{"id":46918,"date":"2026-09-17T11:21:00","date_gmt":"2026-09-17T14:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=46918"},"modified":"2026-09-01T11:25:39","modified_gmt":"2026-09-01T14:25:39","slug":"frente-al-cambio-climatico-las-obligaciones-de-los-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2026\/09\/17\/frente-al-cambio-climatico-las-obligaciones-de-los-estados\/","title":{"rendered":"Frente al cambio clim\u00e1tico, las obligaciones de los Estados"},"content":{"rendered":"\n
\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Frente al cambio clim\u00e1tico, las obligaciones de los Estados
Breve an\u00e1lisis de la opini\u00f3n consultiva de la Corte Internacional de Justicia[1]<\/sup><\/strong><\/sup><\/strong><\/a><\/h1>\n\n\n\n

Departamento de Derecho Internacional<\/p>\n\n\n\n

Juana Jumar Caimari<\/em><\/strong>[2]<\/sup><\/a>
Juan Alfredo Farinelli<\/p>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

El 23 de julio de 2025 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emiti\u00f3 una opini\u00f3n consultiva (OC) acerca de las obligaciones de los Estados en materia de cambio clim\u00e1tico, originada a partir de la resoluci\u00f3n 77\/276 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) de marzo de 2023. En dicha resoluci\u00f3n, la Asamblea General reconoci\u00f3 el cambio clim\u00e1tico como un \u201cdesaf\u00edo sin precedentes\u201d[3]<\/sup><\/a>, y solicit\u00f3 a la CIJ que se pronunciara sobre dos cuestiones jur\u00eddicas interrelacionadas[4]<\/sup><\/a>:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Cu\u00e1les son las obligaciones de los Estados bajo el Derecho Internacional para asegurar la protecci\u00f3n del sistema clim\u00e1tico de las emisiones de gases de efecto invernadero en relaci\u00f3n a las presentes y futuras generaciones de personas.\n
      \n
    1. Cu\u00e1les son las consecuencias legales del incumplimiento de estas obligaciones, especialmente en relaci\u00f3n al da\u00f1o causado a otros Estados y a la persona humana de la generaci\u00f3n presente y futura.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Tras decidir aceptar la competencia[5]<\/sup><\/a>, la Corte procede a sintetizar el contexto hist\u00f3rico que llev\u00f3 a la  AGNU a solicitar la opini\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n a los antecedentes cient\u00edficos relevantes para el abordaje de la tem\u00e1tica del cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

      Sobre estas cuestiones, nos es de inter\u00e9s destacar la creaci\u00f3n de distintos instrumentos que se encuentran directa e indirectamente relacionados con la protecci\u00f3n del medio ambiente, en especial la formaci\u00f3n del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim\u00e1tico (IPCC, por sus siglas en ingl\u00e9s), que desde su fundaci\u00f3n en 1988 presenta informes y evaluaciones peri\u00f3dicas de la base cient\u00edfica sobre el cambio clim\u00e1tico, sus repercusiones, riesgos y formas de mitigaci\u00f3n. Si bien nuestro objetivo no es analizar el contenido de los informes, no podemos dejar de mencionar que \u00e9stos sirven de base cient\u00edfica para la Corte a la hora de realizar su labor. El IPCC considera que a) el cambio clim\u00e1tico es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, b) que la ventana de oportunidad para garantizar un futuro habitable y sostenible para todos se est\u00e1 cerrando r\u00e1pidamente, y c) que las decisiones y medidas que se adopten entre 2020 y 2030 tendr\u00e1n repercusiones ahora y durante miles de a\u00f1os. [6]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

      En definitiva, basada en la ciencia, la CIJ manifiesta que el cambio clim\u00e1tico es una realidad, y que resulta imperioso tomar acciones para revertirlo. <\/p>\n\n\n\n

      Antes de adentrarse en el contenido en s\u00ed de las preguntas propuestas por la AGNU, la Corte procede a realizar una serie de precisiones en torno al significado y alcance de las mismas. Concluye que \u00e9stas no implican un l\u00edmite territorial ni material estricto, pues la actividad antropog\u00e9nica contaminante asume diversas manifestaciones y su impacto es global.<\/p>\n\n\n\n

      Tambi\u00e9n aclara que la responsabilidad de los Estados se adjudica por un criterio amplio de acciones u omisiones, tanto de los entes estatales como de los particulares que se encuentren bajo su control jurisdiccional, que resulten en un da\u00f1o ambiental. Y en ese sentido, y por la naturaleza misma de una OC, no busca responsabilidades hacia el pasado, sino dar cuenta de las obligaciones vigentes en la actualidad.<\/p>\n\n\n\n

      La Corte \u201ccon esperanza de que sus conclusiones permitan que la ley informe y oriente la acci\u00f3n social y pol\u00edtica para abordar la crisis clim\u00e1tica actual\u201d[7]<\/sup><\/a>, se sumerge en un an\u00e1lisis exhaustivo del marco jur\u00eddico aplicable, examinando diversas fuentes del derecho internacional para determinar el alcance y el contenido de las obligaciones estatales, as\u00ed como las consecuencias jur\u00eddicas que emanan de esas obligaciones con respecto al cambio clim\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

      Plataforma normativa<\/h2>\n\n\n\n

      La Corte observa que el derecho internacional en materia de cambio clim\u00e1tico es un campo en constante y diverso desarrollo, por lo que resulta imperativo determinar qu\u00e9 fuentes normativas son \u201cley aplicable m\u00e1s directa y relevante\u201d respecto a esta cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      Identifica las siguientes fuentes convencionales como las principales para la tem\u00e1tica ambiental: a) la Carta de las Naciones Unidas, b) los tratados internacionales sobre cambio clim\u00e1tico\/medio ambiente tales como UNFCCC, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de Par\u00eds; c) la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; d) y otros tratados internacionales sobre medio ambiente: la Convenci\u00f3n de la Capa de Ozono y el Protocolo de Montreal y la Convenci\u00f3n de la biodiversidad y convenci\u00f3n de la desertificaci\u00f3n; e) el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n

      En el Esquema planteado por la Corte, la Carta de las Naciones Unidas, UNFCCC, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de Par\u00eds resultan la base que sirve de fundamento a todo ulterior desarrollo en lo relativo a la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n

      Pero no solo los instrumentos internacionales resultan relevantes a la hora de abordar una cuesti\u00f3n tan compleja. De hecho, desde nuestro punto de vista, resultan de mayor relevancia dos fuentes del derecho internacional p\u00fablico que trae a colaci\u00f3n la CIJ: el derecho internacional consuetudinario, por un lado, y los principios generales del derecho y los ambientales en particular \u2212tales como el desarrollo sustentable, la Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas, la equidad, la equidad intergeneracional, principio de precauci\u00f3n y el principio \u201cquien contamina paga\u201d\u2212 por el otro.<\/p>\n\n\n\n

      Obligaciones de los Estados en el marco de los tratados internacionales sobre el cambio clim\u00e1tico<\/h2>\n\n\n\n

      Escapa a nuestros prop\u00f3sitos analizar cada obligaci\u00f3n emanada de cada tratado en particular, por lo que nuestro enfoque en relaci\u00f3n a la pregunta \u201cA\u201d ser\u00e1 el siguiente: \u00bfCu\u00e1les son las pautas para interpretar correctamente las obligaciones ambientales?<\/p>\n\n\n\n

      Es clave recordar que las disposiciones normativas del derecho internacional p\u00fablico deben ser interpretadas a la luz del art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el derecho de los tratados y del principio de buena fe. Es decir, es importante contextualizar el instrumento, y aplicarlo en miras a sus fines y objetivos.<\/p>\n\n\n\n

      Es discutido en la doctrina si, en el ejercicio del derecho y la aplicaci\u00f3n de normativa internacional, cabe la posibilidad que un cuerpo normativo desplace a otro, ya sea por lex specialis<\/em> o por una relaci\u00f3n de jerarqu\u00eda. En materia de derecho ambiental, la respuesta a este planteo es clara: no. Todos los principios y obligaciones emanados de los tratados en general, y los protectorios ambientales en particular, deben ser interpretados de la forma m\u00e1s armoniosa posible, divisando el objeto y la finalidad com\u00fan que tienen.<\/p>\n\n\n\n

      Otro aspecto de suma relevancia es aquel referido a la naturaleza jur\u00eddica de las obligaciones en el campo del derecho ambiental: \u00bfson obligaciones de medios, o de resultado?<\/p>\n\n\n\n

      La CIJ cristaliza una postura que ven\u00eda sosteniendo en su jurisprudencia (como en el caso \u201cPlantas de Celulosa Sobre el R\u00edo Uruguay (Argentina v. Uruguay), 2010\u201d): no existen obligaciones de medios por un lado y de resultado por el otro, sino que cada obligaci\u00f3n tiene \u00ednsita y en forma entremezclada en ella los dos tipos de obligaciones. Toda obligaci\u00f3n de medios, cualquiera sea, tiene en ella al menos una de resultados: el deber de debida diligencia, el de poner a disposici\u00f3n todos los medios al alcance. Toda obligaci\u00f3n estatal comprende conductas de hacer, de no hacer y de tolerar, por lo tanto, contiene obligaciones de resultados, pero tambi\u00e9n de medios.<\/p>\n\n\n\n

      Ambos tipos de obligaciones generalmente coexisten y persiguen los mismos objetivos a trav\u00e9s de distintas formas. No todas las obligaciones de los tratados son tan f\u00e1cilmente catalogables; cada una debe ser examinada teniendo en cuenta sus circunstancias espec\u00edficas. En definitiva, las obligaciones de conducta en el derecho ambiental implican una obligaci\u00f3n de actuar con debida diligencia, <\/strong>lo cual requiere que los Estados parte \u201cutilicen todos los medios a su disposici\u00f3n con el objetivo de cumplimentar sus obligaciones internacionales\u201d[8]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

      Podemos afirmar que existen tres grandes \u00e1reas de tipos obligacionales para los Estados: a) los deberes de mitigaci\u00f3n; b) los deberes de adaptaci\u00f3n al clima actual y a sus efectos -con miras a morigerar los da\u00f1os o explotar los potenciales beneficios-; c) los deberes de cooperaci\u00f3n y asistencia mutua.<\/p>\n\n\n\n

      Todas las obligaciones Estatales est\u00e1n propuestas con un mismo objetivo: reducir la emisi\u00f3n antropog\u00e9nica de gases de efecto invernadero que producen el cambio clim\u00e1tico y el da\u00f1o ambiental, e impactan en el sistema clim\u00e1tico. <\/p>\n\n\n\n

      Obligaciones del derecho consuetudinario<\/h2>\n\n\n\n

      La existencia de instrumentos internacionales presupone el hecho de que las obligaciones emanadas de esos tratados solo alcanzar\u00e1n a los Estados que hubieran ratificado dichos instrumentos. Esta situaci\u00f3n podr\u00eda generar una desprotecci\u00f3n ambiental muy grande en relaci\u00f3n con la cantidad de Estados no firmantes de tratados. Frente a esta posibilidad, la CIJ vuelve a la fuente primigenia del derecho internacional p\u00fablico: la costumbre internacional. Es a partir de la costumbre internacional que se establece un piso m\u00ednimo de obligaciones para todos los pa\u00edses del mundo, una suerte de corpus obligacional global. Obviando las diferencias que puedan existir entre el sistema internacional de derecho p\u00fablico y el sistema constitucional argentino, podemos afirmar que la costumbre como fuente del derecho ambiental hace las veces del art\u00edculo 41 de la Constituci\u00f3n Nacional argentina: un piso ineludible e inexcusable de legislaci\u00f3n para todos los Estados miembros de sendos sistemas jur\u00eddicos. Las obligaciones consuetudinarias son los presupuestos m\u00ednimos ambientales del sistema internacional de Derecho P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

      La CIJ establece dos grandes obligaciones erga omnes: la obligaci\u00f3n consuetudinaria de los Estados de prevenir da\u00f1os significativos al medio ambiente, as\u00ed como el deber consuetudinario de cooperaci\u00f3n para la protecci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n

      El deber de prevenir da\u00f1os ambientales cuenta con dos puntos de vista: el da\u00f1o ambiental hacia dentro el Estado, y el transfronterizo. Es decir, el da\u00f1o dentro del pa\u00eds donde se produce el il\u00edcito ambiental y el da\u00f1o que afecte a terceros pa\u00edses, a toda una regi\u00f3n o al planeta en su conjunto.<\/p>\n\n\n\n

      La CIJ refuerza la siguiente idea:<\/strong> existe un deber de los Estados, adem\u00e1s de no da\u00f1ar el ambiente, de no generar da\u00f1os en terceros Estados. La mitigaci\u00f3n del cambio clim\u00e1tico, entonces, se convierte en una obligaci\u00f3n de alterum non laedere<\/em>. Esta es una posici\u00f3n que la Corte viene adoptando desde la resoluci\u00f3n de su primer caso en 1949 \u201cCanal de Corfu\u201d[9]<\/sup><\/a>: \u201cCada Estado tiene la obligaci\u00f3n de no permitir de forma consciente que su territorio sea utilizado para actos contrarios a los derechos de otros Estados\u201d[10]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

      La contracara del deber de prevenir es el del deber de debida diligencia de los Estados. Es una obligaci\u00f3n de resultado de poner a disposici\u00f3n todos los recursos disponibles para evitar el da\u00f1o ambiental. Dentro de los recursos a poner a disposici\u00f3n no est\u00e1n solo los financieros, sino tambi\u00e9n los tecnol\u00f3gicos, humanos, pol\u00edticos, etc. No solo importa el no aumentar los da\u00f1os o reducir los ya producidos, sino que, y m\u00e1s importante, prevenir el posible da\u00f1o futuro. Cuando el Estado detecta que, por s\u00ed, o incluso a trav\u00e9s de un particular que se encuentra bajo su control jurisdiccional, podr\u00eda producir un da\u00f1o ambiental debe afrontar la situaci\u00f3n, actuar diligentemente y evitar que se produzca el da\u00f1o.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

      Todos los Estados del mundo tienen el deber de cooperar para prevenir el da\u00f1o ambiental. El ambiente, bien \u00fanico e indivisible, pertenece a toda la humanidad y, por lo tanto, debe ser protegido mediante el esfuerzo colectivo.[12]<\/sup><\/a> [13]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

      Consecuencias frente a un incumplimiento<\/h2>\n\n\n\n

      Nuestro enfoque en relaci\u00f3n a la pregunta \u201cB\u201d es la siguiente: \u00bfCu\u00e1les son los par\u00e1metros de la Corte para establecer la responsabilidad internacional de un Estado? \u00bfQu\u00e9 clase de consecuencias acarrea esa responsabilidad?<\/p>\n\n\n\n

      La actividad antropog\u00e9nica de emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero no constituye por s\u00ed sola un hecho il\u00edcito internacional. La clave de la responsabilidad -en general- radica en el incumplimiento de los deberes de debida diligencia y prevenci\u00f3n del da\u00f1o ambiental. Un Estado no ser\u00e1 considerado responsable internacionalmente simplemente porque se emitan gases de efecto invernadero dentro de su jurisdicci\u00f3n, sino que lo ser\u00e1 por no adoptar las medidas necesarias para evitar el da\u00f1o ambiental.<\/p>\n\n\n\n

      El hecho que activa la atribuci\u00f3n de responsabilidad a los Estados no es tanto el da\u00f1o producido, sino la acci\u00f3n u omisi\u00f3n diligente o no diligente al momento de prevenir el da\u00f1o<\/strong>. Dado la problem\u00e1tica ambiental, el complejo entramado jur\u00eddico y la multiplicidad de actores en el escenario internacional, la responsabilidad puede ser atribuida a varios Estados de forma simult\u00e1nea.<\/p>\n\n\n\n

      Nos resulta interesante pensar los mecanismos que utilizar\u00e1 la Corte para medir el grado de responsabilidad de cada Estado. Es decir, cu\u00e1l es el nivel de exigencia al que va a someter a los pa\u00edses, y cu\u00e1l va a ser la vara con la que va a someter la responsabilidad internacional.<\/p>\n\n\n\n

      Encontramos dos factores para analizar la \u201cvara\u201d de la CIJ a la hora de considerar el grado de responsabilidad del Estado: el primero es un factor objetivo o externo al Estado y, el segundo, uno interno o intr\u00ednseco.<\/p>\n\n\n\n

      El primero es el avance cient\u00edfico. El conocimiento cient\u00edfico avanza, muta, y la comprensi\u00f3n de la din\u00e1mica ambiental se agudiza con el tiempo. Los niveles de exigencia se elevan a medida que la humanidad comprende en mayor medida el impacto de su actividad, y la reversibilidad o irreversibilidad del da\u00f1o. La forma de estudiar el impacto ambiental hace 20 a\u00f1os no es la misma que la actual, ni la actual ser\u00e1 la misma que dentro de otros 20 a\u00f1os. Este factor es objetivo porque se considera al conocimiento igual a todos los Estados.<\/p>\n\n\n\n

      El segundo es el grado de desarrollo y progreso de un Estado en particular. Esto incluye sus capacidades respectivas, necesidades espec\u00edficas, y circunstancias nacionales. Se ponderan las circunstancias particulares de cada Estado. El nivel de exigencia de la Corte no es el mismo para un Estado que se encuentra en v\u00edas de desarrollo o que ya es uno desarrollado, o para un Estado contaminante que para uno que contribuye en menor medida al da\u00f1o ambiental. Tampoco se le exigir\u00e1 lo mismo a un pa\u00eds con grandes recursos tecnol\u00f3gicos, cient\u00edficos, econ\u00f3micos y humanos que a un Estado que carece de esos capitales.[14]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

      En caso de encontrar internacionalmente responsable a un Estado de conculcar el derecho ambiental, son tres las consecuencias que la CIJ puede imponer, a saber:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Deber subyacente de cumplimiento[15]<\/sup><\/a> de las obligaciones que emanan de la normativa internacional;<\/li>\n\n\n\n
      2. Deber de cesaci\u00f3n de los actos il\u00edcitos y garant\u00edas de no repetici\u00f3n[16]<\/sup><\/a>;<\/li>\n\n\n\n
      3. Deber de reparar los da\u00f1os producidos, ya sea frente a un tercer Estado o (y es sumamente interesante) al particular damnificado si se fuese a utilizar una norma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estas reparaciones pueden ser tanto materiales como inmateriales.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Conclusiones<\/h2>\n\n\n\n

        La Opini\u00f3n Consultiva del principal \u00f3rgano jurisdiccional de la ONU, a trav\u00e9s de un pormenorizado an\u00e1lisis de una diversidad de fuentes jur\u00eddicas, deja en claro un hecho: el cambio clim\u00e1tico es una problem\u00e1tica real, global y urgente que acarrea consecuencias legales claras e inevitables.[17]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

        La Corte es clara y contundente al afirmar que recae sobre los Estados la obligaci\u00f3n de asumir una debida diligencia y adoptar medidas efectivas para prevenir una cat\u00e1strofe de alcance global. El da\u00f1o ambiental per se<\/em> no constituye un il\u00edcito, sino que la inobservancia de este deber es el generador de la responsabilidad estatal.  Desde nuestro punto de vista no hay lugar a grises legales: todos los Estados integrantes de la comunidad internacional tienen en su cabeza obligaciones ambientales por el solo hecho de pertenecer a esa comunidad, ya que se rigen bajo la costumbre internacional. Las obligaciones de utilizar todos los medios a su alcance para impedir que las actividades realizadas bajo su jurisdicci\u00f3n o control causen da\u00f1os significativos al sistema clim\u00e1tico, y el deber de cooperaci\u00f3n internacional son ineludibles, y conforman \u201cel presupuesto m\u00ednimo ambiental internacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

        A su vez, la forma de evaluar el grado de responsabilidad de los Estados es din\u00e1mica y diferenciada, en base al principio de responsabilidades iguales pero diferenciadas y capacidades respectivas. Se consideran un conjunto de factores tales como el grado de contribuci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico y las medidas adoptadas para evitarlo, como tambi\u00e9n el grado del avance cient\u00edfico y tecnol\u00f3gico -como medida del comportamiento diligente-, a la hora de juzgar el actuar estatal.<\/p>\n\n\n\n

        \n\n\n\n

        [1]<\/sup><\/a> Para la elaboraci\u00f3n del presente trabajo se ha analizado la versi\u00f3n en ingl\u00e9s de la OC. Las referencias en el cuerpo del texto remiten a las p\u00e1ginas originales del texto publicado en la p\u00e1gina oficial de la CIJ. De aqu\u00ed en adelante, las porciones referidas a la \u201cOC\u201d, hacen referencia a la opini\u00f3n consultiva bajo an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n

        [2]<\/sup><\/a> Integrantes del Departamento de derecho internacional del IRI. Correos de contacto: juanajucai@gmail.com<\/a> y juanfarinelli01@gmail.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

        [3]<\/sup><\/a> Resoluci\u00f3n 77\/276 AGNU.<\/p>\n\n\n\n

        [4]<\/sup><\/a> OC, p\u00e1rr. 88.<\/p>\n\n\n\n

        [5]<\/sup><\/a> OC p\u00e1rr. 38-49.<\/p>\n\n\n\n

        [6]<\/sup><\/a> OC p\u00e1rr. 87, citando \u201cIPCC, 2023 Summary for Policymakers\u201d<\/p>\n\n\n\n

        [7]<\/sup><\/a> OC, p\u00e1rr. 456<\/p>\n\n\n\n

        [8]<\/sup><\/a> Plantas de Celulosa Sobre el R\u00edo Uruguay (Uruguay v. Argentina), Judgment, I.C.J. Reportes 2010 (I), p. 56, p\u00e1rr. 101.<\/p>\n\n\n\n

        [9]<\/sup><\/a> United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania (1949).<\/p>\n\n\n\n

        [10]<\/sup><\/a> Idem<\/em>, m\u00e9ritos del caso, p\u00e1g. 22<\/p>\n\n\n\n

        [11]<\/sup><\/a> En id\u00e9ntico sentido a la sentencia de la CIJ \u201cPlantas de celulosa sobre el R\u00edo Uruguay (Argentina v. Uruguay)\u201d<\/p>\n\n\n\n

        [12]<\/sup><\/a> En este sentido, es importante tener en consideraci\u00f3n el principio de equidad y de solidaridad intergeneracional.<\/p>\n\n\n\n

        [13]<\/sup><\/a> Dice la Corte \u201cLa cooperaci\u00f3n no es una opci\u00f3n para los Estados, sino una necesidad apremiante y una obligaci\u00f3n legal.\u201d OC, p\u00e1rr. 308<\/p>\n\n\n\n

        [14]<\/sup><\/a> Esta distinci\u00f3n que hace la Corte en relaci\u00f3n al nivel de exigencia se basa en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas.<\/p>\n\n\n\n

        [15]<\/sup><\/a> \u201cDuty of performance\u201d<\/p>\n\n\n\n

        [16]<\/sup><\/a> Nos resulta interesante pensar sobre este punto cu\u00e1l es el l\u00edmite \u2013 si es que existe- que tiene la CIJ para someter a los Estados a un cambio de legislaci\u00f3n interna en caso de que esta sea la que constituye o permite el da\u00f1o ambiental.:<\/p>\n\n\n\n

        [17]<\/sup><\/a> Es el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, quien manifiesta que \u201clas consecuencias del cambio clim\u00e1tico son severas y de gran alcance, afectan tanto a ecosistemas naturales, como a poblaciones humanas.\u201d<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        por Juana Jumar Caimari y Juan Alfredo 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