1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos nos hemos reunido por sexta vez en el marco de la Conferencia Iberoamericana, en las ciudades de Santiago y Viña del Mar, República de Chile, los días 10 y 11 de noviembre de 1996. En este nuevo encuentro confirmamos y realzamos los principios y objetivos que hemos adoptado en Cumbres anteriores, que han consolidado la fuerza de nuestra Comunidad Iberoamericana, como espacio de concertación y cooperación de características propias.

2. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el estado de derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y, en especial, los principios de soberanía, de no intervención y de igualdad jurídica de los Estados, así como el derecho de cada pueblo a construir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus instituciones. Este conjunto de compromisos y de principios, que se sustenta en el acervo cultural e histórico que compartimos y que nos ha llevado a constituir la Conferencia Iberoamericana, es la base fundamental y el marco conceptual que orienta nuestra reflexión, decisiones y objetivos que nos hemos trazado en relación con el tema de la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa.

3. En la Cumbre de Bariloche afirmamos que Iberoamérica enfrenta un triple desafío en los umbrales del siglo XXI: la promoción y la consolidación de un desarrollo económico y social sostenido y sostenible; la profundización, ampliación y consolidación de los procesos de integración regional; y su inserción en un mundo en profunda transformación tecnológica y productiva.

A estos inmensos desafíos se les une el imperativo de impulsar el desarrollo político, capaz de atender las demandas de una sociedad más participativa, como condición básica para asimilar e incidir positivamente en estos cambios de escala global. La necesidad de consolidar nuestras democracias, haciéndolas más eficientes, participativas y transparentes, se constituye así en una tarea permanente y en un obligado espacio de reflexión y cooperación para nuestros pueblos.

4. En Iberoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes, constituyen elementos esenciales de la democracia. Hoy somos más conscientes que la consolidación de la democracia es una tarea permanente en que cada pueblo, de acuerdo con su tradición política, debe avanzar resueltamente.

5. Nuestras democracias tienen desafíos tales como asegurar una representación y participación efectiva de la población, procurando que las opiniones y las iniciativas -que son condiciones esenciales para el debate abierto y transparente de la vida pública- fortalezcan a las sociedades. La gobernabilidad democrática supone también transformaciones sociales, económicas y culturales profundas que conduzcan a disminuir las desigualdades y los problemas de exclusión social. En este punto corresponde a nuestros Estados una importante e intransferible función.

6. A estos desafíos se suman nuevas exigencias derivadas tanto de la globalización como de los propios ajustes económicos, las que hacen urgente e imperativa la cooperación iberoamericana. Asimismo, nuestras democracias deben hacer frente a los retos que suponen la superación de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad pública y de la administración de la justicia, así como el combate contra la corrupción, el terrorismo, las drogas ilícitas y sus problemas conexos, el lavado de dinero y otras formas de delincuencia organizada internacional.

7. Esta Cumbre persigue establecer un amplio programa de cooperación política para Iberoamérica. Se fundamenta en una reflexión sobre la marcha de la democracia, que nos señala en qué materias podemos cooperar y las condiciones que permiten que esa cooperación sea posible y eficaz. Tenemos la convicción que podremos realizar un vasto intercambio de experiencias nacionales relacionadas con el fortalecimiento de nuestras instituciones políticas, con la formulación y aplicación de políticas públicas y con la intensificación de nuestras instancias de concertación. Estos intercambios, que ya existen a diferentes niveles y con diverso grado de desarrollo, deben ser impulsados con el único fin de ayudar a que nuestras democracias sean expresión de un gobierno efectivo para nuestros pueblos.

8. La cooperación política implica una interacción entre las naciones, que se fundamenta en el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y la independencia de cada país. Ella exige que las tradiciones nacionales arraigadas en cada una de nuestras sociedades sean respetadas, y que se posibilite la elección de los medios, los instrumentos y los mecanismos que cada Nación considere más idóneos.

9. Esta cooperación política se funda en criterios desarrollados en Cumbres anteriores que rechazan cualquier forma o intento de alterar el orden institucional, que establecen un mecanismo de consultas en casos de especial urgencia y relevancia y que han permitido gestiones y posiciones comunes en defensa de los valores democráticos y de la soberanía, fundadas en compromisos aceptados por nuestros países.

10. La experiencia política de los países iberoamericanos pone de manifiesto que la gobernabilidad democrática se fortalece en un entorno de paz y seguridad internacionales. Asimismo, valoramos que el régimen democrático contribuye decisivamente a las relaciones pacíficas entre los pueblos.

11. La globalización se ha convertido en un elemento característico de la sociedad contemporánea que incide en la vida de nuestros pueblos y en las acciones de los gobiernos. Solo una comprensión cabal de los alcances de este proceso, nos permitirá encarar sus riesgos, aprovechar sus oportunidades y amortiguar los efectos que inciden sobre los sectores más vulnerables de la población.

12. En el marco del regionalismo abierto y con el propósito de integrar a nuestros países en un sistema económico interdependiente y crecientemente globalizado, nuestros gobiernos han suscrito e impulsan activamente diversos acuerdos de liberalización de intercambios comerciales a nivel mundial, regional y subregional.

13. En este sentido, rechazamos la aplicación de medidas unilaterales, particularmente las coercitivas, contrarias al libre comercio. Ellas constituyen un factor adverso al crecimiento y estabilidad de Iberoamérica, que afecta la gobernabilidad en democracia.

14. Destacamos los esfuerzos binacionales y subregionales para desarrollar las infraestructuras de transportes y comunicaciones, que promueven los intercambios económicos, sociales y culturales, tanto entre los países de Iberoamérica como con otras regiones del planeta. De este modo, se está construyendo una red de relaciones cada vez más densa y multifacética, que aproxima el anhelo de integración de nuestros pueblos a un horizonte de realización más cercano.

15. Nos comprometemos a intensificar los lazos de cooperación internacional en la lucha contra la corrupción, el terrorismo, las drogas ilícitas y sus problemas conexos, el lavado de dinero, el tráfico de armas y otras formas de delincuencia organizada internacional. Para ello, conforme lo permitan nuestras legislaciones nacionales, buscaremos los mecanismos de cooperación policial y judicial que permitan el intercambio de información sobre las actividades delictivas; el mejoramiento de la coordinación entre las autoridades judiciales y policiales; y la puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes de los responsables de los actos criminales para su enjuiciamiento y cumplimiento de penas en sus correspondientes países o mediante la extradición. Asimismo, desarrollaremos, mejoraremos y promoveremos los convenios bilaterales y multilaterales sobre este tema, con el fin de intensificar esta cooperación.

16. Reafirmamos el hecho de que la estabilidad democrática y el desarrollo económico y social son conceptos que tienden a reforzarse mutuamente, ya que las democracias requieren de políticas sólidas que aseguren un desarrollo económico integral de la sociedad. En este contexto, el tema de la igualdad de oportunidades se plantea con fuerza en la agenda pública, más aún cuando la aplicación de políticas y de prácticas inadecuadas agravó los problemas sociales existentes. La democracia requiere de un Estado que, promoviendo la equidad, concilie los imperativos de crecimiento económico y desarrollo social, privilegie la inversión en el campo social, promueva la igualdad de oportunidades y responda eficazmente a las aspiraciones legítimas de los hombres y mujeres de nuestra región. Ello significa un vasto intercambio de ideas y experiencias en torno a temas tales como: adecuados sistemas tributarios; formas efectivas de gasto social; focalización sectorial y territorial de políticas sociales; educación; salud; lucha contra la pobreza y formas de contribución solidaria de la sociedad civil.

17. En Iberoamérica existe actualmente una comprensión más amplia de los agentes del desarrollo y de las políticas públicas. Se acentúa la conciencia de que tareas como el crecimiento económico, la creación de más y mejores empleos, y la promoción de la igualdad de oportunidades, no son exclusivas del sector público o del sector privado. Destacamos las experiencias positivas de la acción conjunta del Estado, de los empresarios y otras entidades privadas y de las organizaciones sociales, en el diseño, la gestión y la evaluación de diferentes políticas públicas. Cada vez más la comunidad organizada, a nivel municipal y regional, quiere tener voz y acción en la solución de los problemas que la aquejan. Estos son cambios que debemos reconocer y valorar positivamente.

18. El crecimiento y la equidad son exigencias compatibles, de allí la importancia de que el Estado contribuya a garantizar la complementariedad entre ambas: el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos; la inversión en recursos humanos; la generación de empleo productivo y la modernización tecnológica. Esta confluencia entre democracia y modernización se facilita cuando el gobierno y la sociedad jerarquizan un conjunto consistente de propuestas de transformación productiva con equidad, colaborando así a una mayor certidumbre de expectativas y acciones.

19. La gobernabilidad en democracia supone la representación y participación de todos los habitantes de nuestros Estados, sin consideración de origen, raza, religión o sexo, con especial consideración a las poblaciones indígenas, pues ello refrenda la legitimidad de la democracia política. Ello implica reconocer la contribución de las mayorías y de las minorías al perfeccionamiento de nuestros modelos democráticos.

Compatibilizar estos requerimientos con el respeto al principio de la igualdad entre todos los hombres y mujeres que habitan Iberoamérica, constituye un desafío para nuestra sociedades.

20. Uno de los mayores logros históricos de nuestras naciones ha sido el paso de una política basada en el conflicto a una política basada en la cooperación, que busca poner en común las ideas y los esfuerzos y resolver los conflictos dentro de cauces institucionales, respetando los derechos al debate público. Valoramos, asimismo, que la búsqueda de acuerdos se haya convertido en una práctica en otros ámbitos de la sociedad, como por ejemplo en el área sindical y empresarial.

21. Estamos convencidos de que la dignidad de las personas, la igualdad y la participación plena de mujeres y hombres en la política, la economía y la sociedad, son fundamentales para la práctica democrática. La noción de que ningún ciudadano puede verse afectado en sus derechos fundamentales en nombre de una visión dogmática acerca de la sociedad, del Estado o de la economía, debe afianzarse hondamente en la cultura democrática de nuestros pueblos.

22. Al respecto, señalamos la importancia de instituciones que faciliten una defensa más eficaz de los derechos humanos y de las garantías fundamentales, como los Defensores del Pueblo y los Procuradores de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, consideramos imprescindible, para el desarrollo de la gobernabilidad de la región, garantizar también los derechos sociales, económicos y el respeto a la diversidad cultural.

23. La raíz ética de la actividad política -la exigencia de valores y de sentido de vocación por la acción colectiva-, constituye el fundamento más importante del respeto hacia esta actividad. Elevar la calidad de la política, de la dirigencia y del debate público debe ser una tarea compartida por todos. Por ello, nos comprometemos a promover el prestigio de la política, para revalorizar su papel en la vida diaria de nuestros conciudadanos, y a estimular su participación política y social. En este sentido, fortaleceremos, desde la más temprana escolaridad, los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la participación.

24. Las agrupaciones y los partidos políticos tienen un papel esencial en el desarrollo democrático. Por ello, reforzaremos sustantivamente la responsabilidad de estas agrupaciones y partidos en la mediación, en la representatividad nacional y en la selección de los liderazgos, de conformidad con la legislación y las tradiciones políticas de cada uno de nuestros países, para fortalecer su prestigio y legitimidad entre la población.

25. Para ello, es necesario que las agrupaciones y los partidos refuercen la definición de sus programas, modernicen sus organizaciones, establezcan modalidades transparentes de financiamiento y refuercen su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias de la economía mundial y a la reformas institucionales de cada país. Son también indispensables programas que desarrollen el carácter de derecho público de los partidos.

26. El carácter representativo y participativo de la democracia ha tenido un sólido fortalecimiento en Iberoamérica con la celebración periódica de elecciones libres y competitivas, así como mediante el recurso frecuente, en algunos países, a referéndum y consultas directas a la población. Existe un notable mejoramiento de la organización y administración electorales, a través de una más moderna institucionalidad de sus organismos, que han permitido la realización de procesos transparente con pleno respeto a los requisitos esenciales del derecho electoral. Por otra parte, han existido debates e iniciativas para reformar los sistemas electorales hacia modalidades que permitan una representación más democrática de la población y una mayor relación entre los electores y los elegidos. En esta materia, la disponibilidad de información confiable -acerca de las tasas de abstención electoral, del nivel de inscripción en registros electorales, en los partidos y agrupaciones políticas- constituye un paso adicional para el fortalecimiento de la democracia.

27. La consolidación de la democracia implica el desarrollo de una cultura de la responsabilidad mutua entre los ciudadanos y las autoridades. Esta es una de las áreas más inexploradas de nuestros esfuerzos políticos. En el caso de los cargos elegidos, debe asumirse plenamente la esencia del mandato, con las correspondientes obligaciones de las partes. Los representantes del pueblo, junto con cumplir su cometido, deben dar cuenta pública y periódica de su gestión. A su vez, los ciudadanos deben conocer sus derechos y ejercerlos, así como respetar las facultades de las cuales están investidos los órganos públicos y sus titulares. En esta mutua responsabilidad reside en gran parte la transparencia que se hace exigible actualmente como una de las principales bases de la democracia.

28. La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política. Reafirmamos especialmente las medidas que toman nuestros Estados para estimular estos comportamientos y prevenir la corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1996, nos muestra que es posible tener criterios compartidos y abrir espacios a la cooperación en estas materias.

Nos comprometemos a continuar realizando el mayor esfuerzo en esta tarea, y en especial a adoptar las acciones necesarias para lograr la pronta ratificación o adhesión a esta Convención, por los países signatarios.

29. En Iberoamérica se realizan numerosas reformas en las diferentes instituciones políticas y en la administración y descentralización del Estado, a partir de las particularidades y necesidades específicas de cada sociedad en el ejercicio de sus derechos soberanos. Estas transformaciones se sustentan en el consenso existente acerca de la supremacía y del fortalecimiento del poder civil como elemento base de la democracia.

30. El fortalecimiento de la democracia en Iberoamérica ha traído consigo una nueva valoración de las instituciones políticas como pilares esenciales del régimen democrático, y un interés generalizado por el perfeccionamiento de los regímenes políticos, de las formas del Estado y de los órganos y estructuras que lo conforman.

31. La reforma del Estado abarca a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los países han fortalecido las estructuras de apoyo al titular del Poder Ejecutivo en la coordinación interministerial, en la formulación de las políticas públicas, en el procesamiento de información y en sus tareas de comunicación con los ciudadanos.

32. Los Parlamentos experimentan con gran fuerza las transformaciones de nuestras sociedades. Su función representativa es hoy más complicada de lo que fue en el pasado puesto que deben articular una mayor multiplicidad de intereses y de grupos. Sus labores -entre las que sobresale la función legislativa- son cada vez más complejas, debido al incremento de los aspectos técnicos y especializados de estos procesos. Ello hace imperativo ampliar las iniciativas tendientes a apoyar mejores niveles de información y conocimiento para el proceso legislativo, para la correcta fiscalización y para una apropiada comunicación con la opinión pública.

33. Una de las más notables reformas es la de la administración de justicia, inspirada en una nueva valoración de su papel en la sociedad, particularmente de su función social. Los cambios en esta área se refieren, por una parte, a la estructura de los tribunales, ampliando su cobertura y facilidad de acceso, y; por otra, a los procedimientos, atendiendo a su agilización y actualización.

También se están dando en la región importantes reformas tanto en lo que atañe a las normas procesales como a las de índole sustancial. Asimismo, merecen destacarse las reformas orientadas a la protección de sectores específicos de la población -menores, familia- así como las modificaciones tendientes a asegurar la protección de los legítimos derechos de las víctimas y a dar fiel cumplimiento al principio del debido proceso de las personas privadas de la libertad.

34. Las tareas del Estado están igualmente sujetas a transformaciones para actualizar antiguas funciones y enfrentar otras nuevas. Obligaciones que el Estado realizaba en forma directa, hoy pueden necesitar solamente una supervisión y un marco regulatorio claro, menos burocrático y más indirecto; en otras, como en las referidas a las políticas sociales, el fomento del progreso técnico y el apoyo a la inserción económica internacional, se desarrollan nuevas modalidades más eficientes. En este marco de transformaciones, resulta necesario redefinir las fronteras entre la público y lo privado; las experiencias intentadas -establecimiento de marcos regulatorios transparentes, incorporación de recursos privados a inversión pública, focalización de subsidios- deben ser incentivadas, teniendo en cuenta las tradiciones nacionales de nuestros Estados.

35. El cambio en la Administración apunta a mejorar la calidad y eficiencia de su capacidad de gestión, especialmente en lo que hace al digno trato de los usuarios de los servicios públicos. Ello es especialmente relevante para la calidad de vida de los sectores menos favorecidos, quienes recurren masivamente a estos servicios.

36. Al igual que en otras regiones del mundo, en Iberoamérica han surgido o se encuentran en pleno desarrollo procesos de descentralización del Estado, que caminan a la par con la consolidación democrática y las reformas económicas que tienen lugar en la región y que buscan superar una tendencia centralista. Así, en Iberoamérica avanza la descentralización, desarrollando espacios políticos, económicos, administrativos y territoriales viables para hacer al Estado más eficiente, para promover la igualdad de oportunidades, para el pleno ejercicio de la ciudadanía y para consolidar una democracia participativa con bases locales y comunitarias.

37. En este esfuerzo de modernización y descentralización del Estado en el que estamos empeñados, consideramos al municipio como uno de los elementos fundamentales del proceso de reformas. No hay descentralización sin fortalecimiento de la vida comunal, porque el desarrollo regional se base en medida importante en la participación ciudadana a través de municipios eficientes, conocedores de las necesidades y aspiraciones propias de sus respectivas comunidades. El potencial del municipio, como uno de los ámbitos de política pública y de participación y ejercicio de los derechos ciudadanos, se verá favorecido si se refuerza su capacidad de gestión. En este sentido, valoramos también la emergencia de asociaciones de ciudadanos a nivel comunal, cuya protección y promoción, coadyuva al desarrollo local.

38. Al mismo tiempo, los procesos de descentralización deben tener presente -en el marco de una estrecha colaboración entre la Administración Central y las Administraciones Descentralizadas- el principio de solidaridad, con objeto de evitar posibles desequilibrios, así como salvaguardar, en el proceso, el principio básico de la igualdad entre todos los ciudadanos, más allá de su origen étnico o de su residencia geográfica, al interior de nuestros Estados.

39. Como Gobernantes nos comprometemos a fortalecer decididamente nuestras instituciones y culturas democráticas; a mejorar la calidad de la política, de sus comportamientos y de sus estilos; a modernizar la gestión pública y apoyar los procesos de descentralización; a crear las condiciones necesarias para aumentar los niveles de equidad social, consolidar las bases socioeconómicas que harán posible una democracia integral; y a asumir las oportunidades que ofrece la globalización. Nuestros colaboradores directos, en coordinación con las sucesivas Secretarías Pro Tempore, serán los encargados de la promoción y seguimiento de los lineamientos centrales de esta Cumbre.

40. El fortalecimiento y consolidación de la democracia requiere una gran confluencia de nuestra energía colectiva. Los dirigentes y ciudadanos de Iberoamérica debemos, sin tardanza, sumar nuestros esfuerzos a esta tarea crucial para nuestro futuro. Convocamos a los partidos, a los parlamentos, a las variadas organizaciones de la sociedad civil, a los organismos internacionales, a desarrollar con fuerza y creatividad múltiples iniciativas que garanticen la gobernabilidad democrática en toda Iberoamérica. Tenemos la firme convicción de que la cooperación política democrática enriquecerá los horizontes de nuestra Comunidad Iberoamericana y abrirá nuevos caminos para la anhelada integración de nuestros pueblos.

41. Al destacar la riqueza de intercambio de ideas realizados en las reuniones sectoriales de esta VI Cumbre, hacemos nuestra la Declaración de Managua, adoptada por el II Encuentro de Ministras y Secretarias de Estado de Iberoamérica y nos felicitamos de la institucionalización de esta importante instancia de reflexión en torno a la igualdad de oportunidades.

Asimismo, tomamos nota con gran interés de la "Declaración de Valdivia", adoptada por el Foro Iberoamericano de la Vivienda y del Desarrollo Urbano.

Hacemos nuestra la "Declaración de Santiago para el Desarrollo Sustentable de la Agricultura y del Medio Rural" y nos felicitamos de la decisión de los Ministros de Agricultura de Iberoamérica de institucionalizar la existencia del Foro Iberoamericano de Agricultura, entendido como una instancia permanente de diálogo acerca de este importante sector de nuestras sociedades.

Acogemos las conclusiones contenidas en la "Declaración de Iquique", adoptada por el Foro Iberoamericano de Desarrollo Social.

Al tomar nota, con interés, de la "Declaración de Concepción", adoptada por la VI Conferencia Iberoamericana de Educación, señalamos la importancia que reviste para nuestras sociedades el profundizar la cooperación en torno a la educación y al patrimonio cultural común iberoamericano.

Reiteramos que el conocimiento adquirido, a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, cumple un papel fundamental en la gobernabilidad de nuestros países, por medio de su aplicación en la satisfacción de las demandas sociales y en la optimización de las capacidades productivas, propiciando una mayor calidad de vida y la equidad social. Por ello, al hacer nuestras las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Científica "El Gobierno de la Ciencia y la Tecnología", reafirmamos nuestra voluntad de seguir impulsando los esfuerzos en investigación y desarrollo, la cooperación iberoamericana en este ámbito y la adopción de medidas que favorezcan el fortalecimiento de los sistemas científico-tecnológicos de los países de nuestra comunidad.

Al tomar nota de las conclusiones de la Conferencia Iberoamericana de Montevideo sobre Derecho de Asilo, realizada en esa ciudad, expresamos nuestro interés para que las regulaciones internas en materia de asilo y extradición sean estudiadas, a fin de lograr una armonización de ambas instituciones en el ámbito de la cooperación iberoamericana, atendiendo al debido respeto de la naturaleza de cada una de ellas.

Nos felicitamos de la realización del V Congreso Iberoamericana de Academias de Historia.

42. Manifestamos nuestra gratitud al Excelentísimo Señor Presidente Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle y por su intermedio al Gobierno y al pueblo de la República de Chile por la calidez y gentileza con que hemos sido recibidos en Santiago y Viña del Mar. Asimismo, deseamos expresar nuestro especial agradecimiento a la Comisión Organizadora de la VI Cumbre Iberoamericana por la excelencia de la organización de esta Cumbre y por el desempeño de la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, durante 1996.

43. Convocamos a todos los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica a la VII Cumbre Iberoamericana, en la República de Venezuela, en 1997.

1. Instituido el sistema de cooperación derivado de la Conferencia Iberoamericana en la V Cumbre, celebrada en San Carlos de Bariloche, República Argentina, el reto al que ahora nos enfrentamos los países iberoamericanos es desarrollar sus estructuras y movilizar los recursos humanos y financieros para que la ejecución de los programas sea eficaz y estos logren resultados concretos. Esto es fundamental para profundizar la identidad e integración entre los miembros de la Comunidad Iberoamericana y potenciar el desarrollo de los países que la componen.

2. En tal sentido, expresamos nuestro beneplácito por la entrada en vigencia, a partir de diciembre de este año, del "Convenio para la Cooperación en el Marco de la Conferencia Iberoamericana", en vista de la importancia que tiene para el desarrollo de la cooperación y por su relevancia al definir una identidad propia.

3. Destacamos con beneplácito, los positivos e importantes resultados alcanzados por los programas iberoamericanos actualmente en ejecución.

4. Como resultado de los trabajos desarrollados durante la pasada Cumbre de Bariloche, presentamos el "Programa de Cooperación para el Desarrollo de Sistemas Nacionales de Evaluación de la Calidad Educativa", el "Programa Iberoamericano de Cooperación para el Diseño Común de la Formación Profesional (IBERFOP)" y el "Programa Iberoamericano de Modernización de Administradores de la Educación (IBERMADE)"; como nuevas iniciativas de cooperación iberoamericana y, gracias a los avances alcanzados en su definición, en esta VI Cumbre podemos anunciar el inicio de su ejecución según los mecanismos establecidos en el Convenio para la Cooperación en el Marco de la Conferencia Iberoamericana, lo que ha significado aumentar el número de países que participan activamente en los programas y proyectos de la Conferencia.

5. La presencia de nuestra comunidad en el mundo actual viene condicionada en gran medida por los medios audiovisuales. La creación de un mercado iberoamericano en este ámbito, representa una oportunidad para el desarrollo de dichas industrias y para la difusión de nuestra cultura. Por ello, apoyamos la iniciativa de un Programa de Desarrollo Audiovisual en Apoyo de la Construcción del Espacio Visual Iberoamericano (IBERMEDIA) para fomentar la producción audiovisual, contribuir a proyectos de coproducción, facilitar la formación y capacitación y contribuir al desarrollo de este espacio iberoamericano.

6. Apoyamos la creación de un espacio común para el libro iberoamericano en el que se hallen comprometidos, tanto el sector estatal, como el privado, así como los organismos de carácter regional. Para ello consideramos de suma importancia la realización de un repertorio del Sistema Internacional de Notación de Libros (ISBN) en lengua castellana y portuguesa.

7. Consideramos un importante avance en la cooperación iberoamericana, los progresos realizados en el proyecto de interconexión eléctrica centroamericana, por los países de la región, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), España y México. La definitiva puesta en marcha del sistema de interconexión eléctrica, constituirá una muestra de los avances en la integración, por lo que favorecemos su puesta en funcionamiento.

8. Destacamos una vez más que el desarrollo científico y tecnológico es una tarea prioritaria de los países y que la integración de las capacidades de investigación y desarrollo, a través de proyectos específicos, puede potenciar su aprovechamiento por todos y cada uno de los miembros de la comunidad iberoamericana.

Por ello, acogemos con beneplácito la iniciativa chilena para la creación de un Fondo Iberoamericano de Integración Científica y Tecnológica (FIICYT), que apoye acciones conjuntas en este sentido e instamos a dicho país para seguir avanzando en la implementación del mismo y a presentar una proposición operativa en la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

9. Al reafirmar la importancia de la cooperación iberoamericana, nos comprometemos a sensibilizar a nuestras sociedades respecto de su trascendencia para el desarrollo de nuestros países y de nuestra Comunidad. Por ello, los programas y proyectos que sean aprobados en el marco de las Cumbres deberán incorporar en su denominación el distintivo de la Conferencia Iberoamericana.

10. Asimismo, encomendamos el estudio para la implementación de una Red Iberoamericana de Gobernabilidad, como un instrumento técnico para el intercambio de experiencias nacionales vinculadas al tema.

11. Los Jefes de Estado y de Gobierno acordamos:

12. La Secretaría Pro Tempore asistirá en representación de la Conferencia Iberoamericana, a todas las reuniones previas que se desarrollen dentro del marco de cada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, debiendo preparar y distribuir un informe de cada reunión a los demás países miembros.

Asimismo, mantendrá una fluida comunicación con los demás organismos que participan de programas y proyectos de cooperación iberoamericana.

13. El seguimiento a las conclusiones a que hemos llegado en esta Cumbre reviste gran importancia, por lo que reiteramos la necesidad de fortalecer las distintas instancias existentes al interior de la Conferencia Iberoamericana, con el objeto de favorecer la coordinación y el intercambio de información respecto de los mecanismos y las iniciativas, proyectos y programas aprobados en el marco de las Cumbres Iberoamericanas.

1. Considerando la impostergable necesidad de fortalecer los procesos de paz y garantizar la estabilidad, la seguridad y la justicia social como bases de consolidación del orden político, apoyamos los esfuerzos del Gobierno de Guatemala y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para poner término al enfrentamiento armado interno que ha afectado a ese país, y nos congratulamos con el pueblo de Guatemala por la suscripción de distintos acuerdos que representan avances trascendentales e irreversibles hacia una paz firme y duradera. Asimismo, reconocemos de manera especial los esfuerzos desplegados y la contribución al proceso de paz, por parte de la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo de Amigos de Guatemala.

2. Tomamos nota de la "Declaración de Antigüa, Guatemala, sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz", adoptada con ocasión de la reunión del Foro Iberoamericano de Ombudsmen, celebrado en aquella ciudad, los días 28 y 29 de junio pasado.

3. Expresamos nuestra complacencia por la realización de las recientes elecciones transparentes en Nicaragua, las cuales constituyeron un elemento fundamental para la consolidación de la democracia en Centroamérica. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno de Nicaragua por la destacada labor realizada para alcanzar la paz, la democratización y la reconciliación nacional y formulamos votos para que el Presidente electo, según los resultados dados a conocer por el Consejo Supremo Electoral, continúe por dicha senda.

4. Confirmamos nuestra convicción de que la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, adoptadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 establecen los principios del desarrollo sostenible. Por ello, no sólo comprometemos nuestros esfuerzos, sino que hacemos un llamado a los organismos internacionales a participar activamente en la organización y seguimiento de las tareas para lograr que la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, a realizarse en Bolivia los días 7 y 8 de diciembre de 1996, sea el eje de las acciones nacionales e internacionales sobre la materia, atendiendo de una manera integral a objetivos económicos, sociales y ambientales. Asimismo, reafirmamos la importancia de contar con recursos adecuados para el financiamiento del plan de acción que se adoptará en esa Cumbre.

5. Reafirmamos nuestra determinación de superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad, el analfabetismo y lograr un mejor acceso a los servicios de salud mediante políticas que conduzcan a un desarrollo económico sostenible en el mediano y largo plazo.

Para lograr estas metas, nos comprometemos a continuar promoviendo políticas que estimulen a los agentes económicos, en particular la pequeña y mediana empresa, a crear más empleos productivos con remuneraciones dignas, así como a priorizar el mejoramiento de la educación, la formación y la capacitación laboral como la mejor herramienta de superación de los sectores más necesitados de nuestra población.

En consecuencia, exhortamos a los organismos financieros internacionales para que incrementen su apoyo a nuestros países en la lucha contra la pobreza, tanto en materia de recursos como de asistencia técnica a los programas nacionales.

6. Convencidos de la necesidad de impulsar aún más la alianza mundial contra las drogas, que requiere de una estrategia multilateralmente concertada y de esfuerzos nacionales cada vez más eficaces, ratificamos nuestro firme compromiso de cooperar en la lucha contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución ilícita de drogas y sus delitos conexos. Los desafíos que impone la superación de este complejo problema hacen indispensable una respuesta integral y equilibrada, construida sobre la base del principio de la responsabilidad compartida y con pleno respeto de los preceptos internacionales de soberanía de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.

Reafirmamos nuestra voluntad de emprender acciones comunes en contra del lavado de activos, que contribuyan a una mejor coordinación de los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales en la materia. En este contexto instamos a la comunidad internacional a tomar medidas para combatir el lavado de activos, incluido el procedente del tráfico ilícito de drogas en sus mercados financieros y comerciales.

Destacamos, asimismo, la necesidad de incrementar la cooperación regional e internacional para mejorar los controles al desvío y comercio ilícito de precursores y sustancias químicas esenciales y al tráfico de armas, municiones y explosivos.

Apoyamos la propuesta de celebrar en 1998 un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para tratar el problema de las drogas ilícitas y sus delitos conexos.

Consideramos que los esfuerzos de esta lucha deben complementarse con políticas sociales y de desarrollo alternativo a fin de garantizar condiciones de vida dignas para las poblaciones afectadas.

Asimismo, considerando que el uso indebido de drogas constituye una grave amenaza a la vida y la salud, reafirmamos nuestra firme convicción de que la prevención y la educación juegan un importante papel como estrategia eficaz, en el largo plazo, para crear mayor conciencia social en contra del consumo de drogas.

7. Destacamos los resultados emanados de la reciente Conferencia Interamericana Especiaizada sobre Terrorismo, reafirmamos nuestra condena al terrorismo en todas sus formas y reiteramos nuestro compromiso de combatir conjunta y firmemente a través de todos los medios legales, este flagelo, que erosiona la convivencia pacífica y civilizada y afecta el estado de derecho y el ejercicio democrático.

Rechazamos enérgicamente los actos terroristas recientemente cometidos contra el pueblo y Gobierno de Honduras y dejamos constancia de nuestro apoyo al régimen democático hondureño.

8. Reafirmamos nuestra decidida voluntad para contribuir a la codificación y al desarrollo progresivo del Derecho Internacional, a fin de fortalecer el imperio del derecho como norma de conducta en las relaciones entre los Estados.

9. En defensa del libre intercambio y de la práctica transparente del comercio internacional, rechazamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos iberoamericanos, obstruyen los procesos de integración al tiempo que violan los principios que rigen la convivencia internacional y la soberanía de los Estados. En este contexto, rechazamos la aplicación unilateral de normas y estándares ambientales que constituyan medios de discriminación arbitraria o injustificable, o restricciones veladas del comercio internacional.

10. En este sentido, manifestamos nuestro rechazo más enérgico a la aprobación por los Estados Unidos de América de la Ley "Helms-Burton", la cual viola principios y normas del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, contraviene los de la Organización Mundial de Comercio y es contraria al espíritu de cooperación y amistad que debe caracterizar las relaciones de todos los miembros de la Comunidad Internacional.

Por ello, preocupados del alcance de la Ley "Helms-Burton" que ignora el principio fundamental del respeto a la soberanía de los Estados y cuya ejecución significa una aplicación extraterritorial del derecho interno, exhortamos al Gobierno de los Estados Unidos de América para que reconsidere la puesta en práctica de dicha ley, que atenta contra los principios que rigen la convivencia internacional.

Asimismo, destacamos la importancia de la opinión unánime, emitida por el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, en el sentido de que los fundamentos y la eventual aplicación de dicha ley no guardan conformidad con el Derecho Internacional.

11. Conscientes de que en el contexto internacional se han producido cambios profundos en los últimos años, observamos un recrudecimiento de los conflictos armados y la violencia a nivel internacional, cuya principal consecuencia es el sufrimiento indecible de las víctimas que los padecen. Por ello y convencidos de que la lucha contra la intolerancia y contra la amenaza y el uso de la fuerza requiere nuestro esfuerzo común, reafirmamos nuestra convicción en el respeto y debida aplicación del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios fundamentales. Creemos que el conocimiento, respeto y observancia de las normas básicas del derecho internacional humanitario resultan esenciales para aliviar el sufrimiento de la población civil y otras víctimas de la violencia y para propiciar el diálogo y el restablecimiento de la paz.

Destacamos y agradecemos la labor realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), intermediario neutral, independiente e imparcial, cuya tarea de preservación de un espacio apolítico de asistencia humanitaria, con dinámica y objetivos propios, es reforzada con la acción de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de nuestros países.

12. Brindamos nuestro respaldo a la profundización del proceso de diálogo sobre seguridad hemisférica que se viene desarrollando en el ámbito regional, a partir del fortalecimiento de la confianza mutua y de la cooperación. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir adoptando las acciones necesarias para mantener un clima de entendimiento, que desaliente las tensiones entre nuestros pueblos.

13. Asimismo, tomamos nota con interés de la suscripción del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, el cual establece un nuevo modelo de seguridad regional, único, integral e indivisible, inspirado en los logros alcanzados en el proceso de pacificación e integración y en el cual la seguridad y el desarrollo humano son el eje fundamental.

14. Resaltamos la ampliación de la Conferencia de Desarme, único foro multilateral negociador en materia de desarme, que implicó el ingreso de varios países de nuestra comunidad, pues ello permitirá fortalecer la participación iberoamericana en un tema de especial importancia para la comunidad internacional.

15. Reafirmamos el compromiso de adoptar medidas a fin de lograr, a la brevedad posible, la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completo de los Ensayos Nucleares aprobado durante el L Período Reanudado de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y destacamos la importancia de adoptar un programa de desarme nuclear con medidas efectivas y plazos determinados tomando en cuenta el proyecto presentado en la Conferencia de Desarme por el llamado Grupo de los 21.

16. Tomamos nota de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 1996, en especial su afirmación respecto a que la amenaza o uso de las armas nucleares es generalmente contraria a las reglas del derecho internacional aplicables en conflicto y, en particular, a los principios y reglas del derecho humanitario; y que existe una obligación de proseguir de buena fe y llevar a conclusión las negociaciones conducentes al desarme nuclear, en todos sus aspectos, bajo una estricta y efectiva supervisión internacional.

17. Asimismo, saludamos la pronta plena vigencia del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, que ha sido ejemplo para la elaboración de otros tratados que establecen zonas libres de armas nucleares en distintas áreas del mundo, de manera que en breve el Hemisferio Sur de nuestro planeta quedará libre de la amenaza nuclear. Ello constituye un hecho de la mayor transcendencia para los países que perseguimos el desarme nuclear.

18. Coincidimos en la necesidad de seguir analizando las dimensiones humanitarias y de seguridad de las minas terrestres antipersonales, así como su producción, transferencia y uso. Por lo tanto, destacamos la importancia de la iniciativa de la Organización de Estados Americanos de convertir el continente americano en una zona libre de minas terrestres antipersonales, como una medida que permitirá disminuir el número de víctimas que causan estas minas en la población civil.

Asimismo, considerando que los países centroamericanos afectados por la presencia de minas terrestres antipersonales, han dado la más alta prioridad a las tareas de desminado y han reiterado en el seno de la Organización de Estados Americanos, la urgencia de completar esa labor antes del año dos mil, exhortamos a la comunidad internacional a continuar cooperando y apoyando financieramente a la mencionada Organización y a los países centroamericanos afectados, en sus esfuerzos para completar sus programas de desminado.

19. Acogemos la adopción en la Comisión de Desarme de la Organización de las Naciones Unidas de las directrices para las transferencias internacionales de armas, centradas en principios y medidas para frenar y finalmente erradicar el tráfico ilícito de armas. A este respecto, reiteramos como uno de los principios básicos, el de que las transferencias de armas no deben servir de instrumento para intervenir en los asuntos internos de otros Estados. Destacamos la importancia de la declaración aprobada recientemente por los Presidentes del Grupo de Río, en Cochabamba, sobre el tráfico ilícito de armas.

20. Expresamos nuestra satisfacción por el X aniversario del Grupo de Río, mecanismo de diálogo y concertación política, con el cual compartimos objetivos y valores comunes, tales como la consolidación de la democracia, la promoción y defensa de los derechos humanos y el impulso a los procesos de integración y de cooperación.

Destacamos, en particular, el importante papel de interlocutor que dicho Grupo mantiene con otros países y grupos de países, como la Unión Europea, en cuyo diálogo institucionalizado se han desarrollado valiosas iniciativas para las dos regiones.

21. Manifestamos nuestra complacencia por el X aniversario del proceso de Esquipulas, que ha hecho posible la pacificación en Centroamérica y promovido la reconciliación por medio del diálogo, la cooperación y la democracia.

22. Complacidos con la celebración del cincuentenario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reiteramos solemnemente nuestro compromiso con los ideales de paz, justicia, libertad y solidaridad expuesto en su constitución. Asimismo continuaremos alentando la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual y el intercambio internacional de representantes de la educación, de la Ciencia y la Cultura. Contribuiremos a la conservación, al progreso y a la difusión del saber.

23. Conscientes de que la enseñanza de la historia debe contribuir a fomentar sentimientos de solidaridad entre nuestras naciones, concordamos en la necesidad de llevar adelante iniciativas que conduzcan a una visión compartida de la historia de Iberoamérica y su proyección en los textos escolares.

24. Rechazamos enérgicamente la falsificación, plagio o reproducción ilícita de obras y publicaciones, que constituyen una violación a las legislaciones nacionales y a las convenciones y tratados internacionales sobre derechos de autor, afectando directamente la libre circulación de libros en la región. Con el objetivo de erradicar este ilícito en Iberoamérica, asumimos el compromiso de impulsar la efectiva aplicación del régimen universal e interamericano de protección a los derechos de autor, de conformidad con la normatividad de cada país en la materia.

25. Reafirmamos nuestra voluntad de asegurar la más amplia difusión y enseñanza del castellano y del portugués, como vehículos culturales que favorecen la aproximación entre las sociedades de habla castellana y de habla portuguesa.

Al efecto, encargamos a la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana que, en consulta con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nos proponga un Plan de Trabajo sobre las consecuencias que se derivan en esta materia de esta declaración.

26. Tomamos nota de las resoluciones de la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Juventud, y en especial del Plan Operativo Regional adoptado en esa ocasión. Ello permitirá iniciar la ejecución de los proyectos contemplados en le Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud en América Latina (PRADJAL), que aprobamos en la IV Cumbre Iberoamericana.

27. Destacamos la constitución formal de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), que culminó su proceso de institucionalización en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Juventud antes mencionada. Con ello, junto con reforzarse el tejido de instituciones que constituyen el espacio iberoamericano, se consolida el papel de la OIJ, como organismo cooperador de las Cumbres Iberoamericanas en materia de políticas de juventud.

28. Damos nuestro más decidido apoyo al "Primer Congreso Internacional de la Lengua Española" que se realizará en Zacatecas, Estados Unidos Mexicanos, y que estará dedicado a la lengua y los medios de comunicación y a analizar los caminos abiertos por los medios modernos para el enriquecimiento y la difusión de esta lengua, que es percibida como importante valor de la comunicación y como medio de progreso en su proyección al siglo XXI.

29. Saludamos la creación, el 17 de junio de este año, de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y renovamos nuestra voluntad de establecer estrechas relaciones de cooperación con esta Comunidad, cuyos valores esenciales compartimos.

30. Reiteramos nuestro apoyo a la realización, en 1998, de la Exposición Mundial de Lisboa "Expo 98", dedicada al tema de "Los Océanos, un Patrimonio para el Futuro", que cuenta ya con un número significativo de participaciones confirmadas de países y organizaciones internacionales, y atribuimos la mayor importancia a la contribución que esta Exposición hará a una mejor definición de la gestión adecuada de los recursos hídricos y a la preservación del medio ambiente.

31. Destacamos la constitución del Comité de Alto Nivel encargado de proponer un cronograma de trabajo y de promover estudios sobre la constitución de la Comunidad Latinoamericana de Naciones y su vinculación con la Comunidad Iberoamericana,.

32. Reconocemos que la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA), fundada en México el 14 de diciembre de 1989, ha desarrollado sistemáticamente una programación con el objetivo de cohesionar el trabajo de las bibliotecas de los Estados Miembros haciéndolas más eficientes. Sus labores han contribuido a crear conciencia sobre la significación e importancia de preservar el patrimonio bibliográfico y documental que constituye la memoria de nuestros países, apoyando de igual forma a las bibliotecas en la formación y tecnificación de sus recursos humanos y en el logro de los objetivos que se proponen.

33. Respaldamos el diálogo al más alto nivel, tal como lo promueve el Programa Bolívar de la Empresa Latinoamericana, cuyas acciones están dirigidas a fortalecer y respaldar estrategias competitivas de la pequeña y mediana empresa, mediante la articulación de los sectores gubernamental, empresarial, científico-tecnológico y financiero.

34. Reconocemos la diversidad de nuestras sociedades como eje fundamental de consolidación de la democracia, comprometiéndonos a posibilidad una plena participación de todos los sectores que la componen. Asimismo, reafirmamos el legítimo derecho de las poblaciones indígenas al desarrollo político, económico, social y cultural.

35. Como afirmáramos en las Cumbres de Salvador de Bahía (1993), Cartagena de Indias (1994) y San Carlos de Bariloche (1995), continuamos apoyando los esfuerzos llevados a cabo por el Secretario General de Naciones Unidas con miras a lograr una solución justa, global e internacionalmente aceptable para la cuestión de Timor Oriental, en el marco de las normas y principios de Derecho Internacional.

36. Tomamos nota con interés de la propuesta, formulada por Portugal a sus socios de la Unión Europea, para la realización de una Cumbre "Europa - África", destinada a contribuir, a través del diálogo político al más alto nivel, a la creación de condiciones que permitan un efectivo progreso socioeconómico del continente africano. Nuestro interés proviene del reconocimiento de que los profundos lazos históricos, culturales y económicos que ligan a la Conferencia Iberoamericana con África, serán fortalecidos por las iniciativas que promuevan la paz, la democracia y el desarrollo sostenible de los países africanos y ayuden a su plena integración en la comunidad internacional.

37. Conscientes del considerable peso que la deuda externa representa para algunos países iberoamericanos, manifestamos nuestro respaldo a los procesos de renegociación de la deuda externa que se realizan y hacemos un llamado a los países e instituciones acreedoras a considerar la posibilidad de brindar las facilidades necesarias para posibilitar el cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, sin descuidar los programas de desarrollo social, tan necesarios para la consolidación de la democracia.

38. Nos congratulamos con la próxima celebración de la Cumbre Mundial de la Alimentación, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la cual tiene como finalidad renovar el compromiso de la comunidad internacional para erradicar el hambre y la malnutrición y lograr la seguridad alimentaria y manifestamos nuestra voluntad de contribuir al éxito de esta reunión.

39. Nos felicitamos de la creación, el 4 de julio de 1996, de la Asociación Iberoamericana de Organismos de Protección y Defensa Civil y, al destacar la ejemplar labor que desempeñan estas entidades dedicadas a la seguridad y protección de las personas, sus bienes y el medio ambiente, las instamos a perseverar en la vía del fomento de la cooperación iberoamericana a través de los mecanismos existentes al interior de nuestra Conferencia.

40. Expresamos nuestra preocupación por los recientes obstáculos que dificultan el avance en el proceso de paz en el Oriente Medio, de cuyo inicio en la Conferencia de Madrid se cumplen ahora cinco años.

Asimismo, formulamos votos para que tales problemas, que afectan a toda la Región y particularmente a Jerusalén, sean resueltos con arreglo al espíritu constructivo de los acuerdos concluidos entre las partes implicadas, preservar los legítimos intereses de todos sus habitantes, garantizar el acceso a los Santos Lugares y con pleno respeto al Derecho Internacional.

41. Al confirmar la realización de las próximas Cumbres Iberoamericanas en Venezuela (1997), Portugal (1998), Cuba (1999), Panamá (2000) y Perú (2001), acogemos con beneplácito el ofrecimiento hecho por el Gobierno de República Dominicana, para realizar la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en esa nación, en el año 2002.