{"id":47279,"date":"2026-09-17T13:46:21","date_gmt":"2026-09-17T16:46:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/?p=47279"},"modified":"2026-09-14T14:24:39","modified_gmt":"2026-09-14T17:24:39","slug":"experiencia-internacional-en-la-elaboracion-de-politicas-publicas-efectivas-contra-la-delincuencia-organizada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/2026\/09\/17\/experiencia-internacional-en-la-elaboracion-de-politicas-publicas-efectivas-contra-la-delincuencia-organizada\/","title":{"rendered":"Experiencia Internacional en la elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas efectivas contra la delincuencia organizada"},"content":{"rendered":"\r\n
\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\r\n\r\n\r\n

Centro de Crimen Organizado Transnacional (CeCOT)<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Art\u00edculos<\/h6>\r\n\r\n\r\n\r\n

Experiencia Internacional en la elaboraci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas efectivas contra la delincuencia organizada: Enfoque Jurimetrico para Identificar Vac\u00edos Institucionales de Estado<\/h1>\r\n\r\n\r\n\r\n

Edgardo Buscaglia<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

El an\u00e1lisis que presenta este art\u00edculo est\u00e1 basado en la revisi\u00f3n de muestras representativas de causas judiciales procesadas por delincuencia organizada transnacional en particular y asociaciones il\u00edcitas en general que a la vez incluyen acusaciones contra funcionarios p\u00fablicos de alto nivel por corrupci\u00f3n pol\u00edtica en sus dos tipolog\u00edas mas frecuentes: financiamiento ilegal de campa\u00f1as pol\u00edticas y enriquecimientos il\u00edcitos asociados a contrataciones p\u00fablicas. Todas estas causas judiciales poseen sentencias definitivas en ejecuci\u00f3n. Este an\u00e1lisis demuestra que la integraci\u00f3n vertical de la delincuencia organizada en el \u00e1mbito legal de las econom\u00edas de una muestra de 20 pa\u00edses\u2014en donde, por ejemplo, una red delictiva transnacional adquiere la capacidad en la econom\u00eda \u201clegal\u201d de generar su propia materia prima, producir bienes o servicios con esta misma materia prima que ser\u00e1n luego objeto de tr\u00e1fico ilegal, y adem\u00e1s transportarlos con ese objeto, distribuirlos y controlar la venta tanto al por mayor como la venta minorista\u2014 viene predeciblemente asociado a corrupci\u00f3n pol\u00edtica en el marco de la financiaci\u00f3n ilegal de campa\u00f1as electorales y de la contrataci\u00f3n p\u00fablica en pa\u00edses con una sist\u00e9mica incapacidad judicial para decomisar activos patrimoniales ligados a estas redes criminales. En este contexto, el presente an\u00e1lisis ampl\u00eda conclusiones previas, proporcionando una base conceptual y emp\u00edrica a la creciente diversificaci\u00f3n de bienes y serviios traficarle por el crimen econ\u00f3mico organizado asociado con un m\u00e1s intenso grado de integraci\u00f3n econ\u00f3mica vertical en los negocios legales, protegidos pol\u00edticamente a trav\u00e9s de campa\u00f1as electorales financiadas ilegalmente y a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n de redes criminales en ofertas de contrataci\u00f3n p\u00fablica. Adem\u00e1s, la verificaci\u00f3n emp\u00edrica aqu\u00ed presentada mostrar\u00e1 que una mayor integraci\u00f3n vertical de las actividades econ\u00f3micas de las redes criminales en entornos geogr\u00e1ficos marcados por el fracaso estatal en proveer servicios p\u00fablicos (tales como la incapacidad del Estado en proveer servicios judiciales de resoluci\u00f3n de disputas entre individuos o servicios de provisi\u00f3n de salud preventiva o agua potable) tambi\u00e9n ir\u00e1 acompa\u00f1ada de un mayor suministro de estos mismos bienes y servicios cuasi-p\u00fablicos a trav\u00e9s de la delincuencia organizada (tales como mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias), todo dirigido a satisfacer la demanda proveniente de los segmentos de poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerables de las zonas geogr\u00e1ficas donde estos grupos operan.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Una de las principales conclusiones de este an\u00e1lisis es que una actuaci\u00f3n judicial m\u00e1s \u201ceficiente\u201d y efectiva en el decomiso o extinci\u00f3n de activos, ligados a empresas criminales verticalmente integradas en la econom\u00eda legal, fortalecer\u00e1 el derecho humano de acceso a la justicia de los segmentos de poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerables y tendr\u00e1 un impacto positivo en el derecho a elegir a servidores p\u00fablicos con una menor interferencia del crimen organizado.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por tanto, una actuaci\u00f3n judicial m\u00e1s \u201ceficiente\u201d en el desmantelamiento de redes criminales mejorar\u00e1 el castigo y prevenci\u00f3n de las organizaciones delictivas, pero tambi\u00e9n fortalecer\u00e1 el ejercicio de derechos humanos por parte de los sectores mas marginados de la poblaci\u00f3n en un proceso democr\u00e1tico mas desarrollado, as\u00ed promoviendo el desarrollo socio-econ\u00f3mico hacia futuro, evitando el crecimiento de burbujas de protecci\u00f3n social dentro de las cuales crece la delincuencia organizada transnacional.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Antecedentes e introducci\u00f3n<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

La gobernabilidad, en general, y la reducci\u00f3n de los niveles de violencia f\u00edsica o de otros tipos de violencia econ\u00f3mica o socio-pol\u00edtica, en particular, requieren de mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de leyes aprobadas democr\u00e1ticamente y de mecanismos para la resoluci\u00f3n de disputas que sean proporcionados tanto por las instituciones del Estado como por redes sociales organizadas. Para que el Estado de Derecho promueva el desarrollo socio-econ\u00f3mico con crecimiento econ\u00f3mico, tales mecanismos deben ser imparciales y eficientes en su accesibilidad a todos los miembros de una sociedad con el fin de resolver conflictos (entre privados o entre el Estado y privados) y de procesar delitos mediante garant\u00edas procesales, asegurando as\u00ed el ejercicio de los derechos humanos pol\u00edticos, civiles, sociales, culturales y econ\u00f3micos garantizados por los nueve Convenios y Protocolos sobre derechos humanos de la Naciones Unidas ratificados en todo el mundo (Buscaglia, 1994, 1997)[1]<\/sup><\/a>. En ese contexto, Buscaglia (2015) ya ha emp\u00edricamente demostrado que un r\u00e9gimen integral y efectivo de seguridad humana<\/em> requiere de una aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica predecible y coherente de todos los derechos humanos b\u00e1sicos pol\u00edticos, civiles y econ\u00f3micos \u201cen acci\u00f3n\u201d (y no solo su existencia te\u00f3rica en los c\u00f3digos y en los discursos de pol\u00edticos). Los mecanismos jur\u00eddicos y judiciales que sostienen el ejercicio de los derechos humanos <\/em>\u201cen acci\u00f3n\u201d sirven, a su vez, como fundamentos de la seguridad humana,<\/em> as\u00ed como del desarrollo econ\u00f3mico (Acemoglu y Robinson, 2012; Hayek, 1973). Dentro de este marco, las mejoras en el planteamiento y ejecuci\u00f3n de derechos de propiedad colectiva, comunal y privada son condiciones esenciales para el progreso econ\u00f3mico dentro de sociedades libres y abiertas (Buscaglia, 1994, 2001a; Hayek, 1973).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Buscaglia (2001b) y Buscaglia y Stephan (2005) han demostrado porqu\u00e9 la oferta y demanda de mecanismos formales de resoluci\u00f3n de conflictos basados en el sector judicial y de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias ocurren en el entorno rural en diecis\u00e9is pa\u00edses. El an\u00e1lisis mostrado infra<\/em> arrojar\u00e1 m\u00e1s luz sobre los factores econ\u00f3micos y judiciales que conducen a la oferta y la demanda de \u201cmecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias\u201d (en adelante, MARC) ofrecidos por grupos criminales organizados y transnacionales que buscan una lealtad comunitaria con protecci\u00f3n social y a la vez alcanzar integraci\u00f3n vertical en la econom\u00eda legal con el prop\u00f3sito de apoyar a sus mercados criminales cada vez m\u00e1s diversos en regiones o pa\u00edses espec\u00edficos donde el Estado fracasa.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

La integraci\u00f3n econ\u00f3mica legal y vertical de empresas criminales ocurre cuando una red delictiva transnacional adquiere parcial o completa capacidad comercial legal para generar sus propias materias primas para la producci\u00f3n de un bien o servicio Legal o Ilegal, y adem\u00e1s produce ese bien o servicio final destinado al tr\u00e1fico, lo transporta, lo distribuye, y controla tanto durante el estadio de venta al por mayor como tambi\u00e9n durante el estadio de comercio minorista.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Investigaciones emp\u00edricas anteriores de Buscaglia (2011) que realizaban comparativos internacionales han mostrado que la corrupci\u00f3n pol\u00edtica a alto nivel siempre deriva de toda clase de redes criminales formadas por funcionarios y\/o actores no estatales dedicados a todo tipo de delitos econ\u00f3micos complejos; principalmente: tr\u00e1fico de personas, tr\u00e1fico de drogas, tr\u00e1fico de armas, contrabando, cohecho, fraudes contra el Estado, enriquecimiento il\u00edcito, financiaci\u00f3n ilegal de campa\u00f1as y corrupci\u00f3n en la contrataci\u00f3n p\u00fablica \u2014como fijaci\u00f3n de precios y licitaci\u00f3n fraudulenta con lavado de dinero, entre otras\u2014. El an\u00e1lisis avanzado en este estudio mostrar\u00e1 que mayores niveles de integraci\u00f3n econ\u00f3mica vertical de empresas delictivas en la econom\u00eda legal siempre sin excepci\u00f3n van acompa\u00f1ados de tipos de delitos organizados de corrupci\u00f3n pol\u00edtica, sobre todo a trav\u00e9s de la financiaci\u00f3n ilegal de campa\u00f1as electorales y contrataciones p\u00fablicas fraudulentas en pa\u00edses que sufren de una sist\u00e9mica incapacidad para desmantelar las redes de delincuencia organizada a trav\u00e9s del decomiso civil y penal de activos. Al mismo tiempo, los \u201cvac\u00edos\u201d institucionales de Estado en la provisi\u00f3n de bienes y servicios b\u00e1sicos (tal como agua potable, salud preventiva o acceso a justicia civil y penal) incentivan que determinados segmentos de la poblaci\u00f3n demanden \u201cservicios\u201d sociales facilitados por esas mismas redes criminales que disfrutan como consecuencia de protecci\u00f3n social[2]<\/sup><\/a>. Desde 2008, 19 pa\u00edses alrededor del mundo han sido identificados con este tipo de crecientes frecuencias de delitos organizados transnacionales por corrupci\u00f3n pol\u00edtica con altos niveles de impunidad. Entre estos pa\u00edses se encuentran Argentina, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, M\u00e9xico, Myanmar, Nicaragua, Nigeria y Rusia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

En teor\u00eda, las instituciones responsables de la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley deben ser capaces de acometer el necesario decomiso civil y penal de activos patrimoniales que forman parte de empresas criminales organizadas en el marco de la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n[3]<\/sup><\/a> (Buscaglia, 2011). Pero, en la pr\u00e1ctica, cuando las instituciones ejecutivas y judiciales \u201cfracasan\u201d en su labor, por no llevar a cabo decomisos de activos delictivos[4]<\/sup><\/a> (bien a causa de deficiencias t\u00e9cnicas, o a causa de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, o por procedimientos complejos que causan altos costes operativos que bloquean el acceso a la justicia), esto provoca que la estructura jer\u00e1rquica de las empresas criminales reaccione ante tal impunidad haci\u00e9ndose cada vez mayor en escala y mucho m\u00e1s ostensible en su accionar delictivo, mientras estas mismas redes criminales se dirigen hacia la integraci\u00f3n vertical y horizontal de su imperio, minimizando de esa forma los costes de transacciones ilegales con respecto a las transacciones organizativas internas. Este trabajo extiende la obra de Oliver Williamson (1981 y 2007) para explicar porque las empresas criminales buscan alcanzar una integraci\u00f3n vertical o integraci\u00f3n horizontal de sus operaciones econ\u00f3micas con fines de lucro.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

El rol de la informalidad en la provisi\u00f3n de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias (MARC) aplicado aqu\u00ed contin\u00faa con los trabajos de investigaci\u00f3n previos de Buscaglia (1994, 1997, 2001a, 2001b, 2011, 2013 y 2015), Buscaglia y Ratliff (2001) y Buscaglia y van Dijk (2013).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

En este art\u00edculo se trabajar\u00e1 con dos tipos de MARC: uno es la combinaci\u00f3n de una figura h\u00edbrida combinando la mediaci\u00f3n y el arbitraje orquestado por las redes delictivas organizadas que defectuosamente intentan rellenar los vac\u00edos judiciales derivados de la incapacidad estatal para proporcionar servicios judiciales en ambientes sociales divorciados de la formalidad econ\u00f3mica de mercados laborales legales y profundamente arraigados culturalmente por los grupos de delincuencia organizada que proporciona toda clase de \u201cprotecci\u00f3n\u201d a grupos sociales en medio del vac\u00edo estatal. Buscaglia (2015) muestra que, usualmente, a las partes con acceso a los MARC suministrados por redes informales en Colombia o en el Congo se les da la oportunidad de alcanzar un acuerdo por si solas, con la mediaci\u00f3n de representantes de la delincuencia organizada. Si no se alcanza un acuerdo, el mediador producir\u00e1 una suerte de laudo arbitral, imponiendo una soluci\u00f3n respaldada por la vigilancia social y por la violencia organizada, si fuera necesario.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Los segundos MARC m\u00e1s comunes son los mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias formados por colectivos de ciudadanos notables socialmente leg\u00edtimos y tradicionales (v.\u00a0gr<\/em>., los Jirgas<\/em><\/strong> o shuras<\/em><\/strong> en Afganist\u00e1n o Pakist\u00e1n).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Buscaglia (2001b) muestra que los MARC son un sustituto imperfecto de la jurisdicci\u00f3n judicial estatal y, para poder operar de manera sostenible, estos MARC deben establecer o mantener una cierta legitimidad a ojos de los segmentos de poblaci\u00f3n econ\u00f3micamente m\u00e1s marginados a los que sirven. Buscaglia (2015) demuestra adem\u00e1s que, dentro de esos mismos tipos de entornos institucionales y sociales caracterizados por el fracaso del Estado en asegurar el derecho humano de acceso a la justicia, tambi\u00e9n hay una carencia sist\u00e9mica de resoluciones judiciales relativas a conflictos sobre la propiedad privada o comunal. En resumen, pasadas investigaciones demuestran que las regiones y pa\u00edses donde existe un d\u00e9bil ejercicio del derecho de acceso a la justicia formal tambi\u00e9n muestran una mayor demanda de MARC suministrados por organismos informales pero socialmente legitimados.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Algunos mecanismos informales, legitimados socialmente, no son verdaderos \u201csistemas\u201d, sino m\u00e1s bien un rango de diversas estructuras basadas en el principio de justicia restaurativa y destinadas a compensar y a reparar agravios. El objetivo es reponer a la comunidad o al individuo victimizado a un estado equivalente al estado previo al agravio, ocup\u00e1ndose de y neutralizando la causa misma de este, al mismo tiempo. Ese principio restaurativo se halla en marcado contraste con la justicia retributiva que se centra en castigar al autor del agravio a fin de compensar a la sociedad (Pedroso y Trinc\u00e3o, 2008).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por el contrario, las decisiones de los MARC suministrados por actores no estatales violentos a menudo son dictadas por uno o varios individuos pertenecientes a grupos armados que proporcionan \u201cservicios\u201d de resoluci\u00f3n de controversias de car\u00e1cter mafioso o chantajista. Sus decisiones se toman con independencia del consentimiento de la v\u00edctima y en todo caso sin las garant\u00edas procedimentales oportunas (debido proceso) en l\u00ednea con las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas[5]<\/sup><\/a>. El contenido de la controversia puede abarcar cuestiones pol\u00edticas, econ\u00f3micas, sociales, religiosas o incluso penales. Una gran proporci\u00f3n de los casos en los que se utilizaron estos mecanismos se refer\u00edan a desacuerdos contractuales y comerciales, reclamaciones sobre tierras o testamentarias, o casos penales sobre robos, violaciones, vandalismo o incluso homicidios (Wojkwoska, 2006). Estas \u201cresoluciones\u201d informales representan normalmente la principal o la \u00fanica v\u00e1lvula de escape para resolver disputas entre los segmentos de la poblaci\u00f3n m\u00e1s desfavorecidos en los barrios urbanos marginales y en las zonas rurales (Cappelleti et al<\/em>., 1981; Buscaglia, 2001a). Tales decisiones son aceptadas por la comunidad en ocasiones, pero no siempre.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Por otro lado, los mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias pueden coexistir con jueces, fiscales, polic\u00edas o gobernadores que canalizan los casos complejos hacia v\u00edas informales para descargarse de trabajo o simplemente para evitar el descontento social por sus \u201cmalas decisiones\u201d (Jorge Birol y Dal Ri, 2011; Sung 2004). En este escenario, podr\u00eda pensarse que los mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias \u2014cuando cubren vac\u00edos estatales y sustituyen, por tanto, de manera imperfecta a los procedimientos judiciales formales\u2014 constituyen mecanismos que retrasan las verdaderas reformas judiciales. Dicho de otro modo, cuando los mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias sustituyen a la jurisdicci\u00f3n estatal, aunque sea imperfectamente, se produce el pernicioso efecto de una disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n social para reformar instituciones judiciales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Como los segmentos de la poblaci\u00f3n social, econ\u00f3mica y\/o \u00e9tnicamente m\u00e1s vulnerables se ven excluidos del sistema de justicia formal y no pueden acceder tampoco a los mecanismos arbitrales o de mediaci\u00f3n que este proporciona, estos segmentos marginados de la poblaci\u00f3n acuden m\u00e1s a menudo a actores informales no estatales. Dentro de estos grupos poblacionales marginados que hacen frente a contextos judiciales disfuncionales y que desconf\u00edan de las autoridades se observan numerosos grupos mafiosos que suministran mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias alternativos a los que presta el Estado. Estas conclusiones sobre la demanda de alternativas a la resoluci\u00f3n de controversias alejadas de la esfera estatal pueden enmarcarse en la investigaci\u00f3n de la teor\u00eda de juegos sobre confianza abordada por Gambetta (1993).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Este estudio busca explicar el an\u00e1lisis coste-beneficio tras una mayor o menor frecuencia de resoluciones informales de controversias provistas por grupos armados no estatales en entornos donde el derecho humano al acceso a mecanismos judiciales del Estado es dif\u00edcil o inexistente en la pr\u00e1ctica. Como es de esperar, si los grupos armados no estatales que proporcionan MARC esperan un quid pro quo<\/em> por su servicio o, en otras palabras, a cambio de sus \u201cservicios MARC\u201d las comunidades se ver\u00e1n obligadas a proporcionar propiedades y\/o mano de obra laboral a la red armada no estatal que suministra los mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias. Este apoyo de los usuarios puede incluir recursos humanos para mano de obra, tierras para plantaciones ilegales, infraestructura log\u00edstica, y protecci\u00f3n social contra grupos rivales (en ocasiones, el propio Estado), como un quid pro quo<\/em> (Buscaglia, 2001b y Buscaglia, 2013).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Este estudio eval\u00faa el acceso a mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias p\u00fablicos y privados en entornos donde se imponen las redes de delincuencia organizada y donde buscan apoyo econ\u00f3mico para expandirse en \u00e1mbitos tanto legales como ilegales[6]<\/sup><\/a>. Sobre la base de trabajos anteriores sobre el suministro de bienes y servicios \u201csociales\u201d a comunidades vulnerables por parte de la delincuencia organizada (Muilhaupt y West, 2000), las asociaciones delictivas expanden sus \u201cservicios\u201d de resoluci\u00f3n de controversias y apunta a la paradoja de Estados d\u00e9biles que se apoyan en la gesti\u00f3n no estatal de disputas hasta el punto de eludir las reformas judiciales necesarias. En consecuencia, existe una asociaci\u00f3n entre las siguientes tres variables:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n
  1. la incapacidad de la actuaci\u00f3n del sistema judicial para proporcionar (a) resoluci\u00f3n de controversias a segmentos vulnerables de la poblaci\u00f3n y (b) resoluciones judiciales dirigidas al decomiso y extinci\u00f3n de activos de origen il\u00edcito;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  2. el consiguiente incremento de la demanda social de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias (MARC) proporcionados por redes delictivas organizadas y armadas; y<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  3. el consiguiente incremento de la integraci\u00f3n vertical de esas mismas redes en \u00e1mbitos legales para prestar apoyo a una mayor diversificaci\u00f3n de los mercados criminales (como producci\u00f3n de drogas, tr\u00e1fico de armas, tr\u00e1fico de seres humanos, falsificaci\u00f3n de marcas o de monedas, etc.) todo acompa\u00f1ado por la corrupci\u00f3n pol\u00edtica en la financiaci\u00f3n de campa\u00f1as electorales y en la contrataci\u00f3n p\u00fablica como canales para asegurarse protecci\u00f3n pol\u00edtica.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Las vinculaciones entre estos tres conjuntos de datos enlazados han sido comprobados a trav\u00e9s de una hip\u00f3tesis seg\u00fan la cual las mejoras en la actividad judicial conectada con un mejor acceso a los tribunales por parte de segmentos de la poblaci\u00f3n socio-econ\u00f3micamente marginados en las regiones donde las redes delictivas proporcionan MARC, combinadas con un incremento de los decomisos judiciales contra tales redes criminales, reducir\u00edan la escala y alcance de la delincuencia organizada en t\u00e9rminos de integraci\u00f3n vertical dentro de la econom\u00eda legal y reducir\u00edan la corrupci\u00f3n pol\u00edtica en las esferas electoral y de contrataci\u00f3n p\u00fablica. En Buscaglia (2011) se demuestra que estos 3 \u00e1mbitos son, emp\u00edricamente, los tipos m\u00e1s frecuentes de corrupci\u00f3n en todo el orbe. En este sentido un incremento del decomiso de los activos delictivos, tendr\u00eda un impacto directo en la reducci\u00f3n de la escala y alcance de la delincuencia organizada y de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    An\u00e1lisis de los factores judiciales y sociales vinculados a la demanda de MARC<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Recordemos al lector que el an\u00e1lisis de este art\u00edculo pretende mostrar que un mayor grado de integraci\u00f3n vertical en negocios legales por parte de redes delictivas (donde, por ejemplo, una red delictiva adquiere: 1- la capacidad econ\u00f3mica legal de generar sus propias materias primas, tales como pasta de coca; 2- la producci\u00f3n de los bienes o servicios que ser\u00e1n objeto de tr\u00e1fico, como la coca\u00edna pura; 3- el transporte de esos bienes o servicios, por ejemplo mediante el control de barcos; 4- el control de la red de distribuci\u00f3n de los bienes o servicios; 5- el control de la venta al por mayor; y 6- el control de la venta al por menor legal) ocurrir\u00e1 con m\u00e1s frecuencia en pa\u00edses con fallas estatales m\u00e1s frecuentes para legal y judicialmente decomisar los activos de origen il\u00edcito y desmantelar a la criminalidad organizada vinculada a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica en los \u00e1mbitos de la contrataci\u00f3n p\u00fablica y la financiaci\u00f3n de campa\u00f1as electorales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Hay que hacer notar que los veinte pa\u00edses que conforman la muestra en este estudio han firmado y ratificado la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, sus Protocolos y la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n, que requieren el desarrollo de estas capacidades de decomiso y de recuperaci\u00f3n de activos. Por ende, nuestro an\u00e1lisis emp\u00edrico tambi\u00e9n conllevar\u00e1 la evaluaci\u00f3n del cumplimiento en cada pa\u00eds de las obligaciones jur\u00eddicas derivadas de estas convenciones de la ONU[7]<\/sup><\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    En este contexto, nuestro an\u00e1lisis ampl\u00eda conclusiones anteriores dando evidencias de que una mayor diversificaci\u00f3n de los delitos econ\u00f3micos cometidos por redes transnacionales protegidas por una corrupci\u00f3n pol\u00edtica de alto nivel ser\u00e1 apoyada por un grado m\u00e1s intenso de integraci\u00f3n vertical en los mercados legales, vinculado a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y a otros tipos de actividades delictivas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Sobre la base de los marcos te\u00f3ricos de Oliver Williamson (1981 y 2007), podemos afirmar que un grado m\u00e1s diverso de integraci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas legales desarrolladas por empresas delictivas est\u00e1 orientada al objetivo de la delincuencia organizada de reducir sus costes operativos ligados a la frecuencia, especificidad, incertidumbre, racionalidad limitada y comportamiento oportunista en las transacciones de mercado dentro de entornos econ\u00f3micos donde otras organizaciones criminales tambi\u00e9n compiten con violencia y corrupci\u00f3n, para capturar esos mismos mercados legales que les permitan prestar apoyo a la expansi\u00f3n de sus actividades delictivas.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    En este escenario, Buscaglia (2001) mostr\u00f3 que las violaciones sist\u00e9micas del derecho humano al acceso a la justicia que sufren los segmentos de poblaci\u00f3n social, econ\u00f3mica o \u00e9tnicamente marginados se traducen en una demanda cada vez m\u00e1s frecuente por mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias (MARC) proporcionados por estructuras de gobernanza tradicional, como paneles de notables o de ancianos. En resumen, bas\u00e1ndonos en la literatura de referencia, podemos establecer la hip\u00f3tesis de que los fracasos espec\u00edficos del sistema judicial se traduce en una mayor frecuencia de resoluci\u00f3n de disputas ofrecidos a trav\u00e9s de marcos tradicionales, pero tambi\u00e9n a trav\u00e9s de grupos delictivos organizados que buscan una mayor diversificaci\u00f3n de sus mercados criminales y una mayor integraci\u00f3n vertical en mercados legales en apoyo a su actividad delictiva.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    En este contexto, una de las consecuencias esenciales de este estudio es que un poder judicial m\u00e1s eficiente que asegure el derecho de acceso a la justicia a los segmentos de poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerables, en combinaci\u00f3n con un m\u00e1s eficaz decomiso judicial de activos ilegales vinculados a la corrupci\u00f3n en el \u00e1mbito de las campa\u00f1as electorales y de la contrataci\u00f3n p\u00fablica representar\u00e1n no solo un modo de fortalecer la eficiencia del castigo judicial y la prevenci\u00f3n de las actividades criminales, sino tambi\u00e9n representar\u00e1 una pol\u00edtica para evitar que aparezcan burbujas de protecci\u00f3n social y pol\u00edtica en dentro de las cuales medra la delincuencia organizada.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Parece natural asociar el poder oficial con las capacidades de resoluci\u00f3n de controversias, pero a trav\u00e9s de la historia escrita podemos comprobar la existencia de m\u00faltiples mecanismos formales e informales de resoluci\u00f3n de disputas que han coexistido en las m\u00e1s diversas sociedades.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Investigaciones emp\u00edricas previas de Buscaglia (2001b) examinaron las ventajas comparativas de mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias sobre la tierra en diecis\u00e9is pa\u00edses. Las controversias sobre la tierra entre hogares campesinos de bajo poder adquisitivo se refer\u00edan a la tenencia de peque\u00f1as parcelas de tierra. La mayor\u00eda de estos hogares carec\u00edan de acceso a los servicios p\u00fablicos en general, y a los servicios judiciales en particular (Buscaglia, 2001b). Aun as\u00ed, en encuestas llevadas a cabo entre ellos, se vio que la mayor\u00eda afirmaba que cuando se enfrentaban a conflictos relacionados con la propiedad vinculados a deudas o herencias, buscaban mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias mediante organismos comunales o incluso a trav\u00e9s de miembros de la administraci\u00f3n, como alcaldes o gobernadores, fuera del sistema judicial. Este estudio emp\u00edrico se refer\u00eda a hogares rurales en regiones en las que hab\u00eda actores armados no estatales que ofrec\u00edan MARC, y se bas\u00f3 en dos instrumentos de encuesta dirigidas a evaluar las dimensiones jur\u00eddicas y econ\u00f3micas del desarrollo social vinculado a la resoluci\u00f3n de conflictos (Buscaglia, 2001b; Buscaglia y Stephan, 2005). La primera encuesta med\u00eda la frecuencia en la que los n\u00facleos familiares buscaban servicios judiciales y MARC a lo largo del tiempo. Los mecanismos m\u00e1s comunes en nuestra muestra de diecis\u00e9is pa\u00edses fueron la mediaci\u00f3n, el arbitraje, las juntas de examen de controversias o alguna combinaci\u00f3n de las tres. En cada uno de los pa\u00edses, las muestras dentro de las jurisdicciones rurales seleccionadas fueron estratificadas sobre la base de factores socioecon\u00f3micos (nivel de ingresos, patrones de actividad comercial y econ\u00f3mica, distribuci\u00f3n de edad y composici\u00f3n de g\u00e9nero)[8]<\/sup><\/a>. Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, los hogares rurales de nueve pa\u00edses ten\u00edan t\u00edtulos formales o informales de peque\u00f1as parcelas de menos de cinco hect\u00e1reas. En los restantes siete pa\u00edses, los peque\u00f1os propietarios pose\u00edan t\u00edtulos de menos de nueve hect\u00e1reas. Las variables de gobernanza inclu\u00edan percepciones locales de transparencia procesal, efectividad de los mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias, calidad de las decisiones alcanzadas tanto por los tribunales como los mecanismos informales, niveles de corrupci\u00f3n, calidad de las ejecuciones de las resoluciones y rendici\u00f3n de cuentas de los responsables de dictar dichas resoluciones.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Un estudio emp\u00edrico comparativo internacional posterior de Buscaglia (2015) tambi\u00e9n resume nuestra descripci\u00f3n del desempe\u00f1o judicial dentro de las jurisdicciones rurales entre 2003 y 2011. El presente estudio emp\u00edrico busca corroborar las conclusiones de Buscaglia (2015), pero ahora aplicado a la delincuencia organizada con casos de corrupci\u00f3n pol\u00edtica en los sistemas judiciales de veinte pa\u00edses y el acceso a la justicia en esos casos. En este marco, Buscaglia (2015) y las conclusiones de este estudio jurim\u00e9trico de 2017 vuelven a confirmar que Botsuana, Chile, Colombia y Uruguay han experimentado mejoras en el desempe\u00f1o judicial, en el \u00e1mbito del decomiso de activos vinculados a la delincuencia organizada y a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica. Adem\u00e1s, tras un intervalo de dos a\u00f1os, estos cuatro pa\u00edses han experimento una mayor demanda de servicios judiciales y una disminuci\u00f3n de la demanda de mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias ofrecidos por redes delictivas armadas no estatales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    En resumen, nuestras dos encuestas que documentan las experiencias de resoluci\u00f3n de controversias sobre la tierra de hogares (por usuarios de tribunales y por usuarios de MARC) explicadas y analizadas previamente en la literatura (Buscaglia, 2001a; Buscaglia y Stephan, 2005) han mostrado de manera consistente que:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \r\n
    1. Los hogares rurales dentro del 20% de menor patrimonio neto dentro de cada pa\u00eds buscan resolver sus disputas sobre la tierra mediante mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias, y que estos fueron percibidos como m\u00e1s leg\u00edtimos, menos corruptos, menos complejos y m\u00e1s eficientes que los mecanismos formales judiciales;<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
    2. Los acuerdos de resoluci\u00f3n de controversias que emplean mecanismos judiciales formales disminuyeron el valor de la propiedad de los hogares rurales, mientras que los hogares rurales que buscaban MARC experimentaron un incremento del valor neto de sus propiedades tras la aplicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n; y<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
    3. Los pa\u00edses con una disponibilidad m\u00e1s amplia de opciones de resoluci\u00f3n de controversias sobre la tierra tanto judiciales como alternativas (formales e informales) son tambi\u00e9n los pa\u00edses donde el acceso a estos mecanismos se ofrece a un coste menor como porcentaje del valor de la propiedad en cuesti\u00f3n (es decir, el coste directo de acceso como porcentaje del valor del terreno). Esto es un indicador del acceso a la justicia como derecho humano o, dicho de otro modo, un an\u00e1lisis econ\u00f3mico del derecho humano al acceso a mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias<\/em>. El Gr\u00e1fico infra<\/em> trata estas conclusiones emp\u00edricas dando evidencias al respecto en diecis\u00e9is pa\u00edses. Cada punto del gr\u00e1fico indica la posici\u00f3n de un pa\u00eds en t\u00e9rminos de n\u00famero de MARC disponibles y en t\u00e9rminos del coste de acceso relativo al valor de la tierra en el eje horizontal. El Gr\u00e1fico muestra una relaci\u00f3n inversa entre el n\u00famero y la diversidad de los mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias en cada pa\u00eds medidos en el eje vertical mediante un \u00edndice del n\u00famero de mecanismos formales judiciales y MARC disponibles en regiones donde operan grupos de delincuencia organizada. El coste total del acceso a medios de resoluci\u00f3n de controversias como proporci\u00f3n del valor de las propiedades objeto de controversias es medido en el eje horizontal. El Gr\u00e1fico muestra una relaci\u00f3n inversa entre las dos variables, con lo cual un pa\u00eds con mayor variedad de mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias conlleva menores costes de acceso a esos mecanismos. Este an\u00e1lisis jur\u00eddico y econ\u00f3mico del derecho humano al acceso a los mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias atestigua la importancia de reducir los costes de acceso, a trav\u00e9s de un conjunto m\u00e1s diverso de formas alternativas de resoluci\u00f3n de controversias para los segmentos m\u00e1s marginados de la poblaci\u00f3n.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Como vimos, los canales informales de resoluci\u00f3n de controversias pueden ser mecanismos comunitarios o tribales o pueden ser suministrados por redes delictivas e insurgentes armados. Por ejemplo, en Botsuana y en Colombia, las disputas sobre la propiedad de la tierra entre peque\u00f1os granjeros est\u00e1n vinculados en general a cuestiones relativas a deudas y herencias (Wojkowska, 2006). Los organismos informales tribales, rurales o de vecindad se componen normalmente de entre dos y siete miembros (dependiendo del pa\u00eds estudiado) y en la mayor\u00eda de los casos (si bien no en todos) disfrutan de una legitimidad derivada de su liderazgo comunitario o espiritual, o de su prestigio social como \u201cproveedores\u201d de \u201cbienes sociales\u201d pol\u00edticos, sociales, de salud p\u00fablica, tal como procesos de decisi\u00f3n social, escuelas religiosas, centros de atenci\u00f3n primaria y protecci\u00f3n social paramilitar. Por ejemplo, las Juntas de Queja o Paneles en Colombia est\u00e1n compuestos de tres \u201cresidentes locales notables\u201d seleccionados por parroquias vecinales que disfrutan de legitimidad social (Buscaglia, 2001b). Aunque las decisiones de la Junta no son jur\u00eddicamente vinculantes, reciben el apoyo t\u00e1cito de las autoridades municipales. En los gobiernos municipales de tres regiones colombianas, los registros oficiales de la propiedad sol\u00edan referirse a las resoluciones de las Juntas para fundamentar sus resoluciones (Buscaglia y Stephan, 2005). Las decisiones de la Junta no se recurr\u00edan y su aplicaci\u00f3n sol\u00eda quedar asegurada por mecanismos sociales informales de control. Dentro de los pa\u00edses que muestran resoluciones de controversias por parte de actores no estatales basados en MARC, los estudios previos detectaron que un deterioro de la actuaci\u00f3n judicial en la resoluci\u00f3n de controversias sobre la tierra (grandes cargas de trabajo, mayores dilaciones y mayor frecuencia de abusos sustantivos por arbitrariedad judicial) ven\u00eda acompa\u00f1ado con una mayor demanda social por los MARC en poblaciones rurales. Por ejemplo, en Congo y Mozambique, los juzgados civiles fueron los que peor se desempe\u00f1aban en casos vinculados a litigios sobre la tierra (Buscaglia y Stephan, 2005) y esto estuvo asociado con un incremento de hogares rurales que buscaban mecanismos de resoluci\u00f3n informales suministrados por organizaciones armadas no estatales (por ej., Mai Mai <\/em>en Congo) o MARC proporcionados por shirgas <\/em>en Pakistan.<\/em> En Argentina, Ben\u00edn, Bolivia, Honduras, Guatemala, M\u00e9xico, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Per\u00fa, y Venezuela se detectaron patrones similares de deterioro de la actuaci\u00f3n judicial (de acuerdo a la Tabla 1 supra<\/em>) y una mayor demanda de MARC informales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \"\"<\/a><\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

      El suministro de MARC como apoyo a la integraci\u00f3n vertical de las redes delictivas y la corrupci\u00f3n pol\u00edtica<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Hay una premisa fundamental en el derecho y la econom\u00eda de la delincuencia organizada[9]<\/sup><\/a>. Buscaglia (2015); y es que las redes delictivas transnacionales dedicadas a cometer una diversidad creciente de tipos de delitos econ\u00f3micos complejos de manera estable y continuada siempre buscan monopolizar mercados mediante las integraciones horizontal y vertical tanto en mercados ilegales como legales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Las integraciones vertical y horizontal dentro de mercados legales e ilegales son el objetivo natural de cualquier red delictiva organizada que pretenda estabilizar y predecir sus cadenas de suministros de insumos de producci\u00f3n claves provenientes de mercados legales, en un contexto de competencia con otras redes delictivas violentas. En este escenario, las integraciones vertical y horizontal siempre est\u00e1n orientadas a reducir la incertidumbre comercial y el comportamiento oportunista en la cadena de suministros (Williamson, 1981; Grossman y Hart, 1986), para producir bienes (por ej., fentanilo) o servicios (como trabajo esclavo mediante el tr\u00e1fico de personas). Adem\u00e1s, la diversificaci\u00f3n de mercados ilegales junto a las integraciones horizontal y vertical en mercados legales e ilegales ampl\u00eda la escala de los bienes y servicios legales e ilegales producidos, a la par de que se reduce el riesgo de poner \u201ctodos los huevos en la misma cesta\u201d, por si acaso un aumento de los decomisos judiciales o de la competencia de otras redes criminales adversarias amenazasen sus operaciones, o en caso de que el desarrollo del mercado haga inviable econ\u00f3micamente uno o m\u00e1s de sus bienes y servicios. Asimismo, mejorar la integraci\u00f3n vertical y horizontal permite a las redes de delincuencia organizada reducir sus costes operativos hacia futuro derivados del lavado de dinero a trav\u00e9s de sus propios negocios legales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Con todo, las integraciones horizontal y vertical de las organizaciones delictivas tambi\u00e9n abarcan un control parcial de los mercados de trabajo para proveer de los servicios requeridos a las mencionadas cadenas de suministros, lo que a su vez requiere de una cierta cantidad de control social regional por parte de esas mismas organizaciones delictivas transnacionales para obtener ese suministro de mano de obra voluntaria. Tal control social ejercido por grupos criminales organizados transnacionales se produce de muchas maneras. Por ejemplo, en la entidad federativa mexicana de Michoac\u00e1n hay dos redes delictivas, conocidas como \u201cFamilia Michoacana\u201d y \u201cCaballeros Templarios\u201d, que disfrutan virtualmente de un monopolio regional en el suministro de drogas sint\u00e9ticas, junto a una integraci\u00f3n horizontal de sus operaciones (es decir, conducta monop\u00f3lica) en el suministro de doce bienes y servicios finales en mercados delictivos y al menos cinco sectores econ\u00f3micos legales (v. gr.<\/em>, producci\u00f3n de aguacate, transportes, construcci\u00f3n, servicios de medicina preventiva, venta al por menor de comida y hospedaje en el sector tur\u00edstico)[10]<\/sup><\/a>. En este contexto, Buscaglia (2013) describe visitas in situ<\/em> sobre el terreno a la regi\u00f3n de Michoac\u00e1n donde estos dos grupos delictivos proporcionan \u201cbienes sociales\u201d en sus \u00e1reas de control (por ej., Mil Cumbres<\/em>) tal como infraestructuras de riego para la producci\u00f3n de avocados, infraestructuras de alcantarillado, construcci\u00f3n de escuelas e incluso iglesias, junto al suministro de mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias para la poblaci\u00f3n general en las regiones bajo su control. A cambio, ambas redes delictivas obtienen una fuente fiable de mano de obra y tierras para satisfacer sus necesidades en los mercados legal e ilegal.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Esta clase de integraci\u00f3n vertical y horizontal, como se ha explicado, tiene lugar en el contexto de muchos tipos de \u201cvac\u00edos de Estado\u201d en el suministro de bienes y servicios p\u00fablicos (por ej., agua, infraestructura edilicia en el sector educativo, medicina preventiva y justicia), tal como fue documentado por Buscaglia (2013). En otras palabras, la falta de acceso p\u00fablico a servicios judiciales por parte de segmentos de las poblaciones rurales econ\u00f3micamente m\u00e1s vulnerables, junto a la incapacidad de hacer cumplir leyes sobre decomiso de activos de origen il\u00edcito vinculados a los m\u00e1s diversos tipos de delitos econ\u00f3micos, tal como la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, han permitido a las redes delictivas expandir verticalmente sus infraestructuras comerciales, a la vez que proporcionan mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias a la poblaci\u00f3n, como forma de control social, para obtener mano de obra y propiedades por parte de las poblaciones \u201ccautivas\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Para demostrar las relaciones arriba descriptas entre disfunci\u00f3n judicial en resolver conflictos sobre tierras y en decomisar activos patrimoniales criminales asociados a una integraci\u00f3n econ\u00f3mica vertical en la econom\u00eda legal, en la columna 1 de la Tabla 2 se identifican a veinte pa\u00edses. Fueron escogidos con base en la existencia de regiones en las que las redes de delincuencia organizada proporcionan \u201cbienes sociales\u201d (como los MARC suministrados por la \u201cFamilia Michoacana\u201d en Mil Cumbres, Michoac\u00e1n, M\u00e9xico). Diecinueve de estos pa\u00edses coinciden con los cubiertos por la Tabla 1, donde se mide eficiencia judicial en el procesamiento de causas por delincuencia organizada vinculadas a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica (con las excepciones de Uganda, que aparece solo en la Tabla 1, y de Brasil, solo en la Tabla 2). Basado en el an\u00e1lisis precedente, la serie temporal de la Tabla 2 cubre el periodo 2004-2015. En la columna 4 de la Tabla 2 se mide el n\u00famero de mercados il\u00edcitos operados por una red delictiva transnacional espec\u00edfica en dos momentos temporales: 2004 y 2015 (por ej., a una red delictiva que trafica \u00fanicamente con drogas, seres humanos y armas se le asignar\u00e1 un indicador igual a \u201c3\u201d). La columna 2 de la Tabla 2 tambi\u00e9n mide en dos momentos, 2004 y 2015, los porcentajes anuales de hogares que han experimentado controversias relacionadas con la tierra y han recurrido a MARC suministrados por organismos tradicionales o por redes delictivas[11]<\/sup><\/a>. La columna 3 identifica a cada red delictiva transnacional que suministra MARC y la columna 5 mide la escala de integraci\u00f3n econ\u00f3mica vertical (de 1 a 6) de la cadena de suministros para la producci\u00f3n bienes y servicios legales e ilegales controlados por cada red delictiva en los sectores econ\u00f3micos legales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La hip\u00f3tesis que se desea verificar es la siguiente: la eficiencia de los sistemas judiciales en llevar a cabo decomiso de activos patrimoniales asociados a redes delictivas involucradas en corrupci\u00f3n pol\u00edtica en el marco de la financiaci\u00f3n de campa\u00f1as electorales y de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, medida en la Tabla 1, con un intervalo de dos a\u00f1os, tiene un significativo impacto: 1- en las diferencias de integraci\u00f3n vertical de las empresas criminales transnacionales en el \u00e1mbito legal (medida en la columna 3 de la Tabla 2); 2- en las diferencias en la diversidad de mercados il\u00edcitos cubiertos por las empresas delictivas transnacionales y 3- en las diferencias de frecuencia de oferta\/demanda de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias en regiones donde esas mismas redes delictivas transnacionales proporcionan \u201cbienes sociales\u201d.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La columna 2 de la Tabla 2 mide el porcentaje de nuestras muestras regionales de hogares rurales que demandan MARC de dos fuentes: organismos tradicionales de ancianos y redes delictivas transnacionales armadas que, seg\u00fan los expedientes judiciales que revisamos, tambi\u00e9n estaban acusadas de corrupci\u00f3n pol\u00edtica. Cada uno de estos grupos criminales organizados se identifica en la columna 3. Los porcentajes de los hogares en la muestra que solicitan MARC son medidos en dos puntos temporales, 2004 y 2015, en cada regi\u00f3n donde las redes delictivas proporcionan \u201cbienes sociales\u201d (como agua, medicina preventiva, infraestructuras o resoluci\u00f3n de controversias). Por ejemplo, en la frontera de Albania con Kosovo, durante 2004, concluimos que el 4% de nuestra muestra solicitaba MARC de organismos informales tradicionales, mientras que esa proporci\u00f3n ascendi\u00f3 al 8% en 2015. En estos dos momentos y dentro de la misma regi\u00f3n albanesa, el 2% de nuestra muestra de hogares rurales solicit\u00f3 MARC de la red criminal Kula<\/em> en 2004, mientras que esa proporci\u00f3n ascendi\u00f3 al 5% en 2015. Cabe recordar que durante ese mismo periodo la Tabla 1 muestra un fuerte deterioro del desempe\u00f1o judicial en la misma regi\u00f3n albanesa, con una ca\u00edda del 24% en tasas de resoluci\u00f3n de causas (es decir, agudos incrementos en los retrasos) junto a un aumento del 55% de errores judiciales durante el procesamiento judicial para el decomiso de activos contra la red delictiva de los Abazi y Bori\u00e7i<\/em>. Adem\u00e1s, la columna 4 de la Tabla 2 muestra que la red de los Abazi y Bori\u00e7i<\/em> estaba involucrada en doce formas de delincuencia organizada en 2004, y en veintiun tipos de delincuencia organizada en 2015, incluyendo la financiaci\u00f3n ilegal de campa\u00f1as pol\u00edticas y el lavado de dinero mediante contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La quinta columna indica el grado de integraci\u00f3n vertical de cada red delictiva en cada pa\u00eds. El indicador de integraci\u00f3n vertical mide seis niveles de controles de la cadena de suministros para la producci\u00f3n de un bien o servicio ilegal, donde \u201c1\u201d indica el control legal de un negocio de distribuci\u00f3n por parte de la red ilegal; \u201c2\u201d se refiere al control legal por la red delictiva de la distribuci\u00f3n y la venta al por mayor; \u201c3\u201d indica el control econ\u00f3mico por la red de la distribuci\u00f3n, la venta al por mayor y las infraestructuras de transporte legales; \u201c4\u201d hace referencia al control legal de la distribuci\u00f3n, la venta al por mayor, el transporte y la producci\u00f3n del bien o servicio ilegal; \u201c5\u201d indica el control legal de la distribuci\u00f3n, la venta al por mayor, el transporte, la producci\u00f3n y los insumos (como hoja de coca); y \u201c6\u201d se refiere al control legal por la red delictiva de la distribuci\u00f3n, la venta al por mayor, el transporte, la producci\u00f3n, los insumos y las infraestructuras de venta minorista. Al aplicar esta escala de 1-6 de integraci\u00f3n vertical a las redes delictivas albanesas de los Abazi y Bori\u00e7i\/Kula<\/em>, vemos en la columna 5 de la Tabla 2 que su integraci\u00f3n vertical dentro de la econom\u00eda legal de Albania y Kosovo se expandi\u00f3 desde el control \u201clegal\u201d de la distribuci\u00f3n y la cadena de suministros al por mayor en 2004 al control \u201clegal\u201d de la distribuci\u00f3n, la venta al por mayor, el transporte, la producci\u00f3n, los insumos y las infraestructuras de venta minorista en 2015. En otras palabras, un incremento en la escala de la red delictiva de los Kula<\/em> refleja el fracaso de las autoridades judiciales en decomisar los activos ilegales vinculados al financiamiento de campa\u00f1as ilegales y a contrataciones p\u00fablicas lo cual refleja la falla de Estado en controlar la expansi\u00f3n econ\u00f3mica de la red de crimen organizado en Albania en la esfera legal. Por lo tanto, la Tabla 2 muestra el impacto hipot\u00e9tico de la mejora o empeoramiento de la actuaci\u00f3n judicial en el decomiso de activos \u2014vinculados a la delincuencia econ\u00f3mica y a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica\u2014 en la disminuci\u00f3n o aumento de la diversificaci\u00f3n de las actividades de la delincuencia organizada, en el suministro de MARC y en la reducci\u00f3n o expansi\u00f3n de la integraci\u00f3n vertical de redes criminales espec\u00edficas dentro del \u00e1mbito legal, facilitando tambi\u00e9n el lavado de dinero.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La Tabla 2 muestra tambi\u00e9n que Chile, Colombia y Uruguay experimentaron menos demanda de MARC provistas por redes delictivas transnacionales en 2015 en comparaci\u00f3n con 2004, menos diversidad de bienes y servicios ilegales y una integraci\u00f3n vertical menor en 2015 en comparaci\u00f3n a 2004. Dicho de otro modo, Chile, Colombia y Uruguay est\u00e1n controlando la expansi\u00f3n transnacional de las redes delictivas regionales estudiadas en los \u00e1mbitos pol\u00edtico y de la integraci\u00f3n econ\u00f3mica vertical legal, y est\u00e1n controlando asimismo la expansi\u00f3n en la diversidad de delitos econ\u00f3micos y reduciendo el suministro de MARC por parte de estas mismas redes.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      TABLA 2<\/h5>\r\n\r\n\r\n\r\n
      \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
      Pa\u00eds<\/strong><\/td>\r\nPorcentaje de muestras de hogares rurales con controversias sometidas a MARC proporcionados por grupos armados vs. no armados<\/strong><\/td>\r\nDenominaci\u00f3n de las redes delictivas transnacionales dedicadas a hasta 23 tipos de delitos econ\u00f3micos complejos<\/strong><\/td>\r\n\u00c1mbito (n\u00famero) de las actividades ilegales de las redes delictivas en
      2004 y en 2015<\/strong><\/td>\r\n      		Integraci\u00f3n vertical de operaciones de empresas legales vinculadas a las actividades delictivas
      2004 y 2015<\/strong><\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      MARC tradicional
      2004 y 2015<\/strong><\/td>\r\n      		MARC proporcionados por redes armadas delictivas no estatales<\/strong> 2004 y 2015<\/strong><\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Albania<\/td>\r\n4\/8<\/td>\r\n2\/5<\/td>\r\nRed delictiva de los Kula, que controla el tr\u00e1fico de drogas, armas y personas desde Turk\u00eda, familia de los Abazi y Bori\u00e7i (Buscaglia, 2015).<\/td>\r\ntipos 12\/21<\/td>\r\n2\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Argentina<\/td>\r\n3\/5<\/td>\r\n1\/2<\/td>\r\nFamilias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay m\u00e1s Uruguay (Hudson, 2003).<\/td>\r\ntipos 8\/18<\/td>\r\n4\/5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Ben\u00edn<\/td>\r\n48\/51<\/td>\r\n7\/11<\/td>\r\nGrupo Kakudu, que opera en Ben\u00edn. Togo, Nigeria y Sud\u00e1frica (United Nations Office on Drugs and Crime, 2005)<\/td>\r\ntipos 11\/20<\/td>\r\n5\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Bolivia<\/td>\r\n39\/41<\/td>\r\n7\/8<\/td>\r\nLa Corporaci\u00f3n (Farer, 1999).<\/td>\r\ntipos 6\/11<\/td>\r\n5\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Botsuana<\/td>\r\n53\/37<\/td>\r\n4\/1<\/td>\r\nRed Okavango Delta que cubre el tr\u00e1fico de gemas, seres humanos y drogas en Angola y Botsuana (Buscaglia 2015)<\/td>\r\ntipos 8\/3<\/td>\r\n3\/1<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Brasil<\/td>\r\n38\/21<\/td>\r\n2\/1<\/td>\r\nGrupos PCC y CV que proporcionan MARC a las favelas de S\u00e3o Paulo y R\u00edo (Jorge Birol y Dal Ri, 2011). Familias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay m\u00e1s Uruguay (Hudson, 2003).<\/td>\r\ntipos 6\/10<\/td>\r\n3\/5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Chile<\/td>\r\n19\/9<\/td>\r\n2\/0<\/td>\r\nFamilias Sung I y Ming (Buscaglia, 2015)<\/td>\r\ntipos 3\/2<\/td>\r\n2\/1<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Colombia<\/td>\r\n21\/6<\/td>\r\n17\/4<\/td>\r\nDiego Montoya y Wilber Varela \u2013 Organizaci\u00f3n Norte del Valle (Buscaglia, 2015)<\/td>\r\ntipos 11\/5<\/td>\r\n5\/2<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Congo<\/td>\r\n87\/96<\/td>\r\n87\/96<\/td>\r\nOrganizaci\u00f3n Mai Mai (Mayi-Mayi) en Kivus (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2010).<\/td>\r\ntipos 11\/19<\/td>\r\n3\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Guatemala<\/td>\r\n49\/56<\/td>\r\n25\/38<\/td>\r\nRed delictiva de Sinaola (Buscaglia, 2013 y 2015)<\/td>\r\ntipos 13\/21<\/td>\r\n4\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Honduras<\/td>\r\n24\/38<\/td>\r\n11\/16<\/td>\r\nRed delictiva de Sinaola \u00a0(Buscaglia, 2013 y 2015)<\/td>\r\ntipos 10\/19<\/td>\r\n3\/5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Indonesia<\/td>\r\n12\/13<\/td>\r\n4\/3<\/td>\r\nMovimiento Aceh Libre (GAM) (Wahyono, 2010).<\/td>\r\ntipos 4\/12<\/td>\r\n2\/5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Mozambique<\/td>\r\n77\/89<\/td>\r\n8\/21<\/td>\r\nGrupo Kakudu group que opera en Ben\u00edn, Togo, Nigeria y Sud\u00e1frica (Buscaglia, 2015).<\/td>\r\ntipos 6\/13<\/td>\r\n3\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      M\u00e9xico<\/td>\r\n12\/29<\/td>\r\n18\/39<\/td>\r\nRed delictiva de Sinaola \u00a0(Buscaglia, 2013 y 2015)<\/td>\r\ntipos 18\/23<\/td>\r\n2\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Nigeria<\/td>\r\n62\/67<\/td>\r\n6\/8<\/td>\r\nGrupo Kakudu group que opera en Ben\u00edn, Togo, Nigeria y Sud\u00e1frica (United Nations Office on Drugs and Crime, 2005)<\/td>\r\ntipos 11\/22<\/td>\r\n4\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Paraguay<\/td>\r\n45\/49<\/td>\r\n26\/29<\/td>\r\nFamilias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay m\u00e1s Uruguay (Hudson, 2003).<\/td>\r\ntipos 15\/19<\/td>\r\n3\/5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Per\u00fa<\/td>\r\n31\/37<\/td>\r\n2\/6<\/td>\r\nOrganizaci\u00f3n Zevallos vinculada a Sendero Luminoso. (Buscaglia, 2015)<\/td>\r\ntipos 10\/18<\/td>\r\n2\/4<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Sud\u00e1frica<\/td>\r\n45\/32<\/td>\r\n1\/3<\/td>\r\nGrupo Kakudu group que opera en Ben\u00edn, Togo, Nigeria y Sud\u00e1frica (Buscaglia, 2015).<\/td>\r\ntipos 5\/14<\/td>\r\n2\/4<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Uruguay<\/td>\r\n23\/12<\/td>\r\n0\/0<\/td>\r\nFamilias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay m\u00e1s Uruguay (Hudson, 2003).<\/td>\r\ntipos 7\/5<\/td>\r\n3\/2<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Venezuela<\/td>\r\n17\/48<\/td>\r\n2\/9<\/td>\r\nDiego Montoya y Wilber Varela \u2013 Organizaci\u00f3n Norte del Valle. Red delictiva de Sinaola (Buscaglia, 2013 y 2015)<\/td>\r\ntipos 8\/22<\/td>\r\n4\/6<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/figure>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Ahora vamos a poner a prueba la hip\u00f3tesis explicada supra<\/em> para determinar si las mejoras judiciales en los procesamientos judiciales por decomiso de activos vinculados al procesamiento de la delincuencia organizada por corrupci\u00f3n pol\u00edtica en el financiamiento de campa\u00f1as electorales y contrataci\u00f3n p\u00fablica medidas en Chile, Colombia y Uruguay entre 2004 y 2015 vienen despu\u00e9s acompa\u00f1ados por una menor diversidad de los mercados ilegales y una menor capacidad de esas mismas redes delictivas para integrarse verticalmente de estas mismas redes criminales decomisadas. En la columna 2, vemos que Botsuana, Chile, Colombia y Uruguay experimentan descensos en la frecuencia de los MARC proporcionados por organismos tradicionales informales y por grupos armados (como las FARC en Colombia). Espec\u00edficamente, vemos que, en 2004, el 21% de los hogares muestreados en dos regiones de Colombia buscaron asistencia de grupos tradicionales no armados (juntas comunitarias) en controversias sobre la tierra, pero solo el 6% de los hogares estudiados obtuvieron servicios de resoluci\u00f3n de controversias de organismos tradicionales informales en 2015. El papel de los grupos armados como fuente de MARC en esas dos mismas regiones colombianas tambi\u00e9n ha ca\u00eddo del 17% de nuestra muestra en 2004 al 4% en 2015. La misma disminuci\u00f3n en la frecuencia de MARC se observa en la columna 2 para Botsuana, Chile y Uruguay. El efecto opuesto tiene lugar en aquellos pa\u00edses en los que el sistema judicial experimenta el mayor deterioro en su desempe\u00f1o. Congo, M\u00e9xico y Guatemala presentan la peor actuaci\u00f3n judicial de la muestra de veinte pa\u00edses en Buscaglia y Stephan (2005) y Buscaglia (2015). Mientras en el Congo los porcentajes de las muestras de los hogares estudiados que recibieron MARC de grupos armados se increment\u00f3 de un 87% en 2004 al 96% en 2011, en Guatemala el incremento fue del 25% en 2004 al 38% en 2015, y en M\u00e9xico del 18% al 39% en el mismo periodo.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      De acuerdo con nuestra hip\u00f3tesis de costes operativos ya explicada, las jurisdicciones con peor desempe\u00f1o en su justicia civil y penal experimentaron mayor crecimiento en la frecuencia de la demanda y oferta de MARC suministrados por grupos de delincuencia organizada. Nuestra hip\u00f3tesis tambi\u00e9n sostiene que las redes delictivas que expanden el suministro de MARC estar\u00edan asociadas a importantes incrementos en la diversificaci\u00f3n de sus delitos econ\u00f3micos entre 2004 y 2015. De hecho, los expedientes judiciales revisados por nuestros equipos muestran que la red delictiva del Congo aument\u00f3 su diversificaci\u00f3n de 11 a 19 tipos de delitos econ\u00f3micos; la red guatemalteca aument\u00f3 de 13 tipos en 2004 a 21 tipos en 2015; y las redes mexicanas estudiadas incrementaron su diversidad de mercados il\u00edcitos de 18 bienes y servicios en 2004 a 23 tipos de delitos en 2015. Como predice el marco te\u00f3rico de Williamson (1981), estos mismos pa\u00edses experimentaron el mayor incremento en la integraci\u00f3n vertical de las redes delictivas dentro de los \u00e1mbitos legales de sus econom\u00edas[12]<\/sup><\/a>. Espec\u00edficamente, se identific\u00f3 a trav\u00e9s de investigaciones judiciales que la red delictiva del Congo operaba legalmente en cinco pa\u00edses africanos, cubriendo tres etapas de su cadena de producci\u00f3n y distribuci\u00f3n en 2004, mientras que la misma red operaba empresas legales en siete pa\u00edses africanos cubriendo seis etapas de integraci\u00f3n vertical en 2015. Los casos judiciales estudiados en Guatemala y M\u00e9xico muestran que en ambos pa\u00edses las redes delictivas incrementaron su \u00e1mbito de integraci\u00f3n vertical en sus econom\u00edas legales al nivel m\u00e1ximo de \u201c6\u201d etapas de las cadenas de suministro, controlando as\u00ed la producci\u00f3n de insumos, la producci\u00f3n de bienes y servicios finales, la infraestructura de transportes, las redes de distribuci\u00f3n y la venta mayorista y minorista.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Se aprecia en el Gr\u00e1fico precedente que la erosi\u00f3n de las instituciones judiciales y el incremento en la demanda de MARC para resolver controversias tender\u00e1 a reducir los costes medios de acceso como proporci\u00f3n del valor en juego en las controversias solo si hay un incremento del n\u00famero y alcance de los MARC disponibles. Sin embargo, como hemos explicado, las encuestas de hogares en Buscaglia (2001) y en Buscaglia y Stephan (2005) muestran que no todos los mecanismos informales de resoluci\u00f3n de controversias son similares. Tales mecanismos suministrados por grupos armados de delincuencia organizada en Afganist\u00e1n (como las redes de los Noorzai<\/em> y Juma Khan<\/em>) o en Congo (Mai-Mai<\/em> en las regiones orientales de Kivu del Norte y del Sur) que no ofrecen la posibilidad de que sus decisiones sean validadas por las autoridades, a nivel municipal o judicial, carecen de ventajas comparativas sobre aquellos suministrados por mecanismos tradicionales como los Jirgas <\/em>y Shuras<\/em> en Afganist\u00e1n y Paquist\u00e1n o las jutas parroquiales en Colombia.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Gran parte del marco te\u00f3rico fundacional sobre empresas delictivas que usamos aqu\u00ed se encuentra en Schelling (1971) y su ampliaci\u00f3n reflejada por Gambetta (1993) se enfocan en el an\u00e1lisis de la base social de las organizaciones delictivas como estructuras alternativas de gobernanza p\u00fablica que emergen en contextos de actores estatales d\u00e9biles o ausentes o en distintos tipos de debilidad institucional. Dentro de esos marcos, una de las premisas en el an\u00e1lisis de los veinte pa\u00edses cubiertos aqu\u00ed es que los mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias (MARC) son un canal adicional para que las asociaciones criminales controlen el tejido social para obtener insumos econ\u00f3micos para su producci\u00f3n de bienes y servicios ilegales (por ej., tierra y mano de obra) a cambio de protecci\u00f3n social. Buscaglia (2015) muestra que cuanto m\u00e1s las asociaciones delictivas diversifiquen sus actividades econ\u00f3micas m\u00e1s all\u00e1 del tr\u00e1fico de drogas hacia el tr\u00e1fico de armas, personas, juego, ciber-delincuencia, falsificaciones y diversos contrabandos, m\u00e1s necesita recabar mano de obra y capital de sus alrededores a cambio de suministrar servicios sociales (como los MARC) con una penetraci\u00f3n m\u00e1s profunda en el tejido social, para minimizar los costes operativos de la organizaci\u00f3n delictiva, como predijo Williamson (2007). En este contexto, la Tabla 2 muestra que todos los grupos delictivos transnacionales que aparecen en ella est\u00e1n diversificados en el alcance de sus actividades econ\u00f3micas, y que, a mayor diversificaci\u00f3n de mercados ilegales, mayor inmersi\u00f3n en el tejido social de las comunidades a trav\u00e9s de una creciente frecuencia en el suministro de MARC. En zonas donde las asociaciones criminales poseen una mayor diversificaci\u00f3n de sus empresas en mercados legales e ilegales, estas buscar\u00e1n tambi\u00e9n un apoyo log\u00edstico y humano mayor para dar apoyo a sus operaciones. Esta captura creciente del tejido social conlleva un suministro m\u00e1s frecuente de bienes y servicios \u201csociales\u201d, como resoluci\u00f3n de controversias, confirmando pues el efecto predicho por el an\u00e1lisis econ\u00f3mico en las teor\u00edas de acceso-a-la-justicia de Buscaglia (19994, 2001b) y m\u00e1s tarde de Milhaupt y West (2000).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Sobre la base de los datos jurim\u00e9tricos de las Tablas 1 y 2, en Buscaglia (2015), Buscaglia (2016) y Buscaglia (2021) se ha puesto a prueba esta hip\u00f3tesis utilizando una regresi\u00f3n no param\u00e9trica multiplicativa (NPMR, por sus siglas en ingl\u00e9s)[13]<\/sup><\/a>. La hip\u00f3tesis verificada sostiene que una disminuci\u00f3n<\/em> en la eficiencia de los indicadores judiciales en 20 pa\u00edses con muestras estratificadas de casos judiciales sobre decomiso de activos de redes delictivas organizadas implicadas en dos tipos de corrupci\u00f3n pol\u00edtica (financiaci\u00f3n il\u00edcita de campa\u00f1as pol\u00edticas y contrataci\u00f3n p\u00fablica), con un intervalo de cinco a\u00f1os, NO est\u00e1n vinculados con 1- incrementos<\/em> significativos en la integraci\u00f3n vertical de las empresas delictivas; 2- incrementos <\/em>significativos en la diversidad de las actividades delictivas; 3- incrementos <\/em>significativos en la frecuencia del suministro de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de la controversia por esas mismas redes.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      TABLA 3
      Rechazar la hip\u00f3tesis si el estad\u00edstico de contraste \u2265 al valor cr\u00edtico a \u03b1 = 5%<\/h5>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Integraci\u00f3n vertical\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Diversidad de Mercados\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 MARC<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      (Suma de rangos)2\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/sup>319251\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 71481\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 49270<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      N\u00famero de columnas\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 2<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      N\u00famero de filas\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 20<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Estad\u00edstico de contraste \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 10.057.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 12.613\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 9.501<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Todos los estad\u00edsticos de contraste son significativos al nivel del 5%<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      En la tabla 3 supra <\/em>cuya hip\u00f3tesis de trabajo tambi\u00e9n se analiza en Buscaglia 2015 y 2021, se rechaza que la disminuci\u00f3n<\/em><\/strong> en la eficiencia<\/em><\/strong> en los procesamientos judiciales en casos de decomiso de activos ligados a corrupci\u00f3n pol\u00edtica en el financiamiento electoral il\u00edcito y\/o por contrataciones p\u00fablicas il\u00edcitas, con un intervalo de 5 a\u00f1os, no hacen una diferencia significativa aumentando<\/em><\/strong> el poder de mercado y la integraci\u00f3n vertical legal de las empresas delictivas en los sectores econ\u00f3micos legales y por tanto incrementa las capacidades de la red delictiva para producir un rango m\u00e1s amplio de bienes y servicios legales e ilegales. Por ende, la Tabla 3 arriba reproducida verifica que un incremento en la eficiencia de los indicadores judiciales respecto a los casos de decomiso de la Tabla 1 viene acompa\u00f1ado con un descenso en la diversidad de las actividades delictivas de redes criminales transnacionales y con una menor frecuencia en la demanda de mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de controversias provistas por redes organizadas delictivas medida en la Tabla 2.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Consideraciones finales<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Las mejoras en la eficiencia del sistema judicial, que requieren una m\u00e1s efectiva coordinaci\u00f3n interinstitucional entre agencias de inteligencia civi, polic\u00edas civiles. fiscal\u00edas y juzgados, para aplicar decomisos contra redes armadas organizadas que se dedican al tr\u00e1fico de personas, de drogas, de armas, a la financiaci\u00f3n ilegal de campa\u00f1as pol\u00edticas, al lavado de dinero mediante la contrataci\u00f3n p\u00fablica y a muchos otros tipos de delitos graves y econ\u00f3micamente complejos son uno de los principales objetivos de las convenciones de Naciones Unidas ratificadas por m\u00e1s de 170 Estados de todo el orbe y por los veinte pa\u00edses analizados en este estudio.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Asimismo, una mayor eficiencia de este mismo sistema judicial al llevar a cabo esos decomisos contra tales tipos de redes transnacionales organizadas involucradas en casos de corrupci\u00f3n pol\u00edtica en muchos pa\u00edses refuerza, a su vez, el derecho humano a participar en elecciones pol\u00edticas transparentes y libres y fortalece tambi\u00e9n el acceso a la justicia de las v\u00edctimas de la delincuencia organizada con el fin de recibir compensaci\u00f3n por los da\u00f1os civiles y penales sufridos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Hay pa\u00edses como Italia que han actuado y legislado expl\u00edcitamente sobre los derechos de las v\u00edctimas del crimen organizado a beneficiarse directamente y recibir compensaci\u00f3n mediante los procedimientos de decomiso de activos de la delincuencia organizada. Por lo tanto, los indicadores de la eficiencia judicial en el decomiso de activos en manos de la delincuencia organizada es tambi\u00e9n un indicador de la mejora en los derechos humanos a votar de manera limpia sin coacci\u00f3n y a acceder a al sistema judicial. A este respecto, este estudio tiene como objetivo proporcionar un enfoque emp\u00edrico a la medici\u00f3n y evaluaci\u00f3n del ejercicio de estos dos derechos civiles y pol\u00edticos y de otros derechos humanos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Las organizaciones delictivas, como tipo espec\u00edfico de grupos armados no estatales, dependen de su capacidad para dar protecci\u00f3n social mediante el suministro de \u201cbienes sociales\u201d (como MARC) a los segmentos m\u00e1s marginados de la poblaci\u00f3n como quid pro quo <\/em>para garantizarse las cadenas de producci\u00f3n y de distribuci\u00f3n a trav\u00e9s de un flujo creciente y estable de tierras disponibles y mano de obra barata para diversificar sus empresas legales e ilegales.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La \u201cprotecci\u00f3n social\u201d recibida por la delincuencia organizada siempre surge a trav\u00e9s de un intercambio social en donde redes delictivas satisfacen la genuina demanda de la poblaci\u00f3n por bienes sociales dados los \u201cvac\u00edos de Estado\u201d dejados por fallas institucionales ostensibles en el suministro de bienes p\u00fablicos (por ej., agua, seguridad humana b\u00e1sica o servicios judiciales). El an\u00e1lisis jurim\u00e9trico desarrollado supra <\/em>demuestra estos deficit institucionales en el caso de MARC. Adem\u00e1s, la pr\u00e1ctica perversa de capturar tejido social de las comunidades en las que se llevan a cabo los delitos econ\u00f3micos es parte de este proceso. En este quid pro quo<\/em>, hay segmentos de la sociedad sometidos a la protecci\u00f3n de grupos no estatales mediante diversos tipos de mecanismos de resoluci\u00f3n de controversias al modo de la tradici\u00f3n de los sindicatos del crimen ruso estudiados por Farer (1999).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Como las organizaciones delictivas compuestas por actores no estatales generan diferentes tipos de negocios rentables (mediante la violencia f\u00edsica, colectiva o econ\u00f3mica) en asociaci\u00f3n con redes il\u00edcitas de pol\u00edticos, esas misas redes alimentan la existencia de deficiencias regulatorias y vac\u00edos estatales (es decir, Estados que est\u00e1n excesivamente ausentes o que son excesivamente autoritarios en la vida del pueblo, provocando altos costes operativos de las interacciones sociales). Tales clases de debilidades estatales incluyen las deficiencias del sistema judicial, una complejidad procesal extrema, una corrupci\u00f3n rampante, y una falta de acceso a canales de resoluci\u00f3n de controversias. En este tipo de entorno, caracterizado por la inseguridad jur\u00eddica y judicial, la producci\u00f3n y los planes de inversi\u00f3n se muestran dif\u00edciles. Tal incertidumbre vinculada a los derechos de propiedad afecta a todos los segmentos de la poblaci\u00f3n (ricos, clase media y pobres), pero perjudica sobre todo a los segmentos m\u00e1s econ\u00f3micamente desprovistos de la poblaci\u00f3n. Llevar a cabo pol\u00edticas judiciales que corrigiesen estas debilidades regulatorias privar\u00eda de ox\u00edgeno social a los grupos armados no estatales en general, y a las asociaciones delictivas en particular.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      De manera parad\u00f3jica, los sistemas judiciales \u201cd\u00e9biles\u201d o \u201cineficientes\u201d pueden sobrevivir debido a los \u201cservicios\u201d informales de resoluci\u00f3n alternativos de controversias que resuelven una mayor\u00eda de conflictos sociales en una sociedad, representando as\u00ed una fuente de inercia institucional que bloquea las necesarias reformas judiciales. Dicho de otro modo, la debilidad o falla de estados es a veces viscosa y los juzgados d\u00e9biles contin\u00faan en esa situaci\u00f3n de debilidad cr\u00f3nica porque los funcionarios pueden no tener razones para buscar reformas de sus instituciones, al canalizar la mayor\u00eda de sus casos al \u00e1mbito informal, usando los MARC como v\u00e1lvula de escape para el sistema judicial formal. Es as\u00ed que los beneficios ilegales y prebendas de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y judicial crean una mayor resistencia hacia la mejora de la gobernanza del poder judicial y del \u00e1mbito pol\u00edtico-electoral en medio de estas v\u00e1lvulas de escape ofrecidas por modos informales de resoluci\u00f3n de controversias, tanto legales como ilegales. No obstante, las experiencias internacionales, por ejemplo en Colombia y en Italia, muestran que este parad\u00f3jico impasse<\/em> puede superarse mediante la reforma del sistema electoral y de la financiaci\u00f3n de las campa\u00f1as pol\u00edticas, en\u00e9rgicamente exigidas por iniciativas legales e institucionales de una sociedad civil unida. La experiencia de estos pa\u00edses es tratada por Buscaglia y Dakolias (1995, 1999) y por Buscaglia (1997, 1999, 2013 y 2015)[14]<\/sup><\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Una conclusi\u00f3n principal de este art\u00edculo es que una mayor eficiencia de los sistemas judiciales nacionales y supranacionales en su capacidad internacional de cooperaci\u00f3n con el fin de desmantelar el poder de mercado derivado de la integraci\u00f3n vertical de las asociaciones delictivas mediante el decomiso de activos representa tambi\u00e9n un modo de abordar los \u201cvac\u00edos estatales\u201d y de rescatar el tejido social usado por estas asociaciones criminales para proteger sus operaciones delictivas. Esto convierte a las reformas del poder judicial destinadas al decomiso de activos en un poderoso instrumento para contrarrestar los m\u00e1s importantes fundamentos sociales y pol\u00edticos del crimen organizado transnacional.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Referencias<\/h2>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Acemoglu, D., y Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty<\/em> (Kindle ed.). New York: Crown Publishers.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Arias, E. D., y Rodrigues, C. D. (2006). The myth of personal security: Criminal gangs, dispute resolution, and identity in Rio de Janeiro’s favelas. Latin American Politics and Society, 48<\/em>(4), 53-81.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Bernstein, L. (1996). Merchant Law in a Merchant Court: Rethinking the Code\u2019s Search for Immanent Business Norms in University of Pennsylvania Law Review, 144(2),1765.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Birol, J. A. P., y Dal Ri, A., Jr. (2011). The role of organised crime in informal justice systems. Uluslararas<\/em>\u0131 G<\/em>\u00fcvenlik ve Ter<\/em>\u00f6rizm Dergis (Journal of International Security and Terrorism), 2<\/em>(1), 59-80.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (1994). Legal and Economic Development: The Missing Links. Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 9, 153-169.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (1997). Introduction to law and economics of development. In E. Buscaglia, W. Ratliff y R. Cooter (Eds.), The law and economics of development<\/em> (pp. 21-34). Greenwich, Connecticut: JAI Press.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (1999). Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences. CA: Hoover Institution Press.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E., M. Dakolias, y W. Ratliff (1995). Judicial Reform: A National Framework for Development. CA: Hoover Institution Press<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. y M. Dakolias (1999). Comparative International Analysis of Court Performance. World Bank Press<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E., y Ratliff, W. (2001). War and lack of governance in Colombia: Narcos, guerrillas and U.S. policy. Essays in Public Policy No. 107<\/em>. Stanford: Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford University.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (2001a). An analysis of judicial corruption and its causes: an objective governing-based approach. International Review of Law and Economics 21:233-49.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia E. (2001b). Investigating the links between access to justice and governance factors: An objective indicators’ approach. Global Programme Against Corruption Research and Scientific Series, CICP-13<\/em>. Vienna: Centre for International Crime Prevention, U.N. Office for Drug Control and Crime Prevention.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E., y van Dijk, J. (2003). Controlling organised crime and corruption in the public sector. Forum on Crime and Society, 3<\/em>(1y2), pp. 3-34.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. y P. Stephan (2005). An Empirical Assessment of the Impact of Formal versus Informal Dispute Resolution on Poverty: a Governance-Based Approach to Access to Justice in International Review of Law and Economics 25 (1): pp. 89-106. London: Elsevier Press.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (2011). On Best and Not so Good Practices for Addressing High-level Political Corruption Worldwide: An Empirical Assessment in International Handbook on Corruption<\/em>(16). Susan Rose Ackerman and Susan Soreide (editors). Palgrave.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (2013). Vac\u00edos de Poder en Mexico<\/em>. M\u00e9xico City: Debate\/Random House.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (2015). Dispute resolution mechanisms provided by violent non-state actors: An international comparative analysis of causes and consequences in The Jackals of Westphalia<\/em>. Edited by Stefano Ruzza, Anja P Jakobi, Charles Geisler. Routledge Taylor y Francis Group.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, E. (2016). Institutional Factors Determining the Gap Between Laws in the Books versus Laws in Action: An Analytical Framework for Improving Judicial Effectiveness in Legitimacy, Legal Development and Change: Law and Modernization Reconsidered. <\/em>Edited by David K. Linnan. Routledge Taylor y Francis Group<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Buscaglia, Edgardo (2022) \u201cANTIMAFIA IMPASSE: STATE-DRIVEN ORGANIZED CRIME & ORGANIZED CRIME STATES\u201d. CA: Small Wars Press at https:\/\/smallwarsjournal.com\/jrnl\/art\/antimafia-impasse-state-driven-organized-crime-organized-crime-states<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Cappelletti, M., B. Garth, J. Weisner, K.F. Koch (1981). Access to justice. The American Journal of Comparative Law 29 (3): pp. 532-535.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. (2010). Mai Mai child soldier recruitment and use: Entrenched and unending. Briefing paper<\/em>. London: Coalition to Stop the Use of Child Soldiers.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Coburn, N., y Dempsey, J. (2010). Informal dispute resolution in Afghanistan. USIP Special Report 247<\/em>. Washington, D.C.: United States Institute of Peace.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      de Soto, H. (1989). The other path: The invisible revolution in the Third World<\/em>. Harper & Row.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      de Soto, H. (2000) The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else<\/em> (New York: Basic Books, 2000).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      European Parliament. (2012). The Need for New EU Legislation Allowing the Assets Confiscated from Criminal Organisations to be Used for Civil Society and in Particular for Social Purposes at: http:\/\/www.europarl.europa.eu\/document\/activities\/cont\/201206\/20120627ATT47783\/20120627ATT47783EN.pdf<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Farer, T.J. (ed). (1999). Transnational Crime in the Americas. London and New York: Routledge.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Gambetta, D. (1993). The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection. Cambridge: Harvard University Press.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Greif, Avner, Paul Milgrom y Barry Weingast (1994), \u201cCoordination, Commitment and Enforcement: The Case of the Merchant Guild,\u201d Journal of Political Economy, 102(2)745.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Gonzalez Ruiz, S, Mendieta, E.; Buscaglia, E. y Moreno, M. (2006). El sistema de justicia penal y su reforma. Teor\u00eda y pr\u00e1ctica<\/em> (2a. ed. corr., col. Doctrina Jur\u00eddica Contempor\u00e1nea). M\u00e9xico: Fontamara. 187-207.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Granger, C. W. J. (1969). \u00abInvestigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods\u00bb. Econometrica<\/em>. 37 (3): pp. 424\u2013438. JSTOR<\/a>\u00a01912791<\/a>. doi<\/a>:10.2307\/1912791<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Grossman SJ y Hart OD (1986). \u00abThe costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration\u00bb. The Journal of Political Economy<\/em>: pp. 691\u2013719.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Hayek, F. A. (1973). Law, legislation and liberty<\/em> (Vol. 1: Rules and order). Chicago: The University of Chicago Press.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Hudson, R. (2003). Terrorist and organized crime groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Jamieson, N., Moi, S., y Cherot, J. (2012). Acting outside the box: The emerging dispute resolution centres developing innovative ways to attract business. Legal Week, 14,<\/em> 22-23Milhaupt C.and M. D. West (2000). The Dark Side of Private Ordering: An Institutional and Empirical Analysis of Organized Crime. University of Chicago Law Review67 (1) pp. 123-136.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, pp. 152.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Pedroso, J., y Trinc\u00e3o, C. (2008). The (re)birth of the justice of the peace: Democratic or technocratic justice reform? The experiences of Italy, Spain, Brazil and Portugal. Beyond Law, 10<\/em>(27), pp. 91-108<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Santos, B. de S. (1977). The law of the oppressed: the construction and reproduction of legality in Pas\u00e1rgada. Law y Society Reiew, 12 (1), pp. 5-126.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Sch\u00e4rf, W. (2003). Non-state justice systems in southern Africa: How should governments respond?<\/em> Paper presented at the Workshop on Working with Non-State Justice Systems, London, UK. Retrieved from http:\/\/www.gsdrc.org\/docs\/open\/DS35.pdf<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Schelling, T. C. (1971). What is the business of organized crime? The American Scholar, 40<\/em>(4), pp. 643-652.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Sung, H.-E. (2004). State failure, economic failure, and predatory organized crime: A comparative analysis. Journal of Research in Crime and Delinquency, 41<\/em>(2), pp. 111-129.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      United Nations Office on Drugs and Crime. (2005). Transnational Organised crime in the West African region. Vienna and New York: United Nations Office on Drugs and Crime.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Wahyono, P. (2010). Transnational crime and security threats in Indonesia. Strategy Research Project<\/em>. Carlisle, Pennsylvania: U.S. Army War College.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Williamson, Oliver (2007). Transaction Costs Economics. Open Access, Open Assessment E-Journal<\/em> at http:\/\/www.economics-ejournal.org\/economics\/discussionpapers\/2007-3\/at_download\/file<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Williamson, Oliver (1981). \u00abThe Economics of Organization: The Transaction Cost Approach\u00bb<\/a>. The American Journal of Sociology<\/em>. 87 (3): pp. 548\u2013577; Wojkowska, E. (2006). Doing justice: How informal justice systems can contribute. Oslo: United Nations Development Programme Oslo Governance Centre.<\/p>\r\n\r\n\r\n

      \r\n\r\n\r\n

      [1]<\/sup><\/a> http:\/\/www.ohchr.org\/EN\/ProfessionalInterest\/Pages\/CoreInstruments.aspx<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [2]<\/sup><\/a> Un nivel alto de corrupci\u00f3n se define como el uso de los cargos p\u00fablicos para obtener un beneficio privado para los servidores p\u00fablicos y toda clase de altos cargos electos. La corrupci\u00f3n de alto nivel es analizada por Buscaglia (2011).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [3]<\/sup><\/a> https:\/\/www.unodc.org\/pdf\/cld\/TOCebook-s.pdf<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [4]<\/sup><\/a> La expresi\u00f3n \u201cfracaso estatal\u201d o \u201cdel Estado\u201d se usar\u00e1 aqu\u00ed en el sentido de incapacidad sistem\u00e1tica y\/o falta de voluntad por parte del Estado de proporcionar servicios judiciales en t\u00e9rminos de resoluciones judiciales, tales como una sentencia sobre decomiso de activos.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [5]<\/sup><\/a> Estas convenciones incluyen la propia Carta de la ONU, los dos Pactos Internacionales de derechos civiles, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales y culturales y los restantes catorce instrumentos legales que se ocupan de una amplia variedad de derechos humanos. Puede ver los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas en: http:\/\/www.ohchr.org\/en\/professionalinterest\/Pages\/InternationalLaw.aspx<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [6]<\/sup><\/a> La muestra cubre hogares en Argentina, Ben\u00edn, Bolivia, Botsuana, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Mozambique, M\u00e9xico, Nigeria, Paraguay, Per\u00fa, Sud\u00e1frica, Uganda, Uruguay y Venezuela. Las muestras fueron seleccionadas sobre la base de caracter\u00edsticas regionales y de obtener estratos de hogares de renta media y baja. La base de datos a trav\u00e9s de la cual se realiza el an\u00e1lisis en este trabajo est\u00e1 contenida en: (\u201cDerecho\u201d, 2015).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [7]<\/sup><\/a> Vea los art\u00edculos 2, 6, 12 y 13 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en: https:\/\/www.unodc.org\/pdf\/cld\/TOCebook-s.pdf<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [8]<\/sup><\/a> El tama\u00f1o de la muestra de hogares rurales fue del siguiente tenor: Argentina: 3749, Ben\u00edn: 2891, Brasil: 6329, Bolivia: 1718, Botsuana: 1943, Chile, 1392, Colombia 3178, Congo: 561; Guatemala: 993, Honduras: 816, Mozambique: 2193, Nicaragua 1203, Nigeria 7921, Paraguay: 931, Per\u00fa: 1610, Sud\u00e1frica: 3915; Uganda: 658; Uruguay: 719, y Venezuela: 1961. En cada uno de los pa\u00edses, las muestras dentro de las jurisdicciones rurales seleccionadas fueron estratificadas sobre la base de factores socioecon\u00f3micos (nivel de ingresos, patrones de actividad comercial y econ\u00f3mica, distribuci\u00f3n etaria, composici\u00f3n de g\u00e9nero, etc.).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [9]<\/sup><\/a> Delincuencia organizada como queda definida por el art. 2 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Supra<\/em>, nota 1.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [10]<\/sup><\/a> https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/La_Familia_Michoacana<\/a><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [11]<\/sup><\/a> Con una muestra y una serie temporal m\u00e1s amplias, tambi\u00e9n se puede comprobar la causalidad no param\u00e9trica de Granger, de acuerdo a Granger, C. W. J. (1969). \u201cInvestigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods\u201d. Econometrica<\/em>. 37 (3), pp. 424\u2013438. JSTOR<\/a>\u00a01912791<\/a>. doi<\/a>:10.2307\/1912791<\/a>.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [12]<\/sup><\/a> Estos delitos econ\u00f3micos incluyen: tr\u00e1fico ilegal de drogas, fraudes tarifarios y relacionados con internet, otros tipos de ciberdelincuencia, tr\u00e1fico de personas, contrabando de diamantes, falsificaci\u00f3n de documentos y pasaportes, contrabando de tabaco, tr\u00e1fico de partes robadas de coches y otros veh\u00edculos, lavado de dinero, manufactura y tr\u00e1fico de armas, robo de armas, apropiaci\u00f3n de petr\u00f3leo, pirater\u00eda, falsificaci\u00f3n, tr\u00e1fico de recursos naturales, tr\u00e1fico de antig\u00fcedades y propiedad cultural (Buscaglia y van Dijk, 2003).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [13]<\/sup><\/a> La regresi\u00f3n param\u00e9trica no multiplicativa (NPMR) es una regresi\u00f3n, como otros m\u00e9todos an\u00e1logos, que estima variables dependientes sobre la base de uno o m\u00e1s predictores. La NPMR puede usarse como un m\u00e9todo de regresi\u00f3n siempre que se d\u00e9 lo siguiente:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La distribuci\u00f3n de la variable dependiente es desconocida.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Los predictores interact\u00faan entre ellos afectando conjuntamente a la variable dependiente; en otras palabras, la respuesta de un predictor depender\u00e1 probablemente de otros predictores.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      La respuesta es una variable cuantitativa o binaria (0\/1).<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      [14]<\/sup><\/a> Las experiencias internacionales que rompen con este bloqueo parad\u00f3jico son analizadas por Buscaglia (1994 y 2011). Las reformas sobre el sistema electoral exigidas por la sociedad civil de abajo arriba, por ejemplo en Colombia e Italia, fueron capaces de \u201crefrescar\u201d y renovar la composici\u00f3n de las elites pol\u00edticas para \u201cvotar\u201d por reformas judiciales que abordaran el decomiso de activos vinculados a la delincuencia organizada y a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\r\n<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      por Edgardo Buscaglia<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"0","ocean_second_sidebar":"0","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"anuario","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"0","ocean_custom_header_template":"0","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"0","ocean_menu_typo_font_family":"0","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"0","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[2050],"tags":[2171],"class_list":["post-47279","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-anuario2026","tag-a2026artsegcecot","entry"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"ocean-thumb-m":false,"ocean-thumb-ml":false,"ocean-thumb-l":false,"sow-carousel-default":false,"sow-blog-portfolio":false,"sow-blog-grid":false,"sow-blog-alternate":false},"uagb_author_info":{"display_name":"Juana Alvarez Eiras","author_link":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/author\/juana-alvarez-eiras\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"por Edgardo Buscaglia","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47279"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47305,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47279\/revisions\/47305"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iri.edu.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}