El jueves 3 de septiembre, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional que impulsaría acciones judiciales contra las empresas que participen ilegalmente en la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca de Malvinas, junto con otras medidas ya contempladas en la Directiva de Política de Defensa Nacional 2021 —aún vigente— y que su propia administración había desfinanciado oportunamente. El anuncio se produjo como reacción al éxito de la actual campaña de exploración y al inicio de la explotación del yacimiento León Marino por parte de la compañía británica Rockhopper Exploration, ahora asociada a la firma norteamericano-israelí Navitas Petroleum. La prensa de Buenos Aires y la opinión pública en general recibieron con buenos ojos estas ideas, y la posibilidad de consensuarlas con el Congreso de la Nación abrió un marco de dudas y expectativas.

Dado que este inusual protagonismo de la actual administración en la Cuestión Malvinas fue motivado por el anuncio del inicio de la explotación de hidrocarburos en el yacimiento León Marino, resulta pertinente recordar la continuidad del accionar diplomático y científico británico a lo largo de los últimos 51 años, así como las discontinuidades de las distintas administraciones argentinas, que en no pocas ocasiones le allanaron el camino.

Entre 1975 y 1976 se sucedieron distintas misiones científicas británicas que confirmaron la existencia de una importante riqueza petrolera en el subsuelo marino que rodea el archipiélago, parte de la plataforma continental argentina. Tanto la misión Philips y Gilmour de 1975 como la de Shackleton de 1976, al igual que los estudios patrocinados por la compañía British Petroleum, señalaron que en la zona podía existir una reserva de hidrocarburos que multiplicaría por diez la del Mar del Norte.

Ya en su informe original de 1976, Lord Shackleton advertía con contundencia que esa riqueza solo podría explotarse con éxito si el Reino Unido lograba una actitud benevolente por parte de la República Argentina, dado que la inseguridad jurídica derivada del conflicto de soberanía alejaría a inversores de importancia.

En ese sentido, la diplomacia británica ya había propuesto en 1975 al gobierno argentino alcanzar un acuerdo para dejar de lado el reclamo de soberanía y convenir la explotación “conjunta” de los recursos naturales de la zona. Ante la negativa argentina de aquel momento, insistió con las administraciones posteriores con el mismo argumento, hasta lograrlo finalmente con los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, consolidados en materia de hidrocarburos con la firma en Nueva York de la Declaración Conjunta sobre Cooperación de Actividades Costa Afuera del Atlántico Sudoccidental, del 27 de septiembre de 1995. Recién a partir de esa fecha el Reino Unido comenzó las distintas campañas de prospección de hidrocarburos: se habían logrado, así, las condiciones que Lord Shackleton consideraba indispensables en 1976.

Doce años después, el presidente Néstor Kirchner denunció este acuerdo. A partir de esa fecha, el 27 de marzo de 2007, las actividades de investigación y prospección de hidrocarburos por parte del Reino Unido en el Atlántico Sur carecieron de legalidad internacional y fueron cuestionadas por la diplomacia argentina en todos los foros multilaterales en los que participaba, por constituir, entre otras infracciones, una violación de la Resolución 31/49, aprobada el 1 de diciembre de 1976 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Posteriormente se sancionó la Ley 26.659/2011, de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, que prohíbe estas actividades a sociedades nacionales o extranjeras que no cuenten con la habilitación previa de las autoridades argentinas, y que establece importantes sanciones ante su incumplimiento.

Sin embargo, la firma del comunicado conjunto Foradori-Duncan, del 13 de septiembre de 2016, durante la administración del presidente Mauricio Macri, y el acuerdo Mondino-Lammy, del 25 de septiembre de 2024, durante el primer año del gobierno del presidente Javier Milei, volvieron a poner bajo un manto de cierta benevolencia estas actividades, que habían sido condenadas pública e internacionalmente durante el período 2003-2015, cuando se aplicaron sanciones administrativas y se iniciaron procesos judiciales contra las compañías que violaban la Ley 26.659.

Hoy el presidente Javier Milei ha redescubierto la utilidad de la Ley 26.659 ante un hecho consumado: gracias a una actitud de no confrontación directa con el Reino Unido, la compañía Navitas Petroleum consiguió los avales financieros necesarios para comenzar la explotación del yacimiento León Marino, y ya hay firmas contratistas de Chile y Uruguay dispuestas a brindar apoyo logístico a este emprendimiento. Se trata de facilidades que ninguna otra empresa había logrado obtener hasta ahora, dada la inseguridad jurídica internacional que generaba una actitud argentina proactiva en defensa de los recursos de su plataforma continental.

Cabe recordar que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es contundente al afirmar que los recursos del lecho y el subsuelo marino son propiedad exclusiva del Estado costero, aun cuando este no pueda ejercer sobre ellos una jurisdicción efectiva, y que nadie puede emprender actividades de investigación, exploración o explotación de dichos recursos sin su expreso consentimiento —que es precisamente el caso del yacimiento León Marino—.

Más allá de las circunstancias del momento, queremos advertir que solo una conducta coherente y persistente en el tiempo, que constituya una verdadera política de Estado, contribuirá a que el Reino Unido y el conjunto de la comunidad internacional respeten nuestra posición. Estos cambios abruptos de comportamiento no solo perjudican la solidez internacional del reclamo argentino, sino que además consolidan la posición del usurpador y la depredación de recursos naturales que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar nos reconoce como propios.

Esperamos que las expresiones del presidente Javier Milei sean el inicio de un cambio de rumbo en su administración, y que este se consolide en el tiempo, y no se trate de un simple exabrupto motivado por sentirse defraudado al advertir que quienes consideraba sus amigos aprovecharon un momento de debilidad argentina para favorecer sus propios intereses nacionales. Ojalá descubra, en definitiva, que en el ámbito internacional los Estados no tienen amigos ni enemigos ideológicos, sino solo intereses permanentes.

Carlos Alberto Biangardi Delgado
Coordinador
Departamento del Atlántico Sur
IRI-UNLP