Las últimas elecciones en Estados Unidos culminaron con el regreso de Donald Trump y consigo el resurgimiento de políticas más controversiales que en su anterior mandato y, esta vez, más recargadas.

Desde la campaña iniciada en el 2022, se sostuvo un discurso aún más agresivo que en su primer periodo como presidente acerca de las personas migrantes, siendo estas señaladas como las causantes de los males del país, y con la promesa más firme y viva de “limpiar” el territorio. Pero detrás de estas palabras del líder republicano, se esconden políticas de persecución, represión y violencia tanto militar como institucional.

Políticas como la llamada “Operación Aurora” y otras estrategias tienen el foco decidido no sólo en impedir la llegada de nuevos inmigrantes al país, sino también en lograr la expulsión de millones de residentes irregulares inclusive aquellos que adquirieron la famosa “Green Card”.

Bajo esta cosmovisión republicana se eliminaron programas como el CBP One, el TPS y otros tendientes a brindar asilo y residencia. Además, se declaró el “estado de emergencia” en zonas fronterizas como México siendo esta una estrategia clave para permitir la utilización de fondos federales y así desplegar a las fuerzas armadas del país como la Guardia Nacional y el Ejército.

Pero el clímax de estas políticas ocurrió el pasado viernes 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad conocida por ser “santuario” – terminología utilizada para denominar a aquellas ciudades o estados que adoptan políticas para limitar la cooperación con autoridades – cuando agentes federales, armados y equipados, realizaron una redada masiva contra personas latinoamericanas, irrumpiendo violentamente a sus escuelas, lugares de trabajo y demás espacios públicos. Estas medidas no solo procedieron con órdenes de arresto, sino que se suscitaron también detenciones arbitrarias.

Por supuesto que esta situación de extrema gravedad, en una ciudad donde históricamente han convivido la cultura estadounidense y la latina, causó una profunda indignación. Decenas de personas salieron a repudiar estos actos. Las calles principales de esta ciudad se inundaron de banderas tanto estadounidenses como de México, Colombia, Venezuela, y de carteles con la consigna de sacar a la ICE (Servicio de control de inmigración y aduanas de los Estados Unidos) de la ciudad. Al grito de “Fuck ICE” la gente comenzó a manifestarse.

Estas manifestaciones, completamente legales y amparadas por el derecho a la libre expresión, obtuvieron una rápida reacción del mandatario republicano que las catalogó como una “invasión extranjera” y calificó a los manifestantes como “animales”. Es por ello, que de manera unilateral y sin previa comunicación con las autoridades del Estado de California, el presidente tomó la decisión de llevar a miles de agentes de la Guardia Nacional, constituyendo un despliegue de tropas federales desmedido, jamás visto en los últimos años.

Como era de esperarse, estas medidas no calmaron ni controlaron a los manifestantes, sino que condujeron a todo lo contrario: más enfrentamientos, más vandalizaciones, más arrestos y más heridos.

Y mientras las personas siguen en la calle marchando y protestando con más fuerza- inclusive extendiéndose a más ciudades del país- la disputa política se profundizó aún más, escalando al enfrentamiento entre dirigentes.

Es así como el gobernador demócrata de California, Gavin Newson, criticó fuertemente estas medidas de Trump, catalogándolas de innecesarias e inconstitucionales por violar la décima enmienda de la Constitución que protege los derechos de los Estados de Estados Unidos en cuanto a la decisión de uso de la Guardia Nacional, y poniendo en juego el principio democrático del federalismo.

El líder republicano, caracterizado por sus fuertes contestaciones y no dar el brazo a torcer, acusó al Gobernador de incompetente, alegando que debería ser destituido por ello, y que, en caso de tener dichas facultades, lo arrestaría por obstruir las operaciones de la ICE y la Guardia Nacional.

Los hechos narrados ponen en jaque la soberanía de los estados y la democracia en el país, que se profundizan con un presidente que ve como una amenaza a todos aquellos que no se alinean con sus políticas autoritarias.

En conclusión, Estados Unidos atraviesa un escenario de disputa y enfrentamiento en contra de los migrantes que residen en el territorio. Políticas que empezaron con discursos de odio y culminaron con arrestos, deportaciones, violencia militar y un ímpetu de continuar hasta las más fuertes consecuencias.

Es por ello que es urgente recordar que los derechos humanos son universales, igualitarios y no se negocian. No existe una nación democrática si se lleva consigo la sangre y dignidad de quienes buscan en ella una oportunidad de vivir mejor.

Julieta Rodriguez Scatena
Integrante
Departamento de Derechos Humanos
IRI-UNLP