Departamento de África
Artículos
El fin de la Françafrique: la ruptura diplomática de Burkina Faso con Francia en 2026
Eugenia R. Suvire Pérez
María Mercedes Ronconi
Introducción
El 26 de junio de 2026, el gobierno de Burkina Faso anunció, a través de un comunicado leído en la televisión estatal, la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia. El gobierno de Ibrahim Traoré acusó a París de “activismo incesante” contra sus intereses, de albergar “ambiciones neocoloniales” y de brindar apoyo activo a “redes subversivas y terroristas” (Burkina24, 2026).
La respuesta francesa fue inmediata, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores calificó la decisión de “hostil e infundada” y anunció que evaluaba medidas de reciprocidad (MEAE, 2026a, 2026b).
Esta ruptura es el punto culminante -hasta el momento- de un proceso de deterioro que se viene gestando desde hace más de una década y que atraviesa de manera transversal a toda la región del Sahel.
Históricamente, el Sahel ha sido el centro de múltiples intervenciones extranjeras. En este marco, Francia se configuró como el actor externo de mayor relevancia, imponiendo lógicas de continuidad colonial con presencia militar, política y económica, lo que conocemos como la Françafrique (Belaunde Matossian, 2023). En las últimas décadas, esa influencia -bajo discursos de “cooperación” en la lucha contra el terrorismo- ha reproducido relaciones de dominación. En lugar de resolver los problemas estructurales que atraviesa la región, dichas intervenciones han profundizado el saqueo de recursos naturales sin que esto se traduzca en mejoras sustantivas para las condiciones de vida de la población, dejando intactas sus condiciones de inestabilidad.
En los últimos años, África Occidental ha sido escenario de lo que se denomina “cinturón de golpes” o coup belt: Malí (2020-2021), Guinea (2021), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) atravesaron sucesivos quiebres institucionales que reconfiguraron radicalmente el panorama geopolítico regional. Para comprender este desenlace, el presente trabajo retoma la interpretación de Carreño (2026) sobre el retorno del “Estado pretoriano” en el Sahel, entendiendo el ascenso de los nuevos gobiernos militares como expresión de la crisis de las instituciones civiles y de la construcción de una legitimidad fundada en la defensa de una soberanía históricamente negada.
Dentro de esta reconfiguración, el caso de Burkina Faso adquiere particular relevancia. En 2022, el golpe de Estado liderado por Ibrahim Traoré marcó un punto de inflexión en la orientación de la política exterior del país. Mientras Francia era expulsada progresivamente del territorio burkinés, las manifestaciones populares celebraban el nuevo gobierno ondeando banderas rusas (Ogou Corbi, 2023; López Martínez, 2024).
La ruptura diplomática de junio de 2026 puede leerse como la confirmación de un rumbo que ya estaba trazado. Entre 2022 y 2024 se sucedieron el retiro de las tropas francesas de Burkina Faso, la expulsión de diplomáticos y un discurso oficial cada vez más beligerante hacia la antigua metrópoli (Ogou Corbi, 2023; MEAE, 2024; Ouestaf, 2026). Lo que en 2023 parecía como una fricción diplomática, se consolidó tres años después en la ruptura formal de los vínculos institucionales entre ambos Estados.
De este modo, el retroceso francés abre paso a nuevos actores como China y Rusia, que disputan los espacios que anteriormente eran hegemonizados por las potencias occidentales (López Martínez, 2024).
Este giro en la orientación exterior abre un interrogante central respecto del carácter y los límites del proceso de “liberación nacional” reivindicado por los líderes del golpe: si la ruptura diplomática con Francia constituye una verdadera emancipación o si, por el contrario, expresa una reconfiguración de las relaciones de dependencia.
El presente artículo busca dar cuenta de este proceso, partiendo del análisis de un hecho puntual, como es la ruptura diplomática de junio de 2026, pero enmarcándolo en una perspectiva más amplia, retomando las condiciones estructurales que hicieron este suceso posible.
Para esto, en primer lugar, se construye el contexto regional y el deterioro progresivo de la relación bilateral desde el golpe de 2022. En segundo lugar, se analiza la ruptura propiamente dicha, contrastando los discursos oficiales de ambas partes. Por último, se examinan las alianzas alternativas construidas por Uagadugú como el caso de Rusia y China, el marco de la Alianza de Estados del Sahel y sus límites en la medida en que la promesa de soberanía y seguridad convive con un proceso de diversificación de la dependencia.
El deterioro de la influencia francesa y el ascenso de Traoré
Tras las independencias formales de los países de África Occidental, Francia logró preservar una influencia política, económica y militar significativa sobre sus antiguas colonias a través de una compleja red de acuerdos diplomáticos, militares y económicos, configurando lo que la literatura denomina françafrique (Belaunde Matossian, 2023).
En este contexto, París mantuvo una posición privilegiada en la región mediante una intensa presencia militar, con la instalación de bases permanentes, la firma de acuerdos de defensa y diversos mecanismos de control económico, entre los que destaca el franco CFA[1]. En esta línea, López Martínez (2024) sostiene que, desde las independencias, Francia ha llevado adelante numerosas intervenciones militares en sus antiguas colonias con el objetivo de preservar su influencia estratégica, garantizar el acceso a mercados y recursos naturales, sostener gobiernos aliados y evitar el ascenso de dirigentes que pudieran desafiar sus intereses geopolíticos.
Si bien los nuevos Estados alcanzaron formalmente la independencia, la relación con la antigua metrópoli continuó marcada por importantes condicionamientos políticos, económicos y militares que restringieron el ejercicio pleno de su autonomía. Diversos autores interpretan esta persistencia de vínculos asimétricos como una expresión de relaciones de dependencia neocoloniales (Rey, 2023).
La persistencia de este esquema de influencia adquirió nuevas formas en el contexto de la crisis de seguridad que atravesó el Sahel durante las primeras décadas del siglo XXI. En los últimos años, la política francesa hacia la región combinó un discurso basado en la cooperación para el desarrollo y la lucha contra el terrorismo con una presencia militar sostenida y una fuerte incidencia en los asuntos internos de sus antiguas colonias.
El progresivo desgaste de la estrategia francesa de seguridad -expresado, entre otros aspectos, en los limitados resultados de operaciones como la Barkhane- profundizó el cuestionamiento a la presencia francesa en la región. En lugar de contener la expansión de la violencia yihadista, el deterioro de las condiciones de seguridad alimentó la percepción de ineficacia de la estrategia francesa y debilitó su legitimidad ante amplios sectores de la población (Argumosa Pila, 2023; Ogou, 2023). Estas estrategias, además, evidenciaron una escasa comprensión de las dinámicas políticas y sociales locales, contribuyendo a la construcción de un sentimiento antifrancés.
Este proceso regional se inscribe en lo que los autores denomina “cinturón de golpes” o coup belt. Entre 2020 y 2023, Malí (2020-2021), Guinea (2021), Burkina Faso (2022) y Níger (2023) atravesaron sucesivos quiebres institucionales que reconfiguraron el panorama geopolítico de África Occidental. Se trata, según Carreño (2026), de la tercera gran ola de intervenciones militares en la historia poscolonial de la región, sucediendo a los derrocamientos de los líderes de la liberación nacional entre 1960 y 1980, y a la crisis del desarrollismo militar entre 1980 y 1990.
Carreño (2026) explica el fenómeno recurriendo al concepto de “Estado pretoriano”, un sistema en el que, ante la ausencia de instituciones civiles sólidas capaces de mediar el conflicto político, los distintos grupos disputan el poder de forma directa y el estamento militar goza de una ventaja estructural frente a los actores civiles por su cohesión organizativa y su autonomía respecto de otros sectores sociales. A diferencia de aquellas etapas previas, esta nueva ola se articula en torno a un discurso panafricanista y profundamente anti-francés (López Martínez, 2024). Bajo esta clave, se explica el desenlace de la crisis de legitimidad descrita en los párrafos anteriores, fueron las Fuerzas Armadas, y no otro actor social, quienes terminaron capitalizando el descontento acumulado contra el orden civil y su relación con Francia.
Es en este contexto de creciente descontento que se produjeron los dos golpes de Estado en Burkina Faso durante el año 2022. Tras el derrocamiento del presidente Roch Marc Christian Kaboré por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, el capitán Ibrahim Traoré encabezó en septiembre de ese mismo año un segundo golpe de Estado que desplazó a Damiba bajo el argumento de su fracaso para contener la insurgencia yihadista así como la percepción de que mantenía una política continuista de cooperación con Francia (Carreño, 2026).
El ascenso de Traoré representó un punto de inflexión en la política exterior de Burkina Faso respecto de Francia. Retomando discursivamente el legado panafricanista y soberanista de Thomas Sankara, la defensa de los recursos nacionales y la independencia frente a las antiguas potencias coloniales, Traoré presenta su proyecto político como una respuesta a las persistentes dinámicas de dominación neocolonial (Carreño,2026).
Esta narrativa soberanista encontró su principal expresión en el control de los recursos estratégicos. La defensa de los recursos nacionales traspasó lo meramente discursivo, de acuerdo con Carreño (2026), el núcleo material que sostiene la legitimidad del régimen de Traoré es un agresivo “nacionalismo de recursos”. Hoy en día, el sector aurífero representa aproximadamente el 12% del PBI burkinés y resulta central para el sostenimiento fiscal de la junta. En este marco, el gobierno creó Malena Raffinor-bf-sa[2], la primera refinería nacional de oro de capital mixto, estableció reservas nacionales del metal y promulgó un nuevo Código Minero (Ley N.º 016-2024/ALT) que obliga a las empresas extranjeras a transferir el 15% de sus acciones al Estado (Mathlouthi et al., 2026), lo cual generó tensiones con capitales transnacionales[3].
A diferencia del pretorianismo de décadas anteriores, el gobierno de Traoré eleva la tutela nacional al rango de una verdadera ideología política. Los nuevos líderes militares, predominantemente jóvenes, justifican su asalto al poder como un deber patriótico frente a enemigos directos (como insurgencias yihadistas) o indirectos (como gobernantes civiles percibidos como corruptos o subordinados a intereses neocoloniales), antes que como una medida tecnocrática temporal (Carreño, 2026).
En este marco, la ruptura diplomática con Francia es el punto culmine de un proceso de deterioro en el que confluyeron el cuestionamiento al legado de la Françafrique, el fracaso percibido de la estrategia francesa en el Sahel y la consolidación de un proyecto político que hizo de la soberanía, la descolonización y la diversificación de las alianzas internacionales los principales ejes discursivos de su política exterior. Esto tuvo expresiones concretas entre 2022 y 2024, con el retiro de las tropas francesas de Burkina Faso (Ogou Corbi, 2023), la expulsión de diplomáticos acusados de “actividades subversivas” (MEAE, 2024), y un endurecimiento sostenido del discurso oficial contra la antigua potencia colonial (Ouestaf, 2026).
Bajo este lente, la ruptura con Francia funciona como un instrumento de legitimación interna, al identificar a la antigua potencia colonial como responsable de la inseguridad y de la persistencia de las dinámicas neocoloniales. La junta de Traoré desplaza el eje del debate público lejos de su propio desempeño de gobierno y refuerza su rol de guardia de una soberanía largamente negada.
Ruptura diplomática y disputa por la legitimidad
El viernes 26 de junio de 2026, el gobierno de Burkina Faso anunció, a través de un comunicado leído en la televisión estatal, la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia con efecto inmediato (Burkina24, 2026a; Reuters, 2026). El vocero gubernamental, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, presentó la decisión como el resultado de una “evaluación profunda” de las relaciones bilaterales, tras concluir que ya no se reunían las condiciones de respeto mutuo y soberanía nacional (Burkina24, 2026a). El comunicado denunció un “activismo incesante” de París contra los intereses burkineses, “ambiciones neocoloniales” y un presunto apoyo a “redes subversivas” a las que acusó de buscar marginar al país en el escenario internacional (Burkina24, 2026a).
Más allá de las acusaciones, resulta significativa la distinción que el propio comunicado plantea entre el plano institucional y el plano social. El gobierno de Traoré aclaró que la ruptura es “estrictamente institucional” y que no afecta los “lazos fraternales” entre los pueblos burkinés y francés, comprometiéndose a garantizar la protección de los ciudadanos franceses en su territorio (Burkina24, 2026a). Esta distinción entre gobierno y pueblo es coherente con la matriz discursiva que Traoré viene construyendo desde 2022, en que el adversario declarado es un sistema de dominación, la Françafrique, encarnado en las élites políticas y económicas de París (Carreño, 2026). Además, Uagadugú anunció su intención de profundizar la diversificación de sus alianzas y la cooperación Sur-Sur, aunque dejó una puerta abierta al diálogo futuro con la comunidad internacional “sobre la base de la igualdad soberana” (Burkina24, 2026a).
La respuesta desde París llegó el mismo día. El ministerio de Europa y Asuntos Exteriores (MEAE) emitió una declaración en la que tomaba nota de la decisión “unilateral” de Burkina Faso y la califica de “hostil y sin fundamento” en lo que consideró una muestra de la “deriva preocupante” de las autoridades burkinesas (MEAE, 2026a). El comunicado francés reprodujo en espejo la misma distinción entre gobierno y sociedad que había empleado Uagadugú, reafirmó la “solidaridad” con la población de Burkina Faso y la “densidad de los lazos” entre ambos pueblos, al mismo tiempo que anunciaba que las “medidas de reciprocidad” correspondientes se encontraban en estudio (MEAE, 2026a). Este paralelismo retórico, en el que cada gobierno se presenta como el interlocutor razonable frente a la deriva del otro, mientras preserva simbólicamente el vínculo con la población, ilustra la forma en que la ruptura funciona para ambas partes como una herramienta tanto de política interna como de política exterior.
Las medidas de reciprocidad anunciadas se concretaron en los días siguientes. Según informó el portavoz del MEAE en la conferencia de prensa del 9 de julio, el encargado de negocios de la embajada burkinesa en París fue convocado por el director de gabinete del ministro para comunicarle que el personal diplomático de Burkina Faso debía abandonar el territorio francés en un plazo de siete días (MEAE, 2026b).
Este episodio tuvo repercusiones más allá del plano bilateral. Tres días después del anuncio burkinés, distintos medios reportaron que Guinea Ecuatorial evaluaba seguir el mismo camino. Algunas interpretaciones entienden esto como un indicio de que la ruptura podría generar un efecto dominó, convirtiéndose en un precedente replicable para otros gobiernos africanos con tensiones acumuladas frente a París (Burkina24, 2026b). Este dato, que aunque para la fecha de elaboración de este artículo es todavía preliminar, sugiere que la decisión de Traoré excede el marco puramente bilateral y se inscribe en una disputa más amplia sobre la vigencia de la influencia francesa en el continente africano.
Entonces, en conjunto, la secuencia de junio/julio 2026 muestra dos gobiernos que leen el mismo hecho en claves opuestas. Por un lado, para Uagadugú, se trata de un acto de soberanía frente a una potencia que se resiste a abandonar sus privilegios históricos. Por otro lado, París que la interpreta como una decisión unilateral totalmente injustificada que refleja el deterioro institucional de un régimen militar en decadencia. Esta disputa de sentido, más que el hecho administrativo de cerrar una embajada, es lo que convierte a la ruptura en un episodio central para entender la reconfiguración de las relaciones entre Francia y sus antiguas colonias en el Sahel.
La reconfiguración de las alianzas y los límites del proyecto soberanista
El giro abrupto en la política exterior burkinesa también puede leerse en clave regional. La ruptura con Francia ha abierto un proceso de construcción institucional en el que se encuentran Burkina Faso, Mali y Níger: el 16 de septiembre de 2023, los tres Estados firmaron la carta de Liptako-Gourma, que dio origen a la Alianza de Estados del Sahel (AES), un pacto de defensa mutua que en poco tiempo escaló hacia una integración política y económica más ambiciosa (López Martínez, 2024).
Posteriormente, el 29 de enero de 2025, el retiro de los tres países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se hizo efectivo (CEDEAO, 2025), y en diciembre de ese año la AES lanzó su propia Fuerza Unificada, con 6000 efectivos y cuartel general en Niamey (Instituto de Estudios de Seguridad, 2026). A diferencia de la extinta Fuerza Conjunta del G5 Sahel, que dependía casi enteramente de financiación externa y principalmente de la cooperación con Francia, la nueva fuerza se sostiene con fondos propios e internos, como el Fondo Patriótico de Apoyo en Burkina Faso, y con equipamiento diversificado que proviene de Rusia, Turquía, Irán y China (ISS, 2026). Esta diversificación de proveedores militares puede pensarse en sí misma como una señal política. Es decir, Uagadugú evita comprometerse con reemplazar la dependencia de Francia por una dependencia equivalente de un único socio.
Esta “búsqueda de autonomía” no se limita al plano militar. En lo monetario, la ofensiva decolonial de la AES apunta al franco CFA, moneda heredada de la administración colonial francesa, cuya emisión y reservas siguen vinculadas al Tesoro Francés (López Martínez, 2024). Economistas africanos describen este esquema como una forma de colonialismo monetario que limita la autonomía crediticia de los países que lo utilizan (López Martínez, 2024), mientras que Carreño (2026) lo califica directamente como un mecanismo “esclavitud financiera”. Para los líderes de la AES la recuperación de la soberanía monetaria es una condición innegociable para desvincularse definitivamente de la Françafrique (Carreño, 2026).
Sin embargo, el mayor desafío que enfrenta la confederación radica en el aislamiento geográfico y en la consiguiente necesidad de una reconfiguración geopolítica. Al estar conformada por Estados sin salida al mar y enfrentar bloqueos logísticos y energéticos por partes de sus vecinos costeros de la CEDEAO, la viabilidad de la AES depende críticamente de forjar alianzas en el emergente orden multipolar (Carreño,2026).
Para sortear este aislamiento, la alianza ha profundizado su pragmatismo buscando tanto el paraguas de seguridad de Rusia como inversiones masivas de China para desarrollar megaproyectos de infraestructura, entre ellos la reactivación de redes ferroviarias vitales para el acceso de puertos atlánticos (The African Report, 2026).
En este sentido, China ha desplegado en este proceso una estrategia diferente a la rusa, basada en inversión, asistencia financiera y acceso a materias primas sin desplegar presencia militar propia. En Burkina Faso, Pekín otorgó más de 30 millones de dólares en ayuda durante 2025 para proyectos de energía e infraestructura, mientras que el grupo chino Yunhong explora yacimientos de tierras raras, oro y otros metales, incluidos níquel y cobre. La profundidad de este vínculo se refleja en el nombramiento de Li Yubao, empresario chino naturalizado burkinés y presidente de Yunhong International Holding Group como asesor especial del propio Traoré. Este patrón se repite en la región, en el caso de Níger, China fortaleció su presencia en el sector petrolero y siderúrgico, y en el sur de Mali operan dos importantes minas de litio (The Africa Report, 2026). La diversificación de socios que caracteriza a la AES combina entonces la cobertura militar rusa con un vínculo económico chino cada vez más denso.
Ahora bien, esta diversificación de alianzas no está exenta de tensiones, ya que una alianza militar con Rusia implica algunos riesgos. La operativa del Grupo Wagner y de su sucesor, el African Corps, en el continente africano, está marcada por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, documentadas en países vecinos como Mali y la República Centroafricana y que la ayuda de seguridad rusa opera bajo una lógica estrictamente transaccional de “minerales por seguridad” que reedita pero bajo otro nombre, la dependencia que la AES dice combatir. El otorgamiento de licencias auríferas a la empresa rusa Nord Gold ilustra este riesgo concreto (Carreño, 2026).
Como sostiene Carreño (2026), creemos que la emancipación material y política de Burkina Faso requiere trascender las proclamas antiimperialistas para llevar a cabo una profunda revolución institucional. El éxito de la AES dependerá, en este sentido, de si esta “reorientación hacia el Este” logra generar un desarrollo real o si simplemente sustituye el dominio europeo por nuevas formas de dependencia externa.
Conclusiones
La ruptura diplomática de junio de 2026 es, ante todo, el punto de llegada de un proceso largamente incubado.
El pasado colonial, la persistencia de relaciones de dependencia con la antigua metrópoli tras las independencias formales y el desgaste de la estrategia francesa de seguridad en el Sahel contribuyeron a la consolidación de un profundo sentimiento antifrancés, sobre el cual se asentaron las condiciones para el retorno de un Estado pretoriano bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré. En este contexto, el nuevo régimen construyó una narrativa centrada en la defensa de la soberanía nacional y la descolonización, logrando canalizar las demandas de autonomía política, económica y simbólica de un pueblo históricamente oprimido, reforzando así su legitimidad interna. Leída en esta clave, más que un giro sorpresivo, la ruptura es la culminación previsible de una trayectoria que ya se anunciaba.
El análisis de los comunicados oficiales de junio/julio 2026 mostró además que la ruptura funciona en un doble registro, hacia afuera como un acto de política exterior que redefine los términos de la relación bilateral y regional, y hacia adentro como una herramienta de legitimación interna. El hecho de que tanto Uagadugú como París hayan apelado, en espejo, a la distinción entre “gobierno” y “pueblo” confirma que ambos Estados leen el episodio, ante todo, en clave de opinión pública interna.
Este escenario abrió la puerta a la consolidación de nuevas alianzas en el marco de la AES, con Rusia como principal socio militar y China como un actor económico cada vez más central. Estas relaciones revelan una tensión de fondo, aunque son presentadas discursivamente como una alternativa al vínculo histórico con Francia y Occidente, en sintonía con la narrativa emancipatoria, no implican necesariamente una ruptura con las lógicas de dependencia, sino su reconfiguración alrededor de nuevos centros de poder.
En este contexto, el caso de Burkina Faso nos abre al menos dos interrogantes que sólo el transcurso del tiempo podrá responder. El primero remite a la dimensión regional del fenómeno: si el precedente marcado por Uagadugú inaugurará o no una reconfiguración más amplia de las relaciones entre Francia y sus antiguas colonias africanas. El segundo se vincula con la evolución interna del propio proyecto político de Traoré, es decir, si como plantea Carreño (2026), este logrará trascender la ruptura simbólica con el imperialismo y avanzar en la construcción de un Estado soberano, funcional y capaz de garantizar la seguridad y el bienestar prometidos a la población, o si la «liberación nacional» reivindicada por el gobierno burkinés permanecerá fundamentalmente en el plano discursivo.
En última instancia, la verdadera medida del éxito del proyecto inaugurado por Traoré no será la ruptura diplomática con Francia ni el reemplazo de unos aliados por otros, sino la capacidad de los pueblos para construir proyectos políticos soberanos que pongan la inmensa riqueza y los recursos estratégicos del continente al servicio de su propio desarrollo y no, una vez más, de intereses externos.
Referencias bibliográficas
Argumosa Pila, J. (2023). Operaciones en el entorno del Sahel. Academia de las Ciencias y las Artes Militares.
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Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (2026b, 26 de junio). Décision unilatérale du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec la France [Comunicado de prensa]. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/presse-et-ressources/decouvrir-et-informer/actualites/decision-unilaterale-du-burkina-faso-de-rompre-ses-relations-diplomatiques-avec-la-france
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[1] El franco CFA (XOF) es la moneda común de ocho países de África Occidental. Creado por Francia en 1945 para sus colonias africanas, actualmente es emitido por el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO). Hasta la reforma monetaria de 2020, los Estados miembros debían depositar el 50% de sus reservas de divisas en el Tesoro francés. Si bien esa obligación fue eliminada, la moneda mantiene un tipo de cambio fijo con el euro y su convertibilidad continúa garantizada por el Tesoro francés. Por estas características, el franco CFA es considerado como uno de los principales símbolos de la persistencia de las relaciones neocoloniales entre Francia y sus antiguas colonias.
[2] El 51% del capital corresponde al Estado burkinés y actúa a través de la Société Nationale des Substances Précieuses (SONASP) el organismo público encargado de supervisar el proyecto y gestionar las reservas de oro nacionales. El 49% restante corresponde a Marena Gold, con casa matriz en Mali.
[3] Este es el caso de la empresa australiana Sarama Resources, que llevó al Estado burkinés a arbitraje internacional tras la revocación de su licencia de exploración (Carreño, 2026).