Desde el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista Hamas ejecutó una ofensiva sorpresa sobre territorio israelí que dejó más de 1200 muertos, Israel ha lanzado una campaña militar sostenida sobre la Franja de Gaza. Lo que comenzó como una respuesta de Seguridad Nacional se ha transformado, con el correr de los meses, en una de las guerras más prolongadas, visibles y cuestionadas de la historia reciente del conflicto palestino-israelí. A mediados de 2025, el gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, continúa sus operaciones militares en Gaza, mientras enfrenta un creciente aislamiento diplomático que lo interpela tanto en los foros multilaterales como en sus relaciones bilaterales tradicionales.

Uno de los principales frentes de presión ha sido el sistema de Naciones Unidas. Mientras que el Consejo de Seguridad ha visto bloqueadas varias resoluciones vinculantes debido al veto de Estados Unidos, la Asamblea General ha aprobado sucesivas condenas contra la ofensiva israelí, con un apoyo mayoritario del Sur Global. Estas resoluciones, si bien no son legalmente vinculantes, configuran un entorno de creciente ilegitimidad simbólica para la estrategia militar israelí. A esto se suma la actuación de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha aceptado la demanda de Sudáfrica contra Israel por presuntos crímenes de genocidio y la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lessa humanidad lo que representa una formalización del conflicto en el plano jurídico internacional. Si bien Israel ha rechazado categóricamente estas acusaciones, la apertura del proceso ha generado una nueva dimensión de presión internacional, especialmente en lo que respecta a la imagen del Estado y de sus líderes políticos ante la comunidad internacional.

En paralelo, la presión bilateral ha cobrado fuerza, particularmente desde América Latina y África. Países como Bolivia, Colombia y Sudáfrica han roto relaciones diplomáticas con Israel, mientras que otros como Brasil, México y Argelia han convocado a consultas a sus embajadores o suspendido acuerdos de cooperación. Más llamativas han sido las crecientes tensiones con socios históricos en Europa occidental, como España, Francia e Irlanda, cuyos gobiernos han elevado el tono de sus críticas e, incluso, han impulsado el reconocimiento unilateral del Estado palestino. Aunque estas medidas no tienen impacto directo sobre la operativa militar israelí, sí debilitan su capacidad de influencia política en organismos internacionales y erosionan el consenso occidental que tradicionalmente respaldaba su política exterior.

Estados Unidos continúa siendo el principal sostén estratégico de Israel, tanto en términos militares como diplomáticos. Sin embargo, incluso esta relación ha mostrado signos de tensión. La administración de Joe Biden había expresado preocupación por el desarrollo de la ofensiva en Rafah y había condicionado parte de su asistencia militar a la implementación de medidas humanitarias. La reelección de Donald Trump en 2025 introdujo un giro significativo en la política exterior estadounidense respecto al conflicto en Gaza. A diferencia de la administración Biden, que había endurecido su postura ante el aumento de víctimas civiles y presionado públicamente al gobierno de Netanyahu, el nuevo liderazgo republicano ha reestablecido un apoyo incondicional a Israel, tanto en el plano militar como diplomático. Esto ha dado un respiro a la estrategia israelí en foros internacionales, donde el veto estadounidense vuelve a ser un escudo clave en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, esta reconfiguración no ha eliminado la presión global: al contrario, ha generado una polarización aún más marcada entre aliados occidentales, con la Unión Europea en un rol cada vez más crítico hacia la operación militar israelí.

A todo esto se suma la presión ejercida por organizaciones de derechos humanos, universidades, movimientos sociales y redes de boicot económico y académico. La sociedad civil global ha tenido un rol destacado en el encuadre del conflicto como una lucha por los derechos del pueblo palestino, logrando posicionar mediáticamente las consecuencias humanitarias de la guerra. Campañas de desinversión, protestas en campus universitarios y restricciones a funcionarios israelíes para participar en foros internacionales han contribuido a la percepción de que Israel está perdiendo la batalla en el plano simbólico y reputacional, incluso si mantiene una superioridad militar en el terreno.

Frente a este panorama, el gobierno de Netanyahu ha optado por una estrategia de endurecimiento discursivo. Ha rechazado las críticas internacionales como manifestaciones de antisemitismo disfrazado de preocupación humanitaria y ha reforzado su alianza con actores no occidentales como Hungría, India, Azerbaiyán y algunos países árabes con los que normalizó relaciones en los Acuerdos de Abraham. Esta diversificación de apoyos busca contrarrestar el aislamiento diplomático en los espacios multilaterales tradicionales y asegurar cierta continuidad en su red de alianzas estratégicas.

En este punto, se abre una interrogante clave: ¿puede Israel sostener indefinidamente su campaña militar en Gaza sin un colapso de su legitimidad internacional? Si bien conserva una importante capacidad de defensa diplomática, su reputación se ve progresivamente afectada, lo que podría tener repercusiones en el acceso a foros multilaterales, en acuerdos de cooperación y en futuras negociaciones de paz. La continuidad del conflicto también impacta en la política interna israelí, donde sectores moderados y parte del estamento militar han comenzado a cuestionar la viabilidad de una solución exclusivamente militar al problema palestino.

En conclusión, el caso de Israel en Gaza evidencia cómo el poder militar no siempre se traduce en poder político en el sistema internacional. La creciente presión diplomática, legal y simbólica contra su accionar en Gaza plantea un desafío estratégico para Tel Aviv, que deberá reconsiderar no solo su estrategia militar, sino también su narrativa internacional. Si el gobierno israelí no logra reconstruir su legitimidad exterior ni demostrar avances tangibles hacia una solución política del conflicto, el costo diplomático podría escalar más allá de lo que su aparato de relaciones exteriores esté dispuesto o preparado a asumir.

Raúl Nuñez
Integrante
Departamento de Medio Oriente
IRI – UNLP