Desde el 28 de diciembre de 2025, en un contexto de crisis e intensificación del ritmo de las protestas antigubernamentales con violentos enfrentamientos, ha tenido lugar una represión, denuncias de ejecuciones y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades iraníes.

Los focos de las manifestaciones se desplegaron en 13 ciudades de 8 provincias entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, ampliando su alcance en los días posteriores. En concreto, según lo reflejado por Amnistía Internacional (8 de enero de 2026), la represión basada en el uso ilegítimo de la fuerza, armas de fuego y detenciones arbitrarias masivas por parte de las fuerzas de seguridad -incluidas la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas policiales de Irán (FARAJA, por su acrónimo persa)- se ha saldado con la muerte de manifestantes y transeúntes (en algunos casos menores de edad).

Atento a este marco, el IRI repudia cualquier ejercicio de violencia contra la población civil, independientemente de quien la lleve a cabo por significar una flagrante violación de los derechos humanos.