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Las audiencias de Hamburgo: el debate sobre la competencia

Frente al avance del proyecto Sea Lion por parte de las autoridades británicas, la Argentina inició un procedimiento arbitral en virtud del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR o Convención). En ese marco, el 13 de octubre pasado, solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM o tribunal) con fundamento en el artículo 290, párrafo quinto, de la CONVEMAR (República Argentina, 2026).

Así se dio lugar al caso N°37, en el cual el presidente del tribunal, Maurice K. Kamga, a través de la Orden 2026/10 del 20 de octubre de 2026, fijó las audiencias públicas para los días 10 y 11 de noviembre (TIDM, 2026a).

La primera de ellas comenzó con la exposición de la delegación argentina, en la cual el Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Mario Oyarzábal, fue el agente a cargo de la declaración de apertura y cierre de ambas audiencias.

El profesor Marcelo Kohen se dedicó específicamente a la cuestión de la competencia prima facie del futuro tribunal arbitral, como presupuesto para el dictado de las medidas, y explicó que existe una controversia vinculada a la interpretación y aplicación de la Convención. Luego analizó la verosimilitud de los derechos invocados por la Argentina para terminar su exposición justificando la primera y cuarta medidas provisionales solicitadas.

Por su parte, el neerlandés Nicolaas Schrijver se dedicó a explicar de qué manera la explotación de hidrocarburos podría ocasionar un perjuicio irreparable a los derechos de la Argentina amparados bajo la CONVEMAR, distinguiendo que las actividades previas en el periodo de 1998 a 2015 fueron de exploración, mientras que las medidas que se prevén ahora implican un sistema masivo de producción de extracción de hidrocarburos alterando de manera irreversible la plataforma continental. Además, sostuvo que el proyecto supone un riesgo al medio marino y afectaría la capacidad de la Argentina para ejercer sus derechos y cumplir sus deberes bajo la Parte XII de la Convención.

Por el lado del Reino Unido, encabezaron la exposición Sally Langrish, agente británica y asesora jurídica del Foreign, Commonwealth and Development Office y Ellie Reeves, fiscal general del Reino Unido, y diputada de la Cámara de los Comunes. Luego continuaron el desarrollo los asesores de la delegación, Sir Michael Wood, Sam Wordsworth, Amy Sander, Belinda McRae y Guglielmo Verdirame.

Como podía preverse, el Reino Unido concentró sus esfuerzos en destacar que la petición argentina implicaba la discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas y sus áreas marítimas circundantes, y alegó que, si bien los expositores de la delegación argentina manifestaron lo contrario, solapadamente se busca reforzar el reclamo histórico, y avanzar en una estrategia integral de la defensa de soberanía. Además, previo a su exposición oral, el Reino Unido informó que presentó por escrito la declaración de tres testigos a fin de complementar los argumentos que luego expondría en audiencia. Las declaraciones agregadas corresponden a Jack Ford, funcionario británico que integra la Asamblea Legislativa de las islas; y los presidentes ejecutivos de las dos empresas detrás del proyecto, Ian Ramsay de Navitas Petroleum y Samuel Moody por Rockhopper Exploration (Reino Unido, 2026). Estas declaraciones fueron impugnadas por el lado argentino, no sólo desde lo argumental, sino también por el hecho de ser emitidas por personas con un interés personal y/o financiero en el proyecto.

Para el dictado de medidas provisionales, el artículo 290, párrafo quinto de la Convención requiere, entre otras cosas, acreditar la competencia prima facie del tribunal arbitral que intervendrá. Este recaudo suscitó mucho análisis sobre la estrecha posibilidad de la República Argentina de sortearlo favorablemente (Shrivastava y Yiallourides, 2026; Rothwell, 2026)

En la apertura de la primera audiencia, Mario Oyarzábal identificó cuatro derechos que emanan de la CONVEMAR y estarían en juego en la solicitud de medidas provisionales: (1) la protección de los derechos soberanos de la Argentina sobre la plataforma continental a la espera de la solución de la controversia, no su determinación; (2) el derecho de la Argentina, y la correspondiente obligación del Reino Unido, de que no se adopte ninguna acción unilateral que altere de manera irreversible la plataforma continental disputada o conduzca a la explotación de sus recursos no renovables; (3) el derecho de la Argentina a que el Reino Unido cumpla con sus obligaciones de resolver las controversias y actuar de buena fe (arts. 279 y 300 de la Convención), y en consecuencia se abstenga de conductas que pongan en peligro o dificulten la solución de la controversia o la agraven; (4) el derecho de la Argentina a no ser impedida por el Reino Unido de cumplir con sus obligaciones bajo la Convención de proteger y preservar el medio marino del área disputada.

En su primera intervención, el profesor Kohen ratificó el contenido de la presentación escrita de la Argentina y destacó la existencia de una controversia sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, reconocida por la ONU, y que, según el delegado argentino, debe resolverse dentro del proceso de descolonización. Pero reiteró que no se busca ni que el tribunal arbitral, ni el TIDM resuelvan la controversia de soberanía territorial, y que se puede resolver sobre la solicitud de medidas provisionales sin determinar implícita o explícitamente quién es el Estado ribereño de las Islas Malvinas.

Kohen resaltó que el espacio marítimo vinculado a las Islas Malvinas está regulado por la CONVEMAR y, por ende, los Estados parte de la controversia están sometidos a los derechos y obligaciones que emanan de ella hasta que se resuelva la cuestión de quién es el Estado ribereño, especialmente la obligación de no modificar el espacio marítimo y de no explotar recursos no renovables. Estos derechos son invocados por la República Argentina, según expresó Kohen, no para que el TIDM reconozca la condición de Estado ribereño, sino para señalar que los eventuales derechos soberanos de cualquiera de las Partes están en juego y deben ser preservados hasta que se resuelva la controversia.

Anticipando la argumentación británica, Kohen la ilustró con la imagen de un “agujero negro” alrededor de las islas: si la controversia territorial impidiera examinar las obligaciones que Argentina invoca bajo la CONVEMAR, el Reino Unido podría avanzar unilateralmente sobre los recursos mientras aquella siguiera pendiente, sin que pueda impugnarse esa decisión por las vías previstas en la Convención.

Al exponer por el lado británico, Wood sostuvo que una zona marítima reclamada por dos Estados que reivindican la soberanía sobre la misma línea de costa implica una controversia de soberanía territorial que queda completamente al margen de la Convención, y especialmente, del ámbito de resolución de controversias que la misma prevé. Además, expresó que Argentina pretende ampliar indebidamente el ámbito de aplicación de la Parte XV de la Convención. Wood señaló que, al discutirse el texto de esta sección relativa a la solución de controversias, nunca se planteó la posibilidad de que incluyan cuestiones de soberanía sobre la tierra, y en tono alarmante expresó que poner en duda esa posibilidad podría llevar a algunos Estados a denunciar la Convención y desalentar nuevas adhesiones

Frente a esta posición británica, la delegación argentina resaltó que su propuesta conlleva preservar la plataforma y los recursos mientras se resuelve la controversia o las partes alcanzan un arreglo. Por este motivo, en la exposición de la segunda audiencia, el profesor Kohen declaró que resulta esencial para establecer prima facie la competencia del tribunal arbitral, la pretensión sometida al arbitraje que consiste en la obligación de abstenerse de adoptar medidas unilaterales de exploración y explotación en espacios marítimos disputados en el marco del proceso de descolonización. De esta forma, el delegado argentino vinculó las medidas provisionales solicitadas con las pretensiones segunda a cuarta del pedido arbitral, que no incluyen la defensa de los alegados derechos soberanos de la Argentina sobre los espacios marítimos circundantes a las islas que se incluyen en la primera pretensión sometida al arbitraje. Así, Kohen concluyó que para dictar las medidas el TIDM podía dejar abierta la discusión sobre la primera pretensión.

La pretensión de abstención, vista también como obligación de no comprometer una posible solución, tendría fundamento diverso. Kohen sostuvo que ese deber surge de una lectura conjunta de la CONVEMAR, en particular de las obligaciones de solución pacífica y buena fe previstas en los artículos 279 y 300. Para explicar cómo operaría ese deber en el caso de Malvinas, invocó la Resolución III del Acta Final de la Conferencia como contexto para interpretar la Convención, que establece que se deben ponderar las resoluciones pertinentes de la ONU: las resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII) y, fundamentalmente, la resolución 31/49. Esta última resolución aparece también como fundamento del deber en estudio, ya que en ella la Asamblea General exhortó específicamente a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas. El Reino Unido objetó que esos instrumentos no permiten derivar de la CONVEMAR el deber de abstención que Argentina invoca.

Además, Wood y Wordsworth alegaron que el TIDM debía considerar también la primera pretensión vinculada a la soberanía para identificar el verdadero objeto del arbitraje. Según el Reino Unido, su formulación mostraba que la cuestión territorial era central al litigio argentino.

Kohen invocó los arbitrajes del Mar de China Meridional y del Área Marina Protegida de Chagos para sostener que una disputa territorial puede coexistir con pretensiones que se resuelvan bajo la CONVEMAR sin decidir la soberanía. Al contestar este aspecto, Wordsworth distinguió el primer caso porque el tribunal pudo examinar las pretensiones filipinas bajo la hipótesis de que China tenía soberanía sobre las formaciones disputadas, y destacó que en este caso no es posible por el reclamo argentino sobre el territorio de las Islas. Del laudo de Chagos destacó que el tribunal debe identificar el verdadero objeto de la pretensión. A su juicio, en Sea Lion ese examen revelaba que la soberanía territorial era central al litigio.

De la síntesis expuesta se concluye que la discusión central sobre la competencia del futuro tribunal arbitral, y por ende del TIDM para el dictado de medidas provisionales, radica en la respuesta que brinda la Argentina al problema del “agujero negro” graficado por Kohen: mientras esté pendiente la controversia territorial, existen obligaciones de las partes del conflicto, entre ellas, aquella de preservar la posibilidad de una solución pacífica y respetando los procesos acordados. Si bien la delegación argentina explicó que esas obligaciones surgen de la Convención, el Reino Unido se opuso a esa interpretación, y cuestionó que ese deber pueda aplicarse sin determinar quién es el Estado ribereño.

Resulta interesante agregar la forma en que ambos Estados aprovecharon la historia o el contexto para nutrir sus posiciones. En las exposiciones argentinas se destaca la poca colaboración de los británicos a buscar una solución a la controversia a lo largo de la historia, y no se deja de reflejar su postura como parte de un reflejo de los vestigios coloniales que deben ser dejados atrás. Por su parte, el Reino Unido, además de recordar el conflicto bélico iniciado por la Argentina, destacó algunas manifestaciones de las autoridades argentinas que tenían un tono de mayor intensidad discursiva y que podían llevar a una interpretación en contra de la postura argentina. Específicamente, se mencionaron declaraciones del presidente Milei en un tono despectivo hacia Naciones Unidas, y en las cuales expresa que la decisión de impedir el avance del proyecto Sea Lion sirve al objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el pleno ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. También se destacó una declaración del canciller Quirno, en la cual expresa que el reclamo por la explotación de hidrocarburos es parte de una estrategia integral en defensa de la soberanía argentina. Se agrega además que se denunciaron amenazas de integrantes del gobierno argentino a empresarios británicos involucrados en el proyecto, entre ellos Moody, CEO de Rockhopper (Boffey, 2026).

Está claro que la cuestión de la competencia es incierta y tiene sus matices, por lo que los planteos efectuados por ambas partes exigen al tribunal diferentes esfuerzos de interpretación. Por el lado argentino, con un planteo coherente, fundado en antecedentes similares, se requiere una lectura más abierta e integral del plexo normativo y los intereses en juego. En contraposición, la respuesta británica pretende una interpretación más estricta del texto convencional, objetando que se puedan extraer deberes que ella no prevé con claridad. Además, respecto a los antecedentes citados por la delegación argentina por considerar que las sutiles diferencias los hace inaplicables al caso.

Para saber qué peso tendrán los argumentos expuestos por las partes, y especular sobre el peso de las cuestiones históricas y coyunturales, hay que esperar hasta el próximo 28 de noviembre, fecha tentativa prevista por el Tribunal para publicar su resolución.

 

Juan Martín Souza
Integrante
Departamento de Derecho Internacional
IRI-UNLP

 

Referencias

Boffey Daniel (2026, 12 de noviembre). Argentina threatens UK oil firm CEO with jail over Falklands drilling. The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2026/nov/12/argentina-threatens-uk-oil-firm-ceo-with-jail-over-falklands-drilling?

Reino Unido (2026, 2 de noviembre). Cover note to the witness statements filed on behalf of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.  https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/37/2026.11.02_-_UK_Cover_note_to_witness_statements.pdf

República Argentina. (2026, 13 de octubre). Request for the prescription of provisional measures under article 290, paragraph 5, of the United Nations Convention on The Law of The Sea. https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/37/Request_Provisional_Measures_ITLOS_signed.pdf

Rothwell Donald R. (2026, 2 de noviembre) Falklands: Argentina’s new legal fight over the Sea Lion oil project. Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/falklands-argentina-s-new-legal-fight-over-the-sea-lion-oil-project?

Shrivastava, A. y Yiallourides, C. (2026, 12 de octubre). Can Argentina bring UNCLOS proceedings against the UK concerning the exploitation of hydrocarbon resources in the North Malvinas Basin? EJIL: Talk! https://www.ejiltalk.org/can-argentina-bring-unclos-proceedings-against-the-uk-concerning-the-exploitation-of-hydrocarbon-resources-in-the-north-malvinas-basin/

Tribunal Internacional del Derecho del Mar. (2026a, 20 de octubre). Order 2026/10. https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/37/C37_Order_20.10.2026-10.pdf