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Sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos

El pasado 5 de abril se votó en el undécimo periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General (en adelante AGNU o Asamblea) la suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos solicitada por los representantes de Antigua y Barbuda, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Georgia, Japón, Liberia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Moldova, Ucrania y el Jefe de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, con un resultado favorable a la suspensión por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, teniendo en cuenta que se requería una mayoría de dos tercios de los miembros votantes y que las abstenciones no cuentan. Rusia era uno de los 47 Estados que conformaba de forma rotativa el Consejo de Derechos Humanos y estaba cumpliendo su segundo de los tres años que corresponden.

La Asamblea General tomó esta extraordinaria medida por segunda vez en la historia, y la primera vez en que se utilizaba contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad: el único antecedentes es del el 1° de marzo del 2011 contra Libia por haber cometido violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos como ataques indiscriminados a civiles, ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios, detención y tortura de los opositores al régimen de Trípoli. Es pertinente recordar que, según la resolución de 2006 que estableció el Consejo, la Asamblea General puede suspender a un país como miembro si comete violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

La resolución ES-11/3 expresa la grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, sobre todo por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia.

La propuesta la presentó la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, luego de conocerse las atrocidades presuntamente cometidas por el ejército ruso en Bucha, ciudad que estuvo bajo el control de las fuerzas invasoras durante algo más de un mes. La retirada de las tropas dejó tras de sí decenas cadáveres de civiles tirados en las calles y semienterrados en fosas comunes y con signos de tortura.

El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Gennady Kuzmin, pidió a los Estados miembros que rechazaran la resolución, diciendo que sentaría un precedente peligroso y un intento de Estados Unidos por mantener su posición dominante y control total para continuar con su intento de colonialismo de derechos humanos en las relaciones internacionales, además que el proyecto de resolución no tiene relación con la situación real de los derechos humanos en el terreno.

El embajador ucraniano ante Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, expresó antes de la votación que Rusia no sólo está cometiendo violaciones de los derechos humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y seguridad internacionales.

Entre los países que votaron a favor de la medida se encuentran Ucrania, los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Noruega, Australia, Uruguay, Perú, Colombia, Chile y Argentina con una mención especial por estar presidiendo el Consejo – el país fue elegido por primera vez en la sesión organizativa del 16° ciclo del Consejo de Derechos Humanos que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2021 en Ginebra y está representado en ese cargo por el embajador Federico Villegas Beltrán -.

Entre los que votaron en contra se encuentran la propia Rusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua y Siria, mientras que algunos de los que decidieron por la abstención fueron Brasil, Egipto, El Salvador, India, México, Nigeria, Pakistán y Arabia Saudí.

Luego de la adopción de la resolución, el Representante Permanente Adjunto Kuzmin declaró repentinamente que Rusia ya había decidido ese día abandonar el Consejo antes del final de su mandato y afirmó que el Consejo estaba monopolizado por un grupo de Estados que lo utilizan para sus objetivos a corto plazo.

Pero ¿Por qué se llegó a tan drástica situación? Recordemos que el 24 de febrero la Federación Rusa comenzó con la llamada “Operación militar especial” en el este de Ucrania, mientras se realizaba la segunda reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, luego del incipiente reconocimiento Ruso de las provincias de Luhansk y Donetsk como Estados Soberanos y de largos días de tensión con las tropas rusas puestas en las fronteras con su país vecino. Entre los principales justificativos de la Federación Rusa para esta intervención está la supuesta necesidad “desnazificar” a Ucrania y el presunto genocidio que afirma ha perpetrado el gobierno ucraniano hacia su población.

Debido a esto al día siguiente se volvió a reunir el Consejo de Seguridad para votar un proyecto de Resolución impulsado por Estados Unidos y Albania destinado a poner fin a la ofensiva militar rusa, deplorando la agresión por violar el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas que instaura la obligación de abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, que ordenaba el retiro de sus fuerzas militares de inmediato, completa e incondicionalmente del territorio ucraniano, y además lamentaba la decisión del 21 de febrero relacionada con el estatus de las regiones de Donetsk y Luhansk, decidiendo que Moscú debía retirar de inmediato e incondicionalmente esta decisión por violar la soberanía e integridad territorial de su país vecino, y que se cumplieran por las partes los acuerdos de Minsk. Sin embargo, este borrador fue rechazado por el veto de la Federación Rusa, aunque había recibido el apoyo de 11 miembros y la abstención de China, India y los Emiratos Árabes. Es por esta razón que luego se adoptó la Resolución 2623 con 11 votos a favor, 1 en contra (el de la Federación Rusa, que en este caso no puede hacer nada para impedirlo al ser una cuestión de procedimiento en las que no rige el poder de veto) y las mismas 3 abstenciones que en la anterior Resolución, donde se convoca una sesión especial de emergencia de la Asamblea General sobre la crisis de Ucrania para que se reuniera en las siguientes 24 horas, en la que el organismo mundial pudiera decidir si usar la fuerza armada, de ser necesario, para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales en virtud de la resolución 377A(V) de la Asamblea General.

El 26 de febrero, Ucrania inició un proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), contra la Federación de Rusia en una disputa relacionada con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y solicitó que se indicaran medidas provisionales. En ella, el país solicitante acusaba a Rusia de manipular el concepto de genocidio para justificar su agresión militar.

El 28 de febrero se reunió en una sesión especial la Asamblea, aprobando sin votación su undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia, y el 2 de marzo se aprobó la Resolución ES-11/1 “Agresión contra Ucrania”, muy similar al proyecto que fue vetado en el Consejo de Seguridad, deplorando la agresión cometida contra Ucrania en contravención del artículo 2.4 de la Carta, exigiendo el fin inmediato del uso de la fuerza, el retiro completo, incondicional y sin dilaciones de todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano, ordenando que la Federación Rusa revirtiera de inmediato y sin condiciones la decisión relativa al estatuto de determinadas zonas de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk y exhortando a las partes a que cumplan los acuerdos de Minsk entre otras cuestiones.

Por su parte, el 7 de marzo la Corte celebró una audiencia pública sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Ucrania en el caso relativo a las alegaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Ucrania c. Federación de Rusia) y el 16 del mismo mes, el tribunal emitió su providencia por una votación de 13 a 2, con el vicepresidente Kirill Gevorgian de Rusia y el juez Xue Hanqin de China en desacuerdo. La CIJ dictaminó que Rusia debe suspender de inmediato las operaciones militares en Ucrania comenzadas el 24 de febrero y debe garantizar que ninguna unidad militar o unidad armada u organizaciones irregulares que puedan actuar bajo su dirección o beneficiarse de su apoyo, o cualquiera que esté bajo su control o dirección, cometa actos tendientes a la continuación de las operaciones militares.

El 24 de marzo la AGNU adoptó la segunda resolución en el marco de sus sesiones extraordinarias sobre las “Consecuencias Humanitarias de la agresión contra Ucrania” (ES-11/2), en la que afirmaba que viendo con dolor las graves consecuencias humanitarias de las hostilidades, como el asedio y el bombardeo de ciudades densamente pobladas de Ucrania, en particular Mariúpol, y los ataques aéreos lanzados contra ellas, así como los ataques contra civiles, incluidos periodistas, y bienes de carácter civil, en particular escuelas y otros centros educativos, sistemas de agua y saneamiento, instalaciones médicas y sus medios de transporte y equipo, y el secuestro de funcionarios locales, así como los ataques contra instalaciones diplomáticas y lugares culturales, exigió el cese inmediato de las hostilidades, en particular cualquier ataque contra los civiles y los bienes de carácter civil, que se respete y proteja a todo el personal médico y humanitario dedicado exclusivamente a funciones médicas, sus medios de transporte y su equipo, así como los hospitales y los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y la infraestructura civil imprescindible para prestar servicios esenciales en el conflicto armado, a la vez que condenó todas las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y los abusos de los derechos humanos y exhortó a todas las partes en el conflicto armado a que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I, de 1977 , y a que respeten el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, incluido el principio de no devolución.

Llegando a los dos meses en conflicto la situación no parece cerca de terminar, sino que todo indica que estamos viviendo una escalada en el mismo. Como parte de la sociedad internacional es nuestro deber no considerar esta coyuntura como normal, seguir repudiándola y generar las acciones para poder revertirla, recordando las palabras de Nelson Mandela, “Derribar y destruir es muy fácil, los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz”.

 

Documentos

Resolución 2623 (2022) del Consejo de Seguridad, Convocar un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea Genera https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/271/36/PDF/N2227136.pdf?OpenElement

Resolución ES-11/3 de la Asamblea General, Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/312/51/PDF/N2231251.pdf?OpenElement

Resolución ES-11/1 de la Asamblea General, Agresión contra Ucrania https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/293/40/PDF/N2229340.pdf?OpenElement

Resolución ES-11/2 de la Asamblea General, Consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/301/71/PDF/N2230171.pdf?OpenElement

Corte Internacional de Justicia, medidas Provisionales https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-SUM-01-00-EN.pdf

Corte Internacional de Justicia, comunicado de prensa sobre la audiencia pública del 7 de marzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220307-PRE-01-00-FR.pdf

Corte Internacional de Justicia, Ucrania inicia un proceso contra la Federación Rusa y solicita a la Corte que indique medidas provisionales https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-PRE-01-00-FR.pdf


Ángela del Águila Hurtado

Coordinadora
Departamento de Derechos Humanos
IRI – UNLP