Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 4 de octubre de 2026 y, si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, una segunda vuelta el 25 de ese mes. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, competirá por un cuarto mandato no consecutivo; Flávio Bolsonaro encabezará la representación electoral del movimiento que construyó su padre. El Tribunal Superior Electoral inhabilitó a Jair Bolsonaro por ocho años, contados desde los comicios de 2022, y esa decisión bloqueó su candidatura, aunque no desactivó al bolsonarismo como fuerza social, territorial y política.

Este artículo sostiene que las elecciones de 2026 no enfrentan dos modelos de inserción internacional incompatibles, sino dos maneras de administrar una misma base estructural. Lula encarna una estrategia de autonomía por diversificación, apoyada en los BRICS, el multilateralismo y la ampliación de socios. Flávio Bolsonaro propone, en cambio, una mayor proximidad política con Estados Unidos y con las derechas occidentales, condicionada de todos modos por la centralidad comercial de China, el peso del agronegocio y la necesidad de conservar abiertos distintos mercados.

El escenario electoral permanece competitivo. El sondeo de Nexus/BTG Pactual difundido el 3 de agosto ubicó a Lula en el 41 % y a Flávio Bolsonaro en el 37 % para la primera vuelta; en la simulación de balotaje, la distancia se redujo a 46 % contra 45 %, dentro de un margen de error de dos puntos porcentuales. El relevamiento se basó en 2.002 entrevistas realizadas entre el 31 de julio y el 2 de agosto. Dos días más tarde, una encuesta de Quaest, encargada por Genial, otorgó a Lula una ventaja más amplia: 39 % contra 30 % en primera vuelta y 44 % frente a 39 % en una eventual segunda. Ambas mediciones difieren en la magnitud de la brecha, pero coinciden en dos puntos: la consolidación de Flávio Bolsonaro como principal figura opositora y el carácter todavía abierto de la contienda.

La edad del presidente pesa sobre la campaña. Su nueva candidatura confirma que conserva la centralidad dentro del Partido de los Trabajadores, pero también expone la dificultad del oficialismo para construir una sucesión con un nivel semejante de reconocimiento público, organización territorial y representación social. Lula mantiene la capacidad de articular sectores de izquierda, sindicatos, movimientos sociales, grupos empresariales y votantes moderados. Un cuarto mandato prolongaría una trayectoria presidencial iniciada en 2003 y reafirmaría su lugar entre los dirigentes brasileños más influyentes del siglo XXI.

La elección importa más allá de las fronteras nacionales por la magnitud económica del país. En 2025 el producto interno bruto brasileño alcanzó unos 2,28 billones de dólares, con un crecimiento real del 2,3 %. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este año una expansión del 2,4 % y un PIB nominal cercano a los 2,64 billones de dólares corrientes, equivalente a alrededor del 1,9 % del producto mundial.

Brasil es la mayor economía de América Latina y el principal centro económico de América del Sur. Esa gravitación descansa en una combinación poco frecuente de territorio, población, mercado interno, recursos naturales, producción de alimentos, industria, energía, minería y capacidad diplomática. En 2025 sus exportaciones de bienes llegaron a unos 348.300 millones de dólares, el mayor registro anual de su historia. México continúa siendo el primer exportador de mercancías de América Latina, por su integración manufacturera con Estados Unidos, pero Brasil encabeza el ranking sudamericano y lo hace con una canasta más diversa: bienes agroindustriales, petróleo, minerales, manufacturas y productos semielaborados.

Sobre esa base se despliegan dos orientaciones de política exterior. El oficialismo propone sostener la diversificación de vínculos, el fortalecimiento de los BRICS, la cooperación Sur-Sur, la participación multilateral y la búsqueda de mayores márgenes de autonomía frente a las grandes potencias. Las alianzas y los posicionamientos de Flávio Bolsonaro permiten anticipar una orientación más próxima al trumpismo, a Israel y a las derechas occidentales, aunque su programa internacional carece todavía del grado de desarrollo que alcanzó la estrategia desplegada por el gobierno de Lula. El análisis de una eventual administración opositora debe formularse, por lo tanto, como una inferencia a partir de sus alianzas actuales y de los antecedentes del gobierno de Jair Bolsonaro.

La política exterior de Lula puede leerse a través del concepto de autonomía por diversificación, formulado por Tullo Vigevani y Gabriel Cepaluni. Ampliar las relaciones con China, India, Rusia, África y Medio Oriente no supone necesariamente alejarse de Estados Unidos o de Europa: la estrategia consiste en multiplicar socios, mercados e instituciones para reducir dependencias exclusivas y evitar que un solo vínculo concentre la capacidad de condicionar las decisiones brasileñas.

Esa orientación se inscribe en una tradición diplomática y teórica más amplia. Hélio Jaguaribe condicionó la autonomía periférica a dos factores: la viabilidad nacional, sustentada en las capacidades económicas, políticas y estratégicas del Estado, y la permisividad internacional, entendida como el margen de acción que ofrece la estructura mundial. Araújo Castro, por su parte, cuestionó el “congelamiento del poder mundial”, es decir, la preservación de instituciones y estructuras internacionales ordenadas según las jerarquías consolidadas después de la Segunda Guerra Mundial. En ambos enfoques la autonomía no implica aislamiento, sino participación en el sistema internacional sin subordinación automática.

En la política exterior del gobierno de Lula, los BRICS cumplen una función central como plataforma de cooperación financiera, comercial, tecnológica y diplomática entre países del Sur Global. El agrupamiento ofrece, además, un ámbito para impulsar reformas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones en las que Brasil considera insuficiente la representación de las economías emergentes.

La noción de orden mundial multiplex, formulada por Amitav Acharya, ofrece un marco para interpretar esa estrategia de diversificación. El concepto describe un sistema compuesto por múltiples centros de poder, instituciones superpuestas y coaliciones variables, dentro del cual Brasil procura ampliar su capacidad de incidencia sin quedar sujeto a un alineamiento exclusivo.

La propuesta de Lula responde a esa configuración. Su política exterior combina la relación con Estados Unidos en inversiones, tecnología, servicios e industria; con China en comercio, infraestructura, energía y financiamiento; con la Unión Europea en inversiones, acuerdos económicos y agenda ambiental; y con los BRICS en la discusión sobre la gobernanza internacional. La diversificación opera, así, como instrumento de negociación y como resguardo frente a dependencias excluyentes.

El bolsonarismo plantea una orientación distinta. Su proximidad con Donald Trump alimenta una identificación política más estrecha con Estados Unidos, Israel y los sectores conservadores occidentales. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, esa impronta se expresó en el discurso diplomático, en la confrontación con gobiernos de izquierda, en la crítica al denominado globalismo y en una valoración menor de determinados mecanismos regionales.

Esa afinidad ideológica no derivó, sin embargo, en una ruptura comercial con China: la estructura exportadora brasileña acotó el alcance de las tensiones políticas. Beijing sigue siendo un socio decisivo para el agronegocio, la minería, la energía y la infraestructura. Las alianzas de Flávio Bolsonaro sugieren, entonces, una combinación de mayor cercanía política con Washington y preservación pragmática de los vínculos económicos con China.

El agronegocio condiciona a ambas propuestas. En 2025 sus exportaciones alcanzaron 169.200 millones de dólares, equivalentes al 48,5 % de todas las ventas externas brasileñas de bienes, y dejaron un superávit de 149.070 millones. El sector aportó así una porción decisiva de las divisas del país. China absorbió cerca de un tercio de esas exportaciones y sostuvo una posición central en la demanda de soja, carnes, celulosa, azúcar y otros productos.

La expansión productiva hacia el Centro-Oeste incorporó la logística bioceánica a la agenda internacional brasileña. El denominado Corredor Bioceánico de Capricornio se perfila como una alternativa para conectar esa región con Paraguay, el norte argentino y los puertos chilenos. Mato Grosso y Mato Grosso do Sul figuran entre los principales polos agroexportadores del país, pero su localización mediterránea obliga a trasladar cargas voluminosas a través de grandes distancias hasta los puertos atlánticos.

Una lectura comparada de ambas orientaciones permite inferir que la proyección bioceánica adquiere significados políticos diferentes. Para el oficialismo se vincula con la integración sudamericana, la diversificación logística y el acercamiento comercial a Asia. Para el bolsonarismo aparece sobre todo como instrumento de competitividad exportadora, expansión del agronegocio y apertura de mercados, sin que ello suponga la misma valoración política de los mecanismos regionales.

La diferencia de énfasis no altera la continuidad estructural. Cualquiera de los dos gobiernos deberá administrar una economía en la que China ocupa una posición central, el agronegocio genera casi la mitad de las exportaciones y el Centro-Oeste gana peso productivo. Las preferencias ideológicas pueden modificar alianzas, discursos y prioridades diplomáticas; no eliminan esos condicionantes.

La internacionalización de la disputa electoral también se refleja en el deterioro de algunos vínculos diplomáticos. Tras la participación de Javier Milei en un acto de apoyo a Flávio Bolsonaro y sus posteriores descalificaciones contra Lula y contra miembros del Poder Judicial brasileño, el gobierno de Brasil dispuso el 4 de agosto que el embajador Júlio Bitelli no retomara sus funciones en Buenos Aires y dejó la misión bajo la conducción de un encargado de negocios. La medida no configura una ruptura formal de relaciones, pero rebaja el nivel de representación y expresa un marcado enfriamiento político del vínculo bilateral. La historia registra episodios más graves —las interrupciones de 1825, durante el conflicto por la Provincia Cisplatina, y de 1850, en el enfrentamiento entre el Imperio del Brasil y la Confederación Argentina gobernada por Juan Manuel de Rosas—, aunque la decisión actual puede describirse como la crisis diplomática bilateral más seria desde la recuperación democrática.

En paralelo, la administración de Donald Trump revocó la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti. El motivo inmediato fue la negativa de Brasil a otorgar visas a dos funcionarios estadounidenses y la demora en conceder el beneplácito al candidato propuesto por Washington para la embajada en Brasilia. Estados Unidos encuadró la medida en el principio de reciprocidad diplomática; el gobierno de Lula sostuvo, en cambio, que esos funcionarios pretendían intervenir en el debate sobre la confiabilidad del sistema electoral brasileño e inscribió el episodio en una serie de presiones vinculadas con los comicios de octubre. Washington no presentó oficialmente la revocación como un respaldo electoral a Flávio Bolsonaro, pero la afinidad de Trump con el espacio bolsonarista otorgó a la controversia una dimensión política que excede el desacuerdo estrictamente diplomático.

La proyección externa de la campaña ya había quedado en evidencia el 26 de mayo de 2026, cuando Trump recibió a Flávio Bolsonaro en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro abordó asuntos bilaterales, aranceles, crimen organizado y minerales críticos; otorgó visibilidad internacional a la candidatura opositora y reforzó su inserción en una red de dirigentes conservadores con capacidad de influir sobre el debate político brasileño.

En suma, las elecciones de 2026 no definirán una opción excluyente entre China y Estados Unidos ni provocarán una ruptura con los principales mercados y socios de Brasil. La competencia se concentra en la orientación política que cada candidatura asigna a esos vínculos y en el modo de administrar los condicionantes estructurales de la inserción internacional brasileña. El proyecto encabezado por Lula privilegia la autonomía por diversificación, el fortalecimiento de los BRICS y la actuación multilateral como instrumentos para ampliar la capacidad negociadora del país. La propuesta representada por Flávio Bolsonaro anticipa una mayor convergencia política con Estados Unidos y con las corrientes conservadoras occidentales, limitada de todos modos por la centralidad de China en el comercio exterior y el agronegocio. El resultado electoral determinará, entonces, menos un cambio en las relaciones económicas fundamentales que una redefinición de sus jerarquías, de los espacios institucionales priorizados y del sentido atribuido a la autonomía en la política exterior brasileña.

Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP

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