La asunción de José Antonio Kast a la presidencia de Chile marca un nuevo giro en la dinámica política del país y, al mismo tiempo, refleja un cambio más amplio en el clima ideológico de América del Sur. Tras varios años de gobiernos identificados con agendas progresistas en la región, el triunfo de Kast —referente de la derecha chilena— expresa una demanda social por orden, estabilidad económica y control institucional en un contexto marcado por el desgaste político, la inseguridad y las tensiones económicas que han atravesado al país desde el estallido social de 2019. Su llegada al poder no sólo inaugura un nuevo ciclo político en Chile, sino que abre interrogantes sobre la dirección que tomará uno de los sistemas políticos más estables de América Latina frente a un entorno internacional cada vez más competitivo y fragmentado.
El programa político de Kast se estructura alrededor de tres ejes centrales: seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. En el plano interno, su gobierno buscará reforzar las capacidades del Estado para enfrentar la criminalidad y el narcotráfico, problemas que en los últimos años se han instalado con mayor intensidad en el debate público chileno. La agenda de seguridad incluye reformas en las fuerzas policiales, mayores herramientas legales para el combate al crimen organizado y un control más estricto de las fronteras, especialmente en el norte del país, donde la migración irregular se ha convertido en una de las principales preocupaciones políticas y sociales.
En el terreno económico, el nuevo gobierno intentará recuperar el dinamismo que durante décadas caracterizó a la economía chilena. Kast ha planteado una agenda orientada a incentivar la inversión privada, reducir trabas regulatorias y fortalecer sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura. Chile continúa siendo uno de los principales productores mundiales de cobre y un actor central en la cadena global del litio, minerales que se han convertido en recursos críticos para la transición energética y las tecnologías del siglo XXI. La apuesta del nuevo gobierno será consolidar esa ventaja comparativa, promoviendo nuevas inversiones y ampliando la capacidad exportadora del país.
Sin embargo, los obstáculos para esta agenda no son menores. En primer lugar, el escenario político chileno continúa profundamente fragmentado tras el proceso constitucional fallido y las tensiones derivadas de los años recientes de polarización social. Kast deberá gobernar en un contexto donde el Congreso mantiene un equilibrio delicado entre fuerzas políticas, lo que obligará al Ejecutivo a construir acuerdos legislativos para avanzar en sus reformas. A ello se suma la persistencia de demandas sociales vinculadas a pensiones, salud, educación y desigualdad, cuestiones que han marcado la agenda pública chilena durante la última década.
En segundo lugar, el nuevo gobierno enfrentará el desafío de equilibrar su agenda económica con la necesidad de mantener estabilidad social. La sociedad chilena sigue atravesada por un fuerte debate sobre el rol del Estado en la economía y el alcance de las políticas sociales, por lo que cualquier intento de reformas estructurales deberá considerar ese contexto político y cultural. Una de las preguntas centrales que se abre es en qué medida su gobierno se diferenciará de la tradición política que dominó Chile durante gran parte de la etapa democrática posterior a 1990. Los gobiernos de la Concertación —que incluyeron a presidentes como Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet— construyeron un modelo político caracterizado por el gradualismo reformista, la búsqueda de consensos amplios y una combinación de economía de mercado con políticas sociales orientadas a reducir la pobreza. Ese ciclo político priorizó la estabilidad institucional y la integración internacional del país, consolidando un modelo exportador basado en recursos naturales, apertura comercial y disciplina macroeconómica. Kast, en cambio, se presenta como un liderazgo que busca romper con ese gradualismo y con lo que considera una excesiva concesión política hacia las demandas de la izquierda. Su proyecto político enfatiza un Estado más firme en materia de seguridad, una agenda económica más orientada al crecimiento y a la inversión privada, y una narrativa ideológica más definida en torno a valores conservadores, orden institucional y defensa del modelo económico de mercado. Mientras la Concertación se caracterizó por la lógica de los acuerdos transversales y la moderación política, Kast propone un estilo de liderazgo más confrontativo frente a sectores que cuestionan el modelo económico y social chileno, lo que podría marcar una diferencia significativa en la forma de gestionar tanto la política interna como las relaciones regionales.
Más allá del plano doméstico, la política exterior de Chile bajo Kast se desarrollará en un escenario internacional caracterizado por la creciente competencia entre Estados Unidos y China por influencia económica y tecnológica. Chile mantiene una relación comercial profunda con China, que se ha convertido en su principal socio comercial y en el principal destino de sus exportaciones de cobre y otros recursos naturales. Al mismo tiempo, el país conserva vínculos históricos con Estados Unidos y con las economías occidentales, especialmente en materia de inversiones, cooperación tecnológica y seguridad estratégica. Este doble vínculo coloca a Chile en una posición delicada. La disputa entre Washington y Beijing no se limita al comercio, sino que se extiende a áreas como infraestructura digital, energía, minerales críticos y cadenas globales de suministro.
Por ello, un ejemplo que ilustra la complejidad del posicionamiento internacional de Chile es el debate en torno al proyecto de cable submarino de fibra óptica que busca conectar América del Sur con Asia a través del Pacífico. Durante los últimos años, este proyecto generó tensiones diplomáticas debido a la posible participación de empresas chinas en su desarrollo, lo que despertó preocupación en Estados Unidos por las implicancias estratégicas de la infraestructura digital. Washington ha señalado en distintas ocasiones que los cables submarinos constituyen activos críticos para la seguridad global de las comunicaciones y ha manifestado reservas frente a la expansión tecnológica de China en este ámbito.
En este contexto, el gobierno de Kast deberá administrar cuidadosamente esa relación triangular, evitando que la rivalidad entre ambas potencias se traduzca en presiones incompatibles con los intereses nacionales chilenos. La tradición diplomática del país ha sido la de mantener una política exterior pragmática y abierta al comercio internacional, lo que sugiere que el nuevo gobierno intentará preservar ese equilibrio.
En el plano regional, la llegada de Kast al poder también puede influir en las dinámicas políticas sudamericanas. Chile ha sido históricamente un actor relevante en los procesos de integración económica del Pacífico, particularmente a través de la Alianza del Pacífico, que reúne a Chile, Perú, Colombia y México en un esquema orientado al libre comercio y la inserción global. Bajo un gobierno de derecha, es probable que Santiago busque revitalizar ese espacio y reforzar su perfil como plataforma de comercio hacia Asia.
La relación con los países del MERCOSUR también será un aspecto a observar. Chile no es miembro pleno del bloque, pero mantiene acuerdos comerciales y una interacción económica importante con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En un contexto donde el comercio internacional se reconfigura y nuevas rutas logísticas —como los corredores bioceánicos que conectan el Atlántico con el Pacífico— ganan relevancia estratégica, Chile podría desempeñar un papel clave como puerta de salida hacia los mercados asiáticos para la producción sudamericana. Sin embargo, la ceremonia de asunción del nuevo presidente también dejó al descubierto la persistente grieta ideológica que atraviesa a América del Sur. La ausencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la presencia del presidente argentino Javier Milei en el acto de investidura, también puede interpretarse como una señal política del cambio de ciclo que atraviesa actualmente América del Sur. Más allá de los gestos protocolares habituales en este tipo de actos, la participación de Milei adquiere un significado particular en un contexto regional marcado por la creciente polarización ideológica. La coincidencia de ambos liderazgos —identificados con agendas de derecha, énfasis en la seguridad, apertura económica y cuestionamientos al intervencionismo estatal— refleja la consolidación de un nuevo eje político en el Cono Sur que busca diferenciarse de las experiencias progresistas que dominaron buena parte del escenario sudamericano en las últimas dos décadas.
En ese marco, la presencia de Milei en Santiago no sólo simboliza afinidades políticas bilaterales, sino también la posible reconfiguración de alianzas dentro de un mapa político sudamericano en plena transformación. Otro aspecto relevante que podría adquirir una nueva dinámica durante el gobierno de José Antonio Kast es la relación bilateral con Bolivia. Históricamente marcada por el conflicto marítimo y por una relación diplomática intermitente, el vínculo entre ambos países ha atravesado períodos de tensión y acercamiento pragmático. Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2018 que descartó la obligación jurídica de Chile de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, el tema marítimo dejó de ocupar el centro exclusivo de la agenda bilateral.
En este nuevo contexto, el acercamiento entre ambos países podría orientarse hacia una agenda más pragmática basada en cooperación económica, comercio, integración energética e infraestructura fronteriza. La llegada de un nuevo liderazgo político en Bolivia de la mano de Rodrigo Paz Pereira y la necesidad compartida de fortalecer corredores logísticos que conecten el Atlántico con el Pacífico podrían abrir espacios para una relación menos ideologizada y más orientada a intereses concretos de desarrollo regional. En ese marco, Chile podría encontrar en Bolivia no sólo un vecino con el cual estabilizar su relación histórica, sino también un socio relevante en proyectos de integración sudamericana y en la articulación de rutas comerciales hacia Asia.
La política exterior chilena deberá, por lo tanto, equilibrar varias dimensiones simultáneamente: la relación con las grandes potencias, la cooperación regional y la preservación de su imagen internacional como economía abierta y confiable. En un mundo cada vez más fragmentado, donde las tensiones geopolíticas condicionan los flujos comerciales y tecnológicos, la capacidad de Chile para mantener autonomía estratégica será uno de los factores que definirán el éxito del nuevo gobierno.
En definitiva, la capacidad del nuevo gobierno para equilibrar estas dimensiones determinará si Chile logra consolidar su histórico rol como una de las economías más estables y previsibles de América Latina o si, por el contrario, queda atrapado en las tensiones de una región y un mundo cada vez más polarizados.
Alejandro Safarov
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP
