Panorama regional
Analizando un nuevo informe de la CEPAL denominado “Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de 2025” publicado en marzo de 2026, el cual da cuenta de la situación demográfica, educativa, sanitaria y económica, entre otras cuestiones de la región, nos muestra un crecimiento de la población de carácter moderado y un envejecimiento progresivo, donde el 13.8% posee entre 0-14 años y el 6.7% tiene 65 años o más (pág. 30). Por otra parte y en relación a la alfabetización de la población, la región presenta altas tasas (95%) y se han evidenciado mejoras en la cobertura educativa. En relación a la esperanza de vida y los indicadores de salud ambos han mejorado, sin perjuicio de lo cual persisten disparidades por países, regiones y subregiones (pág. 24).
En relación a la pobreza y la desigualdad, el informe manifiesta que la primera ha disminuido en la región en términos generales, sin embargo la desigualdad sigue siendo alta y significativa, destacando que la pobreza extrema afecta mayoritariamente a las mujeres de las zonas rurales (pág. 108).
En relación a la economía de la región, el PIB experimentó un crecimiento promedio del 2.3% en 2024, con variaciones importantes entre países y subregiones, ubicándose en primer lugar el sector de los servicios, seguido por la industria manufacturera y la agricultura (pág, 21). Por otra parte, el comercio intrarregional representa una parte significativa de las exportaciones e importaciones, aunque la región sigue dependiendo de la exportación de productos primarios (pág. 54).
Sin embargo, la persistencia de diferencias ideológicas entre los gobiernos y la fragmentación de los mecanismos de concertación regional continuaron dificultando la construcción de posiciones comunes y estrategias coordinadas. Uno de los principales desafíos de América Latina y el Caribe continúa siendo, por ello, transformar sus importantes activos económicos, ambientales y geopolíticos en una verdadera capacidad de agencia internacional y en estrategias de desarrollo sostenible, inclusivo y con mayor autonomía.[1]
En el plano internacional, América Latina y el Caribe se desenvolvieron en un contexto de creciente fragmentación geopolítica y geoeconómica. La competencia entre Estados Unidos y China, las tensiones comerciales, la reorganización de las cadenas globales de valor y las dificultades del multilateralismo generaron simultáneamente riesgos y oportunidades para la región. En este escenario, los recursos naturales estratégicos latinoamericanos —minerales críticos, alimentos, biodiversidad y fuentes de energía— adquirieron una renovada importancia geopolítica.[2]
Cabe asimismo agregar a la fragmentación internacional y regional, una creciente polarización ideológica, el debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones y una mayor fragmentación de los sistemas políticos nacionales. En distintos países se profundizaron las tensiones entre los poderes del Estado, la conflictividad social y los cuestionamientos acerca de la capacidad de las democracias para responder a problemas estructurales como la corrupción, la desigualdad y la inseguridad.[3]
En el plano social, si bien algunos indicadores mostraron mejoras respecto de los años posteriores a la pandemia, persisten profundas desigualdades estructurales, brechas territoriales, educativas, laborales y de género, así como limitaciones para fortalecer la cohesión social y la movilidad social. Estas condiciones continuaron afectando la capacidad de los Estados para avanzar hacia modelos de desarrollo más inclusivos y sostenibles.[4]
En suma, América Latina y el Caribe muestran avances en indicadores sociales y económicos, pero enfrentan retos estructurales en desigualdad, sostenibilidad y adaptación al cambio climático.
Asimismo en el informe denominado “Rupturas y Oportunidades; Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, elaborado por la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe de la CEPAL, da cuenta que el orden mundial se encuentra atravesando un proceso de rupturas y no de simples tendencias, circunstancia que desde este Departamento de América Latina y el Caribe del IRI, hemos analizado a lo largo de estos años, especialmente desde 2008 (inicio de la crisis de los países desarrollados) la la fecha. Entre las rupturas del orden internacional el informe menciona: 1) la reconfiguración de la globalización, donde la interdependencia económica pasó de verse como beneficio mutuo a percibirse como riesgo de seguridad 2) la crisis del multilateralismo, donde se estructuran alianzas selectivas, 3) Hegemonía de EE UU en crisis y tensión de las relaciones internacionales entre este país y China especialmente, pero también con Europa y Medio Oriente, 4) Retrocesos de los valores clásicos de la democracia y polarización política, 5) Desinformación e irrupción de la IA, 6) Ausencia de consenso en lo relativo al cambio climático, entre otras cuestiones (pp. 33–34).
A partir del escenario que se describe, el informe plantea cuatro posibles opciones futuras: a) la reconfiguración multipolar estable, b) la fragmentación en esferas de influencia, c) el desacoplamiento extremo/polarización sistémica y, d) el resurgimiento del multilateralismo liderado por potencias medianas (pp. 34–35), escenario en el cual América Latina y el Caribe podría postularse como un actor relevante.
Para que la región pueda afianzarse en este escenario, complejo e incierto, el informe plantea algunas líneas de acción, entre las que se destacan en el Capítulo IV las vinculadas a la “Gobernanza e instituciones” donde expresa la necesidad de fortalecer el rol del Estado (todo lo contrario a lo que están proponiendo varios países de nuestra región), la construcción de consensos mínimos en contextos complejos y polarizados. En el Capítulo V menciona la “Capacidad de Agencia Internacional”, donde propone estrategias en tres ámbitos, la seguridad, la economía y los valores, recomendando evitar lineamientos rígidos en el marco del escenario planteado entre China y EE UU.
En conclusión el informe plantea el escenario internacional actual como una limitada “ventana de oportunidad” para la región, que puede ser desperdiciada, una vez más ante la falta de construcción de políticas consensuadas al interior y al exterior de los países latinoamericanos. Si continuamos siendo solo espectadores de los sucesos y no accionamos en conjunto en virtud de nuestros propios intereses comunes, continuaremos padeciendo las condiciones impuestas por terceros, en lugar de convertir los activos regionales en la base de una nueva estrategia de desarrollo. Para que ello sea posible, es necesario construir consenso en las diferencias.
Procesos electorales en América Latina y el Caribe
En el periodo que se informa (junio de 2025 a junio de 2026), América Latina y el Caribe atravesó un ciclo electoral muy intenso que consolidó un giro político hacia la derecha en la mayoría de los países que fueron a las urnas. Los fundamentos de dicha realidad se explica no solo por la finalización de los periodos constitucionales, sino también por varias crisis institucionales y políticas acaecidas en algunos países de la región como en Perú, y en otros casos por el agravamiento extremo de los casos de violencia en Haití.
Asimismo, esta situación en la región se vio agravada por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela en enero de 2026, que culminó con la captura y expulsión de Nicolás Maduro, tras más de una década de chavismo-madurismo en el poder, iniciando una nueva etapa, marcada por la continuidad y cambios, de la mano de Delcy Rodriguez como presidenta de Venezuela. Estados Unidos, de la mano del presidente Donald Trump, ha incrementado de manera sostenible y ostensible una creciente influencia sobre los procesos electorales y las políticas económicas de la región, así como tensiones comerciales y diplomáticas que redefinieron buena parte de la agenda hemisférica.
Entre los procesos electorales que se destacan en este período podemos mencionar:
Bolivia: Se llevaron a cabo elecciones presidenciales, de primera vuelta, el 17 de agosto de 2025, y el 19 de octubre tuvo lugar el balotaje, donde Rodriguez Paz del Partido Demócrata Cristiano, venció a Jorge Quiroga y puso fin a casi dos décadas de predominio del Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder político, Evo Morales, afronta un proceso penal por un supuesto abuso sexual. 
Honduras: Las elecciones presidenciales tuvieron lugar el 30 de noviembre de 2025 y fue particularmente controvertida por el estrecho margen entre las dos primeras fuerzas junto con las demoras en el escrutinio. Finalmente el Consejo Nacional Electoral terminó declarando ganador a Nasry Asfura (alcalde de Tegucigalpa) del gobernante Partido Nacional, con aproximadamente 40,3%, frente al 39,5% de Salvador Nasralla. 
Chile: En este país se llevaron a cabo elecciones presidenciales el 16 de noviembre, en primera vuelta y el 14 de diciembre de 2025 en el balotaje, donde José Antonio Kast obtuvo aproximadamente el 58% de los votos frente al 42% de Jeannette Jara (del partido gobernante), representando un marcado desplazamiento hacia la derecha, profundizando la crisis de los partidos tradicionales del país andino. 
Costa Rica: Se llevaron adelante las elecciones presidenciales el 1 de febrero de 2026 donde Laura Fernández ganó en primera vuelta superando holgadamente el 40% requerido. Su victoria representa la continuidad del gobierno de derecha de Rodrigo Chaves. 
Colombia. Las elecciones presidenciales en este país tuvieron lugar el 31 de mayo y 21 de junio de 2026 y han representado uno de los procesos electorales con mayor polarización de la región. El mismo arrojó como ganador a Abelardo de la Espriella quien derrotó a Iván Cepeda (del partido gobernante) en una segunda vuelta. El desarrollo de este proceso dio cuenta que en primera vuelta De la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% del izquierdista Iván Cepeda,candidato cercano al presidente saliente Gustavo Petro y en el balotaje del 21 de junio, De la Espriella se impuso por el margen más estrecho de la historia electoral colombiana (inferior al 1%). De la Espriella asumió el 31 de julio de 2026 en una ceremonia celebrada en Cali, y no en Bogotá, prometiendo “mano dura” contra las guerrillas y el fin de las negociaciones de paz impulsadas por Petro.
Perú. Como es sabido, Perú es uno de los países con mayor inestabilidad política de la región. Los antecedentes inmediatos de las últimas elecciones datan del 10 de octubre de 2025, tras un atentado armado contra un grupo musical en Lima y en medio de una ola de criminalidad e inseguridad, el Congreso destituyó por unanimidad (122 votos) a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, asumiendo en su lugar el entonces presidente del Congreso, José Jerí. Sin embargo, el propio Jerí fue censurado apenas cuatro meses después, tras conocerse reuniones no reveladas con un empresario chino, siendo reemplazado por José María Balcázar (del partido Perú Libre). En ese marco se llevaron a cabo las elecciones presidenciales el 12 de abril y del 7 de junio de 2026 donde Keiko Fujimori derrotó a Roberto Sánchez por un escaso margen que definió el Jurado Nacional de Elecciones. 
En todos los casos se percibe un cambio en la región donde prevalece un traslado del signo ideológico prioritariamente hacia la centro derecha o derecha conservadora, aunque con algunas diferencias entre los mismos.
La situación de Venezuela
El episodio más impactante del período fue la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. En la madrugada del 3 de enero de 2026, tras meses de despliegue naval en el Caribe bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, fuerzas estadounidenses atacaron múltiples objetivos en Caracas y otros estados venezolanos (La Guaira, Miranda y Aragua). Horas después, el presidente Donald Trump anunció en su red social que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y trasladados a Estados Unidos para ser juzgados.
La operación militar, más allá de carecer de la autorización del Congreso de los EE UU, ha sido una clara violación del Derecho Internacional en los principios fundamentales del mismo. La prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza así como la prohibición de intervenir en los asuntos de jurisdicción doméstica de los Estados, han sido vulnerados de manera ostensible, lo que generó fuertes cuestionamientos a nivel regional e internacional.
El 12 de marzo de 2026, el Departamento de Estado notificó a la justicia estadounidense el reconocimiento de Rodríguez como jefa de Estado, tras el anuncio de normalización de las relaciones diplomáticas del 5 de marzo. Se trató de un reconocimiento por parte de Washington, cuyo alcance debe distinguirse de una legitimación democrática derivada de elecciones.
Este hecho constituyó un punto de inflexión en la política hemisférica, reactivando debates sobre la soberanía regional y el papel de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Las reacciones pusieron de manifiesto profundas diferencias entre los gobiernos de la región: mientras Javier Milei (Argentina) y Daniel Noboa (Ecuador) respaldaron la acción estadounidense, los gobiernos de Brasil, México, Colombia y Chile la rechazaron. Estas posiciones divergentes evidenciaron las dificultades para articular una respuesta regional común frente a la crisis venezolana.
Por otra parte, el gobierno de Maduro llegaba a este episodio atravesado por una grave crisis de legitimidad y por denuncias documentadas de violaciones de los derechos humanos. El Centro Carter había concluido que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral y no podían considerarse democráticas.[5] Durante 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a advertir sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vulneraciones del debido proceso y denuncias de tortura.[6] Estos antecedentes permiten comprender los cuestionamientos al gobierno venezolano, sin que ello constituya una justificación jurídica de la intervención militar extranjera.
Con la salida de Maduro del poder, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez inició un proceso de excarcelación de presos políticos, aunque sin alcanzar a la totalidad de las personas detenidas por estos motivos y realizó algunas modificaciones en ese sentido.
Sin perjuicio de ello, la responsabilidad del estado Venezolano así como la de los miembros que los componen o han compuesto, aún está pendiente de concretarse, siendo la reparación a las víctimas no solo una deuda del Estado venezolano, sino también de toda la comunidad latinoamericana e internacional.
Procesos de Integración en América Latina y el Caribe
El período que se informa estuvo marcado por dos fuerzas contrapuestas: por un lado, avances concretos en la institucionalidad y en los acuerdos comerciales de los principales bloques como el MERCOSUR con la Unión Europea; por otro, una fractura política profunda derivada de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, que terminó incidiendo directamente en los procesos de integración la cohesión hacia el interior de los mismos.
El hecho más disruptivo del período y tal como se mencionara con anterioridad fue la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, tras meses de despliegue militar en el Caribe, bajo el argumento de la lucha antinarcóticos. Este episodio ha reconfigurado el mapa político regional, dividió a CARICOM entre países alineados con Washington (Trinidad y Tobago, Guyana) y otros más cautelosos, y puso a prueba el principio de no intervención que sostienen CELAC y la mayoría de los mecanismos de integración latinoamericanos.
MERCOSUR
Cumbres y presidencias pro tempore – 20 de diciembre de 2025: 67ª Cumbre de Presidentes en Foz de Iguazú (Brasil). En esta oportunidad Brasil traspasó la presidencia pro tempore a Paraguay para el primer semestre de 2026. La declaración final (41 puntos) reafirmó el respaldo de los cuatro socios a la adhesión plena de Bolivia y el interés en revisar el arancel externo común. – Junio de 2026: 68ª Cumbre en Luque, bajo presidencia de Paraguay, con el traspaso posterior a Uruguay. Se celebraron los 35 años del Tratado de Asunción y se anunció el inicio formal de negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón.
Adhesión de Bolivia: Bolivia avanzó en su proceso de incorporación plena, iniciando en 2026 la armonización de cerca de 500 leyes nacionales exigidas por el bloque, con plazo hasta 2028. Persisten, no obstante, ambigüedades sobre su estatus formal (Estado Parte vs. “asociado”), como evidenció una controversia jurídica en febrero de 2026 tras declaraciones del presidente paraguayo Santiago Peña.
Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea. Fue el hito comercial más relevante del período: – 9 de enero de 2026: el Consejo Europeo dio “luz verde” a la firma (21 votos a favor, 5 en contra —Francia, Polonia, Austria, Irlanda, Hungría— y una abstención de Bélgica), produciéndose a los pocos días la firma formal del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio en Asunción, con la presencia de Ursula von der Leyen. El pacto crea un mercado de 700 millones de habitantes y un PIB conjunto equivalente a un cuarto del PIB mundial, cerrando 25 años de negociaciones.
CELAC
Durante el período junio de 2025–junio de 2026, la CELAC continuó desempeñando un papel de concertación política regional. Tras la IX Cumbre celebrada en Tegucigalpa en abril de 2025, la agenda posterior puso énfasis en la defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, el respeto de la soberanía, la no injerencia y el fortalecimiento del multilateralismo. Sin perjuicio de ello la CELAC mostró, las dificultades para traducir la concertación política en posiciones regionales plenamente convergentes frente a las crecientes tensiones geopolíticas y a las crisis internas de diversos Estados de la región.[7] El punto fuerte del proceso en este período ha sido el impulso al Foro China-CELAC donde se pone de manifiesto la importancia que el país asiático implica para nuestra región -en término de inversiones, comercio y cooperación-.
Alianza del Pacífico
En el período informado, la Alianza del Pacífico mantuvo su agenda de integración económica y de facilitación del comercio, aunque con menor centralidad política regional que en sus años de mayor dinamismo. Persiste el desafío de profundizar la convergencia entre sus miembros y de compatibilizar sus objetivos con otros mecanismos de integración y con las transformaciones de la economía internacional.
Por último, queremos resaltar la participación y formación de los recursos humanos que integran este Departamento, centro de investigación y cátedras, agradeciendo la colaboración recibida por parte de los mismos. En especial a Jorgelina Senn, coordinadora general y editora del Boletín quién es asistida en esta tarea por María Paz Ojeda. Destacamos la labor de Agustina Alvarez y Julieta Duedra en la sección de documentos, María Paz Ojeda en la sección conferencias y seminarios. John Mario Pineda Ospina, Paz Ojeda y Marco de Benedictis, en la elaboración de la sección cronológica del Boletín. Sin la participación de ellos/as no hubiera sido posible llevar adelante las actividades desarrolladas y que se enunciaron en el presente capítulo.
Laura Bono y Laura Bogado Bordazar
Coordinadoras
