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La dictadura estable: Ortega, Murillo y las elecciones sin alternativa

Alejandro Safarov

Una elección desaparece mucho antes de que se retiren las urnas: deja de existir cuando el gobierno decide que ya no puede perder.

Daniel Ortega terminó por decir en voz alta lo que el régimen nicaragüense construye desde hace años. Durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista, el 19 de julio de 2026, afirmó que en Nicaragua no volvería a haber elecciones que permitieran a la oposición alcanzar el gobierno. La declaración presentó la alternancia como un peligro que debía ser eliminado y anticipó la aprobación de nuevas normas para impedir que sus adversarios políticos pudieran acceder al poder.

Los anuncios posteriores permitieron precisar el alcance de sus palabras. La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, comunicó que durante agosto realizaría consultas y que en septiembre avanzaría con una reforma constitucional destinada a excluir de futuras elecciones a opositores desnacionalizados y calificados por el propio gobierno como “traidores a la patria”. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, intentó relativizar la declaración de Ortega: aseguró que continuarían celebrándose elecciones, pero bajo reglas destinadas a impedir la participación de quienes, según el régimen, responden a intereses extranjeros. Al 28 de julio de 2026, el texto definitivo no había sido aprobado. Sin embargo, su orientación era evidente: conservar el ritual electoral y eliminar la posibilidad de que produzca alternancia.

La diferencia es decisiva: una dictadura puede cancelar las elecciones, pero también puede apropiarse de ellas. Puede controlar el órgano electoral, seleccionar a los candidatos, cancelar partidos, encarcelar dirigentes, retirar la nacionalidad a sus adversarios, clausurar medios independientes y convocar finalmente a votar entre opciones que no amenazan la continuidad del poder. La ciudadanía deposita el voto, aunque ya no decide quién gobierna. Ortega no necesita abolir todas las urnas; necesita abolir la posibilidad de perder.

La historia reciente de Nicaragua muestra cómo una legitimidad electoral puede utilizarse para destruir las condiciones que la hicieron posible. Ortega regresó a la presidencia en 2006 mediante una elección reconocida internacionalmente. La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos calificó aquella jornada como pacífica, masiva, ordenada y ajustada a la ley, felicitó a Ortega por su victoria y destacó el comportamiento de la ciudadanía. Su llegada al gobierno tuvo, por tanto, una legitimidad de origen que no puede ser negada sin distorsionar los hechos.

Una victoria legítima, sin embargo, no concede un derecho perpetuo a gobernar. Desde 2007, Ortega fue subordinando la justicia, debilitando los límites constitucionales, controlando el Consejo Supremo Electoral y ocupando las instituciones capaces de equilibrar al Poder Ejecutivo. El proceso avanzó gradualmente. La puerta de entrada al gobierno permaneció abierta mientras la puerta de salida era cerrada.

La ruptura se volvió inocultable después de las protestas de 2018. La represión estatal produjo centenares de muertes, detenciones arbitrarias, exilios, confiscaciones y persecuciones judiciales. Organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación fueron clausurados; dirigentes políticos, periodistas, empresarios y religiosos terminaron encarcelados o fuera del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó la utilización de instituciones estatales y grupos parapoliciales contra manifestantes y opositores, mientras el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la persecución respondía a una política organizada desde las máximas autoridades y no a excesos aislados.

En las elecciones de 2021, la competencia fue desmontada antes de la votación. Candidatos presidenciales y referentes opositores fueron detenidos, inhabilitados o enviados al exilio. Las reformas electorales habían dado al oficialismo una ventaja absoluta sobre la administración y la justicia electoral. La OEA declaró que los comicios del 7 de noviembre carecían de legitimidad democrática; la CIDH señaló que las acciones estatales habían puesto fin a la participación efectiva de la oposición. El fraude más profundo no ocurrió necesariamente durante el escrutinio. El gobierno había decidido de antemano quién podía competir.

La reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025 consolidó esa transformación. Daniel Ortega y Rosario Murillo quedaron establecidos como copresidentes, se amplió el mandato y se reforzó la subordinación de los restantes poderes e instituciones a la Presidencia. La Constitución incorporó además la categoría de “traidor a la patria”, utilizada para justificar la pérdida de derechos y la exclusión de opositores. La revolución que en 1979 puso fin a la dinastía de los Somoza terminó construyendo otra estructura familiar de poder.

Calificar al gobierno de Ortega y Murillo como una dictadura no constituye una consigna partidaria. Surge de hechos verificables: inexistencia de separación efectiva de poderes, persecución sistemática de adversarios, control de la autoridad electoral, cierre del espacio cívico, desnacionalización de disidentes, confiscación de bienes, concentración familiar del mando y eliminación de la alternancia. Una democracia no se define solamente por convocar a votar. Exige que el gobierno pueda ser derrotado y que, llegado el caso, entregue el poder.

El recorrido puede interpretarse mediante la teoría de los tres pilares de la estabilidad autocrática de Johannes Gerschewski. Las dictaduras duraderas combinan legitimación, represión y cooptación. La legitimación ofrece una justificación para gobernar; la represión neutraliza a quienes desafían al régimen; la cooptación incorpora a actores estratégicos mediante beneficios, cargos, recursos o privilegios. Ninguno de esos mecanismos funciona de manera aislada. Su articulación explica por qué determinados autoritarismos sobreviven incluso cuando enfrentan descontento, aislamiento diplomático o bajo crecimiento.

El gobierno nicaragüense busca legitimarse mediante la memoria de la Revolución Sandinista, la retórica antiimperialista, la defensa de la soberanía, la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales. La represión opera a través de la Policía, los tribunales, las cárceles, las inhabilitaciones, el exilio, la confiscación y la pérdida de nacionalidad. La cooptación articula al Frente Sandinista, la burocracia estatal, las fuerzas de seguridad, las autoridades electorales, los medios oficialistas y los sectores que dependen de la distribución selectiva de recursos públicos. El régimen no se sostiene únicamente por el miedo. También conserva adhesiones, administra beneficios y vincula la seguridad económica de numerosos actores con la continuidad de la familia gobernante.

Andreas Schedler permite comprender la función de las elecciones dentro de esa estructura. El autoritarismo electoral conserva instituciones propias de la democracia representativa, pero manipula el terreno de competencia para reducir la incertidumbre sobre el resultado. Las elecciones sirven para exhibir apoyo, movilizar simpatizantes, dividir a los adversarios y ofrecer una apariencia de legalidad. Se vuelven peligrosas cuando pueden producir una derrota. El objetivo de Ortega consiste precisamente en conservar sus ventajas y eliminar ese riesgo: que se vote sin que el poder pueda cambiar de manos.

Los objetivos de Ortega exceden la próxima elección. El primero es impedir que un proceso electoral vuelva a medir el respaldo social del régimen. Incluso una votación controlada podría revelar abstención, desgaste o resistencia ante una sucesión encabezada por Rosario Murillo. El segundo consiste en asegurar la continuidad familiar cuando Ortega ya no pueda ejercer personalmente el poder. El tercero es convertir en normas constitucionales prácticas que hasta ahora dependían de leyes, resoluciones administrativas o decisiones judiciales. El cuarto busca fusionar partido, Estado, familia y nación, de modo que toda oposición al matrimonio gobernante pueda ser presentada como una traición a Nicaragua.

La copresidencia, la creciente centralidad política de Murillo y la participación de hijos del matrimonio en funciones diplomáticas, económicas, comunicacionales y estatales respaldan la hipótesis de una sucesión familiar. Laureano Ortega Murillo, por ejemplo, actúa como asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional y encabeza negociaciones relevantes con China. No existe todavía una sucesión formalmente anunciada, pero la estructura del régimen reduce cada vez más la distancia entre la familia gobernante y el Estado.

Esa concentración política convive con una economía que no se encuentra colapsada. El Banco Mundial estimó que el producto interno bruto creció un 4,9 % en 2025, impulsado por la construcción, la minería, los servicios y el sistema financiero, y proyectó una expansión del 3,4 % para 2026. El Fondo Monetario Internacional calculó un crecimiento algo menor, del 3,8 % en 2025, y coincidió en la previsión del 3,4 % para 2026. La diferencia entre ambas estimaciones no altera la conclusión principal: Nicaragua mantiene crecimiento, baja inflación y equilibrio fiscal, aunque enfrenta riesgos derivados de su dependencia externa (Banco Mundial, 2026; Fondo Monetario Internacional [FMI], 2026).

La inflación descendió al 2,7 % en 2025, la deuda pública se ubicó en el 50,7 % del producto, las reservas internacionales alcanzaron aproximadamente los 7.200 millones de dólares y el superávit de cuenta corriente llegó al 8,4 % del PIB. Estos indicadores permiten hablar de estabilidad macroeconómica, pero no de una transformación productiva capaz de ofrecer oportunidades suficientes dentro del país.

El dato más revelador es el peso de las remesas: en 2025 representaron el 29,4 % del producto interno bruto, frente al 27 % del año anterior. Casi tres de cada diez dólares que sostienen la economía proceden del dinero enviado por nicaragüenses radicados en el exterior. Las remesas financian consumo, fortalecen las reservas, apoyan la inversión familiar y reducen la demanda sobre algunos servicios públicos. También exponen una debilidad estructural: una parte considerable del bienestar interno depende del trabajo de quienes debieron emigrar.

La emigración se convirtió así en uno de los estabilizadores económicos del régimen. Los nicaragüenses que buscan fuera del país empleo, seguridad o libertad política envían recursos que sostienen a sus familias y, al mismo tiempo, fortalecen las cuentas externas. Ortega puede exhibir crecimiento, consumo y reservas sin reconocer cuánto depende esa estabilidad de quienes no encontraron oportunidades suficientes dentro de Nicaragua.

El mercado laboral tampoco puede evaluarse únicamente mediante la tasa de desempleo. El desempleo abierto fue del 2,4 % en diciembre de 2025, pero el subempleo alcanzó aproximadamente al 40 % de la fuerza laboral. En una economía con alta informalidad, aparecer estadísticamente como ocupado no equivale a contar con un trabajo estable, productivo y adecuadamente remunerado. La venta ocasional, el trabajo familiar, las tareas no registradas o las jornadas reducidas pueden ocultar una extendida precariedad.

Las cifras de pobreza requieren todavía mayor cautela. El Banco Mundial estimó que en 2025 el 7,4 % de la población vivía con menos de tres dólares diarios, medidos en paridad de poder adquisitivo; el 13,3 % se encontraba por debajo de la línea de 4,20 dólares y el 37,7 % no alcanzaba los 8,30 dólares diarios. La última cifra indica que una proporción amplia de la sociedad continúa en situación de vulnerabilidad, aun cuando la pobreza más severa se haya reducido.

Esas tasas no proceden de una nueva encuesta nacional. Son simulaciones construidas a partir de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014. La última medición directa y comparable tiene más de una década. Por eso, presentar el 13,3 % como una cifra exacta de pobreza observada sería incorrecto. Se trata de una estimación basada en modelos, crecimiento, consumo, remesas y evolución laboral. La falta de estadísticas recientes limita la posibilidad de conocer con precisión las desigualdades territoriales, la pobreza rural y el impacto distributivo de las políticas públicas.

Los gobiernos de Ortega desarrollaron programas sociales y obras con efectos concretos. Desde 2007 se impulsó el Programa Productivo Alimentario, conocido como Hambre Cero, cuyo diseño original buscaba alcanzar a 75.000 familias rurales mediante el Bono Productivo Alimentario. El programa entregaba animales, semillas, plantas, materiales, capacitación y asistencia técnica, con especial énfasis en las mujeres como administradoras y titulares de los bienes productivos. También se promovieron la alimentación escolar, la electrificación rural, los caminos comunitarios, la atención primaria de la salud y proyectos de seguridad alimentaria.

La cobertura eléctrica aumentó de manera significativa y los programas de electrificación y energías renovables extendieron el servicio hacia zonas rurales y comunidades aisladas. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo financiaron carreteras, salud, transmisión eléctrica, titulación de tierras y acceso a mercados. Esos avances deben ser reconocidos, aunque no puedan atribuirse exclusivamente al régimen: una parte importante dependió del financiamiento, la asistencia técnica y la ejecución conjunta con organismos multilaterales.

Negar una carretera, una escuela o un programa alimentario porque fueron construidos bajo una dictadura sería intelectualmente deshonesto. Utilizarlos como justificación del autoritarismo sería igualmente impropio. Los derechos sociales no reemplazan a los derechos políticos. Una red eléctrica no compensa el encarcelamiento de un opositor; una transferencia productiva no habilita al gobierno a retirar ciudadanías; una carretera no legitima la clausura de medios o partidos.

La estabilidad económica y los programas sociales cumplen, además, una función política. El régimen presenta su permanencia como garantía de orden, crecimiento y protección. El mensaje es sencillo: cualquier cambio pondría en peligro la paz y los beneficios alcanzados. Los recursos del Estado dejan de aparecer como derechos de los ciudadanos y se convierten en recompensas asociadas a la obediencia. Allí se conectan los tres pilares de Gerschewski: las políticas públicas legitiman, la burocracia coopta y las fuerzas de seguridad reprimen.

El sostén decisivo del régimen es interno. Está compuesto por el matrimonio Ortega-Murillo, la dirección del Frente Sandinista, la Asamblea Nacional, la autoridad electoral, el sistema judicial, la Policía, la burocracia y las redes económicas y comunicacionales vinculadas con el poder. Las Naciones Unidas documentaron que la represión fue financiada mediante recursos públicos y ejecutada por una red de instituciones y funcionarios. China, Rusia, Cuba o Venezuela no crearon esa estructura ni existen pruebas de que hayan diseñado la reforma electoral. La responsabilidad política y jurídica corresponde a las autoridades nicaragüenses.

Los aliados externos cumplen otra función: reducen el costo del aislamiento, ofrecen cooperación y reproducen una narrativa basada en la soberanía, la no injerencia y la construcción de un orden multipolar. China adquirió una importancia creciente después de que Nicaragua rompiera relaciones con Taiwán en 2021. Ambos países establecieron una asociación estratégica en 2023 y profundizaron acuerdos de comercio, inversión e infraestructura. Pekín presenta a Nicaragua como un socio confiable y respalda su derecho a elegir un camino político propio, sin condicionar públicamente la relación a elecciones competitivas o reformas democráticas.

Rusia aporta respaldo político, cooperación estatal y una presencia estratégica en Centroamérica. Moscú define el vínculo con Managua como una asociación estratégica orientada a la construcción de un orden mundial multipolar. Para Rusia, Nicaragua representa un socio cercano al espacio de influencia estadounidense; para Ortega, Rusia demuestra que el distanciamiento de las democracias occidentales no equivale a un aislamiento internacional completo.

Cuba, Venezuela y el ALBA-TCP conforman el círculo ideológico más cercano. La Alianza ha expresado su solidaridad “incondicional” con Ortega y Murillo, respaldó la reforma constitucional de 2025 y caracteriza las sanciones internacionales como actos de colonialismo e intervención. Nicaragua, a su vez, reconoció inmediatamente la proclamada victoria de Nicolás Maduro en 2024 y comparte con La Habana y Caracas un lenguaje de resistencia al imperialismo, defensa de la revolución y rechazo de las observaciones externas sobre derechos humanos.

Esa red no dirige Nicaragua, pero ofrece cobertura diplomática, legitimidad recíproca y canales alternativos de cooperación. China aporta escala económica; Rusia, proyección geopolítica y cooperación estatal; Cuba y Venezuela, afinidad ideológica; el ALBA-TCP, una plataforma colectiva desde la cual las críticas al régimen son reinterpretadas como agresiones contra la soberanía.

Frente a ese bloque se encuentran las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó el anuncio de Ortega, describió el espacio cívico como casi cerrado y pidió la liberación de al menos 46 personas detenidas arbitrariamente por razones políticas. La Unión Europea reclamó que las elecciones previstas se celebren de manera transparente, inclusiva y creíble. Chile manifestó su “honda preocupación” y Costa Rica reafirmó su compromiso con elecciones libres en Nicaragua.

Estados Unidos calificó al sistema como una dictadura familiar y convocó a la comunidad internacional a reaccionar. La confrontación política, sin embargo, convive con una fuerte interdependencia económica. El comercio de bienes entre Estados Unidos y Nicaragua alcanzó aproximadamente los 7.400 millones de dólares en 2025: Nicaragua exportó cerca de 5.000 millones e importó unos 2.400 millones. El CAFTA-DR continúa siendo esencial para su acceso al mercado norteamericano y Estados Unidos sigue siendo origen de una parte sustancial de las remesas. Ortega necesita a Washington como adversario discursivo, pero la economía nicaragüense continúa vinculada a su mercado y a los ingresos de los migrantes radicados allí.

La política exterior nicaragüense combina ideología y pragmatismo. En el plano diplomático, busca insertarse en un eje que privilegia la soberanía estatal y el orden multipolar frente a las exigencias democráticas occidentales. En el plano económico, procura ampliar sus relaciones con China y Rusia sin renunciar a los mercados, las remesas y las cadenas productivas vinculadas con Estados Unidos. La retórica se orienta hacia el este; buena parte de la gravedad económica continúa operando hacia el norte.

La comparación con Venezuela resulta pertinente cuando se realiza con cuidado. Bajo Nicolás Maduro, las elecciones presidenciales de 2024 estuvieron marcadas por restricciones a candidaturas, parcialidad institucional y falta de publicación de resultados desagregados. El Centro Carter concluyó que el proceso no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral y no podía ser considerado democrático (The Carter Center, 2024). Nicaragua reproduce varios de esos mecanismos: control del árbitro, persecución de candidatos, utilización partidaria del Estado y eliminación previa de la competencia.

La etapa de Hugo Chávez requiere mayores distinciones. Durante sus gobiernos avanzaron la concentración de poder, el uso partidario de recursos públicos y el debilitamiento de contrapesos. Sin embargo, no todas las elecciones pueden reducirse a un fraude idéntico al practicado posteriormente por Maduro. En el referéndum constitucional de 2007, Chávez fue derrotado y reconoció el resultado. La CIDH señaló que esa aceptación había fortalecido parcialmente la confianza en el sistema electoral. La experiencia venezolana muestra una degradación gradual, no una dictadura completamente formada desde el primer día.

Ortega recorrió un camino semejante, aunque ahora intenta constitucionalizar la exclusión. En 2006 ganó una elección competitiva. En 2021 organizó una elección sin adversarios capaces de disputarle el poder. En 2026 anunció que no permitiría que la oposición accediera al gobierno y promovió una reforma para excluir a quienes el régimen había desnacionalizado o declarado traidores. Primero identifica al enemigo, después le quita derechos y finalmente utiliza esa misma privación para justificar su exclusión electoral.

La respuesta internacional necesita evitar dos extremos: la indiferencia y el castigo indiscriminado contra la población. Las sanciones generales pueden aumentar la pobreza, afectar a las familias dependientes de remesas y reforzar la narrativa oficial sobre una agresión extranjera. Las medidas deberían concentrarse en los funcionarios, empresas y estructuras financieras vinculados con la represión, las confiscaciones y la manipulación electoral. También deberían respaldar a la sociedad civil, proteger a los exiliados, exigir la liberación de detenidos políticos y reclamar una autoridad electoral independiente.

El principio de no intervención no obliga al silencio. Nicaragua asumió compromisos internacionales en materia de derechos humanos, democracia y participación política. La soberanía no pertenece a Ortega, a Murillo ni al Frente Sandinista. Pertenece a los nicaragüenses. Defenderla significa garantizar que puedan decidir quién gobierna, no permitir que el gobierno decida quién merece seguir siendo ciudadano.

Nicaragua es hoy una dictadura capaz de conservar estabilidad macroeconómica, ejecutar políticas sociales, mantener intercambios comerciales relevantes y evitar el colapso material. Esa combinación puede volverla más resistente que otros autoritarismos. La represión convive con reservas elevadas; la emigración, con crecimiento; la precariedad laboral, con bajo desempleo estadístico; la concentración familiar, con instituciones que todavía conservan nombres republicanos.

La principal advertencia del caso nicaragüense se encuentra allí. Las dictaduras contemporáneas no siempre llegan acompañadas de tanques, uniformes o hiperinflación. Algunas nacen de elecciones reconocidas, mantienen parlamentos, exhiben cifras fiscales razonables y convocan periódicamente a votar. Su rasgo decisivo no es la ausencia absoluta de instituciones, sino la imposibilidad de utilizarlas para desplazar a quienes gobiernan. Las palabras de Ortega no inauguraron la dictadura, simplemente dejaron de ocultarla.