El año 2015, tres sagas de gran éxito comercial estrenaron en cines historias cuyo centro era la vida de jóvenes en contextos distópicos. Sus argumentos versaban acerca del poder, la violencia y la posibilidad de transformar el mundo heredado. Se trataba de los filmes Los juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2, Divergente: Insurgente y Maze Runner: Prueba de Fuego. La cultura popular adolescente de ese momento estaba poblada de historias de resistencia y personajes que enfrentan un mundo en conflicto, construido por los adultos.
Sin embargo, mientras tales historias de ficción terminaban con los créditos, la violencia y el conflicto armado dejaba profundas heridas en las generaciones más jóvenes de América Latina. No en vano, una abundante bibliografía caracteriza a la región como una de las zonas más violentas del mundo, bajo el punto de vista de la criminalidad y la seguridad pública. Para ese momento, la región concentraba casi la mitad de todos los homicidios adolescentes registrados en el mundo y, en Colombia, las FARC-EP anunciaban el compromiso de elevar progresivamente la edad mínima de reclutamiento a los 18 años de edad. En México, las fotografías de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continuaban recorriendo las calles, mientras se exigía saber sus paraderos. A su vez, en El Salvador, la violencia de las pandillas alcanzaba niveles alarmantes. Ese año, cerca de 24.500 adolescentes latinoamericanos perdieron la vida a causa de homicidios.
Una experiencia no análoga, pero similar en niveles de violencia, se vivía en Medio Oriente y el norte de África, donde los conflictos y las crisis políticas dejaban a más de 13 millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación. En Siria, Irak, Yemen y Libia, cerca de 9.000 escuelas habían quedado fuera de funcionamiento, algunas destruidas por los enfrentamientos, otras ocupadas por actores armados o utilizadas como refugio por familias desplazadas. Como es sabido, desde ese entonces los conflictos en Medio Oriente se han agudizado, al igual que en una serie de otras áreas el mundo, con su secuela de afectación sobre la vida de niños y jóvenes.
Pero en 2015 esa realidad también era contestada desde la juventud. En agosto de ese año, jóvenes provenientes de distintas regiones del mundo se reunieron en Ammán, Jordania, para reflexionar sobre su participación imperativa en la prevención de los conflictos y la construcción de la paz. De aquel encuentro surgiría la Declaración de Ammán, reflejo de la voluntad colectiva de los jóvenes por participar en las decisiones que definirían el presente y futuro de sus comunidades.
Pocos meses después, la Declaración de Ammán encontraría reconocimiento universal en la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estableció la agenda sobre Juventud, Paz y Seguridad, reconociendo la contribución positiva de los jóvenes a la prevención de conflictos, la consolidación y el sostenimiento de la paz, en torno a cinco pilares: participación, protección, prevención, alianzas, y separación y reintegración. Las posteriores resoluciones 2419 (2018) y 2535 (2020) profundizaron ese marco de protección, destacando la necesidad de asegurar una participación juvenil plena, efectiva y significativa, fortalecer la coordinación institucional y avanzar en su aplicación a nivel nacional, regional y local. En línea con lo anterior, el Informe del Secretario General S/2024/207 señalaba que la agenda sobre Juventud, Paz y Seguridad es responsabilidad de todos los Estados miembros y recomienda desarrollar marcos y hojas de ruta nacionales, dotados de capacidades sostenibles y elaborados en asociación con organizaciones, movimientos y redes juveniles.
Considerando la realidad latinoamericana, es relevante destacar que la aplicación de esta agenda no se limita a países afectados por conflictos armados. En el caso de esta región, calificada desde diversos esquemas regionales y también desde la literatura especializada como una Zona de Paz, libre de conflictos bélicos y con los gastos en defensa más bajos del mundo, su implementación puede adoptar un enfoque preventivo y de sostenimiento de la paz, adecuado a las características especiales de este espacio, marcado por la paz interestatal, pero con un auge radical de la violencia derivada del crimen organizado transnacional. Es decir, se trata de una zona donde la tradicional guerra está ausente, pero donde las amenazas a la seguridad provienen desde otras fuentes, lo que involucra la necesidad de orientar las labores a fortalecer la participación juvenil, la cohesión social, la prevención de la violencia, la protección del espacio cívico y la educación para la paz.
En este contexto, materias como la acción climática y la gestión del riesgo de desastres; la convivencia y la ciudadanía digital; la prevención de la violencia y de los factores que favorecen la vinculación de jóvenes con organizaciones criminales; la participación política y comunitaria; la interculturalidad; y la reintegración social pueden constituir ámbitos de aplicación nacional y regional, en la promoción de sociedades pacíficas y resilientes. Se trata de una agenda novedosa, que podría seguir un camino similar a la agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad, lanzada en las Naciones Unidas a partir de la Resolución 1325 del año 2000. Luego de este documento -orientado a proteger a las mujeres en contexto de conflictos bélicos y al empoderamiento de las mismas en materia de paz y seguridad- y una serie de resoluciones posteriores del Consejo de Seguridad, los asuntos de género entraron con fuerza en los diálogos bilaterales y multilaterales, generando planes de acción nacionales y una serie de políticas públicas destinadas a avanzar por esta senda.
La nueva agenda sobre Jóvenes, Paz y Seguridad podría seguir un derrotero similar, incorporando estas temáticas en los diálogos bilaterales de los países, así como en instancias regionales y globales, como una nueva área de cooperación internacional. También se podría impulsar la coordinación de esta agenda con las políticas públicas que de manera segmentada están llevando a cabo los países en los planos domésticos, encauzadas eventualmente a través de una experiencia similar a los planes de acción nacional, generados a partir de la implementación de la Resolución 1325.
Como sea, se trata de una agenda especialmente urgente, si se consideran las numerosas amenazas y riesgos que se ciernen sobre la juventud, especialmente en relación con el narcotráfico, el consumo de drogas y el reclutamiento en organizaciones criminales, especialmente dinamizadas en una región marcada por las desigualdades, la marginalidad social y la falta de oportunidades. Se trata de un camino largo y sinuoso, pero necesario en medio de una región donde los jóvenes no han estado en un lugar prioritario de las políticas públicas, pese a estar en el centro del accionar del crimen organizado, ya sea como actores o víctimas.
Bajo el prisma de la agenda sobre Jóvenes, Paz y Seguridad, sería conveniente volver por un instante a aquellas salas de cine de 2015, donde concurridos filmes cautivaban a millones con historias de jóvenes que, en medio de la violencia, buscaban transformar su entorno. Once años después, América Latina tiene la oportunidad de reforzar ese camino, conducido desde los gobiernos, y con el apoyo de agencias especializadas y la sociedad civil. El éxito o fracaso será medido a partir de nuestra capacidad en reconocer en los jóvenes su voluntad y capacidad para esta tan necesaria tarea.
Jorge Riquelme
Integrante
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
IRI-UNLP
María José Olea
Universidad de Lieja
Chile
