Electrocardiograma de una enfermedad social

Comentarios a la crisis en Colombia

En Colombia existe desde los 80’s una paradoja electoral que llama la atención: es el conflicto armado interno el factor que traza el debate y determina el triunfo en las elecciones presidenciales: las posiciones de los candidatos frente a los grupos armados, al narcotráfico, a los procesos de paz con las diferentes milicias alzadas en armas, se convierten en condicionantes frente a la elección presidencial.

Así, sin hacer un resumen histórico exhaustivo los gobiernos de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), Juan Manuel Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018), y sin lugar a dudas, el del actual mandatario Iván Duque Márquez (2018) estuvieron marcados por sus posiciones en torno al actuar frente a las guerrillas, especialmente a las FARC, la más antigua y la más fuerte militarmente hablando.

Sin embargo en ese trasegar de dos décadas, el país andino pasó de votar a favor de un proceso de paz en 1998 (que resultó fallido) a una política armamentista de confrontación bélica y presión militar, encarnada en la figura de Álvaro Uribe Vélez en 2002, para posteriormente embarcarse en un proceso de paz, liderado por el ex-uribista Juan Manuel Santos que ganarías las elecciones en 2010 y se reelegiría cuatro años más tarde. Finalmente, en 2018 el candidato escogido por Uribe Vélez, un senador sin mayor reconocimiento se convertiría en el nuevo mandatario de los colombianos: Iván Duque Márquez, en su plan de gobierno defendía una revisión profunda de los Acuerdos de Paz firmados en 2016.

Ese errático comportamiento, que va de votar en unas elecciones por la negociación pacífica y a los cuatro años elegir la respuesta militar, parecería una natural y constante conducta esquizofrénica, si a ello no se sumaran las protestas sociales que comenzaron el 21 de noviembre pasado y que siete días después mantienen en vilo al país.

Lo que ocurre en Colombia no puede interpretarse al tenor de los acontecimientos de Chile, Bolivia o Perú (por mencionar tres casos de la región con crisis sociopolíticas recientes). Cada una de estas protestas tiene características propias, que inciden en sus países vecinos en la medida en que alienta a otros movimientos sociales para que busquen por sí mismos, salidas más allá de los canales institucionales habituales, como el diálogo legislativo o los mecanismos de participación democrática.

Lo que ocurre en Colombia es la suma de varios elementos: en primer lugar, una serie de reclamos históricos en un país que en la década de los 90’s abrió su economía y que en 2011 suscribió un TLC con los Estados Unidos de Norteamérica (principal socio comercial). Colombia (al igual que la mayoría de países de la región) ha gozado de un crecimiento económico, pero no ha logrado disminuir la brecha de desigualdad. A lo anterior se suma, una inédita crisis de institucionalidad: el Presidente Iván Duque demostró que los votos que le transfirió su mentor, el ex Presidente Uribe Vélez, no necesariamente significan la misma capacidad gerencial, errático en sus decisiones, precedido por un partido de gobierno confrontativo y de discursos arrogantes, y acompañado de un gabinete débil que responde a distintos sectores políticos y no necesariamente al mandatario, el gobierno “preparó el preludio de la tormenta perfecta”.

La deuda en torno a la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 –y que reclama la comunidad internacional con vehemencia-, una política exterior centrada exclusivamente en buscar la caída del régimen de Nicolás Maduro, una cancillería nuevamente en manos de un político con aspiraciones presidenciales, e incluso filtraciones de conversaciones diplomáticas que desprestigian el gobierno Trump, han sido elementos para que el gobierno tenga un alto desprestigio no solo a nivel interno (donde su popularidad se acerca al 25% de favorabilidad), sino también en la comunidad internacional.

Las soluciones no parecen prontas y nuevamente son diferentes a los casos chileno, boliviano o peruano. Colombia no requiere una nueva constitución (aunque algunas voces lo propongan), puesto que la vigente data apenas de 1991, fue construida en el seno de una Asamblea Nacional Constituyente electa democráticamente y es una de las más garantistas de la región en materia de derechos; tampoco necesariamente hay una crisis de legitimidad electoral como en el caso de Evo Morales, las dudas en torno a Duque no parten de la legalidad de su elección, sino de la incapacidad para unificar el país y sacar adelante medidas que permitan que las protestas abandonen las calles.

La crisis colombiana pasa por un fenómeno diferente: el proceso de paz y la disminución del humo delconflicto, permitió a la población –especialmente los movimientos estudiantiles y organizaciones sociales y sindicales ubicadas en las ciudades- pensar en otros problemas que habían estado décadas en segundo plano, y empezar a hacer una serie de reclamos que el gobierno actual parece aún incapaz de leer. Mientras ello ocurre las cacerolas siguen sonando en las calles y la protesta incrementa su nivel de agresión.

**

¡En memoria de Dilan Cruz, el estudiante asesinado por las Fuerzas Especiales de la Policía Colombiana y por los miembros de la Fuerza Pública heridos en las protestas sociales de las últimas semanas!

 

Luis Fernando Pacheco Gutiérrez (*)
Alumno

Maestría en Relaciones Internacionales
IRI – UNLP

(*) es colombiano de nacimiento. Abogado, Especialista en Desarrollo Personal y Familiar, Egresado del Curso Superior de Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional y candidato a Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido docente, investigador y directivo de instituciones educativas y universidades de Colombia y Argentina. Fue hasta el 20 de noviembre Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la ciudad de Neiva (Colombia). Columnista y analista en diferentes medios.

 

Artículos Relacionados