Experiencia Internacional en la elaboración de políticas públicas efectivas contra la delincuencia organizada

Centro de Crimen Organizado Transnacional (CeCOT)

Artículos

Experiencia Internacional en la elaboración de políticas públicas efectivas contra la delincuencia organizada: Enfoque Jurimetrico para Identificar Vacíos Institucionales de Estado

Edgardo Buscaglia

El análisis que presenta este artículo está basado en la revisión de muestras representativas de causas judiciales procesadas por delincuencia organizada transnacional en particular y asociaciones ilícitas en general que a la vez incluyen acusaciones contra funcionarios públicos de alto nivel por corrupción política en sus dos tipologías mas frecuentes: financiamiento ilegal de campañas políticas y enriquecimientos ilícitos asociados a contrataciones públicas. Todas estas causas judiciales poseen sentencias definitivas en ejecución. Este análisis demuestra que la integración vertical de la delincuencia organizada en el ámbito legal de las economías de una muestra de 20 países—en donde, por ejemplo, una red delictiva transnacional adquiere la capacidad en la economía “legal” de generar su propia materia prima, producir bienes o servicios con esta misma materia prima que serán luego objeto de tráfico ilegal, y además transportarlos con ese objeto, distribuirlos y controlar la venta tanto al por mayor como la venta minorista— viene predeciblemente asociado a corrupción política en el marco de la financiación ilegal de campañas electorales y de la contratación pública en países con una sistémica incapacidad judicial para decomisar activos patrimoniales ligados a estas redes criminales. En este contexto, el presente análisis amplía conclusiones previas, proporcionando una base conceptual y empírica a la creciente diversificación de bienes y serviios traficarle por el crimen económico organizado asociado con un más intenso grado de integración económica vertical en los negocios legales, protegidos políticamente a través de campañas electorales financiadas ilegalmente y a través de la participación de redes criminales en ofertas de contratación pública. Además, la verificación empírica aquí presentada mostrará que una mayor integración vertical de las actividades económicas de las redes criminales en entornos geográficos marcados por el fracaso estatal en proveer servicios públicos (tales como la incapacidad del Estado en proveer servicios judiciales de resolución de disputas entre individuos o servicios de provisión de salud preventiva o agua potable) también irá acompañada de un mayor suministro de estos mismos bienes y servicios cuasi-públicos a través de la delincuencia organizada (tales como mecanismos alternativos de resolución de controversias), todo dirigido a satisfacer la demanda proveniente de los segmentos de población más vulnerables de las zonas geográficas donde estos grupos operan.

Una de las principales conclusiones de este análisis es que una actuación judicial más “eficiente” y efectiva en el decomiso o extinción de activos, ligados a empresas criminales verticalmente integradas en la economía legal, fortalecerá el derecho humano de acceso a la justicia de los segmentos de población más vulnerables y tendrá un impacto positivo en el derecho a elegir a servidores públicos con una menor interferencia del crimen organizado.

Por tanto, una actuación judicial más “eficiente” en el desmantelamiento de redes criminales mejorará el castigo y prevención de las organizaciones delictivas, pero también fortalecerá el ejercicio de derechos humanos por parte de los sectores mas marginados de la población en un proceso democrático mas desarrollado, así promoviendo el desarrollo socio-económico hacia futuro, evitando el crecimiento de burbujas de protección social dentro de las cuales crece la delincuencia organizada transnacional.

Antecedentes e introducción

La gobernabilidad, en general, y la reducción de los niveles de violencia física o de otros tipos de violencia económica o socio-política, en particular, requieren de mecanismos efectivos para asegurar el cumplimiento de leyes aprobadas democráticamente y de mecanismos para la resolución de disputas que sean proporcionados tanto por las instituciones del Estado como por redes sociales organizadas. Para que el Estado de Derecho promueva el desarrollo socio-económico con crecimiento económico, tales mecanismos deben ser imparciales y eficientes en su accesibilidad a todos los miembros de una sociedad con el fin de resolver conflictos (entre privados o entre el Estado y privados) y de procesar delitos mediante garantías procesales, asegurando así el ejercicio de los derechos humanos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos garantizados por los nueve Convenios y Protocolos sobre derechos humanos de la Naciones Unidas ratificados en todo el mundo (Buscaglia, 1994, 1997)[1]. En ese contexto, Buscaglia (2015) ya ha empíricamente demostrado que un régimen integral y efectivo de seguridad humana requiere de una aplicación práctica predecible y coherente de todos los derechos humanos básicos políticos, civiles y económicos “en acción” (y no solo su existencia teórica en los códigos y en los discursos de políticos). Los mecanismos jurídicos y judiciales que sostienen el ejercicio de los derechos humanos “en acción” sirven, a su vez, como fundamentos de la seguridad humana, así como del desarrollo económico (Acemoglu y Robinson, 2012; Hayek, 1973). Dentro de este marco, las mejoras en el planteamiento y ejecución de derechos de propiedad colectiva, comunal y privada son condiciones esenciales para el progreso económico dentro de sociedades libres y abiertas (Buscaglia, 1994, 2001a; Hayek, 1973).

Buscaglia (2001b) y Buscaglia y Stephan (2005) han demostrado porqué la oferta y demanda de mecanismos formales de resolución de conflictos basados en el sector judicial y de mecanismos alternativos de resolución de controversias ocurren en el entorno rural en dieciséis países. El análisis mostrado infra arrojará más luz sobre los factores económicos y judiciales que conducen a la oferta y la demanda de “mecanismos alternativos de resolución de controversias” (en adelante, MARC) ofrecidos por grupos criminales organizados y transnacionales que buscan una lealtad comunitaria con protección social y a la vez alcanzar integración vertical en la economía legal con el propósito de apoyar a sus mercados criminales cada vez más diversos en regiones o países específicos donde el Estado fracasa.

La integración económica legal y vertical de empresas criminales ocurre cuando una red delictiva transnacional adquiere parcial o completa capacidad comercial legal para generar sus propias materias primas para la producción de un bien o servicio Legal o Ilegal, y además produce ese bien o servicio final destinado al tráfico, lo transporta, lo distribuye, y controla tanto durante el estadio de venta al por mayor como también durante el estadio de comercio minorista.

Investigaciones empíricas anteriores de Buscaglia (2011) que realizaban comparativos internacionales han mostrado que la corrupción política a alto nivel siempre deriva de toda clase de redes criminales formadas por funcionarios y/o actores no estatales dedicados a todo tipo de delitos económicos complejos; principalmente: tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, cohecho, fraudes contra el Estado, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal de campañas y corrupción en la contratación pública —como fijación de precios y licitación fraudulenta con lavado de dinero, entre otras—. El análisis avanzado en este estudio mostrará que mayores niveles de integración económica vertical de empresas delictivas en la economía legal siempre sin excepción van acompañados de tipos de delitos organizados de corrupción política, sobre todo a través de la financiación ilegal de campañas electorales y contrataciones públicas fraudulentas en países que sufren de una sistémica incapacidad para desmantelar las redes de delincuencia organizada a través del decomiso civil y penal de activos. Al mismo tiempo, los “vacíos” institucionales de Estado en la provisión de bienes y servicios básicos (tal como agua potable, salud preventiva o acceso a justicia civil y penal) incentivan que determinados segmentos de la población demanden “servicios” sociales facilitados por esas mismas redes criminales que disfrutan como consecuencia de protección social[2]. Desde 2008, 19 países alrededor del mundo han sido identificados con este tipo de crecientes frecuencias de delitos organizados transnacionales por corrupción política con altos niveles de impunidad. Entre estos países se encuentran Argentina, Corea del Norte, Guinea Ecuatorial, México, Myanmar, Nicaragua, Nigeria y Rusia.

En teoría, las instituciones responsables de la interpretación y aplicación de la ley deben ser capaces de acometer el necesario decomiso civil y penal de activos patrimoniales que forman parte de empresas criminales organizadas en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción[3] (Buscaglia, 2011). Pero, en la práctica, cuando las instituciones ejecutivas y judiciales “fracasan” en su labor, por no llevar a cabo decomisos de activos delictivos[4] (bien a causa de deficiencias técnicas, o a causa de la corrupción política, o por procedimientos complejos que causan altos costes operativos que bloquean el acceso a la justicia), esto provoca que la estructura jerárquica de las empresas criminales reaccione ante tal impunidad haciéndose cada vez mayor en escala y mucho más ostensible en su accionar delictivo, mientras estas mismas redes criminales se dirigen hacia la integración vertical y horizontal de su imperio, minimizando de esa forma los costes de transacciones ilegales con respecto a las transacciones organizativas internas. Este trabajo extiende la obra de Oliver Williamson (1981 y 2007) para explicar porque las empresas criminales buscan alcanzar una integración vertical o integración horizontal de sus operaciones económicas con fines de lucro.

El rol de la informalidad en la provisión de mecanismos alternativos de resolución de controversias (MARC) aplicado aquí continúa con los trabajos de investigación previos de Buscaglia (1994, 1997, 2001a, 2001b, 2011, 2013 y 2015), Buscaglia y Ratliff (2001) y Buscaglia y van Dijk (2013).

En este artículo se trabajará con dos tipos de MARC: uno es la combinación de una figura híbrida combinando la mediación y el arbitraje orquestado por las redes delictivas organizadas que defectuosamente intentan rellenar los vacíos judiciales derivados de la incapacidad estatal para proporcionar servicios judiciales en ambientes sociales divorciados de la formalidad económica de mercados laborales legales y profundamente arraigados culturalmente por los grupos de delincuencia organizada que proporciona toda clase de “protección” a grupos sociales en medio del vacío estatal. Buscaglia (2015) muestra que, usualmente, a las partes con acceso a los MARC suministrados por redes informales en Colombia o en el Congo se les da la oportunidad de alcanzar un acuerdo por si solas, con la mediación de representantes de la delincuencia organizada. Si no se alcanza un acuerdo, el mediador producirá una suerte de laudo arbitral, imponiendo una solución respaldada por la vigilancia social y por la violencia organizada, si fuera necesario.

Los segundos MARC más comunes son los mecanismos de resolución de controversias formados por colectivos de ciudadanos notables socialmente legítimos y tradicionales (v. gr., los Jirgas o shuras en Afganistán o Pakistán).

Buscaglia (2001b) muestra que los MARC son un sustituto imperfecto de la jurisdicción judicial estatal y, para poder operar de manera sostenible, estos MARC deben establecer o mantener una cierta legitimidad a ojos de los segmentos de población económicamente más marginados a los que sirven. Buscaglia (2015) demuestra además que, dentro de esos mismos tipos de entornos institucionales y sociales caracterizados por el fracaso del Estado en asegurar el derecho humano de acceso a la justicia, también hay una carencia sistémica de resoluciones judiciales relativas a conflictos sobre la propiedad privada o comunal. En resumen, pasadas investigaciones demuestran que las regiones y países donde existe un débil ejercicio del derecho de acceso a la justicia formal también muestran una mayor demanda de MARC suministrados por organismos informales pero socialmente legitimados.

Algunos mecanismos informales, legitimados socialmente, no son verdaderos “sistemas”, sino más bien un rango de diversas estructuras basadas en el principio de justicia restaurativa y destinadas a compensar y a reparar agravios. El objetivo es reponer a la comunidad o al individuo victimizado a un estado equivalente al estado previo al agravio, ocupándose de y neutralizando la causa misma de este, al mismo tiempo. Ese principio restaurativo se halla en marcado contraste con la justicia retributiva que se centra en castigar al autor del agravio a fin de compensar a la sociedad (Pedroso y Trincão, 2008).

Por el contrario, las decisiones de los MARC suministrados por actores no estatales violentos a menudo son dictadas por uno o varios individuos pertenecientes a grupos armados que proporcionan “servicios” de resolución de controversias de carácter mafioso o chantajista. Sus decisiones se toman con independencia del consentimiento de la víctima y en todo caso sin las garantías procedimentales oportunas (debido proceso) en línea con las convenciones de derechos humanos de Naciones Unidas[5]. El contenido de la controversia puede abarcar cuestiones políticas, económicas, sociales, religiosas o incluso penales. Una gran proporción de los casos en los que se utilizaron estos mecanismos se referían a desacuerdos contractuales y comerciales, reclamaciones sobre tierras o testamentarias, o casos penales sobre robos, violaciones, vandalismo o incluso homicidios (Wojkwoska, 2006). Estas “resoluciones” informales representan normalmente la principal o la única válvula de escape para resolver disputas entre los segmentos de la población más desfavorecidos en los barrios urbanos marginales y en las zonas rurales (Cappelleti et al., 1981; Buscaglia, 2001a). Tales decisiones son aceptadas por la comunidad en ocasiones, pero no siempre.

Por otro lado, los mecanismos informales de resolución de controversias pueden coexistir con jueces, fiscales, policías o gobernadores que canalizan los casos complejos hacia vías informales para descargarse de trabajo o simplemente para evitar el descontento social por sus “malas decisiones” (Jorge Birol y Dal Ri, 2011; Sung 2004). En este escenario, podría pensarse que los mecanismos informales de resolución de controversias —cuando cubren vacíos estatales y sustituyen, por tanto, de manera imperfecta a los procedimientos judiciales formales— constituyen mecanismos que retrasan las verdaderas reformas judiciales. Dicho de otro modo, cuando los mecanismos informales de resolución de controversias sustituyen a la jurisdicción estatal, aunque sea imperfectamente, se produce el pernicioso efecto de una disminución de la presión social para reformar instituciones judiciales.

Como los segmentos de la población social, económica y/o étnicamente más vulnerables se ven excluidos del sistema de justicia formal y no pueden acceder tampoco a los mecanismos arbitrales o de mediación que este proporciona, estos segmentos marginados de la población acuden más a menudo a actores informales no estatales. Dentro de estos grupos poblacionales marginados que hacen frente a contextos judiciales disfuncionales y que desconfían de las autoridades se observan numerosos grupos mafiosos que suministran mecanismos de resolución de controversias alternativos a los que presta el Estado. Estas conclusiones sobre la demanda de alternativas a la resolución de controversias alejadas de la esfera estatal pueden enmarcarse en la investigación de la teoría de juegos sobre confianza abordada por Gambetta (1993).

Este estudio busca explicar el análisis coste-beneficio tras una mayor o menor frecuencia de resoluciones informales de controversias provistas por grupos armados no estatales en entornos donde el derecho humano al acceso a mecanismos judiciales del Estado es difícil o inexistente en la práctica. Como es de esperar, si los grupos armados no estatales que proporcionan MARC esperan un quid pro quo por su servicio o, en otras palabras, a cambio de sus “servicios MARC” las comunidades se verán obligadas a proporcionar propiedades y/o mano de obra laboral a la red armada no estatal que suministra los mecanismos de resolución de controversias. Este apoyo de los usuarios puede incluir recursos humanos para mano de obra, tierras para plantaciones ilegales, infraestructura logística, y protección social contra grupos rivales (en ocasiones, el propio Estado), como un quid pro quo (Buscaglia, 2001b y Buscaglia, 2013).

Este estudio evalúa el acceso a mecanismos de resolución de controversias públicos y privados en entornos donde se imponen las redes de delincuencia organizada y donde buscan apoyo económico para expandirse en ámbitos tanto legales como ilegales[6]. Sobre la base de trabajos anteriores sobre el suministro de bienes y servicios “sociales” a comunidades vulnerables por parte de la delincuencia organizada (Muilhaupt y West, 2000), las asociaciones delictivas expanden sus “servicios” de resolución de controversias y apunta a la paradoja de Estados débiles que se apoyan en la gestión no estatal de disputas hasta el punto de eludir las reformas judiciales necesarias. En consecuencia, existe una asociación entre las siguientes tres variables:

  1. la incapacidad de la actuación del sistema judicial para proporcionar (a) resolución de controversias a segmentos vulnerables de la población y (b) resoluciones judiciales dirigidas al decomiso y extinción de activos de origen ilícito;
  2. el consiguiente incremento de la demanda social de mecanismos alternativos de resolución de controversias (MARC) proporcionados por redes delictivas organizadas y armadas; y
  3. el consiguiente incremento de la integración vertical de esas mismas redes en ámbitos legales para prestar apoyo a una mayor diversificación de los mercados criminales (como producción de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, falsificación de marcas o de monedas, etc.) todo acompañado por la corrupción política en la financiación de campañas electorales y en la contratación pública como canales para asegurarse protección política.

Las vinculaciones entre estos tres conjuntos de datos enlazados han sido comprobados a través de una hipótesis según la cual las mejoras en la actividad judicial conectada con un mejor acceso a los tribunales por parte de segmentos de la población socio-económicamente marginados en las regiones donde las redes delictivas proporcionan MARC, combinadas con un incremento de los decomisos judiciales contra tales redes criminales, reducirían la escala y alcance de la delincuencia organizada en términos de integración vertical dentro de la economía legal y reducirían la corrupción política en las esferas electoral y de contratación pública. En Buscaglia (2011) se demuestra que estos 3 ámbitos son, empíricamente, los tipos más frecuentes de corrupción en todo el orbe. En este sentido un incremento del decomiso de los activos delictivos, tendría un impacto directo en la reducción de la escala y alcance de la delincuencia organizada y de la corrupción política.

Análisis de los factores judiciales y sociales vinculados a la demanda de MARC

Recordemos al lector que el análisis de este artículo pretende mostrar que un mayor grado de integración vertical en negocios legales por parte de redes delictivas (donde, por ejemplo, una red delictiva adquiere: 1- la capacidad económica legal de generar sus propias materias primas, tales como pasta de coca; 2- la producción de los bienes o servicios que serán objeto de tráfico, como la cocaína pura; 3- el transporte de esos bienes o servicios, por ejemplo mediante el control de barcos; 4- el control de la red de distribución de los bienes o servicios; 5- el control de la venta al por mayor; y 6- el control de la venta al por menor legal) ocurrirá con más frecuencia en países con fallas estatales más frecuentes para legal y judicialmente decomisar los activos de origen ilícito y desmantelar a la criminalidad organizada vinculada a la corrupción política en los ámbitos de la contratación pública y la financiación de campañas electorales.

Hay que hacer notar que los veinte países que conforman la muestra en este estudio han firmado y ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, sus Protocolos y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que requieren el desarrollo de estas capacidades de decomiso y de recuperación de activos. Por ende, nuestro análisis empírico también conllevará la evaluación del cumplimiento en cada país de las obligaciones jurídicas derivadas de estas convenciones de la ONU[7].

En este contexto, nuestro análisis amplía conclusiones anteriores dando evidencias de que una mayor diversificación de los delitos económicos cometidos por redes transnacionales protegidas por una corrupción política de alto nivel será apoyada por un grado más intenso de integración vertical en los mercados legales, vinculado a la corrupción política y a otros tipos de actividades delictivas.

Sobre la base de los marcos teóricos de Oliver Williamson (1981 y 2007), podemos afirmar que un grado más diverso de integración de actividades económicas legales desarrolladas por empresas delictivas está orientada al objetivo de la delincuencia organizada de reducir sus costes operativos ligados a la frecuencia, especificidad, incertidumbre, racionalidad limitada y comportamiento oportunista en las transacciones de mercado dentro de entornos económicos donde otras organizaciones criminales también compiten con violencia y corrupción, para capturar esos mismos mercados legales que les permitan prestar apoyo a la expansión de sus actividades delictivas.

En este escenario, Buscaglia (2001) mostró que las violaciones sistémicas del derecho humano al acceso a la justicia que sufren los segmentos de población social, económica o étnicamente marginados se traducen en una demanda cada vez más frecuente por mecanismos alternativos de resolución de controversias (MARC) proporcionados por estructuras de gobernanza tradicional, como paneles de notables o de ancianos. En resumen, basándonos en la literatura de referencia, podemos establecer la hipótesis de que los fracasos específicos del sistema judicial se traduce en una mayor frecuencia de resolución de disputas ofrecidos a través de marcos tradicionales, pero también a través de grupos delictivos organizados que buscan una mayor diversificación de sus mercados criminales y una mayor integración vertical en mercados legales en apoyo a su actividad delictiva.

En este contexto, una de las consecuencias esenciales de este estudio es que un poder judicial más eficiente que asegure el derecho de acceso a la justicia a los segmentos de población más vulnerables, en combinación con un más eficaz decomiso judicial de activos ilegales vinculados a la corrupción en el ámbito de las campañas electorales y de la contratación pública representarán no solo un modo de fortalecer la eficiencia del castigo judicial y la prevención de las actividades criminales, sino también representará una política para evitar que aparezcan burbujas de protección social y política en dentro de las cuales medra la delincuencia organizada.

Parece natural asociar el poder oficial con las capacidades de resolución de controversias, pero a través de la historia escrita podemos comprobar la existencia de múltiples mecanismos formales e informales de resolución de disputas que han coexistido en las más diversas sociedades.

Investigaciones empíricas previas de Buscaglia (2001b) examinaron las ventajas comparativas de mecanismos informales de resolución de controversias sobre la tierra en dieciséis países. Las controversias sobre la tierra entre hogares campesinos de bajo poder adquisitivo se referían a la tenencia de pequeñas parcelas de tierra. La mayoría de estos hogares carecían de acceso a los servicios públicos en general, y a los servicios judiciales en particular (Buscaglia, 2001b). Aun así, en encuestas llevadas a cabo entre ellos, se vio que la mayoría afirmaba que cuando se enfrentaban a conflictos relacionados con la propiedad vinculados a deudas o herencias, buscaban mecanismos informales de resolución de controversias mediante organismos comunales o incluso a través de miembros de la administración, como alcaldes o gobernadores, fuera del sistema judicial. Este estudio empírico se refería a hogares rurales en regiones en las que había actores armados no estatales que ofrecían MARC, y se basó en dos instrumentos de encuesta dirigidas a evaluar las dimensiones jurídicas y económicas del desarrollo social vinculado a la resolución de conflictos (Buscaglia, 2001b; Buscaglia y Stephan, 2005). La primera encuesta medía la frecuencia en la que los núcleos familiares buscaban servicios judiciales y MARC a lo largo del tiempo. Los mecanismos más comunes en nuestra muestra de dieciséis países fueron la mediación, el arbitraje, las juntas de examen de controversias o alguna combinación de las tres. En cada uno de los países, las muestras dentro de las jurisdicciones rurales seleccionadas fueron estratificadas sobre la base de factores socioeconómicos (nivel de ingresos, patrones de actividad comercial y económica, distribución de edad y composición de género)[8]. Por lo que respecta a la tenencia de la tierra, los hogares rurales de nueve países tenían títulos formales o informales de pequeñas parcelas de menos de cinco hectáreas. En los restantes siete países, los pequeños propietarios poseían títulos de menos de nueve hectáreas. Las variables de gobernanza incluían percepciones locales de transparencia procesal, efectividad de los mecanismos de resolución de controversias, calidad de las decisiones alcanzadas tanto por los tribunales como los mecanismos informales, niveles de corrupción, calidad de las ejecuciones de las resoluciones y rendición de cuentas de los responsables de dictar dichas resoluciones.

Un estudio empírico comparativo internacional posterior de Buscaglia (2015) también resume nuestra descripción del desempeño judicial dentro de las jurisdicciones rurales entre 2003 y 2011. El presente estudio empírico busca corroborar las conclusiones de Buscaglia (2015), pero ahora aplicado a la delincuencia organizada con casos de corrupción política en los sistemas judiciales de veinte países y el acceso a la justicia en esos casos. En este marco, Buscaglia (2015) y las conclusiones de este estudio jurimétrico de 2017 vuelven a confirmar que Botsuana, Chile, Colombia y Uruguay han experimentado mejoras en el desempeño judicial, en el ámbito del decomiso de activos vinculados a la delincuencia organizada y a la corrupción política. Además, tras un intervalo de dos años, estos cuatro países han experimento una mayor demanda de servicios judiciales y una disminución de la demanda de mecanismos informales de resolución de controversias ofrecidos por redes delictivas armadas no estatales.

En resumen, nuestras dos encuestas que documentan las experiencias de resolución de controversias sobre la tierra de hogares (por usuarios de tribunales y por usuarios de MARC) explicadas y analizadas previamente en la literatura (Buscaglia, 2001a; Buscaglia y Stephan, 2005) han mostrado de manera consistente que:

  1. Los hogares rurales dentro del 20% de menor patrimonio neto dentro de cada país buscan resolver sus disputas sobre la tierra mediante mecanismos informales de resolución de controversias, y que estos fueron percibidos como más legítimos, menos corruptos, menos complejos y más eficientes que los mecanismos formales judiciales;
  2. Los acuerdos de resolución de controversias que emplean mecanismos judiciales formales disminuyeron el valor de la propiedad de los hogares rurales, mientras que los hogares rurales que buscaban MARC experimentaron un incremento del valor neto de sus propiedades tras la aplicación de la resolución; y
  3. Los países con una disponibilidad más amplia de opciones de resolución de controversias sobre la tierra tanto judiciales como alternativas (formales e informales) son también los países donde el acceso a estos mecanismos se ofrece a un coste menor como porcentaje del valor de la propiedad en cuestión (es decir, el coste directo de acceso como porcentaje del valor del terreno). Esto es un indicador del acceso a la justicia como derecho humano o, dicho de otro modo, un análisis económico del derecho humano al acceso a mecanismos de resolución de controversias. El Gráfico infra trata estas conclusiones empíricas dando evidencias al respecto en dieciséis países. Cada punto del gráfico indica la posición de un país en términos de número de MARC disponibles y en términos del coste de acceso relativo al valor de la tierra en el eje horizontal. El Gráfico muestra una relación inversa entre el número y la diversidad de los mecanismos de resolución de controversias en cada país medidos en el eje vertical mediante un índice del número de mecanismos formales judiciales y MARC disponibles en regiones donde operan grupos de delincuencia organizada. El coste total del acceso a medios de resolución de controversias como proporción del valor de las propiedades objeto de controversias es medido en el eje horizontal. El Gráfico muestra una relación inversa entre las dos variables, con lo cual un país con mayor variedad de mecanismos de resolución de controversias conlleva menores costes de acceso a esos mecanismos. Este análisis jurídico y económico del derecho humano al acceso a los mecanismos de resolución de controversias atestigua la importancia de reducir los costes de acceso, a través de un conjunto más diverso de formas alternativas de resolución de controversias para los segmentos más marginados de la población.

Como vimos, los canales informales de resolución de controversias pueden ser mecanismos comunitarios o tribales o pueden ser suministrados por redes delictivas e insurgentes armados. Por ejemplo, en Botsuana y en Colombia, las disputas sobre la propiedad de la tierra entre pequeños granjeros están vinculados en general a cuestiones relativas a deudas y herencias (Wojkowska, 2006). Los organismos informales tribales, rurales o de vecindad se componen normalmente de entre dos y siete miembros (dependiendo del país estudiado) y en la mayoría de los casos (si bien no en todos) disfrutan de una legitimidad derivada de su liderazgo comunitario o espiritual, o de su prestigio social como “proveedores” de “bienes sociales” políticos, sociales, de salud pública, tal como procesos de decisión social, escuelas religiosas, centros de atención primaria y protección social paramilitar. Por ejemplo, las Juntas de Queja o Paneles en Colombia están compuestos de tres “residentes locales notables” seleccionados por parroquias vecinales que disfrutan de legitimidad social (Buscaglia, 2001b). Aunque las decisiones de la Junta no son jurídicamente vinculantes, reciben el apoyo tácito de las autoridades municipales. En los gobiernos municipales de tres regiones colombianas, los registros oficiales de la propiedad solían referirse a las resoluciones de las Juntas para fundamentar sus resoluciones (Buscaglia y Stephan, 2005). Las decisiones de la Junta no se recurrían y su aplicación solía quedar asegurada por mecanismos sociales informales de control. Dentro de los países que muestran resoluciones de controversias por parte de actores no estatales basados en MARC, los estudios previos detectaron que un deterioro de la actuación judicial en la resolución de controversias sobre la tierra (grandes cargas de trabajo, mayores dilaciones y mayor frecuencia de abusos sustantivos por arbitrariedad judicial) venía acompañado con una mayor demanda social por los MARC en poblaciones rurales. Por ejemplo, en Congo y Mozambique, los juzgados civiles fueron los que peor se desempeñaban en casos vinculados a litigios sobre la tierra (Buscaglia y Stephan, 2005) y esto estuvo asociado con un incremento de hogares rurales que buscaban mecanismos de resolución informales suministrados por organizaciones armadas no estatales (por ej., Mai Mai en Congo) o MARC proporcionados por shirgas en Pakistan. En Argentina, Benín, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, Mozambique, Nigeria, Paraguay, Perú, y Venezuela se detectaron patrones similares de deterioro de la actuación judicial (de acuerdo a la Tabla 1 supra) y una mayor demanda de MARC informales.

El suministro de MARC como apoyo a la integración vertical de las redes delictivas y la corrupción política

Hay una premisa fundamental en el derecho y la economía de la delincuencia organizada[9]. Buscaglia (2015); y es que las redes delictivas transnacionales dedicadas a cometer una diversidad creciente de tipos de delitos económicos complejos de manera estable y continuada siempre buscan monopolizar mercados mediante las integraciones horizontal y vertical tanto en mercados ilegales como legales.

Las integraciones vertical y horizontal dentro de mercados legales e ilegales son el objetivo natural de cualquier red delictiva organizada que pretenda estabilizar y predecir sus cadenas de suministros de insumos de producción claves provenientes de mercados legales, en un contexto de competencia con otras redes delictivas violentas. En este escenario, las integraciones vertical y horizontal siempre están orientadas a reducir la incertidumbre comercial y el comportamiento oportunista en la cadena de suministros (Williamson, 1981; Grossman y Hart, 1986), para producir bienes (por ej., fentanilo) o servicios (como trabajo esclavo mediante el tráfico de personas). Además, la diversificación de mercados ilegales junto a las integraciones horizontal y vertical en mercados legales e ilegales amplía la escala de los bienes y servicios legales e ilegales producidos, a la par de que se reduce el riesgo de poner “todos los huevos en la misma cesta”, por si acaso un aumento de los decomisos judiciales o de la competencia de otras redes criminales adversarias amenazasen sus operaciones, o en caso de que el desarrollo del mercado haga inviable económicamente uno o más de sus bienes y servicios. Asimismo, mejorar la integración vertical y horizontal permite a las redes de delincuencia organizada reducir sus costes operativos hacia futuro derivados del lavado de dinero a través de sus propios negocios legales.

Con todo, las integraciones horizontal y vertical de las organizaciones delictivas también abarcan un control parcial de los mercados de trabajo para proveer de los servicios requeridos a las mencionadas cadenas de suministros, lo que a su vez requiere de una cierta cantidad de control social regional por parte de esas mismas organizaciones delictivas transnacionales para obtener ese suministro de mano de obra voluntaria. Tal control social ejercido por grupos criminales organizados transnacionales se produce de muchas maneras. Por ejemplo, en la entidad federativa mexicana de Michoacán hay dos redes delictivas, conocidas como “Familia Michoacana” y “Caballeros Templarios”, que disfrutan virtualmente de un monopolio regional en el suministro de drogas sintéticas, junto a una integración horizontal de sus operaciones (es decir, conducta monopólica) en el suministro de doce bienes y servicios finales en mercados delictivos y al menos cinco sectores económicos legales (v. gr., producción de aguacate, transportes, construcción, servicios de medicina preventiva, venta al por menor de comida y hospedaje en el sector turístico)[10]. En este contexto, Buscaglia (2013) describe visitas in situ sobre el terreno a la región de Michoacán donde estos dos grupos delictivos proporcionan “bienes sociales” en sus áreas de control (por ej., Mil Cumbres) tal como infraestructuras de riego para la producción de avocados, infraestructuras de alcantarillado, construcción de escuelas e incluso iglesias, junto al suministro de mecanismos de resolución de controversias para la población general en las regiones bajo su control. A cambio, ambas redes delictivas obtienen una fuente fiable de mano de obra y tierras para satisfacer sus necesidades en los mercados legal e ilegal.

Esta clase de integración vertical y horizontal, como se ha explicado, tiene lugar en el contexto de muchos tipos de “vacíos de Estado” en el suministro de bienes y servicios públicos (por ej., agua, infraestructura edilicia en el sector educativo, medicina preventiva y justicia), tal como fue documentado por Buscaglia (2013). En otras palabras, la falta de acceso público a servicios judiciales por parte de segmentos de las poblaciones rurales económicamente más vulnerables, junto a la incapacidad de hacer cumplir leyes sobre decomiso de activos de origen ilícito vinculados a los más diversos tipos de delitos económicos, tal como la corrupción política, han permitido a las redes delictivas expandir verticalmente sus infraestructuras comerciales, a la vez que proporcionan mecanismos alternativos de resolución de controversias a la población, como forma de control social, para obtener mano de obra y propiedades por parte de las poblaciones “cautivas”.

Para demostrar las relaciones arriba descriptas entre disfunción judicial en resolver conflictos sobre tierras y en decomisar activos patrimoniales criminales asociados a una integración económica vertical en la economía legal, en la columna 1 de la Tabla 2 se identifican a veinte países. Fueron escogidos con base en la existencia de regiones en las que las redes de delincuencia organizada proporcionan “bienes sociales” (como los MARC suministrados por la “Familia Michoacana” en Mil Cumbres, Michoacán, México). Diecinueve de estos países coinciden con los cubiertos por la Tabla 1, donde se mide eficiencia judicial en el procesamiento de causas por delincuencia organizada vinculadas a la corrupción política (con las excepciones de Uganda, que aparece solo en la Tabla 1, y de Brasil, solo en la Tabla 2). Basado en el análisis precedente, la serie temporal de la Tabla 2 cubre el periodo 2004-2015. En la columna 4 de la Tabla 2 se mide el número de mercados ilícitos operados por una red delictiva transnacional específica en dos momentos temporales: 2004 y 2015 (por ej., a una red delictiva que trafica únicamente con drogas, seres humanos y armas se le asignará un indicador igual a “3”). La columna 2 de la Tabla 2 también mide en dos momentos, 2004 y 2015, los porcentajes anuales de hogares que han experimentado controversias relacionadas con la tierra y han recurrido a MARC suministrados por organismos tradicionales o por redes delictivas[11]. La columna 3 identifica a cada red delictiva transnacional que suministra MARC y la columna 5 mide la escala de integración económica vertical (de 1 a 6) de la cadena de suministros para la producción bienes y servicios legales e ilegales controlados por cada red delictiva en los sectores económicos legales.

La hipótesis que se desea verificar es la siguiente: la eficiencia de los sistemas judiciales en llevar a cabo decomiso de activos patrimoniales asociados a redes delictivas involucradas en corrupción política en el marco de la financiación de campañas electorales y de la contratación pública, medida en la Tabla 1, con un intervalo de dos años, tiene un significativo impacto: 1- en las diferencias de integración vertical de las empresas criminales transnacionales en el ámbito legal (medida en la columna 3 de la Tabla 2); 2- en las diferencias en la diversidad de mercados ilícitos cubiertos por las empresas delictivas transnacionales y 3- en las diferencias de frecuencia de oferta/demanda de mecanismos alternativos de resolución de controversias en regiones donde esas mismas redes delictivas transnacionales proporcionan “bienes sociales”.

La columna 2 de la Tabla 2 mide el porcentaje de nuestras muestras regionales de hogares rurales que demandan MARC de dos fuentes: organismos tradicionales de ancianos y redes delictivas transnacionales armadas que, según los expedientes judiciales que revisamos, también estaban acusadas de corrupción política. Cada uno de estos grupos criminales organizados se identifica en la columna 3. Los porcentajes de los hogares en la muestra que solicitan MARC son medidos en dos puntos temporales, 2004 y 2015, en cada región donde las redes delictivas proporcionan “bienes sociales” (como agua, medicina preventiva, infraestructuras o resolución de controversias). Por ejemplo, en la frontera de Albania con Kosovo, durante 2004, concluimos que el 4% de nuestra muestra solicitaba MARC de organismos informales tradicionales, mientras que esa proporción ascendió al 8% en 2015. En estos dos momentos y dentro de la misma región albanesa, el 2% de nuestra muestra de hogares rurales solicitó MARC de la red criminal Kula en 2004, mientras que esa proporción ascendió al 5% en 2015. Cabe recordar que durante ese mismo periodo la Tabla 1 muestra un fuerte deterioro del desempeño judicial en la misma región albanesa, con una caída del 24% en tasas de resolución de causas (es decir, agudos incrementos en los retrasos) junto a un aumento del 55% de errores judiciales durante el procesamiento judicial para el decomiso de activos contra la red delictiva de los Abazi y Boriçi. Además, la columna 4 de la Tabla 2 muestra que la red de los Abazi y Boriçi estaba involucrada en doce formas de delincuencia organizada en 2004, y en veintiun tipos de delincuencia organizada en 2015, incluyendo la financiación ilegal de campañas políticas y el lavado de dinero mediante contratación pública.

La quinta columna indica el grado de integración vertical de cada red delictiva en cada país. El indicador de integración vertical mide seis niveles de controles de la cadena de suministros para la producción de un bien o servicio ilegal, donde “1” indica el control legal de un negocio de distribución por parte de la red ilegal; “2” se refiere al control legal por la red delictiva de la distribución y la venta al por mayor; “3” indica el control económico por la red de la distribución, la venta al por mayor y las infraestructuras de transporte legales; “4” hace referencia al control legal de la distribución, la venta al por mayor, el transporte y la producción del bien o servicio ilegal; “5” indica el control legal de la distribución, la venta al por mayor, el transporte, la producción y los insumos (como hoja de coca); y “6” se refiere al control legal por la red delictiva de la distribución, la venta al por mayor, el transporte, la producción, los insumos y las infraestructuras de venta minorista. Al aplicar esta escala de 1-6 de integración vertical a las redes delictivas albanesas de los Abazi y Boriçi/Kula, vemos en la columna 5 de la Tabla 2 que su integración vertical dentro de la economía legal de Albania y Kosovo se expandió desde el control “legal” de la distribución y la cadena de suministros al por mayor en 2004 al control “legal” de la distribución, la venta al por mayor, el transporte, la producción, los insumos y las infraestructuras de venta minorista en 2015. En otras palabras, un incremento en la escala de la red delictiva de los Kula refleja el fracaso de las autoridades judiciales en decomisar los activos ilegales vinculados al financiamiento de campañas ilegales y a contrataciones públicas lo cual refleja la falla de Estado en controlar la expansión económica de la red de crimen organizado en Albania en la esfera legal. Por lo tanto, la Tabla 2 muestra el impacto hipotético de la mejora o empeoramiento de la actuación judicial en el decomiso de activos —vinculados a la delincuencia económica y a la corrupción política— en la disminución o aumento de la diversificación de las actividades de la delincuencia organizada, en el suministro de MARC y en la reducción o expansión de la integración vertical de redes criminales específicas dentro del ámbito legal, facilitando también el lavado de dinero.

La Tabla 2 muestra también que Chile, Colombia y Uruguay experimentaron menos demanda de MARC provistas por redes delictivas transnacionales en 2015 en comparación con 2004, menos diversidad de bienes y servicios ilegales y una integración vertical menor en 2015 en comparación a 2004. Dicho de otro modo, Chile, Colombia y Uruguay están controlando la expansión transnacional de las redes delictivas regionales estudiadas en los ámbitos político y de la integración económica vertical legal, y están controlando asimismo la expansión en la diversidad de delitos económicos y reduciendo el suministro de MARC por parte de estas mismas redes.

TABLA 2
País Porcentaje de muestras de hogares rurales con controversias sometidas a MARC proporcionados por grupos armados vs. no armados Denominación de las redes delictivas transnacionales dedicadas a hasta 23 tipos de delitos económicos complejos Ámbito (número) de las actividades ilegales de las redes delictivas en
2004 y en 2015		 Integración vertical de operaciones de empresas legales vinculadas a las actividades delictivas
2004 y 2015
MARC tradicional
2004 y 2015		 MARC proporcionados por redes armadas delictivas no estatales 2004 y 2015
Albania 4/8 2/5 Red delictiva de los Kula, que controla el tráfico de drogas, armas y personas desde Turkía, familia de los Abazi y Boriçi (Buscaglia, 2015). tipos 12/21 2/6
Argentina 3/5 1/2 Familias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay más Uruguay (Hudson, 2003). tipos 8/18 4/5
Benín 48/51 7/11 Grupo Kakudu, que opera en Benín. Togo, Nigeria y Sudáfrica (United Nations Office on Drugs and Crime, 2005) tipos 11/20 5/6
Bolivia 39/41 7/8 La Corporación (Farer, 1999). tipos 6/11 5/6
Botsuana 53/37 4/1 Red Okavango Delta que cubre el tráfico de gemas, seres humanos y drogas en Angola y Botsuana (Buscaglia 2015) tipos 8/3 3/1
Brasil 38/21 2/1 Grupos PCC y CV que proporcionan MARC a las favelas de São Paulo y Río (Jorge Birol y Dal Ri, 2011). Familias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay más Uruguay (Hudson, 2003). tipos 6/10 3/5
Chile 19/9 2/0 Familias Sung I y Ming (Buscaglia, 2015) tipos 3/2 2/1
Colombia 21/6 17/4 Diego Montoya y Wilber Varela – Organización Norte del Valle (Buscaglia, 2015) tipos 11/5 5/2
Congo 87/96 87/96 Organización Mai Mai (Mayi-Mayi) en Kivus (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 2010). tipos 11/19 3/6
Guatemala 49/56 25/38 Red delictiva de Sinaola (Buscaglia, 2013 y 2015) tipos 13/21 4/6
Honduras 24/38 11/16 Red delictiva de Sinaola  (Buscaglia, 2013 y 2015) tipos 10/19 3/5
Indonesia 12/13 4/3 Movimiento Aceh Libre (GAM) (Wahyono, 2010). tipos 4/12 2/5
Mozambique 77/89 8/21 Grupo Kakudu group que opera en Benín, Togo, Nigeria y Sudáfrica (Buscaglia, 2015). tipos 6/13 3/6
México 12/29 18/39 Red delictiva de Sinaola  (Buscaglia, 2013 y 2015) tipos 18/23 2/6
Nigeria 62/67 6/8 Grupo Kakudu group que opera en Benín, Togo, Nigeria y Sudáfrica (United Nations Office on Drugs and Crime, 2005) tipos 11/22 4/6
Paraguay 45/49 26/29 Familias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay más Uruguay (Hudson, 2003). tipos 15/19 3/5
Perú 31/37 2/6 Organización Zevallos vinculada a Sendero Luminoso. (Buscaglia, 2015) tipos 10/18 2/4
Sudáfrica 45/32 1/3 Grupo Kakudu group que opera en Benín, Togo, Nigeria y Sudáfrica (Buscaglia, 2015). tipos 5/14 2/4
Uruguay 23/12 0/0 Familias Sung I y Ming, en el espacio trifronterizo de Argentina, Brasil y Paraguay más Uruguay (Hudson, 2003). tipos 7/5 3/2
Venezuela 17/48 2/9 Diego Montoya y Wilber Varela – Organización Norte del Valle. Red delictiva de Sinaola (Buscaglia, 2013 y 2015) tipos 8/22 4/6

Ahora vamos a poner a prueba la hipótesis explicada supra para determinar si las mejoras judiciales en los procesamientos judiciales por decomiso de activos vinculados al procesamiento de la delincuencia organizada por corrupción política en el financiamiento de campañas electorales y contratación pública medidas en Chile, Colombia y Uruguay entre 2004 y 2015 vienen después acompañados por una menor diversidad de los mercados ilegales y una menor capacidad de esas mismas redes delictivas para integrarse verticalmente de estas mismas redes criminales decomisadas. En la columna 2, vemos que Botsuana, Chile, Colombia y Uruguay experimentan descensos en la frecuencia de los MARC proporcionados por organismos tradicionales informales y por grupos armados (como las FARC en Colombia). Específicamente, vemos que, en 2004, el 21% de los hogares muestreados en dos regiones de Colombia buscaron asistencia de grupos tradicionales no armados (juntas comunitarias) en controversias sobre la tierra, pero solo el 6% de los hogares estudiados obtuvieron servicios de resolución de controversias de organismos tradicionales informales en 2015. El papel de los grupos armados como fuente de MARC en esas dos mismas regiones colombianas también ha caído del 17% de nuestra muestra en 2004 al 4% en 2015. La misma disminución en la frecuencia de MARC se observa en la columna 2 para Botsuana, Chile y Uruguay. El efecto opuesto tiene lugar en aquellos países en los que el sistema judicial experimenta el mayor deterioro en su desempeño. Congo, México y Guatemala presentan la peor actuación judicial de la muestra de veinte países en Buscaglia y Stephan (2005) y Buscaglia (2015). Mientras en el Congo los porcentajes de las muestras de los hogares estudiados que recibieron MARC de grupos armados se incrementó de un 87% en 2004 al 96% en 2011, en Guatemala el incremento fue del 25% en 2004 al 38% en 2015, y en México del 18% al 39% en el mismo periodo.

De acuerdo con nuestra hipótesis de costes operativos ya explicada, las jurisdicciones con peor desempeño en su justicia civil y penal experimentaron mayor crecimiento en la frecuencia de la demanda y oferta de MARC suministrados por grupos de delincuencia organizada. Nuestra hipótesis también sostiene que las redes delictivas que expanden el suministro de MARC estarían asociadas a importantes incrementos en la diversificación de sus delitos económicos entre 2004 y 2015. De hecho, los expedientes judiciales revisados por nuestros equipos muestran que la red delictiva del Congo aumentó su diversificación de 11 a 19 tipos de delitos económicos; la red guatemalteca aumentó de 13 tipos en 2004 a 21 tipos en 2015; y las redes mexicanas estudiadas incrementaron su diversidad de mercados ilícitos de 18 bienes y servicios en 2004 a 23 tipos de delitos en 2015. Como predice el marco teórico de Williamson (1981), estos mismos países experimentaron el mayor incremento en la integración vertical de las redes delictivas dentro de los ámbitos legales de sus economías[12]. Específicamente, se identificó a través de investigaciones judiciales que la red delictiva del Congo operaba legalmente en cinco países africanos, cubriendo tres etapas de su cadena de producción y distribución en 2004, mientras que la misma red operaba empresas legales en siete países africanos cubriendo seis etapas de integración vertical en 2015. Los casos judiciales estudiados en Guatemala y México muestran que en ambos países las redes delictivas incrementaron su ámbito de integración vertical en sus economías legales al nivel máximo de “6” etapas de las cadenas de suministro, controlando así la producción de insumos, la producción de bienes y servicios finales, la infraestructura de transportes, las redes de distribución y la venta mayorista y minorista.

Se aprecia en el Gráfico precedente que la erosión de las instituciones judiciales y el incremento en la demanda de MARC para resolver controversias tenderá a reducir los costes medios de acceso como proporción del valor en juego en las controversias solo si hay un incremento del número y alcance de los MARC disponibles. Sin embargo, como hemos explicado, las encuestas de hogares en Buscaglia (2001) y en Buscaglia y Stephan (2005) muestran que no todos los mecanismos informales de resolución de controversias son similares. Tales mecanismos suministrados por grupos armados de delincuencia organizada en Afganistán (como las redes de los Noorzai y Juma Khan) o en Congo (Mai-Mai en las regiones orientales de Kivu del Norte y del Sur) que no ofrecen la posibilidad de que sus decisiones sean validadas por las autoridades, a nivel municipal o judicial, carecen de ventajas comparativas sobre aquellos suministrados por mecanismos tradicionales como los Jirgas y Shuras en Afganistán y Paquistán o las jutas parroquiales en Colombia.

Gran parte del marco teórico fundacional sobre empresas delictivas que usamos aquí se encuentra en Schelling (1971) y su ampliación reflejada por Gambetta (1993) se enfocan en el análisis de la base social de las organizaciones delictivas como estructuras alternativas de gobernanza pública que emergen en contextos de actores estatales débiles o ausentes o en distintos tipos de debilidad institucional. Dentro de esos marcos, una de las premisas en el análisis de los veinte países cubiertos aquí es que los mecanismos alternativos de resolución de controversias (MARC) son un canal adicional para que las asociaciones criminales controlen el tejido social para obtener insumos económicos para su producción de bienes y servicios ilegales (por ej., tierra y mano de obra) a cambio de protección social. Buscaglia (2015) muestra que cuanto más las asociaciones delictivas diversifiquen sus actividades económicas más allá del tráfico de drogas hacia el tráfico de armas, personas, juego, ciber-delincuencia, falsificaciones y diversos contrabandos, más necesita recabar mano de obra y capital de sus alrededores a cambio de suministrar servicios sociales (como los MARC) con una penetración más profunda en el tejido social, para minimizar los costes operativos de la organización delictiva, como predijo Williamson (2007). En este contexto, la Tabla 2 muestra que todos los grupos delictivos transnacionales que aparecen en ella están diversificados en el alcance de sus actividades económicas, y que, a mayor diversificación de mercados ilegales, mayor inmersión en el tejido social de las comunidades a través de una creciente frecuencia en el suministro de MARC. En zonas donde las asociaciones criminales poseen una mayor diversificación de sus empresas en mercados legales e ilegales, estas buscarán también un apoyo logístico y humano mayor para dar apoyo a sus operaciones. Esta captura creciente del tejido social conlleva un suministro más frecuente de bienes y servicios “sociales”, como resolución de controversias, confirmando pues el efecto predicho por el análisis económico en las teorías de acceso-a-la-justicia de Buscaglia (19994, 2001b) y más tarde de Milhaupt y West (2000).

Sobre la base de los datos jurimétricos de las Tablas 1 y 2, en Buscaglia (2015), Buscaglia (2016) y Buscaglia (2021) se ha puesto a prueba esta hipótesis utilizando una regresión no paramétrica multiplicativa (NPMR, por sus siglas en inglés)[13]. La hipótesis verificada sostiene que una disminución en la eficiencia de los indicadores judiciales en 20 países con muestras estratificadas de casos judiciales sobre decomiso de activos de redes delictivas organizadas implicadas en dos tipos de corrupción política (financiación ilícita de campañas políticas y contratación pública), con un intervalo de cinco años, NO están vinculados con 1- incrementos significativos en la integración vertical de las empresas delictivas; 2- incrementos significativos en la diversidad de las actividades delictivas; 3- incrementos significativos en la frecuencia del suministro de mecanismos alternativos de resolución de la controversia por esas mismas redes.

TABLA 3
Rechazar la hipótesis si el estadístico de contraste ≥ al valor crítico a α = 5%

                                     Integración vertical                 Diversidad de Mercados            MARC

(Suma de rangos)2                                    319251                                                 71481                                49270

Número de columnas                       2.                                                           2.                                         2

Número de filas                                 20.                                                         20.                                      20

Estadístico de contraste            10.057.                                                12.613                               9.501

Todos los estadísticos de contraste son significativos al nivel del 5%

En la tabla 3 supra cuya hipótesis de trabajo también se analiza en Buscaglia 2015 y 2021, se rechaza que la disminución en la eficiencia en los procesamientos judiciales en casos de decomiso de activos ligados a corrupción política en el financiamiento electoral ilícito y/o por contrataciones públicas ilícitas, con un intervalo de 5 años, no hacen una diferencia significativa aumentando el poder de mercado y la integración vertical legal de las empresas delictivas en los sectores económicos legales y por tanto incrementa las capacidades de la red delictiva para producir un rango más amplio de bienes y servicios legales e ilegales. Por ende, la Tabla 3 arriba reproducida verifica que un incremento en la eficiencia de los indicadores judiciales respecto a los casos de decomiso de la Tabla 1 viene acompañado con un descenso en la diversidad de las actividades delictivas de redes criminales transnacionales y con una menor frecuencia en la demanda de mecanismos alternativos de resolución de controversias provistas por redes organizadas delictivas medida en la Tabla 2.

Consideraciones finales

Las mejoras en la eficiencia del sistema judicial, que requieren una más efectiva coordinación interinstitucional entre agencias de inteligencia civi, policías civiles. fiscalías y juzgados, para aplicar decomisos contra redes armadas organizadas que se dedican al tráfico de personas, de drogas, de armas, a la financiación ilegal de campañas políticas, al lavado de dinero mediante la contratación pública y a muchos otros tipos de delitos graves y económicamente complejos son uno de los principales objetivos de las convenciones de Naciones Unidas ratificadas por más de 170 Estados de todo el orbe y por los veinte países analizados en este estudio.

Asimismo, una mayor eficiencia de este mismo sistema judicial al llevar a cabo esos decomisos contra tales tipos de redes transnacionales organizadas involucradas en casos de corrupción política en muchos países refuerza, a su vez, el derecho humano a participar en elecciones políticas transparentes y libres y fortalece también el acceso a la justicia de las víctimas de la delincuencia organizada con el fin de recibir compensación por los daños civiles y penales sufridos.

Hay países como Italia que han actuado y legislado explícitamente sobre los derechos de las víctimas del crimen organizado a beneficiarse directamente y recibir compensación mediante los procedimientos de decomiso de activos de la delincuencia organizada. Por lo tanto, los indicadores de la eficiencia judicial en el decomiso de activos en manos de la delincuencia organizada es también un indicador de la mejora en los derechos humanos a votar de manera limpia sin coacción y a acceder a al sistema judicial. A este respecto, este estudio tiene como objetivo proporcionar un enfoque empírico a la medición y evaluación del ejercicio de estos dos derechos civiles y políticos y de otros derechos humanos.

Las organizaciones delictivas, como tipo específico de grupos armados no estatales, dependen de su capacidad para dar protección social mediante el suministro de “bienes sociales” (como MARC) a los segmentos más marginados de la población como quid pro quo para garantizarse las cadenas de producción y de distribución a través de un flujo creciente y estable de tierras disponibles y mano de obra barata para diversificar sus empresas legales e ilegales.

La “protección social” recibida por la delincuencia organizada siempre surge a través de un intercambio social en donde redes delictivas satisfacen la genuina demanda de la población por bienes sociales dados los “vacíos de Estado” dejados por fallas institucionales ostensibles en el suministro de bienes públicos (por ej., agua, seguridad humana básica o servicios judiciales). El análisis jurimétrico desarrollado supra demuestra estos deficit institucionales en el caso de MARC. Además, la práctica perversa de capturar tejido social de las comunidades en las que se llevan a cabo los delitos económicos es parte de este proceso. En este quid pro quo, hay segmentos de la sociedad sometidos a la protección de grupos no estatales mediante diversos tipos de mecanismos de resolución de controversias al modo de la tradición de los sindicatos del crimen ruso estudiados por Farer (1999).

Como las organizaciones delictivas compuestas por actores no estatales generan diferentes tipos de negocios rentables (mediante la violencia física, colectiva o económica) en asociación con redes ilícitas de políticos, esas misas redes alimentan la existencia de deficiencias regulatorias y vacíos estatales (es decir, Estados que están excesivamente ausentes o que son excesivamente autoritarios en la vida del pueblo, provocando altos costes operativos de las interacciones sociales). Tales clases de debilidades estatales incluyen las deficiencias del sistema judicial, una complejidad procesal extrema, una corrupción rampante, y una falta de acceso a canales de resolución de controversias. En este tipo de entorno, caracterizado por la inseguridad jurídica y judicial, la producción y los planes de inversión se muestran difíciles. Tal incertidumbre vinculada a los derechos de propiedad afecta a todos los segmentos de la población (ricos, clase media y pobres), pero perjudica sobre todo a los segmentos más económicamente desprovistos de la población. Llevar a cabo políticas judiciales que corrigiesen estas debilidades regulatorias privaría de oxígeno social a los grupos armados no estatales en general, y a las asociaciones delictivas en particular.

De manera paradójica, los sistemas judiciales “débiles” o “ineficientes” pueden sobrevivir debido a los “servicios” informales de resolución alternativos de controversias que resuelven una mayoría de conflictos sociales en una sociedad, representando así una fuente de inercia institucional que bloquea las necesarias reformas judiciales. Dicho de otro modo, la debilidad o falla de estados es a veces viscosa y los juzgados débiles continúan en esa situación de debilidad crónica porque los funcionarios pueden no tener razones para buscar reformas de sus instituciones, al canalizar la mayoría de sus casos al ámbito informal, usando los MARC como válvula de escape para el sistema judicial formal. Es así que los beneficios ilegales y prebendas de la corrupción política y judicial crean una mayor resistencia hacia la mejora de la gobernanza del poder judicial y del ámbito político-electoral en medio de estas válvulas de escape ofrecidas por modos informales de resolución de controversias, tanto legales como ilegales. No obstante, las experiencias internacionales, por ejemplo en Colombia y en Italia, muestran que este paradójico impasse puede superarse mediante la reforma del sistema electoral y de la financiación de las campañas políticas, enérgicamente exigidas por iniciativas legales e institucionales de una sociedad civil unida. La experiencia de estos países es tratada por Buscaglia y Dakolias (1995, 1999) y por Buscaglia (1997, 1999, 2013 y 2015)[14].

Una conclusión principal de este artículo es que una mayor eficiencia de los sistemas judiciales nacionales y supranacionales en su capacidad internacional de cooperación con el fin de desmantelar el poder de mercado derivado de la integración vertical de las asociaciones delictivas mediante el decomiso de activos representa también un modo de abordar los “vacíos estatales” y de rescatar el tejido social usado por estas asociaciones criminales para proteger sus operaciones delictivas. Esto convierte a las reformas del poder judicial destinadas al decomiso de activos en un poderoso instrumento para contrarrestar los más importantes fundamentos sociales y políticos del crimen organizado transnacional.

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[1] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx

[2] Un nivel alto de corrupción se define como el uso de los cargos públicos para obtener un beneficio privado para los servidores públicos y toda clase de altos cargos electos. La corrupción de alto nivel es analizada por Buscaglia (2011).

[3] https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

[4] La expresión “fracaso estatal” o “del Estado” se usará aquí en el sentido de incapacidad sistemática y/o falta de voluntad por parte del Estado de proporcionar servicios judiciales en términos de resoluciones judiciales, tales como una sentencia sobre decomiso de activos.

[5] Estas convenciones incluyen la propia Carta de la ONU, los dos Pactos Internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y los restantes catorce instrumentos legales que se ocupan de una amplia variedad de derechos humanos. Puede ver los Convenios de Derechos Humanos de Naciones Unidas en: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/Pages/InternationalLaw.aspx

[6] La muestra cubre hogares en Argentina, Benín, Bolivia, Botsuana, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Mozambique, México, Nigeria, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Uganda, Uruguay y Venezuela. Las muestras fueron seleccionadas sobre la base de características regionales y de obtener estratos de hogares de renta media y baja. La base de datos a través de la cual se realiza el análisis en este trabajo está contenida en: (“Derecho”, 2015).

[7] Vea los artículos 2, 6, 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en: https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

[8] El tamaño de la muestra de hogares rurales fue del siguiente tenor: Argentina: 3749, Benín: 2891, Brasil: 6329, Bolivia: 1718, Botsuana: 1943, Chile, 1392, Colombia 3178, Congo: 561; Guatemala: 993, Honduras: 816, Mozambique: 2193, Nicaragua 1203, Nigeria 7921, Paraguay: 931, Perú: 1610, Sudáfrica: 3915; Uganda: 658; Uruguay: 719, y Venezuela: 1961. En cada uno de los países, las muestras dentro de las jurisdicciones rurales seleccionadas fueron estratificadas sobre la base de factores socioeconómicos (nivel de ingresos, patrones de actividad comercial y económica, distribución etaria, composición de género, etc.).

[9] Delincuencia organizada como queda definida por el art. 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Supra, nota 1.

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/La_Familia_Michoacana

[11] Con una muestra y una serie temporal más amplias, también se puede comprobar la causalidad no paramétrica de Granger, de acuerdo a Granger, C. W. J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”. Econometrica. 37 (3), pp. 424–438. JSTOR 1912791. doi:10.2307/1912791.

[12] Estos delitos económicos incluyen: tráfico ilegal de drogas, fraudes tarifarios y relacionados con internet, otros tipos de ciberdelincuencia, tráfico de personas, contrabando de diamantes, falsificación de documentos y pasaportes, contrabando de tabaco, tráfico de partes robadas de coches y otros vehículos, lavado de dinero, manufactura y tráfico de armas, robo de armas, apropiación de petróleo, piratería, falsificación, tráfico de recursos naturales, tráfico de antigüedades y propiedad cultural (Buscaglia y van Dijk, 2003).

[13] La regresión paramétrica no multiplicativa (NPMR) es una regresión, como otros métodos análogos, que estima variables dependientes sobre la base de uno o más predictores. La NPMR puede usarse como un método de regresión siempre que se dé lo siguiente:

La distribución de la variable dependiente es desconocida.

Los predictores interactúan entre ellos afectando conjuntamente a la variable dependiente; en otras palabras, la respuesta de un predictor dependerá probablemente de otros predictores.

La respuesta es una variable cuantitativa o binaria (0/1).

[14] Las experiencias internacionales que rompen con este bloqueo paradójico son analizadas por Buscaglia (1994 y 2011). Las reformas sobre el sistema electoral exigidas por la sociedad civil de abajo arriba, por ejemplo en Colombia e Italia, fueron capaces de “refrescar” y renovar la composición de las elites políticas para “votar” por reformas judiciales que abordaran el decomiso de activos vinculados a la delincuencia organizada y a la corrupción política.

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