Ante el centenario de la creación del Estado del Gran Líbano (1 de septiembre de 1920), es pertinente reflexionar que las consecuencias de las sucesivas situaciones políticas han ido en detrimento de las cuestiones ambientales, en el que alguna vez se definió como “la Suiza de Medio Oriente”. La decadencia política produjo, cual efecto dominó, el deterioro ambiental del país mediterráneo.
La tragedia de Beirut del pasado 4 de agosto nos obliga a plantearnos si el Líbano está ante un intento de “asesinato” político, económico, social, cultural, confesional y ecológico. Este último aspecto lo analizamos desde la propuesta, aún en desarrollo por el sistema penal internacional, de “ecocidio”; lo que, a su vez, nos lleva a considerar este fenómeno en su conjunto como un posible “libanicidio”.
El Líbano tiene una larga historia de invasiones, conquistas, ocupaciones y cambios en el centro neurálgico del poder que lo controló y, aun cuando consiguió algún tipo de autonomía o independencia, la constante presencia de factores externos fue una variable fundamental de su realidad política, social, económica e, incluso, confesional.
Estas interferencias foráneas determinaron la manera en la que sus recursos naturales, económicos y estratégicos fueron administrados, sin considerar los eventuales efectos destructivos sobre su naturaleza, la sustentabilidad y el equilibrio ecológico.
No solo los extranjeros desestimaron los efectos destructivos de la explotación desmedida; la pasividad, ignorancia o complicidad local también tuvo una significativa responsabilidad en el deterioro progresivo de su medio ambiente. Desde sus pobladores originales, los fenicios, la dilapidación de bosques de cedros, deformación de montañas para la extracción de minerales y la explotación descontrolada de los recursos marítimos ha sido una constante que se ha mantenido vigente hasta la actualidad.
Nada supera el nocivo efecto de las políticas estatales (o la ausencia de las mismas) desde la creación del Estado Libanés moderno hace 100 años, cuando el país se organizó basado en un sistema liberal en lo económico y confesional en lo político. Dichas bases determinaronque las cuestiones referidas a la preservación de la riqueza natural del país fueran temas siempre relegados a la protección de los intereses de cada minoría confesional, o bien a los intereses de la burguesía mercantil que mantiene el sistema y que está directa o indirectamente vinculada con la clase política gobernante.
Durante la guerra en el Líbano (1975-1990), determinada por sus variables externas[1], el país fue, literalmente, dividido en diferentes sectores controlados por ejércitos extranjeros (Siria, OLP, Israel) o milicias locales armadas que se repartieron la diminuta geografía del país.
Este es el periodo de mayor descuido del medio ambiente, ya que los actores dominantes se adjudicaron los “derechos” que le correspondían al Estado sin hacerse cargo de las obligaciones pertinentes. La administración de los residuos desaparece, el descontrol en los permisos de construcción ilegales se generaliza, el cuidado de los recursos naturales es desatendido, y la imprescindible educación de la población para mantener las condiciones mínimas ambientales y el respeto al bien público, se ausentan totalmente de la sociedad.
En aquellos años, tanto los libaneses como los refugiados palestinos y trabajadores sirios (que entre ambos constituían el 30 % de la población) construyeron sin permisos o con licencias apócrifas avaladas por una milicia de acuerdo al sector geográfico que correspondiera, convirtiendo valles en basurales, permitiendo la pesca con dinamita e “importando” residuos tóxicos de Europa para ser enterrados en la montañas o sumergidos en el mar.
Terminado el conflicto bélico, éste continuó por la vía política en la que los antiguos jefes de milicia se convirtieron en ministros y siguieron controlando las distintas áreas de gobierno para beneficio propio o el de su partido,alimentando el clientelismo político y fortificando un sistema de corrupción estructurado con connotaciones sectarias.
El Líbano de la posguerra fue arbitrado por Siria hasta su retiro forzoso en 2005 tras las masivas manifestaciones en Beirut y la presión internacional. Este sistema, legalizado por medio del Acuerdo de Taif de 1989, que tiene rango de reforma constitucional,impone la necesidad de un árbitro o fuerza superior que contenga y ordene el sistema libanés. Esa fuerza arbitral es, a partir de 2005, Hezbollah; la única milicia a la que los ocupantes sirios permitieron mantener sus armas, con el pretexto de que estas eran usadas para combatir al enemigo israelí.
Los últimos 30 años han sido de descontrol de la basura, contaminación de acuíferos, del sistema hídrico y el mar, de superpoblación y hacinamiento, de construcciones ilegales fuera de todo criterio urbanístico, del descuido de la fauna y flora, los incendios y la desprotección de bosques y reservas naturales con la excepción de emprendimientos privados o de ONGs que asumieron un rol protagónico y central en este ámbito.
Vale recordar que la República del Líbano aún guarda memoria sobre la catástrofe medioambiental de 2006, cuando Israel, en respuesta a un ataque de Hezbollah, destruyó entre un centenar de objetivos civiles, la central eléctrica de Jiyeh al sur de Beirut, constituyéndose en la mayor agresión medioambiental en su historia, registrada al momento. En dicha oportunidad, se originaron grandes incendios y el vertido de entre 10.000 y 15.000 toneladas de petróleo en el Mar Mediterráneo en dirección Norte y hacia el litoral. Los daños más significativos se produjeron en la costa entre Jiyeh y Beirut, expandiéndose progresivamente hacia Biblos, Trípoli y, finalmente, Tartus (Siria).
El vertido, además de su considerable impacto económico, afectó a la Reserva Natural de Palm Islands, sitios de patrimonio histórico y cultural como Biblos, y también la flora y fauna costeras y marinas. Muchos de los sitios bombardeados, las fábricas quemadas y los complejos industriales resultaron contaminados con una variedad de tóxicos y sustancias dañinas para la salud.
Al respecto, entre 2006 y 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado resoluciones relativas a la marea negra en la costa libanesa, solicitando que el Gobierno de Israel pague las indemnizaciones correspondientes por este desastre ecológico que afectó la costa libanesa y parte de la siria (Elias, 2016).
El Estado libanés, cercado por la ineficacia administrativa, los abusos políticos y excesos financieros combinados con una incongruente política fiscal, corrupción generalizada y clientelismo sistémico, llega al colapso poco tiempo antes de la pandemia de COVID-19 que además lo hace todo más severo[2].
Sin duda, la incapacidad de quienes administraron el Estado y su descontrol, desidia y degradación moral, adquiere notoriedad internacional cuando el 4 de agosto de 2020, una catástrofe ocasionada por un incendio que luego provocó la explosión de un depósito en donde originalmente se habían almacenado 2.750 toneladas de nitrato de amonio tras un aún no esclarecido episodio relacionado con una carga de un barco de bandera moldava y que fuera descargado en circunstancias que requieren una profunda investigación.
La explosión, que tampoco se sabe con precisión si se trató del total de material acumulado o solo una parte del mismo[3], destruyó la mitad de la capital, dejando su infraestructura totalmente paralizada y a la población en shock. La incapacidad del gobierno libanés de controlar su propio puerto (bajo el dominio de Hezbollah desde 2008) y la negligencia criminal compartida entre ambos por el almacenamiento irracional y sugestivo de estos explosivos a pocos metros de zonas residenciales, muestra tanto la indiferencia social como falta de responsabilidad hacia la población y al Estado que, supuestamente, declaman proteger.
Distintas fuentes indican que el nitrato de amonio o nitrato amónico tiene diferentes usos, desde el industrial, como fertilizante, y también como explosivo: su detonación es posible en dosis medias y altas y en presencia de sustancias combustibles o fuentes intensas de calor. Es por ello que el almacenamiento del nitrato de amonio debe seguir estrictas normas para aislarlo de líquidos inflamables (gasolina, aceites, etc.), líquidos corrosivos, sólidos inflamables o sustancias que emiten calor, entre otras sustancias prohibidas, según una hoja técnica del Ministerio de Agricultura francés (El Mundo, 2020).
Lamentablemente, el nitrato de amonio ha sido protagonista de numerosas tragedias -accidentales y criminales- alrededor del globo (El Mundo, 2020), siendo reconocido como sustancia peligrosa por Naciones Unidas[4].
Así, la tragedia de Beirut invita, entre muchas otras cosas, a un replanteo sobre el traslado internacional de sustancias peligrosas.
Este es el lamentable corolario de un sistema obsoleto, sectario, carente de representatividad y represivo. Asimismo, cabe señalar que seha cometido un delito culposo dado que era prevenible en tanto los intereses de la clase política que controlaba el Estado hubieran estado alineados con los del pueblo libanés.
Ante dichas circunstancias, nos planteamos si este constituye un caso de ecocidio, consistente en «causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen» (Tribunal Internacional Monsanto, 2017).
En ocasión de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la comunidad internacional reconoció que “los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos”.
Tras la tragedia de Beirut, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió justicia y rendición de cuentas en respuesta a la explosión, enfatizando la relevancia de una investigación rápida e independiente que subraye las obligaciones internacionales de derechos humanos, aclare las responsabilidades relacionadas con la explosión, y conduzca a la justicia y la rendición de cuentas.
Dicha Oficina expresó la profunda preocupación por el nivel de irresponsabilidad e impunidad que rodea a la devastación humana y ambiental en este caso, teniendo en cuenta la profunda crisis política, económica y financiera, así como la pandemia que enfrenta Líbano.
A su vez, la ACNUDH dejó sentado que todos los habitantes del Líbano tienen derecho a recibir información sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que plantean las reservas de sustancias peligrosas. Dicha información debe estar disponible, ser accesible y funcional, de manera compatible con el principio de no discriminación.
Según informes publicados, los contaminantes liberados por la explosión están provocando una grave contaminación del aire y del medio ambiente en Beirut. Asimismo, según las recomendaciones de Naciones Unidas, los habitantes también tienen derecho a conocer los riesgos de exposición tóxica al óxido nitroso y otros contaminantes liberados al airesobre su salud. Se debe prestar especial atención a las personas mayores, las personas con discapacidad y otras que puedan estar en situaciones particularmente vulnerables y que se vean afectadas de manera desproporcionada durante las emergencias.
En función de normas establecidas por el Derecho Internacional del Medio Ambiente y los Derechos Humanos, los Estados y las empresas tienen el deber de tomar medidas para hacer frente a los riesgos que plantean las sustancias peligrosas. Ante tal grado de peligrosidad, los gobiernos deben actuar rápida e integralmente para prevenir la pérdida de vidas y las consecuencias desastrosas para la salud y el medio ambiente.
Esta explosión y sus secuelas han puesto de relieve problemas sistémicos, un déficit de buen gobierno y acusaciones de corrupción generalizada. Ello ha provocado que no se garantice la protección de los derechos de todos sin discriminación, incluidos los derechos a la vida, la libertad personal, la salud, la vivienda, la alimentación, el agua, la educación y un medio ambiente saludable (ACNUDH, 2020).
La hermosa e histórica Beirut volverá a levantarse de las cenizas, como tantas otras veces, pero con un doloroso recuerdo de afectación negativa a los derechos humanos de sus habitantes, al derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud e, incluso, a la libertad para la investigación científica internacional. Evidentemente, la violación al medio ambiente se traduce en una violación a los derechos humanos.
El Líbano, por la acción deliberada o inacción insidiosa de sus actores domésticos, sumada la constante injerencia extranjera, ha sufrido la sucesiva destrucción de componentes fundamentales del Estado. La descomposición de las instituciones políticas, las frecuentes invasiones y presencia militar de sus vecinos, la sistemática desarticulación de su fibra social por medio de la incitación al sectarismo y la degradación de su clase media, la destrucción de su economía que provoca una emigración progresiva, y el daño ecológico que afecta a la sustentabilidad de la vida digna. Esta situación nos lleva a considerar la posibilidad de que estamos ante una acumulación de hechos que definimos como intento de libanicidio.
Referencias:
[1] Fue parte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también del conflicto árabe-israelí y los conflictos inter-árabes.
[2] De acuerdo a la Cruz Roja Libanesa, al 28 de agosto se reportaron 15.616 casos confirmados, 4.260 recuperados y 148 fallecidos en el Líbano.
[3] Hay investigaciones que señalan que parte del nitrato de amonio habría sido enviado a Siria para su utilización con fines militares en el conflicto de ese país.
[4] Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Reglamentación Modelo, Volumen I. 19° edición revisada, 2015.
Guillermina Elias
Integrante
Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo
IRI – UNLP
Sergio Jalil
Centro de Estudios Libaneses para América Latina (CELIBAL)
