Issamary Sánchez Ortega[1]

Vivimos un momento histórico donde la tecnología redefine la economía, transforma nuestras interacciones y acelera desafíos globales sin precedentes. Frente a este panorama, surge una pregunta esencial: ¿Cómo garantizamos que la innovación avance con responsabilidad, integridad y un compromiso real hacia la sostenibilidad?

Lo que hace pocos años parecía un debate reservado a especialistas, hoy es una necesidad de Estado, empresa y sociedad. La gobernanza tecnológica se consolida como un pilar indispensable para construir un futuro equitativo, seguro y sostenible.

La transformación digital debe sustentarse en principios claros: Integridad, transparencia y respeto a los derechos humanos. De aquí surge el enfoque de “Compliance by design”, que incorpora estos valores desde la concepción misma de cualquier solución tecnológica.

Esto exige marcos regulatorios coherentes, estándares interoperables y capacidades institucionales que eviten la fragmentación normativa – la llamada “regulatory jungle” – que incrementa costos, genera incertidumbre y limita la competitividad.

Mientras ciertas regiones avanzan con regulaciones robustas en inteligencia artificial, protección de datos y derechos digitales (como Europa con el AI Act) otros enfrentan limitaciones estructurales que amplían la brecha tecnológica. Estas asimetrías fomentan el arbitraje regulatorio y restringen el acceso equitativo al progreso.

En este escenario surge una oportunidad estratégica: Fortalecer la institucionalidad, promover la diplomacia tecnológica y adoptar estándares globales que permitan competir, innovar y proteger a la ciudadanía simultáneamente.

El debate internacional demuestra que la sostenibilidad no es un costo, sino una inversión inteligente. Las organizaciones que apuestan por energía limpia, inteligencia artificial confiable y procesos verdes fortalecen su reputación, aumentan su resiliencia y acceden a mercados globales cada vez más exigentes.

La sostenibilidad se ha convertido en un lenguaje universal de competitividad. No basta con hablar de innovación responsable: Es imprescindible medirla y demostrar su impacto.

Transitar del discurso a la evidencia requiere métricas de impacto, auditorías  (incluyendo las algorítmicas), sistemas de rendición de cuentas y datos verificables sobre el valor social, económico y ambiental generado. En un mundo donde la confianza es un recurso escaso, la evidencia se convierte en un pilar fundamental.

Las alianzas público–privadas son una herramienta fundamental para democratizar el acceso, la formación y la tecnología. Estas colaboraciones permiten desarrollar talento, impulsar soluciones prácticas y reducir desigualdades que, de no atenderse, pueden convertirse en barreras estructurales.

Para que la tecnología actúe como un motor real de progreso, los países en desarrollo requieren acceso a tecnologías limpias, programas de formación, cooperación internacional y marcos de gobernanza que faciliten una participación activa y equitativa. La revolución digital debe incluirnos a todos.

Los desafíos del siglo XXI como lo son el cambio climático, la desigualdad y la seguridad digital exigen un espacio donde converjan la innovación y la sostenibilidad.

La gobernanza tecnológica es el puente que nos permitirá transitar desde la visión al impacto, desde la intención a los resultados y del discurso a la transformación tangible.

Panamá tiene la oportunidad de insertarse de manera estratégica en este debate global, apoyándose en su posición geográfica, su capital humano y su vocación histórica de diálogo.

Debemos actuar con visión, responsabilidad y la convicción de que el futuro sostenible no se espera: Se construye día a día.

[1] Doctora en Derecho Civil, Abogada y Consultora especialista en AML y gobierno corporativo, Ex Embajadora y Cónsul General de Panamá en Francia, Docente, Escritora y Conferencista Internacional.