¿Narcotraficantes o terroristas?
María Cristina Rosas[1]
Tras la captura y muerte de Osama Ben Laden el 2 de mayo de 2011, el gobierno estadunidense encabezado en ese tiempo por Barack Obama dio a conocer la estrategia para el combate de la delincuencia organizada transnacional el 25 de julio de ese mismo año. Habían pasado unas cuantas semanas desde que el hombre más buscado había sido finalmente sometido por los estadunidenses, con lo que, presumiblemente el terrorismo había tenido una de sus bajas más sensibles y ahora era posible caminar en la dirección de combatir a la delincuencia organizada. Así, la estrategia de Obama estaba destinada a debilitar el poder económico de diversos grupos delincuenciales, entre ellos la mafia rusa, la mafia italiana y, en el caso de México, los Zetas.
Para muchos, que Estados Unidos considerara como la prioridad número 1 en materia de seguridad al terrorismo, desarrollando intervenciones militares en Afganistán a partir de octubre de 2001 y en Irak desde marzo de 2003, evitó que se desarrollaran iniciativas punitivas lo suficientemente robustas contra la delincuencia organizada transnacional, la que seguía prosperando mientras Washington invertía cuantiosos recursos materiales y humanos en una cruzada que terminó por empoderar al terrorismo y los terroristas, quienes, además de militar en organizaciones claramente identificables –i. e. Daesh, al-Qaeda-, también se atomizaron para operar en territorios más allá de Medio Oriente. El índice de terrorismo global de 2025 señala que los diez lugares más golpeados por el terrorismo el año precedente fueron Burkina Faso, Pakistán, Siria, Malí, Níger, Nigeria, Somalia, Israel, Afganistán y Camerún. Claramente se observa que el terrorismo se ha propagado al Sahel y el sur de Asia.
Asimismo, la figura de los supuestos lobos solitarios ha crecido entre personas que se han radicalizado sin militar necesaria ni formalmente en organizaciones terroristas, pero que, como productos sociales consideran que deben llevar a cabo una cruzada contra aquellas personas a las que se considera distintas, en una muestra más de la creciente polarización social, el rechazo a la otredad y la intolerancia que caracterizan al mundo de hoy. Nombres como el de Anders Breivik, Brenton Tarrant, Anton Lundin Pettersson, Nidal Malik Hasan, James Egan Holmes, acusan un problema doble: en una era donde las noticias fluyen de manera acelerada, la posibilidad de que estos personajes se transformen en figuras aspiracionales es alta -Tarrant, por ejemplo, dijo en el juicio que se le siguió en Nueva Zelanda, que se había inspirado en las acciones de Breivik y del joven sueco Pettersson para atacar con un rifle de asalto a comunidades musulmanas en Christchurch. También, la tendencia de parte de los medios y las autoridades de presentar a estos y otros individuos como perturbados mentales, ignora el hecho de que la violencia y el terror son construcciones sociales. Empero, caracterizarlos como lobos solitarios evita, al menos en teoría, el pánico entre la población, al presentar las acciones de los susodichos como excepciones, fuera de contexto, si bien ese tratamiento no coadyuva a atender las causas de su radicalización. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la entonces primera ministra Jacinda Ardern pidió no nombrar al perpetrador de los asesinatos en las mezquitas de Christchurch del 15 de marzo de 2019, argumentando que lo importante era recordar a las victimas. Si bien la intención de ese llamado parece loable, pretender que Brenton Tarrant no existe por el simple hecho de no llamarlo por su nombre, no parece la estrategia más adecuada para hacer frente al terrorismo atomizado y mucho menos a sus causas.
En cualquier caso, la atención que ha recibido el terrorismo no ha impedido su expansión, incluso con nuevas características, por el mundo. Empero, mientras las principales medidas de los Estados han estado orientadas a castigar el financiamiento de grupos terroristas, a realizar arrestos de personas sospechosas, y a sancionar a quienes apoyen, financien o divulguen información conducente al desarrollo de actos terroristas, la delincuencia organizada, ante semejante distracción, ha progresado de manera avasalladora en todo el mundo.
En su estrategia para combatir a la delincuencia organizada, Obama ponía el acento en combatir las redes financieras de las organizaciones criminales trasnacionales que afectan negativamente a la seguridad nacional de Estados Unidos, su política exterior y su economía. El documento sostiene que las organizaciones delincuenciales transnacionales se están expandiendo más allá del narcotráfico, para operar el tráfico y la trata de personas, el contrabando de armas, el contrabando de dinero en efectivo, la extorsión y el secuestro entre otros ilícitos.
Ya desde entonces, el gobierno de Obama señalaba que en el caso de México la presencia de organizaciones delincuenciales mexicanas en la frontera hacía más proclive el territorio estadunidense a la llegada de grupos terroristas pues se abrían corredores ilegales para que ingresaran a Estados Unidos. La idea entonces era evitar que México fuera lugar de paso para el ingreso del terrorismo al territorio del vecino país del norte mediante la conexión con grupos delincuenciales nacionales.
Pese a ello, no se produjo una lucha frontal liderada por Estados Unidos contra la delincuencia organizada en tanto la cruzada contra el terrorismo se mantuvo como la principal prioridad. Ello no debería haber impedido que Washington emprendiera acciones más robustas contra los delincuentes, máxime considerando que en el documento de referencia claramente se aludía a las posibles conexiones entre ellos y el terrorismo.
Adicionalmente, no se puede omitir que, siendo el mayor fabricante de armas de fuego y un corredor para su tráfico ilícito hacia México, EEUU ha puesto el empeño en impedir el flujo de migrantes indocumentados hacia su territorio, pero la frontera, por otra parte, es muy porosa para que desde el norte del Río Bravo ingresen al territorio nacional armas de fuego, pequeñas y ligeras que dotan de poder de fuego a la delincuencia organizada. La lógica marcaría que, para debilitar a los cárteles de la droga, además del congelamiento de activos tendría que haberse trabajado en evitar el ingreso ilegal de tantos artilugios responsables de una buena parte de los homicidios, feminicidios y la violencia desmedida que ha acorralado no sólo a la sociedad mexicana sino a las autoridades responsables de dotar de seguridad al país. En este sentido, es de destacar la corresponsabilidad existente en la gestión de la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos, debido a que es en ese territorio que se tiene al mayor mercado mundial consumidor de estupefacientes como también al mayor productor de armas de fuego.
A 14 años de distancia desde aquella estrategia de Obama, la delincuencia organizada actualmente se encuentra consolidada con un catálogo de ilícitos que las autoridades de los diversos países del mundo no han sido capaces de combatir de manera efectiva. La cooperación internacional contra la delincuencia organizada ha fracasado. Asimismo, aun cuando el móvil principal de los delincuentes es el beneficio económico, la manera en que permean en la política para garantizar el desarrollo pleno de sus actividades ilícitas con la complicidad e incluso el apoyo de las sociedades, es evidente. En México es frecuente que sobre todo en la víspera de comicios locales y/o federales, se produzca el asesinato de candidatos a cargos públicos, ello de cara a qué tanto los elegidos por los votantes podrían frenar o favorecer las actividades de los delincuentes. Asimismo, el empleo del terror como herramienta para intimidar a la sociedad y las autoridades, propicia los entrecruzamientos con el terrorismo. Así, denominaciones como narcoterrorismo son cada vez más comunes y a pesar de la imprecisión que el término pueda tener, refleja la complejidad del quehacer de la delincuencia organizada transnacional y de los acercamientos que tiene con el terrorismo como un tipo específico de violencia con fines económicos sí, pero igualmente políticos.
Así, en el primer día de su segundo mandato al frente de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. El fundamento de esta caracterización es la ley de inmigración y nacionalidad (INA), específicamente la sección 219 (8 U.S.C. 1189), que establece tres criterios para dicha designación, a saber:
- participar en actividades terroristas;
- representar una amenaza a la seguridad de Estados Unidos o de sus ciudadanos; y
- tener su base de operaciones fuera del territorio estadunidense (extraterritorialidad).
También la orden ejecutiva de Trump se sustenta en la ley de poderes económicos en caso de emergencia internacional (IEEPA), específicamente en el artículo 50 U.S.C. 1701, el cual faculta al presidente a declarar una emergencia nacional para responder a amenazas inusuales y extraordinarias que afecten la seguridad nacional, la economía o la política exterior de Estados Unidos. Dicha declaración habilita la imposición de sanciones económicas, el bloqueo de activos y la aplicación de otras medidas restrictivas a personas o entidades designadas que puedan contribuir a estas amenazas.
Adicionalmente, la orden ejecutiva de Trump se sustenta en la orden 13224 del 23 de septiembre de 2001, la cual establece medidas contra individuos y organizaciones vinculadas al terrorismo. Estas acciones incluyen las disposiciones impuestas por George W. Bush en aras de favorecer el bloqueo de bienes, la prohibición de transacciones internacionales y otras restricciones aplicables a las entidades designadas. La orden ejecutiva trumpiana amplía el concepto de terrorismo al incluir a grupos como la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua y diversos cárteles internacionales, entre ellos los mexicanos. La orden ejecutiva describe a estas organizaciones como responsables de campañas de violencia extrema, control social y desestabilización de gobiernos en regiones clave para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, señala que han inundado el territorio estadunidense con drogas mortales –i. e. el fentanilo- que impactan negativamente en la salud de la población. Por todo ello, Trump determina que representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de Estados Unidos y que hay que actuar contra ellas en consecuencia.
La orden es enfática en su sección 2 donde apunta que se asegurar[á] la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en Estados Unidos y su capacidad para amenazar el territorio, la seguridad y la integridad territorial a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales. ¿Cómo lograr esto?
En la sección 3 de la orden ejecutiva en comento, se preveía que en un lapso de 14 días, el secretario de Estado, Marco Rubio, tomaría todas las medidas apropiadas, en consulta con el titular del tesoro, Scott Bessent, la fiscal general Pam Bondi, la titular de seguridad nacional, Kristi Noem -a quien se ha visto en mensajes televisados en EEUU, México y otros países intimidando a las audiencias para que eviten ingresar de manera indocumentada al vecino país del norte donde serán cazados por las autoridades- y la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard para que apoyen y recomienden la designación de cualquier cartel u otra organización conforme a las premisas de la orden. También se apunta que, en el mismo lapso, Pam Bondi y Kristi Noem tendrían que adoptar todas las medidas requeridas con la implementación de cualquier decisión invocada a partir de la ley de enemigos extranjeros (50 U.S.C. 21 Alien Enemy Act), incluyendo acciones de respuesta frente a la existencia de una invasión calificada como “incursión predatoria” contra el territorio de Estados Unidos.
No fueron 14 días sino un mes después de la toma de posesión de Donald Trump, que el Departamento de Estado anunció la designación de seis grupos de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales. En la lista de incluyó a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la nueva Familia Michoacana. Según la información de la Agencia para el Combate de las Drogas de Estados Unidos (DEA), el grupo delincuencial dominante en el país es el cártel de Sinaloa, que además prevalece en el negocio del fentanilo que tanto preocupa a las autoridades estadunidenses. Dicho cártel se ha documentado que tiene presencia en unos 40 países y que en la República Mexicana opera en 31 de sus 32 estados. Se recordará por ejemplo, que el 9 de agosto de 2023, el candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado en plena campaña aparentemente por instrucciones de cárteles mexicanos, muy posiblemente el de Sinaloa, debido a la importancia geográfica del país sudamericano para el tráfico de estupefacientes. Ello puso en evidencia el alcance de los cárteles mexicanos allende las fronteras de México.
Tras la captura Ismael Mario el Mayo Zambada García el 24 de julio de 2024, quien fue llevado a Estados Unidos en condiciones aun no del todo claras -aparentemente como parte de la cooperación de los hijos del Chapo Guzmán para reducir sus condenas- ha desatado reacomodos muy violentos entre chapitos y mayistas cuya muestra es la violencia desmedida que se ha desarrollado en Sinaloa en meses recientes. La lucha entre ambos grupos dentro del cártel de Sinaloa ha generado un vacío de poder que ha sido aprovechado por el cártel Jalisco Nueva Generación que ha extendido su negocio en el tráfico de estupefacientes en México y más allá. Se considera que el cártel Jalisco Nueva Generación se alió con los chapitos para tener una mayor presencia en el país, aprovechando que, a diferencia del cártel de Sinaloa, tiene un mando único.
Del lado de los mayistas se observa una alianza con el cártel del Noreste que puede distribuir drogas en las rutas que controlaba el Mayo Zambada. Otro cártel, la Familia Michoacana, como lo sugiere su nombre, opera en Michoacán, el Estado de México, Guerrero y Morelos. La Familia Michoacana se divide en la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La más poderosa es la Nueva Familia Michoacana, que en ciertos momentos se alió con el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa para poder acceder al mercado estadunidense con drogas como el fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína.
Así como el cártel de Sinaloa se encuentra fracturado, otro tanto ha ocurrido con el cártel del Golfo, hoy dividido entre los Metros y los Escorpiones, quienes luchan por el control del lucrativo negocio del tráfico de estupefacientes y que están muy presentes en el Puerto de Altamira al norte de Tampico, Tamaulipas.
En la Ciudad de México, se observa la presencia del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, más otros que se han desarrollado de manera más local como la Unión Tepito, la Anti Unión, la Nueva Alianza y también se han detectado células del cártel venezolano del Tren de Aragua -este último especializado en la explotación sexual de mujeres y niñas migrantes en América Latina.
El panorama delictivo de México, como se puede apreciar en el mapa anexo, está experimentando reacomodos mientras las actividades delincuenciales de los cárteles prosiguen y se encuentran consolidadas en los diversos estados que integran a la República Mexicana. Pero ¿qué hay de Estados Unidos? Según el informe de la DEA correspondiente a 2024, son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación los que se han fortalecido en aquel país, eliminando a sus competidores y con presencia en los 50 estados de la Unión Americana. Ello explicaría por qué Estados Unidos buscó la captura del Mayo Zambada a sabiendas de que su ausencia previsiblemente desencadenaría una guerra entre los señores de la droga en Sinaloa.
Fuente: El Financiero
Como se sugería líneas arriba, a diferencia de la estrategia de Obama contra la delincuencia organizada, Donald Trump incluye en su orden ejecutiva poner en marcha un régimen de excepción que podría impactar negativamente en la soberanía territorial de los Estados, posibilitando el recurso a sanciones e incluso al uso de la fuerza en el nombre de la seguridad nacional. El lenguaje empleado por el controvertido republicano incluye términos como seguridad nacional, integridad territorial, política exterior, poder económico, estructuras de mando, control territorial, todos en un sentido punitivo que intentan justificar el sentido de la orden ejecutiva y del emprendimiento de acciones que más allá de la cooperación en materia judicial o bien con las entidades de seguridad de los países en que residen los cárteles referidos, contempla el emplazamiento de fuerzas armadas estadunidenses.
Los dichos de Trump sobre el narcotráfico en México han estado acompañados de situaciones preocupantes. A principios de febrero del año en curso, fueron avistados tres barcos estadunidenses a unos cuantos kilómetros de Ensenada, Baja California, si bien la Secretaría de Marina de México señaló que dichas naves estaban en aguas internacionales y que era frecuente verlas en esas latitudes.
Fuente: DEA.
Más preocupante es que a principios de mayo se difundió tanto por parte del mismo Trump como por la presidenta de México Claudia Sheinbaum el ofrecimiento del primero para enviar tropas estadunidenses a efecto de combatir a los cárteles de la droga en el país. Previsiblemente, la presidenta Sheinbaum agradeció y rechazó la oferta, en tanto Trump dijo que la titular del poder ejecutivo en México no aceptó la oferta porque tiene miedo.
En el recuento aquí hecho, es evidente que Estados Unidos ha desarrollado acciones contra los cárteles mexicanos con y sin el consentimiento/conocimiento de las autoridades mexicanas, incluso antes de que Trump volviera a la Casa Blanca por segunda ocasión.
La diferencia con Trump respecto a los presidentes que le antecedieron, es el tono punitivo de la orden ejecutiva aquí, al reseñada igual que la intimidación aplicada tanto contra el gobierno mexicano como contra el de la República Popular China (RP China) y Canadá -que es otro de los lugares donde se elabora y exporta el fentanilo. Esta droga, a la que se atribuyeron en 2022 alrededor de 100 mil defunciones en la Unión Americana, constituye un grave problema de salud pública en Estados Unidos. Empero, los recursos para prevenir las adiciones y rehabilitar a las/los adictos no parecen significativos para atacar la demanda de fentanilo y otras drogas que existe en el vecino país del norte.
La constitucionalidad de la orden ejecutiva de Donald Trump puede ser impugnada en los tribunales, pero no parece que ello pueda ser un disuasor de su aplicación, incluso con el uso de la fuerza en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga. La justificación podría ser “preventiva” para hacer un despliegue de fuerza en otros países, como podría ser el caso en México y que ya ha sido una fórmula aplicada en el caso de Irak en marzo de 2003.
Una de las críticas a la orden ejecutiva de Trump es que busca trasladar el costo del combate de los cárteles de la droga a México, aun cuando dichos cárteles operan y tienen distribuidores dentro del mercado estadunidense. ¿Por qué entonces no invocar todas las medidas enunciadas en la orden ejecutiva de Trump para enfrentar a los cárteles dentro del territorio estadunidense? La orden ejecutiva es enfática al invocar la ley de enemigos extranjeros y ordenanzas acuñadas en el contexto post 11 de septiembre de 2001 que indician a actores delincuenciales y/o terroristas foráneos. En otras palabras, aquí subyace nuevamente la premisa de que los males que aquejan a Estados Unidos vienen del exterior, la cual, no sobra decir, es errónea.
Quizá lo más grave es la declaratoria de emergencia la cual naturalmente puede derivar en medidas extraordinarias. También en la designación de los cárteles como terroristas, se podría afectar a intereses empresariales que por presión o amenazas hayan entregado recursos a los delincuentes, por ejemplo, por extorsión. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha señalado que uno de cada dos negocios en el país ha sido víctima de la extorsión y el cobro de derecho de piso por parte de la delincuencia organizada. ¿Podrían distinguir las normas que combaten el financiamiento al terrorismo a quienes desarrollan negocios lícitos, pero son víctimas de la delincuencia organizada?
En suma, el espectro de la orden ejecutiva de Donald Trump es amplio y arroja muchas dudas. Nadie niega que la delincuencia organizada transnacional debe ser combatida de manera frontal con la suma de esfuerzos de parte de los países del mundo. También es cierto que el tráfico de estupefacientes crea una economía sombra que extrae recursos de los Estados para beneficio de los delincuentes, fomentando la corrupción de funcionarios y gobernantes. Es verdad que la delincuencia organizada incluye numerosos giros e ilícitos y que se ha puesto el énfasis en el tráfico de estupefacientes y, posiblemente, el tráfico de personas, pero hay otros nichos que generan grandes beneficios económicos a los delincuentes como el tráfico ilícito de vida silvestre o de bienes culturales que no son castigados por la ley con la misma severidad.
Dicho esto, la etiqueta de “terrorista” que se le adjudica a las organizaciones delincuenciales plantea múltiples interrogantes. Si se analizara en función a resultados, la lucha contra el terrorismo internacional no ha sido exitosa, dado que el terrorismo ha mutado y se ha adaptado para operar en nuevas condiciones y escenarios. ¿Por qué pensar entonces que la calificación de la delincuencia organizada como “terrorista” producirá buenos resultados? Parece que la orden ejecutiva de Donald Trump es más discursiva, imprecisa y da lugar a dudas que ni siquiera el propio veterano republicano ha logrado aclarar. Una coordinación respetuosa entre los gobiernos de México y EEUU para atacar a la delincuencia organizada en su mercado consumidor; en la descriminalización del consumo de estupefacientes para atender el problema como una prioridad de salud pública incluyendo la prevención de las adicciones; en el cese del tráfico ilícito de armas de fuego hacia el territorio mexicano; y, posiblemente, en la legalización del consumo de ciertas drogas, podrían resultar medidas más efectivas para atajar el desafío de la delincuencia organizada que la simple calificación de sus actividades como terrorismo.
[1] Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A. C. Su libro más reciente se titula Desarme y seguridad internacional: la agenda olvidada, (México, Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A. C./Australia National University/Universidad Nacional Autónoma de México, 2024, 670 pp). Correo electrónico: mcrosas@unam.mx Página electrónica: http://www.paginasprodigy.com/mcrosas ORCID: 0000-0001-9320-8502
