“La corrupción no es revolucionaria…”

Un fantasma recorre América Latina. Y no se trata de un fantasma con ideología, ya que no discrimina entre derecha o izquierda, entre progresistas y conservadores, entre populistas y moderados… ese fantasma es la corrupción. Tan acostumbrados estamos a verlo entre nosotros, que este fantasma ya no nos espanta.

Los datos nos relevan de argumentos: de acuerdo a Naciones Unidas, cada año se paga en el planeta un billón de dólares en sobornos y se fugan a través de la corrupción 2,6 billones, lo que equivale a más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

Poniendo a nuestros países en el foco, le cabe a América Latina un triste lugar en el podio de las zonas donde se percibe mayor corrupción, tan sólo por detrás del África Subsahariana y Europa del Este, con un índice promedio que lleva a Transparencia Internacional (TI) a calificar la situación en la región como “grave”.

Desagregando lo global del continente, los índices revelados por TI han colocado a Venezuela en el último lugar. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala entre los peores calificados sobre la percepción de corrupción. Otros países como Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación entre 29 y 32, (muy alejada a la mejor calificada de América, Canadá, con 82 de puntaje en transparencia y octavo lugar en el ranking mundial).

Las sospechas y procesos que giran en torno a la corrupción han implicado a presidentes que han dejado su cargo (como el caso de Luis Inacio Lula Da Silva, en Brasil, o Alejandro Toledo en Perú), o que estando en ejercicio, se han visto forzados a dimitir (como el caso reciente de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú), o han condicionado inclusive a muchos que recién habían sido elegidos (tal el caso de Michelle Bachelet, en Chile). La ola expansiva del caso Odebrecht, que le ha costado un enorme descrédito a la casi totalidad de la clase política en Brasil, ha tenido ramificaciones en toda la región, teniendo en cuenta que la empresa era la principal en su rubro y que se sospecha que se ha pagado coimas en cerca de 12 países donde la misma tenía actividad.

La corrupción, no sólo es un obstáculo al crecimiento sostenible e inclusivo (presentándose como un daño potencial y futuro) sino que se presenta con una gravedad actual y tangible para nuestros países: según Global Financial Integrity (GFI-Integridad Financiera Global), le cuesta a América Latina unos 150.000 millones de dólares al año (un equivalente al 3% del PBI de la región). Entre los costos directos podemos mencionar un menor suministro de bienes públicos (lo cual perjudica desproporcionadamente a los pobres), la distribución deficiente de talento y capital debido a incentivos distorsionados, niveles más altos de desconfianza en la sociedad y menor legitimidad del gobierno, mayor incertidumbre económica y menor inversión privada y extranjera.

Consideramos oportuno traer a colación que se ha dicho que el problema de América Latina es la corrupción, y también se ha señalado acertadamente TI que en muchos países la gente se va a dormir con hambre debido a que hay corrupción.

Más allá de preguntarse quiénes se benefician con ésta, las “cruzadas” contra la corrupción le han costado su cargo a muchos dirigentes elegidos por el voto popular, o el futuro político a otros, cabría preguntarse cómo es que nuestras sociedades dejaron que el problema creciera y se multiplicara. Y más allá de las responsabilidades que le competen a los dirigentes, la ciudadanía tiene que hacerse cargo de su parte. En nuestro país, sin ir más lejos, de un espacio político y del otro hay acusaciones cruzadas de serios actos de corrupción, siendo las denuncias descalificadas por su “oportunismo” político, sin detenerse a evaluar que el real enemigo es la corrupción. El combate a la corrupción no se hace solamente a través de las agencias especializadas, y no es algo que la ciudadanía puede castigar tan sólo cada dos años, al momento de votar. El combate a la corrupción se hace a diario, por los ciudadanos de a pie, cumpliendo con las obligaciones que nos competen a todos y denunciando toda infracción. Una vez que la ciudadanía se muestre como refractaria a la corrupción, la clase política no tendrá más opción que la de ser transparente. No olvidemos que, después de todo, ellos son el resultado de nuestra sociedad y, como tales, representantes de la misma.

Juan Alberto Rial
Secretario