En esta edición, el anuario reúne una selección de documentos oficiales producidos por organismos nacionales, regionales y multilaterales, que constituyen fuentes primarias indispensables para el seguimiento riguroso de la política de cooperación. Finalmente, el panorama del último año busca ordenar cronológicamente los hechos más significativos, facilitando una mirada de conjunto sobre un campo de estudio en constante movimiento.

Agradecemos a quienes, con su trabajo de investigación, relevamiento y escritura, hicieron posible esta edición, y esperamos que el material aquí reunido constituya un aporte significativo para la docencia, la investigación y el debate público en torno a uno de los campos más dinámicos de las relaciones internacionales contemporáneas.

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 2025

Introducción

El año 2025 representó un punto de inflexión para la cooperación internacional al desarrollo. A diez años de la adopción de la Agenda 2030 y con apenas cinco años por delante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional enfrentó necesidades crecientes de financiación, conflictos, tensiones geopolíticas, restricciones fiscales y persistentes desigualdades.

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025 de las Naciones Unidas mostró la magnitud del desafío: sólo el 35% de las metas evaluadas se encontraba encaminado o registraba progresos moderados; el 48% avanzaba de manera insuficiente y el 18% había retrocedido respecto de 2015. Al mismo tiempo, los países de ingreso bajo y medio soportaban costos récord de servicio de la deuda y persistía una brecha anual de financiación del desarrollo cercana a los USD 4 billones.

En ese contexto, la cooperación atravesó una fuerte contracción de sus recursos tradicionales. De acuerdo con los datos preliminares publicados por la OCDE en abril de 2026, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los miembros y asociados del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) cayó un 23,1% en términos reales durante 2025, la mayor reducción anual registrada y el segundo año consecutivo de descenso. La caída alcanzó no sólo componentes volátiles, sino también programas, proyectos y cooperación técnica.

Paralelamente, 2025 concentró importantes procesos multilaterales orientados a revisar los medios de implementación: la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla, el seguimiento de la Agenda 2030 en los niveles global y regional, los primeros pasos de implementación del Pacto para el Futuro, la expansión de la agenda de cooperación digital e inteligencia artificial, COP30 en Belém y la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Doha.

El panorama del año puede leerse, por ello, a partir de una tensión central: mientras se debilitaban materialmente algunos instrumentos tradicionales de cooperación, el sistema multilateral procuraba reformular la arquitectura de financiación, ampliar las modalidades de asociación y fortalecer capacidades para sostener el desarrollo sostenible. Este Anuario analiza esa tensión y sus principales expresiones durante 2025.

La Ayuda Oficial al Desarrollo en 2025

Los países del CAD: agregados principales

La AOD de los miembros y asociados del CAD alcanzó USD 174,3 mil millones en 2025, equivalentes al 0,26% de su ingreso nacional bruto combinado. En términos reales, el volumen cayó 23,1% respecto de 2024. Tras el crecimiento extraordinario registrado entre 2019 y 2023 por la respuesta a la pandemia y a la guerra en Ucrania, la AOD disminuyó en 2024 y volvió a hacerlo con mucha mayor intensidad en 2025.

La contracción tuvo una base amplia. La AOD bilateral disminuyó 26,4%, hasta USD 126,4 mil millones, y la AOD multilateral cayó 12,7%, hasta USD 47,9 mil millones. Dentro de la cooperación bilateral, las donaciones descendieron 29,1% y los préstamos 10,3%. Las contribuciones básicas al sistema de Naciones Unidas se redujeron 27%, mientras que aumentaron los aportes al Banco Mundial y a bancos regionales de desarrollo.

Un indicador especialmente significativo fue la evolución de los recursos destinados a programas, proyectos y cooperación técnica. Excluyendo los costos de refugiados en países donantes, la ayuda humanitaria y el alivio de deuda, estos flujos cayeron 26,3%, la mayor reducción registrada para este componente. Esto permite distinguir 2025 de fluctuaciones previas explicadas en mayor medida por gastos extraordinarios o coyunturales.

Gráfico 1: Principales proveedores de AOD en 2025

Fuente: elaboración propia sobre datos preliminares de la OCDE. Valores en USD miles de millones.

Principales proveedores y esfuerzo de ayuda

Por primera vez, Alemania fue el mayor proveedor de AOD en términos absolutos, con USD 29,1 mil millones, seguida por Estados Unidos con USD 29,0 mil millones, Reino Unido con USD 17,2 mil millones, Japón con USD 16,2 mil millones y Francia con USD 14,5 mil millones. En conjunto, estos cinco proveedores explicaron el 95,7% de la reducción total observada durante el año.

El cambio más pronunciado se produjo en Estados Unidos. Su AOD cayó 56,9% en términos reales y pasó de representar el 0,23% de su INB en 2024 a alrededor del 0,09% en 2025. La revisión y terminación de una parte sustancial de los programas administrados por USAID tuvo efectos directos sobre el volumen global de la ayuda y sobre programas sectoriales y sistemas de datos en países socios.

Alemania redujo su AOD 17,4%; Reino Unido, 10,8%; Japón, 5,6%; y Francia, 10,9%. La contracción, por lo tanto, no puede atribuirse únicamente al cambio de política estadounidense, aunque éste explique la mayor parte de la caída agregada.

El esfuerzo colectivo también se redujo: la AOD representó el 0,26% del INB combinado, lejos del compromiso internacional del 0,7%. Sólo cuatro países superaron esa referencia en 2025: Noruega (1,03%), Luxemburgo (0,99%), Suecia (0,85%) y Dinamarca (0,72%).

Gráfico 2: Esfuerzo de ayuda. Mayores ratios AOD/INB en 2025

Fuente: elaboración propia sobre datos preliminares de la OCDE. La línea punteada indica el objetivo del 0,7%.

Ayuda humanitaria, países vulnerables y Ucrania

La ayuda humanitaria proporcionada por los países del CAD cayó 35,8%, hasta USD 15,5 mil millones. Los gastos contabilizados como AOD para la atención de refugiados dentro de los propios países donantes disminuyeron 22,1%, aunque continuaron representando aproximadamente el 13,2% de la AOD total.

La AOD bilateral hacia los países menos adelantados y África subsahariana también registró fuertes descensos, de 25,8% y 26,3% respectivamente. Estas tendencias son especialmente preocupantes porque se trata de países con menor capacidad para sustituir rápidamente la financiación concesional mediante recursos privados o acceso a mercados internacionales.

La AOD bilateral neta de los países del CAD destinada directamente a Ucrania cayó 38,2%, hasta USD 10,3 mil millones. Sin embargo, al incorporar los desembolsos de las instituciones de la Unión Europea, Ucrania recibió USD 44,9 mil millones, un aumento del 18,7% respecto de 2024 y el mayor volumen de AOD destinado a un único receptor en un año. El contraste muestra la importancia de distinguir entre proveedores y canales de financiación.

Doce proveedores oficiales no pertenecientes al CAD reportaron, además, USD 13,3 mil millones de AOD. Aunque estos flujos permanecen por debajo del volumen aportado por el CAD, confirman la creciente diversidad de actores del sistema de cooperación.

En suma, la cuestión central planteada por 2025 no fue sólo cuánto disminuyó la AOD, sino qué capacidad conserva este instrumento para responder a necesidades crecientes en un contexto de restricciones fiscales, prioridades geopolíticas y nuevas demandas globales.

Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular

En un escenario de contracción de la AOD, la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular (CT) mantuvieron una importancia creciente como modalidades complementarias. Durante 2025, los principales informes internacionales destacaron su capacidad para facilitar intercambios de conocimientos y capacidades, articular actores diversos y promover asociaciones más horizontales.

En Iberoamérica, el Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 2024 de la SEGIB continuó siendo la principal fuente sistematizada disponible. Sus datos corresponden al bienio 2022-2023 y, por ello, permiten identificar tendencias que llegan a 2025 sin constituir estadísticas específicas de ese año. En 2023 se registraron 914 iniciativas, frente a 833 en 2022. La CSS bilateral representó aproximadamente tres cuartas partes del total, mientras que la cooperación triangular mostró una expansión sostenida respecto de los primeros años de la serie.

La edición 2025 de Global Perspectives on Triangular Cooperation, elaborada por la OCDE y el Banco Islámico de Desarrollo, presentó a la cooperación triangular como un mecanismo capaz de combinar financiación, conocimiento, innovación y aportes en especie de distintos socios. El informe subraya que la modalidad desafía la lógica lineal donante-receptor y puede facilitar asociaciones de beneficio mutuo entre países, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado.

El crecimiento de estas modalidades plantea, a su vez, un desafío de medición. A diferencia de la AOD, no existe una única base global exhaustiva y uniforme para registrar la CSS y la CT. Sistemas como el SIDICSS iberoamericano y TOSSD han mejorado la información disponible, pero persisten dificultades para valorar contribuciones no financieras, asistencia técnica, conocimiento y aportes en especie.

La diversificación de actores y modalidades no significa que la CSS o la CT puedan sustituir a la cooperación Norte-Sur. Sus principios e instrumentos son diferentes. Su importancia en 2025 radica, más bien, en su capacidad para complementar recursos, ampliar redes de conocimiento y ofrecer formas de asociación adaptadas a un sistema de cooperación más plural.

La financiación para el desarrollo en 2025: Sevilla y el Compromiso de Sevilla

La financiación para el desarrollo ocupó un lugar central en la agenda internacional de 2025. La brecha anual de financiación de los ODS, los elevados costos de endeudamiento y la reducción de la AOD configuraron el contexto de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4), celebrada en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio.

Su principal resultado intergubernamental fue el Compromiso de Sevilla, que renovó el marco global de financiación para el desarrollo diez años después de la Agenda de Acción de Addis Abeba. El documento mantuvo las áreas tradicionales del proceso -recursos públicos nacionales, financiación privada, cooperación internacional, comercio, deuda, cuestiones sistémicas, ciencia y tecnología- y reforzó la dimensión de datos, seguimiento e implementación.

Cooperación, recursos nacionales y financiación privada

En materia de cooperación internacional, Sevilla reafirmó los compromisos de destinar el 0,7% del INB a AOD y entre el 0,15% y el 0,20% a los países menos adelantados. La reafirmación fue políticamente relevante, pero también evidenció la distancia entre los compromisos vigentes y el desempeño efectivo de 2025, cuando el esfuerzo agregado del CAD se ubicó en 0,26%.

El Compromiso reforzó además la movilización de recursos nacionales, la cooperación tributaria internacional y el fortalecimiento de capacidades fiscales. La discusión sobre financiación del desarrollo dejó así de plantearse exclusivamente como transferencia de recursos externos para incluir la capacidad de los Estados de movilizar ingresos propios y participar en la definición de reglas tributarias internacionales.

La inversión privada ocupó también un lugar destacado. Sevilla promovió instrumentos de financiación combinada, garantías, mecanismos de distribución de riesgos y una mayor capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo para movilizar capital. El desafío no consiste únicamente en aumentar los flujos privados, sino en orientarlos hacia prioridades nacionales y sectores vinculados con los ODS.

Deuda y arquitectura financiera internacional

La deuda fue uno de los temas más sensibles de la Conferencia. El Compromiso abordó prevención de crisis, reducción de costos de endeudamiento, transparencia, reestructuración e instrumentos innovadores. Entre sus desarrollos institucionales se incluyó la propuesta de una plataforma para países prestatarios, orientada a facilitar intercambio de experiencias y fortalecer su capacidad de participación en los debates internacionales sobre deuda.

La reforma de la arquitectura financiera internacional se vinculó también con el fortalecimiento de los bancos multilaterales de desarrollo y con una mayor representación de los países en desarrollo en la gobernanza económica mundial. Estas discusiones coinciden con el diagnóstico del Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2025 de la OCDE, que reclamó una arquitectura más resiliente e inclusiva capaz de movilizar recursos a la escala requerida por la Agenda 2030.

De los compromisos a la implementación

Junto con el Compromiso se lanzó la Sevilla Platform for Action, que reunió más de 130 iniciativas voluntarias vinculadas con deuda, tributación, inversión, bancos de desarrollo, salud, clima, datos y otras áreas. La Plataforma busca traducir el acuerdo político en acciones concretas, aunque su alcance dependerá de la capacidad de los actores para movilizar recursos y sostener resultados verificables.

La relevancia de Sevilla no reside, por lo tanto, en haber cerrado automáticamente la brecha de financiación, sino en haber construido un marco para intentar modificar cómo se movilizan, distribuyen y gobiernan los recursos para el desarrollo. La diferencia entre acuerdo político y financiación efectivamente disponible será una de las cuestiones centrales de su implementación.

La Agenda 2030 a diez años de su adopción

El año 2025 marcó el décimo aniversario de la Agenda 2030 y el inicio de sus últimos cinco años de implementación. El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2025 pudo evaluar 139 de las 169 metas utilizando tendencias desde 2015 hasta el último año disponible para cada indicador.

Sólo el 35% de las metas evaluadas mostraba un progreso adecuado: 18% se encontraba encaminado o había alcanzado la meta y 17% registraba avances moderados. En contraste, 31% mostraba progresos marginales, 17% se encontraba estancado y 18% había retrocedido respecto de 2015. Los promedios globales, sin embargo, conviven con avances nacionales y sectoriales importantes en educación, salud, protección social, energía y conectividad.

Gráfico 3: Progreso global de las metas de los ODS, evaluación 2025

Fuente: elaboración propia sobre Naciones Unidas, The Sustainable Development Goals Report 2025. Los porcentajes pueden no sumar 100 por redondeo.

ODS 17, financiación y medios de implementación

El ODS 17 concentra buena parte de los medios necesarios para implementar el conjunto de la Agenda: recursos nacionales, AOD, financiación adicional, sostenibilidad de la deuda, tecnología, creación de capacidades, comercio, alianzas y estadísticas. En 2023, los costos totales del servicio de la deuda de los países de ingreso bajo y medio alcanzaron USD 1,4 billones, reduciendo el espacio disponible para inversiones sociales y productivas.

La evolución de la AOD intensificó esta tensión. El informe de Naciones Unidas, elaborado antes de conocerse los datos definitivos de 2025, ya advertía que los recortes anunciados por distintos proveedores podían profundizar la caída observada en 2024. La contracción finalmente registrada confirmó que los medios de implementación se debilitaban precisamente cuando aumentaba la urgencia por acelerar los ODS.

Datos y capacidades institucionales

Uno de los aportes relevantes del informe 2025 es la consideración de los sistemas de datos y estadísticas como infraestructura esencial para el desarrollo. Desde 2016 mejoró sustancialmente la cobertura de los indicadores: en 2025 casi el 70% contaba con buena cobertura y los 234 indicadores disponían de metodologías establecidas. Persistían, sin embargo, vacíos importantes y una estructura de financiación muy concentrada y vulnerable.

La suspensión de las Demographic and Health Surveys tras la interrupción de financiación estadounidense en febrero de 2025 ilustró los riesgos de esa dependencia. Sus datos habían sido utilizados para el seguimiento global de 39 indicadores de los ODS. La reducción de recursos puede afectar, por lo tanto, no sólo políticas y programas, sino también la capacidad de conocer, medir y corregir sus resultados.

En una línea complementaria, el World Development Report 2025 del Banco Mundial puso el foco en los estándares como infraestructura institucional del desarrollo y en la necesidad de que los países construyan capacidades para adaptar, alinear y, cuando resulte posible, desarrollar estándares propios. Esta perspectiva refuerza la idea de que la cooperación no se agota en la financiación: también debe contribuir a capacidades regulatorias, técnicas y de calidad institucional.

Frente al retraso acumulado, Naciones Unidas propone concentrar los esfuerzos de 2025-2030 en seis transiciones: sistemas alimentarios, energía, transformación digital, educación, empleo y protección social, y clima y biodiversidad. Todas requieren inversión, políticas sostenidas, instituciones capaces y cooperación internacional.

Seguimiento global y regional de la Agenda 2030

El Foro Político de Alto Nivel 2025

El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) se celebró en Nueva York del 14 al 23 de julio de 2025. Examinó en profundidad los ODS 3, 5, 8, 14 y 17. La inclusión del ODS 17 resultó especialmente significativa para la cooperación internacional porque permitió colocar financiación, deuda, tecnología, capacidades, alianzas y datos dentro del debate sobre aceleración de la Agenda.

Los Exámenes Nacionales Voluntarios continuaron siendo uno de los instrumentos centrales del HLPF; 35 países presentaron sus informes en 2025. Después de una década de implementación, el desafío ya no consiste sólo en reportar avances, sino en utilizar estos ejercicios para identificar obstáculos, ajustar políticas y fortalecer la articulación entre planificación, instituciones, datos, financiación y participación.

El resultado político del Foro reafirmó la necesidad de acelerar soluciones inclusivas y basadas en evidencia. Realizado pocas semanas después de Sevilla, el HLPF reforzó la idea de que el retraso de los ODS no puede abordarse únicamente mediante compromisos sectoriales, sino que requiere medios de implementación suficientes.

La perspectiva de América Latina y el Caribe

La Octava Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible se celebró en Santiago de Chile entre el 31 de marzo y el 4 de abril de 2025. El Foro funcionó como un puente entre el seguimiento regional de los ODS y los principales procesos multilaterales del año, incluyendo Sevilla, el Pacto para el Futuro, COP30 y la Cumbre Social de Doha.

El diagnóstico regional fue especialmente preocupante. CEPAL estimó que, al ritmo observado en 2025, sólo el 23% de las metas de los ODS serían alcanzadas en 2030; 41% avanzaba en la dirección correcta pero a velocidad insuficiente, y 36% se encontraba estancado o había retrocedido respecto de 2015. La situación era todavía más exigente para el Caribe.

Entre los factores explicativos aparecieron las limitaciones de espacio fiscal y financiación, el peso de la deuda y, de manera destacada, las capacidades institucionales para gestionar transformaciones. Esta perspectiva resulta central para la cooperación internacional: además de movilizar recursos, es necesario fortalecer capacidades públicas de planificación, coordinación, ejecución, anticipación y evaluación.

El Foro también volvió a plantear las limitaciones de clasificar las necesidades de desarrollo principalmente por ingreso per cápita. Para una región integrada mayoritariamente por países de ingreso medio, las vulnerabilidades estructurales, climáticas, fiscales e institucionales pueden no quedar adecuadamente reflejadas por ese indicador, con consecuencias sobre el acceso a financiación concesional y cooperación técnica.

Del Pacto para el Futuro a su implementación en 2025

El Pacto para el Futuro fue adoptado durante la Cumbre del Futuro de septiembre de 2024. Durante 2025, la cuestión central pasó de su adopción a la construcción de una arquitectura de implementación. Naciones Unidas estableció un comité directivo de alto nivel y grupos de trabajo sobre aceleración de los ODS, paz y seguridad, arquitectura financiera internacional, tecnologías digitales, gobernanza de Naciones Unidas y juventud; además, la Asamblea General desarrolló diálogos específicos sobre seguimiento e implementación.

Para la cooperación internacional, una de las dimensiones más relevantes fue la articulación entre el Pacto y la reforma de la arquitectura financiera. Los debates sobre deuda, mayor representación de los países en desarrollo y capacidad de los bancos multilaterales convergieron con el proceso de FfD4. El Pacto operó así menos como un sistema paralelo que como un marco capaz de orientar procesos ya existentes.

En 2025 avanzó también el trabajo sobre medidas de progreso más allá del PIB, con la designación de un grupo de expertos de alto nivel. La discusión es especialmente pertinente para América Latina y el Caribe, donde la clasificación por ingreso per cápita ha sido cuestionada por no reflejar adecuadamente desigualdades y vulnerabilidades que inciden en el acceso a cooperación y financiación.

Otro frente de implementación fue el Pacto Digital Global. En agosto de 2025 la Asamblea General estableció un Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial y un Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Se trata de avances institucionales relevantes, aunque todavía iniciales: la creación de mecanismos no equivale por sí misma a una reducción efectiva de las brechas tecnológicas y de capacidades.

Por ello, 2025 puede caracterizarse como el primer año de construcción de la arquitectura de implementación del Pacto. La prueba decisiva será su capacidad para traducir estructuras y procesos en cambios efectivos sobre financiación, deuda, tecnología, capacidades y participación de los países en desarrollo.

Desarrollo humano, inteligencia artificial y cooperación digital

La inteligencia artificial adquirió durante 2025 una presencia creciente en los debates sobre desarrollo. El Human Development Report 2025 del PNUD, A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI, desplazó la atención desde lo que técnicamente puede hacer la IA hacia las decisiones políticas y sociales que determinarán quiénes podrán beneficiarse de ella.

La expansión tecnológica coincide con una desaceleración del progreso del desarrollo humano y con una ampliación reciente de las brechas entre países de muy alto y bajo desarrollo humano. En este contexto, la cuestión no es sólo si los países tienen acceso a Internet. En 2024, 2.600 millones de personas permanecían desconectadas, pero incluso entre quienes acceden a tecnologías digitales existen diferencias profundas de infraestructura, capacidades, datos, educación, regulación e investigación.

La cooperación digital debe, por lo tanto, avanzar desde una lógica centrada exclusivamente en conectividad hacia otra orientada al fortalecimiento de capacidades. Esto incluye formación, infraestructura digital pública, investigación, gobernanza de datos, capacidades regulatorias y posibilidades de participar en la elaboración de reglas internacionales sobre tecnologías emergentes.

El PNUD propone orientar la IA hacia una economía de complementariedad entre personas y tecnología, una innovación con propósito e inversiones en capacidades humanas. Desde la perspectiva de la cooperación, el desafío consiste en evitar que la expansión de la IA transforme las brechas digitales existentes en nuevas brechas de conocimiento, productividad y poder.

Cambio climático, cooperación internacional y COP30

La COP30 se celebró en Belém, Brasil, en noviembre de 2025. Para este Anuario, su principal relevancia reside en los vínculos entre acción climática y cooperación para el desarrollo: financiación, adaptación, pérdidas y daños, tecnología, transición justa y capacidades nacionales.

La Conferencia se desarrolló sobre la base del nuevo objetivo colectivo de financiación acordado en 2024, que estableció una meta de USD 300.000 millones anuales para países en desarrollo hacia 2035 y una hoja de ruta destinada a ampliar los flujos públicos y privados a USD 1,3 billones anuales. En Belém, la adaptación volvió a ocupar un lugar central y se adoptaron indicadores destinados a fortalecer el seguimiento del Objetivo Mundial de Adaptación.

Durante 2025 continuó también la operacionalización del Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños. Su importancia radica en reconocer necesidades que exceden la prevención y adaptación y que requieren mecanismos específicos de apoyo a países particularmente vulnerables.

COP30 reforzó asimismo la agenda de transición justa y la necesidad de combinar transformación climática con empleo, protección social, desarrollo productivo y prioridades nacionales. Para los países en desarrollo, ello requiere financiación, tecnología y capacidades, lo que conecta directamente la agenda climática con Sevilla y con el debate más amplio sobre arquitectura financiera internacional.

La principal conclusión es similar a la observada en otros ámbitos: los objetivos y mecanismos internacionales son necesarios, pero su contribución dependerá de la disponibilidad y accesibilidad efectiva de los recursos. La financiación climática debe complementar, y no simplemente desplazar, otros recursos destinados al desarrollo.

La dimensión social del desarrollo: la Cumbre de Doha

La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social se celebró en Doha del 4 al 6 de noviembre de 2025, treinta años después de la Cumbre de Copenhague. La Declaración Política de Doha renovó los compromisos internacionales en torno a tres ejes: erradicación de la pobreza, empleo pleno y productivo y trabajo decente, e inclusión social.

Desde la perspectiva de la cooperación internacional, Doha completó un recorrido desarrollado durante todo el año. Los objetivos sociales dependen de espacio fiscal, capacidades institucionales y recursos suficientes para financiar políticas públicas. La Cumbre no modificó por sí misma la arquitectura de la cooperación, pero recordó la finalidad última de las discusiones sobre financiación, tecnología, clima y capacidades: ampliar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Conclusiones

El año 2025 confirmó que la cooperación internacional para el desarrollo atraviesa un período de profunda transformación. A diez años de la Agenda 2030 y con sólo cinco años restantes para alcanzar sus objetivos, aumentaron simultáneamente las necesidades de financiación, las restricciones derivadas de la deuda, los impactos climáticos y las demandas asociadas a la transformación tecnológica. Este incremento de necesidades coincidió con una reducción muy significativa de algunos de los recursos tradicionales destinados a enfrentarlas.

La expresión más visible fue la caída de la AOD. La disminución del 23,1% en términos reales no se limitó a gastos extraordinarios, sino que alcanzó programas, proyectos, cooperación técnica y ayuda humanitaria. Estados Unidos explicó una parte decisiva de la contracción, pero los principales proveedores europeos y Japón también redujeron sus aportes. El resultado fue un esfuerzo agregado de apenas 0,26% del INB, muy alejado del compromiso del 0,7%.

La contracción obliga a reconsiderar el lugar de la AOD dentro de un sistema más diversificado, pero no justifica sustituirla por otras modalidades. La Cooperación Sur-Sur y Triangular puede ampliar conocimientos, capacidades y redes, y la inversión privada puede complementar recursos públicos, pero sus lógicas e instrumentos son diferentes. La diversificación requiere complementariedad y una clara orientación hacia prioridades de desarrollo.

Sevilla expresó con mayor claridad el intento multilateral de reformular el sistema. El Compromiso de Sevilla reunió debates sobre AOD, movilización de recursos nacionales, inversión, deuda, bancos multilaterales, arquitectura financiera, tecnología y datos. Su importancia radica menos en haber resuelto la brecha de financiación que en haber creado un marco político y operativo para intentar modificar las condiciones bajo las cuales se movilizan y gobiernan los recursos.

Esta distinción entre compromisos y resultados efectivos atraviesa todo el año. El HLPF, el Foro regional, el Pacto para el Futuro, la gobernanza de la inteligencia artificial, COP30 y Doha generaron acuerdos, mecanismos y orientaciones. Sin embargo, la capacidad de esas iniciativas para alterar trayectorias dependerá de su traducción en recursos, políticas nacionales, instituciones y resultados verificables.

El balance de la Agenda 2030 refuerza esta preocupación. Sólo el 35% de las metas evaluadas mostraba un progreso adecuado a nivel global y CEPAL estimaba que, de mantenerse el ritmo observado, apenas el 23% de las metas serían alcanzadas en América Latina y el Caribe en 2030. Aunque las métricas no son idénticas y no deben compararse de manera mecánica, ambas muestran una necesidad muy elevada de aceleración.

Una conclusión transversal es que la financiación es necesaria, pero no suficiente. La implementación depende también de capacidades estatales para planificar, coordinar, producir información, regular, ejecutar y evaluar. La fragilidad del financiamiento estadístico y la interrupción de programas de datos durante 2025 mostraron que una reducción de la cooperación puede debilitar incluso la capacidad de medir el desarrollo. Del mismo modo, la expansión de la IA evidencia que la brecha digital se desplaza progresivamente desde el acceso hacia las capacidades para utilizar, adaptar, desarrollar y gobernar tecnologías.

La agenda climática refuerza esta misma lógica. Adaptación, pérdidas y daños y transición justa requieren financiación, conocimientos, tecnología y capacidades. El desafío consiste en evitar que los nuevos objetivos climáticos compitan por recursos ya escasos con otras prioridades del desarrollo y, en cambio, promover una mayor coherencia entre financiación climática y financiación para el desarrollo.

En conjunto, 2025 muestra una paradoja: mientras se debilitaban materialmente algunos instrumentos tradicionales de cooperación, el sistema multilateral intensificaba los esfuerzos para reformar la arquitectura financiera, ampliar asociaciones y adaptar la cooperación a nuevos desafíos. No existen todavía elementos suficientes para afirmar que haya surgido una nueva arquitectura capaz de sustituir a la existente. Se trató, más bien, de un año de transición.

El desafío hacia 2030 será comprobar si esa transición puede traducirse en recursos adicionales, menor vulnerabilidad de deuda, acceso más equitativo a financiación y tecnología, capacidades nacionales más sólidas y alianzas más eficaces. La distancia entre los compromisos asumidos y los resultados alcanzados durante la primera década de la Agenda 2030 indica que la cuestión decisiva ya no es sólo qué objetivos acuerda la comunidad internacional, sino con qué medios y capacidades está dispuesta a implementarlos.

Javier Surasky
Coordinador

Referencias

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