Unidas. https:\/\/docs.un.org\/es\/A\/RES\/79\/232<\/a><\/u><\/p>\n Corte Internacional de Justicia. (2024). Consecuencias jur\u00eddicas derivadas de las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusal\u00e9n Este<\/em> (Opini\u00f3n consultiva) https:\/\/www.icj-cij.org\/index.php\/node\/204160<\/a><\/u><\/p>\n Corte Penal Internacional (21 de noviembre de 2024). Situaci\u00f3n en el Estado de Palestina: La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI rechaza las impugnaciones del Estado de Israel sobre la jurisdicci\u00f3n<\/em> [Comunicado de prensa]. https:\/\/www.icc-cpi.int\/news\/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges<\/a><\/u><\/p>\n Departamento de Estado de los Estados Unidos, Oficina del Portavoz. (6 de junio de 2025,). Imposici\u00f3n de sanciones en respuesta a las acciones ileg\u00edtimas de la CPI dirigidas contra Estados Unidos e Israel<\/em>. https:\/\/www.state.gov\/releases\/office-of-the-spokesperson\/2025\/06\/imposing-sanctions-in-response-to-the-iccs-illegitimate-actions-targeting-the-united-states-and-israel\/<\/a><\/u><\/p>\n Oficina de Control de Activos Extranjeros. (13 de febrero de 2025,). Acciones recientes<\/em>. https:\/\/ofac.treasury.gov\/recent-actions\/20250213<\/a><\/u><\/p>\n Sharon, J., & Magid, J. (5 de agosto de 2024). La ONU: nueve empleados de UNRWA \u201cpodr\u00edan haber estado involucrados\u201d en el ataque del 7 de octubre y han sido despedidos<\/em>. The Times of Israel<\/em>. https:\/\/www.timesofisrael.com\/un-says-9-unrwa-employees-may-have-been-involved-in-oct-7-attack-have-been-fired\/<\/a><\/u><\/p>\nMedidas y procesos en el marco de Naciones Unidas<\/h2>\n
Asamblea General de Naciones Unidas<\/h3>\n
Investigaciones internas<\/h3>\n
Corte Internacional de Justicia<\/h3>\n
\n
Corte Penal Internacional<\/h3>\n
El rol de las organizaciones civiles<\/h3>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n
Bibliograf\u00eda<\/h2>\n