Los Jefes de Estado o Gobierno de los países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), reunidos en Barquisimeto, Venezuela, los días 28 y 29 de abril de 2007, analizaron la reciente liberación bajo fianza del terrorista internacional Luis Posada Carriles.

Los Jefes de Estado o Gobierno condenaron ese hecho y expresaron su convicción de que responde a una maniobra orquestada por el Gobierno de los Estados Unidos como pago al terrorista por su silencio y por no revelar los detalles de sus actos terroristas al servicio del gobierno norteamericano contra Cuba, Venezuela y otros países de nuestra América, incluida su participación en la Operación Cóndor y en el escándalo Irán - Contras, además de otras acciones realizadas durante décadas, incluido el periodo en que el padre del actual Presidente de los Estados Unidos era Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Constataron que el Gobierno de los Estados Unidos posee toda la información sobre las acciones de Luis Posada Carriles y que, como parte de la citada maniobra, tomo la decisión política de no certificar ante los tribunales norteamericanos, según la legislación de ese país, que la liberación de Luis Posada Carriles amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos o a la seguridad de la comunidad o de cualquier persona.

El gobierno de los Estados Unidos, mientras mantiene en forma injusta y cruel en prisión a cinco jóvenes luchadores antiterroristas cubanos, protegió al terrorista desde su arribo al territorio norteamericano a bordo de la embarcación "Santrina". Con esta acción no solo ha violado todos los convenios internacionales en materia de terrorismo de que es parte, sino también la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el mismo promovió, y ha demostrado su doble moral en la denominada "Guerra contra el Terrorismo" lanzada por su Presidente.

El gobierno de los Estados Unidos está obligado, por las disposiciones del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, que entrara en vigor el 23 de mayo de 2001, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, que entrara en vigor el 26 de enero de 1973, de los cuales es Estado parte, a extraditarlo o, en su defecto, a someter el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamientos, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio.

Por el contrario, el Gobierno norteamericano accede ahora a su liberación, y ha seguido haciendo caso omiso a la solicitud de extradición presentada, hace casi ya dos años, y cumpliendo todos los requisitos por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo demás, y a fin de no contrariar a Luís Posada Carriles y a las fuerzas terroristas que lo apoyan en el territorio de los Estados Unidos, el Gobierno de los Estados Unidos se limitó el pasado mes de enero a instruirlo de cargos por delitos migratorios menores que, como parte de la maniobra, sólo lo harán acreedor de una leve condena.

Los Jefes de Estado o Gobierno de los países que integran el ALBA exigen al Gobierno de los Estados Unidos que cumpla sus compromisos internacionales y proceda a extraditar al terrorista Luis Posada Carriles a la República Bolivariana de Venezuela o a enjuiciarlo por sus actos terroristas, incluida la destrucción en pleno vuelo de una aeronave civil de Cubana de Aviación en 1976 y a los actos terroristas con bambas cometidos contra instalaciones turísticas cubanas en 1997, uno de los cuales costara la vida al joven italiano Fabio di Celmo.

Barquisimeto, 29 de abril de 2007