* Una década de crisis política en el Perú: entre la “vacancia” y la erosión institucional
Fernanda Daniela Díaz[1]
El nombramiento de José María Balcázar como nuevo presidente del Perú, tras la destitución de José Jeri (2025-2026), marca el récord del país andino de contar con nueve jefes de Estado en una década.
En ese marco, la inestabilidad institucional en el Perú no puede analizarse simplemente como una sucesión de “malas coyunturas” ni tampoco como una acumulación de escándalos presidenciales individuales.
La década 2016-2026 nos muestra un patrón consolidado: el Congreso se transformó en un actor clave con capacidad efectiva para acortar mandatos y reconfigurar gobiernos, haciendo uso de interpretaciones expansivas de mecanismos constitucionales, en particular la “vacancia por incapacidad moral”, facilitado también por un contexto de hiperfragmentación partidaria y baja legitimidad social.
Ahora bien, conviene precisar un punto que suele aparecer en el debate público e incluso se repite en la prensa nacional e internacional, no se trata estrictamente de “ocho presidentes expulsados por el Congreso” en diez años, sino de un número alto de presidentes que se suceden en el cargo, con varios casos de salidas anticipadas, ya sea por renuncias por amenazas de destitución, vacancia o por censura/juicios políticos, pero también allí el Congreso fue el actor clave de presión, que ahonda en la ya tensa relación con el Poder Ejecutivo. Esto establece un ciclo de sustituciones que tensiona el principio de separación de poderes, debilita la rendición de cuentas y, en momentos críticos, desata conflictos sociales de alta intensidad.
Constitución de 1993, una bisagra institucional
El corazón jurídico de la crisis contemporánea reside en la ambigüedad operativa de la causal de vacancia por “permanente incapacidad física o moral”. La Constitución de 1993 promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori establece en el artículo 113 que la Presidencia se vaca por, entre otros supuestos, la permanente incapacidad física o moral declarada por el Congreso.
El problema no es la existencia de un mecanismo de remoción en sí, ya que toda democracia requiere de válvulas de seguridad, sino que el conflicto radica en la ambigüedad de este mecanismo, porque en la Constitución no se encuentra definida con precisión cuál sería dicha incapacidad o que elementos requeriría para poder declararse, por lo que carece de criterios objetivos, verificables o tipificados legalmente. Esto ha convertido en las últimas décadas en un recurso políticamente disponible, capaz de funcionar como un impeachment sin tipicidad estricta y con márgenes elevados de discrecionalidad.
Esto ha generado un alto grado de imprecisión jurídica, dando lugar a interpretaciones políticas más que estrictamente legales. Es decir, de acuerdo a Gamarra Saldivar (2025) la causal puede ser invocada y aplicada por el Congreso con una flexibilidad que no exige estándares probatorios claros o procesos típicos de un juicio político clásico. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expidió al respecto, al señalar que la vacancia presidencial debe llevarse a cabo conforme al debido proceso constitucional y fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso, a fin de asegurar que sea un recurso que no se use para afectar el orden democrático constituido y los derechos políticos de los y las peruanas (CIDH, 2022).
De esta manera, estamos ante un instrumento de control político por parte del Legislativo para remover presidentes que enfrentan fuertes disputas con ese mismo Congreso, incluso la evaluación sobre el sistema de justicia del Perú por parte de la OECD recomienda limitar el uso de ese tipo de mecanismos utilizados con propósitos políticos (OECD, 2024).
En ese sentido, la utilización de la causal de “incapacidad moral” se ha convertido en la práctica política peruana contemporánea en un recurso constitucional políticamente disponible para un Congreso fragmentado y altamente confrontacional. Es decir, la carta magna brinda el recurso, y la dinámica parlamentaria lo convierte en una herramienta de lucha política, capaz de ser activada incluso como respuesta coyuntural a crisis de gobernabilidad o eventos polémicos de gestión presidencial.
Cronología mínima de una década de renuncias forzadas
El periodo 2016-2026 en el Perú puede ser interpretado como la consolidación de un presidencialismo inestable con activación recurrente de mecanismos de interrupción anticipada del mandato. Lo que inicialmente comenzó como una crisis vinculada a escándalos de corrupción, terminó configurando un patrón estructural de confrontación entre poder y judicialización de la política.
Sin ánimo de exhaustividad empírica, se presenta a continuación una reconstrucción selectiva de los principales hitos – con por lo menos cuatro etapas resultantes- que permiten identificar la consolidación del mecanismo de vacancia y su transformación en una herramienta recurrente de disputa interinstitucional.
La primera etapa se evidenció con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que no puede leerse como consecuencia del escándalo de corrupción del caso Odebrecht, sino que en términos políticos la renuncia fue un escape ante una remoción probable, una salida formalmente voluntaria pero estructuralmente condicionada por un Congreso controlado por una oposición cohesionada que funcionó como un actor con capacidad de veto.
Una segunda etapa se dio en noviembre de 2020, cuando el Congreso declaró la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020) invocando la causal de incapacidad moral a pesar de tener una investigación penal en curso. Al respecto, la CIDH (2020) advirtió entonces que la falta de definición objetiva habilitaba discrecionalidad capaz de erosionar el Estado de derecho.
El punto de inflexión del caso Vizcarra fue que el Congreso pasó de ejercer una fiscalización a detentar un poder destituyente de facto, con bajo costo institucional inmediato, a pesar de las manifestaciones y protestas sociales. La breve presidencia de Manuel Merino (2020) mostró, además, un déficit de legitimidad social en el proceso de sucesión. La reacción ciudadana resultante indicó que la legalidad formal no necesariamente equivalía a legitimidad democrática sustantiva.
La tercera etapa la constituyó el caso de Pedro Castillo (2021-2022), ya que se introdujo una dimensión distinta. El intento de Castillo de disolver el Congreso estableció un quiebre explícito del orden constitucional, por lo que la posterior vacancia puede interpretarse más como un mecanismo reactivo de defensa, sin embargo, es menester aclarar las dificultades de la administración Castillo para gobernar y los escollos establecidos por el poder Legislativo a su gestión, lo que marca la consolidación de un patrón de confrontación permanente entre poderes.
Bajo ese lineamiento la presidencia de Castillo estuvo atravesada por una dinámica de confrontación constante con el Congreso que excedió el conflicto político ordinario propio de un régimen presidencial erosionando la gobernabilidad, con una relación caracterizada por intentos reiterados de destitución, censura sistemática de ministros -lo que explicó la alta rotación ministerial forzada, afectando la capacidad del Ejecutivo para consolidar equipos técnicos- y la utilización intensiva de mecanismos de control parlamentario como herramienta de control político.
Por último, una cuarta etapa donde se produjo la normalización de la inestabilidad institucional dado por el período 2023-2026, aquí queremos remarcar que el elemento más relevante para el análisis no es cada destitución en sí misma, sino la normalización de la rotación presidencial, incluso cuando la posibilidad de remoción anticipada ya deja de ser excepcional y se convierte en expectativa plausible dentro del cálculo político, afectando la arena institucional.
De esta manera, el Congreso internaliza la posibilidad de reemplazo como herramienta estratégica y la ciudadanía percibe la pérdida de eficacia del sistema representativo. En este contexto, la inestabilidad político-institucional deja de ser coyuntural y adquiere su carácter estructural.
Nos encontramos entonces ante una paradoja, un régimen formalmente presidencialista que opera con dinámicas y presiones parlamentarias, pero sin los mecanismos típicos del parlamentarismo. Se trata, entonces, de un presidencialismo fragmentado con poder destituyente concentrado en el Legislativo sin contrapesos claros que aseguren gobernabilidad.
Por tal, el núcleo de la crisis peruana es el desacople entre la legalidad constitucional y la legitimidad democrática percibida. En términos estrictamente jurídicos, las vacancias presidenciales fueron adoptadas conforme los procedimientos constitucionales, pero existe una gran distancia entre validez normativa y aceptación política, ya que la utilización del mecanismo de vacancia es visto como una maniobra estratégica de una elite parlamentaria con bajos niveles de aprobación ciudadana.
Así, la estabilidad formal de las reglas convive con una erosión progresiva de la legitimidad, produciendo gobiernos con mandato constitucional, pero con capital político limitado y horizonte de gobernabilidad incierto.
Referencias:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2022). “CIDH reitera preocupación por la inestabilidad política en el Perú y su impacto en los derechos humanos”. Comunicado de Prensa. Accesible en https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=%2Fes%2Fcidh%2Fprensa%2Fcomunicados%2F2022%2F063.asp
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2020). “The IACHR calls on the State of Peru to protect democratic institutions and de rule of law after president´s impeachment”. 270/20. Accesible en https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/270.asp
Gamarra Saldivar, Teofilo. (2025). “La Vacancia Presidencial por Permanente Incapacidad Moral en el Perú, Un Concepto Ambiguo e Impreciso, Distante al Principio de Legalidad”. Revista Veritas de Difusao Científica. 6(2), 1721–1743.
OECD. (2024). Justice Review of Perú: Towards effective and transparent justice institutions for inclusive growth. OECD Publishing. Paris. Accesible en https://www.oecd.org/en/publications/oecd-justice-review-of-peru_bb556518-en.html
[1] Magíster en RRII e integrante del departamento de América Latina y el Caribe- IRI-UNLP.
