• La historia no se repite, pero rima:

En el año 1902, durante el gobierno del presidente venezolano Cipriano Castro, que venía azotado por las secuelas de la guerra civil y una profunda crisis financiera, la República de Venezuela decidió suspender los servicios de pago de su deuda externa que había contraído con varias potencias europeas de la época. En razón de ello, Gran Bretaña, el Imperio Alemán y el Reino de Italia, que en primer lugar habían reclamado por vía diplomática el pago inmediato de deudas contraídas por el gobierno venezolano, tomaron la decisión de bloquear y bombardear puertos y buques del país americano para coaccionar a Venezuela a efectuar los pagos.

La República Argentina, frente a la negativa de los Estados Unidos de América de intervenir de manera directa en el conflicto a favor de Venezuela – dando así la espalda a la Doctrina Monroe que venía pregonando con tanta vehemencia -, respondió a la agresión europea de forma contundente con la posición elaborada por el Canciller argentino Luís María Drago. En aquella oportunidad, el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Julio Argentino Roca expuso de manera categórica, en su carta dirigida al Embajador argentino en Washington, que:

“Entre los principios fundamentales del derecho público internacional que la humanidad ha consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados, cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales entre sí y recíprocamente acreedoras por ello las mismas consideraciones y respeto”

En este sentido, 43 años antes de la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas, el jurista argentino elaboraba la idea que en un futuro se consolidará como el Principio de la igualdad soberana de los Estados. Asimismo, y en relación con la intervención armada por potencias extranjeras, el Canciller argentino manifestó que:

“El principio que quisiera ver reconocido es el de que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea”.

Este sábado 3 de enero de 2026, 124 años después de la formulación de la Doctrina Drago, Estados Unidos, en una operación que parece salida de la más ambiciosa película de Hollywood, secuestró al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En una secuencia que implicó primero el bloqueo de los puertos venezolanos, después el embargo de sus buques petroleros y demás activos de relevancia geopolítica y, por último, el bombardeo de la Capital, las autoridades estadounidenses extrajeron al mandatario de Caracas y en una mañana lo trasladaron a Nueva York.

En este marco de un claro acto de agresión hacia un Estado soberano, que implica la declaración de guerra y una violación a los principios jurídicos internacionales consagrados en los artículos 2.1 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, el Presidente Donald Trump realiza una declaración de prensa en la Casa Blanca, frente a los impactados ojos del mundo, y manifiesta que dicha operación militar no se trató de una invasión, sino de un operativo que ejecutaron la DEA y el FBI para someter a un prófugo de la justicia estadounidense. En este sentido, las autoridades norteamericanas alegaron haber ejecutado una orden judicial que imputa al Jefe de Estado venezolano del crimen de narcotráfico. Sin embargo, no existe argumentación jurídica que pueda justificar la ejecución de una orden de detención emanada por un Juez de Nueva York, de manera extraterritorial, y por fuera de la jurisdicción y competencia de los Estados Unidos.

Como corolario de esta escena, que refleja la imposición del realismo internacional por encima de los valores del multilateralismo, Donald Trump declara que él mismo se encargará de dirigir el país caribeño hasta que tanto pueda realizarse una apropiada, segura y justa transición. En la misma conferencia de prensa, y no dejando duda alguna respecto de los intereses norteamericanos en territorio venezolano, manifiesta que:

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan millas de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera”.

De esta manera, a diferencia de Pete Hegseth (Secretario de Defensa) y Marco Rubio (Secretario de Estado), el más alto mandatario de los Estados Unidos no retrotrae la retórica que justifica la intervención hacia los años 2000, donde la democracia era el alfil que argumentaba las invasiones, sino que, en un ejercicio de brutal sinceridad y realismo, revela que el interés estadounidense es pura y exclusivamente geopolítico sobre los recursos naturales de Venezuela.

• El realismo internacional se impone: La Cumbre de Alaska Trump-Putin y la Operación “Rising Lion”

Ahora bien, actualmente el contexto global no es el mismo que reinaba en 1902 cuando Gran Bretaña, el Imperio Alemán y el Reino de Italia decidieron invadir Venezuela, los países europeos dejaron de ser potencia y se limitan únicamente a pedir “el respeto al derecho internacional y monitorear muy de cerca la situación”. Por otro lado, en vez de dar la espalda a la Doctrina Monroe como lo había hecho Theodore Roosevelt, Donald Trump declaró que el dominio de los Estados Unidos sobre el continente americano es total e incuestionable. Pero frente a este cambio del mapa de las relaciones y el derecho internacional que parece dejar sin argumentos a los defensores del institucionalismo y multilateralismo. ¿Pudo haber sido anticipado este cambio del orden global o nos tomó por sorpresa las acciones del gobierno estadounidense?

Considerando que dos eventos de política internacional ocurridos durante el 2025 tuvieron una vital importancia para la reconfiguración del mapa de las relaciones internacionales. Primero y principal, la cumbre entre los Presidentes de Estados Unidos y la Federación Rusa en Alaska el 15 de agosto de 2025, denominada “Cumbre de Alaska”. Allí Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en lo que fue el primer encuentro entre los mandatarios de ambos estados desde el inicio de la guerra Rusia-Ucrania en febrero de 2022. Con la ausencia de los Estados europeos interesados ​​en la resolución del conflicto bélico que viene amenazando al continente, y en una foto que recuerda los momentos de la guerra fría, tras 3 horas de reunión ambos mandatarios abandonaron Alaska sin anunciar ningún acuerdo ni ningún avance específico a la prensa internacional, pero con declaraciones que parecieron cambiar el escenario global, dejando ver entre líneas que un reparto de zonas de exclusión fue acordado.

En ese sentido, Vladimir Putin, saliendo del ostracismo al cual la comunidad internacional lo había condenado desde el inicio del conflicto armado, declaró que las causas que motivaron la operación bélica en Ucrania se encontraban justificadas jurídica y humanitariamente. Asimismo, el mandatario ruso elogió a su par y declaró que la incursión rusa en Ucrania a principios de 2022 no habría ocurrido si Trump hubiera estado en el cargo en ese momento, algo que el mismo Trump ha afirmado repetidamente. Frente a esto, el mandatario estadounidense no realizó cuestionamientos y acercándose al discurso del ruso con una sonrisa en su cara.

Este evento tiene vital importancia si lo vemos a la luz de los acontecimientos actuales. A su vez que el Presidente de los Estados Unidos ordena un ataque al territorio venezolano y secuestra a su mandatario, insiste en actuar como intermediario de peso para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia el cual contempla concesiones territoriales importantes por parte del país europeo, dando una clara victoria al ex agente de la KGB. Mientras tanto, la Federación Rusa emite un comunicado muy cauteloso respecto de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, solicitando una “aclaración inmediata” sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa atento que “(…)fueron expulsados ​​por la fuerza del país durante las acciones agresivas de hoy por parte de Estados Unidos”.

Asimismo, y lejos de realizar especulaciones malintencionadas, cabe destacar que el interés de la Federación Rusa en Venezuela se encuentra atado a su carácter de competidor en la exportación de commodities. Atento que Rusia se posiciona como el principal exportador de petróleo a la República Popular China y este último estaba buscando diversificar los orígenes de sus importaciones mediante grandes inversiones en la República Bolivariana de Venezuela (60 mil millones de dólares en préstamos) y a través de la importación de crudo venezolano, un colapso del sistema productivo petrolero del país caribeño y un reordenamiento de sus políticas de exportación mantendría la ventajosa situación rusa en el comercio internacional.

El otro evento que tuvo una vital incidencia en la determinación de ejecutar la operación militar de los Estados Unidos en Caracas, ocurrió el pasado 13 de junio de 2025 cuando el Estado de Israel lanzó una serie de ataques coordinados ya gran escala que tuvieron como objetivos principales diversas instalaciones y militares, infraestructuras críticas y mandos de alto rango del aparato militar iraní.

La operación “Rising lion” llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Mossad, significó el ataque a mayor escala sufrida por la República Islámica de Irán – desde la guerra Irán/Irak – y un punto de inflexión para el conflicto en Medio Oriente, atento tratarse de una respuesta directa de Israel contra un Estado soberano, en contraste con las operaciones anteriores, centradas en organizaciones no estatales. En una sola operación militar, que duró menos de dos semanas (del 13 al 24 de junio de 2025), el Estado de Israel destruyó gran parte de la estructura de defensa militar de la República Islámica de Irán, inhabilitó y truncó el desarrollo del programa nuclear iraní que venía en claro ascenso y asesinó a los altos funcionarios de las fuerzas del país persa, desarticulando así el entramado científico-militar que simbolizaba una amenaza para los intereses israelíes.

Mientras ocurría esta incursión militar que dejó al mundo atónito por la capacidad de operativa de destrucción del Estado de Israel y las nulas consecuencias sufridas por violar los principios del derecho internacional, Donald Trump se debía haber preguntado: ¿Cómo un Estado nacional más pequeño que Nueva Jersey y con 20 veces menos presupuesto de defensa puede realizar este tipo de operaciones y salir casi indemne?

Frente a este interrogante, los ejemplos de Israel con Irán y Rusia con Ucrania venían demostrando lo que EEUU siempre supo y lo que el escenario global venía decantando: Los actos coercitivos unilaterales en territorio extranjero ejercidos por potencias nucleares contra Estados no nucleares prácticamente no tienen consecuencias jurídicas (Lo que hace un tiempo vengo llamando “Ius ad bellum nucleare” , entendido como el ejercicio de la fuerza por parte de Estados nucleares o el recurso a la guerra bajo la condición nuclear del sujeto agresor, resultando, en la práctica, inaplicable el régimen jurídico que sanciona estas conductas ilegítimas).

• ¿Es el Derecho Internacional suficiente para la defensa de la Soberanía?

Previo a cualquier análisis que se realice desde la perspectiva de las relaciones internacionales o del derecho internacional público, debe dejarse en claro la siguiente declaración de principios: La remoción de un Jefe de Estado por parte de una potencia extranjera significa un claro acto de agresión que infringe los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas , entre los cuales se destacan la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, el principio de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la jurisdicción territorial y la obligación de solución pacífica de controversias.

La práctica de actos coercitivos unilaterales en territorio extranjero, sin un fundamento jurídico multilateral válido (Legítima defensa art 51 y el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas), constituye una grave violación a los principios del derecho internacional y compromete la estabilidad de las relaciones entre los Pueblos. En este sentido, la misma debe ser condenada categóricamente por aquellos Estados que se encuentran en una situación de debilidad estructural en términos militares, puesto que consentir o legitimar el accionar de los Estados Unidos en Venezuela implicaría justificar una práctica de la cual podrían ser víctimas en un futuro.

El secuestro del Jefe de Estado de Venezuela no es relevante únicamente para el pueblo venezolano que ha venido sufriendo una situación desesperante bajo un gobierno de características autoritarias, sino también para todo el resto de América Latina, puesto que dicha acción ejercida por los Estados Unidos el pasado 3 de enero y el ejercicio de la administración del país caribeño por autoridades estadounidenses significa una demolición del núcleo de la autodeterminación del pueblo venezolano y de la libertad de organización política interna, materias que permanecen protegidas por el Derecho Internacional y son de interés de todos los Estados, independientemente de juicios políticos externos sobre el gobierno venezolano en ejercicio, atento que afecta directamente a la comunidad internacional por sus efectos a largo plazo.

Aunque puedan hacerse críticas contundentes al gobierno de Venezuela — comprendiendo entre ellas las falencias en el sistema democrático, debilidades institucionales, crisis humanitarias, transgresión del Estado de Derecho, ruptura del principio de separación de poderes, falta de independencia judicial y la violación de los derechos humanos—, ninguna de estas situaciones justifica que otro Estado se arroje el derecho a otorgar un supuesto salvoconducto legal que valide acciones unilaterales en un territorio extranjero, ya sea a través de operaciones coercitivas o mediante el ejercicio de poderes de carácter. extraterritorial. No por el hecho de que estas críticas sean insuficientes, sino porque, de lo contrario, implicaría que cualquier Estado pueda arrogarse el Derecho Divino de intervenir militarmente y por la fuerza a otro Estado con la justificación legal del mal funcionamiento de la política interna. En este sentido, de no condenar esta práctica, el Derecho Internacional y los Estados que cometan este error abrirán la puerta a una era hobbesiana de las relaciones internacionales.

Esta posición no es sostenida por gobiernos socialistas o dirigentes de “izquierda” o marxista que puedan tener algún tipo de afinidad con la administración de Nicolás Maduro -actualmente de Delcy Rodríguez-, sino que también es esgrimida por los movimientos nacionalistas o de la “derecha” europea que entienden la peligrosidad de legitimar los hechos ocurridos el 3 de enero. En este sentido, Marine Le Pen, dirigente de la “Agrupación Nacional”, partido político francés asociado a la “extrema derecha”, el conservadurismo, el liberalismo económico, el nacionalismo y la antiinmigración, ha declarado lo siguiente en su red social X en razón de la intervención estadounidense en Venezuela:

Maximilien Robespierre fue uno de los principales protagonistas de la Revolución Francesa, fue el exponente del “terror revolucionario” y ejerció como método disciplinador la ejecución pública para mantener a flote el avance de las ideas de la libertad. El 27 de julio de 1794, acusado de tirano por el Comité de Salvación Pública que en algún momento supo presidir, Robespierre fue escoltado a la plaza de la Revolución – hoy plaza de la Concordia en París -, en la que más de mil personas habían sido decapitadas durante su reinado del terror, donde encontró su final, decapitado junto a sus colaboradores.

Pareciera ser, que esta lección histórica es comprendida por los dirigentes de “derecha” europeos, que distancian de tener afinidad ideológica por Nicolás Maduro y el gobierno venezolano. Entienden muy bien, a diferencia de algunos presidentes y dirigentes regionales de América del Sur, la peligrosidad de legitimar al verdugo frente a la posibilidad de correr la misma suerte que aquellos decapitados por las ideas de la libertad. Capaz, la guillotina que hoy vitorean algunos mandatarios como método disciplinador, sea la suerte que corran cuando la ideología del Comité de Salvación Pública de un giro de 180 grados.

Es por ello, que resulta vitalmente necesario condenar hoy el accionar bélico de los Estados Unidos en Venezuela, esta violación sin antecedentes en la Región sudamericana de la soberanía nacional y la intromisión en los asuntos internos del Estado no puede ser legitimada como método de resolución de las relaciones internacionales, porque implicaría consentir la ley del más fuerte y la condena de aquellos Estados que se encontrarán en una inferioridad militar.

Sin embargo, es claro que la defensa activa de los principios de Derecho Internacional no resulta suficiente para la protección de la soberanía nacional y la igualdad soberana de los Estados. Esto se verifica así cuando vemos la inacción de los organismos multilaterales frente a los hechos ocurridos, como así también frente a las declaraciones de Donald Trump sobre los intereses estadounidenses en Panamá y Groenlandia, dejando sin resguardo a aquellos Estados que no poseen las capacidades militares para defenderse de una potencia nuclearizada.

• Si cambia el orden internacional, deben cambiar las estrategias de defensa de iberoamérica:

Con los últimos capítulos de agresión militar ocurridos en Venezuela, Ucrania e Irán, es claro que la capacidad de acción e incidencia de los organismos multilaterales para sancionar aquellos Estados que violan las normativas de Derecho Internacional, han retrocedido a niveles comparables a estadíos anteriores al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, la estrategia para la defensa nacional de los Estados periféricos debe ser consecuente con los vientos de época que reinan. Un nuevo orden internacional se avecina, donde no será suficiente dar la defensa de la soberanía nacional en los escenarios multilaterales, sino que deberá ejecutarse mediante alianzas militares regionales, mejoramiento de las capacidades de defensa, coordinación de políticas preventivas y una constante vigilancia de las acciones e intereses de aquellos Estados impunes y nuclearizados.

Sin promover en modo alguno la militarización del espacio regional, me surge necesario destacar que Latinoamérica tiene una identidad jurídica única como zona de paz, la cual se basa en el compromiso con la resolución pacífica de disputas, la prohibición del uso de la fuerza y ​​el fortalecimiento de mecanismos diplomáticos y jurídicos de carácter multilateral. Ejemplos históricos como el Grupo Contadora, en el que los presidentes de Colombia, México, Venezuela y Panamá actuaron como mediadores para el establecimiento de la paz en una América Central hundida en conflictos armados que amenazaban con desestabilizar a toda la región, son muestra de que América Latina encuentra soluciones políticas a conflictos humanitarios y gobiernos autocráticos sin la necesidad de ejercer una intervención militar unilateral.

En este sentido, el antecedente del Grupo Contadora (creado una propuesta de un verdadero Premio Nobel de La Paz: Gabriel García Márquez) tiene que ser un cachetazo de autocrítica para la región iberoamericana, porque la situación dramática que viene sufriendo el pueblo hermano venezolano era claramente evitable. Considero que hubo una ventana de oportunidad para la coordinación política internacional de Estados regionales interesados, entiéndase Argentina, Brasil, Colombia y México, para obtener la resolución pacífica de la crisis humanitaria en Venezuela y llegar a la transición democrática de un gobierno cuyo proceso y legitimidad popular se encontraban claramente agotados. Capaz, y sin intentar elucubrar historia contrafáctica, una anticipación de la región nacida desde la hermandad de los Pueblos americanos hubiera evitado que una potencia hegemónica intervenga un Estado vecino y ponga en peligro la soberanía no solo de Venezuela sino también de la comunidad internacional entera.

Es por todo ese pasado que precede a nuestra identidad iberoamericana, que para preservar el legado de paz es fundamental oponerse a la normalización de acciones coercitivas en todos los ámbitos posibles, tanto espacios multilaterales como en la construcción de una defensa militar regional, ya que legitimar tales prácticas por argumentos ideológicos coyunturales debilitan el orden jurídico internacional, estableciendo precedentes peligrosos para la expansión de intervenciones discrecionales y atentan contra la convivencia pacífica de los Pueblos.

Capaz, de la misma manera que Jose María Drago levantaba la bandera de la igualdad soberana de los Estados se opuso a la invasión europea en Venezuela, hoy, 124 años después, nos toca a nosotros inspirarnos en la valentía del Canciller argentino que en un momento de incertidumbre lo movilizó a enfrentarse a las potencias de la época. El viejo orden multilateral parece llegar a un caso y se avecinan tiempos muy complejos, por eso mismo la cautela y audacia en la defensa de la soberanía nacional serán vitales para los Estados iberoamericanos, debiendo dar la batalla en todos los campos y anticipándose con una estrategia regional a los procesos políticos que se encuentren en decadencia, evitando las injerencias e intervenciones de Estados nuclearizados. Hoy más que nunca, la independencia de nuestras naciones se encuentra atada al destino iberoamericano y la inteligencia con la que dará esa batalla.

Marco Atilio Bellotti
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP

Referencia

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