Atlántico Sur
Presentación
Coordinador: Carlos Alberto Biangardi Delgado
Secretario: Federico Martín Gómez
Integrantes: María Elena Baquedano
Raphael Fernandes Vieira
En el lapso transcurrido entre la presentación[1] de nuestro Departamento correspon-diente al Anuario en Relaciones Internacionales 2025 y esta nueva edición se ha profundizado la tendencia que preveíamos hace ya dos años con la irrupción en el área del Atlántico Sur de una política totalmente disruptiva con la que habían llevado a cabo todos los gobiernos argentinos desde el 10 de diciembre de 1993, período durante el cual se sucedieron distintas administraciones, que más allá de la cercanía o no que tuvieran algunos de sus miembros con el Reino Unido, siempre se ampararon en la garantía para la defensa de los intereses argentinos establecida en la Cláusula Transitoria Primera consagrada por esa generación política en la Constitución Nacional de 1994.
El 10 de diciembre de 2023 ya nos sorprendimos cuando notamos que el nuevo presidente Javier Gerardo Milei no había aludido en el discurso inaugural de su gobierno al conflicto entre la República Argentina y el Reino Unido por la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes como había ocurrido con todos los presidentes argentinos hasta la fecha y en las presentaciones del Departamento de este Anuario, tanto en 2024 como en 2025, recordábamos que el presidente Javier Milei había manifestado reiteradas veces su admiración por la ex primer ministro británica Margaret Thatcher, quien fuera la responsable directa del hundimiento del crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982 con el objetivo de boicotear el plan de paz del presidente peruano Fernando Belaunde Terry y así lograr humillar a la República Argentina con una derrota militar en la Guerra de Malvinas, y aún justificara la decisión de la ex primer ministro británica de enviar una flota de guerra a reinstaurar la situación colonial en contra de los intereses de la Nación Argentina.
También advertíamos que estaba dispuesto a derogar la Ley 26.737 que limita la venta a extranjeros de tierras de frontera y áreas de seguridad nacional, intención que se ha materializado hoy incluyéndola en el capítulo III de un proyecto de ley de dudosa constitucionalidad denominado “de inviolabilidad de la propiedad privada” -lo que ya había intentado hacer mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 al comienzo de su gestión y la denominada “Ley Ómnibus”- y proyectaba vender empresas sensibles para la defensa nacional a inversores internacionales, sin establecer ninguna restricción para los de origen británico, lo que se materializó en una reunión organizada durante el mes de febrero de 2026 en la embajada argentina en Londres para interesar a posibles inversores, especialmente en participar en la Licitación Pública Internacional para transferir la participación accionaria de la empresa estatal Energía Argentina S.A. en Citelec S.A., que actualmente tiene el 52,65% del capital accionario de Transener, empresa que transporta el 86 % de la energía eléctrica que circula en todo el territorio nacional, es decir de la columna vertebral del sistema eléctrico argentino, una infraestructura que no solo impacta en la producción industrial y el consumo domiciliario, sino que resulta determinante para la planificación federal, el desarrollo regional y la integración territorial; pese a que varios especialistas en política energética han advertido que desprenderse del control estatal en este segmento no constituye una privatización más sino la cesión de capacidad estratégica sobre un área sensible que incide directamente en la seguridad nacional y el desarrollo económico.
En este sentido ya advertíamos en nuestro Anuario 2025 que la Secretaría de Energía había aprobado la concesión de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a la firma Hidden Lake, propiedad del controvertido magnate británico Joe Lewis, lo que había sido cuestionado por la justicia y los organismos de control.
Debemos alertar una vez más que el problema de la extranjerización de la tierra y otros recursos estratégicos, por ejemplo la generación eléctrica, especialmente en nuestra Patagonia, está íntimamente relacionado con la defensa nacional por la presencia del Comando Naval británico del Atlántico Sur a escasos 760 kilómetros de sus costas y la no radarización de la mayor parte de esta región. En este sentido es incomprensible la morosidad en la instrumentalización del Decreto 140/2004, que establece la radarización de todo el territorio nacional y encomienda dicha tarea al entonces ministerio de Planificación, junto con el de Defensa y la Fuerza Aérea, habiéndose contratado recién en 2011 a la empresa INVAP para que realice el desarrollo, construcción e instalación de radares primarios y secundarios de última tecnología, proyecto que ha sufrido innumerables dilaciones en el tiempo y que hoy no cuenta con las necesarias partidas presupuestarias. Como contrapartida, continúa sin desmontar el radar de la empresa británico-norteamericana LeoLabs instalado en Tolhuin, que ha firmado un contrato para prestar sus servicios al Comando Espacial y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el desarrollo de la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento británicos en órbita terrestre.
Es necesario recordar que muchos países han limitado la extranjerización de la tierra en sus áreas de frontera, entre ellos los Estados Unidos de América y Japón, y en Latinoamérica, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Algunos, como en el caso de Bolivia, Perú y Venezuela, incluso lo han establecido en normas de carácter constitucional.
La República Argentina fue pionera en Latinoamérica en el dictado de este tipo de legislación con el Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, por la que se disponía la creación de zonas de seguridad constituidas por una franja máxima de territorio de 150 kms. a lo largo de toda la frontera y 50 kms. desde la frontera marítima, en las cuales se establecía la conveniencia que los inmuebles situados en dichas zonas de seguridad fuesen ocupados por argentinos nativos o naturalizados de comprobado arraigo al país. Dichas disposiciones fueron modificadas por el Decreto 32.530/48 haciendo mucho más rigurosa la venta de inmuebles en las zonas de seguridad a extranjeros, limitándolo a aquellos cuyo afincamiento en las tierras que ocupan pueda considerarse definitivo, con familia argentina o para establecerse con empresas o industrias de importancia para la economía del país. Finalmente, la Ley de Defensa Nacional 23.554/88 completa este régimen legal.
Pese a la teórica vigencia de esta legislación, poco a poco el cumplimiento de la misma se fue flexibilizando, priorizando las autoridades provinciales la radicación de inversiones, sin preocuparse por su procedencia, instituyéndose a partir del 20 de febrero de 2009 un nuevo régimen técnico que terminaba violando el espíritu del Decreto Ley 15.385/44, permitiendo que personas físicas y jurídicas extranjeras continuaran adquiriendo inmuebles en zonas de seguridad pero ahora bajo un manto totalmente legal, y hoy más de 368.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, se encuentran extranjerizadas, y ya en marzo de 2010 se denunciaba en la legislatura de la provincia de Río Negro que el ministerio de Defensa había autorizado la instalación de un aeropuerto privado en Puerto Lobo, ubicado a un kilómetro de la costa y a dos horas de vuelo de las Islas Malvinas, a una firma detrás de la cual se amparaba el magnate británico Joe Lewis, poseedor en esos momentos de 12.000 hectáreas aledañas al Lago Escondido, cerca de el Bolsón y el paraje El Foyel. El mismo inversor a quien en 2025 se le entregó la concesión de la Central Hidroeléctrica Río Escondido.
Pero el tema de la protección de la tierra ya no se circunscribe a las áreas de frontera y seguridad nacional sino que se ha extendido a la protección de todos los recursos naturales y hasta a las tierras de cultivo pues ahora podemos ver también la extranjerización como forma de adquirir la fuente de recursos naturales y commodities agropecuarios, y durante los últimos años se han vendido grandes extensiones de tierras en provincias agroganaderas, como es el caso de Buenos Aires y Córdoba, materias primas y en especial minerales, como es el caso de las provincias cuyanas, reservas de recursos naturales, en especial en la región mesopotámica; y en áreas de frontera de de baja densidad poblacional, como son todas las provincias de la región patagónica, conociéndose durante el mes de enero de 2026 un relevamiento científico desarrollado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que informa que a esa fecha existía ya un 5% de todo el territorio nacional en manos de capitales y estados extranjeros, presentando un mapa interactivo a través del cual se puede visualizar la ubicación y el porcentaje de tierras bajo dominio extranjero en distintas regiones del país. Informe que no solo aporta estos datos objetivos y los visualiza sino que plantea un debate más amplio sobre soberanía, control territorial y políticas públicas.
Si bien la Ley 26.737/2011 establece un límite a la extranjerización de la tierra en la República Argentina la actual administración ha intentado ya tres veces derogarla, primero a través del Decreto 70/2023, luego mediante la denominada “Ley Ómnibus”, y ahora con el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, y lo más preocupante fue escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, defender el capítulo III de este proyecto de ley -que deroga las restricciones a la extranjerización de las tierras en la República Argentina de la Ley 26.737- expresando que la nueva norma legal podría habilitar aún la venta de “pueblos y provincias enteras” lo que “traería beneficios para el país”, palabras que se viralizaron en todos los medios de difusión social y que parecieran remitirnos a ideas de la Argentina de la década del 30 del siglo pasado; y lo que es de mayor gravedad: demuestran un total desconocimiento del actual momento geopolítico en quien debería defender los intereses argentinos en el mundo.
Otra iniciativa de la actual administración que demuestra su descuido por el territorio fue el intento de disolver el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y fusionarlo con el servicio meteorológico, lo que fue rechazado por los expertos de ambos organismos por carecer de fundamentos técnicos y si bien no tuvo la misma trascendencia pública es indudable que en su esencia implicaba la disolución del Instituto Geográfico Nacional, lo que hubiera afectado la soberanía territorial ya que el mismo es crucial para la producción de toda la cartografía oficial del territorio argentino y la realización de trabajos geodésicos para apoyar la actividad civil y militar y la defensa de los topónimos argentinos en las disputas internacionales.
Si no hubiera existido el Instituto Geográfico Nacional el Observatorio de Tierras no habría podido elaborar el mapa interactivo que mostraba la porción de tierras argentinas actualmente en manos de extranjeros y que tanto impactó en estos últimos días en la opinión pública.
Es sorprendente la inexplicable animadversión de la actual administración nacional por la inversión en ciencia y técnica, a la que considera un mero gasto, y el prejuicio contra la participación del Estado en estos programas que cuentan con el apoyo de los gobiernos en todos los países del mundo -lo que ya hemos denunciado en esta presentación de nuestros anuarios correspondientes a los años 2024 y 2025- manifestada mediante el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica; la paralización del proyecto CAREM (acrónimo de Central Argentina de Elementos Modulares). un reactor nuclear de diseño y desarrollo exclusivamente nacional que comenzó su recorrida en la década de los 80 y hoy goza de valoración internacional como uno de los proyectos más avanzados para aumentar la participación de la energía nuclear en la transición de la matriz energética global, existiendo en la actualidad menos de un centenar de centrales de este tipo en el mundo y una puja importante entre los principales gigantes de la industria nuclear por controlar este nuevo mercado tecnológico antes de 2030; se detuvieron todos los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en especial el desarrollo del Tronador II, sin tener en cuenta que con su programa de desarrollo de satélites de observación terrena y de comunicaciones, sus radares y su lanzador en ciernes (hoy prácticamente paralizado) Argentina es un país que ha liderado la actividad espacial en Sudamérica durante las últimas décadas, como lo reconocen otros países de la región y lo atestiguan sus colaboraciones con la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana; se discontinuó el programa IA-65 Pampa de la Fuerza Aérea Argentina y la entrega de nuevas aeronaves por parte de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA); se desfinanciaron los proyectos específicos que la empresa INVAP llevaba a cabo con el Ejercito Argentino y la Armada Argentina, de los que se había convertido en un socio estratégico, especialmente para la producción de radares y vehículos aéreos no tripulados; se canceló el “Proyecto Gaucho” para la fabricación de un vehículo desarrollado con Brasil cuya denominación real era VLEGA (Vehículo Liviano de Empleo General Aerotransportable) de características similares a las de los Humvee norteamericanos, que poseía una mecánica sencilla y barata y estaba desarrollado específicamente para los suelos de nuestra región; el gobierno cerró una planta de Fabricaciones Militares ubicada en Jáchal (San Juan) y según trascendidos podrían correr la misma suerte las instalaciones de Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires), y como consecuencia la provincia de Catamarca se quedó con el complejo minero “Minas Capillitas”, que era propiedad de esa empresa y ahora se decidió privatizar y ofrecerlo a inversores internacionales, sin discriminar a los capitales británicos, problema común con todos estos desarrollos ya que el gobierno nacional aspira a privatizarlos, aquellos en que le resulta posible, o de lo contario a asociarlos con inversores internacionales.
Pese a que en el Congreso de la Nación se logró sacar de la denominada “Ley Bases” el proyecto Arsat, que permitió que el país no perdiera las posiciones orbitales 72 y 81, que le asignó la Unión Internacional de Comunicaciones y que eran codiciadas por el Reino Unido por la cobertura que puede hacerse desde América del Norte hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego, fundamentando su pedido como una proyección espacial de su colonia de las Islas Malvinas, el desfinanciamiento de todos estos proyectos ha hecho que muchos científicos decidieran emigrar a Estados Unidos o Europa en búsqueda de mejores condiciones para desarrollar sus saberes y tener una vida acorde a sus aspiraciones, perdiendo la Argentina un capital humano muy importante.
También se desfinanció el proyecto Pampa Azul, que constituye el programa de investigaciones científicas en el Mar Argentino más ambicioso de todos los tiempos, que incluye actividades de exploración y conservación e innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica dirigida al público en general, el cual ya venía siendo subejecutado tanto por la administración del presidente Mauricio Macri como por la posterior de Alberto Fernández mediante el incumpliendo la Ley 27.167 que creó el Fondo Nacional para la Investigación e Innovación Productiva de los Espacios Marítimos Argentinos (FONIPROMAR).
Como lo hemos advertido en otras presentaciones del Departamento del Atlántico Sur de este Anuario en Relaciones Internacionales es necesario dar continuidad a todas las políticas soberanas en ciencia y técnica tomando conciencia que la economía del conocimiento será el mayor factor de progreso durante el siglo XXI y que en la misma el verdadero recurso estratégico es el ser humano. En consecuencia, es necesario realizar una gran inversión de Ciencia y Técnica para que todos los proyectos suspendidos o desfinanciados por la actual administración puedan convertirse en motores del desarrollo argentino teniendo en cuenta que contamos con el insumo más importante, que es la materia gris de nuestros investigadores, y la estamos desperdiciando. Debemos por lo tanto crear las condiciones para que los mismos puedan desarrollar sus capacidades en el país y no tengan que emigrar por falta de oportunidades y ser conscientes que el Reino Unido solo nos va a respetar cuando logremos cambiar la ecuación bilateral argentino-británica en el Atlántico Sur y ese objetivo solo se va a conseguir con un desarrollo científico y tecnológico que equilibre las asimetrías de escala entre ambos países.
Solo cuando el Reino Unido sienta que se encuentra frente a un país cuya importancia política y económica -y también de disuasión militar- haya cambiado comenzará a evaluar la conveniencia de iniciar negociaciones serias sobre el objeto substancial de la disputa en el marco de la Resolución 2065 de la Asamblea general de las Naciones Unidas, y ese cambio de situación solo puede lograrse poniendo en acto todo el potencial de su sistema científico y tecnológico, la protección de sus recursos naturales y su soberanía territorial puestos al servicio del desarrollo económico interno, con una política exterior de prestigio que intente el mayor margen de autonomía posible frente a la situación internacional actual y elija inteligentemente sus alianzas, un camino que todavía no parece haber encontrado.
Contrariamente, observamos que durante los primeros 31 meses de la presente administración se ha profundizado la tendencia a descuidar todo el andamiaje de poder blando elaborado por la República Argentina durante los últimos 44 años para intentar dificultarle al Reino Unido consolidar su presencia en el Atlántico Sur, recordando que por inacción de la diplomacia argentina en la reunión cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Asunción el 8 de julio de 2024, por primera vez desde 1996 no se incluyó en la declaración final el reclamo argentino por la usurpación de las Islas Malvinas, pese a estar presente la canciller argentina Diana Mondino, quien dos meses después firmara con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido David Lammy un Acuerdo que en esencia restablecía el Comunicado Foradori-Duncan del 13 de septiembre de 2016 que fuera oportunamente denunciado por la administración Fernández, con el gravante que este nuevo acuerdo se convino en los márgenes de la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas en la cual el presidente argentino Javier Milei omitió durante su intervención referirse en forma directa al reclamo de nuestro país por la usurpación británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, hecho inaudito no solo por no tener antecedente sino porque dicho reclamo es un imperativo indeclinable para nuestros gobernantes, establecido por la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional.
Pese a que en su segunda intervención ante la Asamblea General del mes de septiembre de 2025 el presidente Javier Milei reiteró el tradicional reclamo “legítimo e irrenunciable” argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, convocando al Reino Unido a reanudar las negociaciones recomendadas por la Resolución 2065 de la Asamblea quedaron prácticamente a la deriva los grupos de apoyo y solidaridad a nivel internacional que tanto trabajo le costó formar a la diplomacia argentina, denunciando el diario La Nación de la ciudad de Buenos Aires en una de sus ediciones del mes de mayo de 2026 la disconformidad del mismo personal profesional de la Cancillería por el recorte de gastos y la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a acciones diplomáticas para recuperar las Islas Malvinas y el mantenimiento del museo que homenajea a los caídos en la Guerra del Atlántico Sur.
Desde que asumió la actual administración nacional han sido numerosas las denuncias públicas sobre la desidia en cuanto a la defensa simbólica del reclamo soberano por la usurpación británica de nuestras Islas Malvinas demostrada por importantes funcionarios del gobierno, en especial contra el ministro de Modernización y Transformación del Estado Federico Sturzenegguer -autor del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada- quien publicó en su red social en octubre de 2025 un mapa de la República Argentina en el cual no figuraban las Islas Malvinas; que se suma a otro publicado por el Correo Argentino durante el mes de abril del mismo año en el cual se denominaba al archipiélago “Falkland Islands”. Una única excepción lo ha constituido la vicepresidente de la Nación Argentina, Victoria Villarruel, que en forma sistemática se ha desmarcado del resto del gobierno nacional denunciando el acuerdo Mondino-Lammy y defendiendo públicamente la Causa de Malvinas y la memoria de la Gesta de Malvinas, llevando este reclamo incluso al exterior durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se realizara en el Congreso de los Diputados de España durante el mes de diciembre de 2025.
Pese a ello, por cierta inercia del tiempo en que la diplomacia argentina desarrollaba una actitud proactiva en relación al reclamo ante el Reino Unido por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes nuestro país ha continuado recibiendo el apoyo a su posición en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de los 77 + China, la CELAC y otros foros regionales -como el caso de la IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur realizada en Río de Janeiro los días 8 y 9 de abril de 2026- pero notamos que el mismo comienza a desquebrajarse, como ocurrió en la Cumbre del Mercosur de julio de 2024 o el resquemor de los países árabes manifestado durante las últimas reuniones multilaterales ante la alineación incondicional y automática de la actual administración argentina con la política exterior de los Estados Unidos de América y el gobierno del Estado de Israel.
Además, el alejamiento destemplado del grupo BRIC, que representa al 46 % de la población mundial, el 40 % de la producción mundial de petróleo, el 36 % del PBI global y el 25 % de las exportaciones mundiales, nos aleja de países que tradicionalmente han votado en los foros multilaterales a favor de la posición argentina, debiéndose destacar que en el mismo se encuentra la República Popular China, que es el único país no sudamericano que no solo apoya la reanudación al un diálogo abstracto entre las partes en conflicto sino que manifiesta expresamente que la Argentina tiene derecho a su reunificación territorial y que las Islas Malvinas son argentinas; para ahora pretender asociarnos con el Reino Unido en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) al que la diplomacia británica puede incorporar en el futuro y cuando lo considere conveniente a las Islas Malvinas, en carácter de “espacios que considera bajo su responsabilidad internacional”.
Contribuye a este deterioro la despreocupación por la suerte de los grupos internacionales de apoyo a la Cuestión Malvinas y actitudes domésticas como el notable silencio de la cancillería ante los nuevos ejercicios militares realizados por el Reino Unido en las Islas Malvinas y al arribo a la zona de naves de guerra británicas y submarinos nucleares, a veces denunciados tardíamente cuando los hechos habían tomado ya una gran repercusión pública, como el caso del buque RRS Sir David Attenborough, y posteriormente el HMS Medway, que navegaron por aguas jurisdiccionales argentinas sin comunicarle su paso a las autoridades nacionales como prescribe el Acuerdo de Madrid del 15 de febrero de 1990 (hechos que han sido desarrollados en forma detallada en la Cronología anexa a esta Presentación).
El único enfrentamiento de importancia que tuvo la presente administración con el Reino Unido ha sido motivado por el avance del proyecto de explotación de hidrocarburos en el yacimiento León Marino -al norte de la isla Soledad- lo que motivó los comunicados oficiales de la Cancillería Argentina del 11 se septiembre y 11 de diciembre de 2025 rechazando el mismo y declarándolo ilegal por tratarse de la apropiación de recursos de soberanía argentina, pero como siempre la protesta diplomática llegó después de la reacción de la sociedad civil pues el 13 de agosto de 2025 la prensa fueguina ya había denunciado que avanzaba el millonario proyecto petrolero británico-israelí por el cual la compañía Navitas Petroleum en sociedad con Rockhopper Exploration proyectaba extraer de la cuenca León Marino aproximadamente 1.700 millones de barriles de crudo a pocos kilómetros de la costa del archipiélago y sobre nuestra plataforma continental, contraviniendo lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establece expresamente que los recursos existentes en la plataforma continental pertenecen a los estados costeros, más allá que éstos se encuentren ejerciendo o no la soberanía efectiva sobre estos territorios. Estas compañías habían expuesto en una audiencia en Londres durante el mes de junio que estimaban -de acuerdo a lo publicado por el medio Penguin News- que en el pico de su producción lograrían una recaudación anual de 181 millones de libras (aproximadamente 230 millones de dólares) en impuestos corporativos y 99 millones de libras (aproximadamente 125 millones de dólares) en regalías, que se destinarían a la administración colonial para sostener el desarrollo económico y la defensa del archipiélago; estimando que el primer barril de petróleo sería extraído en 2028 y estando planificada una campaña que tendrá un mínimo de duración de 35 años.
Por primera vez el gobierno de Javier Milei endureció su postura en la Cuestión de las Islas Malvinas adelantando que nuestro país “profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos o intereses soberanos”, advirtiendo que “cualquiera que esté involucrado en este proyecto, tanto en las actividades de exploración como de explotación quedará expuesto a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales”, invocando la Ley 26.659, que exige autorización argentina para operar en su plataforma continental y las resoluciones de la ONU que reconocen la existencia de la disputa con el Reino Unido y la prohibición de innovar hasta que se resuelva la misma; recordando que la empresa Rockhopper ya había sido declarada clandestina e inhabilitada por 20 años en 2012 y 2013 para operar en la República Argentina yNavitas fue sancionada en2022. Lo que reiteró nuevamente la Cancillería Argentina en su Comunicado Oficial con motivo de cumplirse 193 años de la usurpación británica de las Islas Malvinas el 3 de enero de 2026.
Por su lado, la administración colonial británica sostuvo que “Las Islas Falkland son un territorio británico de ultramar con autogobierno, por lo que ni siquiera la prohibición de nuevas exploraciones que impulsa en Reino Unido en sus propias aguas afecta al archipiélago y mucho menos una ley argentina”, y un portavoz del Foreign Office sostuvo que “cualquier decisión sobre Sea Lion corresponde el Gobierno de las Islas Falkland y a las empresas privadas involucradas”, reiterando que Londres es “inquebrantable” respecto de su soberanía sobre el archipiélago y el derecho de los isleños a la autodeterminación.
El hecho también enturbió las excelentes relaciones que el gobierno argentino había mantenido hasta ahora con el Estado de Israel, ya que el canciller israelí, Gideon Sa’ar, manifestó que Navitas Petroleum era una compañía privada sin relación con el Estado de Israel, decidiendo el presidente Javier Milei poner en pausa su decisión personal de trasladar la embajada argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén durante el año 2026.
El presidente argentino se comprometió personalmente ante la opinión pública a “responder con todas las medidas necesarias ante el avance del proyecto León Marino”, pero pese a ello, medios israelíes publicaban a los pocos días que Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration continuarán con su emprendimiento y prevén iniciar las perforaciones en la cuenca de Malvinas en 2028. Esta es la situación al 30 de junio de 2026.
Pese a esta reacción positiva del gobierno nacional en defensa de los intereses argentinos ante los resultados de la primera campaña de exploración exitosa y el comienzo inminente de la etapa de explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental argentina -luego de infructuosos intentos durante los últimos 30 años- pareciera que la administración del presidente Javier Milei confiara ciegamente en que su alineación automática e incondicional con el gobierno de los Estados Unidos de América va a influir para que el Reino Unido considere algún día restituir a la Argentina el islario que le usurpó hace 193 años, mediante algún acuerdo del tipo al que llegó con China por el enclave colonial de Hong Kong, y así lo ha manifestado en varias oportunidades, y en paralelo, además de postular a la Argentina como “socio Global” de la OTAN habría propuesto al Reino Unido una apertura para un acuerdo global en el Atlántico Sur moderando la intensidad pública del reclamo y fomentando un diálogo secreto que incluiría temas militares, trascendiendo durante el mes de julio de 2025 que el ministerio de Defensa habría aceptado en el convenio con la empresa Terma Global, que está adecuando los aviones F-16 adquiridos por la República Argentina a Dinamarca, las exigencias del Reino Unido de adaptar algunas de las prestaciones de estas aeronaves para que no sean un riesgo para las tropas británicas establecidas en las Islas Malvinas, especialmente reducir a 60 millas el radar de tiro ya que los equipos antiaéreos instalados en el archipiélago por los británicos están en un rango de 200 a 300 millas. Lo que elípticamente fue aceptado por el Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos ante la Cámara de Diputados de la Nación el 22 de julio de 2025 cuando informara que el Gobierno argentino mantiene contactos técnicos con el Reino Unido en materia de defensa y que “estas conversaciones buscan reducir tensiones, explicar el plan de modernización militar argentino, discutir la política de veto británica y explorar medidas de confianza mutua en el Atlántico Sur, sin implicar concesiones sobre la soberanía ni nuevos acuerdos de cooperación”.
En el marco de esta estrategia tenemos que analizar el acuerdo de cooperación firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos para adherir al llamado “Programa de Protección de los Bienes Globales Comunes”, presentado como una iniciativa para fortalecer la vigilancia del Atlántico Sur y combatir actividades como la pesca ilegal, pero existen serios interrogantes políticos, estratégicos y económicos sobre el alance real de este acuerdo ya que sus cláusulas están comprendidas dentro del régimen de secreto militar establecido por el Decreto N° 9.390/63. Esta iniciativa no está originada en el gobierno argentino sino que es una adhesión al Programa 333 de la administración norteamericana que faculta al Departamento de Defensa para entrenar y equipar a las fuerzas de seguridad de naciones aliadas siendo su propósito principal desarrollar la capacidad de países socios para enfrentar amenazas globales y desafíos de seguridad compartidos financiando la entrega de armamento y asistencia técnica. Sin embargo, la preocupación reside en que nuestra Zona Económica Exclusiva no puede considerarse un “bien común global” pues sobre la misma la Nación Argentina tiene derechos de explotación y administración de los recursos vivos marinos y demás atribuciones reconocidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar e interpretamos que un acuerdo de este tipo tendría que tener la aprobación previa de la Cancillería y el Congreso de la Nación, ya que incluye el involucramiento estadounidense en el patrullaje, vigilancia y control de espacios marítimos de interés nacional.
Este acuerdo, que se suma a otros proyectando ejercicios militares terrestres y navales conjuntos y un mayor involucramiento del Comando Sur en cuestiones de defensa de nuestro país, es parte de una verdadera agenda de cooperación en seguridad que por una parte permite a la Argentina el acceso a equipamiento que hoy le resultaría costoso conseguir y por la otra refuerza la influencia regional de Estados Unidos en una zona de alto valor geopolítico por el control de los pasos oceánicos, la custodia de las rutas marítimas y la proyección natural hacia la Antártida, además de la riqueza circundante ya que el área alberga cuantiosos recursos naturales, destacándose los recursos vivos marinos y los del subsuelo. Para Estados Unidos lograr una colaboración de la Argentina que complemente su alianza natural con el Reino Unido aseguraría la estabilidad estratégica de la zona del Atlántico Sur en la que podría consolidar su influencia. Ante las críticas de sectores de la oposición política el presidente Javier Milei habría respondido: “Defenderemos nuestra soberanía marítima con mayor presencia, tecnología y capacidades propias para proteger los intereses estratégicos argentinos” (cita del diario El País de España, mayo de 2026).
Lamentablemente es la respuesta que la actual administración nacional le ha encontrado a las consecuencias de más de 40 años de abandono del sistema de defensa argentino, en parte por desinterés, negligencia o ignorancia de la clase política, pero esencialmente en cumplimiento de la cláusula no escrita de los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 que establecía la indefensión permanente de la República Argentina como castigo por haber desafiado a la segunda potencia militar de occidente.
En este sentido el informe anual sobre el gasto militar global del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicado en abril de 2026 afirma que desde hace años la Argentina se ubica entre los países del mundo que menos recursos le asigna a Defensa, tanto en términos absolutos como en relación a su economía, no solo a escala global sino también regional.
Ante esta realidad, hoy más que nunca quiero rescatar en la presentación de este Anuario la memoria del Profesor Ángel Tello, del que fuera discípulo en la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, quien fuera pionero en rescatar los temas de Defensa y Geopolítica y demostrarles a sus contemporáneos que los mismos debían ser objeto de estudio en la Universidad Pública pues no existe nación realmente independiente si no cuenta con un sistema de defensa autónomo y su dirigencia desconoce la situación geopolítica del momento histórico que le toca vivir.
La República Argentina posee una extensa zona económica exclusiva -parte de la cual se encuentra usurpada por el Reino Unido- donde se estima se encuentra la mayor diversidad bilógica de todos los océanos del mundo, por eso el aprovechamiento de los recursos vivos marinos es un tema estratégico y de interés nacional ya que la industria de la pesca es la que mayor desarrollo ha tenido durante este primer cuarto del siglo XXI y la paradiplomacia ambientalista británica a través de ciertas ONG aparentemente altruistas se ha dedicado a condenar por pesca ilegal a la flota de altura china mientras omite las cifras millonarias de depredación bajo licencias ilegales británicas y la participación activa de flotas europeas y asiáticas que operan en el Atlántico Sur con total impunidad, aunque está demostrado que en realidad la flota de altura china no representa ni el 0,2 % del total de los buques que operan a distancia a nivel global. Además, recordemos como ya lo hemos advertido en los últimos Anuarios en Relaciones Internacionales que algunas de estas ONG presionan a la República Argentina para que ratifique el Acuerdo relativo a la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ), lo que permitiría al Reino Unido participar legalmente en la administración de los recursos en el Atlántico Sur como si fuera un verdadero Estado ribereño y que en los Acuerdos Unión Europea-Mercosur no se exige a España que cese su pesca ilegal en el área de Malvinas antes de avanzar en acuerdos comerciales que abrirían las puertas a la presencia en la zona de más buques europeos y británicos.
Esta nueva decisión de involucrar a la Marina de los Estados Unidos para que patrulle el Mar Argentino con el objetivo de “garantizar la protección de bienes comunes globales”, o para que intervenga en la hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay bajo el pretexto de la “Seguridad Nacional”, va a cambiar la ecuación estratégica argentino-británica en el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona o la va a terminar consolidando? O su verdadero objetivo es neutralizar el hipotético peligro de la presencia de la flota china, que como ya hemos visto no representa la mayor preocupación de la República Argentina sino para los intereses geopolíticos norteamericanos y del Reino Unido en la región.
Esto nos obliga una vez más a recordar la advertencia de Manuel Belgrano que luego de más de 200 años mantiene su vigencia: “Toda Nación que deja para otra una navegación que ella podría llevar a cabo disminuye sus fuerzas en relación a las de sus rivales”, agregando que “aún cuando un pueblo no fuera comerciante ni conquistador es imposible que pudiera conservarse sin marina”.
Un párrafo aparte vinculado con este tema lo merece la zaga de la toma del control total del Puerto de Ushuaia por fuerzas federales mediante un sorpresivo operativo producido en la madrugada del 21 de enero de 2026 por orden del gobierno nacional, produciéndose el desalojo de todos los trabajadores, lo que provocó un fuerte conflicto político, sindical y laboral en una infraestructura clave para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, denunciando los sectores afectados la posibilidad de una futura privatización y un eventual acuerdo con Estados Unidos, que incluiría el puerto de Ushuaia como punto estratégico. Este hecho ocurrió en vísperas del viaje del presidente Javier Milei a Davos, donde esperaba reunirse con el presidente Donald Trump y su repercusión demuestra las dudas que despierta en la comunidad local la política de acercamiento del gobierno del presidente Milei hacia la nueva doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, dudas que se reforzaron al ver aterrizar cinco días después en el aeropuerto de Ushuaia un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (denominado ahora “de Guerra” por la administración Trump) con funcionarios del Departamento de Estado y una delegación bipartidaria del Congreso, lo que la prensa y la sociedad civil local vinculó con la intervención del puerto por el Poder Ejecutivo Nacional. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por su parte, ha declarado que ha decidido su intervención por el lapso de 12 meses, prorrogables, para subsanar fallas operativas y financieras de las que hace responsable a la administración provincial.
De aquí en más se ha producido un gran debate que ascendió a los medios nacionales y aún internacionales y en la última edición de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, editada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México,se dice que el gobierno del presidente Javier Milei habría ofrecido el puerto de Ushuaia como activo estratégico en forma de pago para facilitar la incorporación de la Argentina a la Junta por la Paz impulsada por el presidente Donald Trump, iniciativa presentada en el Foro Económico Mundial de Davos; mientras en cambio el portal local Boca de Pozo denuncia un posible proyecto de privatización encubierta del puerto mediante la irrupción de “consorcios de inversión y sociedades anónimas”, luego de tener acceso al informe final que la consultora inglesa Binder Dijker Otte (conocida como BDO) habría realizado por pedido del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
En la Cronología Desarrollada anexa a esta Presentación, se recogen distintas opiniones publicadas sobre este tema que al momento de esta edición del Anuario consideramos que tiene un final abierto, pero debemos reconocer que fue el presidente Javier Milei el que originó las dudas cuando en algún momento dijo que interesaría al gobierno de los Estados Unidos en la financiación de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que es un proyecto de la doctrina de Defensa elaborada por la administración nacional anterior y aún vigente, y es probable que el gobierno estadounidense tuviera interés en participar en la Base Naval Integrada con el objetivo de posicionarse en forma permanente y definitiva en el Atlántico Sur, logrando un acceso expedito a la Antártida y el control del paso bioceánico a través del Pasaje de Drake y el Estrecho de Magallanes, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del Canal de Panamá, contando ya con los servicios del radar de la empresa norteamericano-británica LeoLabs instalado en Tulhuin y alejando de esa manera la posibilidad que la República Popular China ofreciera su financiación a una futura administración nacional de un sesgo político distinto.
Ante el desinterés del gobierno nacional por mantener viva la Cuestión de las Islas Malvinas y tratar de encapsularla en el secretismo de las gestiones diplomáticas, y la falta de reacción de la mayor parte de la clase política, que se acuerda de este tema cuando algún hecho previo de la sociedad civil se lo advierte, ésta se convierte en la última red de contención del reclamo soberano y esto se debe a la importancia que en el imaginario colectivo tienen la Causa y la Gesta de Malvinas, fenómenos que no ha logrado desgastar la hábil diplomacia británica mediante el importante proceso de desmalvinización desplegado sobre la sociedad civil desde hace 44 años, que muchas veces ha contado con la colaboración de sectores intelectuales, económicos y hasta políticos de la República Argentina.
Para evaluar cómo ha evolucionado este fenómeno durante el período 2025-2026 debemos desgranarlo nuevamente en los tres conceptos clásicos: la “Cuestión Malvinas”, la “Causa Malvinas” y la “Gesta de Malvinas”, que muchas veces se utilizan como sinónimos pero que semánticamente sintetizan distintas realidades con respecto a la percepción de los argentinos del tema de nuestras Islas Malvinas.
El término “Cuestión Malvinas” es esencialmente político y diplomático, y si se quiere también jurídico, y se refiere a la lucha infructuosa de la diplomacia argentina durante estos 193 años para intentar recuperar por esta vía el archipiélago usurpado por el Reino Unido y aunque la actitud de la actual administración nacional pareciera que pone en crisis o deteriora el reclamo ante la comunidad internacional los convencionales de 1994 le han puesto un límite a esta posibilidad con la inclusión de la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y es precisamente invocando la misma que se han promovido denuncias en distintos tribunales del país por incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria contra la ex canciller Diana Mondino y el presidente Javier Gerardo Milei, denuncias que no han tenido eco en el Congreso de la Nación que podría en algún momento promover un Juicio Político que tendría mucho más eficacia que dichas denuncias que han nacido de la vocación de agrupaciones de la sociedad civil, especialmente de los Veteranos de Guerra de Malvinas. Actualmente, la convicción del presidente Javier Milei de que va a conseguir recuperar las Islas Malvinas por su actitud de adhesión incondicional a la política exterior del presidente Donald Trump, y que éste va a interferir para que el Reino Unido acepte reanudar las negociaciones bilaterales en el marco de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas parece más producto de una ilusión hipnótica que un dato de la realidad, pero no deja de hacer perder fuerza a nuestros reclamos diplomáticos si se difunde la idea que se espera que la solución dependa de la voluntad de un actor externo. ¿Por qué el presidente Donald Trump va a mediar en defensa la República Argentina por sobre su vínculo privilegiado con el Reino Unido cuando nuestro país ya demostró no ser confiable para los intereses del bloque occidental en abril de 1982? Los países tienen memoria histórica. Recordemos al respecto las palabras del rey Carlos III ante el Congreso de los Estados Unidos de América durante su visita del mes de abril de 2026: “Londres y Washington conforman una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad”.
El término “Causa de Malvinas” es un fenómeno sociológico cuya esencia es la convicción existente en el espíritu del pueblo argentino que hace 193 años los ingleses le han robado el islario y nunca se lo han querido devolver, distrayéndolo con falsas negociaciones y han tratado de convencerlo de que se trata de una cuestión estéril. Esto es lo que más preocupa a los británicos y sobre este concepto han operado con fuerza durante los últimos 44 años, con la adhesión de ciertos sectores locales del ámbito de la cultura, la política y las finanzas que resultan afines al pensamiento y los intereses británicos.
En este sentido la embajada del Reino Unido en Buenos Aires ha realizado un importante esfuerzo tratando de seducir a la sociedad argentina, especialmente en los ámbitos académicos, científicos, cultural y político, promoviendo una serie de iniciativas de poder blando a través de la exitosa paradiplomacia científica y cultural que el Reino Unido despliega a nivel mundial como un resabio de su pasado imperial, destacándose nuevamente durante el período correspondiente a este Anuario el concurso “Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falklands? dirigido a estudiantes de la región -en el caso de este año, de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina- que tiene como premio un viaje de una semana a las Islas Malvinas para convivir con los isleños y que durante anteriores administraciones fuera duramente condenado tanto en ámbitos gubernamentales como académicos; celebrando con gran pompa el cumpleaños del rey Carlos III el 18 de noviembre de 2025 con la presencia de 800 invitados que incluyeron personalidades de la política, el Congreso, la Justicia, el mundo empresario, diplomáticos, académicos, artistas, periodistas y miembros de la sociedad civil, en el cual el gobierno argentino estuvo representado por una delegación de alto nivel integrada por el canciller Pablo Quirno, los ministros de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, entre otros; y continuando con la promoción de la “Alianza Verde Argentina” en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que le ha permitido vincularse con las autoridades ambientales de las provincias de Jujuy, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, a quienes la ex embajadora Kirsty Hayes convocó a trabajar en bloque y diseñar planes conjuntos, convirtiéndose en un socio importante del Reino Unido en temas ambientales teniendo en cuenta la riqueza en materia de biodiversidad de nuestro país en el contexto mundial actual.
Sectores de la sociedad civil y la prensa que difiere con la política oficial en la Cuestión de las Islas Malvinas han criticado esta nueva edición del concurso “Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falklands?” promovido por la embajada británica en Buenos Aires, destacándose en el ámbito académico la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM2065 del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI) que expresó su rechazo y preocupación, fundamentando el mismo en que los estudiantes universitarios son invitados por este evento a ver a las Islas Malvinas como un territorio distinto y separado de la República Argentina, con el objetivo de convertirlos en el futuro en voceros de los intereses británicos ilegalmente establecidos en el archipiélago.
En relación a este tema, que se repite todos los años, ha surgido una interesante réplica de la comunidad universitaria argentina originada en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que consiste en el concurso de ensayos “Soberanía, Identidad y Territorio”, una iniciativa que busca reflexionar académicamente sobre la Cuestión Malvinas desde una mirada crítica y comprometida con la soberanía nacional dirigido a estudiantes, docentes, graduados y personal no docente de todas las universidades del país, en el que los participantes deben presentar ensayos inéditos que aborden distintas dimensiones de la problemática de las Islas Malvinas, incluyendo historia y pensamiento nacional, geopolítica y recursos estratégicos, y el sentido cultural e identitario de esta causa en el imaginario latinoamericano, publicándose los trabajos ganadores en revistas académicas y recibiendo sus autores como premio principal la posibilidad de viajar en forma totalmente gratuita a la Vigilia que se realiza cada 2 de abril en la ciudad de Río Grande junto a los veteranos y héroes de Malvinas.
Con respecto al sentido cultural identitario de la Causa de Malvinas en el imaginario latinoamericano es importante señalar que en un estudio exploratorio realizado por el Centro de Investigación Social de Colombia durante los días 18 y 24 de junio de 2016 se descubrió que a 44 años de la guerra de 1982 las Islas Malvinas continúan ocupando un lugar relevante en la memoria colectiva de América Latina, incluso por encima de otros grandes referentes históricos de la talla de la Conquista o el Canal de Panamá y que la vigencia del reclamo supera ampliamente los márgenes de una disputa bilateral entre Argentina y el Reino Unido, definiéndola más bien como una suerte de “herida abierta”, el reflejo de una persistencia colonial en pleno siglo XXI y un desafío constante para la afirmación soberana de la región en el orden internacional. Detrás de la carga simbólica, existe -dicen los analistas- un mapa de intereses estratégicos muy concreto que los mismos invitan a examinar: por un lado, el control de los accesos, ya que la ubicación de las islas resulta clave para el control de los espacios oceánicos, la custodia de rutas marítimas y la proyección natural hacia la Antártida. Asimismo, este estudio pone foco en la riqueza circundante ya que el área alberga cuantiosos recursos naturales, destacando especialmente los pesqueros e hidrocarburiferos. Concluyendo que Estados Unidos considera valiosa la alianza estratégica con el Reino Unido para asegurar la estabilidad de esta zona.
En el mismo sentido, debemos recordar que en un acto conmemorativo oficial del 204° aniversario de la Independencia del Perú, realizado el 28 de junio de 2025, desfilaron Veteranos Argentinos de la Guerra de Malvinas, quienes lo hicieron en reconocimiento de la contribución de la Fuerza Aérea del Perú durante los hechos bélicos de 1982.
La historia ha contradicho aquella sentencia que publicara el periódico The Observer de Londres el 20 de junio de l982: “Muy pronto la crisis en torno a las Falklands la habrán olvidado los latinoamericanos” y la diplomacia argentina no puede desperdiciar ese valioso elemento de poder blando del cual dispone descuidando la fortaleza simbólica del reclamo.
Comentando la importancia de este proyecto el director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, César Trejo, expresó que es necesario desarmar la estrategia británica de poder blando, entre las cuales está el referido concurso “Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkands?” ya que los anuales repudios institucionales del Consejo Interuniversitario Nacional resultan inocuos ante el incumplimiento sistemático de las leyes nacionales relativas a la educación en Malvinas, especialmente la Ley 26.206 que exige el tratamiento de la Cuestión de las Islas Malvinas de manera interdisciplinaria y transversal y el cumplimiento parcial de la Ley 27.671 que obliga a la capacitación permanente de los agentes de la administración pública en la Cuestión Malvinas, como asimismo, que muchas veces la academia argentina ha repetido prejuicios y estructuras elaboradas por la diplomacia británica.
Un caso paradigmático lo podemos encontrar en la propuesta de “soberanía compartida” que presentó el ex soldado conscripto Veterano de la Guerra de Malvinas y actual profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Diego, en el marco de la conferencia “Conflicto Falklands/Malvinas 44” realizada durante los días 16 y 17 de abril de 2026 en la Universidad de Manchester, evento que reunió a militares retirados, académicos y funcionarios de la defensa británicos, entre los que se encontraba el profesor Lawrence Freedman, autor de la historia oficial británica sobre la Guerra de Malvinas, y contó con la participación de unos pocos académicos argentinos; propuesta que durante el mes de mayo fue difundida por importantes medios de todo el país y resultara duramente rechazada por el Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia, quienes invitaran a otros sectores de la vida nacional a repudiar la misma por considerar que termina legalizando el saqueo de nuestros recursos naturales que se está haciendo desde la colonia británica de las Islas Malvinas y atenta contra la integridad territorial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Posteriormente, el medio fueguino Pal’Sur.com.ar denunciaba que el VGM Alejandro Diego le habría llevado la propuesta que presentó en la Universidad de Manchester al presidente argentino Javier Milei -de quien se reconoce amigo- y el mismo estaría muy entusiasmado con este proyectoy aspira a concretarlo en los próximos cinco años, durante su posible segundo mandato. La publicación le niega originalidad a la idea y la considera un desarrollo argumental que comenzara con la propuesta del profesor Marcelo Kohen de 2012, seguida por la del licenciado Marcelo Constanzo, de la Universidad Nacional de La Plata que fuera premiada por el entonces Secretario de Malvinas Daniel Filmus en 2017, y que ahora retomaría Alejandro Diego, amparado en su condición de Veterano de la Guerra de Malvinas para evitar críticas potentes. Considera a todos estos proyectos favorables al Reino Unido y recuerda el argumento que utilizan los tres expositores, que es siempre el mismo: “En 193 años de buscar el todo, no tenemos nada”, y agrega que según sus autores pareciera que “para romper el status quo hay que hacer lo que quiere el Reino Unido”. Finalmente considera que esta idea argumental es funcional al soft power británico.
En anteriores Anuarios nos hemos referido a estas propuestas, lo que nos exime de volver sobre las mismas, pero sí consideramos que debemos analizar esta última presentada en abril de 2026, reconociendo que desde hace años venimos escuchando a los que adhieren a estas ideas el mismo argumento: “por buscar el todo pasaron los años y nunca obtuvimos nada y con el transcurso del tiempo el Reino Unido se fue consolidando en el territorio usurpado”.
Incluso podemos confirmar fehacientemente que la misma no es original ya que es una copia de la ponencia expuesta por el profesor Jorge Emilio Núñez, docente argentino residente en esos momentos en la Universidad de Manchester, en el VI Congreso en Relaciones Internacionales del IRI realizado en la ciudad de La Plata entre los días 21 y 23 de noviembre de 2012 y la fundamentación precisamente era la misma, con el agravante que en esa oportunidad el profesor Núñez intentó justificar la conveniencia para la República Argentina de la existencia de la base militar de Monte Agradable pues ante las carencias de nuestro sistema de defensa “los ingleses nos podrían defender de los chilenos”. Lo que motivara nuestra réplica.
En esencia la propuesta está basada en el modelo de soberanía compartida, con banderas de ambas naciones y la bandera colonial que la Argentina considera ilegítima, un estatus de provincia autónoma para las islas, el reconocimiento de derechos a los isleños, entre los cuales estaría el de continuar con la explotación de los recursos vivos marinos y los del subsuelo, y representación política de los mismos en el Congreso de la Nación Argentina. Como garante de este acuerdo el autor propone a los Estados Unidos de América,
Durante la presentación en forma online de la ponencia en el evento “Conferencia Conflicto Falklands/Malvinas44” de la Universidad de Manchester Alejandro Diego señaló las limitaciones del statu quo para ambas partes y la importancia de superarlo, con las siguientes palabras: “Lo único que la Argentina puede hacer es generar daño: impidiendo que empresas petroleras y pesqueras operen en nuestro país si al mismo tiempo operan en las Islas, bloqueando comunicaciones, etc.; mientras la existencia del conflicto obliga al Reino Unido a mantener en la base de Monte Agradable más de 2000 soldados para prevenir otro ataque argentino, un costo que no genera ningún ingreso”.
Días más tarde, durante una entrevista que le realizó el medio Infobae de la ciudad de Buenos Aires Alejandro Diego expresó que el escenario geopolítico actual abre una ventana de negociación ya que: “Estados Unidos va a presionar para que el Atlántico Sur sea de Occidente para evitar un avance de China”.
Finalmente, Alejandro Diego propone que oportunamente se convoque a una consulta popular no vinculante entre los ciudadanos argentinos para someter a su aprobación esta propuesta y se manifestó confiado de que si los Veteranos de Guerra de Malvinas la impulsaran se lograría su aceptación.
Lo cierto es que en la Universidad de Manchester desde hace años existe una usina de “soft power” británico que está trabajando en este tema con la participación de algunos docentes de nacionalidad argentina visitantes de la misma. El Reino Unido es consciente que durante el siglo XXI tendrá que llegar a algún acuerdo con la Argentina o encontrarse ante la necesidad de devolver el territorio usurpado, habiéndose filtrado ya en septiembre de 2025 un análisis estratégico británico que estima que esta fecha estaría alrededor del año 2045 ya que Estados Unidos podría llegar a presionar en forma reservada al gobierno británico para llegar a una solución pacífica del conflicto de soberanía y así intentar contrarrestar la influencia China en el Atlántico Sur. Incluso algunos analistas dicen que ya lo está haciendo. Por lo tanto, posiblemente lo que estén pensando los británicos coincida con la idea de estos intelectuales argentinos pero de manera inversa: “Durante 193 años no hemos logrado que los argentinos hayan aceptado el hecho consumado de la ocupación colonial y ahora sería más adecuado lograr una solución transaccional antes que la situación geopolítica en el Atlántico Sur cambie y lo perdamos todo”.
Recordemos que hoy la República Popular China le está disputando la supremacía mundial a los Estados Unidos de América y es por eso que la nueva doctrina de seguridad nacional norteamericana incluye ahora el control efectivo del Atlántico Sur por la marina de los EE.UU. por considerarlo parte de su área de influencia, pero que por otra parte China mantiene una sólida posición de apoyo a los reclamos del ejercicio pleno de la soberanía de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas y lo ha ratificado en la Declaración Conjunta de ambos países del 6 de febrero de 2022 sobre Profundización de la Asociación Estratégica Integral Argentina-China.
Por otra parte. la idea del condominio ya aparecía subyacente en la rueda de negociaciones argentino-británicas llevada a cabo en septiembre y noviembre de 1966, así como en la práctica en la serie de acuerdos de comunicaciones que se firmaron durante los años 1970 y 1971, y finalmente en el ofrecimiento que el Reino Unido le hace en 1974 al gobierno argentino para iniciar “conversaciones” sobre la posibilidad de establecer un condominio del archipiélago como alternativa a la transferencia de la soberanía, tentativa que no prosperó ante la negativa de los isleños a participar en dichas negociaciones decidiendo el gabinete británico no continuar con las mismas, lo que le comunicó al gobierno argentino en agosto de ese año. Posteriormente el gobierno argentino rechazó una propuesta británica de realizar negociaciones limitadas a la cooperación económica en el Atlántico Sur excluyentes de la cuestión de la soberanía, lo que terminó aceptando finalmente 15 años después con la firma de los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990.
Pese a que el Informe Franks es categórico al afirmar que el gabinete británico decidió no continuar explorando esa posibilidad muchos autores argentinos le otorgan una entidad que realmente nunca tuvo y los académicos que hoy están seducidos por proyectos en esa línea argumental tratan de ampararse en ese episodio diciendo que argentina “ya habría aceptado en el tiempo una propuesta similar”, lo que analizando los hechos históricos tal como realmente sucedieron se demuestra que esto tampoco es verdad.
Esta breve síntesis demuestra que la idea del condominio, en principio transitorio y con el tiempo con la pretensión de definitivo, es una estrategia surgida en la diplomacia británica que se materializó en distintos acuerdos y propuestas a partir de la aprobación de la Resolución 2065 y a los que la Argentina terminó adhiriendo, y esta propuesta presentada ahora por el ex soldado Alejandro Diego en la Universidad de Manchester en abril de 2026 no es más que el último desarrollo académico de la misma, lo que nos demuestra que una vez más la academia argentina adhiere a estrategias elaboradas por la diplomacia británica presentado ahora como original un proyecto de “soberanía compartida” al cual el autor define como “una solución disruptiva donde cada parte queda satisfecha”. El mismo argumento del profesor Jorge Emilio Núñez cuando presentó su ponencia en el Congreso en Relaciones Internacionales del IRI del año 2012.
Los profesores Juan Facundo Besson y María Salomón, del Observatorio Malvinas, Atlántico Sur y Antártida de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) han analizado esta propuesta y llegado a la siguiente conclusión sobre la misma: “leída en contexto, roza la aceptación implícita del statu quo, dejando en un segundo plano como una reliquia incómoda todos los logros diplomáticos de la República Argentina desde 1965 hasta 2026, en especial, las resoluciones de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas”. Evaluación que compartimos.
Pero lo más preocupante es que muchos académicos argentinos acepten marcos conceptuales ya establecidos por la academia británica y desarrollen sus propuestas adhiriendo a los mismos, como es el caso que comentamos.
Pese a estos extravíos que a la larga son afines a la diplomacia británica y el desinterés manifestado por la actual administración nacional, la Causa de Malvinas continúa arraigada en la sociedad civil y para demostrarlo basta solo recordar algunas actividades realizadas durante el período que comprende el presente anuario: En julio de 2025 el ministerio de Gobierno y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires organizaron una jornada virtual que reunió a autoridades educativas y equipos técnicos de cinco provincias con el objetivo de reflexionar sobre la enseñanza de la soberanía, la memoria y la identidad nacional y construir una agenda común en torno a la Cuestión Malvinas, participando funcionarios de las provincias de Catamarca, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; durante el mismo mes, en el marco de la Feria Provincial del Libro del Chaco la ministra de Educación, Sofía Naidenoff y el director del Museo Malvinas Chaco, Maretín Bacs, presentaron la Olimpiada Provincial Historia de Malvinas destinada a estudiantes de las escuelas primarias y secundarias; el 10 agosto el VGM Ariel Fueyo, que revistió como soldado voluntario en la Compañía de Ingenieros 601 durante la Guerra de Malvinas, presentó en el espacio Argentinidad de San Telmo su libro de cuentos infantiles “Los soldados de Azul y sus amigos en Malvinas”; el 6 de septiembre se inauguró el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Chubut; durante los días 26 y 27 de septiembre se realizó en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 2° Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas; durante los días17 y 18 de octubre la Universidad de Mendoza y la Dirección General de Escuelas provincial junto al Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas organizó el “Primer Congreso Nacional sobre Educación y Malvinas”, que constituyó un espacio educativo y de encuentro y reflexión destinado a fortalecer la enseñanza de la Cuestión Malvinas en todos los niveles del sistema educativo, desde distintos enfoques interdisciplinarios; el 26 de noviembre el municipio de la ciudad de Ushuaia instituyó el “Día de la Veterana de Guerra de Malvinas” reconociendo a Mariana Soneira y, a través de ella, a todas las mujeres que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. Mariana Soneira era cadete de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano y con 19 años se ofreció como voluntaria y transitó toda la Guerra de Malvinas como tripulante del buque de Transportes Navales ARA Bahía San Blas, que se ocupó del transporte de armamentos, tanques, combustible, helicópteros y demás pertrechos, navegando en sigila, silencio radioeléctrico, sin escolta y en situación de peligro permanente y recién en el año 2012 el ministerio de Defensa a través de la Resolución N° 1.438 la reconoció como Veterana de Guerra; el 27 de noviembre el Concejo Deliberante de la ciudad de Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, organizó una “Jornada Pública de Sensibilización y Concientización sobre la Causa Malvinas”; durante los días 12, 13 y 14 de diciembre se desarrolló en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, el “Tercer Encuentro de Mujeres Malvineras”, con la participación de Veteranas de Guerra, hijas, madres, esposas y hermanas de ex combatientes; y el 16 de diciembre la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) y la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzaron una diplomatura abierta sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida y Geopolítica. Y durante el año 2026: en la 50° Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires se presentaron numerosos libros sobre la Cuestión, la Causa y la Gesta de Malvinas, como ocurre año a año desde 1982; el 4 de abril la Municipalidad de Ushuaia repudió la colocación de una ofrenda floral con símbolos militares del Reino Unido en el Monumento a los Soldados Argentinos Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur que seguramente habría sido depositado durante algún acto oficial; el 29 de abril el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, formalizó el llamado a elecciones para el 9 de agosto de 2026 con el objetivo de debatir la renovación de la Constitución provincial, manifestando su voluntad de la incorporación de la Causa de Malvinas al nuevo texto constitucional, como lo vienen solicitando desde 2014 distintos actores de la sociedad civil fueguina; en mayo organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Ushuaia declararon persona no grata y repudiaron la presencia de la Diputada Nacional Sabrina Ajmechet -quien ha hecho declaraciones públicas en contra de la Causa de Malvinas y aún pronunciado agravios hacia la bandera nacional, habiendo llegando a decir en una oportunidad: “detesto la bandera con el sol”- ante la posibilidad que viajara a esta ciudad para participar del denominado “Foro del Fin del Mundo”, lo que motivara al ministro de Economía Luis Caputo a suspender su participación en el evento ante tal rechazo social; el 13 de mayo el Área de Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Humano de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, realizó la convocatoria para la nueva capacitación docente “Cuestión Malvinas”; el 14 de mayo, en una ceremonia solemne se renombró a los dos edificios académicos de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro como “Héroes de Malvinas” y “Malvinas Argentinas”, el cambio de nombre fue impulsado desde la propia Sede Andina y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y esto no se agota en lo administrativo, según las autoridades, sino que “busca fortalecer la reflexión sobre los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”. Al finalizar la ceremonia Rubén Pablos, referente de la Dirección Provincial de Veteranos de Malvinas hizo entrega de dos banderas -una por cada edificio- confeccionadas por los propios combatientes para ser obsequiadas a las instituciones consideradas amigas; el 26 de mayo, impulsada por el Museo Malvinas Chaco y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología provincial se realizó la convocatoria para la “Segunda Olimpiada Provincial de Historia de Malvinas”, un certamen académico que ya forma parte del calendario escolar y que busca profundizar el conocimiento sobre la soberanía, la geografía de las islas y el legado de los veteranos de guerra en los niveles primario y secundario; y el 24 de junio, comenzó el curso de capacitación profesional “Malvinas y la soberanía en el Atlántico Sur” en el Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe, en el marco de la Ley Nacional N° 27.671 de Capacitación Obligatoria, Periódica y Permanente en la Cuestión Malvinas de los Agentes Públicos, organizado por el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Rosario, con la colaboración de la Universidad Nacional de Lanús. A lo que se deben agregar todas las conferencias, jornadas y seminarios sobre esta temática organizados en universidades y centros de formación a lo largo de toda la geografía del país.
Pese a la apatía de la administración nacional por este tema, cuyos funcionarios llegaron a recomendar que no se muestren carteles o banderas que se refieran al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas en el futuro campeonato mundial de futbol a realizarse durante el próximo mes de julio en Estados Unidos, Canadá y México, estos hechos demuestran que la Causa de Malvinas continúa viva en la conciencia colectiva de la sociedad argentina.
Por último, la “Gesta de Malvinas”, caracterizada por el conjunto de hechos memorables producidos por el pueblo argentino durante el otoño de 1982, que no se limita a los hechos armas, sino que es omnicomprensivo de las actitudes de participación, desprendimiento, cooperación y el sentido de construcción colectiva que se vivió en nuestro país durante este período, y como veremos a continuación, en momentos que la Cuestión de las Islas Malvinas ha entrado en un nuevo eclipse oficial, la Gesta de Malvinas constituye el combustible para mantener viva la Causa de Malvinas.
Precisamente la llama viva de la Gesta de Malvinas fue la que produjo hechos que durante el período del presente Anuario marcaron un claro contraste entre el sentimiento de la sociedad civil y las actitudes de la Argentina oficial: Durante los últimos años diversas organizaciones de la sociedad civil que se identifican como “malvineras” han comenzado a conmemorar con más fuerza el 12 de agosto el “Día de la Reconquista de Buenos Aires” que fuera declarado Feriado Nacional por la Ley 12.831 y que los últimos años pasara inadvertido tanto para el gobierno nacional como el de la ciudad de Buenos Aires; una sentencia judicial dictada por un magistrado porteño ordenó a una empresa turística que promociona viajes de crucero que reemplace la descripción de las Islas Malvinas que figuraban en sus promociones como pertenecientes al Reino Unido por su verdadera pertenencia a la República Argentina y colocara los sitios a visitar con las designaciones de la toponimia argentina; el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de la ciudad de Río Grande impulsó una iniciativa solidaria y comunitaria destinada a recolectar llaves de bronce en desuso con destino a ser fundidas para confeccionar estrellas con los nombres de los Veteranos de Guerra fallecidos tras el conflicto del Atlántico Sur; Veteranos de Guerra de Malvinas realizaron campañas solidarias de distribución de alimentos a las personas que viven en situación de calle durante la ola de frío polar del invierno de 2025 en la ciudad de Rosario y fueron los primeros en repudiar la vandalización del monumento erigido en memoria de los héroes de Malvinas de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, producido el 17 de julio de 2025; el día 28 de noviembre de 2025 la prensa independiente de Ushuaia denunció que en el “Congreso Antártico Ushuaia 2025” organizado por la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA) cuyo objeto social es dedicarse a impulsar el desarrollo fueguino investigando la realidad local provincial para diseñar políticas públicas, no solo se evitó mencionar la usurpación británica de nuestros archipiélagos australes y sus aguas circundantes sino que también se denominó “Falklands” a nuestras Islas Malvinas y se exhibió un mapa que mostraba a las islas como ajenas al territorio argentino; los días 1 y 2 de abril de 2026 durante la vigilia que se realiza todos los años en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de Ushuaia, se realizó en la carpa de los ex combatientes el streaming especial “Malvinas Siempre” organizado por la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, recorriendo a través de cinco bloques de entrevistas las aristas políticas, académicas y humanas de una causa, una cuestión y una gesta que define la identidad fueguina, priorizando los temas de educación, soberanía y relevo generacional; cada vez más se ven en la calle vehículos civiles con el mapa de las Islas Malvinas estampado en algún lugar visible de su carrocería y pequeños comercios y empresas de transporte o de carga con denominaciones vinculadas a la Gesta de Malvinas tales como “2 de Abril”, “Puerto Argentino”, “Malvinas Argentinas”, “Héroes de Malvinas”, “Crucero General Belgrano”, así como personas comunes que visten prendas que tienen estampados mapas de Malvinas o alguna leyenda que recuerda la Gesta de Malvinas y distintos Museos de Malvinas creados en distintas ciudades argentinas por iniciativa o con el apoyo de los Veteranos de Guerra locales.
Es muy importante la creación de museos. archivos y testimonios fílmicos, así como la conservación de todos los recuerdos y producción intelectual sobre este tema ante la progresiva desaparición física de sus principales protagonistas: los Veteranos de la Guerra de Malvinas, y ser conscientes que la diplomacia británica tiene una estrategia sin tiempo: el olvido de la Gesta para diluir la Causa y así lograr terminar con el planteo de la Cuestión de las Islas Malvinas, aprovechando la apatía que la clase política argentina ha manifestado -con algunas excepciones- durante los últimos 44 años.
Finalmente, quiero recordar que de 2025 tomó estado público que el Museo Nacional del Ejército de Gran Bretaña ha hecho un listado de lo que considera las 20 más grandes batallas que haya librado Gran Bretaña en toda su historia (desde 1045 hasta nuestros días) y dentro de la selección ha incluido la Batalla de Pradera del Ganso (Goose Green and Darwin), en la que una pequeña fracción de tropas argentinas pertenecientes a los regimientos de Infantería 12 y 25 contuvo durante dos días (28 y 29 de mayo de 1982) a fuerzas de elite del ejército inglés, considerándola más importante que la de Musa Gata, durante la Guerra de Afganistán, que se prolongó desde el 17 de julio al 12 de septiembre de 2008 (Telegraph.co.uk,, junio de 2025).
Mientras la campaña de desmalvinización logró que en los primeros años de la postguerra la sociedad argentina se avergonzara de la Gesta de Malvinas o tuviera un recuerdo culposo por su comportamiento durante la misma, desde el Reino Unido nos muestran hoy la verdadera cara de esta historia desconocida por la mayoría de los argentinos.
Tal como lo afirmáramos al cerrar nuestra presentación del Anuario en Relaciones Internacionales 2025, no podemos concluir la del presente sin hacer un resumen de la actividad argentina en la Antártida, donde continúan acentuándose los fenómenos naturales que demuestran las consecuencias del cambio climático en esta región austral, lo que ha permitido a los científicos conocer un poco más la evolución de este continente que guarda tantos secretos para la humanidad, pues esta región del planeta que había sido considerada hasta hace muy poco tiempo más estable que el ártico hoy estaría cambiando como consecuencia de las temperaturas más elevadas que están produciendo un deshielo rápido que podría ocasionar consecuencias negativas sobre el nivel del mar, lo que llevó a decir a la científica del Instituto Meteorológico Danés Ruth Mottran, que “podríamos encontrarnos ante una groenlandización de la Antártida”. Lo que nos permite hacer algunas reflexiones tanto científicas, como económicas, políticas, jurídicas, y aún geopolíticas ya que está cambiando la forma en que la humanidad ha visto hasta ahora al Continente Blanco.
En el ámbito científico nuevos registros satelitales confirmaron una pérdida extraordinaria de hielo marino alrededor del Continente Antártico, de un tamaño aproximado al territorio de Francia, y lo novedoso es que este fenómeno se ha registrado en pleno período de expansión invernal del hielo, lo que refuerza las advertencias sobre la aceleración del cambio climático y sus consecuencias a escala planetaria. Otro descubrimiento impresionante fue la aparición de un iceberg de color jade, cuyo tono es de un verde azulado. La profesora Delphine Lannuzel, del Centro Australiano de Excelencia en Ciencias Antárticas, explicó al respecto que el peculiar color del iceberg podría deberse a su alto contenido en hierro. Por su parte, investigadores españoles detectaron en los mares antárticos concentraciones de ácidos perfluoroalquillos similares a las del Atlántico Norte. Asimismo, se han descubierto en la Antártida animales acuáticos desconocidos hasta ahora en el lugar, y algunos de los cuales no existían registros en las ciencias biológicas, los que revelan nuevos datos sobre el cambio climático y su impacto en el ecosistema: cerdos marinos, arañas marinas, mariposas marinas, pulpos, estrellas de mar y crustáceos. Estos hallazgos, publicados en revistas científicas de todo el mundo resaltan la importancia de la Antártida como laboratorio natural para estudiar la adaptación y la supervivencia de la vida en ambientes extremos.
La existencia de concentraciones de substancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en las aguas antárticas es una lógica consecuencia de la presencia humana y en especial al auge creciente del turismo, ya que de las 10.000 personas que visitaban el continente en 1993 la cifra del período 2025-2026 ya ha superado la de 120.000 turistas, que actualmente viajan en cruceros que incluyen desembarcos, y se estima que en una década la misma llegará a las de 500.000 personas, lo que obliga -como ya lo venimos advirtiendo en nuestros últimos anuarios- a hacer previsiones sobre el cuidado del ecosistema y la huella invisible que provoca esta actividad comercial. Una demostración de la pujanza de este negocio es que ya existe una Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATU), creada en 1991 con el objetivo de promover y regular las actividades turísticas responsables en el continente que ya cuenta con 140 miembros, de los cuales 54 son operadores y 85 son asociados.
En el ámbito económico el fenómeno del cambio climático y la existencia de nuevas tecnologías podría hacer posible -pese a que por ahora está prohibida- la explotación de los recursos minerales del continente ya que el mismo alberga depósitos de cobre, hierro, oro, plata, platino, cobalto, uranio, zinc, molibdeno, estaño, antimonio, cromo y diamante y hasta un mineral propio de la región: la antarticita, un cloruro hidratado de calcio que se forma en lagos salados de los valles secos de la Antártida y se encuentra asociado a halita, yeso y celestina. Las Montañas Transantárticas y la Península Antártica son las regiones con los depósitos minerales más prometedores. Se estima que de continuar los efectos del cambio climático dejando al descubierto porciones de tierra libre de hielo cambiaran los costos de extracción y por ello se tiene dudas de la vigencia en el tiempo del Protocolo del Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente, que suspendió estas actividades.
Recordemos que ya en la VII Reunión Consultiva realizada en 1972 en Wellington -además del tema de los recursos vivos del Continente Antártico- se introdujo por primera vez la cuestión de las actividades minerales y que la crisis petrolera de 1973 y 1979 fue la causa para que muchos estados comenzaran a ver a la Antártida como una reserva estratégica de importancia, sobre todo cuando se tuvo conocimiento que técnicos norteamericanos habían logrado extraer gas de un yacimiento subterráneo cerca de la base Mac Murdo Sud, lo que despertó en su momento el interés de las empresas vinculadas al negocio del petróleo. Como consecuencia de ello, en la IV Reunión Consultiva Especial que comenzó a sesionar en Wellington en 1982 se empezó a trabajar en un texto referente a estas actividades, de lo que surgió en 1988 la Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, actividad que está sometida a una moratoria de cincuenta años por el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991, moratoria que debería renovarse en 2041, pero no podemos desconocer que todo el Sistema del Tratado Antártico fue fruto de un orden internacional basado en reglas que en este segundo cuarto del siglo XXI pareciera estar desmoronándose. Quizás el petróleo ya no sea de interés primordial en el mundo del futuro pero sí otros minerales estratégicos, sobre todo las denominadas “tierras raras”.
En el ámbito jurídico, a partir de la conferencia de Washington de 1959 se comenzó a construir un sólido andamiaje legal cuya base es el Tratado Antártico, que está basado en los principios de la cooperación científica y la exclusiva utilización de la Antártida con fines pacíficos, y a partir de 1976 se fueron convocando reuniones consultivas especiales de los Estados Parte en las cuales se elaboraron las grandes convenciones que junto con el protocolo sobre la protección del medio ambiente integran lo que hoy se ha dado en denominar el Sistema del Tratado Antártico, una estructura jurídica que pretende reglar la actividad humana en la Antártida y que hasta ahora ha funcionado en forma eficiente. La República Argentina es miembro originario del Tratado Antártico y ha participado de todas las reuniones consultivas (fue sede de la II de 1962; de la XI de 1981, de la III Consultiva Especial del mismo año y de la XXXIV en 2011; y desde el año 2004 la ciudad de Buenos Aires es la sede de la Secretaría del Tratado Antártico) en las que ha remarcado su vocación por la preservación del ecosistema y la defensa de sus intereses en la región. Asimismo, es uno de los países reclamantes de soberanía sobre una parte del continente y sus reclamos territoriales se superponen con los de la República de Chile y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Nuestro país debe defender la vigencia del Sistema del Tratado Antártico con las actuales características pues es el lugar en que en este momento histórico puede mantener a resguardo sus intereses nacionales ya que la ruptura del mismo sólo beneficiaría a los países de mayor capacidad económica, política y militar relativa pero debe estar preparado para la posibilidad que esto ocurra y para ello debe articular todos sus esfuerzos para mantener su presencia activa en la Antártida. Es por eso que resultan preocupantes las denuncias de falta de presupuesto para el cumplimiento del Programa Antártico Argentino escuchadas incluso en la Cancillería y la Armada de la República Argentina durante el período 2025-2026.
En el ámbito político es muy interesante referirnos a una carta publicada en el diario Clarín de la ciudad de Buenos Aires el 29 de enero de 2026 por el embajador de Chile en la República Argentina, José Antonio Vieira Gallo, en la que manifiesta que “la cooperación austral argentino-chilena no es una aspiración retórica sino una necesidad estratégica y es el camino que ambas cancillerías vienen recorriendo en el marco del Tratado Antártico, profundizarla permitirá transformar ventajas comparativas en influencia efectiva y contribuir a que el Cono Sur tenga una voz relevante en la gobernanza futura del extremo sur del continente americano”. Como expresión de deseos es una propuesta que compartimos desde hace años y la hemos plasmado en las ediciones anteriores de nuestro Anuario en Relaciones Internacionales, sin embargo la hábil diplomacia británica se ha ocupado de desvirtuarla fomentando con el vecino país una colaboración antártica más intensa con el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, como el caso de la Operación Austral Endurance, realizada por la Real Fuerza Aérea Británica, destinada a reforzar la capacidad del Reino Unido para operar en el entorno antártico y proyectar presencia en el extremo austral del continente realizada durante el último verano austral, En ese contexto aeronaves Airbus A400M Atlas Voyager KC.Mk 2 integraron misiones conjuntas desde las Islas Malvinas y desde bases de la Fuerza Aérea de Chile, incluyendo el sobrevuelo de áreas próximas a la Base Antártica San Martín, perteneciente a la República Argentina. Esta operación demuestra que la articulación de medios entre Malvinas y Chile refuerza la presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur y su capacidad de despliegue, combinando ciencia, logística y poder militar. Volvemos nuevamente a recordar la importancia de la paradiplomacia científica británica en temas antárticos y oceánicos, detrás de la cual se ocultan decisiones políticas de control de estos espacios.
En el plano interno es muy importante que estén surgiendo iniciativas que promuevan el conocimiento de los intereses argentinos en el Continente Antártico para un público más extenso y ya no limitado a los especialistas en este tema, como la convocatoria a presentar trabajos sobre estudios históricos y sociales sobre la Antártida en el marco de las “XX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia” que se desarrollarán del 23 al 26 de septiembre de 2026, organizadas por el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, uno de los espacios académicos más importantes del país para el intercambio y debate entre investigadores en el campo de la historia. En esta oportunidad los organizadores destacaron que “la convocatoria busca consolidar un espacio específico dentro de las Jornadas para el análisis crítico y académico de la Antártida, un territorio estratégico cuya dimensión histórica y social adquiere cada vez mayor relevancia en la agenda regional e internacional”. La República Argentina mantiene su presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida desde hace 122 años pero lamentablemente poco a poco va siendo superada por otros países que han comprendido la nueva importancia estratégica de este continente, difundir este tema en el ámbito social y sacarlo del cenáculo de los expertos es una iniciativa muy importante para difundirlo en un plano académico más amplio y “popularizarlo”, ya que como venimos afirmando en las distintas ediciones de este Anuario en Relaciones Internacionales -especialmente con respecto al Mar Argentino- ninguna sociedad ama lo que no conoce.
En el ámbito geopolítico es en el que se han producido mayores novedades ante el resquebrajamiento de un orden internacional basado en reglas y la preocupación de los Estados Unidos de América -un actor importante en la Antártida- por la irrupción con mucha fuerza de nuevos actores extrarregionales en el continente, muy especialmente la República Popular China, que ya cuenta con cinco bases antárticas de primer nivel que igualan la logística estadounidense en la región y se ha convertido en poco tiempo en un miembro muy activo en el Sistema del Tratado Antártico. Estas tensiones geopolíticas se vienen manifestando durante las últimas reuniones del Tratado Antártico y se agudizaron durante la 48° Reunión Consultiva realizada en la ciudad de Hiroshima del 11 al 21 de mayo de 2026 en la que si bien se lograron algunos avances en conservación del ambiente y cooperación científica se manifestaron serias dificultades para alcanzar los consensos necesarios.
La República de Chile ha tomado nota de este fenómeno y en una entrevista al medio La Prensa Austral, de la ciudad de Punta Arenas publicada en febrero de 2026 el experimentado embajador chileno Pablo Cabrera sostenía que, “en un escenario internacional marcado por la competencia tecnológica y la disputa por los recursos estratégicos la Región de Magallanes emerge como pieza central en la proyección antártica, científica y logística de Chile, un activo que el próximo gobierno del presidente Antonio Kast deberá integrar con pragmatismo y visión de Estado”. La República Argentina parece no haberlo advertido y pese a tímidos progresos la situación permanece prácticamente en el mismo estado que cuando desarrollábamos la presentación del Anuario 2025.
Todavía no se logró completar una iniciativa muy importante heredada de la administración de Alberto Fernández que consistía en reactivar el proyecto inconcluso de poner en valor la Base Antártica Argentina Petrel construyendo en la misma una pista principal de 1.800 metros de largo y otra secundaria de 1.300, en las que pudieran operar los aviones Hércules C-130 o aeronaves más pequeñas -aunque en febrero de 2026 se logró la habilitación de una de estas pistas para la aviación civil- y en lo posible un muelle que permitiera operar con cargas desde los buques. La ventaja de Petrel, además de su ubicación en un lugar muy plano, es que allí ya existía una base permanente y en esos momentos la idea era ampliar la capacidad para el alojamiento de sesenta personas y tres laboratorios científicos. Con esta infraestructura la base permitiría centralizar todas las cargas que hay que distribuir en las trece bases antárticas argentinas y todos los materiales que hay que replegar de las mismas cada año ya que cuenta con mejores perspectivas climáticas y meteorológicas para la operación aérea y en sus costas pueden operar todos los buques que se despliegan en la campaña, algo que en la Base Marambio solo puede hacer el rompehielos Almirante Irízar.
La reactivación efectiva de esta base significaría un cambio de paradigma en las campañas antárticas argentinas pues permitiría a nuestro país contar con un nodo logístico que enlazaría en un solo lugar el transporte aéreo y el marítimo, reduciendo costos e impacto ambiental. Petrel ocupa una ubicación estratégica en el norte de la península antártica que nos permitiría concretar un eje logístico Ushuaia-Petrel similar al que hoy opera en Chile entre la Base Frei Montalva y la ciudad de Punta Arenas, lo que daría un atractivo y un diferencial claro respecto del resto de los operadores antárticos en el norte de la península.
Desde el año 2017, por medio de numerosas publicaciones y muy especialmente desde este Anuario en Relaciones Internacionales venimos insistiendo en la necesidad de completar el proyecto inconcluso de establecer un centro de operaciones integrado en la Base Petrel y lamentablemente debemos cerrar esta nueva edición recordando que fuentes oficiales reconocieron en 2025 que podría estar operativa en forma completa recién dentro de 10 años, y pese a algunos avances producidos desde la presentación del anuario anterior pareciera que este pronóstico se va a cumplir.
Nuestro país tampoco ha potenciado sus fortalezas geográficas, como la cercanía de la ciudad de Ushuaia al Continente Antártico y la existencia de un puerto natural de aguas profundas, pudiendo haberse constituido en la base de una plataforma operativa, logística, científica y académica de naturaleza civil. La Ley Provincial 640 de 2004 institucionalizó una premisa que nació con la provincialización de 1992: consolidar a Tierra del Fuego como la conexión óptima entre la Antártida y el mundo. Lamentablemente hoy los distintos programas antárticos internacionales que operan en el Continente Antártico lo hacen desde Chile, fundamentalmente desde Punta Arenas, con vínculos aéreos con la Base Frei Montalva. En Ushuaia, en cambio, se registran recaladas esporádicas de buques polares y algunas operaciones aéreas, pero tenemos que tener en cuenta que la comunidad antártica internacional pondera la ciencia, eje donde se concentra el mayor rédito geopolítico y económico. En ese marco, Argentina lidera en turismo de cruceros, pero no en el segmento científico-logístico. Para ser competitivos es necesario avanzar en el desarrollo del Polo Logístico Antártico en Tierra del Fuego que fuera proyectado por la administración Fernández y que es una de las propuestas desde hace años promovida por el Departamento del Atlántico Sur del IRI, al igual que el Polo Científico Antártico, en el cual se unifiquen todos los institutos científicos nacionales, convirtiendo a la Isla Grande de Tierra del Fuego en la verdadera capital de la Antártida Argentina, lo que la transformaría en una plataforma competitiva para obtener ingresos económicos genuinos que deberían ser reinvertidos en el Programa Antártico Argentino.
La República Argentina tiene un valioso historial antártico desarrollado durante la etapa heroica pero esas glorias del pasado no son suficientes para mantenerse como un importante actor en el continente en el momento actual, ahora el desafío es convertir esa historia en desarrollo científico, tecnológico y económico genuino, y para lograr este objetivo el eje Ushuaia-Petrel no puede concebirse solo como un proyecto logístico sino como una decisión estratégica que contribuirá al desarrollo económico de la Isla Grande de Tierra del Fuego y consolidará la presencia argentina en la Antártida.
Como lo hemos comprobado durante todos estos años, una vez más el Reino Unido ha demostrado su actitud dúplice, tratando de presentarse como un país respetuoso del Derecho Internacional cuando condena la invasión rusa a Ucrania pero ignorando 7 resoluciones de la Asamblea General y49del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas que instan al diálogo bilateral argentino-británico para encontrarle una solución pacífica y definitiva al diferendo de soberanía en la Cuestión de las Islas Malvinas, y como podemos ver en la Cronología Desarrollada que acompaña esta presentación, durante los últimos 12 meses ha incrementado su presencia militar en el Atlántico Sur mientras la administración colonial continúa renovando por un lapso de 25 años las licencias de pesca que ofrece a flotas de distintas nacionalidades para depredar el caladero del Atlántico Sur dentro de la parte de la zona económica exclusiva usurpada a nuestro país y ha autorizado a la compañía petrolera norteamericano-israelí Navitas Petroleum a comenzar las tareas de explotación del yacimiento León Marino en la plataforma continental de la República Argentina, lo que ha provocado el único entredicho diplomático entre la actual administración nacional y el Estado de Israel, que la ha motivado incluso a dejar en suspenso la peregrina idea del traslado de la Embajada de la República Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, que ya hemos analizado en anuarios anteriores y que nos iba a malquistar con un grupo importante de naciones que apoyan a la República Argentina en los foros multilaterales en la Cuestión de las Islas Malvinas.
A esta actitud de la potencia colonial la actual administración le contesta con el Acuerdo Mondino-Lammy; alejándonos de los BRICS, entre cuyos integrantes está China, que reconoce el derecho de la República Argentina a la reunificación territorial y es el único país no sudamericano que no se limita a invitar a un diálogo abstracto sino que manifiesta expresamente que las Malvinas son Argentinas, y ahora pretende asociarnos con el Reino Unido en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) al que la diplomacia británica puede incorporar en el futuro a las Islas Malvinas en carácter de “espacios que considera bajo su responsabilidad internacional”; descuidando nuestra participación en el Mercosur y fomentando un conflicto diplomático inaudito con nuestro principal socio comercial, Brasil; devaluando nuestra presencia en otros foros regionales, alejándonos diplomáticamente de más de 100 países que apoyan en el ámbito multilateral nuestro reclamo contra el Reino Unido por la alineación incondicional con el Estado de Israel en pleno conflicto por la cuestión de Palestina y la guerra de Irán, comprometiéndonos en dos guerras donde no están en juego nuestros intereses nacionales, como es la de Rusia y Ucrania e Israel y EE.UU. contra la República Islámica de Irán, país que siempre apoyó la Causa de Malvinas en los foros internacionales y con el cual ahora rompimos relaciones diplomáticas; y la gravedad que significa que ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la actual administración anunciara que renunciaría a la tradicional política de neutralidad argentina; ofrecernos para ingresar como socio global de la OTAN, cuando esta organización tiene una importante base militar en el territorio argentino usurpado de las Islas Malvinas; la firma de tratados aparentemente inocuos pero que pueden tener consecuencias negativas sobre el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, como el Tratado Global de los Océanos de 2023 o el Acuerdo Relativo a la Diversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales de 2024. Actitudes que horadan no solo la posición jurídica internacional de nuestro país sino también la dimensión política de nuestro reclamo de soberanía.
Este hecho queda demostrado con el creciente apoyo logístico que Chile, Uruguay y Brasil le están prestando al Reino Unido permitiendo que en su territorio se realicen tareas que en principio estarían vedadas por acuerdos logrados por la diplomacia argentina en el marco del Mercosur en épocas que nuestro país desarrollaba una defensa proactiva de sus derechos en todos los foros internacionales en los que participaba. Son frecuentes los aterrizajes de aeronaves de la RAF con destino a la base de Monte Agradable en aeropuertos brasileños y uruguayos, el puerto de Montevideo se ha convertido nuevamente en el eje logístico silencioso del Reino Unido en el Atlántico Sur consolidándose como el puerto de soporte operativo más estable que utiliza Londres en la región para sostener su presencia colonial en las Islas Malvinas ofreciendo escalas logísticas en forma periódica, y el puerto de Punta Arenas en las rutas vinculadas a la Antártida; y ahora la empresa chilena Easterland Naviera -asentada en Punta Arenas- comenzó conversaciones con la autoridad colonial de las Islas Malvinas para incorporarse al sistema de abastecimiento que sostendrá en el futuro la extracción de hidrocarburos en el yacimiento León Marino.
Finalmente, ahora firma un acuerdo con el Comando Sur de los Estados Unidos de América incluyendo el Mar Argentino en la doctrina de seguridad nacional del gobierno del presidente Donald Trump en el marco del denominado “Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales”, cuyo texto es de carácter secreto en el marco del Decreto N° 9.390/63 pero que indudablemente incluye el patrullaje y vigilancia de la marina de los Estados Unidos de América en la Zona Económica Exclusiva argentina y el control de los espacios marítimos de interés nacional, posiblemente creyendo que este país va a privilegiar la cooperación con la República Argentina por sobre su tradicional alianza con el Reino Unido, lo que nos remonta en el tiempo con lo que podría haber pensado el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri durante los meses previos al 2 de abril de 1982.
Para desmontar esta fantasía basta recordar las palabras del presidente Donald Trump al recibir al rey Carlos III del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte en la Casa Blanca en abril de 2026: “Los británicos son los amigos más cercanos que tienen los estadounidenses”, las que fueron ratificadas por el rey Carlos III en su posterior discurso ante el Congreso de los Estados Unidos de América: “Londres y Washington conforman una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad”; y esta alianza funcionó a la perfección entre ambos países en 1982 permitiéndole al Reino Unido recuperar las Islas Malvinas derrotando a las fuerzas argentinas, cosa que en la mesa de arena la marina de los EE.UU. se consideraba casi imposible y solo lograron los británicos por el apoyo incondicional del presidente Ronald Reagan.
Con respecto a este tema la periodista del sitio www.canal26.com, Yasmin Alí, reveló en diciembre de 2025 nuevos documentos que demuestran la magnitud del apoyo militar norteamericano al Reino Unido durante el conflicto bélico de 1982.
Estas reflexiones nos permiten afirmar que en las condiciones actuales el futuro de la Argentina en el Atlántico Sur es una incógnita …
Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador
Actividades
Durante el período correspondiente al presente Anuario el Departamento del Atlántico Sur y sus integrantes han realizado las siguientes actividades, complementarias de las tareas de investigación de cada uno de sus miembros:
Carlos Alberto Biangardi Delgado
-El 7 de agosto de 2025 participó de la jornada “Malvinas e Islas del Atlántico Sur: Situación actual y perspectivas de futuro”, organizada por la Cátedra Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur de la Universidad del Museo Social Argentino de la ciudad de Buenos Aires.
-El 14 de octubre de 2025 participó de la jornada “El Acuerdo BBNJ. La contienda entre el Derecho del Mar y una custodia ambiental basada en datos. Soberanía en crisis”, organizada por la Cátedra permanente Malvinas Argentinas e Islas del Atlántico Sur de la Universidad del Museo Social Argentino de la ciudad de Buenos Aires.
-Participó en el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional, organizado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional con el auspicio de la Universidad Austral, realizado en el Campus Pilar durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2025, exponiendo su ponencia: “Es necesario tomar conciencia de las vulnerabilidades de la República Argentina ante la creciente militarización del espacio y la presencia del Comando del Atlántico Sur del Reino Unido en el archipiélago argentino de las Islas Malvinas”.
-Participó del “Taller Fundamentos para el estudio de la Política Exterior Británica”, realizado los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2025 en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
-El medio Pal’Sur de la ciudad de Ushuaia publicó su ponencia sobre las vulnerabilidades de la República Argentina ante la creciente militarización del espacio y la presencia del Comando del Atlántico Sur del Reino Unido en las Islas Malvinas presentada en el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional de Pilar (Noviembre 2025).
-El Boletín de Asuntos Nucleares y Espaciales de la Universidad Nacional de La Plata publicó su ponencia sobre la creciente militarización del espacio y la presencia del Comando del Atlántico Sur del Reino Unido en las Islas Malvinas (Diciembre 2025).
-El Colegio de la Abogacía de La Plata le entregó un Diploma de reconocimiento por el “valioso aporte académico y profesional” de su ponencia sobre la creciente militarización del espacio y la vulnerabilidad de la República Argentina ante la presencia del Comando del Atlántico Sur del Reino Unido en las Islas Malvinas presentada en el XXXVI Congreso Argentino de Derecho Internacional y que fuera difundida por distintos medios periodísticos y académicos. La Plata, 15 de diciembre de 2025.
-El 3 de marzo de 2026 fue invitado a integrar la Red COFEI Antártida del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI).
-El 8 de junio de 2026 participó como presentador y moderador en la Jornada “El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826: su trascendencia histórica, jurídica y política”,organizada por el Área Académica del Colegio de Abogados de La Plata, la Embajada de Panamá en la Argentina y la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI).
-El 9 de junio de 2026 fue entrevistado en el programa de Striming “Pertenencias” de la Dirección de Patrimonio del Instituto Cultural de la Municipalidad de Cañuelas por su participación en la difusión de la Causa de Malvinas a través de publicaciones, libros y conferencias durante los últimos 35 años, con especial referencia a su libro Contribución de Cañuelas a la Gesta de Malvinas (Editorial Ciudad SRL, 2014)
-Durante el período 2024-2026 se desempeñó en el cargo de Secretario del Instituto de Derecho Internacional Público y del Instituto de Agenda Global para el Desarrollo del Área Académica del Colegio de la Abogacía de La Plata.
-Participó del evento “Argentina y el sector satelital: innovación, desarrollo y futuro”, organizado por la Fundación Embajada Abierta, la Fundación Konrad Adenauer y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, realizado en la ciudad de La Plata el día 16 de julio de 2026.
-Está invitado a disertar el 19 de septiembre de 2026 en el “2° Programa deCapacitación Docente Cuestión Malvinas”organizado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), a realizarse entre el 22 de agosto y el 19 de noviembre de 2026 en la ciudad de Ushuaia.
-Está invitado a disertar en la edición 2026 del Curso Abierto “Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que se desarrollará durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026, al que todos los años se invita a participar al cuadro docente y cadetes de la Escuela de Aviación Militar.
-Está invitado a disertar en la Sección Derecho Internacional Público del XX Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán para los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2026.
-Está invitado a disertar en la sesión inaugural del Instituto de Geopolítica del Colegio de Abogados de Quilmes, a realizarse durante el mes de octubre de 2026.
-Publicaciones en la página del IRI:
-16/12/2025: “50 Aniversario de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. Piedra angular de la Cuestión de las Islas Malvinas”.
-30/03/2026: Opinión, “2 de Abril de 2026”.
Federico Martín Gómez
Julio de 2025: En el marco del Congreso de la SAAP Rosario 2025
-Presentación del libro «Diálogos con Bruno» El viernes 25 de julio en la Facultad de Ciencia Política y RRII. (UNR) se desarrolló la presentación de «Diálogos con Bruno: Revisitando la obra intelectual de Alfredo Bruno Bologna sobre la Cuestión Malvinas”, en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político SAAP. Actividad realizada junto a los autores del libro.
-Presentación del libro “La casa de las Malvinas, Un actor, su historia … todo por conocer”. A cargo de sus autores Federico Martín Gomez y Jazmnín Maccari.
-Moderación y exposición en la mesa “La Política Exterior Argentina y la Cuestión Malvinas”, exponiendo ¿Qué, cómo y por qué? La construcción comunicacional en redes de la Embajada británica en Buenos Aires ante los 200 años del tratado de 1825.
-Moderación y exposición en la mesa “Malvinas, 1982 y las infancias, Las materialidades de la guerra y su impacto en la comunidad infanto-juvenil continental”. Exposición del trabajo Late, late, nola. Sobre las figuritas infantiles de Malvinas. Abordajes lúdicos en la construcción socio-cultural de la guerra durante y el post conflicto.
-Coordinación de la mesa “A 60 años de la Resolución 2065 de la ONU. Construcciones, desafíos y potencialidades hacia Malvinas”
Noviembre de 2025:
Moderador del Conversatorio «Sentimiento soberano por nuestras Islas Malvinas», organizado por la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas CEMA LA PLATA, en la sede del Club Atlético City Bell.
Diciembre de 2025:
En el marco de los 60 años de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, presentamos el 8º Dossier de Investigación de la ReFEM 2065.
Este dossier propone una lectura crítica, federal y transdisciplinar de la herramienta diplomática más importante de la Argentina en la construcción internacional de la Cuestión Malvinas. A través de seis artículos, se abordan sus antecedentes históricos, sus implicancias jurídicas, su recepción mediática, los procesos educativos y culturales, el rol del multilateralismo y las disputas de sentido en el ámbito museístico.
En esta edición escriben: Oscar Mastropierro, Carlos Sánchez Mas, Marcelo Troncoso, Jazmín Maccari, Baltasare Gonzalo Ferrer y Federico Martín Gómez. Con textos que invitan a revisitar, debatir y proyectar la Resolución 2065 como eje central del reclamo soberano argentino en el siglo XXI, este dossier reafirma el compromiso de la Red con una mirada plural y rigurosa sobre Malvinas.
Marzo 2026:
Exposición en el marco de actividad del Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata, en la escuela Primaria N° 19 sobre la Evolución de la Cuestión Malvinas
Mayo 2026:
XX Jornadas Federales de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Provincia de San Luis.
Expositor del trabajo El rol de la comunidad artística-cultural argentina durante la guerra de Malvinas. Estudio de caso: la producción de Marta Minujin
Expositor del trabajo: ¿Qué está haciendo Milei? Sobre debates, hipótesis y fabulas de política exterior y doméstica sobre Malvinas.
Julio 2026: Congreso de ALACIP
-Coordinador y expositor en la mesa “El escenario del Atlántico Sur y la Antártida como desafío soberano para la República Argentina” y expositor del trabajo “Diplomacia Científica británica en el Atlántico como desafío a los intereses argentinos en el Atlántico Sur”.
-Presentación de los avances del Proyecto de Investigación: “El vuelo del Condor. Deconstrucción, debates y reflexiones a 60 años de la edificación de un hito de la Cuestión Malvinas”.
-Exposición en la mesa “Continuidades y rupturas en la Argentina democrática: cuatro décadas de política exterior”, presentando el trabajo ¿Que está haciendo Milei? Sobre debates, hipótesis y fabulas de política exterior y doméstica sobre Malvinas.
-Presentación del libro: “Diálogos con Bruno. Revisitando la obra intelectual de Alfredo Bruno Bologna sobre la Cuestión Malvinas”.
– Exposición del trabajo «Quiero conocer a mis vecinos de las islas…”
[1] Se advierte que durante la redacción de esta Presentación y de la Cronología se ha respetado lo establecido por la legislación nacional que dispone que a partir del 02/07/09 se debe utilizar la toponimia argentina para designar al archipiélago o los sitios ubicados en las Islas Malvinas cuando estos tuvieran distinta denominación en la cartografía británica. Por eso se ha traducido «Islas Malvinas», aún cuando la expresión de la fuente británica fuera «Falkland Islands», o “León Marino” por “Sea Lion”, con la sola excepción de algunas expresiones de funcionarios o textos británicos en las que el cambio de palabras pudiera desvirtuar el sentido impactante de las mismas y siempre transcriptas en forma textual y colocadas entre comillas, lo mismo hemos hecho con el término “soft power” y su versión castellana “poder blando” (igual criterio se utilizó en la Cronología).
