La muerte de un jefe criminal no marca el final de una era, sino el comienzo de un nuevo capítulo, a menudo más turbulento e impredecible.

En el caso de la supuesta eliminación Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», fundador y líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no transforma mágicamente a México en un país más seguro. Al contrario, inaugura un periodo de transición inestable, donde las dinámicas del poder criminal se reacomodan con consecuencias que pueden extenderse por meses o incluso años. Las transiciones en el submundo del crimen organizado rara vez son pacíficas; suelen estar marcadas por alianzas rotas, venganzas y una escalada de violencia que afecta no solo a los involucrados, sino a la sociedad en su conjunto.

Durante más de una década, el CJNG ha operado bajo un modelo de expansión agresiva que lo ha convertido en uno de los cárteles más poderosos y temidos del mundo. Surgido en 2010 como una escisión del Cártel de Sinaloa, el grupo se caracterizó por una disciplina interna férrea, un control vertical estricto y una capacidad operativa que le permitió diversificar sus actividades más allá del narcotráfico: extorsión a negocios locales, robo de combustible (huachicol), tráfico de personas, minería ilegal y hasta el control de puertos marítimos para el ingreso de precursores químicos desde Asia. Esta estructura jerárquica generó una eficiencia brutal, pero también una dependencia absoluta del líder carismático. Cuando la cabeza de una organización así cae, el cuerpo no se disuelve en el aire; se fragmenta, se adapta o se reinventa, a menudo con derramamiento de sangre.

La pregunta central no radica en confirmar si «El Mencho» ha muerto, sino en qué sucede con el vasto imperio de poder que deja atrás. En las organizaciones criminales de alto perfil, como el CJNG, que opera en más de 20 estados mexicanos y tiene presencia internacional en Estados Unidos, Europa y Asia, la eliminación de un dirigente suele desencadenar uno de tres escenarios principales, basados en patrones observados en la historia reciente del crimen organizado en México:

1. Sucesión ordenada: Si la línea de mando estaba bien establecida —por ejemplo, con familiares o lugartenientes de confianza como su hijo Rubén Oseguera González («El Menchito», actualmente preso en EE.UU.) o su yerno Juan Carlos Valencia González—, podríamos ver una continuidad estratégica. El nuevo líder asume el control sin grandes disrupciones, manteniendo las rutas de tráfico, las alianzas corruptas y los métodos de intimidación. Esto implica una estabilidad relativa para el cártel, pero no para la sociedad: la violencia persiste o incluso se intensifica en áreas de disputa. Un ejemplo histórico es la sucesión en el Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín «El Chapo» Guzmán en 2016; sus hijos, los «Chapitos», tomaron las riendas, pero esto no evitó guerras internas y externas que cobraron miles de vidas.
2. Fragmentación interna: Este es el escenario más caótico y peligroso. Sin un sucesor claro, surgen disputas por el liderazgo, con células regionales buscando autonomía, traiciones entre facciones y purgas internas. La violencia se dispara de manera abrupta y localizada, afectando a civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. México lo ha vivido en múltiples ocasiones, como tras la detención de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo en 2003, que derivó en la creación de Los Zetas y una ola de terror que incluyó masacres y secuestros masivos. En el caso del CJNG, con su red de sicarios conocidos como «Grupos de Élite», esta fragmentación podría generar batallas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde el cártel ya compite con grupos como el Cártel Santa Rosa de Lima o remanentes de La Familia Michoacana.
3. Reacomodo territorial externo: Aquí entran en juego rivales externos que aprovechan el vacío para invadir territorios. El mapa criminal se redibuja a través de alianzas temporales o guerras abiertas, con un aumento en homicidios, desplazamientos forzados y control de economías locales. Pensemos en la caída de Arturo Beltrán Leyva en 2009, que desencadenó una reconfiguración en el Pacífico mexicano, con el surgimiento de nuevos grupos y alianzas que alteraron el equilibrio de poder. Para el CJNG, esto podría significar incursiones del Cártel de Sinaloa o incluso de organizaciones transnacionales como el colombiano Clan del Golfo, exacerbando conflictos en fronteras y rutas clave.

México ha experimentado estas tres variantes en repetidas ocasiones, desde la «guerra contra el narco» iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, que resultó en más de 400,000 muertes relacionadas con el crimen organizado. El discurso oficial, tanto del gobierno federal como de agencias como la DEA estadounidense, tiende a presentar estas capturas o abatimientos como golpes definitivos que desmantelan estructuras enteras. Sin embargo, la realidad es más compleja: estos eventos son meros movimientos en un tablero donde la economía criminal permanece intacta. Las drogas sintéticas como el fentanilo —del que el CJNG es un productor clave—, la extorsión a agricultores y empresarios, el huachicol en ductos de Pemex y el tráfico de migrantes generan miles de millones de dólares anuales. Mientras estos modelos de negocio sigan siendo rentables, siempre habrá aspirantes dispuestos a ocupar el trono vacío, atraídos por el poder y la riqueza.

Así, es posible que pasemos del escenario dos al escenario tres, una reconfiguración criminal que se potenciará ante la tendencia creciente de las Redes Político-Delincuenciales, que crecen y crecen ante la transformación política del Estado que hoy nos gobierna. El CJNG no es solo una persona; es una vasta red financiera, logística y armada, con vínculos en instituciones corruptas, lavado de dinero a través de empresas fachada y un arsenal que rivaliza con ejércitos nacionales. Si el liderazgo no estaba institucionalizado —es decir, si dependía excesivamente de la figura de «El Mencho»—, veremos tensiones inmediatas. Si, por el contrario, había protocolos de sucesión, la continuidad será fluida, pero no menos amenazante.

Hay otro ángulo crucial que no se puede ignorar: el político. La eliminación de un objetivo de alto valor como «El Mencho» proyecta una imagen de capacidad y determinación por parte del Estado mexicano, reforzando narrativas de éxito en la lucha contra el crimen. Envía un mensaje disuasorio a otros líderes y puede incluso impulsar la popularidad de un gobierno en apuros. Pero la verdadera autoridad no se mide por un operativo espectacular —como los realizados por la Marina o el Ejército—, sino por los resultados a mediano y largo plazo. ¿Habrá una reducción sostenida en los índices de violencia? ¿Se fortalecerán las instituciones judiciales y policiales para prevenir la corrupción? ¿Se recuperará el control territorial en regiones dominadas por el crimen? Si sí, hablamos de un avance real hacia la paz. Si no, solo estamos ante un espectáculo táctico que administra el conflicto sin resolverlo, como ha ocurrido en administraciones pasadas.

Sin embargo, el cálculo es pésimo: el operativo genera una mayor violencia e inestabilidad, en un año marcado por el Mundial de la FIFA, que justamente tiene en Jalisco una de sus sedes. ¿Jalisco se convertirá en Culiacán? ¿Qué sucederá con los otros territorios (Michoacan, Zacatecas , Guanajuato, Nayarit y Colina) donde el CJNG ejerce el control territorial? El costo será posiblemente la suspensión de los eventos del mundial en México. Se los llevarán a EEUU, de no contener la violencia en los próximos dos meses.

En última instancia, el crimen organizado no se derrota con un solo abatimiento o captura. Se debilita cuando pierde su capacidad para intimidar a comunidades enteras, financiarse a través de economías ilícitas y reclutar a jóvenes marginados por la pobreza y la falta de oportunidades. Esto requiere no solo acciones militares, sino políticas integrales: inversión en educación, empleo, desarme, desmantelamiento de redes de lavado y cooperación internacional para frenar la demanda de drogas en mercados como Estados Unidos.

No hay que olvidar la historia reciente. Eso es básico. Cada vez que un líder criminal cae, el poder entra en una fase de ajuste dinámico, y en esos reajustes, quien suele pagar el precio más alto es la sociedad civil: familias desplazadas, economías locales colapsadas y un ciclo de miedo perpetuo.

El vacío de poder nunca permanece vacío por mucho tiempo. La pregunta no es si un hombre ha caído, sino quién —o qué— llenará ese espacio, y a qué costo para un país que anhela paz verdadera.

David Martínez[1]
Integrante
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
Observatorio de Terrorismo
IRI-UNLP

Referencias

[1]      El autor agradece al Dr. Tomás Sánchez, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, sus comentarios, rápidos y certeros, para este comentario.