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Las elecciones legislativas de mitad de mandato:
ni referéndum ni anticipación

Valeria L. Carbone[1]

Tres meses nos separan de las elecciones legislativas en Estados Unidos. El 8 de noviembre de 2022, además de renovarse la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (34 escaños), están en juego 36 de 50 gobernaciones estaduales. Según tendencias históricas, las elecciones de mitad de mandato o medio término (midterms) parecen significar la pérdida de bancas para el partido gobernante (The American Presidency Project, 2018), muchas veces cediendo la mayoría al partido opositor.

Para darle mayor impacto a unas elecciones que, si bien relevantes debido al peso que tiene el Congreso en la política doméstica, suele atraer proporcionalmente menos votantes que las presidenciales, muchos hablan de referéndum de la gestión o del pronóstico que pueden ofrecer de cara al 2024. La mayoría de ellos no dudan en augurar una derrota para el oficialismo y simplemente se interrogan sobre las dimensiones de la misma. Hay quienes toman los índices de aprobación de la gestión encabezada por Joe Biden, que continúan en sistemático descenso ubicándose en el 38% (Gallup, Presidential Job Approval Center, 2022) como un indicio de que los demócratas tendrá una dura batalla para, al menos, mantener la mayoría relativa en ambas Cámaras y poder llevar adelante alguna agenda legislativa en los próximos dos años.

Sin embargo, los factores a considerar plantean un escenario más complejo y menos lineal que lo que la mayoría de los análisis parecen plantear. ¿Qué hay que tener en cuenta para entender el escenario electoral y el potencial resultado? A continuación, abordaremos lo que consideramos dimensiones centrales para entender lo que se encuentra en juego en noviembre y qué nos pueden sugerir sobre la disputa política entre partidos, electores y el futuro político de la nación.

Los bemoles de la economía

Luego del shock que implicó la pandemia para la economía norteamericana, que aceleró la incipiente recesión iniciada durante la segunda mitad del mandato de Donald Trump y su guerra comercial con China, las medidas de incentivo y recuperación implementadas en los primeros meses de la Administración Biden derivaron en un crecimiento anual del 6.9% (Bureau of Economic Analysis, 2022). Si bien para el primer trimestre de 2022, el PIB había caído un 1.5 % debido al creciente aumento del déficit comercial y el incremento de las importaciones por sobre las exportaciones, las estimaciones de crecimiento anual se han mantenido por sobre el 5%.

Por otro lado, hacia el mes de julio de 2022, el índice de desempleo había descendido a una de las cifras más bajas en décadas: 3.5% (Bureau of Labor Statistics, 2022). Desde 2021, la creación de empleos trimestral se mantuvo entre los 300.000 y más de 500.000 puestos de trabajo. El empleo no agrícola del sector privado recuperó por completo los puestos de trabajo perdidos en 2020, superando su nivel previo a la pandemia.

Ante este escenario, el punto de contención en torno al que gira el debate es la inflación. Si bien en el mes de julio no se registró un aumento del índice de precios al consumidor y en la primera quincena de agosto se registró una leve baja, sigue en niveles que los estadounidenses no experimentaban desde principios de la década de 1980, ubicándose por encima del 8% interanual (Rushe, US inflation falls to 8.5% in July but still close to multi-decade high, 2022).

El interrogante es cuál es el motor de la inflación. Tanto el gobierno federal como sectores progresistas han hecho foco en que grandes compañías petroleras como Exxon Mobile y Chevron han anunciado ganancias récord en el segundo trimestre del año (US $17,850 millones – cuatro veces la cifra del año pasado – y US $11,620 millones respectivamente) (Rushe, Oil company profits boom as Americans reel from high fuel prices, 2022). Dominic Rushe señala que:

Las ganancias récord se registraron después de ingresos descomunales similares en el primer trimestre [de 2022], cuando las compañías petroleras más grandes se hicieron con cerca de $100 mil millones. Los altos precios de la energía son uno de los principales factores que impulsan la mayor inflación en cuatro décadas en Estados Unidos. Los precios de la gasolina han caído levemente en las últimas semanas, pero ahora tienen un promedio de $4,25 por galón, más de $1 por galón más que hace un año. (Rushe, Oil company profits boom as Americans reel from high fuel prices, 2022)

Desde la Casa Blanca se ha sugerido que, amén del impacto de la guerra en Ucrania en los costos de la energía y alimentos, las empresas que están fomentando el alza de precios al racionar la producción y distribución. Como paliativo, el gobierno norteamericano decidió liberar millones de galones de las reservas estratégicas federales de petróleo y agregar etanol a la gasolina, con el objetivo de impulsar los precios a la baja (White House, 2022).

La Administración Biden también ha hecho hincapié en el masivo programa de obras públicas que logró aprobar en el Congreso (el Plan de Infraestructura) y cómo impulsó la creación de empleos, el crecimiento económico de sectores relacionados y la inversión pública. Asimismo, en las últimas semanas se registró un descenso en los precios de la nafta (AAA – Gas Prices, 2022) y el mercado de valores se ha recuperado(^GSPC), s.f.). Sin embargo, es el fenómeno de la inflación el que se ha convertido en el caballito de batalla de una oposición cuyo mayor logro ha sido el obstruccionismo y la restricción de derechos sociales e individuales.

La redistritación electoral

Cada diez años en Estados Unidos se realiza el censo. Ello permite conocer tanto la cantidad y características de la población, como los cambios y distribución demográfica de la última década. Y ello afecta la lógica de la representación política y electoral a nivel local, estadual y federal, especialmente la elección y conformación de la Cámara de Representantes.

En Estados Unidos no existe la lista única o «sábana» para las elecciones legislativas. Los estados se dividen en distritos electorales llamados «distritos congresionales», cuyos límites y dimensiones cambian con el tiempo. Cada «representante» se postula como candidato de un distrito particular, donde debe hacer campaña y cuyos intereses debería representar. Como la premisa es que los estados – y los distritos – tengan representaciones equilibradas según sus dimensiones poblacionales, y dado que debe mantenerse la misma cantidad de representantes a la Cámara Baja (435), cuando un censo revela que la población de un territorio ha cambiado (crecido o disminuido), la legislatura local puede redibujar o «rediseñar» el mapa de distritos para reflejar esos cambios. Pero hecha la ley, hecha la trampa.

Desde principios del siglo XIX, el oficialismo de turno apeló a una práctica conocida como gerrymandering. El gerrymandering permite la manipulación del diseño de los distritos electorales para beneficiar al partido gobernante, que es el que puede apelar a esa práctica estando en el poder. A modo de ejemplo, si gracias al censo un gobernador sabe que la mayoría de la población de un distrito tiene determinadas características y que ello se ha visto reflejado en particulares tendencias políticas en ciclos electorales anteriores, puede unificar, separar, agrandar o achicar un distrito para beneficio propio y perjuicio del adversario.


Fuente: Gerrymandering 3rd Congressional District, 1953-2013.

Esta práctica, a la que han apelado tanto demócratas como republicanos, no tiene impacto sólo en lo local. Afecta los resultados de las elecciones federales (legislativas y presidenciales), particularmente aquellas en las que la representación no se define por votos proporcionales sino por mayoría (el famoso the winner takes all). También impacta en la composición de las legislaturas estaduales encargadas de definir las leyes electorales y definir las condiciones para ejercer el disputado derecho al voto. Y esto siempre ha sido motivo de debate y controversia.

En el mes de junio, el tribunal supremo de Nueva York sentenció que la Legislatura estadual había apelado al gerrymandering para redefinir los distritos electorales del estado de manera tal de beneficiar al oficialismo demócrata, luego de que el censo derivó en la pérdida de un representante al Congreso federal. Decidió también que, en los albores de las primarias legislativas, un juez de primera instancia definiría quien se encargaría de la redistritación electoral. Si bien este es un caso entre tantos, previamente la máxima autoridad judicial del país, la Corte Suprema de Estados Unidos, sentó un controvertido precedente en lo que al gerrymandering refiere. A principios de este año, la Corte suspendió la sentencia de un tribunal inferior de Alabama que ordenaba revisar el rediseño del mapa de distritos legislativos del estado ya que el diseño definido por el partido republicano gobernante buscaba «diluir el voto de la minoría negra», tradicionalmente más identificada con los demócratas e independientes. El precedente de la Corte Suprema fue utilizado como jurisprudencia en Georgia, Pennsylvania y Carolina del Norte para desestimar cuestionamientos y desafíos a los nuevos diseños distritales que, en la mayoría de los casos, buscan quitarle poder político tanto a la oposición de turno como a los grupos minoritarios.

Sumado a los efectos electorales de la manipulación de distritos a nivel nacional, otro punto a considerar es que el cambio demográfico que reveló el Censo 2020 parece favorecer a ciertos estados sureños, que tendrán un peso clave en la definición de las presidenciales de 2024. Ello responde a que los estados que registraron crecimientos poblacionales tendrán más votos para el colegio electoral: Texas (+2), Colorado (+1), Florida (+1), Montana (+1), Carolina del Norte (+1) y Oregón (+1). En la última elección, Donald Trump ganó Texas, Florida, Montana y Carolina del Norte. Por su parte, los estados que perdieron un voto en el colegio electoral son California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y Virginia Occidental. Salvo Ohio, todos se inclinaron por Biden en la última elección.

El factor Corte Suprema

Una de las grandes victorias de la Administración Trump fue la conformación de una Corte Suprema mayoritariamente conservadora, cuyas resoluciones afectarán la vida y derechos de toda una generación. Desde entonces, uno de los anuncios más controvertidos de la Corte fue la decisión de los jueces (por 6 votos contra 3) de declarar la histórica sentencia en el caso Roe v. Wade (1973) como inconstitucional. El anuncio provocó enorme rechazo y movilizaciones de repudio en todo el país y logró que el derecho al aborto se convirtiera en un tema de peso electoral. En una encuesta de Suffolk University/USA TODAY de fines de fines de julio, el aborto se ubicó en segundo lugar luego de la economía entre los temas con mayor peso para el votante de cara al mes de noviembre (Suffolk University/USA Today, 28 july 2022).

Este fallo fue el inicio de una seguidilla de decisiones que apuntaron a restringir derechos adquiridos y atienden los intereses de sectores conservadores y ultra-religiosos. Entre ellos se contaron la decisión de la Corte de quitar a los estados el poder de limitar el derecho a adquirir o portar armas, limitar el poder de la Environmental Protection Agency para establecer regulaciones contra el cambio climático, restringir la autonomía judicial y política de las reservas indígenas, y defender las expresiones religiosas en las escuelas públicas.

Inmediatamente después del anuncio de la resolución de la Corte que alcanzaba al precedente establecido en el caso Roe y de las decisiones posteriores referidas, los demócratas comenzaron a ganar terreno en la intención de voto (Silver, 2022), lo que se tradujo en sugestivos éxitos electorales. En Kansas, por ejemplo, un 60% del electorado rechazó una iniciativa que habría habilitado a la legislatura estadual a restringir el aborto en el estado (Ballotpedia, 2022) . Y en la conservadora Minnesota, los republicanos ganaron una elección especial en el 1° Distrito por solo 4 puntos porcentuales, un distrito que Trump había ganado por 10 puntos en 2020. Esta tendencia también se observó en Nebraska, donde los republicanos ganaron una elección especial por solo 5 puntos en un distrito que Trump había ganado por 15 puntos (The New York Times, 2022).

Pero además de la Corte Suprema, los republicanos están utilizando sistemáticamente el poder de los gobiernos estaduales para avanzar una agenda regresiva y restrictiva en términos de derecho al aborto, derechos reproductivos y anticoncepción, derechos de la comunidad LGTBI y personas transgénero (entre ellos, el matrimonio entre personas del mismo sexo), y políticas educativas.

Los «enemigos internos»

Además del obstruccionismo republicano y las interminables negociaciones en comisiones del Congreso que evitaron que muchos proyectos de ley fuesen tratados en recinto, la Administración Biden debió lidiar con el accionar de ciertos senadores de su bloque que hicieron naufragar aspectos clave del plan económico conocido como Built Back Better (BBB) y de otras propuestas impulsadas por el Ejecutivo. Dos reconocidos «demócratas conservadores», el senador por el estado de Virginia Occidental Joe Manchin, y la senadora por Arizona Krysten Sinema, protagonizaron momentos en los que se comportaron más como conservadores que como demócratas. Si bien su historial indica que, en la gran mayoría de los asuntos tratados en el Senado, se alinearon con su bloque partidario, se opusieron a componentes estructurales del BBB que consideraban planes sociales, una reforma impositiva progresista y provisiones contra el cambio climático, y votaron con los republicanos para eliminar provisiones de salud relacionadas con la pandemia y mantener las reglas obstruccionistas del Senado para bloquear la legislación sobre el derecho al voto (FiveThirtyEight, 2022).

El ala progresista del partido demócrata públicamente manifestó su disgusto ante la postura y pedido de concesiones de ambos senadores. Bernie Sanders, uno de los críticos más vocales hacia sus colegas partidarios, los acusó de sabotear intencionalmente no solo la agenda del presidente, sino «lo que quiere el pueblo estadounidense, lo que la mayoría de nosotros en el Caucus Demócrata queremos. Nada de esto es nuevo. (…) Manchin representa a las personas más ricas de este país, no a las familias trabajadoras de Virginia Occidental o de Estados Unidos» (Lizza & Daniels, 2022).

Otro curioso caso es el del senador por el estado de New Jersey, Robert Menéndez. Si bien en el Senado se ha alineado en un 100% de las veces con la posición de la Administración Biden, el senador ha interferido significativamente con la política exterior estadounidense, particularmente en lo que hace a América Latina. Menéndez es presidente de la comisión de relaciones exteriores, miembro de la Comisión de Bancos y Finanzas, y referente del lobby conservador hispano en Washington D.C., además de un voto crucial en una Cámara Alta empatada en 50-50. Luego de que en 2022 el Departamento de Estado iniciara acercamientos a Venezuela y Cuba, el Senador utilizó sus influencias para que se tomaran medidas en sentido contrario. En marzo, Biden envió a Caracas a uno de sus principales asesores para la región, Juan González, para hablar con Nicolás Maduro sobre cuestiones energéticas en el contexto de la guerra Ucrania-Rusia y el aumento de los precios del petróleo (France 24, 2022), en lo que constituyó el acercamiento más significativo entre ambos gobiernos en los últimos años. Y el 16 de mayo, el Departamento de Estado anunció una serie de medidas de «flexibilización» hacia Cuba que referían a remesas, viajes y actividades consulares (U.S. Department of State, 2022). La respuesta del senador fue muy dura y de un rechazo absoluto (EFE, 2022), consiguiendo detener nuevos avances en dichas iniciativas y logrando que el gobierno estadounidense no incluyera a los presidentes de sendos países, además del de Nicaragua, entre los invitados a la Cumbre de las Américas (Carbone, 2022).

Esto no es aleatorio. Para los congresistas que deben someter a renovación su escaño, hay temas en los que votar con el presidente puede implicar un revés político en sus distritos y con sus constituyentes, si son cuestiones que puntualmente interpelan a sus bases electorales o – peor aún – afectan los intereses de contribuyentes de campaña. Dicho esto, se observa que los logros legislativos de la gestión Biden parecen ser más que los fracasos, y su efectividad – aún con leyes bastante diluidas en relación a los proyectos – ha sido mayor que la de algunos de sus predecesores. En dos años, el Congreso aprobó el paquete de ayuda COVID (1.9 billones de dólares), la American Rescue Plan Act (1.9 trillones de dólares), la Infrastructure Investment and Jobs Act (1.2 trillones), la Chips and Science Act (280 billones), y la Inflation Reduction Act (IRA), el último gran logro del oficialismo.

La Ley de Reducción de la Inflación prevé reducir el déficit fiscal a través de la implementación de un nuevo impuesto mínimo del 15% a las empresas cuyas ganancias superen los 1000 millones de dólares, un plan de subsidios a las energías renovables de 370 billones de dólares, y rebajas en medicamentos para los beneficiarios de Medicare (el seguro público de salud para mayores de 65 años). Daniel Hemel, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, observa que, si bien la ley representa una de las mayores inversiones públicas jamás vista en cuestiones de salud y cambio climático, también allana el camino para una expansión masiva de la extracción de petróleo y gas en tierras y aguas federales. Incluye un nuevo impuesto mínimo diseñado para garantizar que las grandes corporaciones paguen al menos el 15 por ciento de sus ganancias al gobierno federal, pero también colma a las corporaciones de subsidios públicos que elevarán las tasas impositivas de muchas más empresas por debajo del 15 por ciento. Es decepcionantemente modesto en sus aspiraciones, pero podría decirse que será, junto con la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la legislación más ambiciosa firmada por un presidente demócrata en más de medio siglo (Hemel, 2022).

Según estimaciones, la ley prevé la inversión de unos 430 billones de dólares en 10 años y generar ingresos por unos 740 billones, números considerables, aunque lejanos de los solicitados en el plan original de Biden (BBB) o de su versión fiscalmente más conservadora que aún así naufragó en el Senado por el voto negativo de Manchin. Otras provisiones del proyecto de ley excluidas: la expansión del Estado de bienestar con guarderías públicas, permisos por ma-paternidad y para cuidado de enfermos, y planes de ayuda, eliminados por pedido de Manchin (Seisdedos, 2022). También se le hicieron concesiones a la senadora Sinema (Jiménez, 2022), como la eliminación de imposiciones fiscales que favorecen a ejecutivos de fondos especulativos y firmas de capital riesgo.

Si bien Hemel hace un gran trabajo en destacar las «salvedades» y letra chica de la ley, además de sopesar su verdadero impacto en el largo plazo, esas son cuestiones que pocas veces alcanzan el espectro de análisis de la mayoría de los votantes. Las letras brillantes parecen indicar que a pesar de obstáculos, concesiones y billonarios ajustes presupuestarios, la agenda legislativa de Biden que aborda temas que van desde los efectos económicos de la pandemia, dilatados proyectos de obras públicas y de infraestructura (carreteras, puentes, banda ancha, transporte), inversión industrial, fomento a la ciencia, regulación de precios de medicamentos recetados, seguros de salud, cambio climático, reducción del déficit y equidad fiscal, logró salir adelante. También se aprobó un fondo de asistencia a Ucrania, e improcedentemente se sancionó una ley de control de armamento. Y lo más notable, la mayoría de estas medidas fueron aprobadas con apoyo de algunos congresistas republicanos.

Los próximos proyectos de ley que los demócratas someterían a discusión, y que podrían continuar inclinando la balanza a su favor, refieren a resguardar el matrimonio entre personas del mismo sexo (que la Corte Suprema tiene intenciones de declarar inconstitucional, según declaraciones del Juez federal Clearence Thomas (Greve, 2022)) y una reforma electoral que establezca premisas claras sobre sobre la certificación de votos electorales en elecciones presidenciales, con el objetivo de evitar otro 6 de enero, al menos, adentro del Capitolio.

La intransigencia del partido republicano

Desde lo retórico y desde las medidas que han avanzado a nivel legislativo a nivel estadual y federal, el partido republicano continúa arrinconándose a la derecha para satisfacer a una base activa, militante y ruidosa que se ha sentido interpelada por el ex presidente Trump. Ello parece estar alienando también a importantes sectores del electorado que – hasta cierto nivel – se identifican con el partido, pero han comenzado a manifestar su descontento con aspectos centrales de la plataforma republicana actual.

Recientemente, los senadores republicanos atentaron directamente contra un segmento notable de su base: los miembros retirados de las Fuerzas Armadas. A fines de julio, votaron en contra de un proyecto de ley sobre el que ya había un acuerdo previo e hicieron caer la sanción de la PACT Act (Promise to Address Comprehensive Toxics), una ley que proporcionaría acceso a la salud a veteranos expuestos a quemaduras, toxinas y heridas durante su servicio militar. Si bien días después el proyecto fue nuevamente tratado en recinto y sancionado, esto se sumó a la negativa del bloque republicano a aprobar leyes que cuentan con significativo apoyo popular, como ser el derecho al aborto a nivel federal, al acceso al uso de anticonceptivos, el cruce de fronteras estaduales para obtener atención de salud reproductiva y el matrimonio igualitario.

También se opusieron furiosamente a una medida que cuenta con indiscutible apoyo popular en todos los segmentos demográficos: mayores regulaciones para la adquisición y portación de armas (Molla, 2022) y comprobación universal de antecedentes (Sherman, 2022). En un año en el que las estadísticas indican que se han producido ya más de 400 tiroteos masivos (un promedio de casi 2 tiroteos con más de 4 víctimas fatales por día según la organización Gun Violence Archive) los republicanos de la Cámara Baja votaron en contra de prohibir las armas de asalto. Si bien el proyecto de ley logró ser aprobado en la Cámara de Representantes gracias a la no unánime mayoría demócrata y aún debía ser tratado en el contencioso Senado, esto levantó enormes críticas sobre un tema de políticas públicas de seguridad nacional que los congresistas opositores simplemente se niegan a tratar y que cuenta con un 64% de apoyo popular (80% entre los demócratas y un alto 47% entre los republicanos) (PEW Research Center, 11 julio 2022).

Terceros partidos e independientes sin representación

Un mes después de que se cumpliera el primer aniversario de la presidencia de Biden, el especialista en opinión pública y comportamiento electoral Jeffrey M. Jones notaba que «el deseo de los estadounidenses por un tercer partido ha aumentado y ahora se encuentra en un punto alto». Según su análisis, 62% de los estadounidenses afirmaban que «los partidos [mayoritarios] hacen un trabajo tan pobre en representación del pueblo estadounidense que se necesita un tercero», el índice más alto en las últimas dos décadas (Jones, 2021).

Esto se conjuga con que la visión positiva de los partidos mayoritarios disminuyó hasta ubicarse por debajo del 50% (38% entre los republicanos, 48% entre los demócratas) y se incrementó la de aquellos que se identifican como «independientes» (50%). Revirtiendo tendencias pasadas, los que bregan por la conformación de un partido independiente con posibilidades electorales no son tanto los demócratas progresistas como los republicanos anti-Trump, que sienten que su partido ha sido cooptado – sin retorno – por el Tea Party y el Trumpismo. Hacia julio de 2022, el número de los «independientes» se había moderado (41%), pero la oscilación de sus tendencias partidarias podría volver loco a un estratega político: 45% se reconoció como «de inclinaciones republicanas», 43% como «de inclinación demócrata» (Gallup, Party Affiliation, 2022).

Estos números definitivamente influyen en la lógica de la disputa electoral. La cooptación del «voto independiente» se ha convertido en uno de los ejes de las campañas electorales, muchas veces en detrimento de lo que los políticos entienden como «voto cautivo», es decir, de los electores fuertemente identificados con un determinado partido. Sin embargo, en un sistema donde el voto no es obligatorio y existen cada vez más impedimentos para ejercer el derecho electoral, la «movilización de la población a las urnas» es un problema y un desafío que alcanza, pero ampliamente supera, a las bases partidarias. Un tema puntual de la agenda política puede movilizar tanto a propios como a ajenos (como, por ejemplo, el aborto) con la misma intensidad con la que puede desalentarlos de la participación electoral, sobre todo en un momento en el que la confianza en el sistema político e institucional estadounidense es la más baja desde el escándalo Watergate (1972-1974).

Así, este ciclo electoral deberá ser analizado cómo un fenómeno en sí mismo, en el que las particularidades de las dimensiones referidas adquieren un peso particular y dónde las tendencias históricas deberán ser sometidas al rigor del análisis contextual. Ni referéndum ni anticipación, haríamos bien en no analizar sus resultados en términos absolutos pensando en 2024.

Notas

[1] Doctora en Historia, especialista en Estudios de los Estados Unidos. Docente Cátedra de Historia de los Estados Unidos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina (UBA). Miembro del Grupo de Estudios de Estados Unidos (CLACSO).

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