Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, reunidos en Santiago de Chile, los días 15 y 16 de octubre de 1993, celebraron su VII Reunión Cumbre y aprobaron la siguiente

DECLARACION:

1. Nos encontramos en un momento de decidida consolidación de nuestro Mecanismo de Consulta y Concertación Política. Los valores y principios de la democracia representativa están adquiriendo una vigencia cada vez mayor en la región y han salido fortalecidos de las duras pruebas que han tenido que enfrentar en algunos de nuestros países. La democracia debe ser el sistema de gobierno que, sin excepciones, rija y se perfeccione en todos los países de nuestro continente. Hoy más que nunca queda en claro que la democracia representativa y en pleno respeto de los derechos humanos constituyen las premisas básicas y esenciales de la convivencia política en América Latina y el caribe.

2. Nos reunimos en una época caracterizada por la expansión de los valores democráticos y la apertura de las economías de vastas áreas del mundo, pero en la que también se registra un surgimiento de conflictos y en la que persisten serios interrogantes sobre el futuro del sistema multilateral de comercio. Comprobamos con satisfacción que la consolidación de la democracia coincide con importantes avances en los procesos de liberalización económica de América Latina y el Caribe. Nuestro continente emerge como una región estable y dinámica

en el mundo.

3. Es alentador comprobar que nuestra región no está contribuyendo a las incertidumbres que prevalecen en el actual escenario internacional.

Por lo contrario, estamos enfrentando con madurez nuestras dificultades, estamos abriendo nuevos cauces de cooperación regional y asumimos con responsabilidad los desafíos que traen consigo las profundas transformaciones que están ocurriendo en el mundo. Queremos transmitir un mensaje de optimismo y, sobre todo, de confianza en nuestros pueblos, que han debido sufrir muchos años de privaciones y sacrificios. Pero también estamos conscientes de que queda mucho por hacer.

4. Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y la vigencia del Estado de Derecho, expresando en el "Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano", adoptado en esta misma ciudad en 1991 por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Valoramos positivamente la estrecha colaboración surgida entre nuestros países para honrar esos compromisos.

5. Reconocemos la importancia de seguir cooperando estrechamente en el fortalecimiento de instituciones democráticas, modernas y participativas en nuestra región. Frente a las difíciles situaciones internas que viven algunos países, reiteramos el firme respaldo a los esfuerzos que se desarrollan en pro de la reconciliación nacional, el respeto a la voluntad popular, la defensa del equilibrio e independencia de los poderes y la subordinación de todos los sectores a la autoridad civil legítimamente constituida.

6. Expresamos nuestro compromiso con los esfuerzos de cooperación destinados a asegurar la paz y la seguridad internacionales. En tal sentido, consideramos que los cuantiosos fondos destinados al armamentismo deben ser canalizados hacia los esfuerzos para la paz y el desarrollo. Asimismo, instamos al cese de todos los ensayos nucleares mediante un tratado multilateralmente negociado que establezca su prohibición total y se ponga fin a la posesión, utilización o amenaza del empleo de las armas nucleares y de destrucción masiva. Destacamos el ejemplo que América Latina y el Caribe dan al mundo; a través de los compromisos de Mendoza y de Cartagena sobre renuncia a las armas de destrucción en masa, de los importantes avances para lograr la plena vigencia del Tratado de Tlatelolco y de la adhesión irrestricta a la Convención sobre las Armas Químicas.

7. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe desempeñar un papel central para la consecución de la paz y la seguridad internacionales y para impulsar un diálogo internacional renovado sobre desarrollo. Ambos son objetivos primordiales e inseparables de las Naciones Unidas. Nos comprometemos a contribuir activamente al fortalecimiento de la Organización y apoyamos la reestructuración de sus órganos y métodos de trabajo, con el fin de dotarlos de mayor representatividad y eficacia. Asimismo expresamos nuestro deseo de seguir contribuyendo con los esfuerzos para fortalecer la Organización de Estados Americanos (OEA).

8. Reafirmamos nuestra determinación de promover el desarrollo sostenible, concepto central consagrado en la Conferencia de Río. Trabajamos para la plena realización de los objetivos y principios de la Declaración de Río y la Agenda 21 e impulsaremos la más pronta vigencia de las convenciones sobre Cambio Climático y Biodiversidad.

9. Ratificamos que las medidas de políticas comerciales o financieras con fines ambientales no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada al comercio internacional.

10. Reiteramos nuestro compromiso a seguir combatiendo la producción, tráfico y consumo ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Nos comprometemos a crear y perfeccionar mecanismos permanentes, ágiles y eficaces de intercambio de información en esta materia entre nuestros países, con especial énfasis en las áreas educativa, policial, judicial y aduanera. Asimismo, instamos a aumentar la cooperación internacional, bajo un marco de responsabilidad compartida entre países afectados por la producción y aquéllos caracterizados por un alto consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, apoyando la búsqueda de soluciones integrales para enfrentar este grave problema.

11. Hacemos un llamado para que, en las sesiones plenarias de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cooperación internacional en la lucha contra la droga, se tomen las medidas necesarias para iniciar, cuanto antes, un proceso de reflexión que reoriente y fortalezca los esfuerzos internacionales de cooperación en esta materia.

12. Reafirmamos nuestra condena al terrorismo expresada por la III Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El terrorismo constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos humanos, que atenta contra la estabilidad del sistema democrático. En este sentido, expresamos nuestro apoyo a los países de la región, empeñados en procesos de pacificación y exhortamos a la comunidad internacional a mantener una actitud solidaria y a cooperar en la erradicación de este flagelo.

13. Manifestamos nuestra convicción que el desarrollo económico y social con equidad constituye un fundamento central de la paz y seguridad internacionales. Para que la democracia contemporánea se proyecte con fuerza y vigor hacia el futuro, necesita responder al desafío de asegurar tanto la eficiencia económica como la equidad social, como fundamento de un mayor bienestar de nuestros pueblos. Subrayamos el valor de la justicia y la solidaridad para lograr sociedades armónicas y estables.

14. Destacamos los efectos de los distintos programas que en materia de atención social y combate a la pobreza se llevan a cabo en la región y los resultados positivos que han tenido en seguridad social, educación, vivienda e infraestructura urbana y rural. Reconocemos, sin embargo, la necesidad de redoblar los esfuerzos en este sentido.

15. Subrayamos la necesidad de mejorar progresivamente la calidad de la educación en nuestros países y de procurar que una proporción cada vez mayor de la población escolar y de grado superior alcance niveles de formación técnica y profesional, mediante sistemas educativos estructurados para responder a los procesos de modernización productiva y de inserción competitiva en la economía global. Tal inserción competitiva presupone condiciones nuevas y más abiertas de acceso a la tecnología avanzada, elemento esencial del desarrollo.

16. Reafirmamos nuestro apoyo a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que tendrá lugar en Copenhague en 1995. Nos comprometemos a favorecer un espíritu de consenso y entendimiento que haga posible la adopción de acuerdos concretos para promover condiciones de mayor seguridad humana en todas las sociedades. En particular, queremos fomentar un mayor volumen y eficiencia del gasto social destinado a la disminución de la pobreza, una política de estímulo a las inversiones que incremente el empleo productivo y un compromiso destinado a impulsar la integración social de los sectores más vulnerables y marginados.

17. Recibimos con satisfacción el documento preparado por el Grupo de Expertos sobre Pobreza, Desempleo y Marginalidad en cumplimiento del mandato de la Reunión de Buenos Aires. Decidimos transmitirlo oportunamente al Secretario General de las Naciones Unidas y al Comité Preparatorio, como contribución inicial del Grupo de Río a las discusiones sobre la Cumbre Social. Acordamos que el Grupo de Expertos presente un informe adicional a la próxima Reunión Presidencial en Brasil.

18. Reiteramos nuestra determinación de promover y proteger los derechos humanos. Destacamos su carácter universal y su relación de interdependencia con la democracia y el desarrollo. Reafirmamos que el derecho al desarrollo es parte integrante de los derechos humanos fundamentales.

19. Formulamos un enérgico llamado a la comunidad internacional y especialmente a los países industrializados para lograr una culminación ampliamente satisfactoria de la Ronda Uruguay, antes de fines de este año, respetando plenamente la multilateralidad del proceso, en un marco global y equilibrado.

20. Estamos convencidos que el Proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, presentado por Arthur Dunkel, constituye la base para finalizarlas, pese a que dista de satisfacer nuestros intereses y aspiraciones. Observamos con profunda decepción que las grandes potencias comerciales han intentado, persistentemente, diluir las disciplinas contenidas en dicho proyecto en las áreas más críticas para nuestros países, debilitando aún más el sistema multilateral de comercio y alterando un precario equilibrio logrado después de más de seis años de negociación.

21. Confiamos que el relanzamiento de las negociaciones permita lograr mejores condiciones de acceso a los mercados para nuestras exportaciones de bienes y servicios.

22. Manifestamos nuestra voluntad de seguir contribuyendo a la liberalización del comercio y al establecimiento de un sistema multilateral transparente, libre de proteccionismo y de unilateralismo. Los demás participantes, particularmente los países industrializados, deben asumir con igual voluntad sus responsabilidades y ejercer positivamente su capacidad de liderazgo. En tal sentido, respaldamos la Declaración de los Ministros de los países miembros del Grupo de Río emitida en Montevideo, Uruguay, el 17 de septiembre de 1993.

23. Consideramos que los procesos de reforma económica en nuestros países han permitido dar fuerte impulso hacia una mayor integración y cooperación regional. Destacamos el impacto positivo que estos esfuerzos han generado en el fortalecimiento de los flujos de comercio, en la promoción de los vínculos empresariales y en la consolidación de las instituciones latinoamericanas de integración. Estamos convencidos que la apertura e internacionalización de los mercados crean un clima propicio para seguir avanzando en esta dirección.

24. Reconocemos que existen varias vías hacia la integración regional y apoyamos la aplicación de las fórmulas flexibles consagradas en el Tratado de Montevideo de 1980, dentro de su objetivo fundamental de establecer en forma gradual y progresiva el Mercado Común Latinoamericano. Destacamos la importancia de los trabajos que a partir de las actuales condiciones de las relaciones económicas internacionales lleva a cabo el Grupo Ad-Hoc de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y consideramos que este esfuerzo debe traducirse en el fortalecimiento del proceso de integración. Reafirmamos que la integración en América Latina y el Caribe es plenamente compatible con el proceso de apertura externa en que se encuentran comprometidos nuestros países.

25. Reafirmamos la prioridad que asumen las acciones de integración que se extienden más allá del campo puramente económico. Declaramos nuestra voluntad de fortalecer los programas de cooperación existentes entre nuestros países en los ámbitos político, cultural, de infraestructura física, energético y científico-tecnológico y nos comprometemos a explotar la posibilidad de introducir nuevos instrumentos que cumplan estos propósitos.

26. Consideramos que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos de América, abrirá nuevas posibilidades para el libre comercio y el desarrollo de todo el hemisferio.

27. Declaramos nuestra voluntad de dar continuidad y fortalecer la interlocución del Grupo de Río con otros países y grupos de países, en la convicción de que ese diálogo contribuye a proyectar a la región y aumentar su influencia en el escenario internacional.

28. Reiteramos nuestro decidido apoyo a la candidatura del señor Rafael Moreno a la Dirección General de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) como representante del Grupo Río y hacemos votos para que, a partir de la unidad de América Latina y el Caribe, se continúe el creciente apoyo de otras regiones que conduzca al éxito de esta postulación.

29. Reiteramos el acuerdo de llevar a cabo la VIII Cumbre Presidencial en la República Federativa del Brasil en el transcurso de 1994 y la IX en la República del Ecuador en 1995. Asimismo, acordamos reunirnos en la X Cumbre Presidencial en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, durante 1996, y en la XI en Paraguay, en 1997.

30. Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Santiago de Chile, al suscribir la presente declaración, expresamos nuestro profundo agradecimiento al Presidente Patricio Aylwin Azócar, al Gobierno y al pueblo chilenos por la acogida cálida y fraternal y por la espléndida organización y conducción de la VII Cumbre Presidencial del Grupo Río.

Santiago de Chile, 16 de octubre de 1.993.

Patricio Aylwin Azócar, Presidente de la República de Chile.

Itamar Franco, Presidente de la República Federativa del Brasil.

Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente de la República de Bolivia.

César Gaviria. Presidente de la República de Colombia.

Sixto Durán Ballén. Presidente de la República del Ecuador.

Alfredo Cristiani. Presidente de la República de El Salvador.

Carlos Salinas de Gortari. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Juan Carlos Wasmosy. Presidente de la República del Paraguay.

Alberto Fujimori. Presidente de la República del Perú.

Luis Alberto Lacalle. Presidente de la República Oriental del Uruguay.

Ramón J. Velásquez. Presidente de la República de Venezuela.

Guido Di Tella. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Argentina.

Paul Douglas Robertson. Ministro de Relaciones Exteriores de Jamaica.