Los recientes hechos suscitados en Colombia frente a la vulneración del derecho a la vida y el ejercicio del derecho político de elegir y ser elegido colocan en vilo lo dispuesto y señalado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Estos fenómenos de violencia política no son sui generis, sino que son fenómenos cíclicos que se derivan en la debilidad institucional que no ha logrado ser conjurada a través del tiempo.
Desde los tiempos de Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, entre otros, la violencia política se ha convertido en el arma preferente para acallar voces disidentes que plantean diferentes formas de cambiar el país, ya sea por el posicionamiento o comprensión divergente de las realidades sociales que atraviesa el país, o el “miedo” al cambio del statuo quo los cuales afectan los intereses de terceros poderosos que se agrupan en importantes sectores de la sociedad (militares, económicos, gubernamentales).
El reciente hecho de violencia que ha sucedido en el país con el senador Miguel Uribe Turbay hace evidente el debilitamiento de la democracia, no solamente como forma de gobierno, sino también como piedra fundamental del libre ejercicio de derechos fundamentales, lo cual lleva a reevaluar el nivel del discurso empleado en las discusiones políticas, especialmente a vísperas de elecciones presidenciales y del Congreso de la República.
Retomo y hago énfasis en la parte del discurso como mecanismo para realizar actividades que congreguen y legitimen la toma de decisiones en pro de las garantías fundamentales. En este sentido, la política y los discursos utilizados en ella gozan, por esencia, de ser un ejercicio eminentemente dialéctico que requiera la anuencia de más de dos interlocutores que a través de los debates logren expresar sus ideas, y por qué no, también sus desavenencias para construir una mejor democracia.
Las últimas semanas para Colombia han sido de alta intensidad en el tema de debates en el Congreso de la República que ha llevado a esgrimir opiniones no conciliadoras y pacíficas por parte del Presidente de la República y su gabinete al Congreso de la República, así como a algunos precandidatos presidenciales. Estas acciones afectan el discurso, los debates y rompen con el equilibrio de poderes que permite realizar controles efectivos a las diferentes ramas del poder público, así como derivar en afectaciones a la vida de las personas que hacen parte del espectro político.
Para finalizar, es necesario que el Presidente y demás instituciones disminuyan el tono confrontacional en el marco del debate político, al igual que se debe brindar todas las garantías a las personas que desarrollen sus derechos políticos (aún más a la oposición) para fortalecer nuestra democracia y garantizar un ejercicio electoral pacífico, de lo contrario estaría en camino a formas dictatoriales que nos lleven a la caverna, como lo señala el político costarricense Oscar Arias Sánchez: “Hay una diferencia sencilla entre un dictador y un demócrata: si el demócrata no tiene oposición, su deber es crearla, mientras que el sueño del dictador es eliminar toda oposición.”
Julián Andrés Valdés Mosquera
Candidato a Doctor en Relaciones Internacionales
IRI-UNLP
