AMERICA LATINA 1993 - PERSPECTIVAS ECONOMICAS

" Si el futuro se pudiera predecir sobre la base de las tendencias que se insinúan, el cosmopolitismo podría llegar a ser la filosofía económica y social predominante. Librada a su propia suerte, la división internacional del trabajo no solamente crearía mayores desigualdades dentro de las naciones, sino que además disminuiría la buena voluntad de los triunfadores para hacer algo que pueda revertir esa tendencia".

Durante la última década del Siglo XX asistimos al fin de un ciclo histórico, caracterizado por el dominio estratégico - militar de la URSS y Estados Unidos y por la hegemonía norteamericana en materia económica. Pero lejos de ser protagonista del "fin de la historia" nos encontramos ante un orden mundial de transición, cuyo escenario político atraviesa un acelerado proceso de reajuste que es acompañado por una profunda transformación de la economía mundial.

Pese al fin de la Unión Soviética y la consolidación de la hegemonía militar de Estados Unidos , no nos hallamos ante la gestación de un mundo unipolar, sino en la búsqueda de un nuevo equilibrio mundial, en el cual interectúan tres grandes centros de poder económico, político y tecnológico. Ellos son la Unión Europea que en el futuro podrían incluir a otros socios, como las nuevas repúblicas Eslavas (Polonia, Checoslovaquia y Hungría) o países de la EFTA residual (Austria, Suiza, Suecia y Finlandia); luego Japón y sus "socios" asiáticos; y finalmente Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó a fines del año 1993 el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México (NAFTA o TLC) que comenzó a regir el 1º de enero de 1994.

El tránsito de la bipolaridad a la multipolaridad constituye el eje de la política internacional de fines de Siglo XX y adquiere una trascendente gravitación en la conformación del Nuevo Orden Económico Mundial en el cual la globalización, el regionalismo y un avanzado grado de concentración constituyen sus principales componentes estructurales.

De la nueva tríada de poder económico y político parte la dinámica de transformación mundial centrada en la tecnología y el conocimiento. Ella representa, además, el setenta por ciento (70 %) del PBI mundial y el setenta y cinco por ciento (75 %) del comercio internacional.

Con motivo de la política agresivamente proteccionista de estos Bloques, sólo el veinte por ciento (20%) del comercio mundial es libre y el ochenta por ciento (80%) restante es comercio regulado según las estimaciones del GATT.

Estamos asistiendo a una transformación sustancial de las reglas del comercio internacional, con marcada tendencia hacia la selectividad que privilegia las transacciones interbloques.

Pero a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando los períodos de apertura comercial y proteccionismo se sucedían consecutivamente, en la actualidad coexisten simultáneamente ambas tendencias, la apertura y el cierre, dentro del diseño de la política comercial de los Estados.

Es así, como estamos siendo testigos de la formación de bloques regionales que permiten beneficiarse de la ampliación de los mercados por una parte y de una competencia restringida por la otra.

Este marco de incertidumbre en que se debate el comercio mundial provocó el virtual estancamiento en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT ) iniciadas en el año 1986 y que luego de siete años de marchas y contramarchas finalizó el 15 de diciembre de 1993, con la aprobación por concenso de los 115 países participantes del Acta Final. Una de las principales trabas para la culminación de esta Ronda fue el Acuerdo Agrícola entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos destinado a reducir los subsidios a las exportaciones agrícolas que perjudican especialmente a los países en vías de desarrollo por la pérdida de mercados y la inevitable caída de sus exportaciones.

Es de destacar que en el corto y mediano plazo no se perfilan cambios sustanciales en las transacciones de productos agrícolas, por cuanto no obstante, las concesiones realizadas, prácticamente al cierre de la Ronda Uruguay, por los negociadores europeos y norteamericanos, el comercio agrícola mundial no se liberalizó, y sólo a partir de 1995 y en un plazo de seis años comenzarán a levantarse las barreras arancelarias y a disminuir las subvenciones directas a dichos productos.

Al finalizar el año 1993, los países industrializados que conforman la Tríada que concentra la economía mundial, atraviesan una situación recesiva y un elevado nivel de desempleo estructural que es motivo de inquietud no sólo de los gobiernos de dichos países, sino también de organismos internacionales, como lo demuestra el comunicado emitido por el Comité Internacional del FMI reunido en Washington en el mes de setiembre de 1993, en el cual destaca su preocupación por el lento crecimiento de la economía mundial y elevado desempleo en el mundo industrializado y pide a las naciones ricas que alienten la expansión de sus economías (1).-

Frente al escenario mundial descripto, los países latinoamericanos durante el año 1993 alcanzaron, en su mayoría, tasas de crecimiento positivas e índices estables de inflación. La principal excepción fue Brasil donde la inestabilidad económica y las tensiones políticas dieron lugar a una alta inflación que llegó a superar el 30 % mensual.

El Informe sobre el Panorama Económico Mundial difundido por el Director del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, en el mes de setiembre del año 1993, estimó que el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, para ese año, estarían en el 3,4 % y pronosticó que para 1994 será de un 3,5 %.

El FMI prevé una recuperación para Brasil, con un 4% de crecimiento para 1993, después de un índice negativo en 1992 debido a la incertidumbre en relación con la dirección en la política económica y la alta inflación.

Se proyecta en el período 1993-1994 que el crecimiento de la economía de Chile disminuirá, pero seguirá en tasas sostenibles (6%), tras el muy fuerte desempeño en 1992, basado principalmente en el incremento de las inversiones privadas y las exportaciones. También para la Argentina se espera un crecimiento menor, pronosticado en un 5 %. Respecto a Venezuela el Informe señala que la actividad económica se debilitó en 1993, mientras la situación fiscal se deterioraba y aumentaba la incertidumbre política, pero se espera que se fortalezca en 1994.

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Informe sobre el Panorama Económico Mundial (1993)
* Cifras estimadas
** No estima porcentajes

Durante 1993 en la mayoría de los países de la región la tasa de inflación se ha mantenido estable, consolidando la tendencia del año anterior hacia una mayor estabilidad de precios. Si se excluye Brasil, cuya alta inflación se elevó más aún, el incremento medio ponderado de los precios al consumidor de la región se ubica en torno a 19 % anual, comparado con casi el 22 % en 1992 (2)

La inflación declinante que caracteriza a América Latina, durante el período 1991-1993, en marcado contraste con el período 1988-1989, se debe a los programas de reforma estructural ejecutados en algunos países de la región, y fundamentalmente a la evolución del sector externo, en el que se produce una caída significativa de las tasas de interés internacionales junto a una súbita y notoria reversión en la dirección de los movimientos de capital, dado que los activos financieros emitidos en la región se tornan más rentables, lo que contribuyó en mucho a evitar la fuga de capitales (3).

La caída de las tasas internacionales de interés produjo una reducción del déficit de los servicios financieros que debía pagar la región. En 1988-1989, las transferencias netas al exterior en concepto de intereses y utilidades fueron de 36.000 millones de dólares, estimándose que en 1993, la salida netas por estos conceptos se ubicará por debajo de 28.000 millones de dólares. Esta reducción se debe a la persistente caída de las tasas de interés internacionales, ya que las remesas de utilidades tienden a aumentar (4)

Durante el año 1993, continuó una importante corriente neta de capitales privados no crediticios hacia América Latina, aunque en un nivel inferior al registro máximo de 1992, cuando ascendió a 62.000 millones de dólares, volumen casi ocho veces mayor al registrado en 1983-1989. Para 1993 la CEPAL estima en más de 50.000 millones de dólares el ingreso neto de capitales a la región.

El principal motivo que impulsa el masivo flujo de capital a la región es la búsqueda por parte de los inversores de instrumentos de alto rendimiento, ante la persistente declinación de las tasas de interés en dólares. No sólo continuaron cayendo las tasas de corto plazo en dólares ( la LIBOR promedió 3,5 % entre enero y agosto de 1993, comparado con el 3,9 % en 1992 y el 9 % de 1989 ), sino que más recientemente también se han registrados marcadas caídas de las tazas a largo plazo; así a principios de septiembre el rendimiento de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos fue apenas el 6%, comparado con el 7,4% a fines de 1992. En contraste, en la mayoría de los países de América Latina se ofrecen rendimientos nominales muy elevados en el corto plazo.

Sin embargo, muchos inversores siguen manteniendo una actitud cautelosa, como lo revela la considerable gravitación que exhibe el capital "cortoplacista" en el flujo total de refinanciamiento externo de América Latina, pese al aumento de importancia de instrumentos financieros como los bonos y la "desregulación" para la inversión externa directa. Si a ello se agrega el importante papel que desempeñan los factores externos, principalmente las bajas tasas internacionales de interés, en determinar los rendimientos diferenciales positivos que ofrecen los países de la región, se advierte que los flujos de capital a la región encierra potencialmente un importante grado de volatilidad (5).

La preocupación ante la posibilidad de que América Latina deje de recibir financiación externa y se produzca una crisis peor que la de la deuda externa de los años 80, fue el tema central debatido en el XIX Consejo del Sistema Económico Latinoaméricano ( SELA ), que se celebró en Caracas en el mes de Octubre de 1993, con la participación de 27 representantes de la región latinoaméricana y 15 miembros de organismos internacionales. Advirtió el SELA que " si la economía de los Estados Unidos se recupera y eleva sus tasas de interés, aumentaría el monto de los pagos externos que deben hacer los países de América Latina y el Caribe y produciría una salida de capitales hacia el Norte ".

Después de casi una década de superávit, el saldo del comercio de bienes de América Latina, que ya se había vuelto negativo en 1992 ( en cerca de 10.000 millones de dólares ), se amplió en 1993 a un déficit cercano a los 14.000 millones de dólares, con lo cual la brecha externa se consolida. La contrapartida de esta tendencia se encuentra en la estabilización - por encima de 50.000 millones de dólares - del volumen de capitales externos que fluyen a la región en las condiciones actuales de la economía internacional y que concurren a financiar esa brecha (6)

Se prolonga por tercer año consecutivo la declinación de los precios de las exportaciones de la región, con la excepción del azúcar, banana, algodón y soya cuyas cotizaciones subieron levemente. Por otro lado, la ampliación del comercio intraregional ha desempeñado un papel importante en el sostenimiento de las exportaciones de la mayoría de los países latinoaméricanos, compensando la debilidad de los mercados del resto del mundo (7)

De acuerdo a las tendencias actuales, el valor total de la deuda externa de la región, que alcanzó 438.000 millones de dólares a fines de 1992, aumentará en 1993 entre el 5 % y el 6 % en términos nominales, configurando la tasa de aumento más alta desde 1987. Los principales determinantes de la expansión de la deuda están representados por la muy activa emisión de bonos de la región en los mercados internacionales, más del 60 % de la cual correspondió a empresas privadas, y por el aumento de créditos comerciales (8)

En su informe anual sobre la deuda, publicado en el mes de diciembre de 1993, el Banco Mundial destaca que América Latina y El Caribe siguen siendo las zonas más endeudadas del mundo, con un débito de 496.200 millones de dólares en 1992, estimando que en 1993 la deuda se situará en 513.031 millones de dólares, es decir el doble de lo que debía a comienzos de 1980, cuando estalló la crisis de la deuda externa.

	1992	1993
PAIS	DEUDA TOTAL	DEUDA TOTAL	SERVICIO	DEU/EXP	SER/EXP
Brasil	117.350	121.110	9.518	311%	24%
México	115.291	113.378	20.701	243%	44%
Argentina	65.397	67.569	5.204	454%	35%
Venezuela	34.094	37.193	3.309	220%	20%
Perú	20.720	20.293	1.032	453%	23%
Chile	17.947	19.360	2.705	149%	21%
Colombia	17.338	17.204	3.756	162%	35%
Ecuador	12.468	12.280	981	339%	27%
Nicaragua	10.629	11.126	85	3466%	26%
Panamá	-	6.505	911	224%	31%
Uruguay	4.649	5.253	595	196%	22%
Bolivia	4.077	4.243	309	536%	39%
R. Dominicana	-	4.649	981	185%	13%
Costa Rica	4.053	3.963	549	150%	21%
Honduras	3.360	3.573	375	334%	35%
Guatemala	-	2.749	517	150%	28%
El Salvador	2.174	2.131	217	130%	13%
Paraguay	2.177	1.747	628	114%	41%
Haití	-	773	5	-	-

Otro aspecto destacable en materia de deuda externa es la finalización, en el primer semestre del año 1993, del acuerdo celebrado por la República Argentina en el marco del Plan Brady, con lo cual se suma a México, Costa Rica, Venezuela y Uruguay.

No obstante que la Argentina ingresó al Plan Brady y refinanció su deuda externa con los Banco privados, el endeudamiento global continuó aumentando desde 1991. Se estima que el año 1993 cerrará con un endeudamiento total de 71.180 millones de dólares, contra 55.826 millones de dólares existentes en 1991, lo que significará un aumento del 27,5%, y representa un incremento total de 15.354 millones de dólares. Ese incremento en el endeudamiento del país se debe en parte a las compensaciones y garantías implícitas en el mismo Plan Brady (9).

El acuerdo por la deuda brasileña de 52.000 millones ya cuenta con la firma de más del 96% de los países acreedores, y se espera que el arreglo se formalice antes del plazo límite establecido para el 15 de abril de 1994. Merece destacarse que Brasil logró la reestructuración de su deuda en condiciones más ventajosas que los países que lo precedieron, quienes para ingresar al Plan Brady debieron ajustarse a un riguroso plan fiscal a los fines de desacelerar la inflación y asegurar un superávit fiscal futuro compatible con los pagos de la deuda externa comprometidos. Brasil no se sujetó a ninguna norma fiscal ni tampoco comprometió la venta de activos públicos. El respaldo brasileño está constituido por las divisas provenientes de su comercio exterior (unos 1.500 millones de dólares mensuales) y un sistema de minidevaluaciones que asegurán que no se interrumpirá el flujo exportador del país. Mientras el Brady en la Argentina implicó el compromiso con su política interna basada en el "ajuste", el obtenido por el Brasil, en cambio, se sujeta a una sola norma: exportar (10).

Finalmente, cabe concluir que a pesar de la evolución favorable que presentan algunas variables macroeconómicas en el panorama latinoamericano, tales como la disminución de la inflación y el crecimiento del PBI, debemos reflexionar seriamente respecto de la preocupación puesta de manifiesto por el SELA, por cuanto no es posible afirmar con certeza si en el futuro se mantendrá la presente situación de aumento de los ingresos de capitales a la región y bajas tasas de interés internacionales; variable esta última utilizada por los países desarrollados para alentar la producción y el empleo.

En este contexto, no cabe ignorar que, con distinta intensidad, muchos países de la región presentan una economía estructuralmente vulnerable, por hallarse "mucho más integradas que en el pasado a un escenario internacional FLUCTUANTE Y PLAGADO DE INCERTIDUMBRE, con brechas externas de gran magnitud que se tornan permanentes, financiadas con flujo de capital en parte propulsados por factores coyunturales y con estrechos márgenes de maniobra para ejercer su política económica" (11).

Además, no podemos dejar de señalar que la región no ha resuelto el dilema entre competitividad y estabilidad, dado que si se intentara eliminar el sesgo antiexportador o reducir el déficit comercial por falta de créditos externos, el retraso cambiario se presenta como un obstáculo. Si se optara por corregirlo produciría efectos sobre el nivel de la inflación y el equilibrio fiscal, afectando la estabilidad económica (12).

La tendencia favorable que muestran alguna variables macroeconómicas de la región, contrasta con el panorama social que presenta la mayoría de los países y demuestra que el crecimiento económico es un medio esencial para que pueda haber desarrollo, pero en sí mismo es un indicador sumamente imperfecto del progreso. El logro de un desarrollo sostenido y equitativo sigue siendo la empresa más ardua que enfrenta el género humano (13).

La "cuestión social" es el eje central que debe dominar las reformas económicas en los países latinoamericanos. Si el tema social se excluye de cualquier intento de reforma económica, se retrocederá inexorablemente al pasado, tiempo en que sólo se atinó a redistribuir la pobreza creando sectores privilegiados en detrimento de las mayorías. Este "desafío social no lo resuelve el mercado"; es una tarea que le cabe por igual tanto al Estado como a la sociedad civil en su conjunto (14).

Uno de los principales desafíos que enfrentan los gobiernos de la región es lograr el crecimiento con equidad distributiva, lo cual implica equidad tributaria, a mayor riqueza mayor capacidad de pago.

En efecto, el sistema fiscal es el que determina, ante todo la riqueza y por lo tanto el poder del Estado, su capacidad para regular las fuerzas del mercado y para proteger a los débiles (15).

La falta de una red adecuada de organización social en América Latina, que proporciones una base sólida para la situación de los menos privilegiados, hace imprescindible promover una reforma fiscal, para que los impuestos generen los ingresos suficientes para financiar gastos sociales impostergables.

En una sociedad con profundas desigualdades y donde el nivel de evasión fiscal supera el 40%, la estructura fiscal debe ser progresiva. El indicador de la progresividad lo constituye la participación de los impuestos directos en el PBI que es la características de los países desarrollados.

El grupo con ingresos más altos, aproximadamente el 20% de la población, tiene en la mayor parte de los países latinoamericanos una participación del 50% de la renta nacional; por otra parte el total de los impuestos directos representan alrededor del 3% del PBI en muchas economías de América Latina, como lo muestra el siguiente cuadro.

(*) Excluye las empresas públicas del cobre en Chile y las del petróleo en México y Venezuela.

Fuente: FMI para Arg. (1988), Bol.(1989) y Brasil (1988); Larraín y Selowsky (1991) para Ch. (1985); CEPAL (1990) para Colombia (1989), Méx.(1989); Velázquez (1992) para Venezuela (1987).

En los países de la OCDE los impuesto directos totales representan más del 10% del PBI, como se indica en el cuadro siguiente;

En suma, las comparaciones indican que existe un importante margen para elevar la presión tributaria en varios países latinoamericanos y modificar su estructura, sin afectar significativamente el bienestar colectivo ni la competitividad internacional.

El objetivo del sistema impositivo es el de contribuir a disminuir las diferencias del sistema económico-social. Es decir, como lo señala John Kenneth Galbraith:"Los impuestos siguen teniendo una función controladora. El único plan eficaz para reducir la desigualdad de rentas inherentes al capitalismo es el impuesto progresivo sobre la renta. Nada ha contribuido en la era de la satisfacción con más fuerza a la desigualdad de las rentas que la reducción de impuestos a los ricos; nada contribuiría tanto, a la tranquilidad social como unos gritos de angustia de los muy ricos" (16).

Teniendo en cuenta los altos costos sociales que han producido en América Latina el ajuste y las reformas estructurales, los gobiernos de la región deben resolver en la presente década el problema político interno de lograr que los sectores de renta media y alta paguen los impuestos que les corresponden, para lograr una distribución equitativa y justa de tales costos (17).

El dogmatismo neoliberal imperante en la región sostiene que la crisis económica de América Latina se debe fundamentalmente a la intervención estatal y a un excesivo proteccionisno. De acuerdo a esta interpretación, la reforma económica debe tender a minimizar la intervención gubernamental y a promover la apertura indiscriminada para una compleja integración a la economía mundial.

La economía neoclásica, y los principios más extremos de políticas económicas neoliberales derivados de la misma -desregulación, liberalización, apertura, estado mínimo, confianza en el mercado- está siendo impulsada en todas partes sin mayores variaciones, cualquiera sean las condiciones iniciales del país: base de recursos, cultura, estructura social y evolución histórica. Es decir, que lejos de haberse alcanzado el fin de la ideología enfrentamos un monopolio ideológico sin precedentes; una "monoeconomía", en la cual los programas de reforma económica se concentran en políticas destinadas a lograr la estabilización en el corto plazo, sin mayores consideraciones al crecimiento en el largo plazo, y en particular al desarrollo (18).

En el marco de tales principios dogmáticos, durante los años ochenta se produjo en América Latina un movimiento pendular en favor de una mayor utilización de los mecanismos de libre mercado, con el consiguiente refuerzo del papel del sector privado; el caso chileno ejemplifica la aplicación de los procesos de liberalización abrupta de los precios y rápida privatización de empresas públicas.

En la actualidad, la privatización es utilizada en América Latina como la más clara de las señales de un "cambio de régimen"; sin embargo a pesar de la retórica, sólo unos pocos países han emprendido hasta ahora un auténtico proceso de privatizaciones -Chile, México y Argentina-.

En Chile una privatización profunda y abrupta fue puesta en práctica entre 1985 y 1989, habiéndose vendido 46 empresas públicas (19); no obstante ello el Estado sigue siendo el mayor empresario, dado que continúa bajo su órbita la Corporación del Cobre (CODELCO) con una participación del 40% en las exportaciones chilena, siendo la primer empresa exportadora del país. También el Estado chileno titulariza el monopolio de la producción del petróleo, a través de la empresa estatal ENAP (20).

La privatización mexicana ha sido un proceso gradual, en el cual se han aplicado distintos procedimientos de privatización: liquidación (276 empresas), fusión de empresas del mismo sector (82 empresas), transferencias a los municipios y a los Estados Federales (30 empresas) y ventas (240 empresas); todo ello durante el período 1982-1989 (21). Las empresas en cuestión eran de tamaño pequeño y mediano. La privatización de las grandes empresas comenzó en 1990, con la venta de la compañía telefónica TELMEX, por la cual se obtuvo un ingreso de más de U$S 2.000 millones de dólares contra los U$S 1.600 millones de dólares provenientes de todas las anteriores privatizaciones. Pero cabe destacar que la principal actividad exportadora de México, como en el caso de Chile, continúa siendo monopolizada por el Estado a través de la empresa PEMEX, la que fue expresamente excluída del Plan de privatizaciones, no obstante las presiones ejercidas en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC), para que la empresa petrolera pasara al sector privado. También el Estado tiene a su cargo la prestación del servicio público de electricidad a través de la Comisión Federal de la Electricidad.

En la Argentina la privatización drástica de las principales empresas públicas comenzó en el año 1990; se enajenaron monopolios estatales en ausencia de un marco regulatorio claro mediante procedimientos y estrategias tendientes a maximizar ingresos en el corto plazo para financiar el déficit presupuestario. En ese contexto fueron transferidas al sector privado, mediante la venta de activos o concesiones, las empresas públicas prestadoras de servicios telefónicos, electricidad, gas, transporte aéreo y ferroviario, provisión de agua, sistemas cloacales, construcción y mantenimiento de rutas. En el primer semestre del año 1993 se privatizaron las grandes represas hidroeléctricas y las redes de transporte de energía; materializándose la venta del 46% del paquete accionario de la empresa petrolera estatal (YPF), mediante la oferta internacional de acciones vendidas a inversores de América del Norte y Europa.

A diferencia de las tres experiencias señaladas, los restantes países de la región no han implementado acciones de privatización que resulten relevantes desde el punto de vista estructural. En Bolivia hay 67 pequeñas empresas manufactureras; existiendo restricciones políticas y constitucionales para la privatización de las grandes empresas públicas mineras. Brasil vendió a fines del año 1991 la participación estatal en la Acería USIMINAS; en la actualidad se debate la modificación de la Constitución para posibilitar la privatización de empresas públicas. La privatización no es un tema importante en Colombia, dado que las empresas públicas no tienen relevancia en la economía. En Perú la reciente legislación permite la privatización de 23 de las 186 empresas públicas, que representan el 2% del total de activos de las empresas públicas. En Venezuela se está discutiendo la reprivatización de hoteles, fábricas de azúcar y de cementos (22). En Uruguay la consulta popular realizada en el año 1993 tuvo un resultado adverso a las privatizaciones.

Las diferencias que se señalan respecto a las acciones implementadas en torno a la intervención del Estado en la economía, ponen de resalto que el debate ideológico entre Estado y mercado, que ha dominado el escenario político durante la década del ochenta, aún no ha tenido una respuesta que posibilite abordar correctamente el problema del desarrollo de la región.

En consecuencia, en la presente década se impone la necesidad de efectuar una revisión crítica más objetiva, tanto para revalorizar el rol positivo del Estado a partir de la Segunda postguerra, como para analizar las razones de su declinación o, incluso, del cambio total experimentado en la década pasada. Si bien, es cierto, que América Latina evidenció serios problemas de desarrollo a partir de los años sesenta, la situación se agravó después del primero y segundo "shock" del petróleo, la crisis de la deuda de 1982, y las políticas de ajuste y reestructuración de los años ochenta.

La crisis energética contribuyó en forma decisiva al proceso de transnacionalización del sistema financiero y esto, a su vez, al predominio del capital financiero sobre el productivo. Se generó un fuerte endeudamiento externo a través de políticas de liberalización y desregulación propiciadas por los teóricos del monetarismo, cuyos resultados fueron la recesión, tasas de interés excepcionalmente altas y precios muy bajos de los productos básicos, derivándose finalmente en la "crisis de la deuda". La aplicación del menú ajuste-reestructuración y el continuado servicio de la deuda revirtieron en forma drástica, de positivos a fuertemente negativos, los flujos financieros externos netos. Esto condujo a la recesión, el desempleo, bajos salarios y pobreza y el colapso de la inversión y los recursos públicos, seguidos de una inflación galopante (23).

En este sentido, y como señala Osvaldo Sunkel, la llamada "década pérdida" no fue la de los ochenta, sino más bien la de los setenta, en la que coincidieron una necesidad de ajuste y reestructuración con recursos en abundancia para llevarlos a cabo. Esa oportunidad fue aprovechada por algunos países asiáticos, como lo evidencia el crecimiento de los NICs, basado principalmente, en la canalización de la inversión y la expansión exportadora hacia la revolución de la microelectrónica y los semiconductores.

Resulta de vital importancia interpretar este proceso histórico y las nuevas circunstancias internas, así como el renovado contexto internacional y las relaciones entre ambos, para reconsiderar el rol del Estado frente a los desafíos que implican la mayor competitividad de la economía mundial, el avanzado grado de transancionalización y la creciente desigualdad, tanto entre los países, como en el interior de cada nación.

Los países que han tenido éxito en sus políticas económicas en la década pasada, tales como Alemania, Austria, Japón, Corea del Sur y Taiwan, han sido capaces de organizar un capitalismo administrado; una forma de "nuevo intervencionismo", que busca guiar el mercado, no reemplazarlo; utiliza los precios y otros instrumentos para desestimular las inversiones productivas, aumentar la capacidad tecnológica y dar un impulso orientador a industrias seleccionadas. Este modelo difiere sustancialmente del neoliberal individualista seguido por las economías estadounidense o del Reino Unido, en los años ochenta.

Resolver el debate en torno al rol del Estado será uno de los desafíos que enfrentarán en la presente década no sólo los países subdesarrollados, sino también los países industrializados. Esta diferencia de enfoque ha quedado planteada en la reunión anual del Banco Mundial y del FMI celebrada en el mes de Octubre del año 1991, en la cual Japón presionó al Banco Mundial para que modifique su estrategia de fomento al desarrollo económico en el Tercer Mundo, poniendo énfasis en un mayor rol del Estado en la economía. Manifestaron los funcionarios japoneses, que el Banco otorgó demasiada confianza a los "mecanismos del mercado" en un intento de ayudar al mundo en desarrollo confiando en forma excesiva en la desregulación y la liberalización. El gobernador del Banco de Japón, Yasushi Miemo, expresó que "la experiencia asiática ha demostrado que aún cuando las estrategias de desarrollo exigen un saludable respeto por los mecanismos del mercado, no puede olvidarse el rol del gobierno" (24).

Entendemos que plantear el debate en términos de más o menos Estado no resuelve el problema del desarrollo en América Latina. Es preciso elaborar un proceso dialéctico en el cual el Estado y el sector privado se refuercen mutuamente. El desarrollo exige que el Estado cumpla ciertas funciones de regulación de los mercados y tareas de coordinación estratégica y de orientación a mediano y largo plazo, en estrecha interacción con el sector privado (25).

Por lo tanto el Estado debe estar capacitado para enfrentar los desafíos que suponen "intervenciones", que serán diferentes a las practicadas en la etapa anterior y cuyas características dependerán de las circunstancias concretas de cada país.

Entendemos que la controversia entre " Estado o Mercado " plantea un falso dilema, que debería resolverse en términos de complementariedad entre el " EL ESTADO Y EL MERCADO ".

Las evidencias históricas demuestran que no se han dado en las sociedades modernas procesos de desarrollo procesos de desarrollo sin la intervención del Estado, ya que éste fue necesario para evitar los abusos de las empresas, preparar técnicamente a la población, desarrollar la investigación tecnológica, asegurar mejores condiciones de comercio exterior, orientar las inversiones a largo plazo y crear infraestructura adecuada, todo lo que supuso mucho más que los llamados roles estatales subsidiarios (26). El Estado en los países desarrollados, trató de mantener la defensa del interés general poniendo límites a las luchas intersectoriales. Difícilmente se pueda transitar una vía distinta en América Latina si se buscan los mismos objetivos.

Se puede predecir fácilmente el resultado final de una política económica que deja librado a la "magia del mercado" la asignación de las ganancias y las pérdidas:el conflicto social se agudizará a niveles extremos, porque la lógica darwinista del mercado amplificará las inequidades existentes (27).

Lograda la estabilización macroeconómica resulta imprescindible encaminar a la región por la senda del desarrollo económico, cuyos componentes esenciales lo constituyen la elevación de los niveles de vida y el mejoramiento de las condiciones de educación y salud.

Las oportunidades educacionales y el mejoramiento de la salud son indicadores que adquieren relevancia en la nueva economía política internacional que se está gestando y que se caracteriza por la importancia que el conocimiento a pasado a tener en el crecimiento económico. Este proceso ha dejado de depender tan fundamentalmente de los recursos productivos clásicos -los recuros naturales, el trabajo e incluso el capital en su forma tradicional- para basarse cada vez más en la aptitud de los agentes económicos, la organización y la tecnología. De estos factores depende hoy, fundamentalmente la competitividad internacional de los países.

Hoy el crecimiento económico depende primordialmente de los recursos humanos y de las formas de organización que prevalezcan en la convivencia social, en el trabajo y en la empresa, todo lo cual se puede intentar una vez superado los niveles de la pobreza crítica.

En el marco de las tendencias globales para el siglo venidero, hay quienes afirman que las transformaciones en la economía y la política serán tales que "...no existirán productos ni tecnologías. Ya no habrá economías nacionales, al menos tal como concebimos hoy la idea. Lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población que compone un país. Los bienes fundamentales de una nación serán la capacidad y destreza de sus ciudadanos. La principal misión política de una nación consistirá en manejarse con las fuerzas centrífugas de la economía mundial que romperán las ataduras que mantienen unidos a los ciudadanos, concediendo cada vez más prosperidad a los más capacitados y diestros, mientras los menos competentes quedarán relegados a un más bajo nivel de vida" (28).

Estas transformaciones políticas y económicas de carácter global están conformando una sociedad nueva y muy diferente. La nueva sociedad es una sociedad poscapitalista, en la cual el recurso económico básico, ya no es el capital ni los recursos naturales. Es y será el saber; ahora el valor se crea mediante la productividad y la innovación, ambas aplicaciones del saber serán los trabajadores del saber, ejecutivos que saben como aplicar el saber a un uso productivo, al igual que los capitalistas sabían aplicar capital a un uso productivo" (29).

En vista que casi todos los factores de producción -dinero, tecnologías, plantas y equipos- se trasladan fácilmente a través de la frontera, "el único aspecto de una economía nacional que es universal y relativamente estable, es el trabajador nacional, la mano de obra de un país"(30).

El verdadero desafío que enfrenta América Latina en la presente década es incrementar el valor potencial que sus ciudadanos pueden agregar a la economía global, al promover sus habilidades y capacidades con los requerimientos del mercado mundial.

Por ello reiteramos que la importancia crítica del conocimiento y la educación, la rápida evolución de la tecnología, la mayor competitividad en la economía mundial y el avanzado grado de transnacionalización e interconexión global, exigen un debate con mayor rigor científico y político acerca del rol del Estado en el proceso económico-social de América Latina.

Dicho debate deberá tener como objetivo prioritario el diseño de una política fiscal que tienda a promover inversiones en los recursos humanos y en infraestructuras modernas, que son las que atraen a las redes empresariales mundiales, las cuales proporcionan puestos de trabajo e incorporan formación laboral y experiencia. Esta ha sido el secreto de todos los "éxitos económicos" del último medio siglo en Japón, Alemania y en los "Cuatro Tigres Asiáticos".

En el siglo XXI, la única ventaja perdurable estará determinada por las capacidades y cualidades que posea el hombre y esto establecerá el punto de partida de la competencia económica de las Naciones.

Sólo la cabal comprensión de la vital importancia que adquiere el conocimiento en el actual proceso de transformación económica mundial, posibilitará a América Latina transitar el camino que conduzca al desarrollo integral del hombre y permitirá desterrar la patética, pero no menos cierta afirmación de quienes sostienen que "la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder" (31).

(1) Según el informe de la OIT denominado "Defendiendo los valores, promoviendo el cambio" del 3 de febrero de 1994, el treinta por ciento (30%) de la fuerza laboral del mundo está desempleada o subempleada en una crisis global que en algunos países tiende a profundizarse, existiendo el peligro que pudiera estallar y socavar gravemente la estructura social. El informe señala que el desempleo en la Unión Europea alcanza al 10,7%, en Estados Unidos al 6,8% y en Japón al 3%.

(2) CEPAL, "Panorama económico de América Latina"; Santiago de Chile, setiembre de 1993, pág.6.-

(3) DAMILL Mario y Otros, "Crecimiento económico en América Latina:experiencia y recientes perspectivas"; Rev. Desarrollo Económico vol. 33 nº 130 (jul-set 1993) pág. 238; Bs.As..-

(5) El alto grado de volatilidad de los capitales financieros, y sus consecuencias negativas para las economías de los países, fue admitida, con motivo de la última crisis del Sistema Monetario Europeo (SME), por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, ante la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial (set/1992), al poner de manifiesto que "Los mercados de capitales han crecido dramáticamente... superando los recursos que los gobiernos pueden tener para controlarlos".

(9)FUENTE: Carta Económica, Diario "El Cronista", Bs. As. 19 de octubre de 1993, pág.2.-

(10) BERMUDEZ, Ismael en "Brasil ensaya un modelo alternativo"; Diario "El Clarín" Bs.As. 19 de julio de 1992, pág. 7.

(13) BANCO MUNDIAL; "Informe sobre el desarrollo mundial 1992. Desarrollo y Medio Ambiente. Washington, DC.

(14) IGLESIAS Enrique; discurso inaugural del Segundo Seminario "América Latina en el 2.000: perspectivas económicas y financieras"; Miami, enero de 1994

(15) ALBERT Michel; "Capitalismo vs. Capitalismo"; Ed. Paidos, Bs. As. 1992, pág. 234.

(16)GALBRAITH John Kenneth; "La cultura de la satisfacción", pág. 187; Ed. Emecé, Bs.As. 1992.- En similar sentido, se expresa Peter F. DRUCKER en la "Sociedad Poscapitalista" cuando dice:"La aseveración de los economistas partidarios de la oferta, según la cual unos impuestos bajos garantizan por sí mismos, la salud y el crecimiento económico, no ha podido demostrarse. Su afirmación de que unos impuestos altos llevan inevitablemente al estancamiento económico ha quedado definitivamente refutada; Japón ha tenido siempre unas tasas impositivas muy altas sobre la renta" (ob. cit., pág. 139; Ed. Sudamericana, Bs.As. 1993).

Se suma a esta perspectiva, Lester THUROW al destacar que durante la década de los '80 se redujeron de manera drástica los impuestos a las rentas personales en Estados Unidos, no obstante ello, el crecimiento de la productividad fue negativo durante los dos años que precedieron al ascenso de Reagan y los dos años que siguieron a su salida del cargo (en "La guerra del siglo XXI" pág. 347; Ed. Vergara, Bs. As. 1992).-

(17) MELLER Patricio; "Ajuste y reformas económicas para América Latina:problemas y experiencas recientes"; en "Pensamiento Iberoamericano" nº 22/23 tomo II, pág.53; Madrid julio 1992-junio 1993.

(18) SUNKEL Osvaldo; "El marco histórico de la reforma económica contemporánea", en "Pensamiento iberoamericano" pág.26, tomo I; ob. cit.

(20) La Constitución chilena, en su art. 24 párrafo 6º, establece que:"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o explotación".

(22) MELLER P.; ob. cit. páag. 43. Además, para las privatizaciones ver: LETWIN Oliver, "Privatizar el mundo", Ed. Del Trac SA, Barcelona 1990; BOCCO Arnaldo y Otro, "Privatizaciones. Reestructuración del Estado y la Sociedad", Ed. Letra Buena, Bs.As. 1991; MUCHNIK Daniel, "Fuegos de Artificio. Las zonas erróneas del plan de convertibilidad", Ed. Planeta, Bs.As. 1992; NATALE Alberto, "Privatizaciones en privado", Ed. Planeta, Bs.As. 1993; CASAS Juan Carlos, "Nuevos políticos y nuevas políticas en América Latina", Ed. Atlántida, Bs.As. 1991; GERCHUNOFF Pablo, "Las privatizaciones en la Argentina", Inst. Torcuato Di Tella, Bs.As. 1993.

(24) "The journal of commerce", Washington, 11 de diciembre de 1991, pág. 1A. Ver en el "Informe Okita" (1987), en el capítulo titulado "La experiencia del Japón", donde se destaca que el sistema japonés se basa sobre el "libre mercado". Sin embargo, para lograr el desarrollo, fue necesario que el Estado fijara ciertos lineamientos al sector privado. En materia de estrategia de desarrollo japonés ver:SHINTARO ISHIHARA, en "El Japón que sabe decir no", Edit. Sudamericana, Bs.As. 1991.

(25) SUNKEL Osvaldo, "El marco histórico...", ob. cit. pág.41. Asimismo, para el análisis del rol del Estado ver:BRESSER PEREIRA Luis, "Estado regulador y pacto democrático en América Latina", EURAL-Grupo Editor Latinoamericano, Bs.As. 1986; SILBERKASTEN Edgardo, "Apunten contra el Estado", Rev. "Relatos de hechos e ideas", año 1 nº22, Bs.As. marzo de 1990; PARAMIO Ludolfo, "El fin del Estado Providencia", Rev. "Relatos de hechos e ideas", año 1 nº22, Bs.As. marzo de 1990; GILLMAN Katherine y Otros, "Políticas públicas y privadas hacia la competividad industrial", EUDEBA, Bs.As. 1991; GALBRAITH John Kenneth, "Historia de la economía", págs, 109 y 320 Ariel SA, Bs.As. 1991; BARBEITO Alberto y LOVUOLO Ruben, "La modernización excluyente", UNICEF/CIEPP/LOSADA, Bs.As. 1992; TOMASSINI Luciano "Estado, gobernabilidad y desarrollo", serie de Monografías del BID, Washington DC 1993.

(26) SIDICARO Ricardo, "La inequidad social, una vía al atraso"; Rev. Relato de Hechos e Ideas", nº3; Bs.As. junio de 1990.

(27) BORON Atilio A., "Crisis y regulación estatal:dilema de política en América Latina y Europa"; pág. 296 EURAL Grupo Editor Latinoamericano, Bs.As. 1986.

(28) REICH Roberto B., "El trabajo de las Naciones", pág. 13; Vergara Editora SA, Bs. As. 1993.

(29) DRUCKER Peter F., "La sociedad poscapitalista", pág. 14; Ed. Sudamericana, Bs.As. 1993.

(31) GALEANO Eduardo, "Las venas abiertas de América Latina", pág.1; Siglo XXI editores, Bs.As. 1989.-

Suecia	Francia	Alemania	Italia	Reino Unido	España	Estados Unidos
24	8	13	13	14	10	13

Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Mexico *	Peru	Venezuela*
2.3	0.6	4.0	3.1	3.3	4.9	2.7	3.3