*  Restauración del orden y reconfiguración del Estado frente a las maras en El Salvador (2012–2025): del control territorial a la institucionalización del “dividendo de seguridad”

Ignacio Ortiz Vila[1]

Resumen. Este ensayo actualiza un análisis previo sobre la Mara Salvatrucha (MS-13) y la violencia pandilleril en El Salvador, incorporando la inflexión que supuso la llegada de Nayib Bukele al gobierno (2019) y, en particular, el régimen de excepción instaurado en marzo de 2022. El ciclo 2019–2025 se interpreta como una fase de recomposición intensiva de capacidades estatales y recuperación del control territorial, con impactos especialmente visibles en la reducción de la violencia letal y en la desarticulación de formas de gobernanza criminal. Al mismo tiempo, el proceso plantea desafíos de segunda generación: consolidar el dividendo de seguridad mediante marcos institucionales ordinarios, sostenibilidad fiscal y mecanismos que minimicen arbitrariedades, de modo que la estabilización no dependa de la excepcionalidad sino de un orden previsible y socialmente inclusivo.

Salvador tras las maras: seguridad, excepcionalidad y reconfiguración estatal en la era Bukele

Retomar un análisis sobre la Mara Salvatrucha (MS-13) escrito en 2012 obliga a reconocer que el fenómeno “mara” no fue sólo una dinámica criminal, sino un orden social alternativo capaz de imponer normas, tributos y fronteras internas. En El Salvador de la posguerra, la combinación de deportaciones, economías urbanas precarias, fragmentación comunitaria y un aparato estatal con baja capacidad investigativa permitió que las pandillas (MS-13 y Barrio 18, entre otras) consolidaran una forma de gobernanza coercitiva basada en extorsión, control territorial y violencia ejemplarizante. La consecuencia fue un Estado que, en zonas enteras, operaba como presencia intermitente: llegaba tarde, con escasa inteligencia, y salía rápido, dejando a la población bajo el arbitraje de actores armados no estatales[2] .

El interludio de la “tregua” de 2012 mostró tanto el potencial de reducción de violencia como su fragilidad institucional. La literatura especializada documentó que el acuerdo entre pandillas tuvo un impacto favorable en homicidios, pero acotado temporalmente y dependiente de condiciones políticas difíciles de sostener: incentivos, mediación, y capacidad de verificación estatal (Katz et al., 2016). En paralelo, la historia reciente evidencia la volatilidad del indicador homicida: El Salvador pasó de cifras extremas (por ejemplo, más de 6.600 homicidios en 2015) a descensos abruptos una década después, alimentando debates sobre causalidad, medición y “traslado” del delito hacia modalidades menos visibles (Associated Press, 2025).

La llegada de Nayib Bukele catalizó un giro de gran escala: del manejo episódico (treguas, operativos reactivos) a una estrategia de restauración coercitiva del control territorial. Tras un pico de asesinatos en marzo de 2022, el gobierno impulsó un régimen de excepción renovado mensualmente, habilitando detenciones masivas y ampliando márgenes operativos para fuerzas de seguridad (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2023)[3]. En términos cuantitativos, la magnitud es decisiva: se reportan decenas de miles de detenidos bajo el régimen y una expansión penitenciaria sin precedentes (Associated Press, 2025; Seelke, 2024). La contracara es un sistema carcelario que, medido internacionalmente, ubica al país con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (World Prison Brief, 2024).

Desde una perspectiva de seguridad ciudadana, los resultados agregados son difíciles de ignorar. Diversas fuentes consignan que El Salvador cerró 2025 con un mínimo histórico de homicidios (84) y una tasa oficialmente informada muy baja para estándares regionales, aunque con advertencias metodológicas (por ejemplo, exclusiones específicas de ciertos fallecimientos en enfrentamientos)[4]. En el plano académico, estimaciones recientes con modelización espacio-temporal también ubican 2023 como un piso histórico (Carcach, 2025). Aun admitiendo márgenes de discusión sobre medición y “desplazamiento” del crimen, la variación interanual sugiere un quiebre estructural del ecosistema pandillero tal como operó en la década previa (Seelke, 2024).

El punto analítico, sin embargo, no se agota en la caída de homicidios: el “bukelismo” securitario reabre el problema clásico de la región —orden versus Estado de derecho— bajo una forma contemporánea. En términos políticos, la seguridad funciona como bien público de máxima visibilidad y como fundamento de legitimidad: reduce costos cotidianos (extorsión, movilidad, comercio barrial) y recompone la confianza “práctica” en el Estado. En términos institucionales, el riesgo es la normalización de la excepcionalidad, donde procedimientos abreviados, tipificaciones amplias y controles judiciales debilitados se vuelven rutinarios. Organismos internacionales han señalado preocupaciones por detenciones arbitrarias, debido proceso, condiciones de encierro y afectación de derechos fundamentales (CIDH, 2024; OHCHR, 2023).

Una lectura más matizada —y más cercana a la lógica gubernamental, aunque sin idealizaciones— es que Bukele logró algo que los gobiernos anteriores no pudieron: reconstruir el monopolio estatal de la coerción en territorios donde el Estado era un actor secundario. Esa reconstrucción, en contextos de captura territorial por pandillas, suele requerir choques de capacidad (inteligencia, control penitenciario, presencia sostenida) que el Estado salvadoreño históricamente no mostró. El dilema es que la eficacia inicial puede incubar costos de segunda vuelta: errores de focalización, incentivos a detenciones por perfilamiento, saturación judicial y deterioro de estándares probatorios. Informes periodísticos y de organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias sobre abusos y detenciones de menores, junto con registros de muertes bajo custodia reportados por organizaciones civiles (Reuters, 2024; Associated Press, 2025; Human Rights Watch, 2025).

En términos de economía política, la secuencia salvadoreña sugiere que la reducción sostenida de la violencia puede operar como condición habilitante para recomponer expectativas, coordinar inversión y relajar restricciones microeconómicas que el crimen imponía sobre hogares y empresas. (J.P. Morgan Private Bank, 2026). En paralelo, organismos financieros multilaterales han leído la mejora de la seguridad como una ventana de oportunidad para impulsar crecimiento y productividad, siempre que el ciclo de normalización se apoye en marcos creíbles de gobernanza, transparencia y reglas estables. (IMF, 2025, p. 3)[5].

En paralelo, se ha instalado el debate sobre si el “modelo Bukele” es exportable y qué condiciones lo harían (o no) replicable en otros países; incluso en la región se observan iniciativas que declaran inspiración en la política penitenciaria salvadoreña (Meléndez- Sánchez & Vergara, 2024; Reuters, 2025). La evidencia comparada sugiere cautela: copiar instrumentos sin copiar capacidades (investigación criminal, control interno, auditoría de detenciones, sistema penitenciario sanitario) tiende a producir resultados parciales y costos altos.

Finalmente, la sostenibilidad del giro securitario depende de su traducción en un dividendo económico: la inseguridad opera como un impuesto difuso sobre inversión, productividad y financiamiento, elevando costos privados y públicos que restringen el crecimiento potencial. (J.P. Morgan Private Bank, 2026). La recuperación de espacios urbanos, el turismo y la percepción de seguridad pueden mejorar expectativas e inversión; pero el país mantiene restricciones fiscales y desafíos de deuda que organismos internacionales siguen de cerca (World Bank, 2025; International Monetary Fund [IMF], 2025a, 2025b). En este marco, el éxito securitario puede convertirse en un activo estratégico si se traduce en fortalecimiento institucional: profesionalización policial, persecución penal selectiva, transparencia estadística, y una transición gradual desde la excepcionalidad hacia marcos ordinarios compatibles con derechos y con control judicial efectivo. Sin ese “segundo tiempo”, la estabilización corre el riesgo de depender demasiado de la continuidad política y de mecanismos extraordinarios.

Referencias bibliográficas

Associated Press. (2025, January 1). El Salvador closes 2024 with a record low number of homicides.

Carcach, C. (2025). A Bayesian spatio-temporal model of variation in homicide rates for El Salvador. PLOS ONE, 20(9),e0330215.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0330215

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2024). Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador (OEA/Ser.L/V/II.doc.97/24). Organización de los Estados Americanos.  Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: El Salvador.  https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/el-salvador

International Monetary Fund. (2025a). IMF Executive Board approves a 40-month Extended Fund Facility arrangement for El Salvador (Press release). https://www.imf.org

International Monetary Fund. (2025b). El Salvador: 2023 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report (IMF Country Report). https://www.elibrary.imf.org

J.P. Morgan Private Bank. (2026, January 5). The economic cost of insecurity: Can overcoming instability drive opportunity in Latin America. J.P. Morgan.

Katz, C. M., Hedberg, E. C., & Amaya, L. E. (2016). Gang truce for violence prevention, El Salvador. Bulletin of the World Health Organization, 94(9), 660–666A. https://doi.org/10.2471/BLT.15.166314.

Meléndez-Sánchez, M., & Vergara, A. (2024). The Bukele model: Will it spread? Journal of Democracy, 35(3), 84–98.

Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. (2026, 5 de enero). “El 2025 representa el año más seguro en la historia patria”: Ministro Gustavo Villatoro. Gobierno de El Salvador.  https://www.seguridad.gob.sv/el-2025-representa-el-ano-mas-seguro-en-la- historia-patria-ministro-gustavo-villatoro/?utm_.com

Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz. (2022, 20 de septiembre). El presidente de El Salvador asegura que su país ha pasado de ser el más peligroso del mundo a uno de los más seguros. Naciones Unidas.

O’Donnell, G. (1993). On the state, democratization and some conceptual problems (A Latin American view with glances at some post-communist countries) (Working Paper No. 192). Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.

O’Donnell, G. (1999). Polyarchies and the (un)rule of law in Latin America: A partial conclusion. En J. E. Méndez, G. O’Donnell, & P. S. Pinheiro (Eds.), The (un)rule of law and the underprivileged in Latin America (pp. 303–338). University of Notre Dame Press.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2023, March 28). El Salvador state of emergency (Press briefing note). https://www.ohchr.org.

Reuters. (2024, July 16). More than 60 children detained, beaten, tortured in El Salvador, HRW says.

Reuters. (2025, August 14). Costa Rica starts building massive El Salvador-inspired prison.

Seelke, C. R. (2024). El Salvador: Background and U.S. relations (CRS Report No. R47083). Congressional Research Service.

U.S. Department of State. (2024). 2024 investment climate statements: El Salvador. https://2021-2025.state.gov/reports/2024-investment-climate-statements/el-salvador/

World Bank. (2025). Macro Poverty Outlook: El Salvador (October 2025). https://www.worldbank.org

World Prison Brief. (2024). El Salvador: Prison population total and rate (March 2024). Institute for Crime & Justice Policy Research. https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador?utm_source

[1] Master en Economía Global (University of International Business and Economics Beijing). Profesor UCEMA.

[2] Guillermo O ’Donnell denomina “zonas marrones” a aquellos territorios donde la presencia estatal —y, sobre todo, la eficacia de la legalidad sancionada— es baja o nula: pueden coexistir elecciones y autoridades formales, pero la intermediación política tiende a organizarse mediante lógicas personalistas y clientelares, y el acceso a derechos civiles elementales (protección policial imparcial, justicia, garantías) se vuelve errático o selectivo. En ese vacío se expanden regulaciones informales (incluida coerción privada o criminal), produciendo una “ciudadanía de baja intensidad” y un Estado “esquizofrénico” que mezcla, territorial y funcionalmente, rasgos democráticos con prácticas autoritarias (O’Donnell, 1993; O’Donnell, 1999)

[3] Bukele sostuvo que “para ser libres es requisito indispensable que los poderosos respeten la libertad de su nación” (Naciones Unidas, Mantenimiento de la Paz, 2022, párr. 1).

[4] El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia informó que, al cierre de 2025, El Salvador registró una tasa de 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes y 82 asesinatos en el año, señalando además “cero impunidades” en esos casos, 1.102 días sin muertes violentas (988 durante el régimen de excepción) y una disminución de 51,50% en otros delitos de impacto social (Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, 2026).

[5] El Departamento de Estado de EE. UU. Sostiene que, con mejoras en seguridad, la administración Bukele está priorizando la creación de empleo y el fortalecimiento general de la economía. El mismo informe agrega que ese énfasis incluye simplificación regulatoria, reducción de trámites, incentivos fiscales, agilización fronteriza, automatización de servicios y aceleración de la transformación digital para elevar productividad (U.S. Department of State, 2024).