Mientras el lento escrutinio de los votos avanza hacia su tramo final, todo parece indicar que Perú se encamina hacia el retorno del fujimorismo al Palacio de Pizarro. Tras años de derrotas electorales, cuestionamientos políticos y procesos judiciales, Keiko Fujimori estaría finalmente a las puertas de alcanzar la presidencia de la República, intentando salir del empate técnico con Roberto Sánchez. De confirmarse esta tendencia, América Latina asistirá a uno de los casos más significativos de resiliencia política de las últimas décadas: una dirigente que, después de perder sucesivas elecciones presidenciales, logró mantenerse vigente hasta convertirse nuevamente en una opción competitiva para amplios sectores de la sociedad peruana.
Sin embargo, el verdadero desafío de Keiko Fujimori no será ganar la elección. El verdadero desafío comenzará al día siguiente de asumir el gobierno.
Pocos países en la región exhiben una paradoja tan marcada como la peruana. Mientras la economía construía credibilidad, la política acumulaba desconfianza. Mientras los indicadores macroeconómicos transmitían estabilidad, las instituciones perdían legitimidad. Durante la última década, Perú logró sostener crecimiento económico, estabilidad monetaria, apertura comercial y capacidad de atracción de inversiones mientras atravesaba una profunda crisis institucional. La sucesión de presidentes, las vacancias presidenciales, la confrontación permanente entre Ejecutivo y Congreso y el creciente descreimiento ciudadano en las instituciones terminaron configurando uno de los escenarios de gobernabilidad más complejos de la región.
La principal tarea del próximo gobierno será precisamente reconstruir esa gobernabilidad perdida. Más allá de las diferencias ideológicas, existe un amplio consenso sobre la necesidad de devolver previsibilidad al sistema político peruano. El país necesita volver a construir confianza institucional, reducir los niveles de confrontación y generar condiciones para que las decisiones estratégicas puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno.
Perú llega a esta transición presidencial con una ventaja que pocos países latinoamericanos poseen: una macroeconomía relativamente sólida y creíble. A pesar de los sucesivos episodios de crisis política, el país continúa exhibiendo algunos de los fundamentos macroeconómicos más estables de la región. La inflación permanece bajo control, la deuda pública se mantiene en niveles moderados, las reservas internacionales continúan siendo importantes y el sistema financiero conserva niveles elevados de solidez. Organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE siguen considerando a Perú como una de las economías más estables de América Latina.
Uno de los pilares de esa estabilidad ha sido la independencia del Banco Central de Reserva del Perú. Bajo la conducción de Julio Velarde, la institución logró construir una reputación de credibilidad técnica que trascendió gobiernos, crisis políticas y cambios de orientación ideológica. Mientras otras economías latinoamericanas enfrentaban episodios recurrentes de inflación, volatilidad cambiaria e incertidumbre monetaria, Perú logró mantener una política monetaria previsible y consistente. Esa confianza institucional constituye uno de los activos más importantes que recibirá la próxima administración.
Los números ayudan a comprender esta realidad. Tras la desaceleración y la recesión observadas en años recientes, la economía peruana volvió a mostrar señales de recuperación, con tasas de crecimiento superiores al promedio regional. La minería, la agroexportación, los servicios y las inversiones vinculadas a infraestructura continúan actuando como motores relevantes de la actividad económica. A ello se suma una posición estratégica en el Pacífico y una creciente inserción dentro de las cadenas globales vinculadas a minerales críticos y transición energética.
Sin embargo, allí aparece el verdadero desafío del próximo gobierno, que consiste en trasladar esa estabilidad a la vida cotidiana de millones de ciudadanos. En otras palabras, transformar una macroeconomía exitosa en una microeconomía inclusiva.
Durante años, el crecimiento convivió con elevados niveles de informalidad, desigualdad territorial y percepción de exclusión social. Más del 70% de la población económicamente activa desarrolla actividades en condiciones de informalidad, mientras amplias regiones del interior continúan percibiendo que los beneficios del crecimiento se concentran principalmente en Lima, la costa y los sectores más integrados a la economía global.
Esta paradoja explica buena parte de la inestabilidad política peruana. Mientras los indicadores macroeconómicos transmiten confianza a inversores y organismos internacionales, una parte significativa de la sociedad no percibe mejoras equivalentes en empleo formal, ingresos, acceso a servicios públicos o infraestructura. Por ello, el desafío del próximo gobierno será político y económico al mismo tiempo: mantener la disciplina macroeconómica que permitió a Perú diferenciarse en la región, pero transformar esa estabilidad en oportunidades concretas para los sectores populares, rurales e informales.
La cuestión institucional también ocupará un lugar central. La experiencia de los últimos años dejó en evidencia las tensiones existentes entre el presidencialismo formal establecido por la Constitución y las capacidades efectivas del Congreso para condicionar, bloquear o incluso remover presidentes. Perú terminó funcionando muchas veces como una suerte de parlamentarismo de facto dentro de un sistema presidencialista. Por ello, uno de los debates inevitables será cómo fortalecer la autoridad presidencial sin debilitar los mecanismos democráticos de control. La gobernabilidad futura dependerá de la capacidad de encontrar un equilibrio entre estabilidad institucional y controles republicanos.
Pero probablemente el desafío más importante sea de naturaleza social y territorial. Las elecciones volvieron a mostrar la existencia de dos países. Por un lado, Lima, la costa y amplios sectores urbanos vinculados a la economía formal y a los mercados internacionales. Por otro, las regiones andinas, rurales y populares que durante los últimos años encontraron representación en movimientos de izquierda y en liderazgos como el de Pedro Castillo. Esa fractura no es únicamente política: también es económica, cultural, social y territorial.
Si Keiko Fujimori efectivamente se convierte en presidenta, deberá gobernar también para quienes no la votaron. La reconciliación nacional será tan importante como cualquier programa económico. Ninguna estrategia de crecimiento podrá consolidarse si amplios sectores de la población continúan sintiéndose excluidos de los beneficios del sistema político y económico. La verdadera gobernabilidad dependerá de la capacidad de soldar las heridas acumuladas durante años de polarización.
En materia internacional, el escenario tampoco será sencillo. Perú se ha transformado en una pieza estratégica dentro del nuevo tablero geoeconómico del Pacífico. La consolidación del puerto de Chancay, la creciente presencia de inversiones chinas y la importancia de los minerales estratégicos convierten al país en un actor relevante para la competencia entre Beijing y Washington.
Estados Unidos continúa siendo un socio fundamental en términos políticos, financieros y de seguridad. Sin embargo, China se ha transformado en uno de los principales socios comerciales de Perú y en un actor central para el desarrollo de infraestructura, logística y exportaciones mineras. El próximo gobierno deberá administrar cuidadosamente esa realidad.
Paradójicamente, una presidenta descendiente de inmigrantes japoneses podría terminar gobernando uno de los países más relevantes para la proyección china en América del Sur. No obstante, la política exterior de un eventual gobierno de Keiko Fujimori difícilmente se estructure sobre afinidades culturales o identitarias. Lo más probable es que adopte una lógica de pragmatismo transpacífico: mantener relaciones estratégicas con Estados Unidos mientras profundiza los vínculos económicos con China, intentando maximizar beneficios sin quedar atrapada en la rivalidad entre ambas potencias.
El Perú que emerja de estas elecciones tendrá por delante una oportunidad histórica. Después de años de crisis, fragmentación y desconfianza institucional, el país necesita algo más que una victoria electoral. Necesita reconstruir confianza en la política, en las instituciones y entre regiones que dejaron de reconocerse mutuamente.
Si la tendencia actual se confirma y Keiko Fujimori alcanza la presidencia, la verdadera medida de su éxito no estará dada por el crecimiento del PBI, la inflación o la inversión minera. Su legado dependerá de algo más complejo: reconstruir la confianza de una sociedad fragmentada y construir una nueva república que, en palabras del politólogo peruano Alberto Vergara, deje de ser una «república defraudada». Porque después de una década de crisis, el Perú no necesita únicamente más crecimiento, necesita volver a creer en sí mismo.
La verdadera victoria de Keiko no será ganar la elección sino lograr que Perú transforme estabilidad económica en cohesión social, crecimiento en oportunidades y desarrollo en confianza. Allí reside el desafío pendiente del Perú que empieza el 28 de julio próximo.
Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP
